Sentencia CL-354-16 — Registro 7302
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, décimo cuarto mes proporcional, salarios dejados de percibir, costas del juicio y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “II. Que la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, en su único motivo de casación alega: “Se impugna por ser la sentencia violatoria a Ley sustantiva, por infracción directa de los artículos 47, 52, 113 del Código del Trabajo que regula los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración y de aquellos contratos que transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido…- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el tema de la forma, naturaleza y duración de la contratación celebrada entre las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía; b) el señalamiento de normas infringidas por falta de aplicación, resulta ser impreciso y confuso, ya que las disposiciones contenidas en los artículos 47, 52 y 113 del Código del Trabajo, tienen varios párrafos y la última literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo cual se debió precisar a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo impugnado; además, se aduce la falta de aplicación de normas que fueron efectivamente aplicadas en la decisión judicial recurrida, tal como se aprecia en el fallo de primera instancia, confirmado por el ad-quem, al estimar la procedencia de la acción del demandante; c) en su explicación hace referencia a otra forma de violar la ley, al enunciar la infracción indirecta por error de hecho (apreciación errónea de medios de prueba), lo cual no resulta procedente, ya que en todo caso debió formularla en forma separada, por la independencia de los motivos en este extraordinario recurso; y, d) formula alegatos propios de instancia.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de febrero de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor RODOLFO RODRIGUEZ SAUCEDA, representado en juicio por el Abogado MIGUEL ANGEL VASQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, décimo cuarto mes proporcional, salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo de dos mil quince, por el señor RODOLFO RODRIGUEZ SAUCEDA, mayor de edad, casado, Perito Industrial, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHOS DE SEGURIDAD, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. PAGO DE DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL. LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE MI ULTIMO DIA DE TRABAJO QUE FUE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 HASTA QUE CONFORME A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA; instaurada por el Señor RODOLFO RODRIGUEZ SAUCEDA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. III.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA pagar al señor RODOLFO RODRIGUEZ SAUCEDA, la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL SESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps.78,666.77), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 18,666.68; Auxilio de Cesantía Lps. 56,000.04 y Decimocuarto mes proporcional Lps. 4,000.05; Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. IV.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en fecha 01 de enero de 2009, desempeñándose en el puesto de Carpintero con un sueldo inicial de L.8,000.00 y un sueldo promedio mensual de L.9,333.34 y hasta la fecha del último contrato de trabajo con el mismo sueldo. Resulta que el último contrato de trabajo del demandante finalizó el 31 de diciembre de 2014, el cual no le renovaron el contrato para el año 2015, tal y como se acredita con el Memorando SED-SGRH-670-2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, sin darle al demandante ninguna explicación referente con las prestaciones e indemnizaciones laborales lo cual se considera que es un despido directo en una total violación a las garantías constitucionales, derecho al trabajo, ya que el artículo 47 del Código del Trabajo establece que esos tipos de contratos que por su naturaleza son permanentes y continuos en la empresa; que agotó el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante inició la relación contractual con la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, pero no en la fecha que manifiesta haber iniciado la misma, siendo contrato en el puesto de Carpintero, devengando un salario mensual de L.8,000.00; y en lo relacionado al desempeño de sus labores de manera continua e ininterrumpida es completamente falso ya que los contratos celebrados entre la institución demandada y el demandante tiene intervalo de tiempo entre uno y otro, por tanto no fueron consecutivos. Que mediante memorando SED-SGRH-670-2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, se le notificó al demandante que el contrato de trabajo finalizaba el 31 de diciembre de 2014, ya que al momento de suscribir el contrato antes relacionado se estableció fecha de inicio y fecha de finalización, por lo cual el mismo llegó a su término, según lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo. Todo contrato de prestación de servicios profesionales tiene tiempo de duración y por lo tanto no se le está violentando ningún derecho como el demandante alega, simplemente es una terminación contractual del cual tenía conocimiento al firmar su contrato, por lo que hay una aceptación expresa de las partes, lo que tiene carácter de ley, si el demandante se sentía afectado en su derecho, pudo accionar en contra del contrato tal y como lo establece el artículo 867 del Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral instaurada por el señor Rodolfo Rodríguez Sauceda, contra el Estado de Honduras, condenando al demandado a pagar al demandante la cantidad de L.78,666.77, por los siguientes conceptos: preaviso L.18,666.68; auxilio de cesantía L.56,000.04 y decimocuarto mes proporcional L.4,000.05, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados, sin costas; bajo el criterio que el demandante desde que inició su relación laboral con la institución demandada ha sido continua; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala en el Memorando SEDS-SGRH-670-2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito, asistiéndole el derecho al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales así como al pago de los salarios dejados de percibir. Que la parte demandante en el Acápite Cuantía de la Demanda de su escrito de demanda también solicita el pago de décimo cuarto mes proporcional, el cual procede declarar con lugar el mismo en virtud de no estar acreditado en autos que se le haya hecho efectivo tal derecho.