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Sentencia CP-84-18 — Registro 12434

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar Parcialmente el recurso de casación y declarando procedente la aplicación de la ley retroactiva en materia penal del Código Penal No.130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. - EL RECURSO ES DE RECIBO PARCIALMENTE.- La Sala de lo Penal ha confrontado el ámbito situacional abstracto que contiene el artículo 218-D del Código Penal, con la narración fáctica de la sentencia, concluyendo que existe identidad en la conducta, más no en la etapa del iter criminis que ha declarado el a-quo. La Defensa Pública hace una exposición poco clara, alegando primero que no hay adquisición (elemento objetivo del tipo) y luego alegando que la conducta fue realizada en buena fe, es decir sin dolo (elemento subjetivo del tipo penal); no contando con la razón en ninguno de los casos.

Fue declarado como hecho probado por el Tribunal de Sentencia: En fecha 22 de septiembre de 2015, en la Ciudad de La Ceiba, dos personas de identidad desconocida intimidaron al Señor Juan Antonio Barahona Pagoada, para despojarlo del vehículo en que se conducía, siendo éste: vehículo tipo microbús, marca Toyota, modelo Hiace, color azul oscuro, año 2007, motor 2KD1526 359, con placa AAL 3909; En fecha 23 de septiembre de 2015, en la ciudad de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, el acusado Nahum Iván Mejía Pérez, recibió el vehículo tipo microbús, marca Toyota, modelo Hiace, color azul oscuro, año 2007, motor 2KD1526 359, con placa AAL 3909, para venderlo y recibir como contraprestación una parte del valor de la venta, para lo cual procede a cambiar la placa de matricula por la placa PCG 1968. Los hechos declarados probados son claros al determinar que la conducta realizada por el acusado no fue la de adquirir el vehículo, tampoco fue la de ocultarlo, sino la de transferir su propiedad, mediante una compra/venta a un tercero; además los hechos probados señalan que el acusado, para efectos de ponerlo en venta, procedió a cambiar la placa del automotor que contiene el número de registro público, ello con el objetivo de que no se pudiese vincular el vehículo con dichos datos, en clara demostración de conocimiento que se trataba de un vehículo de origen ilícito y voluntad de aun con ello ofrecerlo en venta.

El verbo rector “transferir”, como se ha señalado ya, es una conducta de resultado, pues implica la transferencia de propiedad del vehículo de origen ilícito, pudiendo presentarse conductas imperfectas de ejecución cuando el sujeto activo no pueda realizar tal conducta, lo que es precisamente lo ocurrido en el presente caso, en donde el acusado recibe el vehículo con el objeto de transferir su propiedad mediante compra/venta, bajo la expectativa de obtener para si una parte del precio de venta a título de comisión por la transacción, sin que los hechos declarados probados señalen que tal transferencia se hubiese efectuado, por lo que la conducta ha quedado a nivel de tentativa. El Recurrente parcialmente tiene la razón en cuanto a que ha existido una indebida selección de normas sustantivas por parte del tribunal de sentencia, pues primero la conducta realizada por el sujeto activo fue la de transferir y no la de adquirir, y segundo porque el delito de transferencia de un vehículo de origen ilícito no fue consumado, quedando su ejecución en grado de tentativa inacabada. DECISIÓN: El recurso de casación por infracción de ley en su motivo único debe ser estimado parcialmente, reformando la calificación jurídica de adquisición de vehículo robado, a la de transferencia de vehículo de origen ilícito en su grado de ejecución de tentativa inacabada, el cual tiene una pena abstracta de 06 a 08 años de reclusión, más las penas accesorias y demás consecuencias penales que estipula la ley; marco abstracto dentro del cual debe de individualizarse la pena concreta a cumplir por el Señor Nahún Iván Mejía Pérez, tomando en consideración que en la audiencia de individualización de la pena concreta las partes alegaron la no concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes, solicitando la imposición de la pena mínima, concordando tal petición con el criterio del tribunal de sentencia, por lo que en replica a lo solicitado por las partes y resuelto por el a-quo, debe de imponerse la pena mínima al indiciado por el delito recalificado en sede casacional: reclusión por 06 años como pena principal, inhabilitación absoluta e interdicción civil como penas accesorias, y demás consecuencias penales derivadas..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario Conforme a la foliada judicial ninguna de las partes presentó en única instancia escrito complementario haciendo saber cuál era su criterio respecto a la colisión de normas sustantivas en el tiempo, provocada por la derogatoria del código penal 144-83, que sirvió de fundamento para emitir la sentencia condenatoria impugnada, y la puesta en vigencia del código penal 113-2017, el cual está en vigor al momento del juzgamiento del caso concreto. Como consecuencia corresponderá a la Sala de lo Penal realizar la ponderación de la norma penal más favorable, a partir de la información que conste en autos. D.