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Sentencia CA-449-12 — Registro 7395

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el a-quo y declara improcedente la acción incoada, por estar ajustado a Derecho el acto administrativo impugnado

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de abril de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: FERNADO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, representado en juicio por los Abogados MARCO FRANCISCO MOYA BANEGAS y HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ y el Recurrido: ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representada en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para que se declare la ilegalidad y anulación subsecuente de un acto administrativo de carácter particular por haber sido adoptado prescindiendo total y absolutamente del proceso legalmente establecido. Reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado se condene al Estado de Honduras al reintegro al trabajo, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación ilegal de que fue objeto hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, así como al pago de los demás derechos que se puedan producir durante la secuela del juicio, promovida por el señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, representado en juicio por los Abogados MARCO FRANCISCO MOYA BANEGAS y HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representada en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que fue nombrado en febrero del 2008, laborando al momento de la cancelación en el cargo de Jefe de la División de Finanzas; que el 15 de abril del año 2010, fue citado a la Oficina del Director de Recursos Humanos a las 4:30 pm, en donde le entregaron el oficio SEDS-SGRH-123-2010 y el acuerdo SEDS-211-2010 por medio del cual se le cancelaba su nombramiento a partir de ese mismo día, sin que se le haya reconocido en ningún momento el día laborado que transcurrió normalmente, acuerdo en el que tampoco se estipularon las razones de la cancelación. Solicita: Que se declare la ilegalidad y anulación de un acto administrativo de carácter particular por hacer sigo adoptado prescindiendo total y absolutamente del proceso legalmente establecido. Reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para el restablecimiento del derecho subjetivo violado se condene al Estado de Honduras al reintegro al trabajo, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, así como el pago de los demás derechos que se puedan producir durante la secuela del juicio.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que el cálculo de prestaciones se efectuó conforme a Derecho, que mediante Decreto Ejecutivo 002-2010 del 9 de marzo del año 2010, el Presidente de la República delegó al Secretario de Seguridad la potestad de firmar todo movimiento de personal de la Administración Pública Centralizada, regulados por la Ley del Servicio Civil, Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, acuerdo de nombramiento en plazas permanentes de aquellos que por mandato expreso son de libre remoción del Presidente de la República, así que el acto administrativo de cancelación se realizó conforme a Derecho.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso de esta Sección Judicial, en fecha veinte de octubre del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando parcialmente procedente la acción incoada, en el único sentido de reconocerle los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegal cancelación hasta la fecha que quede firme la presente sentencia, condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Seguridad al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir, mas los beneficios obtenidos en su ausencia como ser: Incrementos salariales, aguinaldo, decimotercer y decimocuarto mes de salarios, bonos y vacaciones, sin costas. Criterio: hubo infracción al ordenamiento jurídico, al haberse cancelado al demandante sin seguirse totalmente el procedimiento legalmente establecido, no obstante quedó acreditado también que el demandante realizó el cobro de sus prestaciones laborales, por lo tanto ya no cabe el reintegro como reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pero si los salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta el momento en que quede firme el presente fallo; es decir este aceptó expresamente su cancelación, por lo tanto concluyó la relación de servicio con el Estado y al recibir el pago de sus prestaciones no procede la pretensión del reintegro.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticinco de enero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo y declarando improcedente la acción incoada, por estar ajustado a Derecho el acto administrativo impugnado, sin costas. Criterio: Ya que consta en autos que la demandada pagó las prestaciones que le correspondían al demandante a través del respectivo cheque emitido en fecha 30 de abril del 2010, quien hizo efectivo el mismo el 5 de mayo del 2010, con lo cual consintió la cancelación efectuada, aceptando sus prestaciones laborales por lo que ejerció el derecho a elegir las mismas por su separación del cargo, también consta que no transcurrió ni un mes entre la cancelación y la fecha en que optó por elegir dicho derecho de prestaciones, por lo cual al consentir su cancelación con el cobro y al hacerle efectivas estas inmediatamente no tiene derecho al pago de salarios dejados de percibir, ya que éstos se conceden como daños y perjuicios hasta el momento que los daños son dejados de causarse.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, los Abogados MARCO FRANCISCO MOYA BANEGAS y HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ, en fecha veintiocho de marzo del año dos mil doce, interpusieron escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de enero del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.007-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 247-2012, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representada en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, presentó, en fecha veinte de abril del año dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil doce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha veinticinco de abril, el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ y en fecha siete de mayo del año dos mil doce el Abogado MARCIO FRANCISCO MOYA.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, presentó escrito en fecha treinta de abril del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrido.- 9.- Que los Abogados HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ y MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, presentaron escrito en fecha diecisiete de mayo del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta un único y primer motivo, manifestando lo siguiente: “Que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no atendió los razonamientos expuestos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en el sentido de no pronunciarse sobre la validez de estos preceptos, tal y como los hizo valer el Tribunal A-Quo, sino que se abrogó el derecho de pronunciarse sobre el hecho de que “al aceptar el cheque de sus prestaciones le dio validez al acto y consintió el mismo”. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 del Código Procesal Civil el cual literalmente dice: “Artículo 719.- Causales del Recurso. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo NO APLICO E INTERPRETO ERRONEAMENTE lo preceptuado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en todo su articulado, desde sus fines y objetivos de “Regular las relaciones entre servidores públicos y el Estado” y principalmente el capítulo XIII De las medidas disciplinarias y del régimen de despido y más puntualmente los artículos 47 al 54 de la Ley de Servicio Civil, asimismo, NO APLICO E INTERPRETO ERRONEAMENTE los artículos 279, 280, 281 y 283 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; “al declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Estado de Honduras En nuestro punto de vista, la Corte de Apelaciones debió pronunciarse sobre el fondo del litigio y no desconocer lo manifestado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en su fallo, el cual claramente menciona el articulado que hemos reseñado.”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inamisible por las razones siguientes: a) el Censor señala en el mismo cargo falta de aplicación e interpretación errónea de la ley, conceptos de violación distintos que debió precisar en forma separada e independiente; b) carece de claridad y precisión el cargo cuando se cita todas las causales del artículo 719 del Código Procesal Civil, como precepto autorizante, sin señalar cual es la que sustenta el motivo. Además, no señala normas de derecho violadas.- III.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en los artículos 721 No. 2, 723 No. 2 literal a y el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el esta última disposición en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único y primer motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veintitrés de abril del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 449-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL