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Sentencia CL-593-17 — Registro 8601

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, reintegro al antiguo puesto de trabajo en virtud de un despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida contiene literales que se deben precisar; b) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. Aunado a lo anterior, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio aportado al proceso decidiendo lo que corresponde.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inestimable por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando se alega la falta de aplicación y la aplicación indebida, modalidades de violación a la ley sustantiva distintas que se deben precisar de manera separada e independendiente; b) el artículo 256 de la Constitución de la república señalado como normas sustantiva infringida carece de esa calidad."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA, representado en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, reintegro al antiguo puesto de trabajo en virtud de un despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, por el señor EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA, mayor de edad, unión libre, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), hoy SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a que se declare la relación de forma permanente y como consecuencia el reintegro a su puesto de trabajo (Motorista), más los Salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales sea reintegrado en su puesto de trabajo; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a declarar la relación de trabajo de forma permanente y como consecuencia, el Reintegro a su puesto de trabajo (Motorista), más los Salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral, hasta que con sujeción a las normas procesales sea reintegrado en su puesto de trabajo, al señor EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA; III) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION alegada por la parte demandada; IV) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en fecha 01 de octubre del año 2009, en el puesto de Motorista, devengando un salario inicial de L.5, 500.00 mediante contrato de servicios profesionales, hasta finalizar con un salario de L.7, 605.44. Que se le entregó al demandante una notificación por parte de la demandada donde le manifestaba que su contrato administrativo de servicios profesionales vencía el 31 de agosto del año 2015 y que el mismo no sería renovado, lo anterior en aplicación a la Cláusula Octava, numeral 12 del referido contrato. El contrato que el demandante celebró con la institución demandada era de servicios profesionales, mismo que es contrario a derecho ya que era trabajador de dicha institución, desempeñándose el puesto de Motorista asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, dependencia de la precita Secretaría de Estado, teniendo un horario o jornada de trabajo, jefe inmediato y además un salario mensual, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo y una vez cumplido estos tres elementos estamos ante una verdadera relación de trabajo, relacionado con el artículo 24 del mismo cuerpo legal; una segunda razón por la cual el contrato que el demandante celebró constituye un fraude a la ley es que las labores que él realizaba dentro de la institución eran permanentes, ya que actualmente el señor Fernando González desempeña las actividades que el demandante realizaba, es decir de la plaza de la cual fue despedido, y si lo relacionamos con el artículo 47 del Código del Trabajo, el cual establece que cuando las labores a desempeñar por el trabajador sean de naturaleza permanente en la empresa, el contrato deberá entenderse celebrado por tiempo indeterminado, aunque en ellos exprese termino de duración; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta parcialmente lo manifestado por la parte demandante en cuanto se refieren a que mantuvo con la demandada una relación enmarcada en contratos administrativos de servicios personales, en el cargo de Motorista y la fecha que establece como inicio de su prestación de servicio; no obstante se rechaza lo demás manifestado por la parte actora, específicamente al nominar que suscribió un contrato de servicios profesionales y fijar un salario mensual promedio que aduce haber devengado, pues al ignorar el tipo de contrato que suscribió con la demandada, da lugar a que se presuma que los derechos subjetivos que reclama son inexistentes y será en el momento procesal que el reclamante deberá demostrar el sustento de su reclamo. Se acepta parcialmente en cuanto que, en fecha 31 de agosto del año 2015, al demandante se le notificó por parte del Licenciado Oscar mejía en su condición de Sub-Gerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, mediante Oficio-SGRH-172-2015 que su contrato administrativo de servicios personales vencía el 31 de agosto del año 2015, mismo que “no sería renovado”, en aplicación a la Cláusula Octava, Numeral 12 del referente contrato; obviamente es suficientemente claro que la notificación al demandante sobre el vencimiento de su contrato no constituye en ningún momento un despido como pretende hacerlo ver la parte actora, de igual manera el connotar dicha frase tampoco indica un despido, pues su contrato era de servicio personal, de periodo temporal con fecha de inicio y finalización, regida por cláusulas contractuales dentro de las cuales se señalaba la fecha de su vencimiento, a ese efecto no tiene ningún sustento jurídico al afirmar que en fecha 31 de agosto del 2015 se le entregó nota de despido, donde se le manifiesta que su contrato administrativo de servicios personales vence el 31 de agosto del 2015, y que “el mismo no iba a hacer renovado”, ya que simplemente se le recordó la fecha de terminación del contrato, sin embargo la parte actora no puede hacer interpretaciones tergiversadas y convenientes que conllevan la pretensión de atribuirse derechos por expresiones como de que “fue objeto de un despido ilegal e injusto”, ya que además de que él tenía conocimiento de la finalización de su contrato en cumplimiento de la cláusula tercera de recisión del contrato, por lo cual se considera que el reclamo formulado es improcedente, pues habiendo llegado la obligación contractual a su final, no existe obligación posterior alguna, ni mucho menos de sostener un contrato más de prestación de servicios personales, ya que como se ha venido manifestando que la relación existió bajo las disposiciones de un contrato a término, sin obligación alguna para las partes, por lo que no puede en forma antojadiza circunscribirse únicamente a la aplicación de una norma jurídica laboral para acoger un aparente derecho subjetivo con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene ningún sustento jurídico, el que únicamente se reduce a una postulación meramente ilusoria e imaginaria, a efecto de lograr del erario público un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, derecho que exige que además de ser inexistente no le corresponde. Que la parte demandada opuso la excepción perentoria de prescripción, exponiendo que los contratos firmados eran independientes uno del otro y que si el ahora demandante se sentía afectado bajo la modalidad del cual estaba contratado, el cual debió considerar la normativa del Código del Trabajo aplicable, haciendo uso de derecho prescrito en el artículo 867 del referido código. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo; en consecuencia, para cada contrato tenía el término de dos meses para realizar el presente reclamo respectivo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Edmundo Alberto Cruz Herrera, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a declarar la relación de trabajo de forma permanente y como consecuencia, el reintegro del demandante a su puesto de trabajo (Motorista), más los salarios dejados de percibir; declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción alegada por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes, en el que por un lado el demandante arguye que los Contratos eran simulados de acuerdo al principio de primacía de la realidad y que en el fondo se trataba de una verdadera relación de trabajo laboral independientemente del nombre que se le diera a los contratos, esto en el sentido que reunía los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo; por otro lado se argumenta que la relación de trabajo del demandante con la demandada era de orden administrativo, y que dicha relación estaba regida por leyes administrativas en virtud de tratarse de Contratos Administrativos de Servicios Personales. Llegando al convencimiento está suscrita que efectivamente se trataba de una relación laboral en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente puesto que el demandante se desempeñaba en el cargo de Motorista, de igual forma el demandante se desempeña en el mismo cargo desde el 01 de octubre del 2009 firmando varios contratos de trabajo para realizar las mismas funciones; es por lo anteriormente relacionado que debe declarase con lugar la relación de trabajo de forma permanente. Que en consonancia con lo antes relacionado el demandante solicita el reintegro al cargo que ocupaba por considerar que el despido del cual fue objeto es ilegal e injusto; y que de la revisión de las diligencias no se encuentra documento que acredite que el despido del demandante este apegado a derecho ya que la nota de fecha 30 de julio del 2015 no contiene causal alguna establecida en el artículo 112 del Código del Trabajo, lo que conlleva declarar con lugar esta pretensión; en relación a la excepción perentoria de prescripción, según lo alegado por las partes ésta suscrita es del criterio que los contratos firmados por el demandante son de tracto sucesivo, es decir que existía encadenamiento entre uno y otro, esto también aplicado al principio de continuidad en la labor realizada por el demandante lo que devenía en la interrupción de la prescripción del derecho de reclamar ante la autoridad competente; en consecuencia, se declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción alegada por la parte demandada.