- Ponderación en el caso concreto Como consecuencia del recurso de casación por infracción de ley, esta Sala de lo Penal a impuesto al reo Nahum Iván Pérez Mejía la pena de 06 años de reclusión y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, más demás consecuencias derivadas de la declaratoria de responsabilidad, por ser autor directo de un delito en tentativa inacaba de transferencia de vehículo de origen ilícito, ello en perjuicio de la administración del Estado de Honduras. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el supuesto de hecho sancionado como delito de transferencia de vehículo de origen ilícito, ahora se encuentra previsto como conducta sancionada por el derecho penal por ser constitutiva del delito de encubrimiento, contenido en el artículo 513 que señala que “Quien con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 3.- Auxiliando a los responsables para que se beneficien u obtengan provecho del delito cometido.- Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3).”. Pena debe de ser aumentada en 1/3 cuando el sujeto activo realiza la conducta por precio, recompensa o promesa remuneratoria. En el caso especifico que se tratase de un delito de encubrimiento, agravado por motivarse el sujeto activo por ánimo de lucro de un robo por intimidación, la pena abstracta a imponer estaría fijada en 04 años a 05 años 04 meses de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado.- Conforme se señala en la sentencia, las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, solicitando la imposición de la pena mínima a favor del acusado, criterio que compartió el a-quo, quien además señaló que no apreciaba elementos objetivos que proyectaran una conducta personal negativa del condenado. En relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el ahora condenado Nahún Iván Mejía Pérez, tenía la edad de 26 años al momento del hecho, unión libre, con tres hijos, vendedor, residente de la ciudad de Roatán y nivel de escolaridad hasta el quinto año de primaria.- Conforme a lo señalado, corresponde imponer al reo la pena mínima de 04 años de prisión, más las penas accesorias y demás consecuencias penales..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 084 2018 por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Primero: Condenó al señor Nahún Iván Pérez Mejía, como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio del señor Juan Antonio Barahona Pagoada a la pena de nueve años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Nahún Iván Pérez Mejía a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Nahún Iván Pérez Mejía.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, ni decretar el comiso. Son Partes En Única Instancia: Los abogados Mario Reniery Amador Espinal y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de Defensores Públicos del señor Nahún Iván Pérez Mejía, como parte recurrente. Hechos Probados de la Instancia Primero: Sobre las ocho y media de la noche del veintidós de septiembre del año 2015, en la Colonia Sutrasco de la ciudad de La Ceiba, dos individuos no identificados apuntándolo con armas de fuego, despojan a Juan Antonio Barahona Pogoada de su vehículo tipo microbús, marca Toyota, modelo Hiace, color azul oscuro, año 2007, motor 2KD1526 359, chasis JTFJS02P600008572, placa de matrícula AAL3909; por lo que Juan Antonio denuncia el hecho ese mismo día. Segundo: El 23 de septiembre del año 2015, Nahún Iván Mejía Pérez, con el objetivo de venderlo y recibir una comisión por dicha venta, recibe en la ciudad de Roatán, Islas de La Bahía, el vehículo antes descrito, del que el día anterior había sido despojado bajo amenaza Juan Antonio Barahona Pagoada; vehículo al que le cambia la placa de matrícula por la placa número PCG1968. Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley. Motivo Único: Infracción por violación de la Ley Penal por Aplicación Indebida del artículo 218 “D” del Código Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero Del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo La norma sustantiva infringida es el artículo 218 “D” del Código Penal que establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe. - Artículo que ha aplicado indebidamente el Tribunal de Sentencias al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese artículo. Primero: De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso subjudice donde al abocarnos al contexto de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida y estando obligados a respetar por disposición legal la santidad e integridad de la sentencia, encontramos que el Tribunal de Sentencias de La Ceiba, Atlántida, califica jurídicamente los hechos probados y fundamentación jurídica de la siguiente manera: Primero: Sobre las ocho y media de la noche