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Sentencia CL-282-17 — Registro 8391

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que revisado lo expuesto se determina por este Tribunal, la imposibilidad de encontrar un motivo debidamente estructurado como lo requiere el artículo 769 numeral 5) literal a) y b) del Código del Trabajo."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que revisado lo expuesto al igual que el motivo anterior, se determina por este Tribunal, la imposibilidad de encontrar un motivo debidamente estructurado, tal como lo requiere el artículo 769 numeral 5) literal a) y b), constituyendo lo expresado por la Recurrente en un extenso e inoportuno alegato de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que, se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) en la formulación se indica la falta de aplicación y la aplicación indebida, modalidades de violación a la ley distintas que se deben formular en forma separada e independiente; b) se indican como normas sustantivas infringidas los artículos 46 literal c) del Código del Trabajo y 1348 del Código Civil, cuando el primero no ostenta tal calidad y el segundo no corresponde a la materia laboral"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible admisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como norma sustantiva infringida el artículo 113 del Código del Trabajo, disposición que contiene párrafos y literales siendo necesario precisar a cuál de ellos se dirige el ataque; b) se omite el precepto autorizante; y, c) lo expuesto constituye un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor CARLOS HUMBERTO MENDOZA LOPEZ, representado en juicio por la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril del dos mil quince, por la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, mayor de edad, soltera, actuando en su condición de Representante Procesal del Señor CARLOS HUMBERTO MENDOZA LOPEZ, mayor de edad, soltero, Ingeniero en Sistemas, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, quien es hondureño, mayor de edad y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha tres de abril del año dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha seis de diciembre del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago prestaciones e indemnizaciones laborales; salarios dejados de percibir; instaurada por la ABOGADA DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, en su condición de Representante Procesal del Señor CARLOS HUMBERTO MENDOZA LOPEZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; III.- Condenar: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; pagar al Señor CARLOS HUMBERTO MENDOZA LOPEZ la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 89,969.92), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 23,333.32; Auxilio de Cesantía Lps. 46,666.64; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 6,902.80; Vacaciones Proporcionales Lps. 4,600.57; aguinaldo proporcional Lps. 1,583.32; decimo cuarto mes proporcional Lps. 6,583.27; Más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. IV.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por la ABOGADA DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, en su condición de Representante Procesal del Señor CARLOS HUMBERTO MENDOZA LOPEZ, para declarar la nulidad de un Contrato por la simulación del mismo; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA de pagar al Señor dicho conceptos. V.-SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral con el SERNA el 25 de julio del año 2010 en el puesto de Webmaster, devengando en los últimos seis meses un salario mensual L.10,000.00, ininterrumpidamente, realizando sus labores de forma eficiente sin tener ningún tipo de problema en el trabajo, pero en fecha 27 de febrero del 2015, se le entregó nota donde se le manifestaba que su contrato administrativo de servicios profesionales vence el 28 de febrero del año 2015, que el mismo no iba a ser renovado; el contrato celebrado entre las partes era de índole laboral, ya que el actor tenía un horario de trabajo, jefe inmediato y además un salario mensual, constituyendo los elementos esenciales para que existiera contrato de trabajo. El puesto o funciones que realizaba el demandante dentro de la institución eran permanentes, o dicho de otra forma, subsiste la causa para la que él fueron contratados.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante sostuvo una relación mediante la suscripción de varios contratos de Servicios Profesionales; devengando L.10, 000.00 por concepto de Honorarios profesionales, no constituyéndose en un salario; si bien es cierto al demandante no se le renovó el contrato, esto se dio porque la vigencia de su Contrato de Servicios Profesionales había llegado a su término. También es preciso mencionar que los contratos suscritos por el demandante no están sujetos a lo establecido al Código del Trabajo, pues su contratación fue a través de legítimos contratos de servicios profesionales a término, así mismo dichos contratos en sus clausulas decima y decimo primera establecen que el demandante deberá de someterse a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por otro lado, la contratación de personal mediante contratos de servicios profesionales se sustenta en la normativa de La Ley General De La Administración Pública y Las Disposiciones Generales Para El Ejercicio Del Presupuesto General De Ingresos y Egresos de la República y de Las Instituciones Descentralizadas, sujeto estrictamente al derecho administrativo, que a tal efecto se somete al conocimiento del artículo 3 inciso a) de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, asimismo es meritorio señalar que no existe la estructura presupuestaria que cada empleado público debe tener en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y la Dirección de Servicio Civil.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de diciembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, la demanda ordinaria laboral promovida por DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, en su condición de Representante Procesal del Señor CARLOS HUMBERTO MENDOZA LOPEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES, sin costas, bajo el criterio que si bien es cierto el demandante laboro desde su inicio a través de Contrato Administrativo de Servicios Personales, no menos cierto es que las labores que el realizaba son de naturaleza permanente en la Institución; asimismo la parte demandada no acredito en autos que el Patrono haya tenido justa causa para ejecutar la terminación de trabajo. Que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el demandante desde que inicio su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada al momento de la terminación de la relación laboral, no señala causa justa para justificar dicha acción; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de merito; asistiéndoles el derecho al pago de sus Prestaciones e Indemnizaciones Laborales así como al pago de los salarios dejados de percibir.