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que se ha dejado establecido que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las ordenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo, por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral; que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por el demandante como motorista, función que siempre fue la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda, que la relación existente entre el Estado de Honduras y el señor Edmundo Alberto Cruz Herrera, era por tiempo indeterminado.- 5. Mediante auto de fecha veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en un primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta incurriendo en error de hecho al apreciar erróneamente un medio de prueba documental publico admitido, misma que aparece manifiesta en autos; lo cual, llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo la prueba erróneamente apreciada de la siguiente manera: documental consistente en contratos de servicios profesionales celebrados entre el señor CRUZ HERRERA y mi representado el Estado de Honduras, (ver folios 27 al 32 primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. En dicho medio de prueba se puede constatar: “cláusula LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo”. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado desacertadamente por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental singularizado, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En ese sentido, resulta cierto que el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, para formar su libre convencimiento; pero esto no impide de manera alguna la obligación de efectuar tal apreciación de las pruebas en su conjunto, como una obligación insoslayable. Apreciación que debe ser acertada y completa. Así las cosas, la corte recurrida al valorar este medio de prueba erróneamente, de hecho, arriba a la conclusión que se colige de tal documento la existencia de un contrato de trabajo de naturaleza laboral; el cual deriva en una relación de trabajo por tiempo indeterminado (específicamente en su considerando 10). Tal aseveración es contrario al documento singularizado, puesto que ambas partes reconocen la naturaleza NO LABORAL de la prestación de servicios profesionales brindada por el contratado EDMUNDO CRUZ. Así las cosas, la interpretación correcta de tal documento tendría que orientarse en el sentido de otorgar naturaleza distinta a la laboral a tal prestación de servicios; pues existe una separación constitucional del fuero de trabajo regulado en el Código del Trabajo y el regulado en lo Contencioso Administrativo. En el primero se regula la relación empresa privada y trabajador, en tanto en el segundo caben las relaciones laborales entre el servidor público y el estado. Esta esta distinción tampoco escapa de regulación en el Código del Trabajo, donde se prevé que los empleados públicos nacionales departamentales y municipales se exceptúan de la naturaleza pública de las disposiciones de este Código; sin soslayar, que tales relaciones las reconoce como regidas por la Ley de Servicio Civil. En el caso en particular, si se hubiera apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado -mismo que resulta decisivo para la decisión tomada- hubiera el fallador dado por establecido en forma indubitable, que NO EXISTE relación laboral entre el demandante y el Estado de Honduras. A consecuencia de todo lo anterior, la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen. Lo anterior, porque el Estado en la presente causa no está obligado a probar una justa causa de despido, muchos menos a pagar las indemnizaciones impuestas en la sentencia recurrida. INCIDENCIA DE LA INFRACACION EN LA RESOLUCION: Indudablemente esto agravia al estado porque al apreciarse correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba singularizado, decisivo para el fallo tomado, se tuvo que concluir que NO EXISTE relación laboral entre el demandante y el Estado de Honduras; por ende no le son obligatorias las indemnizaciones a las cuales fue condenado a pagar. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer este vicio en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada.”.- 3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida contiene literales que se deben precisar; b) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. Aunado a lo anterior, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio aportado al proceso decidiendo lo que corresponde.- 4. Que en un segundo motivo se aduce: “Infracción directa por falta de aplicación del artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo, en relación a los artículos del 321, 322, 323 y 324 de la Constitución De La Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: El artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas; sin embargo claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” (entre otras) las entidades públicas. En ese sentido es claro que las mencionadas en el párrafo primero y descrito en su numeral 2° no le son aplicables las normas del Código del Trabajo en primer lugar por estar Vigente la Ley de Servicio Civil, por ende a mi representada, porque está dentro de las exceptuadas por ser una entidad pública con otra jurisdicción; dicho de otra forma, están exentas de su aplicación por estar reguladas en una ley especial posterior al Código del Trabajo a los hechos de la demanda. Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos. “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, Decreto ejecutivo o Acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”. Naturalmente, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1968), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1968 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. En tanto, la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público”, “Oficial Gubernamental o “servidor público “, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. En este sentido, el sentenciador declara la existencia de una relación continua por la suscripción de varios contratos de trabajo, lo cual es nulo por inaplicable al caso de la vigencia de la Ley jurisdiccional de los servidor o empleado público consecuentemente la permanencia en los puestos por parte del demandante; resulta nulo aplicarlo porque no es trabajador privado sino público lo anterior hace que se reconozca la categoría de empleado público para los demandantes, lo cual es contradictorio pues los considerados como tales, tienen una relación laboral privada y la ocurrida está regida por La ley de Servicio Civil. A partir de todo lo anterior, queda claro que el sentenciador dejo sin aplicación lo establecido en el artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo, con la aplicación indebida que hace de los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo. INCIDENCIA DE LA INFRACACION EN LA RESOLUCION: Indudablemente esto agravia al estado porque no es la jurisdicción laboral donde debe dilucidarse este conflicto jurídico. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer este vicio en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada.”.- 5. Que el cargo que antecede resulta inestimable por los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, no ostenta la calidad de sustantivo; b) carece de claridad y precisión cuando en la explicación se lude a los artículos 43 del Código Civil, 1 numeral 5), 20 y 47 del Código del Trabajo, cuando los dos primero no corresponden al orden laboral y los segundos no fueron relacionados en la formulación; y, c) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 6. Que en un tercer motivo se aduce: “Falta de aplicación del artículo 256 de la Constitución de la República, con aplicación laboral en el artículo 2.2 del Código del trabajo; aplicando indebidamente el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Este artículo 256 de la Constitución hondureña, crea la separación de fuero laboral regulado en el Código del Trabajo, diferenciándolo de las funciones públicas como empleado del estado, cuya relación se regula en la jurisdicción Contencioso Administrativo. Esta norma por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria y crea el régimen de Servicio Civil regulando las relaciones entre empleo y función pública. De lo cual, resulta claro que el Código del Trabajo irradia a la relación empresa privada-empleado, porque es propio de esa jurisdicción; pero resulta impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Por tanto mi representada no estaba obligada al momento de poner fin a la relación laboral, a probar una justa causa de despido, como erróneamente la corte sentenciadora lo establece en su sentencia. En adición a lo anterior, el artículo 2 del Código del Trabajo numeral 2 exceptúa las relaciones entre Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, quienes se regirán por las leyes de Servicio Civil que se expidan. Por ende, no correspondía aplicar las disposiciones del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo en contra de mi representado, pues este no está obligado a pagar tales indemnizaciones; coligiéndose una indebida aplicación de tal norma. En este sentido el Ad-Quem, desconoce el derecho administrativo y las Disposiciones Presupuestarias que regulan la Administración Centralizada y los entes desconcentrados del Estado en su normativa presupuestaria, no se puede aplicar disposiciones generales que contienen definiciones y conceptos de índole meramente laboral. INCIDENCIA DE LA INFRACACION EN LA RESOLUCION: La falta de respeto a la primacía de las disposiciones constitucionales agravia al estado, porque es la jurisdicción contenciosa administrativa donde debe dilucidarse este conflicto jurídico. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer este vicio en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada.”.- 7. Que el cargo que antecede resulta inestimable por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión cuando se alega la falta de aplicación y la aplicación indebida, modalidades de violación a la ley sustantiva distintas que se deben precisar de manera separada e independendiente; b) el artículo 256 de la Constitución de la república señalado como normas sustantiva infringida carece de esa calidad.- 8. Por las razones antes expuestas, es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 593-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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