Sentencia CL-373-19 — Registro 12406
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social, salario adeudado de 30 días, reajuste de salario mínimo al doble, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que con arreglo a derecho quede firme la sentencia condenatoria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) Formula alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de la demandante fue sin causa justificada; y, c) Formula alegatos propios de instancias."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 5 de febrero del 2020, por el Abogado AUGUSTO MANUEL UCLES PINEDA, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida la señora LETICIA MONCADA GOMEZ, representada en juicio por los Abogados NICOLAS VALLE MALDONADO y TULA HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social, salario adeudado de 30 días, reajuste de salario mínimo al doble, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que con arreglo a derecho quede firme la sentencia condenatoria, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de agosto del 2015, por la señora LETICIA MONCADA GOMEZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Cocinera, y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por actuaciones del HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO MARIO MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de abril del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 14 de agosto del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice “FALLA:
- Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por LETICIA MONCADA GOMEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del representante legal y Procurador General de la República de aquel entonces el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) DECLARA que la relación de trabajo de la demandante LETICIA MONCADA GOMEZ con el ESTADO DE HONDURAS fue de carácter permanente. 3) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar a la demandante en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CINETO CUARENTA MIL LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (L 139,140.26) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 18,585.48, AUXILIO DE CESANTIA L 89,137.44, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 1,871.89, VACACIONES L 6,602.80, VACACIONES PROPORCIONALES L 1,247.93, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 4,267.34, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L 22.64, REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO L 3,846.25, REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO AL DOBLE L 3,846.25, SALARIO ADEUDADO L 8,849.40 ya título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.
- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral con la Secretaría de Salud el 28 de marzo del año 2006, desempeñándose como cocinera en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en un horario de lunes a viernes de 6:30 a.m. – 2:30 p.m., bajo la continua subordinación y dependencia de un jefe inmediato y del jefe del Departamento de Personal, como su jefe mediato, percibiendo mensualmente una remuneración de L. 6,136.00, acreditado mediante el sistema SIAFI en cuentas bancarias. La demandada expresó que firmó un contrato hasta el mes de diciembre del año 2014, pero continuó laborando hasta el mes de junio del 2015, puesto que el 1 de julio del año 2015, le fue entregada una nota, la cual se encontraba fechada el 23 de junio del 2015, misma que le indicaba que por instrucciones superiores, a partir del 1 de julio del 2015, su contrato quedaba cancelado, de igual manera manifestó que durante los 9 años que laboró nunca devengó el salario mínimo correspondiente, además que se le adeudaban 20 días de vacaciones, décimo tercer mes de salario proporcional, un día del décimo cuarto mes de salario, 30 días de salario adeudado y 181 días de reajuste salarial; asimismo, solicitó que se le devolvieran las cantidades que se le deducían en concepto de aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social, pues hasta el momento en que dejó de laborar se le entregó la hoja del seguro social, aunado a lo anterior declaró que ya estando despedida, el demandado le dijo que sería contratada otra vez pero como una empleada nueva, por lo cual se presentó en varias ocasiones para seguir laborando pero se dio cuenta que habían contratado otros cocineros, pero aun así le seguían manifestando que sería contratada nuevamente, también dijo que nunca se le entregó copia de los contratos celebrados, por lo que solicitó la asistencia de un Inspector del Trabajo, no obstante el demandado se negó a entregar la documentación solicitada y en su lugar extendió una constancia en la cual señalaba que la demandante había laborado desde el año 2006 hasta el año 2015, mediante contratos interrumpidos, extremo que fue negado por la demandante. Dando por agotada la vía administrativa correspondiente, en virtud que las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la relación que existió entre las partes fue de prestación de servicios profesionales técnicos, en el cual se establecía claramente la vigencia de los contratos, y que en caso de controversia las partes se someterían a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que la cancelación de obligaciones finalizó una vez expirado el plazo de vigencia de los empleados por contrato, debiendo la demandante sujetarse al plazo y condiciones contractuales convenidas entre las partes. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de agosto del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora Leticia Moncada Gómez, en contra del Estado de Honduras a través del representante legal y Procurador General de la República de aquel entonces el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, DECLARÓ que la relación de trabajo de la demandante fue de carácter permanente, CONDENÓ al Estado de Honduras a pagar a favor de la demandante en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales la cantidad de (L. 139,140.26), desglosados de la siguiente manera, en concepto de preaviso (L. 18,585.48), auxilio de cesantía (L. 89,137.44), auxilio de cesantía proporcional (L. 1,871.89), vacaciones (L. 6,602.80), vacaciones proporcionales (L. 1,247.93), décimo tercer mes proporcional (L. 4,267.34), décimo cuarto mes proporcional (L. 22.64), reajuste del salario mínimo (L. 3,846.25), reajuste del salario mínimo al doble (L. 3,846.25), salario adeudado (L. 8,849.40), y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, SIN COSTAS. Bajo el criterio que la forma de contratación a través de la cual fue contratada la demandante encerraba en su contenido un verdadero contrato de trabajo, al realizar labores continuas en la Secretaría de Salud, por lo cual la contratación a la cual fue sometida fue un fraude de ley, ya que intrínsecamente constituía un contrato de trabajo, por ésta razón, el vínculo debió romperse a través de las causales del despido contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, en consecuencia el demandado se encontraba obligado a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales reclamados, por lo que declaró con lugar la demanda. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 30 de abril del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que las relaciones laborales se encuentran reguladas por un contrato de trabajo que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes, y siendo que en la contestación de la demanda se aceptó que existió una relación laboral entre las partes con la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales, además al haberse acreditado la existencia de varios contratos de trabajo, los cuales establecían que la función a realizar por la demandante siempre fue la misma durante el periodo de tiempo por el cual se celebraron los contratos, por lo anterior procedió a confirmar la sentencia apelada. 5. Mediante auto de fecha 5 de noviembre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado AUGUSTO MANUEL UCLES PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 5 de febrero del 2020, compareció ante este Tribunal el Abogado AUGUSTO MANUEL UCLES PINEDA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 14 de febrero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 2 de marzo del 2020, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado NICOLAS VALLE MALDONADO, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado AUGUSTO MANUEL UCLES PINEDA, en su primer motivo de casación aduce: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2, en relación con el artículo 113, todos del Código de Trabajo. El articulo 2 numeral 2 relacionado establece lo siguiente: "Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1 ... ; 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y Municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y…” también del articulo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvo la señora LETICIA MONCADA GOMEZ, con mi representado, fue a través de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos. En ese sentido, el Código de Trabajo estipula una excepción para que los conflictos laborales entre empleados públicos y el estado sean dilucidados en la jurisdicción laboral; por lo cual, al ser la demandante empleada publica de carácter temporal, por medio de contratos Servicios Profesionales y Técnicos, le dieron el status legal y la condición de empleado público, solo que en carácter temporal, ya que no era empleada permanente. En adición a ello, los empleados públicos no firman contratos de trabajo, sino que son nombrados mediante acuerdos del Secretario de Estado. El mismo artículo establece que las Relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio Civil que se expidan. En función de lo anterior, la interpretación correcta que el juzgador debió realizar del articulado descrito, es que a la demandante LETICIA MONCADA GOMEZ, le es aplicable lo preceptuado en el artículo 2.2 del Código del trabajo por ser empleada publica de carácter temporal, por consiguiente, también El Estado de Honduras no estaba obligado a cumplir con la exigencia del articulo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, del Código de Trabajo. III.-Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) Formula alegatos propios de instancia. IV.-Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente; “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en autos y que llevo en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo ya que también en ninguna forma el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán se refiere a la vigencia acordada por ambas partes en los contratos presentados. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental, consistente en los contratos de servicios profesionales entre el demandante y mi representado: Admitida a la parte demandante (ver folios 39 al 77, de la primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. Donde se puede constar en su cláusula tercera que el mismo ... “será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente y estará sujeto a la normativa del derecho administrativo”. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental consistente en los contratos de servicios profesionales entre el demandante y mi representado, los cuales fueron evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto; ya sujeto a la tarifa legal de las que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, si no que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo. En ese sentido, esta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto lo que es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. De igual forma la Corte de Apelaciones del Trabajo, en el fallo proferido, al apreciar este medio de prueba erróneamente, arriba a la conclusión de que: ".... este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras han sido desnaturalizados, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo…”. Cuando dicho medio de prueba lo que revela es una relación temporal entre un empleado público con el estado, lo cual no implica, una desprotección para el empleado, pues tiene expedita otra vía denominada contencioso administrativa. PRUEBA NO VALORADA: La Corte recurrida, al declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia definitiva de fecha 14 de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Trabajo de Francisco Morazán, también dejo de apreciar la prueba documental aportada, consistente en el oficio número 0391-DC-2016 (Ver folio 94 de la primera pieza de autos), que le establece al juzgador, que a la demandante señora LETICIA MONCADA GOMEZ, No se le adeudan salarios ni colaterales correspondientes al año 2015, sin embargo la misma Corte condena a mi representado a pagar estos salarios que se reclaman como adeudados, hecho que la parte demandante no probó en juicio, convirtiéndose en un exceso en la petición como en la sentencia recurrida. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el caso en particular, si se hubiese apreciado Profesionales y Técnicos; consecuentemente la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, en el cual se establece que: “Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan”; además, los artículos 113 párrafo primero y 116 reformado, todos del Código de Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen. De igual forma, tampoco hubiese fallado condenando a mi representado a pagar salarios que se reclaman como adeudados, cunando quedo evidenciado que no se le adeudan los mencionados salarios.” V.-Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral
- literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de la demandante fue sin causa justificada; y, c) Formula alegatos propios de instancias. VI.-Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho. VII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los seis días del mes de abril del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL373-19. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.