del veintidós de septiembre del año 2015, en la Colonia Sutrasco de la ciudad de La Ceiba, dos individuos no identificados apuntándolo con armas de fuego, despojaron a Juan Antonio Barahona Pagoada de su vehículo tipo microbús, marca Toyota, modelo Hiace, color azul oscuro, año 2007, motor 2KD1526 359, chasis JTF3S02P600008572, placa de matrícula 4413909, por lo que Juan Antonio denuncia el hecho ese mismo día. Segundo: El 23 de septiembre del año 2015, Nahún Iván Mejía Pérez, con el objeto de venderlo y recibir una comisión por dicha venta, recibe en la ciudad de Roatán Islas de la Bahía, el vehículo antes descrito, del que el día anterior había sido despojado bajo amenaza Juan Antonio Barahona Pagoada; vehículo al que se le cambia la placa de matrícula por la placa número PCG-1968. Al analizar el contenido de los dos hechos Probados se puede inferir que el Tribunal de Sentencias de La Ceiba condena a mi representado a la pena de nueve años de Reclusión, fijando el tipo penal o figura penal como Adquisición de vehículo Robado, calificación que reprochamos, no solo porque el legislador no califica esta figura penal como Adquisición sino porque la doctrina más relevante, la cual fue acogida por el legislador en el tipo penal al cual nos referimos (artículo 218-D) del Código penal, la denomina como Recepción De vehículo De Procedencia Dolosa, o que es lo mismo recepción De Vehículo De Procedencia Robada, Hurtada O Abandonada, en este último caso la doctrina la denominaría como de Procedencia Sospechosa; por lo que, es incorrecto calificar los hechos imputados como adquisición en los términos que se pronuncian los jueces de Sentencias, ya que la adquisición debe implicar un apoderamiento y no una simple tenencia; y es que la calificación de posesión que califica el Tribunal de Sentencias, tiene que ir aparejada a un ánimo doloso de ocupación del dominio de la cosa robada, hurtada o abandonada y no a una simple posesión, en pocas palabras, al establecerse en este delito la conducta “……quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado……” Significa que la conducta desplegada por el hechor de adquirir el vehículo robado debe configurar un ánimo de ocupación del dominio de la cosa robada, a esta interpretación se allega cuando se analiza el tipo penal que nos ocupa, en vista que si el legislador hace uso de la vocal “o”, este vocablo, no infiere una diferencia, separación o distanciamiento de dos conductas humanas, sino, por el contrario, significa equivalencia o copulación de dos conductas humanas, donde el legislador la emplea para explicar que la adquisición incumbe que la conducta humana desplegada tiene que ir dirigida a la ocupación o recepción de una cosa mediante un convenio con el ladrón del vehículo para despojar del dominio a su propietario, es decir, una transacción dolosa con el ánimo de receptar o de obtener el dominio de la cosa robada y no una adquisición de buena fe sin conocer que su procedencia era irregular, como el caso de marras. En estos términos se pronuncia el legislador, ya que al darse lectura al artículo 218-D del Código Penal, se observa sin mayor esfuerzo alguno, que la conducta que severamente castiga el Estado de Honduras, tiene que construirse desde la perspectiva subjetiva y objetiva del tipo penal “como el acto donde se transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado”, consecuentemente la adquisición a lo cual se refiere el legislador en el artículo 218-D del Código Penal, no debe radicarse o interpretarse como aquella donde simplemente el imputado adquiere una cosa robada, sino que esa adquisición debe implicar un Animus de transacción dolosa de despojar del dominio a su verdadero tenedor o propietario, ya que cuando la transacción haya sido realizada de buena fe no constituye delito. Segundo: Véase Honorables Magistrados de la Sala Penal, que a la sentencia recurrida se le denuncia de Aplicación Indebida ya que no se establece en los hechos probados de la sentencia recurrida, ningún razonamiento que explique alguna circunstancia, prueba o indicio (por lo menos se haga patente en grado de presunción a dolo directo o indirecto) que mi representado haya adquirido a sabiendas un vehículo robado, y que lo haya hecho con el ánimo de apoderarse del mismo o que es lo mismo los jueces de Sentencias, no indican en la sentencia recurrida elementos objetivos y subjetivos del tipo penal (sin predeterminar el fallo), que sirvan para configurar la existencia del tipo penal sancionado, por ejemplo; no se refieren nada a si hubo algún tipo de transacción, donde se fijara algún precio por el objeto robado, o si el imputado era una persona asidua a comprar cosas robadas, o si sabía plenamente que el vehículo era robado, ya que estos extremos hubieran servido para establecer por lo menos por la vía de presunción, la existencia del delito sancionado en el artículo 218-D del Código penal; y es que cuando el legislador se refiere a algún tipo de transacción, implica que el imputado tiene que tener orientada su