Sentencia CL-591-17 — Registro 8653
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los demandantes en cuanto a que se reintegre al puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sean reintegrados en sus puestos de trabajo, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, la terminación de la relación laboral existente entre las partes no se produjo con causa justificada, ni legal; además es oportuno señalar, que las contrataciones que puede celebrar la administración pública están limitadas a prestación de servicios profesionales o técnicos, conforme así lo dispone la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (artículo 3 literal a).); sin embargo, la relación existente en el presente caso no corresponde a las categorías citadas, ya que son labores de carácter permanente de la institución, que debieron ser iniciadas conforme la Ley de Servicio Civil, mediante la emisión de un acuerdo de nombramiento, lo cual es imputable a la Institución misma, al no haber actuado en la forma establecida, las relaciones laborales o de servicio que están al margen de la Ley de Servicio Civil, deben ser protegidas por la Ley Ordinatria, en el sub judice, bajo la protección del Código del Trabajo, ya que el trabajador no puede quedar sin amparo de la Ley, por lo que le son aplicables las normas y principios que rigen el orden laboral, entre estas el artículo 20 del Código de Trabajo, elementos del Contrato de Trabajo que se existen entre las partes en el caso que nos ocupa y que no puede concluir sino por causa justa y legal, caso contrario es un despido arbitrario."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) en la explicación, hace referencia a normativa no indicada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 43 del Código Civil, 1.5 y 2 de la Ley de Servicio Civil y 20 y 47 del Código del Trabajo; y, c) formula alegaciones propias de instancia.
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de febrero del 2018, por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores DEYNI NEHEMÍAS RIVAS PÉREZ y JOSÉ ROBERTO SALGADO VELÁSQUEZ, representada en juicio por la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para la reinstalación en los puestos de trabajo y restitución a las funciones, en virtud de haber sido suspendidos de las mismas y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, en represalias por haber interpuesto una acción judicial para que se declare la permanencia en las labores, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de junio del 2014, por los señores los señores DEYNI NEHEMÍAS RIVAS PÉREZ casado, Ingeniero en Sistemas Computacionales y JOSÉ ROBERTO SALGADO VELÁSQUEZ, soltero, Licenciado en Informativa Administrativa; ambos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de septiembre del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 20 de junio del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida el Abogado DEYNI NEHEMÍAS RIVAS PÉREZ y ROBERTO SALGADO VELÁSQUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a que se Reintegre al puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sean reintegrados en sus puestos de trabajo; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a Reintegrar a los señores DEYNI NEHEMÍAS RIVAS PÉREZ y ROBERTO SALGADO VELÁSQUEZ, y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sean reintegrados en sus puestos de trabajo; III) Declarando SIN LUGAR las COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron a laborar para la Secretaria bajo la figura de contratos así: Deyni Nehemías Rivas Pérez, el 20 de septiembre del 2011, como Administrador de Redes en Infotecnología, devengaba un salario mensual de L. 9,000.00; y José Roberto Salgado Velásquez, el 01 de noviembre del 2008, desempeñándose en el puesto de Asistente Técnico, en el sistema de información Nacional del Ambiente, devengaba un salario de L. 9,500.00, que el último contrato con vigencia hasta el 31 de marzo del 2014; que en fecha 29 de enero del 2014, presentaron demanda judicial para que en se les declarara por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, al amparo de los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, pero como represalias por la acción judicial antes señaladas, la institución demandada después de laborar varios años de manera continua e ininterrumpida, realizando las mismas funciones, no renovó los contratos de trabajo, que además los mismos reunían los 3 elementos de un contrato de trabajo tal como establece el artículo 20 del Código del Trabajo; que al no llegar a un acuerdo agotaron la vía administrativa ante la Secretaría del Trabajo el 09 de mayo del 2014.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la parte demandada, alegando en su defensa que nunca existió una relación de trabajo, ya que la relación entre las partes se encontraba enmarcada en Contratos Administrativos de Servicios Profesionales, y que también las partes acordaron que para dirimir las controversias que surgieran de la aplicación del contrato las partes se someterían a los Tribunales de lo Contenciosos Administrativo y en virtud de lo que establece el art. 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual no existió ninguna obligación laboral entre las partes, y que además los demandantes aceptaron sin objeción alguna los términos de los contratos suscritos.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de junio del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por los señores DEYNI NEHEMÍAS RIVAS PÉREZ y JOSÉ ROBERTO SALGADO VELÁSQUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ANERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE); en cuanto a que se reintegre al puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sean reintegrados en sus puestos de trabajo; en consecuencia, condenó a la parte demandada, a reintegrar a los señores DEYNI NEHEMÍAS RIVAS PÉREZ y ROBERTO SALGADO VELÁSQUEZ, y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sean reintegrados en sus puestos de trabajo, sin costas; bajo el criterio que efectivamente se trataba de una relación laboral en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma los demandantes firmaron varios contratos de trabajo para realizar las mismas funciones; que en consonancia con lo antes relacionado los demandantes solicitan el reintegro al puesto de trabajo por considerar que el despido del cual fueron objeto es ilegal e injusto; lo que llama la atención a esta operadora de justicia, es que de la revisión de las diligencias no se encuentra documento que acredite