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Sentencia CL-435-16 — Registro 7315

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se haga efectivo el reintegro a un puesto de trabajo, por lo menos en iguales o mejores condiciones al reconocimiento de la permanencia en el puesto de trabajo a la permanencia en su puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) no señala la causal de casación, limitándose a manifestar falta de aplicación de un artículo en particular, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 765 del Código de Trabajo; b) señala como aparentemente infringido el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, el cual no es norma de carácter sustantivo; siendo necesario recordar al recurrente que son normas laborales de carácter sustantivo aquellas que establecen derechos y obligaciones recíprocos o bien las que las extinguen; c) no señala el concepto de la infracción; y, d) no señala el precepto autorizante"

Jerarquía: Reiterativa

"El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) no señala la causal de casación, limitándose a manifestar falta de aplicación de un artículo en particular, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 765 del Código de Trabajo; b) señala como aparentemente infringido el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, el cual no es norma de carácter sustantivo; siendo necesario recordar al recurrente que son normas laborales de carácter sustantivo aquellas que establecen derechos y obligaciones recíprocos o bien las que las extinguen; c) no señala el concepto de la infracción; y, d) no señala el precepto autorizante"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 1 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) al igual que el primero motivo de casación, no señala la causal de casación, limitándose a manifestar falta de aplicación de un artículo en particular, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 765 del Código de Trabajo; b) no señala el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado; c) el artículo 1348 del Código Civil citado por la recurrente, no es de índole laboral; d) no señala el concepto de la infracción; y, e) no señala el precepto autorizante"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) No señala la causal de casación, limitándose a manifestar falta de aplicación de un artículo en particular, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 765 del Código de Trabajo; b) señala como aparentemente infringido el artículo 47 del Código de Trabajo, el cual no es norma de carácter sustantivo; c) no señala el concepto de la infracción; y, d) no señala el precepto autorizante."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veinticinco de octubre del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, HECTOR FERNANDO SANCHEZ CRUZ, representado(a) en juicio por el Abogado NICOLAS VALLE MALDONADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se haga efectivo el reintegro a un puesto de trabajo, por lo menos en iguales o mejores condiciones al reconocimiento de la permanencia en el puesto de trabajo a la permanencia en su puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo hasta que con arreglo a derecho quede reintegrado a su puesto de trabajo, más los aumentos y demás beneficios que se produzcan en su ausencia se condene en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil catorce por las Abogadas FANNY AMALIA SANCHEZ PINEDA y TULA HERNANDEZ en su condición de Apoderadas legales del señor HECTOR FERNANDO SANCHEZ CRUZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, por medio de la Procuraduría General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, quien es mayor de edad, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha seis de mayo del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE SE HAGA EFECTIVO EL REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO, POR LO MENOS EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES. AL RECNOCIMIENTO DE LA PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO HASTA QUE CON ARREGLO A DERECHO QUEDE REINTEGRADO A SU PUESTO DE TRABAJO, MAS LOS AUMENTOS Y DEMAS BENEFICIOS QUE SE PRODUZCAN EN SU AUSENCIA Instaurada por el señor HECTOR FERNANDO SANCHEZ CRUZ Contra EL ESTADO DE HONDURAS; contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS; representada por la Procuraduría General de la República; a través, del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. II. CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS; a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS; representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A: 1. REINTEGRAR a su puesto de trabajo al señor HECTOR FERNANDO SANCHEZ CRUZ por lo menos en las mismas condiciones a las que se tenía al momento de operarse el despido. 2. El reconocimiento del pago de los Salarios Dejados de Percibir y demás derechos que se le adeuden o se hayan generado desde el día que se operó el despido hasta el reintegro a título de indemnización por daños y perjuicios. 3.- A que se tenga la relación laboral del señor HECTOR FERNANDO SANCHEZ CRUZ como permanente desde el inicio de la relación laboral es decir el 01 de octubre de 2009; III.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que el demandante comenzó a laborar con la demandada desde el 01 de octubre del año 2009, de manera continua e ininterrumpida por medio de contrato de trabajo, los que denominaron contratos de servicios profesionales, por lo que contaba con una antigüedad de 4 años, desempeñándose en el cargo de Motorista en la Dirección Evaluación y Control Ambiental, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, bajo la continua subordinación y dependencia de su jefe inmediato la señora KARINA GUTIERREZ, por lo que devengaba un salario mensual de L.9,000.00. A pesar de laborar sin problemas a esta fecha, sin causa justificada y sin explicación alguna se dio por terminada la relación laboral de manera unilateral por el patrono, sin darle ninguna explicación únicamente se le entrego una nota de despido de fecha 28 de febrero de 2014, en la cual no se le especificó el motivo de la sanción desproporcional impuesta y por lo cual no seguiría laborando para dicha institución.