conducta delictiva para adquirir con ánimo de lucro alguna cosa robada, hurtada o abandonada, y que ese ánimo o capacidad de disfrutar de ese bien se dirija a despojar dolosamente a su legítimo propietario del dominio del mismo; por lo que, si analizamos los hechos probados de la sentencia recurrida, los jueces de sentencias indebidamente pretenden equiparar la adquisición de un efecto o instrumento del delito a un apoderamiento o recepción de vehículo robado o como ellos le llaman adquisición sancionado en el artículo 218-D del Código Penal; aplicación que consideramos indebida, en vista que se viola la ley de forma directa, al aplicar una norma diferente a los hechos probados planteados en la sentencia o como lo afirma la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en su Jurisprudencia: “Cuando se alega como vicio de la sentencia “Aplicación Indebida”, esta Sala Penal ha establecido “Que se origina cuando el juzgador, en el momento de aplicar la ley, aplica una proposición jurídica que no corresponde a la situación fáctica que se ha planteado……” Sentencia de fecha 12-2-2008 recaída en el recurso de Casación Penal No. 190-2007. En el presente caso el delito precedente es el robo de vehículo. - Es prudente entonces detenerse a analizar si la acción atribuible al acusado es subsumible en los presupuestos establecidos para su realización dolosa o culposa; tomando como punto de partida que la definición doctrinaria de delito, reconocida por nuestro ordenamiento penal es “delito que es toda acción u omisión, típica antijurídica, culpable y punible”. Esto indiscutiblemente se pone de manifiesto en el artículo 13 de nuestro Código Penal, al establecer que el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión y que necesariamente debe ser doloso o culposo, determinando que el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito y culposo cuando es el resultado de una imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, reglamento órdenes, resoluciones o deberes atendiendo a las circunstancias y la situación personal del delincuente y será punible, el delito culposo solo en aquellos casos en que estén expresamente determinados por la ley.- En el caso subjudice habiéndose admitido la satisfacción plena de una acción (…..recibe en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, el vehículo antes descrito, del que el día anterior había sido despojado bajo amenaza Juan Antonio Pagoada…), que se integra en los elementos objetivos del tipo como circunstancias, “sine cuan non”, para derivar en la culpabilidad del acusado por la acción realizada en el caso concreto. Este elemento subjetivo se identifica de manera general, a través de un elemento cognitivo y un elemento volitivo, a fin de configurar el dolo del sujeto activo en función de la acción por el realizada. Elemento cognitivo implica necesariamente el efectivo conocimiento de la norma de prohibición y el elemento volitivo en la voluntad de realizar la acción, a pesar de tener ese conocimiento de restricción. A estos hay que añadir un tercer elemento, la intencionalidad del autor para poder determinar la imputación subjetiva a fin de obtener un resultado.- En el delito subjudice, solo es punible la comisión dolosa (que no se probó en juicio oral y público), siendo necesario el conocimiento de que los efectos proceden de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico y el ánimo de lucro (quedo acreditado con la prueba de descargo que el imputado desconocía tal situación).- Siendo así el actuar dolosamente trae aparejada la tipicidad por cuanto el agente ha querido el resultado, dicho en otras palabras cuando el autor ha tenido la intención de lesionar determinados bienes jurídicos tutelados por nuestra ley penal, conociendo y queriendo el resultado (situación está que tampoco se acredito en juicio oral), por tanto teniendo conciencia de los elementos objetivos de la conducta prohibida. Tercero: De tal manera que la calificación del hecho probado debe de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo dictado no se circunscribe como verdad que el imputado haya cometido el delito de adquisición De Un vehículo Robado a título de autor, sino que fue un poseedor de buena fe en virtud que fue buscado por persona determinada para ejercer actos de comercio, es decir recibir determinado precio por ofrecer en venta un vehículo sin saber que era robado, o sea que lo hizo de buena fe, por ende no concurrir las circunstancias que se mencionan en el citado artículo y en este caso se produce una incongruencia entre los hechos estimados y declarados probados con el delito del cual se le acusa, es decir al delito de Adquisición de Vehículo Robado. La Sala de lo penal ha declarado que el estado de inocencia es “....es un estado inherente a la persona humana……”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (art. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición Jurídica de la inocencia dispuesta en la norma Constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervad mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso.- En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestas en las leyes a favor de aquél. Por consiguiente cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quién se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesaria su resocialización mediante el cumplimiento de una pena, en este caso al no haberse aplicado correctamente la norma sustantiva penal supra indicada, para tal efecto que se proceda a anular el fallo del A-quo por Adquisición de Vehículo Robado, es decir aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal en los hechos declarados probados primero y segundo en contra de Nahum Iván Mema Pérez. Interpretación Pretendida De lo anterior se desprende que la conducta narrada en los hechos primero y segundo declarados probados por el Tribunal de sentencia no es constitutivo de Adquisición de Vehículo Robado como erróneamente se calificó, en vista de no haberse acreditado en juicio oral que el imputado conocía todos los detalles o pormenores del delito antecedente, por lo que tampoco la simple sospecha de ese conocimiento, para tal efecto pretendemos que se anule el fallo del A-quo y se declare con lugar el recurso de casación interpuesto por haberse infringido una ley sustantiva. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivos de casación. - Único Motivo Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 218-D del Código Penal; Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida de norma Sustantiva que tipifica el delito de adquisición de vehículo de origen ilícito; y Pretensión: Se anule la sentencia recurrida. Para la Defensa Pública constituyó un error de parte del tribunal de sentencia calificar los hechos declarados probados como delito de adquisición de un vehículo de origen ilícito, pues la conducta de adquirir implica apoderamiento y no la simple tenencia, además la conducta debe de ser dolosa dirigida a la ocupación del dominio del bien. La recurrente señala que la adquisición a la cual se refiere el legislador en el artículo 218-D del Código Penal, no debe radicarse o interpretarse como aquella donde simplemente el imputado adquiere la cosa robada, sino que esa adquirió debe implicar un animo de transacción dolosa de despojar del dominio a su verdadero tenedor o propietario, ya que cuando la transacción haya sido realizada de buena fe no constituye delito. Arguye la recurrente que en los hechos probados no se describe que el acusado haya adquirido a sabiendas un vehículo robado y que lo haya hecho con el animo de apoderarse del mismo; no se señala si existió algún tipo de transacción donde se fijara algún precio por el objeto robado, o si el acusado era una persona asidua a comprar cosas robadas o si sabía plenamente que el vehículo era robado. Concluye la defensa pública que el fallo no se señala como verdad que el acusado haya cometido el delito de adquisición de un vehículo robado a título de autor, sino que fue poseedor de buena fe en virtud que fue buscado por persona determinada para ejercer actos de comercio, es decir recibir determinado precio por ofrecer en venta un vehículo sin saber que era robado, por lo que no concurren las circunstancias que se describen en el tipo penal de adquisición de vehículo robado. Delito de Transferencia de Delitos de Origen Ilícito Resolviendo lo planteado por la Defensa Pública, compete realizar el análisis jurídico del tipo penal que se encontraba vigente al momento de los hechos y que se denuncia ha sido indebidamente aplicado por el Tribunal de Sentencia. Es importante señalar que el legislador, mediante Decreto número 125-2003, de fecha 27 de agosto del 2003, incluyo seis tipos penales en el Capítulo I del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, entre ellos el delito de Ocultación o Receptación de Vehículos Automotores de Origen Ilícito, contenido en el artículo 218-D y que es una calificación agravante al tipo penal contenido en el artículo 388.3 del Código Penal, ergo el delito de Ocultación o Receptación de Vehículos de origen Ilícito fue erróneamente agregado por el legislador en el Titulo que Protege el Bien Jurídico “La Propiedad”, siendo el lugar correcto, conforme al esquema del Código Penal, el Capítulo XII del Título XIII, que corresponde a los delitos que protegen la Administración Pública, que es el bien jurídico que justifica la existencia del tipo penal en mención.- Establece el artículo 218-D del Código Penal que “Será sancionado con pena de reclusión de nueve a doce años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.”; Éste pretende castigar todos aquellos actos tendientes a perpetuar la ilicitud cometida por el autor del delito precedente, haciendo más fácil llegar a aprovecharse del objeto del delito original. Son elementos objetivos del tipo Penal: 1. Sujeto Activo: El delito puede ser realizado por cualquier persona, sin que requiera calificación especial, pero deberá de ser una persona distinta a la que cometió el robo o hurto del vehículo; 2. Sujeto Pasivo: Conforme al bien jurídico protegido, la Administración Pública, el sujeto pasivo es el Estado de Honduras; 3. Verbos Rectores: Son tres los verbos rectores del tipo penal: Ocultar un vehículo robado, hurtado o abandonado, lo que constituye el favorecimiento real del delito, por cuanto la acción de ocultar no es más que el esfuerzo de imposibilitar a los operadores de justicia poder localizar el objeto del delito (vehículo robado o hurtado), reivindicar sus efectos perniciosos e incluso capturar a los responsables;

