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Sentencia CL-263-17 — Registro 8385

Resumen

Segunda instancia confirmo con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, reintegro al mismo puesto de trabajo o a otro de mejor categoría en virtud de un despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 del Código del Trabajo que indica como violado no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 321 al 324 de la Constitución de la República, también el artículo 1 numeral 5) y 2de la Ley de Servicio Civil; y, d) realiza alegaciones propias de instancia.-"

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 del Código del Trabajo que indica como violado no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 321 al 324 de la Constitución de la República, también el artículo 1 numeral 5) y 2de la Ley de Servicio Civil; y, d) realiza alegaciones propias de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; b) el artículo 1348 del Código Civil que indica como violado no ostenta el carácter de norma sustantiva ni pertenece al orden laboral; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 1 del Código Civil; y, d) formula alegatos de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; b) la violación directa se produce al margen del material probatorio, siendo que se ha hecho relación a la prueba aportada como contratos suscritos entre las partes y el tipo de relación, que fueron objeto de la controversia, por ende de la prueba, resultando impropio el ataque por esta vía; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 47 del Código del Trabajo y 256 de la Constitución de la República; y, c) formula alegatos de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 31 de julio del 2017, por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora REYNA LETICIA CANALES FLORES, representada en juicio por la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LÓPEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, reintegro al mismo puesto de trabajo o a otro de mejor categoría en virtud de un despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de septiembre del 2015, por la señora REYNA LETICIA CANALES FLORES, mayor de edad, soltera, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE hoy SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 04 de abril del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 06 de febrero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA RELACIÓN LABORAL DE FORMA PERMANENTE. REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; instaurada por la Señora REYNA LETICIA CANALES FLORES; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. III.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora REYNA LETICIA CANALES FLORES a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo que mantenía. IV.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por la Señora REYNA LETICIA CANALES FLORES, para declarar la nulidad de un Contrato por la simulación del mismo; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA de pagar al Señor dicho conceptos. V.-SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito, que inició a laborar con la Institución demandada en fecha 16 de febrero del 2011, como aseadora, pero a partir del 14 de agosto del 2014, fue removida a CESCO con una reasignación de funciones como auxiliar de laboratorio, devengando un salario mensual de L. 7,860.44; que laboró de forma pacífica, continua, ininterrumpida realizando labores de forma eficiente sin tener ningún tipo de problema en el Trabajo, pero en fecha 30 de julio de 2015, le fue entregada nota de despido en donde le notificaban que el contrato no se le iba a renovar, con efectividad a partir del 31 de julio del 2015, y que no le invocaron ninguna causal de las que establece el artículo 112 del Código del Trabajo; además argumentó que el contrato que celebró era de servicios profesionales el que es contrario a derecho, ya que era trabajadora teniendo un horario de entrada y de salida, jefe inmediato y salario mensual constituyendo los tres elementos para que exista un contrato de trabajo, en vista que el artículo 47 del Código del Trabajo; relacionado con lo que establecen los articulo 20 y 24 del Código del Trabajo; asimismo, manifestó que presentó reclamo administrativo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, dando por agotada la vía administrativa.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la parte demandante; señalando que la relación de trabajo era mediante Contratos Administrativos de Servicios Personales, enmarcados en los Contratos Administrativos de apoyo no permanentes; por lo que no existió ninguna obligación laboral, ya que la relación era meramente de carácter administrativo, y que el competente para conocer del asunto era el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, en audiencia de trámite interpuso el Defecto Material de Prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de febrero del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por la representante procesal de la parte demandada; declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir; promovida por la señora REYNA LETICIA CANALES FLORES; contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE hoy SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS; condenó a la parte demandada a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo que mantenía; declaró sin lugar la nulidad de un Contrato por la simulación del mismo; absolvió a la parte demandada de pagar a la demandante dicho conceptos; sin costas; bajo el criterio que en relación al defecto material de prescripción opuesto por la representante procesal de la parte demandada y después de haber realizado el respectivo análisis del mismo se concluye: Que se ha acreditado en autos que en fecha 30 de julio de 2015, le comunican a la demandante que su contrato finaliza el 31 de julio de 2015 y que no le será renovado; en fecha 03 de agosto de 2015, se instauró el reclamo ante la vía administrativa; el 07 de agosto de 2015, se da por agotado el trámite administrativo y comparece a este Tribunal presentando su demanda en fecha 14 de septiembre de 2015; por lo que lo hizo dentro del término que señala el artículo 867 del Código del Trabajo; por lo que procede a declarar sin lugar el defecto material de prescripción opuesto por la representante procesal de la parte demandada; y si bien es cierto la demandante laboró desde su inicio a través de Contrato Administrativo de Servicios Personales; no menos cierto es que las labores que ella realizaba son de naturaleza permanente en la Institución; asimismo, la parte demandada no acreditó en autos que el patrono haya tenido justa causa para ejecutar la terminación de trabajo; y que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que demandante desde que inició su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada en el Oficio SGRH-129-2015 de fecha 30 de julio de 2015, no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; asistiéndole el derecho a ser reintegrada a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora; que la parte demandante solicita que se declare la Nulidad de un Contrato por la simulación del mismo; petición que se declara sin lugar, ya que la demandante al laborar en la Institución demandada gozó de todo los beneficios estipulados en dicha contratación.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 04 de abril del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la revisión del defecto procesal podemos concluir que la prescripción es una consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo ya sea convirtiendo un hecho en posesión o ya sea perpetuando una renuncia, abandono y que el titular de un derecho no lo ha ejercido cierto tiempo y por lo que se puede presumir que su derecho se ha extinguido, en el caso concreto de estudio la demandante acreditó en el juicio que le fue notificada su terminación de relación laboral el 31 de julio del 2015; seguidamente agotó el trámite administrativo requerido por la Ley; asimismo, del estudio de los hechos y derechos; así como los medios de prueba acreditados en el juicio este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmatoria.- 5.- Mediante auto de fecha 07 de junio del 2017, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 31 de julio del 2017, compareció ante este Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 31 de julio del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de septiembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LÓPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su primer motivo de casación alega: “Violación por falta de aplicación del Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo. El Artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas y claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” entre las cuales vale decir las entidades públicas, a las que se refiere el mencionado párrafo primero y descritas en su numeral 2° no le son aplicables porque están exceptuadas o si se quiere exentas de su aplicación. Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos. “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, Decreto ejecutivo o Acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”. Naturalmente, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1988), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1988 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII Artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos se acomodan a los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” que son términos similares o iguales. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarias de Estado. La “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público”, “Oficial Gubernamental o “servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 del Código del Trabajo que indica como violado no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 321 al 324 de la Constitución de la República, también el artículo 1 numeral 5) y 2de la Ley de Servicio Civil; y, d) realiza alegaciones propias de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Violación por falta de aplicación del artículo 1348 del Código Civil. El artículo 1348 del Código Civil establece que: “Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Son pues “ley” de obligatorio cumplimiento, a menos que una ley promulgada posteriormente los derogue o reforme. No se puede dejar al arbitrio de las partes la ejecución o la interpretación de los contratos, cualquier desvío de lo pactado da lugar a que la parte contraria obtenga el derecho legítimo de reclamar su cumplimiento, la sentencia ha suplantado estas disposiciones sin tener la altura de una “ley debidamente promulgada” que haya sido sometida al rigor del Artículo 1° del Código Civil y publicada en “La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras”. En este Sentido las partes en esta demanda estaban sujetas a contratos administrativos de Servicios Personales, los cuales firmaron sin objeción alguna, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo y sujetándose al plazo y a las condiciones contractuales, en este sentido se debió aceptar la voluntad de las partes, quienes sabían la fecha de inicio y finalización y los derechos y obligaciones a que se sujetaban, mi representada cumplió el contrato y sin embargo el Aquem dejo de aplicar lo establecido en artículo 1348 del Código Civil..”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; b) el artículo 1348 del Código Civil que indica como violado no ostenta el carácter de norma sustantiva ni pertenece al orden laboral; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 1 del Código Civil; y, d) formula alegatos de instancia.- VI.- Que la Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo en relación con el artículo 2° numeral 2° en sus dos párrafos, de este mismo Código insultando el Artículo 256 de la Constitución de la República. Este Artículo 256 de la Constitución, que por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria y debe respetarse absolutamente; el criterio se podría aplicar a los casos de la empresa privada-empleado, porque es propio de esta jurisdicción apoyada en el Artículo 47 del Código del Trabajo pero impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley de Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa- administrativa. Al margen de todo anteriormente alegado, y sin que se pueda tomar como aceptación alguna por parte nuestra, la demanda debió presentarse ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. El Tribunal Sentenciador confirmó la sentencia del “a quo” por considerar que a los “Contratos Administrativos de Servicios Personales” suscritos entre las partes en litigio se les aplica el Código del Trabajo y, es visto que tanto su Artículo 2° numeral 2°, como El Artículo 1° de la Ley del Servicio Civil al que el Artículo 2° laboral se refiere y el Artículo 256 de la Constitución de la República ordenan que las relaciones del Estado con sus servidores deben cobijarse bajo el servicio civil y su pago dentro de la Ley del Presupuesto. ”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no tiene precepto legal autorizante conforme lo indica el artículo 765 y 769 numeral 5) del Código del Trabajo; b) la violación directa se produce al margen del material probatorio, siendo que se ha hecho relación a la prueba aportada como contratos suscritos entre las partes y el tipo de relación, que fueron objeto de la controversia, por ende de la prueba, resultando impropio el ataque por esta vía; c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 47 del Código del Trabajo y 256 de la Constitución de la República; y, c) formula alegatos de instancia.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 263-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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