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Sentencia CL-463-16 — Registro 8043

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para la reinstalación al puesto de trabajo y restitución de las funciones, en virtud de haber sido suspendida en la misma y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, en represalia por haber interpuesto una acción judicial para que declare la permanencia a las labores, pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo como norma sustantiva violada, pero la misma no tiene ese carácter conforme lo requerido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue; b) omitió indicar el precepto autorizante; y, c) en su explicación alude a otras disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 256 de la Constitución de la República, 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y 1 numeral 5) y 2 de la Ley de Servicio Civil; además, formula alegatos propios de instancia y se refiere a una cuestión que fuera decidida oportunamente, con el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

" Que la Sala Constitucional ha venido sosteniendo que: “los contratos de servicios profesionales, presentan inter alia, las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 28 de noviembre del 2016, por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, SUSANA ELIZABETH CASTRO AVILA, representado en juicio por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para la reinstalación al puesto de trabajo y restitución de las funciones, en virtud de haber sido suspendida en la misma y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, en represalia por haber interpuesto una acción judicial para que declare la permanencia a las labores, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 03 de marzo del 2015 por la señora SUSANA ELIZABETH CASTRO AVILA, mayor de edad, soltera, estudiante universitaria, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), hoy conocida como SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), por medio del Procurador General de la República en ese entonces, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 02 de agosto de 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 25 de mayo del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el Defecto Material de Prescripción, opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA LA REINSTALACION EN SU PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION A SUS FUNCIONES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; instaurada por la Señora SUSANA ELIZABETH CASTRO AVILA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. III.- CONDENAR: EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora SUSANA ELIZABETH CASTRO AVILA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia. b) Asimismo a pagarle a la Señora SUSANA ELIZABETH CASTRO AVILA la suma DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 10,520.95); por los siguientes conceptos: Vacaciones 2012; Lps. 2,843.50 Vacaciones 2013 Lps. 3,412.20 y 2014 LP5. 4,265.25; IV. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por la Señora SUSANA ELIZABETH CASTRO AVILA para el pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de los años 2012-2013 y 2014; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; ABSUELVE: EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA de pagar a la Señora SUSANA ELIZABETH CASTRO AVILA dichos conceptos. V.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), bajo la figura de contratos desde el 21 de septiembre del 2011, desempeñándose en el puesto de Conserje en la Unidad de Transparencia con un salario mensual de L.7,312.04, siendo el último contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2014; manifestó además que el 07 de febrero del año 2014 presentó demanda ante el Juzgado correspondiente para que se declarara por tiempo indefinido la relación laboral originada de varios contratos continuos e ininterrumpidos, demanda que se registra bajo el número 128-14 y que a consecuencia de la acción incoada la demandada no le renovó el contrato después de haber laborado por varios años de manera continua e ininterrumpida, realizando las mismas funciones, aduciendo que le asiste el derecho a la permanencia por la continuidad de los contratos, por lo que procedió agotar el trámite administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social; además argumentó que le asiste el derecho reclamado porque la acción judicial fue incoada ante el Juzgado con antelación a la finalización de los contratos, haciendo referencia al artículo 47 del Código del Trabajo en relación al artículo 52, alegó además que los contratos reúnen los tres elementos tal como lo establece el artículo 20 del Código del Trabajo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, en vista de que la relación de trabajo de la demandante fue mediante Contratos Administrativos de Servicios Personales, enmarcados en los Contratos Administrativos de Apoyo, no permanentes, estableciéndose en la cláusula décima sobre las leyes aplicables que “las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y a lo expresamente pactado en el mismo”; por otro lado manifiesta que en el contrato las partes acordaron “para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo”; que entre las partes no existió ninguna obligación laboral, ya que la relación fue meramente de carácter administrativo y que además será competente para conocer del asunto el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; asimismo alegó que la demandante tiene incoada una demanda en el mismo juzgado registrada bajo el número 128-14 y que sobre el mismo asunto se encuentra también la demanda registrada bajo el número 302-2015 y sustentada en la normativa de los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, y que al no haberse dictado sentencia definitiva todavía se encuentra pendiente el reconocimiento del derecho subjetivo que reclama con la pretensión de la reinstalación al puesto de trabajo y restitución de funciones; que en la audiencia de primera de trámite la parte demandada interpuso Defecto Material de Prescripción basado en que todos los contratos celebrados fueron firmados a término e independientes uno del otro, y que la demandante tenía el término de dos meses por cada contrato de trabajo firmado y consentido para realizar el reclamo respectivo y no lo hizo, por lo que no le asiste el derecho para reclamar. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de mayo del 2016, dictó sentencia declarando sin lugar el defecto material de prescripción; declaró con lugar la demanda; condenó a la parte demandada a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo, al pago de salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos, así como al pago de L.10,520.95 en concepto de vacaciones de los años 2012, 2013 y 2014, y declaró sin lugar el pago de decimotercer y decimocuarto mes de salario de los años 2012, 2013 y 2014, sin costas; bajo el criterio que la demandante antes de haber transcurrido un año celebró contratos de trabajo con la misma institución demandada y para la misma clase de trabajo y que por la continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido, por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente, además la parte demandada no le señala una causa justa al momento de terminación de la relación laboral; en cuanto al defecto material de prescripción quedó acreditado en autos que la demandante agotó el trámite administrativo y que la presentación de la demanda lo hizo dentro del término que señala el artículo 867 del Código del Trabajo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 02 de agosto del 2016, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que los contratos suscritos entre las partes se iniciaron mediante contrato de prestación de servicios profesionales, habiendo una renovación o suscripción de posteriores contratos, por lo que no puede determinarse que la referida contratación es de una empleada temporal y que el puesto que ocupaba las actividades a desarrollar son permanentes, por lo que debe de gozar de todos los derechos que tiene un empleado permanente, tal como lo determina el Código del Trabajo, que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios . 5.- Mediante auto de fecha 13 de octubre 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 28 de noviembre del 2016, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de febrero del 2017, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria a la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por falta de aplicación del Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo. El Artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas y claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” entre las cuales vale decir que a las estas entidades públicas, a las que se refiere el mencionado párrafo primero y descritas en su numeral 2° no le son aplicables porque están exceptuadas o si se quiere exentas de su aplicación. Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos de dicho numeral. “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”. A manera de respetuosa ilustración respetuosa, citare a continuación algunas normas jurídicas que conceptualmente definen lo que debe entenderse por empleado público y la evolución de dicho termino; bajo el entendido, que su carácter extra-laboral impide la violación de las mismas. En ese sentido, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1988), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1988 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII Artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. En ese orden de ideas, La “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público”, “Oficial Gubernamental o “servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. Así las cosas, cuando la Corte de Apelaciones determina en el argumento segundo del considerando cuarto, que la renovación o suscripción posteriores contratos de servicios profesionales, no puede considerarse como la contratación de una empleada temporal; se encuentra en pugna con el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, ya que la relación laboral entre un empleado público, como lo era la demandante y el estado a través de sus diferentes secretarias, no corresponde al fuero laboral; por ende no le son aplicables las normas del Código del Trabajo. En ese sentido el A-quo establece bien el hecho básico en litigio, pero no hace aplicación de la norma que era pertinente, la cual hemos supra-establecido, olvidando que el texto constitucional y le ley de servicio civil, disponen una jurisdicción distinta para estos conflictos (para respetuosa ilustración artículo 256 Constitucional y 1 de la ley de Servicio Civil.”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo como norma sustantiva violada, pero la misma no tiene ese carácter conforme lo requerido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue; b) omitió indicar el precepto autorizante; y, c) en su explicación alude a otras disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 256 de la Constitución de la República, 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y 1 numeral 5) y 2 de la Ley de Servicio Civil; además, formula alegatos propios de instancia y se refiere a una cuestión que fuera decidida oportunamente, con el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción. IV. Que la Sala Constitucional ha venido sosteniendo que: “los contratos de servicios profesionales, presentan inter alia, las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.”[2]. V.- Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días de mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 463-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

[1] Artículo 128 Constitucional

[2] Sentencias Sala de lo Constitucional del 19 de octubre del 2016, expedientes AL 774-14, AL 726-15 1134-15