Sentencia CA-815-12 — Registro 2933
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el a quo, en el sentido de declarar procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de despido; reconociendo a favor del demandante la situación jurídica individualizada reclamada .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Régimen de Servicio Civil en su CAPÍTULO XIII, DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DEL RÉGIMEN DEL DESPIDO EN SU ARTÍCULO 46 en su primer párrafo establece que: Ninguna de las sanciones previstas en los artículos anteriores podrá aplicarse a los servidores públicos sin haber sido oídos previamente y haberse realizado las investigaciones del caso cuando procedan; el cual no es el caso Honorables magistrados quedo debidamente acreditado con las pruebas documentales aportadas que se garantizó el derecho a defensa, tanto de Inspectoría General como por la Subgerencia de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad.- SEGUNDO: Que continúa el artículo anterior mencionado en su segundo párrafo que: Corresponde a la Autoridad Nominadora la aplicación de las sanciones a que se refiere este capítulo; en tal caso Honorables Magistrados si hablamos de medidas disciplinarias y sanciones y que corresponde a la autoridad nominadora la aplicación de las mismas estamos arguyendo que la autoridad nominadora es la Subgerencia de Recursos Humanos a la que le compete aplicar la sanción requerida.- TERCERO: Que la Ley de Servicio Civil establece que la autoridad Nominadora es todo funcionario que tenga competencia para nombrar servidores públicos por atribución legal o por delegación de autoridad competente, por lo tanto, en el Instituto de la Propiedad ese cargo lo asume la subgerencia de Recursos Humanos y no la Inspectoría General, en consecuencia el termino de prescripción se debe computar desde que la subgerencia de Recursos Humanos cita al empleado para audiencia de Descargo, que fue el dieciséis (16) de octubre de dos mil nueve, hasta la fecha de despido, que fue el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009), hasta la fecha de despido, que fue el veintiuno (21) de dos mil nueve (2009), transcurriendo en total de cinco (5) días.- CUARTO: Que en sentencia dictada por este Tribunal en el considerando seis (6) que arguye que no se presento prueba alguna contra el Señor Henry Alexander Fuentes y que en ningún momento del juicio acredito fehacientemente que el demandante haya sido el que cometió la falta grave; entonces señores magistrados ustedes toman que no es prueba suficiente el que el demandante no incumplió con sus deberes y obligaciones al calificar como INSCRIBIBLE UNA PROPIEDAD en el cual tenía el conocimiento que en la cual existe una prohibición de efectuar mas inscripciones en el lugar denominada AGUA SALADA, de conformidad al artículo 59 numeral 1 y 2 de las Obligaciones del Personal y Artículo 60 numerales 6 y 7 de las prohibiciones establecidas en el reglamento de personal del Instituto de la Propiedad; junto con las OCHO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS EN EL PERÍODO PROBATORIO QUE CORRESPONDEN A LA INSCRIPCIONES, CERTIFICACIONES ASIENTOS RELACIONADOS CON LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES LAS CUALES HONORABLES TRIBUNAL NO LAS ESTA VALORANDO COMO TALES. QUINTO: Que la actuación quedo debidamente acreditada que la falta cometida por el señor demandante costa en el Asiento número 86 del tomo 4456, el cual si se encuentra acreditada la falta cometida por el mismo; que el demandante en una forma antojadiza confunde dicho tribunal al querer hacer ver inocencia al demandante tergiversando y queriendo confundir los hechos a su conveniencia y actuando de mala fé en virtud de recalcar datos que no corresponden a la presente demanda.- SEXTO: que continua arguyendo este Honorable tribunal en su considerando ocho (8) de dicha sentencia el termino de prescripción de la autoridad nominadora que establece la Ley de Servicio Civil es de treinta días, sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la Ley y dicho termino comenzara a contarse desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción, y la autoridad nominadora para aplicaciones de sanciones honorables magistrados es la Subgerencia de Recursos Humanos la cual cito a audiencia de descargo al demandante en fecha 16 de octubre de 2009, y la fecha de despido fue en fecha 21 de octubre de 2009, transcurriendo un total de cinco (5) días.- SEPTIMO: 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según su considerandos que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 59 numeral 1 y 2 de la Obligaciones del Personal y 60 numeral 6 y 7 de las Prohibiciones del Reglamento del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.