Sentencia CL-299-17 — Registro 8399
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, señalado como infringido, no ostenta el carácter de ser normas sustantivas laborales del orden nacional, ya que no impone derechos y obligaciones recíprocos para patronos y trabajadores o los extingue y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; b) el tema de la existencia o no de una relación laboral, fue objeto de la controversia y del material probatorio, por lo que el ataque al fallo por la vía directa, no era el adecuado en este recurso extraordinario, dado que la misma solo puede ser en situaciones de hechos aceptados por las partes; y, c) omite el precepto autorizante en que lo considera comprendido."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" El anterior cargo también resulta inadmisible, ya que de nuevo omite señalar el precepto autorizante, cita como infringida por falta de aplicación, una disposición (artículo 1348 del Código Civil) que no tiene el carácter de ser precepto legal sustantivo laboral y otra por aplicación indebida (artículo 113 del Código del Trabajo), la cual si bien ostenta esa condición, la misma contiene varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que debieron ser precisadas a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo recurrido; además, es un defecto invocarlas conjuntamente, ya que siendo dos formas diferentes de infringir la ley, debieron ser expuestas en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El cargo que antecede resulta inadmisible, ya que de nuevo omite señalar el precepto autorizante, cita como infringida por aplicación indebida el artículo 113 del Código del Trabajo, disposición que contiene varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que debieron ser precisadas a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo recurrido"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" Que con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, los señores BRENDA JACKELINE SOTO MARTINEZ, DANIEL FERNANDO ARDON y ALEX REINALDO BAQUIS COREA, representados en juicio por la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de representante procesal de los señores BRENDA JACKELINE SOTO MARTINEZ, soltera; DANIEL FERNANDO ARDON, casado, y ALEX REINALDO BAQUIS COREA, soltero; todos mayores de edad, Peritos Mercantiles y Contadores Públicos, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), hoy SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la proferida en fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA en su condición de Apoderado Legal de los Señores: BRENDA JACKELINE SOTO MARTINEZ, DANIEL FERNANDO ARDON, y ALEX REINALDO BAQUIS COREA, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a que se declare la relación de forma permanente y como consecuencia al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, más los Salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme la sentencia condenatoria; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, A declarar la relación de trabajo de forma permanente y como consecuencia al pago por la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CERO UNO CENTAVOS (L.297,237.01) desglosados así: para BRENDA JASCKELIN SOTO MARTINEZ el pago de por los siguientes conceptos: preaviso L.23,333.32; auxilio de cesantía L.58,333.30; auxilio de cesantía proporcional L.9,722.25; Vacaciones proporcionales L.6,482.80; décimo tercer mes proporcional L. 5,859.94; décimo cuarto mes proporcional L.859.99; haciendo un total de 104,591.60; DANIEL FERNANDO ARDON el pago de por los siguientes conceptos: preaviso L.19,808.32; auxilio de cesantía L.69,329.12; auxilio de cesantía proporcional L.7,263.08; Vacaciones proporcionales L.4,843.15; décimo tercer mes proporcional L. 4,952.15; décimo cuarto mes proporcional L. 707.45, haciendo un total de L.106,903.27 ALEX REINALDO BAQUIS COREA el pago de por los siguientes conceptos: preaviso L.23,333.32; auxilio de cesantía L.46,666.64; auxilio de cesantía proporcional L.5,413.35; Vacaciones proporcionales L.3,608.90; décimo tercer mes proporcional L. 5,859.94; décimo cuarto mes proporcional L. 859.99, haciendo un total de L. 85,742.14; más los Salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme la sentencia condenatoria; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA en su condición de Apoderado Legal de los Señores: BRENDA JACKELINE SOTO MARTINEZ, DANIEL FERNANDO ARDON y ALEX REINALDO BAQUIS COREA contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de vacaciones pendientes, salario adeudado y el pago de reajuste al salario mínimo; IV) ABSUELVE AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto al pago de vacaciones pendientes, salario adeudado, a los señores BRENDA JACKELINE SOTO MARTINEZ, DANIEL FERNANDO ARDON y ALEX REINALDO BAQUIS COREA y el pago de reajuste al salario mínimo para DANIEL FERNANDO ARDON; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION alegada por la parte demandada; VI) SIN COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, de la siguiente forma: Brenda Jackeline Soto Martínez, el 01 de enero de 2009, en el puesto de Coordinadora de Eventos, adscrita a la Gerencia, devengando un salario en los últimos seis meses de L.10,000.00; Daniel Fernando Ardon, el 07 de noviembre de 2017, en el puesto de Guardia de Seguridad devengando un salario en los últimos seis meses de L.7,860.00; y, Alex Reinaldo Baquis Corea, el 15 de febrero del 2011, en el puesto de Asistente Técnico, devengando un salario en los últimos seis meses de L.10,000.00; realizando sus funciones de forma pacífica, continua e ininterrumpida, sin tener ningún tipo de problema en el trabajo, pero se les manifestó en fecha 30 de julio del 2015, a los señores Brenda Jackeline Soto Martínez y Alex Reinaldo Baquis Corea, que los contratos no serían renovados y en el caso del señor Daniel Fernando Ardon, en fecha 30 de junio de 2015 se le dijo que su contrato no iba ser renovado, sino hasta el 16 de julio de 2015 y sin embargo el mismo nunca se le renovó. Durante estuvieron laborando para la demandada, la relación de los demandantes siempre fue por contratos de servicios profesionales, mismos que son contrarios a derecho ya que eran trabajadores de dicha institución, teniendo un horario o jornada de trabajo, jefe inmediato y además un salario mensual, constituyendo los elementos esenciales para que existiera contrato de trabajo, siendo en este caso los contratos que celebraron con dicha Secretaría, en base a lo establecido en los artículos 47 y 20 del Código del Trabajo; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta parcialmente lo manifestado por los demandantes en cuanto se refieren a que mantuvieron con el demandado una relación contractual, enmarcada en Contratos Administrativos de Servicios Personales, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE); que se procedió a notificar a los demandantes la finalización de los contratos por tiempo determinado, en cumplimiento a lo establecido en el ya citado Contrato Administrativo de Servicios Personales que suscribieron, en el cual consta que la fecha de finalización era el 31 de julio del 2015, para los tres demandantes y no el 30 de junio como dice el señor Daniel Fernando Ardon en su caso particular, y que de antemano eran de su conocimiento, cuando estamparon su rúbrica y que lo vinculaban al Estado de Honduras a prestar sus servicios, es importante señalar que los ahora demandantes deben de atenerse a lo estipulado en el artículo 124-C reformado por la Ley para Optimizar la Administración Publica, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno que estipula: “En el caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y condiciones convenidas entre las partes”. Que la modalidad por la que fueron contratados fue consentido y aceptado por los demandantes sin objeción, aunando a lo que instituye el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, que dice: “Los contratos individuales pueden ser por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación”, por lo anteriormente expuesto los demandantes no pueden alegar un despido ilegal e injusto. Que en audiencia primera de trámite de fecha 20 de enero de 2016 la representante procesal de la parte demandada opuso la excepción perentoria de prescripción, exponiendo que en los mismos contratos de servicios profesionales con el medio de prueba documental Publico y en las cuales se acredita que los contratos firmados con las partes eran a términos independientes unos del otro y que ahora los demandantes al sentirse afectados por su derecho con la modalidad con la que estaban siendo contratados debieron ser o considerar la normativa del Código del Trabajo haciendo uso del derecho prescrito en el artículo 867 del referido Código. Derecho que dejaron de ejercer los demandantes en vista que suscribieron varios contratos en fechas diferentes en consecuencia por cada contrato de trabajo tenían el término de dos meses para realizar el reclamo respectivo, por lo tanto, no les asisten el derecho a realizar el reclamo de todo este tiempo que ha transcurrido.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida el Abogado Darío Josué García Villalta, en su condición de apoderado legal de los señores Brenda Jackeline Soto Martínez, Daniel Fernando Ardon, y Alex Reinaldo Baquis Corea, contra el Estado de Honduras; condenando al demandando a declarar la relación de trabajo de forma permanente y como consecuencia al pago por la cantidad de L.297,237.01 a favor de los demandantes de la manera siguiente: para Brenda Jackeline Soto Martínez, haciendo un total de L.104,591.60; Daniel Fernando Ardon, haciendo un total de L.106,903.27; y, Alex Reinaldo Baquis Corea, haciendo un total de L.85,742.14, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir; declaró sin lugar la demanda en cuanto al pago de vacaciones pendientes, salario adeudado y el pago de reajuste al salario mínimo, absolviendo al demandado del pago por dichos conceptos; sin lugar la excepción perentoria de prescripción alegada por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes, en el que por un lado la parte demandada argumenta que la relación de trabajo de los demandantes con la demandada era de orden administrativo, y que dicha relación estaba regida por leyes administrativas en virtud de tratarse de Contratos Administrativos de Servicios Personales; por otro lado los demandantes argumentan que los Contratos eran simulados de acuerdo al principio de primacía de la realidad y que en el fondo se trataba de una verdadera relación de trabajo laboral independientemente del nombre que se le diera a los contratos, esto en el sentido que reunían los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo. Llegando al convencimiento está suscrita que efectivamente se trataba de una relación laboral en vista que los contratos de trabajo de los demandantes reúnen los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma los demandantes firmaron varios contratos de trabajo para realizar las mismas funciones; es por lo anteriormente relacionado que debe declarase con lugar la relación de trabajo de forma permanente. Que en consonancia con lo antes relacionado los demandantes solicitan el pago de sus prestaciones laborales por considerar que el despido del cual fueron objeto es ilegal e injusto; lo que