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Sentencia CL-66-18 — Registro 9381

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, en consecuencia conceder todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, asimismo pedimos la reinstalación a los puestos de trabajo y restitución a las funciones de las que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, decimo tercer y decimo cuarto mes causados y proporcionales, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 47 párrafo primero del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) formula alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo, 43 del Código Civil; y, c) formula alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas no ostentan el carácter de norma sustantiva de índole laboral (Artículo 256 de la Constitución de la República), entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) realiza alegatos propios de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 11 de mayo del 2018, por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ANA LUISA MELARA REYES, ALBA LUZ LÓPEZ MARTÍNEZ y ERIK FORTÍN DUARTE, representados en juicio por el Abogado OSMAN NOÉ ACOSTA BENAVIDES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, en consecuencia conceder todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, asimismo pedimos la reinstalación a los puestos de trabajo y restitución a las funciones de las que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, decimo tercer y decimo cuarto mes causados y proporcionales, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de agosto del 2014, por los señores ANA LUISA MELARA REYES, casado, Ingeniero Civil; ALBA LUZ LÓPEZ MARTÍNEZ, soltera, Aseadora, y ERIK FORTÍN DUARTE, casado, Ingeniero Ambiental; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de diciembre del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de octubre del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores ANA LUISA MELARA REYES, ALBA LUZ LOPEZ MARTINEZ Y ERIK FORTIN DUARTE, representado en juicio por el Abogado OSMAN NOE ACOSTA BENAVIDES en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República..- SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene los señores ANA LUISA MELARA REYES, ALBA LUZ LOPEZ MARTINEZ Y ERIK FORTIN DUARTE con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) se le reconoce una antigüedad laboral de la siguiente manera: ANA LUISA MELARA REYES, desde el 12 de Abril del 2008, ALBA LUZ LOPEZ MARTINEZ desde el 15 de Abril del 2010, Y ERIK FORTIN DUARTE desde el 05 de Abril del 2010, asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto REINTEGRAR a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a su puesto de trabajo más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que los demandantes sea debidamente reinstalados, así como la restitución de sus funciones.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron a laborar para la demandada así: Ana Luisa Melara Reyes, el 12 de abril del 2008, como Analista en Adquisiciones y Licitaciones, devengaba un salario mensual de L.40,000.00; Alba Luz López Martínez, el 15 de abril del 2010 devengaba un salario mensual de L.7,312.04 y Erik Fortín Duarte, el 05 de abril de 2010 en el puesto de Asesor Técnico en la Subsecretaria de Ambiente, devengaba un salario mensual de L.35,000.00, que las labores que realizaban eran continuas e ininterrumpidas; manifestaron que en virtud de la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, relacionado con el articulo 52 último párrafo del mismo cuerpo legal y lo establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo, consideraron que les asiste el derecho a la permanencia en el puesto de trabajo que han venido desempeñando por la continuidad de dichos contratos ininterrumpidos, al tenor de lo que establece el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo; además argumentaron que con el ánimo de buscar una solución a las diferencias suscitadas entre las partes, se presentaron ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, siendo imposible llegar a un arreglo se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando totalmente las pretensiones de la parte demandante, ya que entre las partes nunca existió una relación de trabajo, ya que la relación se enmarcado en contratos administrativos y que en los mismos se estableció que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del contrato las parte se someterían a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo que establece el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo; que los demandantes aceptaron los términos del contrato, sin objeción alguna, conforme a la cláusula quinta de los mismos.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de octubre del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por los señores ANA LUISA MELARA REYES ALBA LUZ LÓPEZ MARTÍNEZ, y ERIK FORTÍN DUARTE, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), condenó a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene los señores demandantes, con el demandado, se le reconoció una antigüedad laboral así: Ana Luisa Melara Reyes, desde el 12 de abril del 2008, Alba Luz López Martínez desde el 15 de abril del 2010, y a Erik Fortin Duarte desde el 05 de abril del 2010; asimismo se le reconoció al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto reintegrar a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a su puesto de trabajo más el pago de salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta que los demandantes sea debidamente reinstalados, así como la restitución de sus funciones, sin costas; bajo el criterio que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal; el Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo que dice: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”.- Por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, SON NULOS IPSO JURE dichos contratos de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción, de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio.- Por consiguiente es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los contratos de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribieron los demandantes, debiendo el empleador de someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido de los demandantes, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por los señores Ana Luisa Melara Reyes, Alba Luz López Martínez y Erik Fortín Duarte, en cuanto al reintegro a sus labores, reconociéndose la antigüedad en su puesto de trabajo asimismo deberá de ser reconocido los derechos otorgados a los empleados permanentes y al pago de vacaciones correspondientes a los periodos 2012-2013, 2013-2014.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 12 de diciembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que esta Corte de apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido su criterio, que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las ordenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral; que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por los demandantes siempre ha sido la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el estado de honduras y los señores demandantes era por tiempo indeterminado; que vistas las consideraciones legales que anteceden este Tribunal de alzada es de la firme opinión que procede confirmar la sentencia definitiva que se revisa en apelación, ya que no existen hechos nuevos que hagan variar el criterio jurisprudencial que ha mantenido esta Corte de Apelaciones, referente al caso concreto.- 5.- Mediante auto de fecha 06 de marzo del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 11 de mayo del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 14 de mayo del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de junio del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado OSMAN NOÉ ACOSTA BENAVIDES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta incurriendo en error de hecho al apreciar erróneamente un medio de prueba documental publico admitido, misma que aparece manifiesta en autos; lo cual, llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 47 párrafo primero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo la prueba erróneamente apreciada de la siguiente manera: documental consistente en contratos de servicios profesionales celebrados entre los señores ANA LUISA MELARA REYES, ALBA LUZ LÓPEZ MARTÍNEZ Y ERIK FORTÍN DUARTE y mi representado el Estado de Honduras, (ver folios 117 al 426 primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. En dicho medio de prueba se puede constatar: “cláusula LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado desacertadamente por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental singularizado, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En ese sentido, resulta cierto que el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, para formar su libre convencimiento; pero esto no impide de manera alguna la obligación de efectuar tal apreciación de las pruebas en su conjunto, como una obligación insoslayable. Apreciación que debe ser acertada y completa. Así las cosas, la corte recurrida al valorar este medio de prueba erróneamente, de hecho, arriba a la conclusión que se colige de tal documento la existencia de un contrato de trabajo de naturaleza laboral; el cual deriva en una relación de trabajo por tiempo indeterminado (específicamente en su considerando 11). Tal aseveración es contrario al documento O singularizado, puesto que ambas partes reconocen la naturaleza NO LABORAL de la prestación de servicios profesionales/ consultoría brindada por los contratados ANA LUISA MELARA REYES, ALBA LUZ LÓPEZ MARTÍNEZ Y ERIK FORTÍN DUARTE. Así las cosas, la interpretación correcta de tal documento tendría que orientarse en el sentido de otorgar naturaleza distinta a la laboral a tal prestación de servicios; pues existe una separación constitucional del fuero de trabajo regulado en el Código del Trabajo y el regulado en lo Contencioso Administrativo. En el primero se regula la relación empresa privada y trabajador, en tanto en el segundo caben las relaciones laborales entre el servidor público y el estado. Esta esta distinción tampoco escapa de regulación en el Código del Trabajo, donde se prevé que los empleados públicos nacionales departamentales y municipales se exceptúan de la naturaleza pública de las disposiciones de este Código; sin soslayar, que tales relaciones las reconoce como regidas por la Ley de Servicio Civil. En el caso en particular, si se hubiera apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado -mismo que resulta decisivo para la decisión tomada- hubiera el fallador dado por establecido en forma indubitable, que NO EXISTE relación laboral entre los demandantes y el Estado de Honduras. A consecuencia de todo lo anterior, la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el artículo 47 del Código del Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen. Lo anterior, porque el Estado en la presente causa no está obligado a reconocer una permanencia de labores y, muchos menos a pagar las indemnizaciones impuestas en la sentencia recurrida. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN: Indudablemente esto agravia al estado porque al apreciarse correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba singularizado, decisivo para el fallo tomado, se tuvo que concluir que NO EXISTE relación laboral entre el demandante y el Estado de Honduras; por ende no le son obligatorias las indemnizaciones a las cuales fue condenado a pagar. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer este vicio en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 47 párrafo primero del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Infracción directa por falta de aplicación del artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo, en relación a los artículos del 32 1,322, 323 y 324 de la Constitución De La República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas; sin embargo claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” (entre otras) las entidades públicas. En ese sentido es claro que las mencionadas en el párrafo primero y descrito en su numeral 2 ° no le son aplicables las normas del Código del Trabajo en primer lugar por estar Vigente la Ley de Servicio Civil, por ende a mi representada, porque está dentro de las exceptuadas por ser una entidad pública con otra jurisdicción; dicho de otra forma, están exentas de su aplicación por estar reguladas en una ley especial posterior al Código del Trabajo a los hechos de la demanda. Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos. “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, Decreto ejecutivo o Acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan “. Naturalmente, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1968), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1968 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. En tanto, la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público “, “Oficial Gubernamental o “servidor público “, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos “. En este sentido, el sentenciador declara la existencia de una relación continua por la suscripción de varios contratos de trabajo, lo cual es nulo por inaplicable al caso de la vigencia de la Ley jurisdiccional de los servidor o empleado público consecuentemente la permanencia en los puestos por parte de los demandantes; resulta nulo aplicarlo porque no son trabajadores privados sino públicos lo anterior hace que se reconozca la categoría de empleado público para los demandantes, lo cual es contradictorio pues los considerados como tales, tienen una relación laboral privada y la ocurrida está regida por La ley de Servicio Civil. A partir de todo lo anterior, queda claro que el sentenciador dejo sin aplicación lo establecido en el artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo, con la aplicación indebida que hace de los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN: Indudablemente esto agravia al estado porque no es la jurisdicción laboral donde debe dilucidarse este conflicto jurídico. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer este vicio en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo, 43 del Código Civil; y, c) formula alegatos propios de instancia.- VI.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en el tercer motivo de casación alega: “Falta de aplicación del artículo 256 de la Constitución de la República, con aplicación laboral en el artículo 2.2 del Código del trabajo; aplicando indebidamente los artículos 47 y 20 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Este artículo 256 de la Constitución hondureña, crea la separación de fuero laboral regulado en el Código del Trabajo, diferenciándolo de las funciones públicas como empleado del estado, cuya relación se regula en la jurisdicción Contencioso Administrativo. Esta norma por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria y crea el régimen de Servicio Civil regulando las relaciones entre empleo y función pública. De lo cual, resulta claro que el Código del Trabajo irradia a la relación empresa privada-empleado, porque es propio de esa jurisdicción; pero resulta impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Por tanto mi representada no estaba obligada reconocer una relación laboral, como erróneamente la corte sentenciadora lo establece en su sentencia. En adición a lo anterior, el artículo 2 del Código del Trabajo numeral 2 exceptúa las relaciones entre Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, quienes se regirán por las leyes de Servicio Civil que se expidan. Por ende, no correspondía aplicar las disposiciones del artículo 47 y 20 del Código del Trabajo en contra de mi representado, pues este no está obligado a pagar tales indemnizaciones; coligiéndose una indebida aplicación de tal norma. En este sentido el Ad-Quem, desconoce el derecho administrativo y las Disposiciones Presupuestarias que regulan la Administración Centralizada y los entes desconcentrados del Estado en su normativa presupuestaria, no se puede aplicar disposiciones generales que contienen definiciones y conceptos de índole meramente laboral. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN: La falta de respeto a la primacía de las disposiciones constitucionales agravia al estado, porque es la jurisdicción contenciosa administrativa donde debe dilucidarse este conflicto jurídico. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer este vicio en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas no ostentan el carácter de norma sustantiva de índole laboral (Artículo 256 de la Constitución de la República), entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de noviembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 66-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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