Transferir el vehículo robado, hurtado o abandonado, que implica traspasar (transferir) a un tercero la propiedad, la posesión o el uso y goce del vehículo automotor, independientemente que se obtenga o no algún tipo de beneficio (Con o sin ánimo de lucro); Generalmente esta conducta tiene por objeto el blanqueo del bien mueble, es decir el tráfico de la propiedad, simulando una procedencia lícita donde, el sujeto activo, sin haber participado en el robo o en el hurto, es quien realiza el traspaso de la propiedad a un tercero que la adquiere desconociendo el verdadero origen del bien, también puede ocurrir que dicho tercero conozca el origen ilícito, con lo cual igualmente concurriría el delito, donde el que transfiere y el que adquiere se convertirían ambos en sujetos activos; Adquirir el Vehículo robado, hurtado o abandonado, que no es otra cosa que la Receptación de Vehículos de Procedencia Ilícita, en donde el adquirente, conociendo que el vehículo procede de un robo o un hurto, lo hace suyo, aprovechándose de él mediante su uso. Son elementos Subjetivos del tipo Penal El tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir que sepa que el vehículo es el producto de un robo o un hurto, siendo indiferente que esté enterado de la fecha en que ocurrió éste, los autores o la persona perjudicada, y que además quiera ocultar, transferir o adquirir el mismo; Es muy importante subrayar que en el caso de las conductas de “ocultar” o “transferir” no se requiera ánimo de lucro como integrante del elemento volitivo del dolo, en cambio en la conducta de “adquirir” si se requerirá ánimo de lucro, que implica buscar obtener algún provecho con la acción. Son Características del tipo Penal:

  1. Según su Estructura: a.- Tipo Penal Especial, por contener los elementos básicos del tipo penal general del artículo 388.3 del Código Penal aumentando la pena en virtud del objeto material del delito: vehículos automotores; b.- Tipo Penal Compuesto: En virtud de que describe tres modelos de comportamientos a partir de sus tres verbos rectores, cada uno de ellos conformando una descripción típica distinta; 2. Según su Contenido: a.- De Mera Actividad: Por no requerir resultado alguno, es indiferente entonces que el ocultamiento del vehículo haya sido efectivo o que al haberlo transferido se haya podido disimular su procedencia o que al haber adquirido el vehículo se haya o no obtenido un provecho; b.- Tipo Penal de Consumación Permanente: Atinente solo al verbo rector de “Ocultar”, debido a que dicha conducta se renueva de manera continua mientras la acción se esté ejecutando; c.- Tipo Penal de Consumación Instantánea: Referente a los verbos rectores “transferir” y “adquirir”, por ser supuestos de hecho cuya realización se agota en un solo momento; d.- Tipo Penal de Comisión o Acción: Los tres verbos rectores describen conductas de carácter comisivo; e.- Tipo Penal Cerrado: El tipo penal determina con precisión los tres supuestos de hecho que le configuran, de tal manera que las conductas prohibidas se desprenden con claridad en la norma; 3. Según el Sujeto Activo: a.- Tipo Penal Unisubjetivo: Debido a que las conductas descritas pueden ser ejecutadas por una sola persona; b.- Tipo Penal Común: El Sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad especial; y 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a.- Tipo Mono ofensivo: En vista que protege un bien jurídico determinado, tal cual es la Administración Pública, la que para efectos penales y en un sentido lato, debe de entenderse como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho, siendo una de esas actividades la efectiva investigación, persecución y castigo de todos los delitos que corresponda al Estado de Honduras conocer y resolver; b.- Tipo Penal de Amenaza: Al requerirse para su consumación la puesta en peligro del bien jurídico protegido. 4.- De la Procedencia del Recurso. - El Recurso es de Recibo Parcialmente.- La Sala de lo Penal ha confrontado el ámbito situacional abstracto que contiene el artículo 218-D del Código Penal, con la narración fáctica de la sentencia, concluyendo que existe identidad en la conducta, más no en la etapa del iter criminis que ha declarado el a-quo. La Defensa Pública hace una exposición poco clara, alegando primero que no hay adquisición (elemento objetivo del tipo) y luego alegando que la conducta fue realizada en buena fe, es decir sin dolo (elemento subjetivo del tipo penal); no contando con la razón en ninguno de los casos.

