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Sentencia CL-522-16 — Registro 7671

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el demandante bajo el criterio que las notas de despido no contienen causal alguna establecida en el Código del Trabajo, por lo cual se concede las peticiones expuestas se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: se omite los requisitos que debe contener la demanda de casación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) del Código del trabajo, por lo que este Tribunal se ve en la imposibilidad de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo expresado por el Recurrente en un extenso e inoportuno alegato de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de junio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha diez de enero del dos mil diecisiete, por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y A,BIENTE (SERNA), hoy conocida como SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE) como recurrente; además, es parte recurrida, los señores FRANKLIN ARIEL AGUILAR NAVAS Y JAVIER ANTONIO RIVERA PONCE, representado en juicio por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA. OBJETO DEL PROCESO Demanda ordinaria laboral para la declaración de nulidad de una simulación de contrato, reconocimiento de una relación laboral permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, daños y perjuicios los salarios dejados de percibir más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, por los señores FRANKLIN ARIEL AGUILAR NAVAS Y JAVIER ANTONIO RIVERA PONCE, mayores de edad, hondureños y de este domicilio; contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y A,BIENTE (SERNA), hoy conocida como SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE) por medio del Procurador General de la Republica, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fechad veintisiete de junio del dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por FRANKLIN ARIEL AGUILAR NAVAS Y JAVIER ANTONIO RIVERA PONCE, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a declarar la relación de trabajo de forma permanente y al pago de los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, más los Salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme la sentencia condenatoria; en consecuencia; II) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago por la cantidad de DOSCIENTOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL STECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 146,763.85) desglosados de la siguiente forma: al señor FRANKLIN ARIEL AGUILAR NAVAS a pagar la cantidad de : L 70,043.34 por los siguientes conceptos: preaviso L.17,061.44, auxilio de cesantía L. 25,592.16, auxilio de cesantía proporcional L. 7,416.11, Vacaciones L. 7,677.72, Vacaciones proporcionales L. 4,945.02; décimo tercer mes proporcional L. 1,847.47 y décimo cuarto mes proporcional L. 5,503.42; para el señor JAVIER ANTONIO RIVERA PONCE a pagar la cantidad de L.76,7200.51 por los siguientes conceptos: preaviso L.18,666.68, auxilio de cesantía L. 28,000.02, auxilio de cesantía proporcional L. 8,166.64, Vacaciones L. 8,399.97, Vacaciones proporcionales L. 5,444.43; décimo tercer mes proporcional L. 2,021.36 y décimo cuarto mes proporcional L. 6,021.41, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que quede firme la sentencia condenatoria. III) SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que iniciaron su relación laboral de la siguiente manera: FRANKLIN ARIEL AGUILAR NAVAS, el diecinueve de marzo de dos mil diez, Inspector de Bienes y JAVIER ANTONIO RIVERA PONCE, el diecisiete de mayo de dos mil diez, como Asistente de Hidromensor, realizaron funciones de manera práctica, continua e ininterrumpida, manifestándoles en fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, que el contrato de servicios profesional no sería renovado sin justificación alguna, violentándole los derechos a los trabajadores por la simulación de contrato ya que se dieron los elementos esenciales de una relación laboral, por lo cual acudieron a las oficinas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, para llegar a un acuerdo conciliatorio y el cual no se llevó a cabo, finalizando así el trámite administrativo y continuando con el proceso correspondiente .- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que una vez que llegara la fecha pactada de la finalización del contrato podía renovarlo o no, no existiendo obligación por parte del estado, ya que no se infringió el ordenamiento jurídico ni se le vulneraron los derechos a los trabajadores, equivocando los mismos la vía de petición a su demanda, invocando para favorecer su pretensión aspectos subjetivos improcedentes al caso concreto.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito; condenando al Estado de Honduras, al pago de la cantidad de L. 246,763.85, por los derechos laborales más los salarios dejados de percibir hasta que quede firme la presente demanda, sin costas; bajo el criterio que las notas de despido no contienen causal alguna establecida en el Código del Trabajo, por lo cual se concede las peticiones expuestas.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que se probó que laboraban por tiempo determinado pero en forma continua y para la misma clase de trabajo y dado que los contratos de nombramiento se establece fecha de inicio y finalización, sin embargo la relación no puede ser tomada por tiempo determinado, ya que el cargo que desempeñaban son de carácter permanente ya que las funciones se siguen realizando sin estar los demandantes por lo cual no eran temporales.- 5. Mediante auto de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diez de enero de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de la misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ , en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria a la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por falta de aplicación del Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo. El Artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas y claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” entre las cuales vale decir que a las estas entidades públicas, a las que se refiere el mencionado párrafo primero y descritas en su numeral 2º no le son aplicables porque están exceptuadas o si se quiere exentas de su aplicación. Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos de dicho numeral. “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”. A manera de respetuosa ilustración respetuosa, citare a continuación algunas normas jurídicas que conceptualmente definen lo que debe entenderse por empleado público y la evolución de dicho termino; bajo el entendido, que su carácter extra-laboral impide la violación de las mismas. En ese sentido, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1988), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1988 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII Artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. En ese orden de ideas, La “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público”, “Oficial Gubernamental o “servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. Así las cosas, cuando la Corte de Apelaciones determina en el considerando cuarto, que laboraron por tiempo determinado pero de forma continua que si bien es cierto los contratos establece una fecha de inicio y una fecha de finalización, sin embargo la relación laboral no puede ser considerada por el Tribunal como una relación laboral por tiempo determinado; se encuentra en pugna con el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, ya que la relación laboral entre un empleado público, como lo era la demandante y el estado a través de sus diferentes Secretarias, no corresponde al fuero laboral; por ende no le son aplicables las normas del Código del Trabajo. En ese sentido el A-quo establece bien el hecho básico en litigio, pero no hace aplicación de la norma que era pertinente, la cual hemos supra-establecido, olvidando que el texto constitucional y le ley de servicio civil, disponen una jurisdicción distinta para estos conflictos (para respetuosa ilustración artículo 256 Constitucional y 1 de la ley de Servicio Civil”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: se omite los requisitos que debe contener la demanda de casación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) del Código del trabajo, por lo que este Tribunal se ve en la imposibilidad de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo expresado por el Recurrente en un extenso e inoportuno alegato de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo en relación con el artículo 2° numeral 2° en sus dos párrafos, de este mismo Código insultando el Artículo 256 de la Constitución de la República. Este Artículo 256 de la Constitución, que por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria y debe respetarse absolutamente; así, en este asunto en casación, lo es igualmente respetable y aún más, cuando la sentencia se basa en un Criterio establecido en un taller sustituyendo las atribuciones del Congreso Nacional y no en una ley aprobada por el Congreso Nacional. Este Criterio podría aplicarse a los casos de la empresa privada-empleado, porque es propio de esta jurisdicción apoyada en el Artículo 47 del Código del Trabajo pero impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Al margen de todo anteriormente alegado, y sin que se pueda tomar como aceptación alguna por parte nuestra, la demanda debió presentarse ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, aun cuando la Circular haya unificado el criterio nulo, por su naturaleza, por no ser ley y sin que haya sido publicado en La Gaceta hace inaplicable”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que al igual que el motivo anterior se omite los requisitos que debe contener la demanda de casación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) del Código del Trabajo, por lo que este Tribunal se ve en la imposibilidad de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo expresado por el Recurrente en un extenso e inoportuno alegato de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días de mes de julio del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 522-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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