que el despido del cual fueron objeto los demandantes este apegado a derecho, lo que conlleva declarar con lugar esta pre tensión, acarreando con ello el reintegro al puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva del despido hasta que sean reintegrados en sus puestos de trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 08 de septiembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del estudio de los hechos y derechos; así como los medios de prueba acreditados en el juicio este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación está apegado a derecho y procede su confirmatoria, convencimiento que fundamentó en que demandantes con los medios de prueba que hicieron llegar al juicio, probaron la relación de trabajo que existió entre empleador y trabajadores, también quedó probada que todas fueron contratados por medio de contratos por tiempo indeterminado pero la sucesiva y continuas contrataciones, determina que hubo una continuidad en el servicio, en actividades de naturaleza permanente, con lo que se materializa la existencia de los elementos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo y que en relación a los artículos 47 y 52 de este mismo ordenamiento Legal hace evidente la existencia de una relación laboral por tiempo indeterminado o indefinido; que el empleador al ponerle fin a la relación laboral sin sustento de causa legal establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo violenta el derecho de las trabajadoras y las garantías constitucionales contenida en el artículo 129 de esta Carta Magna; y que la parte demandada con sus medios de prueba no justificó el despido ilegal que fue objeto el demandante.- 5.- Mediante auto de fecha 28 de noviembre del 2017, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 20 de febrero del 2018, compareció ante este tribunal, la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de agosto del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogado MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta incurriendo en error de hecho al apreciar erróneamente un medio de prueba documental publico admitido, misma que aparece manifiesta en autos; lo cual, llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo la prueba erróneamente apreciada de la siguiente manera: documental consistente en contratos de servicios profesionales celebrados entre los señores NEYNI DEHEMIAS RIVAS PÉREZ Y ROBERTO SALGADO VELÁSQUEZ y mi representado el Estado de Honduras, (ver folios 152 al 265 primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. En dicho medio de prueba se puede constatar: “cláusula LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado desacertadamente por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental singularizado, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En ese sentido, resulta cierto que el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, para formar su libre convencimiento; pero esto no impide de manera alguna la obligación de efectuar tal apreciación de las pruebas en su conjunto, como una obligación insoslayable. Apreciación que debe ser acertada y completa. Así las cosas, la corte recurrida al valorar este medio de prueba erróneamente, de hecho, arriba a la conclusión que se colige de tal documento la existencia de un contrato de trabajo de naturaleza laboral; el cual deriva en una relación de trabajo por tiempo indeterminado (específicamente en su considerando 6). Tal aseveración es contrario al documento singularizado, puesto que ambas partes reconocen la naturaleza NO LABORAL de la prestación de servicios profesionales brindada por los contratados. Así las cosas, la interpretación correcta de tal documento tendría que orientarse en el sentido de otorgar naturaleza distinta a la laboral a tal prestación de servicios; pues existe una separación constitucional del fuero de trabajo regulado en el Código del Trabajo y el regulado en lo Contencioso Administrativo. En el primero se regula la relación empresa privada y trabajador, en tanto en el segundo caben las relaciones laborales entre el servidor público y el estado. Esta esta distinción tampoco escapa de regulación en el Código del Trabajo, donde se prevé que los empleados públicos nacionales departamentales y municipales se exceptúan de la naturaleza pública de las disposiciones de este Código; sin soslayar, que tales relaciones las reconoce como regidas por la Ley de Servicio Civil. Asimismo el Aquuo y Adquem reconoce derechos que no les corresponden a su jurisdicción en virtud de que a folio del 275 al 278 se logro acreditar que el demandante JOSÉ ROBERTO SALGADO VELÁSQUEZ estaba bajo el Régimen de Servicio Civil bajo el cargo de OFICILA DE TRANSPORTACIÓN II (DOS), y que posteriormente pasa a la modalidad de Contrato específicamente el 01 de septiembre de 2010, por lo que no es competente para reconocer el inicio de la relación laboral en fecha 3 de noviembre de 2008, en virtud de que como se logro acreditar en esa fecha estaba bajo la modalidad de Acuerdo. En el caso en particular, si se hubiera apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado -mismo que resulta decisivo para la decisión tomada- hubiera el fallador dado por establecido en forma indubitable, que NO EXISTE relación laboral entre los demandantes y el Estado de Honduras. A consecuencia de todo lo anterior, la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen. Lo anterior, porque el Estado en la presente causa no está obligado a probar una justa causa de despido, muchos menos a pagar las indemnizaciones impuestas en la sentencia recurrida. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN: Indudablemente esto agravia al estado porque al apreciarse correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba singularizado, decisivo para el fallo tomado, se tuvo que concluir que NO EXISTE relación laboral entre los demandantes y el Estado de Honduras; por ende no le son obligatorias las indemnizaciones a las cuales fue condenado a pagar. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer este vicio en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada.”.