Fue declarado como hecho probado por el Tribunal de Sentencia: En fecha 22 de septiembre de 2015, en la Ciudad de La Ceiba, dos personas de identidad desconocida intimidaron al Señor Juan Antonio Barahona Pagoada, para despojarlo del vehículo en que se conducía, siendo éste: vehículo tipo microbús, marca Toyota, modelo Hiace, color azul oscuro, año 2007, motor 2KD1526 359, con placa AAL 3909; En fecha 23 de septiembre de 2015, en la ciudad de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, el acusado Nahum Iván Mejía Pérez, recibió el vehículo tipo microbús, marca Toyota, modelo Hiace, color azul oscuro, año 2007, motor 2KD1526 359, con placa AAL 3909, para venderlo y recibir como contraprestación una parte del valor de la venta, para lo cual procede a cambiar la placa de matricula por la placa PCG 1968. Los hechos declarados probados son claros al determinar que la conducta realizada por el acusado no fue la de adquirir el vehículo, tampoco fue la de ocultarlo, sino la de transferir su propiedad, mediante una compra/venta a un tercero; además los hechos probados señalan que el acusado, para efectos de ponerlo en venta, procedió a cambiar la placa del automotor que contiene el número de registro público, ello con el objetivo de que no se pudiese vincular el vehículo con dichos datos, en clara demostración de conocimiento que se trataba de un vehículo de origen ilícito y voluntad de aun con ello ofrecerlo en venta.

El verbo rector “transferir”, como se ha señalado ya, es una conducta de resultado, pues implica la transferencia de propiedad del vehículo de origen ilícito, pudiendo presentarse conductas imperfectas de ejecución cuando el sujeto activo no pueda realizar tal conducta, lo que es precisamente lo ocurrido en el presente caso, en donde el acusado recibe el vehículo con el objeto de transferir su propiedad mediante compra/venta, bajo la expectativa de obtener para si una parte del precio de venta a título de comisión por la transacción, sin que los hechos declarados probados señalen que tal transferencia se hubiese efectuado, por lo que la conducta ha quedado a nivel de tentativa. El Recurrente parcialmente tiene la razón en cuanto a que ha existido una indebida selección de normas sustantivas por parte del tribunal de sentencia, pues primero la conducta realizada por el sujeto activo fue la de transferir y no la de adquirir, y segundo porque el delito de transferencia de un vehículo de origen ilícito no fue consumado, quedando su ejecución en grado de tentativa inacabada. Decisión: El recurso de casación por infracción de ley en su motivo único debe ser estimado parcialmente, reformando la calificación jurídica de adquisición de vehículo robado, a la de transferencia de vehículo de origen ilícito en su grado de ejecución de tentativa inacabada, el cual tiene una pena abstracta de 06 a 08 años de reclusión, más las penas accesorias y demás consecuencias penales que estipula la ley; marco abstracto dentro del cual debe de individualizarse la pena concreta a cumplir por el Señor Nahún Iván Mejía Pérez, tomando en consideración que en la audiencia de individualización de la pena concreta las partes alegaron la no concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes, solicitando la imposición de la pena mínima, concordando tal petición con el criterio del tribunal de sentencia, por lo que en replica a lo solicitado por las partes y resuelto por el a-quo, debe de imponerse la pena mínima al indiciado por el delito recalificado en sede casacional: reclusión por 06 años como pena principal, inhabilitación absoluta e interdicción civil como penas accesorias, y demás consecuencias penales derivadas. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario Conforme a la foliada judicial ninguna de las partes presentó en única instancia escrito complementario haciendo saber cuál era su criterio respecto a la colisión de normas sustantivas en el tiempo, provocada por la derogatoria del código penal 144-83, que sirvió de fundamento para emitir la sentencia condenatoria impugnada, y la puesta en vigencia del código penal 113-2017, el cual está en vigor al momento del juzgamiento del caso concreto. Como consecuencia corresponderá a la Sala de lo Penal realizar la ponderación de la norma penal más favorable, a partir de la información que conste en autos. D.