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se rechaza totalmente la pretensión de los demandantes, ya que nunca ha existido una relación de trabajo entre las partes, ya que la relación entre ellos se encontraba enmarcada en Contratos Administrativos de Servicios Profesionales, en los cuales claramente se estableció en su cláusula décima sobre las leyes aplicables que: las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este Contrato, está regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y a lo expresamente pactado en el mismo. Asimismo en dicho contrato las partes acordaron lo siguiente: para dirimir las controversias que surja de la aplicación de este Contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y en virtud de lo que establece el art. 3 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá también de a) Las cuestiones referentes al cumplimiento interpretación, resolución rescisión y efectos de los contratos regulados por la ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado por la Municipalidad y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los Poderes del Estado... Razón por la que no existe ninguna obligación laboral para la demandada, ya que su relación es meramente de carácter administrativo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de mayo del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por las Abogadas FANNY AMALIA SANCHEZ PINEDA y TULA HERNANDEZ en su condición de Apoderadas legales del señor HECTOR FERNANDO SANCHEZ CRUZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS; bajo el criterio que si bien es cierto la parte demandada justifica la terminación laboral en la finalización del contrato Administrativo de servicios profesionales, la actora logró acreditar en juicio que el cargo de motorista es de naturaleza permanente en la Institución demandada, asimismo probo la continuidad laboral al haber ejercido las mismas funciones durante más de 4 años, por lo que el contrato de servicios profesionales fue desnaturalizado en su esencia, constatándose la existencia de los requisitos para la existencia de contrato de trabajo, tales como actividad personal, subordinación y salario, asimismo la defensa al no proponer medios probatorios no logró acreditar el carácter administrativo de la contratación y la temporalidad del mismo, por ende el acto de privar al demandante de continuar laborando para la Institución constituye un acto unilateral del empleador, configurándose el despido alegado. Que con base a lo antes expuesto se entiende que la causa señalada al demandante en cuanto a la terminación del contrato se encuentra viciada de NULIDAD, al haberse determinado el carácter indefinido de la relación laboral, siendo que el vencimiento del contrato no se encuentra de conformidad a las Justas Causas contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo; Por otra parte le notificaron de su despido sin expresar en forma clara las razones por las cuales fue privado de su derecho a continuar laborando, en consecuencia no se atendió lo establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo, en el que se establece que el despido debe manifestar en forma clara y concreta la causal del despido invocada. Que en la presente Litis la parte actora ha demostrado la ilegalidad del despido denunciado, a su vez la parte demandada no contraprobó la justa causa para dar por terminada la relación laboral sin preaviso y de forma unilateral.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que con las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer, que efectivamente el demandante Héctor Fernando Sánchez Cruz labora desde el 1 de octubre del año 2009, como motorista en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental de la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Ambiente (Serna), laborando por tiempo determinado pero en forma continua y para la misma clase de trabajo y si bien es cierto, en los contratos servicios profesionales celebrados con el demandante se establece fecha de inicio y fecha de finalización; sin embargo, los mismos no pueden ser considerados como contratos de trabajo por tiempo determinado, en primer 1ugar porque el cargo que el demandante desempeñaba era como motorista, labor que es considerada de carácter permanente; en segundo lugar, la parte demandada no acreditó que las funciones que realizaba el demandante, ya no se continúan realizando dentro de la institución demandada parar considerar que el cargo era temporal y siendo que los contratos de trabajo por tiempo determinado tienen el carácter de excepción y solo pueden ser celebrados en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar y conforme lo dispone nuestra Constitución de la República, las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, por lo tanto son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las garantías establecidas a favor de los, trabajadores, entre las que se incluye la estabilidad 1abora1, pues como ya establece la Ley laboral si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste celebrado por tiempo indefinido. Con la prueba documental aportada al proceso, se pudo establecer que se dio por terminada la relación laboral a partir del 28 de febrero del año 2014, según nota de terminación de relación laboral firmada por la Abogada María Eugenia Matute, Sub Gerente de Recursos Humanos; sin embargo, la labor que el demandante realizaba dentro de la institución era continua, razón por la que se le debe de tener como empleado permanente desde que inició su relación laboral y al no invocársele en la terminación de la relación laboral ninguna causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto.- 5. Mediante auto de fecha ocho de septiembre del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinticinco de octubre del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de noviembre del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado NICOLAS VALLE MALDONADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su primer motivo de casación alega lo siguiente: “Violación por falta de aplicación del Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo. El Artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas y claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” entre las cuales vale decir que a las estas entidades públicas, a las que se refiere el mencionado párrafo primero y descritas en su numeral 2° no le son aplicables porque están exceptuadas o si se quiere exentas de su aplicación. Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos.“Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”. Naturalmente, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1988), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1988 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII Artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. La “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público”, “Oficial Gubernamental o “servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designa dos o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.”.