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, en fecha tres de abril del año dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba acreditados en el juicio quedo probado la relación laboral que existió entre el empleador demandado lo cual se inició el 01 de julio del 2010, y finalizo el 28 de febrero del 2015, por decisión unilateral del empleador. La relación laboral estuvo regida por contratos de servicios profesionales, los cuales no reúnen los requisitos que debe cumplir el trabajador empleado para exigirle una alta calificación científica y técnica, pues las actividades desempeñadas por el demandante están claramente determinadas en la cláusula segunda del contrato, las cuales evidencian una necesidad permanente, que está de acuerdo a su puesto de trabajo y para la institución demandada; además de reunir los tres elementos esenciales tipificados por el Código del Trabajo el artículo 20 que son una actividad, subordinación a un jefe y un salario mensual, lo que determina la existencia de un contrato de trabajo, con una jornada de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., diaria y de lunes a viernes.- Que en el caso de autos la demandada omitió comunicar de forma precisa la causa o motivo contenida en el artículo 112 del Código del Trabajo que le movieron a tomar la decisión de despedir al trabajador, pues se limita a manifestar que el contrato vence e 28 de febrero del 2015 mismo que no será renovado folio 34 de primera pieza de autos, con lo que se colige que la terminación del contrato es ilegal.- 5. Mediante auto de fecha diecinueve de junio del dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de septiembre del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en el primer motivo de casación alega: “Por infracción Directa de aplicación del artículo 86 numeral 3.- CESE DE LA REPRESENTACIÓN. Cesará el profesional del derecho en su representación 1, 2, 3. Por fallecimiento del poderdante, en cuyo caso, estará profesional del derecho obligado a poner el hecho en conocimiento del juez o tribunal, acreditando en forma el fallecimiento y, si no presentare nuevo poder de los causahabientes del causante, se estará a lo dispuesto para la sucesión procesal. En este sentido, en la audiencia de alegaciones realizada en fecha quince (15) de febrero del año 2017, se manifestó que fue de Público conocimiento que el demándate Carlos Humberto Mendoza había fallecido en un accidente de Tránsito el día 3 de diciembre del año 2016, hechos que se ilustraron al Juez AdQuem por medio diferentes periódicos de circulación nacional, y que hasta ese momento su Apoderada demandante no acreditó tal situación tal como lo expresa el articulo antes mencionado, en este sentido se pretende ocultar este lamentable hecho desde la fecha del fallecimiento del demandante cesó el Poder otorgado a la Abogada Darlyn Oneyda Reyes López, y por lo tanto ya no le eran procedentes las facultades que ostentó para comparecer a la audiencia de alegaciones, solo en caso que hubiere acreditado un nuevo poder en este caso de los herederos del señor Carlos Humberto Mendoza hecho que no ocurrió, por lo tanto el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán contiene vicios de nulidad antes enunciados, y para ilustración a este primer motivo de casación se adjunta la Certificación de Acta de Defunción emitida por el Registro Nacional de las Personas a nombre del señor Carlos Humberto Mendoza con Numero 0801-2016-04123 ubicada en el folio 008 el tomo 01010, de fecha 3 de julio del año 2017, hecho que debió acreditar en su momento la parte procesal de la parte demandante. El Juzgado debió suspender la continuación del proceso hasta que los herederos comparecieran para evitar la indefensión.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que revisado lo expuesto se determina por este Tribunal, la imposibilidad de encontrar un motivo debidamente estructurado como lo requiere el artículo 769 numeral 5) literal a) y b) del Código del Trabajo.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Infracción directa por falta de aplicación del Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo. El Artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas; sin embargo claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” (entre otras) las entidades públicas. En ese sentido es claro que las mencionadas en el párrafo primero y descrito en su numeral 2 ° no le son aplicables las normas del Código del Trabajo en primer lugar por estar Vigente la Ley de Servicio Civil, por ende a mi representada, porque está dentro de las exceptuadas por ser una entidad pública con otra jurisdicción; dicho de otra forma, están exentas de su aplicación por estar reguladas en una ley especial posterior al Código del Trabajo a los hechos de la demanda. Las entidades referidas son: Articulo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafo “los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, Decreto ejecutivo o Acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan “.Naturalmente, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1968), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1968 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII Artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. En tanto, la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público “, “Oficial Gubernamental o “servidor público “, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos “. En este sentido, el sentenciador declara la existencia de una relación continua por la suscripción de varios contratos de trabajo, lo cual es nulo por inaplicable al caso de la vigencia de la Ley jurisdiccional del servidor o empleado publico consecuentemente la permanencia en los puestos por parte del demandante; resulta nulo aplicarlo porque no es trabajador privado sino publico lo anterior hace que se reconozca la categoría de empleado público para el demandante, lo cual es contradictorio pues los considerados como tales, tienen una relación laboral privada y la ocurrida esta regida por La ley de Servicio Civil. A partir de todo lo anterior, queda claro que el sentenciador dejo sin aplicación lo establecido en el artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo, con la aplicación indebida que hace del artículo 46 del Código del Trabajo literal a).”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que revisado lo expuesto al igual que el motivo anterior, se determina por este Tribunal, la imposibilidad de encontrar un motivo debidamente estructurado, tal como lo requiere el artículo 769 numeral 5) literal a) y b), constituyendo lo expresado por la Recurrente en un extenso e inoportuno alegato de instancia.- VI.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en el tercer motivo de casación alega: “Violación directa por falta de aplicación del artículo 1348 del Código Civil, por aplicación indebida del artículo 46 literal c) del Código del Trabajo. El artículo 1348 del Código Civil establece que: “Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Son pues “ley” de obligatorio cumplimiento, a menos que una ley promulgada de acuerdo con los Artículos 1° y 5° lo derogue o reforme. No se puede dejar al arbitrio de las partes la ejecución o la interpretación de los contratos, cualquier desvío de lo pactado da lugar a que la parte contraria obtenga el derecho ilegítimo de reclamar su cumplimiento, la sentencia ha suplantado estas disposiciones sin tener la altura de una “ley debidamente promulgada” que haya sido sometida al rigor del Artículo 1° del Código Civil y publicada en “La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras”. En este Sentido las partes estaban sujetas a contratos administrativos de Servicios Personales a termino, los cuales firmaron sin objeción alguna, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo y sujetándose al plazo y a las condiciones contractuales, en este sentido se debió de aceptar la voluntad de las partes, quienes sabían la fecha de inicio y finalización y los derechos y obligaciones a que se sujetaban, cumpliendo mi representada al pie de cada contrato y sin embargo el Aquem dejó de aplicar lo establecido en artículo 1348 del Código Civil, al aplicar indebidamente el artículo 46 del Código del Trabajo.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que, se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) en la formulación se indica la falta de aplicación y la aplicación indebida, modalidades de violación a la ley distintas que se deben formular en forma separada e independiente; b) se indican como normas sustantivas infringidas los artículos 46 literal c) del Código del Trabajo y 1348 del Código Civil, cuando el primero no ostenta tal calidad y el segundo no corresponde a la materia laboral; y, c) se omite el precepto autorizante.- VIII. Que la recurrente formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Aplicación indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo en relación con el artículo 46 de este mismo Código insultando el Artículo 256 de la Constitución de la República. Este artículo 256 de la Constitución, creado constitucionalmente la separación de fuero del Trabajo del lo Contencioso Administrativo, que por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria crea el régimen de Servicio Civil regulando las relaciones entre empleo y función público; de lo cual está claro que el Código del Trabajo se aplica a los casos de la empresa privada-empleado, porque es propio de esa jurisdicción apoyada en el Artículo 46 del Código del Trabajo; pero impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Por tanto mi representada no estaba obligada al momento de poner fin a la relación laboral, a probar una justa causa de despido como erróneamente la corte sentenciadora lo establece en su sentencia. En este sentido el Ad Quem, desconoce el derecho administrativo y las Disposiciones Presupuestarias que regulan la Administración Centralizada y los entes desconcentrados del Estado en su normativa presupuestaria, no se puede aplicar el artículo 46 del Código del Trabajo caprichosamente haciendo a los servidores públicos empleados privados, ya que como se ha manifestado las relaciones que existieron entre los demandantes y mi representada, fueron bajo un Contrato Administrativo de Servicios Personales bajo la Ley de Servicio Civil labores que por su naturaleza no pueden ser del Código del Trabajo que tienen otro fines, y es servir a la empresa privada versus servicio Publico. CONCEPTO DE LA VIOLACION El Tribunal sentenciador estimó en la sentencia considerando que los contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre mi representada el Estado de Honduras por conducto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) y el demandante supone que los contratos el servicio publico contiene los elementos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tipifica los contratos de Servicios Personales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Son contratos de orden público no sujetos del Código de Trabajo que es para los particulares, en los mismos principios universales de protección del trabajador, pero por ser de la administración Publica se esta a la provisión de fondos siendo ilegal que la Gerencia publica contrate personas si no puede pagar porque esta sujeta al Presupuesto Nacional. El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada, ya que no se percata que en dichos contratos se establece la cláusula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de no apreciar este cuando aplicó indebidamente el artículo 20 del Código del Trabajo, estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo, olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que los mismos están tipificados en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de 1 Contencioso Administrativo “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b)..c).. .ch).. .d)....;( el subrayado y cursiva es propio), por tanto mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), que forma parte de uno de los poderes del Estado, como ser el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir por la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Personales son aceptados por las partes sin ninguna reserva. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos 20, 47, 52 y 738, del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y el articulo 86 del Código Procesal Civil numeral 3, siendo procedente la presente demanda de Casación.”.- IX. Que el cargo que antecede resulta inadmisible admisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como norma sustantiva infringida el artículo 113 del Código del Trabajo, disposición que contiene párrafos y literales siendo necesario precisar a cuál de ellos se dirige el ataque; b) se omite el precepto autorizante; y, c) lo expuesto constituye un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario.- X. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 282-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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