- “ Que lo expuesto por la Impetrante en la forma que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: a) carece de claridad, ya que realiza un alegato de prescripción, pero no establece la norma que bajo este concepto considera ha sido violada: b) insta la revisión y valoración del material probatorio, lo cual, no es permitido en este recurso extraordinario; c) además del articulo 719 literal c) del Código Procesal Civil, cita como precepto autorizante las disposiciones contenidas en los artículos 206, 207, 208 de este mismo cuerpo legal y 59 numeral 1 y 2 de la Obligaciones del Personal y 60 numeral 6 y 7 de las Prohibiciones del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, como sustentos del motivo, lo cual le resta precisión al mismo; d) se limita a copiar literalmente los artículos 206, 207, 208 del Código Procesal Civil, pero sin explicar bajo que concepto fueron infringidas, sin ser preciso en alguna de las situaciones jurídicas que significa cada uno de ellos y el concepto de la infracción!.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 1 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“ Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Régimen de Servicio Civil en su CAPÍTULO XIII, DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DEL RÉGIMEN DEL DESPIDO EN SU ARTÍCULO 46 en su primer párrafo establece que: Ninguna de las sanciones previstas en los artículos anteriores podrá aplicarse a los servidores públicos sin haber sido oídos previamente y haberse realizado las investigaciones del caso cuando procedan; el cual no es el caso Honorables magistrados quedo debidamente acreditado con las pruebas documentales aportadas que se garantizó el derecho a defensa, tanto de Inspectoría General como por la Subgerencia de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad.-SEGUNDO: Que continúa el artículo anterior mencionado en su segundo párrafo que: Corresponde a la Autoridad Nominadora la aplicación de las sanciones a que se refiere este capítulo; en tal caso Honorables Magistrados si hablamos de medidas disciplinarias y sanciones y que corresponde a la autoridad nominadora la aplicación de las mismas estamos arguyendo que la autoridad nominadora es la Subgerencia de Recursos Humanos a la que le compete aplicar la sanción requerida.- TERCERO: Que la Ley de Servicio Civil establece que la autoridad Nominadora es todo funcionario que tenga competencia para nombrar servidores públicos por atribución legal o por delegación de autoridad competente, por lo tanto, en el Instituto de la Propiedad ese cargo lo asume la subgerencia de Recursos Humanos y no la Inspectoría General, en consecuencia el termino de prescripción se debe computar desde que la subgerencia de Recursos Humanos cita al empleado para audiencia de Descargo, que fue el dieciséis (16) de octubre de dos mil nueve, hasta la fecha de despido, que fue el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009), hasta la fecha de despido, que fue el veintiuno (21) de dos mil nueve (2009), transcurriendo en total de cinco (5) días.- CUARTO:Que en sentencia dictada por este Tribunal en el considerando seis (6) que arguye que no se presento prueba alguna contra el Señor Henry Alexander Fuentes y que en ningún momento del juicio acredito fehacientemente que el demandante haya sido el que cometió la falta grave; entonces señores magistrados ustedes toman que no es prueba suficiente el que el demandante no incumplió con sus deberes y obligaciones al calificar como INSCRIBIBLE UNA PROPIEDAD en el cual tenía el conocimiento que en la cual existe una prohibición de efectuar mas inscripciones en el lugar denominada AGUA SALADA, de conformidad al artículo 59 numeral 1 y 2 de las Obligaciones del Personal y Artículo 60 numerales 6 y 7 de las prohibiciones establecidas en el reglamento de personal del Instituto de la Propiedad; junto con las OCHO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS EN EL PERÍODO PROBATORIO QUE CORRESPONDEN A LA INSCRIPCIONES, CERTIFICACIONES ASIENTOS RELACIONADOS CON LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES LAS CUALES HONORABLES TRIBUNAL NO LAS ESTA VALORANDO COMO TALES. QUINTO: Que la actuación quedo debidamente acreditada que la falta cometida por el señor demandante costa en el Asiento número 86 del tomo 4456, el cual si se encuentra acreditada la falta cometida por el mismo; que el demandante en una forma antojadiza confunde dicho tribunal al querer hacer ver inocencia al demandante tergiversando y queriendo confundir los hechos a su conveniencia y actuando de mala fé en virtud de recalcar datos que no corresponden a la presente demanda.- SEXTO: que continua arguyendo este Honorable tribunal en su considerando ocho (8) de dicha sentencia el termino de prescripción de la autoridad nominadora que establece la Ley de Servicio Civil es de treinta días, sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la Ley y dicho termino comenzara a contarse desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción, y la autoridad nominadora para aplicaciones de sanciones honorables magistrados es la Subgerencia de Recursos Humanos la cual cito a audiencia de descargo al demandante en fecha 16 de octubre de 2009, y la fecha de despido fue en fecha 21 de octubre de 2009, transcurriendo un total de cinco (5) días.- SEPTIMO: 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según su considerandos que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMAY CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 59 numeral 1 y 2 de la Obligaciones del Personal y 60 numeral 6 y 7 de las Prohibiciones del Reglamento del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del CódigoProcesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.- “Que lo expuesto por la Impetrante en la forma que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: a) carece de claridad, ya que realiza un alegato de prescripción, pero no establece la norma que bajo este concepto considera ha sido violada: b) insta la revisión y valoración del material probatorio, lo cual, no es permitido en este recurso extraordinario; c) además del articulo 719 literal c) del Código Procesal Civil, cita como precepto autorizante las disposiciones contenidas en los artículos 206, 207, 208 de este mismo cuerpo legal y 59 numeral 1 y 2 de la Obligaciones del Personal y 60 numeral 6 y 7 de las Prohibiciones del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, como sustentos del motivo, lo cual le resta precisión al mismo; d) se limita a copiar literalmente los artículos 206, 207, 208 del Código Procesal Civil, pero sin explicar bajo que concepto fueron infringidas, sin ser preciso en alguna de las situaciones jurídicas que significa cada uno de ellos y el concepto de la infracción.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.-“
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, numeral 2 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 719, Numeral 1 inciso c (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA y el recurrido: HENRY ALEXANDER FUENTES MEJIA, representado en juicio por la Abogada SAIDA PATRICIA ZELAYA SOLER.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no estar dictado el mismo conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se adopten las medidas necesarias como ser el reintegro al cargo que ocupaba, y a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, más el pago de los demás derechos que se produzcan en la secuela del juicio y las costas del juicio, promovida por el señor HENRY ALEXANDER FUENTES MEJIA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada mediante un Contrato de Servicios Profesionales desde el 10 de junio hasta el 10 de agosto de 2004, en el puesto de Receptor de Documentos, posteriormente dicho contrato fue prorrogado siendo el último hasta el 31 de diciembre del mismo año y que mediante Acuerdo No.236-2005 de fecha 29 de julio de 2005, se acordó nivelar el salario del demandante conforme a la nueva estructura de puestos y salarios aprobada por la Secretaría de Finanzas al personal, en el puesto de Calificador II; que en fecha 7 de agosto de 2009, fue citado el demandante por la Inspectoría del Instituto de la Propiedad, a fin de rendir declaración en torno a la ampliación de la denuncia No.38-08, misma que fue interpuesta por el Abogado Ángel Santos Portillo en el mes de junio de 2008, por la inscripción de documentos en el lugar denominado AGUA SALADA; que la autoridad nominadora en la audiencia de descargo levantada en fecha 19 de octubre de 2009, se le imputa cargos que en ningún momento fueron responsabilidad del demandante, pues ellos aducen que el demandante no observó el procedimiento establecido por la Ley en cuanto al origen, constitución, reconocimiento, tracto sucesivo, transmisión, modificación, limitación o cancelación de los actos contratados y derechos sujetos a la fe pública registral, en el caso de AGUA SALADA, faltando a los deberes como empleado del Instituto de la Propiedad, aseveraciones que a todas luces están lejos de la verdad, pues siempre el demandante cumplió con sus deberes y obligaciones cuando fungía como empleado de la Institución demandada; que el acto administrativo emitido por la autoridad nominadora consistente en el acuerdo de cancelación por despido No.029-2009 de fecha 21 de octubre de 2009, no se llevo a cabo de conformidad al artículo 57 reformado de la Ley de Servicio Civil y que por simple operaciones aritméticas y si realizamos una concatenación de fechas desde el momento en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de los hechos en el caso que nos ocupa la denuncia interpuesta y la fecha en que se llevo la audiencia de descargo encontramos que la autoridad nominadora dejo transcurrir el término de un año con cuatro meses para imponer las medidas disciplinarias o efectuar el despido, sobrepasando de esta manera el término de 30 días que establece la Ley de Servicio Civil, por lo que la acción de despido se encuentra prescrita.- 2.- La parte demandada, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que la institución demandada se rige por su propio Reglamento de Personal, el cual fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo en fecha 31 de mayo de 2005, mediante Acuerdo No.037-2005 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.30,847 de fecha once de noviembre del año dos mil cinco y no por la Ley de Servicio Civil; que el artículo 43 de la Ley de Propiedad que define la “Calificación Registral”, precisamente es aplicable a las faltas cometidas por el demandante y que dieron lugar a la cancelación por despido; que de Acuerdo de Cancelación No.029-2009 de fecha 21 de octubre del año 2009, se encuentra apegado a derecho y es completamente legal, ya que se dictó siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y en las leyes Administrativas respectivas.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de noviembre de dos mil once, dictó sentencia declarando improcedente la acción incoada por el señor Henry Alexander Fuentes Mejía, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto, así como de las pruebas aportadas en juicio, esta claro y evidente para el suscrito Juzgador que el acto administrativo por medio del cual se canceló al demandante de su puesto de trabajo, se emitió conforme a derecho, ya que como se sabe, para que la autoridad nominadora emita un acuerdo de cancelación de un servidor público, esta tiene que sujetarse al Principio de Legalidad, siguiendo el procedimiento que ordena la Ley y respetando las garantías del servidor público, y en el presente caso de autos consta que este fue citado a la correspondiente audiencia de descargos, en consecuencia de esto, al estar ajustado a derecho el acto impugnado hace que la presente acción sea improcedente.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de mayo de dos mil doce, dictó sentencia revocando la proferida por el a-quo, en el sentido de declarar procedente la acción incoada por el señor Henry Alexander Fuentes Mejía, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de despido No.029-2009, de fecha veintiuno de octubre del dos mil nueve (2009) emitido por el Instituto de la Propiedad; reconociendo a favor del demandante la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se tomen las siguientes medidas: como ser el reintegro al cargo que ocupaba, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva del despido hasta la fecha que se ejecute la sentencia, más el pago de los demás derechos que se produzcan en la secuela del juicio, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto de la pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los Fundamentos de Derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte de Apelaciones observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, así como en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad para dictar esta clase de actos administrativos, y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado por lo consiguiente es nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, presentó en fecha quince de junio de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha diez de mayo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 114-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 364-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha veintidós de junio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, representado en juicio por la Abogada OLGA MARIA RUIZ PEÑA, presentó en fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha treinta de agosto de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificadas personalmente de dicha resolución en fecha veinticuatro y veintiocho de septiembre de dos mil doce, las Abogadas NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA y SAIDA PATRICIA ZELAYA SOLER, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada SAIDA PATRICIA ZELAYA SOLER, presentó escrito en fecha cuatro de octubre de dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Régimen de Servicio Civil en su CAPÍTULO XIII, DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DEL RÉGIMEN DEL DESPIDO EN SU ARTÍCULO 46 en su primer párrafo establece que: Ninguna de las sanciones previstas en los artículos anteriores podrá aplicarse a los servidores públicos sin haber sido oídos previamente y haberse realizado las investigaciones del caso cuando procedan; el cual no es el caso Honorables magistrados quedo debidamente acreditado con las pruebas documentales aportadas que se garantizó el derecho a defensa, tanto de Inspectoría General como por la Subgerencia de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad.- SEGUNDO: Que continúa el artículo anterior mencionado en su segundo párrafo que: Corresponde a la Autoridad Nominadora la aplicación de las sanciones a que se refiere este capítulo; en tal caso Honorables Magistrados si hablamos de medidas disciplinarias y sanciones y que corresponde a la autoridad nominadora la aplicación de las mismas estamos arguyendo que la autoridad nominadora es la Subgerencia de Recursos Humanos a la que le compete aplicar la sanción requerida.- TERCERO: Que la Ley de Servicio Civil establece que la autoridad Nominadora es todo funcionario que tenga competencia para nombrar servidores públicos por atribución legal o por delegación de autoridad competente, por lo tanto, en el Instituto de la Propiedad ese cargo lo asume la subgerencia de Recursos Humanos y no la Inspectoría General, en consecuencia el termino de prescripción se debe computar desde que la subgerencia de Recursos Humanos cita al empleado para audiencia de Descargo, que fue el dieciséis (16) de octubre de dos mil nueve, hasta la fecha de despido, que fue el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009), hasta la fecha de despido, que fue el veintiuno (21) de dos mil nueve (2009), transcurriendo en total de cinco (5) días.- CUARTO: Que en sentencia dictada por este Tribunal en el considerando seis (6) que arguye que no se presento prueba alguna contra el Señor Henry Alexander Fuentes y que en ningún momento del juicio acredito fehacientemente que el demandante haya sido el que cometió la falta grave; entonces señores magistrados ustedes toman que no es prueba suficiente el que el demandante no incumplió con sus deberes y obligaciones al calificar como INSCRIBIBLE UNA PROPIEDAD en el cual tenía el conocimiento que en la cual existe una prohibición de efectuar mas inscripciones en el lugar denominada AGUA SALADA, de conformidad al artículo 59 numeral 1 y 2 de las Obligaciones del Personal y Artículo 60 numerales 6 y 7 de las prohibiciones establecidas en el reglamento de personal del Instituto de la Propiedad; junto con las OCHO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS EN EL PERÍODO PROBATORIO QUE CORRESPONDEN A LA INSCRIPCIONES, CERTIFICACIONES ASIENTOS RELACIONADOS CON LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES LAS CUALES HONORABLES TRIBUNAL NO LAS ESTA VALORANDO COMO TALES. QUINTO: Que la actuación quedo debidamente acreditada que la falta cometida por el señor demandante costa en el Asiento número 86 del tomo 4456, el cual si se encuentra acreditada la falta cometida por el mismo; que el demandante en una forma antojadiza confunde dicho tribunal al querer hacer ver inocencia al demandante tergiversando y queriendo confundir los hechos a su conveniencia y actuando de mala fé en virtud de recalcar datos que no corresponden a la presente demanda.- SEXTO: que continua arguyendo este Honorable tribunal en su considerando ocho (8) de dicha sentencia el termino de prescripción de la autoridad nominadora que establece la Ley de Servicio Civil es de treinta días, sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la Ley y dicho termino comenzara a contarse desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción, y la autoridad nominadora para aplicaciones de sanciones honorables magistrados es la Subgerencia de Recursos Humanos la cual cito a audiencia de descargo al demandante en fecha 16 de octubre de 2009, y la fecha de despido fue en fecha 21 de octubre de 2009, transcurriendo un total de cinco (5) días.- SEPTIMO: 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según su considerandos que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 59 numeral 1 y 2 de la Obligaciones del Personal y 60 numeral 6 y 7 de las Prohibiciones del Reglamento del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.- II.- Que lo expuesto por la Impetrante en la forma que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: a) carece de claridad, ya que realiza un alegato de prescripción, pero no establece la norma que bajo este concepto considera ha sido violada: b) insta la revisión y valoración del material probatorio, lo cual, no es permitido en este recurso extraordinario; c) además del articulo 719 literal c) del Código Procesal Civil, cita como precepto autorizante las disposiciones contenidas en los artículos 206, 207, 208 de este mismo cuerpo legal y 59 numeral 1 y 2 de la Obligaciones del Personal y 60 numeral 6 y 7 de las Prohibiciones del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, como sustentos del motivo, lo cual le resta precisión al mismo; d) se limita a copiar literalmente los artículos 206, 207, 208 del Código Procesal Civil, pero sin explicar bajo que concepto fueron infringidas, sin ser preciso en alguna de las situaciones jurídicas que significa cada uno de ellos y el concepto de la infracción.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 212, numeral 4), 214 numeral 1), 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus motivos. 2º); DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 815-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL