Sentencia CL-325-11 — Registro 2290
Resumen
“En primera instancia se interpuso demanda ordinaria laboral, que fue declarada con lugar. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que falló revocando la demanda ordinaria laboral que condeno Empresa Nacional Portuaria (ENP)a reintegrar a la Señora Yadira Yanes Castro y en consecuencia se declara sin lugar la demanda de merito y absuelve a la institución de toda responsabilidad económica derivada de la misma.”
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 8 de Junio de 2011, REVOCA la sentencia que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes en fecha 15 de marzo de 2011, la cual, había declarado con lugar la demanda laboral para el reintegro, salarios dejados de percibir y costas del juicio, declarando sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la demandada y condenó a la demandada EMPRESA NACIONAL PORTUARIA al reintegro y pago de los conceptos a favor de la trabajadora; la revocatoria dictada decide declarar sin lugar la demanda y absuelve a la institución de toda responsabilidad económica, sin embargo no hace pronunciamiento en su parte resolutiva en relación a la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada.- VII.- Las sentencias deberán resolver las cuestiones planteadas, acordes con el principio de congruencia, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que representa el fallo.- VIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el Recurrente.- X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortes, en fecha 8 de Junio de 2011, visible a folios 20 al 25 en la segunda pieza."
Legislación citada
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..." Las sentencias deberán resolver las cuestiones planteadas, acordes con el principio de congruencia, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que representa el fallo.-"..
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cuatro de diciembre del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil once, por la Abogada MIRNA GERALDINA GALEAS DE SIERRA, mayor de edad, hondureña, casada y con domicilio en Puerto Cortés, departamento de Cortés, en su condición de apoderada de la señora YADIRA YANES CASTRO, en relación a la demanda ordinaria laboral para que judicialmente se condene y ordene a la parte demandada al reintegro al trabajo por lo menos en igualdad de condiciones por despido ilegal e injustificado, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación unilateral del contrato individual de trabajo o despido hasta la fecha en que se cumpla la reinstalación a puesto de trabajo, a título de daños y perjuicios, costas. interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis de junio del año dos mil diez, por la señora YADIRA YANES CASTRO, mayor de edad, hondureña, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortes, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General Señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, mayor de edad, hondureño, casado, Ingeniero Agrónomo y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: REVOCANDO, la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en audiencia pública de fecha quince de marzo del año dos mil once, en las diligencias iniciadas con la Demanda Laboral promovida por YADIRA YANES CASTRO, para el reintegro por lo menos en igualdad de condiciones al puesto de trabajo como Auxiliar de la Oficina en Auditoria Interna, que venía desempeñando para su patrono la Empresa Nacional Portuaria, y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación unilateral de su contrato individual de trabajo o despido hasta que se cumpla con la reinstalación a puesto de trabajo en aplicación del artículo 129 de la Constitución de la República; contra la Empresa Nacional Portuaria, a través de su Representante Legal, todos de generales conocidas en autos; en consecuencia se declara sin lugar la demanda de merito y absuelve a la institución de toda responsabilidad económica derivada de la misma. SIN COSTAS.” en ambas instancias.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la demandada con un primer contrato del 28 de marzo al 25 de mayo de 2006, en forma eventual mediante la suscripción de Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado como Auxiliar de Oficina en el Departamento de Auditoria Interna, que posteriormente firmó 23 contratos desde el 24 de julio de 2006 hasta el 13 de febrero de 2010 de forma ininterrumpida, asignándosele ficha No.29583-2; que en fecha 3 de noviembre de 2009 su jefe inmediato le envió al Gerente General de la empresa, memorando UAI-218-2009, mediante el cual solicitó su contratación permanente, siendo aprobada, sin embargo el 6 de noviembre de 2009, el Gerente General de la empresa envió al Jefe de Recursos Humanos memorando 424-2009, mediante el cual le informa que en relación al memorando UAI-218-2009 del 2 de noviembre de 2009, deja sin valor y efecto su aprobación a excepción de la señora Irma Jeaneth Canales, razón por la cual solicitó los servicios de un Inspector de Trabajo, quien en fecha 3 de diciembre de 2009, se personó en la oficina de la División de Recursos Humanos y levantó acta con lo constatado, que acudió nuevamente a la Inspectoría a efecto de citar a la empresa para una audiencia de conciliación que se celebró el 17 de diciembre de 2009, a la que acudió la representante de la empresa a quien le presentó su reclamo, y quien solicitó se suspendiera la audiencia para hacer las consultas del caso, por lo cual se continuó dicha audiencia en fecha 6 de enero del 2010 en la cual la representante manifestó que con instrucciones de la Gerencia General, se les dé contrato individual de trabajo por tiempo indefinido a las reclamantes en el puesto que ocupan a partir del 7 de enero del 2010, lo que aceptaron con lo cual se dio por conciliada la audiencia, que sin embargo de eso no se le cumplió con lo convenido en el acta levantada porque las personas que ocuparon el cargo de Jefe de División de Recursos Humanos, nunca tomaron en consideración que la demandada ya se había comprometido a suscribir los contratos por tiempo indeterminado, que quisieron obligarla a firmar un contrato con un salario y un puesto que no era el convenido, pero continuó laborando con la demandada en su mismo puesto y con funciones nuevas y definidas, pero desde el 13 de enero de 2010, fue inactivada del sistema de nóminas, por lo que en fecha 12 de marzo de 2010, interpuso demanda laboral para que judicialmente se reconozca la relación de trabajo por tiempo indefinido; que en fecha 18 de mayo de 2010 fue llamada a la Dirección de Recursos Humanos, siendo atendida por el Asistente de Jefe de dicha división, quien verbalmente le manifestó que a partir de esa fecha ya no iba a seguir laborando en dicha empresa y que iba a dar instrucciones a los guardias de protección portuaria para que no le dejaran entrar más a la empresa, por lo cual le pidió una carta de despido a lo que él se negó; que el 19 de mayo de 2010 se presentó a las instalaciones de la empresa en compañía de tres testigos y al momento de pasar por el control de acceso, la Guardia le manifestó que por instrucciones superiores no podía dejarla ingresar a las instalaciones, acudiendo posteriormente a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social solicitando los servicios de un inspector para constatar el despido verbal del que fue objeto en fecha 18 de mayo y ratificado el 19 de mayo de 2010, quien cuando se presentó a las oficinas de la empresa demandada se le manifestó que a la demandante no se le había despedido sino que lo que había sucedido es que su contrato había llegado a término y que no se le había renovado. Solicita que se condene y ordene a la parte demandada al reintegro al trabajo por lo menos en igualdad de condiciones por despido ilegal e injustificado, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se cumpla la reinstalación a su puesto de trabajo, costas.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contestó dicha demanda señalando que a la demandante se le venció su contrato para prestar servicios por tiempo determinado y que aprovechando la demandante la confusión del cambio de administración se quedó desempeñando las mismas labores del Contrato de Servicio y documentando la demandante en forma maliciosa el ejercicio de sus funciones para justificar otra demanda para el reconocimiento de una relación laboral, ya que la misma no había hecho tales acciones en el período anterior, a esto se le suma que la demandante nunca reclamó el pago de sus salarios a pesar de que estuvo en forma silenciosa supuestamente laborando por casi tres meses, porque este no era su propósito, sino quedarse agazapada como una estrategia para lograr el reconocimiento de la relación laboral que le fue supuestamente ofrecida, razón por la cual se le comunicó en forma verbal que no debería seguir ingresando a la empresa porque su contrato había vencido y que no se le iba a permitir el ingreso a las mismas, que la demandante desempeñó labores temporales por las necesidades internas de la empresa, ya que la demandante nunca sustituyó o desempeñó las labores de un empleado permanente. En la audiencia primera de trámite interpuso excepción perentoria de prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha quince de marzo del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda tendiente a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo, sin lugar la excepción perentoria de prescripción, que se condene a la demandada al pago de salarios dejados de percibir, en consecuencia condena a la demandada a reintegrar a la demandante en forma permanente en su puesto de trabajo, al pago de los salarios adeudados correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2010, al pago de vacaciones, al pago del séptimo día más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea reintegrado, con costas. Criterio: que la labor que desempeñaba la demandante es una actividad de gran importancia en la empresa demandada, pues es actividad que es considerada permanente y en forma continua dentro de la empresa, que el acta levantada ante la autoridad competente en la que la demandada se compromete con la demandante a otorgarle contrato de trabajo por tiempo indefinido obliga a la empresa a cumplir lo allí pactado.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos de junio del año dos mil once, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el A-Quo, declarando sin lugar la demanda de merito, absolviendo a la demandada de toda responsabilidad económica de la misma, sin costas. Criterio: la demandada a la finalización del último contrato de trabajo, sacó del sistema de nóminas a la demandante y en virtud de ello, ésta dejó de percibir salario ordinario como retribución del servicio que dice haber prestado, pero tampoco aparece reportada actividad personal alguna entre las fechas del 23 de abril al 18 de mayo que es la fecha en que dice haber terminado por decisión patronal la relación de trabajo, de todo lo cual resulta que dicha relación había finalizado previo a la fecha en que aduce la trabajadora por causas imputables a la demandada, que el compromiso asumido por la apoderada legal de la entidad demandada se refería a la suscripción de contrato por tiempo indefinido, el que, por ser anterior a la finalización del último contrato suscrito por tiempo determinado y no tener el sustento que requieren los compromisos asumidos por lo apoderados legales de los entes autónomos de acuerdo a la ley de la administración pública, carece del efecto que el A-quo le otorga para declarar interrumpido el término de la prescripción; el compromiso se suscribió el 6 de enero del 2010 y la demanda presentada con ocasión del mismo pretendía el reconocimiento de la relación de trabajo por tiempo indefinido y no la terminación del contrato de trabajo.- 5.- Que mediante sentencia de fecha dieciocho de julio del año dos mil once, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada MIRNA GERALDINA GALEAS, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada de la señora YADIRA YANES CASTRO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil once, compareció ante este Tribunal la Abogada MIRNA GERALDINA GALEAS, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada de la señora YADIRA YANES CASTRO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que en proveido de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MIRNA GERALDINA GALEAS, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha cuatro de octubre del año dos mil once, la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, actuando en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 8 de Junio de 2011, REVOCA la sentencia que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes en fecha 15 de marzo de 2011, la cual, había declarado con lugar la demanda laboral para el reintegro, salarios dejados de percibir y costas del juicio, declarando sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la demandada y condenó a la demandada EMPRESA NACIONAL PORTUARIA al reintegro y pago de los conceptos a favor de la trabajadora; la revocatoria dictada decide declarar sin lugar la demanda y absuelve a la institución de toda responsabilidad económica, sin embargo no hace pronunciamiento en su parte resolutiva en relación a la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada.- VII.- LasLas Las sentencias deberán resolver las cuestiones planteadas, acordes con el principio de congruencia, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que representa el fallo.- VIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el Recurrente.- X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortes, en fecha 8 de Junio de 2011, visible a folios 20 al 25 en la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de Enero del Dos Mil Trece; Certificación de la sentencia de fecha cuatro de diciembre del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 325-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL