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Sentencia CL-284-17 — Registro 8393

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la legalidad y justa causa del despido, caso contrario pague las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta sentencia firme, se denuncia haber sido víctima de simulación contractual y fraude laboral, en virtud de que las labores que desempeñó no eran de carácter transitorio o accidental, sino que permanente en la institución

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 del Código del Trabajo que indica como violado no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 321 al 324 de la Constitución de la República, también el artículo 1 numeral 5) y 2de la Ley de Servicio Civil; y, d) realiza alegaciones propias de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; b) la violación directa se produce al margen del material probatorio, siendo que se ha hecho relación a la prueba aportada como contratos suscritos entre las partes y el tipo de relación, que fueron objeto de la controversia, por ende de la prueba, resultando impropio el ataque por esta vía; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 20, 47 y 52 del Código del Trabajo, 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, c) formula alegatos de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de agosto del 2017, por Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora DIANA DISIREE NÚÑEZ FERRERA, representada en juicio por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la legalidad y justa causa del despido, caso contrario pague las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta sentencia firme, se denuncia haber sido víctima de simulación contractual y fraude laboral, en virtud de que las labores que desempeñó no eran de carácter transitorio o accidental, sino que permanente en la institución, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 03 de noviembre del 2014, por la señora DIANA DISIREE NÚÑEZ FERRERA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO HONDURAS por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE hoy SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de abril del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de febrero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por la representante de la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO CASO CONTRARIO PAGUE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO ILEGAL E INJUSTO MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Promovida por la señora DIANA DISIREE NÚÑEZ FERRERA Contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, 3) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de a SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA: A) PAGAR A LA DEMANDANTE LA CANTIDAD DE CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L.165,483.66) desglosado en los siguientes conceptos PREAVISO L.32,666.68 AUXILIO DE CESANTÍA L. 81,666.70, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L. 11,977.68; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L.8,204.06, VACACIONES PROPORCIONALES L.7,986.93, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.1,204.01; B) al reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que adquiera el carácter de firme la presente sentencia condenatoria sujetos a la liquidación que en su momento procesal oportuno se efectúe; 4) SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación laboral con la Institución, en fecha 03 de noviembre del 2008, como recepcionista devengado un salario de L.14,000.00; que desarrolló las actividades con eficiencia, diligencia, cuidado y esmero, pero el 28 de julio del 2014, se le notificó concluir el vínculo laboral que existía, sirviendo de fundamento la cláusula 12) del Contrato se Servicios Personales; desde el primer contrato que suscribió se le fueron renovando los contratos con las mismas actividades tal y como lo establece el artículo 47 del Código de Trabajo; que el puesto que desempeñó es de naturaleza permanente dentro de la Institución por casi 6 años, que se violentó el artículo 117 del Código del Trabajo; que acudió ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social con el fin de llegar a un arreglo, el cual fue imposible, agotando la vía administrativa el 04 de septiembre de 2014.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante sostuvo una relación contractual, la cual comenzó a prestar sus servicios profesionales con una vigencia del 02 de junio al 31 de julio de 2014 y no en fecha 03 de noviembre del 2008, ya que no ha suscrito un acuerdo de nombramiento; que efectivamente prestó los servicios profesionales bajo las condiciones legalmente establecidas, consentidas y aceptadas sin objeción alguna. Asimismo, que las partes acordaron mediante la cláusula décima primera leyes aplicables, que, dada la naturaleza del contrato, está regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y a lo expresamente pactado en el mismo; y aunado a eso en los Contratos se estableció la cláusula décima tercera Aceptación de Condiciones, ambas partes aceptaban los términos del contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo, siendo improcedente la aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, ya que se trata de una Institución de la Administración Pública, regida por la Ley especial de Servicio Civil, razón por la cual no existe ninguna obligación laboral, pues el cumplimiento de las obligaciones contraídas se encontraban en cada contrato, la demandante pretende que se le reconozca derechos que solamente son beneficios para empleados permanentes que deben cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Servicio Civil, como lo establece el artículo 2, y que establece el Código del Trabajo en su artículo 2 numeral 2); sin embargo en el presente caso no puede estar ubicado en el Código del Trabajo ni la Ley de Servicio Civil como leyes especiales, y en el Derecho Administrativo vigente, no en el laboral; además argumentó que se rechazó el reclamo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de que no procede conciliación con la demandada, porque carece de las atribuciones de conciliación y representación y aceptación de derechos subjetivos inexistentes, por consiguiente los Tribunales del Trabajo no deben conocer demanda laborales de los servidores Públicos, jurisdicción excluida de Servicio Civil.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de febrero del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción, opuesta por la representante de la parte demandada; declaró con lugar la demanda ordinaria laboral, promovida por la señora DIANA DISIREE NÚÑEZ FERRERA, contra el ESTADO HONDURAS por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE hoy SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS; condenó a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad de L. 165,483.66; por los conceptos prestaciones laborales, derechos adquiridos y los daños y perjuicios ocasionados desde la fecha del despido hasta que adquiera el carácter de firme la presente sentencia condenatoria sujetos a la liquidación que en su momento procesal oportuno se efectúe, sin costas; bajo el criterio que consta en autos, que el vínculo laboral de las partes finalizó el 28 de julio de 2014, que las diligencias administrativas gubernativas se dieron por agotadas en fecha 04 de septiembre de 2014; seguidamente que en fecha 03 de noviembre del 2014, se promovió la presente demanda; que del análisis de los autos se colige que la prescripción se interrumpió con el agotamiento de la vía administrativa, y que de esa fecha a la presentación de la demanda no ha transcurrido el plazo de dos meses calendario, por lo que procede declarar sin lugar la excepción denunciada; que si bien es cierto la parte demandada justifica la terminación de la relación laboral basado en la finalización del contrato, tal como se pactó en las cláusulas contractuales específicamente la CLAUSULA OCTAVA NUMERAL 12) sobre la recisión del Contrato que reza: “por decisión unilateral de las partes”, disposición esta que es violatoria al principio de continuidad laboral, ya que al haber ejercido la demandante las mismas funciones por más de cuatro años, tal como lo estipula el artículo 52 del Código de Trabajo y subsistiendo la causa del contrato, se considera un contrato permanente; asimismo, si bien cierto en materia contractual opera el principio pacta sunt servanda, que refiere a que los contratos deben cumplirse al tenor de sus cláusulas, en materia laboral no opera este principio, ya que el trabajador carece de autonomía de la voluntad, quien se ve obligado aceptar las condiciones que se le imponen por la necesidad de percibir un salario que sufrague sus necesidades esenciales; asimismo, se probó con el medio de prueba documental consistente en los contratos administrativos de servicios personales la concurrencia de los tres elementos para la existencia de contrato de trabajo como lo es la actividad personal, descritos en la cláusula segunda, el pago de una remuneración y la continuada subordinación denotada en el cumplimiento de órdenes de conformidad a la actividad realizada y el sometimiento a un horario de trabajo; por las razones expuestas, la Juzgadora concluye que la parte demandada no logró acreditar en juicio justificación del despido contrario sensu, se probó que la decisión de dar por terminada la relación laboral obedece a un acto unilateral y arbitrario del patrono, siendo que los contratos a término tienen carácter de excepción, los argumentos de la defensa atentan con el principio de estabilidad laboral, regulado por la Constitución de la República y demás Tratados de Derechos Humanos de los cuales Honduras es suscriptor. Que en la presente litis la parte actora ha demostrado la ilegalidad del despido denunciado, puesto que la causa invocada no se encuentra ajustada a derecho de conformidad al artículo 112 y 117 del Código de Trabajo, por lo que es procedente declarar con lugar la presente demanda, ordenando el pago de prestaciones laborales a la demandante, consistente en los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía y Auxilio de cesantía proporcional; con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios en virtud de despido injustificado, sujetos a la liquidación que en su momento procesal oportuno se efectúen; en cuanto al pago de vacaciones proporcionales, pago del aguinaldo y décimo cuarto y proporcionales hasta la fecha de terminación laboral, a favor de la demandante, la demandada no aportó ningún medio probatorio que acreditara su pago, en consecuencia se declaran con lugar el pago de los mismos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 19 de abril del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que existe abundante prueba documental con la que se acredita que la demandante suscribió varios contratos de prestación de servicios profesionales desde el año 2008 al 2014, contratos de trabajo que fueron renovados sucesivamente; desempeñando funciones propias de los trabajadores permanentes y que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia y se les considere como trabajador permanente; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente.- 5.- Mediante auto de fecha 19 de junio del 2017, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 28 de agosto del 2017, compareció ante este Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de septiembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su primer motivo de casación alega: “Infracción directa por falta de aplicación del Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo. El Artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas; sin embargo claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” (entre otras) las entidades públicas. En ese sentido es claro que las mencionadas en el párrafo primero y descrito en su numeral 2 ° no le son aplicables las normas del Código del Trabajo en primer lugar por estar Vigente la Ley de Servicio Civil, por ende a mi representada, porque está dentro de las exceptuadas por ser una entidad pública con otra jurisdicción; dicho de otra forma, están exentas de su aplicación por estar reguladas en una ley especial posterior al Código del Trabajo a los hechos de la demanda. Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos. “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, Decreto ejecutivo o Acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”. Naturalmente, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1968), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1968 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII Artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Art culo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. En tanto, la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público”, “Oficial Gubernamental o “servidor público “, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos “. En este sentido, el sentenciador declara la existencia de una relación continua por la suscripción de varios contratos de trabajo, lo cual es nulo por inaplicable al caso de la vigencia de la Ley jurisdiccional del servidor o empleado público consecuentemente la permanencia en los puestos por parte de la demandante; resulta nulo aplicarlo porque no es trabajador privado sino público lo anterior hace que se reconozca la categoría de empleado público para la demandante, lo cual es contradictorio pues los considerados como tales, tienen una relación laboral privada y la ocurrida está regida por La ley de Servicio Civil. A partir de todo lo anterior, queda claro que el sentenciador dejo sin aplicación lo establecido en el artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo, con la aplicación indebida que hace del artículo 46 del Código del Trabajo literal a).”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 del Código del Trabajo que indica como violado no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 321 al 324 de la Constitución de la República, también el artículo 1 numeral 5) y 2de la Ley de Servicio Civil; y, d) realiza alegaciones propias de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Violación directa por falta de aplicación del artículo 1348 del Código Civil, por aplicación indebida del artículo 46 literal c) del Código del Trabajo. El artículo 1348 del Código Civil establece que: “Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Son pues “ley” de obligatorio cumplimiento, a menos que una ley promulgada de acuerdo con los Artículos 1° y 5° lo derogue o reforme. No se puede dejar al arbitrio de las partes la ejecución o la interpretación de los contratos, cualquier desvío de lo pactado da lugar a que la parte contraria obtenga el derecho ilegítimo de reclamar su cumplimiento, la sentencia ha suplantado estas disposiciones sin tener la altura de una “ley debidamente promulgada” que haya sido sometida al rigor del Artículo 1° del Código Civil y publicada en “La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras”. En este Sentido las partes estaban sujetas a contratos administrativos de Servicios Personales a término, los cuales firmaron sin objeción alguna, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo y sujetándose al plazo y a las condiciones contractuales, en este sentido se debió de aceptar la voluntad de las partes, quienes sabían la fecha de inicio y finalización y los derechos y obligaciones a que se sujetaban, cumpliendo mi representada al pie de cada contrato y sin embargo el Aquem dejó de aplicar lo establecido en artículo 1348 del Código Civil, al aplicar indebidamente el artículo 46 del Código del Trabajo.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; b) el artículo 1348 del Código Civil que indica como violado no ostenta el carácter de norma sustantiva ni pertenece al orden laboral; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 1 del Código Civil; y, d) formula alegatos de instancia.- VI.- Que la Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Aplicación indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo en relación con el artículo 46 de este mismo Código insultando el Artículo 256 de la Constitución de la República. Este artículo 256 de la Constitución, creado constitucionalmente la separación de fuero del Trabajo de lo Contencioso Administrativo, que por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria crea el régimen de Servicio Civil regulando las relaciones entre empleo y función público; de lo cual está claro que el Código del Trabajo se aplica a los casos de la empresa privada-empleado, porque es propio de esa jurisdicción apoyada en el Artículo 46 del Código del Trabajo; pero impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Por tanto mi representada no estaba obligada al momento de poner fin a la relación laboral, a probar una justa causa de despido como erróneamente la corte sentenciadora lo establece en su sentencia. En este sentido el Ad Quem, desconoce el derecho administrativo y las Disposiciones Presupuestarias que regulan la Administración Centralizada y los entes desconcentrados del Estado en su normativa presupuestaria, no se puede aplicar el artículo 46 del Código del Trabajo caprichosamente haciendo a los servidores públicos empleados privados, ya que como se ha manifestado las relaciones que existieron entre la demandante y mi representada, fueron bajo un Contrato Administrativo de Servicios Personales bajo la Ley de Servicio Civil labores que por su naturaleza no pueden ser del Código del Trabajo que tienen otro fines, y es servir a la empresa privada versus servicio Público. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. El Tribunal sentenciador estimó en la sentencia considerando que los contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre mi representada el Estado de Honduras por conducto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) y la demandante supone que los contratos el servicio público contiene los elementos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tipifica los contratos de Servicios Personales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Son contratos de orden público no sujetos del Código de Trabajo que es para los particulares, en los mismos principios universales de protección del trabajador, pero por ser de la administración Pública se está a la provisión de fondos siendo ilegal que la Gerencia publica contrate personas si no puede pagar porque está sujeta al Presupuesto Nacional. El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre la demandante y mi representada, ya que no se percata que en dichos contratos se establece la cláusula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de no apreciar este cuando, aplicó indebidamente el artículo 20 del Código del Trabajo, estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo, olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que los mismos están tipificados en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por ¡as Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b)..c) .ch) .d) ...;( el subrayado y cursiva es propio), por tanto mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), que forma parte de uno de los poderes del Estado, como ser el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir por la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Personales son aceptados por las partes sin ninguna reserva. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos 20, 47, 52 y 738, del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo procedente la presente demanda de Casación.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; b) la violación directa se produce al margen del material probatorio, siendo que se ha hecho relación a la prueba aportada como contratos suscritos entre las partes y el tipo de relación, que fueron objeto de la controversia, por ende de la prueba, resultando impropio el ataque por esta vía; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 20, 47 y 52 del Código del Trabajo, 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, c) formula alegatos de instancia.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 284-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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