llama la atención a esta operadora de justicia, es que de la revisión de las diligencias no se encuentra documento que acredite que el despido del cual fueron objeto los demandantes este apegado a derecho ya que las notas de fecha 30 de julio del 2015 no contiene causal alguna establecida en el Código del Trabajo, lo que conlleva declarar con lugar esta pretensión, acarreando con ello el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más el pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de la notificación del despido hasta la fecha en que este firme la sentencia condenatoria. Los demandantes reclaman el pago de salario adeudado y vacaciones pendientes; en relación a esta pretensión, después de hacer una revisión exhaustiva, estos conceptos reclamados no fueron sujetos a prueba durante la secuela del juicio; sumado a ello el demandante Daniel Fernando Ardon también reclama el reajuste al salario mínimo; que si bien es cierto es un derecho que le asiste a todo trabajar, no es menos cierto que al ser verificado con el salario mínimo aprobado por el Gobierno de la República en la tabla según el rubro, el demandante devengaba el salario mínimo que le correspondía; en consecuencia, se declaran sin lugar estas pretensiones. En relación a la excepción perentoria de prescripción, según lo alegado por las partes ésta suscrita es del criterio que los contratos firmados por los demandantes son de tracto sucesivo es decir que existía encadenamiento entre uno y otro, esto también aplicado al principio de continuidad en la labor realizada por los demandantes lo que devenía en la interrupción de la prescripción del derecho de reclamar ante la autoridad competente; en consecuencia, se declara sin lugar la Excepción perentoria de prescripción alegada por la parte demandada.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con la prueba documental aportada al proceso, se pudo establecer que se dio por terminada la relación laboral el 31 de julio del año 2015, según notas de terminación de la relación laboral firmadas por el Licenciado Osmar Mejía Sub Gerente de Recursos Humanos, sin embargo considera éste Tribunal que la relación laboral de los demandantes era continua, sobre todo porque celebraron varios contratos de trabajo y por tal razón se les debe de tener como empleados permanentes desde que inició su relación laboral y al no invocárseles en la terminación de la relación laboral ninguna causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto y por ende es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito. Que, en relación a la excepción de prescripción, es procedente declararla sin lugar, en virtud de que como ya se dijo, se acreditó que la relación laboral fue continua, celebrándose contratos de trabajo por tiempo determinado uno tras otro, es decir de tracto sucesivo, y es por tal motivo que no procede la excepción opuesta.- 5. Mediante auto de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su primer motivo de casación alega: “Infracción directa por falta de aplicación del Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo.- El Artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas; sin embargo claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” (entre otras) las entidades públicas. En ese sentido es claro que las mencionadas en el párrafo primero y descrito en su numeral 2 ° no le son aplicables las normas del Código del Trabajo, por ende a mi representada, porque está dentro de las exceptuadas por ser una entidad pública; dicho de otra forma, están exentas de su aplicación por estar reguladas en una ley especial posterior al Código del Trabajo.- Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos. “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, Decreto ejecutivo o Acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”.- Naturalmente, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil, y dice: para cuando se expida tal ley se materializara tal división (lo cual ocurrió en 1988 desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil. En adición a ello, la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil.- La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. En tanto, la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público“, “Oficial Gubernamental o “servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.- En este sentido, el sentenciador declara la existencia de una relación continua por la suscripción de varios contratos de trabajo, consecuentemente la permanencia en los puestos por parte de los demandantes; lo anterior hace que se reconozca la categoría de empleados públicos para los reclamantes, lo cual es contradictorio pues los considerados como tales, tienen una relación laboral regida por La ley de Servicio Civil; además dejando de observar que, los mismo laboraron para un Proyecto con fecha de inicio y finalización cuya contratación estaba sujeta al presupuesto anual proveniente de fondos internacionales.- A partir de todo lo anterior, queda claro que el sentenciador dejo sin aplicación lo establecido en el artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo, con la aplicación indebida que hace del artículo 113 del Código del Trabajo al pretender obligar a que mi representado pruebe una justa causa de despido, en un contrato de servicios profesionales, regido por la jurisdicción contenciosa administrativa; obligación que es imperativa para los contratos de trabajo, que se rigen por el Código del Trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, señalado como infringido, no ostenta el carácter de ser normas sustantivas laborales del orden nacional, ya que no impone derechos y obligaciones recíprocos para patronos y trabajadores o los extingue y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; b) el tema de la existencia o no de una relación laboral, fue objeto de la controversia y del material probatorio, por lo que el ataque al fallo por la vía directa, no era el adecuado en este recurso extraordinario, dado que la misma solo puede ser en situaciones de hechos aceptados por las partes; y, c) omite el precepto autorizante en que lo considera comprendido.- IV.- Que en el segundo motivo de casación se sostiene: “Violación directa por falta de aplicación del artículo 1348 del Código Civil, por aplicación indebida del artículo 113 del Código del Trabajo. El artículo 1348 del Código Civil establece que: “Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Son pues “ley” de obligatorio cumplimiento, a menos que una ley promulgada de acuerdo con los artículos 1° y 5° lo derogue o reforme. No se puede dejar al arbitrio de las partes la ejecución o la interpretación de los contratos, cualquier desvío de lo pactado da lugar a que la parte contraria obtenga el derecho legítimo de reclamar su cumplimiento. La sentencia recurrida ha suplantado estas disposiciones sin tener la altura de una “ley debidamente promulgada” que haya sido sometida al rigor del Artículo 1° del Código Civil y publicada en “La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras”. En este Sentido las partes estaban sujetas a contratos administrativos de Servicios Personales, los cuales firmaron sin objeción alguna, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo y sujetándose al plazo y a las condiciones contractuales; ante lo cual, se debió de aceptar la voluntad de las partes, quienes sabían la fecha de inicio y finalización y los derechos y obligaciones a que se sujetaban, cumpliendo mi representada al pie de cada contrato y sin embargo el Aquem dejo de aplicar lo establecido en artículo 1348 del Código Civil, al aplicar indebidamente el artículo 113 del Código del Trabajo; cuando esta norma regula otro campo del derecho, como es el laboral.”.- V.- El anterior cargo también resulta inadmisible, ya que de nuevo omite señalar el precepto autorizante, cita como infringida por falta de aplicación, una disposición (artículo 1348 del Código Civil) que no tiene el carácter de ser precepto legal sustantivo laboral y otra por aplicación indebida (artículo 113 del Código del Trabajo), la cual si bien ostenta esa condición, la misma contiene varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que debieron ser precisadas a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo recurrido; además, es un defecto invocarlas conjuntamente, ya que siendo dos formas diferentes de infringir la ley, debieron ser expuestas en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso.- VI.- Que la Impetrante expone un tercer motivo en la siguiente forma: “Aplicación indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo insultando el Artículo 256 de la Constitución de la República. Este artículo 256 de la Constitución, que por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria crea el régimen de servicio civil regulando las relaciones entre empleo y función público; de lo cual está claro que el Código del Trabajo se aplica a los casos de la empresa privada-empleado, porque es propio de esa jurisdicción; pero impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Por tanto, mi representada no estaba obligada al momento de poner fin a la relación laboral, a probar una justa causa de despido como erróneamente la corte sentenciadora lo establece en su sentencia. En este sentido el Ad Quem, desconoce el derecho administrativo y las Disposiciones Presupuestarias que regulan la Administración Centralizada y los entes desconcentrados del Estado en su normativa presupuestaria, no se puede aplicar el artículo 113 del Código del Trabajo caprichosamente, ya que como se ha manifestado las relaciones que existieron entre los demandantes y mi representada, fueron bajo un Contrato Administrativo de Servicios Personales eran labores que por su naturaleza no podían ser más que contratos a término sin obligación de mi representada fuera de los consignados en los contratos. Al margen de todo anteriormente alegado, y sin que se pueda tomar como aceptación alguna por parte nuestra, la demanda debió presentarse ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.- CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. El Tribunal Sentenciador confirmó la sentencia del “a quo” por considerar que a los “Contratos Administrativos de Servicios Personales” suscritos entre las partes en litigio se les aplica el Código del Trabajo y, es visto que tanto su Artículo 2° numeral 2°, como El Artículo 1° de la Ley del Servicio Civil al que el Artículo 2° laboral se refiere y el Artículo 256 de la Constitución de la República ordenan que las relaciones del Estado con sus servidores deben cobijarse bajo el servicio civil y su pago dentro de la Ley del Presupuesto.”.- VII.- El cargo que antecede resulta inadmisible, ya que de nuevo omite señalar el precepto autorizante, cita como infringida por aplicación indebida el artículo 113 del Código del Trabajo, disposición que contiene varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que debieron ser precisadas a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo recurrido.- VIII.- Que con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…”[1].- IX.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de diciembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 299-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes ASL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14