- III. El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) no señala la causal de casación, limitándose a manifestar falta de aplicación de un artículo en particular, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 765 del Código de Trabajo; b) señala como aparentemente infringido el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, el cual no es norma de carácter sustantivo; siendo necesario recordar al recurrente que son normas laborales de carácter sustantivo aquellas que establecen derechos y obligaciones recíprocos o bien las que las extinguen; c) no señala el concepto de la infracción; y, d) no señala el precepto autorizante.- IV. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en un segundo motivo de casación expresa lo siguiente: “Violación por falta de aplicación del artículo 1348 del Código Civil.. El artículo 1348 del Código Civil establece que: “Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Son pues “ley” de obligatorio cumplimiento, a menos que una ley promulgada de acuerdo con los Artículos 1° y 5° lo deroguen o reforme. No se puede dejar al arbitrio de las partes la ejecución o la interpretación de los contratos, cualquier desvío de lo pactado da lugar a que la parte contraria obtenga el derecho legítimo de reclamar su cumplimiento, la sentencia ha suplantado estas disposiciones sin tener la altura de una “ley debidamente promulgada” que haya sido sometida al rigor del Artículo 1° del Código Civil y publicada en “La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras”. En el caso que ocupa esta casación, la sentencia del ad quem, ha irrespetado la disposición civil y la ha sustituido por la aplicación de lo conducente en el Oficio “Circular (638) 6 de junio del 2014 emitida por la Sala Laboral-Contenciosa Administrativo, solo corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1. Crear, interpretar, reformar y derogar las leyes; ... 45.Ejercer las demás atribuciones que le señale esta Constitución”. El Congreso Nacional no emite disposiciones de obligatorio cumplimiento por medio de Circulares que dejan sin aplicación leyes vigentes promulgadas en legal forma.”.- V. El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) al igual que el primero motivo de casación, no señala la causal de casación, limitándose a manifestar falta de aplicación de un artículo en particular, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 765 del Código de Trabajo; b) no señala el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado; c) el artículo 1348 del Código Civil citado por la recurrente, no es de índole laboral; d) no señala el concepto de la infracción; y, e) no señala el precepto autorizante.- VI. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en un tercer motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Violación por falta de aplicación de los Artículos 1 y 3 del Código Civil. La sentencia viola toda la institución del orden legislativo nacional propias o exclusivas del Congreso Nacional, al no aplicar en la sentencia impetrada, que se solicita sea casada, los artículos 1° y 3° del Código Civil y los sustituye por criterios que subyacen en los Tribunales de justicia por la orden contenida en la “Circular (638) 6 de junio del 2014 dirigida a: Señores Cortes de Apelaciones del Trabajo a Nivel Nacional, Juzgados de Letras del Trabajo a Nivel Nacional, Juzgados de Letras Seccionales a Nivel Nacional, usuarios del Poder Judicial en Materia Laboral Secretaría GENERAL de la Corte suprema de justicia Circular N°, 1-2014. Oficio N°.866-SCS-J-2014” que contiene las conclusiones de un Taller a la que acudieron los servidores judiciales y emitió la UNIFICACIÓN DE CRITERIOS en general, uno de los cuales es la “UNIFICACIÓN DE CRITERIOS JUDICIALES EN MATERIA LABORAL” (Todo lo resaltado está copiado de la transcripción vista en el folio 140 del TOMO 1 del Expediente 0801-2014-005 72).” .- VII. El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) nuevamente al igual que los dos primeros motivos de casación, no señala la causal de casación, limitándose a manifestar falta de aplicación de un artículo en particular, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 765 del Código de Trabajo; b) no señala el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado; c) los artículos 1 y 3 del Código Civil citado por la recurrente, no son de índole laboral; d) no señala el concepto de la infracción; y, e) no señala el precepto autorizante. Es necesario recordar al recurrente que el motivo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen a la Sala de casación laboral. El cargo ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, pues de lo contrario es inestimable.- VIII. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en un cuarto motivo de casación exterioriza lo siguiente: “Aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo en relación con el artículo 2° numeral 2° en sus dos párrafos, de este mismo Código insultando el Artículo 256 de la Constitución de la República. Este Artículo 256 de la Constitución, que por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria y debe respetarse absolutamente; así, en este asunto en casación, lo es igualmente respetable y aún más, cuando la sentencia se basa en un Criterio establecido en un taller sustituyendo las atribuciones del Congreso Nacional y no en una ley aprobada por el Congreso Nacional. Este Criterio podría aplicarse a los casos de la empresa privada-empleado, porque es propio de esta jurisdicción apoyada en el Artículo 47 del Código del Trabajo pero impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Al margen de todo anteriormente alegado, y sin que se pueda tomar como aceptación alguna por parte nuestra, la demanda debió presentarse ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, aun cuando la Circular haya unificado el criterio nulo, por su naturaleza, por no ser ley y sin que haya sido publicado en La Gaceta hace inaplicable el Artículo 3, Primer Párrafo y numeral 3, letra a).”.- IX. El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) No señala la causal de casación, limitándose a manifestar falta de aplicación de un artículo en particular, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 765 del Código de Trabajo; b) señala como aparentemente infringido el artículo 47 del Código de Trabajo, el cual no es norma de carácter sustantivo; c) no señala el concepto de la infracción; y, d) no señala el precepto autorizante.- X. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión en sus cuatro motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada Maria Fernanda Castro Mendoza. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 435-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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