- III. Que la Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, la terminación de la relación laboral existente entre las partes no se produjo con causa justificada, ni legal; además es oportuno señalar, que las contrataciones que puede celebrar la administración pública están limitadas a prestación de servicios profesionales o técnicos, conforme así lo dispone la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (artículo 3 literal a).); sin embargo, la relación existente en el presente caso no corresponde a las categorías citadas, ya que son labores de carácter permanente de la institución, que debieron ser iniciadas conforme la Ley de Servicio Civil, mediante la emisión de un acuerdo de nombramiento, lo cual es imputable a la Institución misma, al no haber actuado en la forma establecida, las relaciones laborales o de servicio que están al margen de la Ley de Servicio Civil, deben ser protegidas por la Ley Ordinatria, en el sub judice, bajo la protección del Código del Trabajo, ya que el trabajador no puede quedar sin amparo de la Ley, por lo que le son aplicables las normas y principios que rigen el orden laboral, entre estas el artículo 20 del Código de Trabajo, elementos del Contrato de Trabajo que se existen entre las partes en el caso que nos ocupa y que no puede concluir sino por causa justa y legal, caso contrario es un despido arbitrario.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Infracción directa por falta de aplicación del artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo, en relación a los artículos del 321,322,323 y 324 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas; sin embargo claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” (entre otras) las entidades públicas. En ese sentido es claro que las mencionadas en el párrafo primero y descrito en su numeral 2° no le son aplicables las normas del Código del Trabajo en primer lugar por estar Vigente la Ley de Servicio Civil, por ende a mi representada, porque está dentro de las exceptuadas por ser una entidad pública con otra jurisdicción; dicho de otra forma, están exentas de su aplicación por estar reguladas en una ley especial posterior al Código del Trabajo a los hechos de la demanda. Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos. “Los empleados públicos nacionales,, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, Decreto ejecutivo o Acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan “. Naturalmente, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1968), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1968 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. En tanto, la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público “, “Oficial Gubernamental o “servidor público “, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. En este sentido, el sentenciador declara la existencia de una relación continua por la suscripción de varios contratos de trabajo, lo cual es nulo por inaplicable al caso de la vigencia de la Ley jurisdiccional de los servidor o empleado público consecuentemente la permanencia en los puestos por parte del demandante; resulta nulo aplicarlo porque no es trabajador privado sino público lo anterior hace que se reconozca la categoría de empleado público para los demandantes, lo cual es contradictorio pues los considerados como tales, tienen una relación laboral privada y la ocurrida está regida por La ley de Servicio Civil. A partir de todo lo anterior, queda claro que el sentenciador dejo sin aplicación lo establecido en el artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo, con la aplicación indebida que hace de los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN: Indudablemente esto agravia al estado porque no es la jurisdicción laboral donde debe dilucidarse este conflicto jurídico SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer este vicio en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) en la explicación, hace referencia a normativa no indicada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 43 del Código Civil, 1.5 y 2 de la Ley de Servicio Civil y 20 y 47 del Código del Trabajo; y, c) formula alegaciones propias de instancia.- VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Falta de aplicación del artículo 256 de la Constitución de la República, con aplicación laboral en el artículo 2.2 del Código del trabajo; aplicando indebidamente el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Este artículo 256 de la Constitución hondureña, crea la separación de fuero laboral regulado en el Código del Trabajo, diferenciándolo de las funciones públicas como empleado del estado, cuya relación se regula en la jurisdicción Contencioso Administrativo. Esta norma por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria y crea el régimen de Servicio Civil regulando las relaciones entre empleo y función pública. De lo cual, resulta claro que el Código del Trabajo irradia a la relación empresa privada-empleado, porque es propio de esa jurisdicción; pero resulta impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Por tanto mi representada no estaba obligada al momento de poner fin a la relación laboral, a probar una justa causa de despido, como erróneamente la corte sentenciadora lo establece en su sentencia. En adición a lo anterior, el artículo 2 del Código del Trabajo numeral 2 exceptúa las relaciones entre Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, quienes se regirán por las leyes de Servicio Civil que se expidan. Por ende, no correspondía aplicar las disposiciones del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo en contra de mi representado, pues este no está obligado a pagar tales indemnizaciones; coligiéndose una indebida aplicación de tal norma. En este sentido el Ad-Quem, desconoce el derecho administrativo y las Disposiciones Presupuestarias que regulan la Administración Centralizada y los entes desconcentrados del Estado en su normativa presupuestaria, no se puede aplicar disposiciones generales que contienen definiciones y conceptos de índole meramente laboral. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN: La falta de respeto a la primacía de las disposiciones constitucionales agravia al estado, porque es la jurisdicción contenciosa administrativa donde debe dilucidarse este conflicto jurídico. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer este vicio en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) alega “Falta de aplicación del artículo 256 de la Constitución de la República, con aplicación laboral en el artículo 2.2 del Código del trabajo; aplicando indebidamente el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo” siendo dos formas distintas de violación de la Ley que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) formula alegatos de instancia.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 591-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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