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en el caso en análisis en la nota no es causal que motivó a la demandada a despedir o cancelar al trabajador y sin embargo, el representante procesal de la parte demandada basa su contestación en hechos constitutivos en una causal la finalización de un contrato de servicios profesionales. Que la terminación unilateral del contrato de trabajo puede ser legal o ilegal, según se realice con justa causa o sin ella, con todo un requisito formal es indispensable para que, en el evento de ser materialmente justa la causa y se refrende plenamente la legalidad de la ruptura, es que esa causa sea manifestada por la parte que termina unilateralmente el contrato, en el momento de la terminación del mismo; esta doctrina acogida por el artículo 117 del Código de Trabajo vigente, obedece tanto a la anhelada franqueza y claridad con que el derecho rodea las relaciones contractuales del trabajo, de tal suerte que la parte a quién afecte la decisión de la otra, se dé cuenta desde un principio a qué atenerse y pueda recurrir a los medios adecuados y que considere pertinentes para la protección de su interés jurídico; exactamente lo que ocurrió en el caso de autos, en que la empresa demandada al violentar lo prescrito en el artículo anteriormente citado, convierte el despido en directo, ilegal e injustificado.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos ala recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido ala Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MIGUEL ANGEL VASQUEZ GOMEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, en su único motivo de casación alega: “Se impugna por ser la sentencia violatoria a Ley sustantiva, por infracción directa de los artículos 47, 52, 113 del Código del Trabajo que regula los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración y de aquellos contratos que transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: Son causales de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa. El Juez A-quo en la sentencia proferida condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia sin fundamento alguno, quedando demostrado en el presente juicio que dicha terminación y no renovación del contrato se dio a que el Contrato suscrito por las partes expiro en fecha 31 de Diciembre del 2014, dicha condena no tomo en consideración lo establecido en los medios de prueba aportados al juicio, consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre el demandante y mi representada, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las clausulas novenas de los contratos; al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre el demandante y mi representada era por tiempo indeterminado. VIOLACION INDIRECTA DE LA LEY: ERROR DE HECHO (APRECIACION ERRONEA DE MEDIOS DE PRUEBA.- La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre las partes demandante y mi representada la Secretaría de Estado los Despachos de Seguridad, lo que acredita que dichos contratos son del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que los mismos tenían fecha de inicio y fecha de finalización, por lo cual nunca existió el despido del demandante, sino que sus contratos de servicios profesionales expiro su vigencia. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el Juez A-Quo fue violatoria directa de una ley sustantiva, por infracción directa del artículo 47, 52 y 113 del Código del Trabajo, pues el Juzgador no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio, circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad no solo al pago de prestaciones laborales, sino al pago a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir. Por lo anteriormente expuesto, CAZAR la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento de fecha trece de mayo del dos mil dieciséis, que consecuentemente declara confirmar la sentencia definitiva de fecha diecisiete de marzo del dos mil dieciséis dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, mas décimo cuarto mes, pago de salarios dejados de percibir, sentencia condenatoria, costas, habilitación de días y horas inhábiles, se otorga poder; que fuera promovida por el señor Rodolfo Rodríguez Sauceda contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el tema de la forma, naturaleza y duración de la contratación celebrada entre las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía; b) el señalamiento de normas infringidas por falta de aplicación, resulta ser impreciso y confuso, ya que las disposiciones contenidas en los artículos 47, 52 y 113 del Código del Trabajo, tienen varios párrafos y la última literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo cual se debió precisar a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo impugnado; además, se aduce la falta de aplicación de normas que fueron efectivamente aplicadas en la decisión judicial recurrida, tal como se aprecia en el fallo de primera instancia, confirmado por el ad-quem, al estimar la procedencia de la acción del demandante; c) en su explicación hace referencia a otra forma de violar la ley, al enunciar la infracción indirecta por error de hecho (apreciación errónea de medios de prueba), lo cual no resulta procedente, ya que en todo caso debió formularla en forma separada, por la independencia de los motivos en este extraordinario recurso; y, d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que para fines jurisprudenciales es pertinente citar el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, sobre el tema de los contratos de servicios profesionales y la relación de trabajo, mismo que se comparte: “Que asimismo esta Sala ha sostenido ya, que los contratos de servicios profesionales, presentan inter alia, las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna.- CONSIDERANDO (13): Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1].- CONSIDERANDO (14): Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho…”[2].- V. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de marzo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 354-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Artículo 128 Constitucional
[2] Sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, proferidas el 30 de septiembre de 2016, en expediente amparo laboral número 0694-2015, la del 19 de octubre del 2016, en los expedientes Amparos Laborales números SCO-777-2014 y 0726-2015, la del 23 de junio de 2017, expediente Amparo Laboral número 0447-2015