- Ponderación en el caso concreto Como consecuencia del recurso de casación por infracción de ley, esta Sala de lo Penal a impuesto al reo Nahum Iván Pérez Mejía la pena de 06 años de reclusión y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, más demás consecuencias derivadas de la declaratoria de responsabilidad, por ser autor directo de un delito en tentativa inacaba de transferencia de vehículo de origen ilícito, ello en perjuicio de la administración del Estado de Honduras. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el supuesto de hecho sancionado como delito de transferencia de vehículo de origen ilícito, ahora se encuentra previsto como conducta sancionada por el derecho penal por ser constitutiva del delito de encubrimiento, contenido en el artículo 513 que señala que “Quien con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 3.- Auxiliando a los responsables para que se beneficien u obtengan provecho del delito cometido.- Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3).”. Pena debe de ser aumentada en 1/3 cuando el sujeto activo realiza la conducta por precio, recompensa o promesa remuneratoria. En el caso especifico que se tratase de un delito de encubrimiento, agravado por motivarse el sujeto activo por ánimo de lucro de un robo por intimidación, la pena abstracta a imponer estaría fijada en 04 años a 05 años 04 meses de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado.- Conforme se señala en la sentencia, las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y atenuantes, solicitando la imposición de la pena mínima a favor del acusado, criterio que compartió el a-quo, quien además señaló que no apreciaba elementos objetivos que proyectaran una conducta personal negativa del condenado. En relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el ahora condenado Nahún Iván Mejía Pérez, tenía la edad de 26 años al momento del hecho, unión libre, con tres hijos, vendedor, residente de la ciudad de Roatán y nivel de escolaridad hasta el quinto año de primaria.- Conforme a lo señalado, corresponde imponer al reo la pena mínima de 04 años de prisión, más las penas accesorias y demás consecuencias penales. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar Parcialmente el motivo único del recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la Defensa Pública; En consecuencia reforma el numeral primero de la parte dispositiva de la sentencia de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el tribunal de sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en los siguientes términos: “Primero: que debemos condenar y condenamos al Señor Nahún Iván Pérez Mejía, como autor directo de un delito en tentativa inacabada de transferencia de vehículo de origen ilícito, en perjuicio de la administración de justicia del Estado de Honduras, a la pena principal de 06 años de reclusión.- Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Nahún Iván Pérez Mejía; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia impugnada en los siguientes términos: “Primero: Que debemos condenar y condenamos al señor Nahún Iván Pérez Mejía, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor directo de un delito consumado de encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración de justicia, imponiéndole la pena principal de prisión por 04 años; pena que deberá de ejecutarse conforme las siguientes reglas: a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el reo, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de reemplazo y/o libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Segundo: Por disposición constitucional (Art. 41.2) debemos condenar y condenamos al Señor Nahún Iván Pérez Mejía, a cumplir simultáneamente la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía, por el tiempo de la pena principal.- Tercero: Se impone al reo Nahún Iván Pérez Mejía, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren interno cumpliendo la pena de reclusión, en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos; Cuarto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Nahún Iván Pérez Mejía, civilmente responsables por las consecuencias resultantes del delito por el cual se le ha condenado.- La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Quinto: No procede la declaratoria de comiso en el presente caso.- Sexto: No procede condenar al reo Nahún Iván Pérez Mejía, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.”.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-84-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL