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Sentencia CL-252-17 — Registro 8001

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro a unos puestos de trabajo y restitución a sus funciones, que se declare la permanencia en sus labores y se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como norma sustantiva infringida el artículo …2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo…”, sin embargo, tal disposición no ostenta tal calidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) se omite el precepto autorizante; y, c) en el desarrollo se alude a los artículos 321, 322, 323, 324 de la Constitución de la República, 1 párrafo primero de la Convención Americana Contra la Corrupción, 43 del Código Civil, 1 numeral 5) y 2 de la Ley de Servicio Civil, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionada en la formulación. "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indican como infringidos los artículos 46 del Código del Trabajo y 1348 del Código Civil, pero es el caso, que el primero no osteta la clidad de sustantivo y el segundo no pertenece al orden laboral; y, b) se omite el precepto autorizante. - Que en un tercer motivo se aduce: : “Aplicación indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo en relación con el artículo 46 de este mismo Código insultando el Artículo 256 de la Constitución de la República. Este artículo 256 de la Constitución, que por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria crea el régimen de servicio civil regulando las relaciones entre empleo y función público; de lo cual está claro que el Código del Trabajo se aplica a los casos de la empresa privada-empleado, porque es propio de esa jurisdicción apoyada en el Artículo 46 del Código del Trabajo; pero impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Por tanto mi representada no estaba obligada al momento de poner fin a la relación laboral, a probar una justa causa de despido como erróneamente la corte sentenciadora lo establece en sus entencia. En este sentido el Ad Quem, desconoce el derecho administrativo y las Disposiciones Presupuestarias que regulan la Administración Centralizada y los entes desconcentrados del Estado en su normativa presupuestaria, no se puede aplicar el artículo 46 del Código del Trabajo caprichosamente, ya que como se ha manifestado las relaciones que existieron entre los demandantes y mi representada, fueron bajo un Contrato Administrativo de Servicios Personales eran labores que por su naturaleza no podían ser más que contratos a término sin obligación de mi representada fuera de los consignados en los contratos. Al margen de todo anteriormente alegado, y sin que se pueda tomar como aceptación alguna por parte nuestra, la demanda debió presentarse ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. El Tribunal Sentenciador confirmó la sentencia del “a quo” por considerar que a los “Contratos Administrativos de Servicios Personales” suscritos entre las partes en litigio se les aplica el Código del Trabajo y, es visto que tanto su Artículo 2° numeral 2°, como El Artículo 1° de la Ley del Servicio Civil al que el Artículo 2° laboral se refiere y el Artículo 256 de la Constitución de la República ordenan que las relaciones del Estado con sus servidores deben cobijarse bajo el servicio civil y su pago dentro de la Ley del Presupuesto.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 31 de julio del 2017, por la abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además, es parte recurrida, los señores DAGOBERTO LAINEZ GUEVARA, Bachiller Técnico en Mecánica Automotriz, JORGE ALBERTO CARDENAS HERNANDEZ, Perito Mercantil y Contador Público, RAMON ANTONIO RODRIGUEZ MEJIA, Vigilante, HARLET REINIERY GIRON CRUZ, Perito Mercantil y Contador Público y JUAN ANGEL ORTIZ REYES, Labrador; todos mayores de edad, solteros, hondureños y de este domicilio, representados en juicio por la abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro a unos puestos de trabajo y restitución a sus funciones, en virtud de haber sido suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, en represalias por haber interpuesto una acción una acción judicial en este Juzgado para que se declare la permanencia en sus labores, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de diciembre del 2013, por la abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores DAGOBERTO LAINEZ GUEVARA, JORGE ALBERTO CARDENAS HERNANDEZ, RAMON ANTONIO RODRIGUEZ MEJIA, HARLET REINIERY GIRON CRUZ, JUAN ANGEL ORTIZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE hoy SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 04 de abril del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de enero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: Declarar CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro a unos puestos de trabajo y restitución a sus funciones, que se declare la permanencia en sus labores. Pago de salarios dejados de percibir, instaurada por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR en su condición de Representante procesal de los señores Dagoberto Laínez Guevara, Jorge Alberto Cárdenas Hernandez, Ramón Antonio Rodríguez Mejía, Harlet Reiniery Girón Cruz y Juan Ángel Ortiz Reyes; contra el ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. II. CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVERNGA URBINA a los siguiente: a) Reintegrar a los señores Dagoberto Laínez Guevara, Jorge Alberto Cárdenas Hernandez, Ramón Antonio Rodríguez Mejía, Harlet Reiniery Girón Cruz y Juan Ángel Ortiz Reyes a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado además de los derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanentes en el cargo que mantenían; b) Asimismo a pagarles a los señores DAGOBERTO LAINEZ GUEVARA; la suma de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTUDOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.23,322.94), por concepto de: Vacaciones: 2012-2013; (Lps.5,733.01), Vacaciones Proporcionales 2013-2014 ( Lps.1, 954.43); Décimo Tercer 2012-2013 ( Lps.7, 817.75) y Décimo cuarto 2012-2013 (Lps.7, 817.75); JORGE ALBERTO CARDENAS HERNANDEZ; la suma de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTUDOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.23,322.94), por concepto de: Vacaciones: 2012-2013; (Lps.5,733.01), vacaciones proporcionales 2013-2014 (Lps.1, 954.43); Décimo tercer 2012-2013 (Lps.7,817.75) y décimo cuarto 2012-2013 (Lps.7,817.75); RAMON ANTONIO RODRIGUEZ MEJIA la suma de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATROCE LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS (L. 21, 814.21), por concepto de: Vacaciones: 2012-2013; (Lps.5,362.16), vacaciones proporcionales 2013-2014 (Lps.1,827.97); Décimo tercer 2012-2013 ( Lps.7, 312.04) y décimo cuarto 2012-2013 (Lps.7, 312.04); HARLET REINIERY GIRON CRUZ la suma de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTUDOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 23, 322.94), por concepto de: Vacaciones: 2012-2013; (Lps.5,733.01), vacaciones proporcionales 2013-2014 (Lps.1,954.43); Décimo tercer 2012-2013 (Lps.7,817.75) y décimo cuarto 2012-2013 (Lps.7, 817.75); y JUAN ANGEL ORTIZ REYES la suma de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATROCE LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS (L.21,814.21), por concepto de: Vacaciones: 2012-2013; (Lps.5,362.16), vacaciones proporcionales 2013-2014 (Lps.1, 827.97); Décimo tercer 2012-2013 ( Lps.7, 312.04) y décimo cuarto 2012-2013 (Lps.7, 312.04). IV. SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que empezaron a laborar para la demandada bajo la figura de contratos administrativos de servicios profesionales, desde el 29 de septiembre de 2006, cuyo último contrato venció el 31 de diciembre del año 2012; así: Dagoberto Laínez Guevara, se desempeñó como Operador de Planta, devengando un salario de L.7,817.75; Jorge Alberto Cárdenas Hernandez, se desempeñó como Operador de Planta, devengando un salario de L.7,817.75; Ramón Antonio Rodríguez Mejía, se desempeñó como Vigilante, devengando un salario de L.7,312.04; Harlet Reiniery Girón Cruz, se desempeñó como Operador de Planta, devengando un salario de L.7,817.75 y Juan Ángel Ortiz Reyes, se desempeñó como Vigilante, devengando un salario de L.7,312.04; argumento también que el 10 de diciembre del año 2012, se presento demanda judicial ante ese mismo Juzgado para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales y que en represalia por la acción incoada, la Institución demandada después de laborar por más de 7 años de manera continua e ininterrumpida, realizando las mismas funciones, y que estaban molestos y no renovaron sus contratos, contratando a otras personas en sus puestos de trabajo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando en su totalidad las pretensiones de la parte demandante, señalando que nunca existió una relación de trabajo permanente porque la prestación de servicios se encontraba enmarcada bajo la modalidad de Contratos Administrativo de Servicios Personales, con un periodo determinado con fecha de inicio y finalización pre-establecidas; y no profesionales como pretenden hacerlo ver, argumentando que sus funciones eran de manera permanente e ininterrumpida, bajo la subordinación del empleador; sin embargo no manifestaron que realizaban una actividad de prestación de servicio en el Proyecto Nacaome y cualquier función que realizaron en los proyectos determinados no eran permanentes y la duración era sujeta al presupuesto y finalización de la obra. No obstante ello, no puede existir una real y verdadera relación laboral sino contratos transitorios o temporales, por lo tanto no puede aplicarse de forma antojadiza la normativa del artículo 47 del Código del Trabajo. Argumentó que en cuanto al reclamo administrativo presentado ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la demandada no estaba facultada para aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes, alegando también en su defensa que la relación de trabajo que sostuvieron los demandantes con la demandada fue mediante Contratos de Servicios Personales, enmarcados en los Contratos Administrativos de apoyo, no permanentes, en los cuales claramente establecen en la clausula decima sobre las leyes aplicables; de igual manera manifestó que consta en la cláusula decima de los contratos que los demandantes aceptaron las condiciones y términos de los mismos; y que no existe ninguna obligación laboral entre el demandado y la demandante ya que la relación fue de carácter administrativo y que será competente para conocer del asunto el Juzgado de Letras de los Contencioso Administrativo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha30 de enero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda Ordinaria Laboral, condenó a la parte demandada a reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; a restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado además de los derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanentes en el cargo que mantenían; asimismo a pagarles a los demandantes los derechos adquiridos, sin costas; demanda ordinaria laboral que fue promovida por la abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores DAGOBERTO LAINEZ GUEVARA, JORGE ALBERTO CARDENAS HERNANDEZ, RAMON ANTONIO RODRIGUEZ MEJIA, HARLET REINIERY GIRON CRUZ, JUAN ANGEL ORTIZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE hoy SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE); bajo el criterio que quedó probado en juicio que los demandantes desde que iniciaron la relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente está continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada en las notas de fechas 29 de agosto de 2013, no les señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; asistiéndoles el derecho a ser reintegrados a sus puestos de trabajo que tenían al momento de la ruptura del contrato de trabajo, así como la restitución a sus funciones y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgados en ausencia de los actores. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 04 de abril del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que quedó establecido que se dio por terminada la relación laboral a partir del 31 de agosto del año 2013, según notas de terminación de la relación laboral firmadas por la Abogada María Eugenia Matute Subgerente de Recursos Humanos, y considera que la relación laboral de los demandantes era continua, sobre todo porque celebraron varios contratos de trabajo y por tal razón se les debe de tener como empleados permanentes desde que iniciaron su relación laboral y al no invocárseles en la terminación de la relación laboral ninguna causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto y por ende es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho merito, reintegrándoseles en sus puestos como empleados permanentes, así como declarando con lugar los demás derechos y los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios. 5.- Mediante auto de fecha 01 de junio del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 31 de julio del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de septiembre del 2017, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en el primer motivo de casación alega: “Infracción directa por falta de aplicación del Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo. El Artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas; sin embargo claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” (entre otras) las entidades públicas. En ese sentido es claro que las mencionadas en el párrafo primero y descrito en su numeral 2 ° no le son aplicables las normas del Código del Trabajo, por ende a mi representada, porque está dentro de las exceptuadas por ser una entidad pública; dicho de otra forma, están exentas de su aplicación por estar reguladas en una ley especial posterior al Código del Trabajo. Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos. “empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, Decreto ejecutivo o Acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”. Naturalmente, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1988), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1988 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la Constitución de la República del año 1982 que en Capítulo XIII Artículos del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. En tanto, la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público”, “Oficial Gubernamental o “servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funcione; ¿ti nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. En este sentido, el sentenciador declara la existencia de una relación continua por la suscripción de varios contratos de trabajo, consecuentemente la permanencia en los puestos por parte de los demandantes; lo anterior hace que se reconozca la categoría de empleados públicos para los demandantes, lo cual es contradictorio pues los considerados como tales, tienen una relación laboral regida por La ley de Servicio Civil, además dejando de observar que los mismo laboraron para un Proyecto con fecha de inicio y finalización cuya contratación estaba sujeta al presupuesto anual proveniente de fondos internacionales. A partir de todo lo anterior, queda claro que el sentenciador dejo sin aplicación lo establecido en el artículo 20 numeral 2° del Código del Trabajo, con la aplicación indebida que hace del artículo 46 del Código del Trabajo.”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como norma sustantiva infringida el artículo …2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo…”, sin embargo, tal disposición no ostenta tal calidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) se omite el precepto autorizante; y, c) en el desarrollo se alude a los artículos 321, 322, 323, 324 de la Constitución de la República, 1 párrafo primero de la Convención Americana Contra la Corrupción, 43 del Código Civil, 1 numeral 5) y 2 de la Ley de Servicio Civil, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionada en la formulación. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Violación directa por falta de aplicación del artículo 1348 del Código Civil, por aplicación indebida del artículo 46 del Código del Trabajo. El artículo 1348 del Código Civil establece que: “Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Son pues “ley” de obligatorio cumplimiento, a menos que una ley promulgada de acuerdo con los Artículos 1° y 5° lo derogue o reforme. No se puede dejar al arbitrio de las partes la ejecución o la interpretación de los contratos, cualquier desvío de lo pactado da lugar a que la parte contraria obtenga el derecho legítimo de reclamar su cumplimiento, la sentencia ha suplantado estas disposiciones sin tener la altura de una “ley debidamente promulgada” que haya sido sometida al rigor del Artículo 1° del Código Civil y publicada en “La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras”. En este Sentido las partes estaban sujetas a contratos administrativos de Servicios Personales, los cuales firmaron sin objeción alguna, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo y sujetándose al plazo y a las condiciones contractuales, en este sentido se debió de aceptar la voluntad de las partes, quienes sabían la fecha de inicio y finalización y los derechos y obligaciones a que se sujetaban, cumpliendo mi representada al pie de cada contrato y sin embargo el Aquem dejo de aplicar lo establecido en artículo 1348 del Código Civil, al aplicar indebidamente el artículo 46 del Código del Trabajo.”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indican como infringidos los artículos 46 del Código del Trabajo y 1348 del Código Civil, pero es el caso, que el primero no osteta la clidad de sustantivo y el segundo no pertenece al orden laboral; y, b) se omite el precepto autorizante. - Que en un tercer motivo se aduce: : “Aplicación indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo en relación con el artículo 46 de este mismo Código insultando el Artículo 256 de la Constitución de la República. Este artículo 256 de la Constitución, que por ser ley suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria crea el régimen de servicio civil regulando las relaciones entre empleo y función público; de lo cual está claro que el Código del Trabajo se aplica a los casos de la empresa privada-empleado, porque es propio de esa jurisdicción apoyada en el Artículo 46 del Código del Trabajo; pero impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Por tanto mi representada no estaba obligada al momento de poner fin a la relación laboral, a probar una justa causa de despido como erróneamente la corte sentenciadora lo establece en sus entencia. En este sentido el Ad Quem, desconoce el derecho administrativo y las Disposiciones Presupuestarias que regulan la Administración Centralizada y los entes desconcentrados del Estado en su normativa presupuestaria, no se puede aplicar el artículo 46 del Código del Trabajo caprichosamente, ya que como se ha manifestado las relaciones que existieron entre los demandantes y mi representada, fueron bajo un Contrato Administrativo de Servicios Personales eran labores que por su naturaleza no podían ser más que contratos a término sin obligación de mi representada fuera de los consignados en los contratos. Al margen de todo anteriormente alegado, y sin que se pueda tomar como aceptación alguna por parte nuestra, la demanda debió presentarse ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. El Tribunal Sentenciador confirmó la sentencia del “a quo” por considerar que a los “Contratos Administrativos de Servicios Personales” suscritos entre las partes en litigio se les aplica el Código del Trabajo y, es visto que tanto su Artículo 2° numeral 2°, como El Artículo 1° de la Ley del Servicio Civil al que el Artículo 2° laboral se refiere y el Artículo 256 de la Constitución de la República ordenan que las relaciones del Estado con sus servidores deben cobijarse bajo el servicio civil y su pago dentro de la Ley del Presupuesto.”. VII. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el artculo 113 señalado como norma sustantiva infringida contiene párrafos y literales, siendo necesario precisar a cual de ello se dirige el ataque; b) se omite el precepto autorizante; y, c) en el desarrollo se alude a los artículos 1, 2 numeral 2) de la Ley de Servicio Civil, disposiciones que no fueron relacionadas en la formulación. VIII. Los defectos técnicos anteriormente relacionados vuelven ineficaz el recurso de casación en sus tres motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un días del mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 252-17. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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