Sentencia AL-607-21 — Registro 14781
Resumen
Sentencia declaró inadmisible a trámite recurso de apelación contra autos interlocutorios dictados por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar incidente de nulidad absoluta de actuaciones y la recusación contra la jueza por considerar improcedente y extemporáneos, en demanda de ejecución provisional de título judicial promovida por demandantes (personas naturales) contra recurrente quien fue condenada solidariamente junto a Fundación Cooperativa Ceibeña (FUNDACOOPCE) por un monto líquido de condena; El Tribunal de Apelaciones además declaró nulidad absoluta del auto interlocutorio ya que consideró que la resolución se dictó omitiendo la normativa procesal aplicable
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias estima procedente denegar la garantía constitucional de amparo de mérito, conforme a los argumentos y fundamentos de derecho que se exponen a continuación…"…"este alto tribunal de justicia identifica que, independientemente de los eventos procesales anteriormente mencionados, las razones aducidas por el impetrante para solicitar amparo se centran en el tema de la recusación de la juez de primera instancia, y en ese sentido reclama que hubo violación de los derechos de petición, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, defensa, plazo razonable y debido proceso. En su escrito de formalización, el garantista no desarrolló su alegato con relación a los derechos de petición, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y plazo razonable, en virtud de lo cual este alto tribunal de justicia estima que no son de recibo en virtud de que el impetrante no cumple con la carga procesal que le obliga a no limitarse a citar y brindar conceptos o definiciones de los derechos que invoca, sino que debe explicar y demostrar las razones puntuales para señalar su violación en el caso concreto que le interesa. Sin embargo, a pesar de las falencias del impetrante, al menos logra señalar que la recusación debió tramitarse como un incidente; y que, el no hacerlo así, es una violación al debido proceso; asimismo señala que, el no dar curso a la recusación es un vicio que compromete el derecho fundamental que tiene su poderdante de contar con un juez que conozca su asunto de manera imparcial e independiente..."..."Volviendo al motivo de amparo basado en la recusación, este alto tribunal de justicia observa que, en los antecedentes tenidos a la vista aparece que la recusación que se alega ya se había presentado antes, la cual fue desestimada por la corte de apelaciones; en virtud de lo cual, la Sala es del parecer que la presentación insistente de dicha recusación por parte de la parte ejecutada (ahora amparista), posibilita a la juez a quo al rechazo in limine de dicha solicitud. Por lo que procede dictar un fallo denegatorio para la presente garantía constitucional de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 188 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez a favor de la Cooperativa de ahorro y crédito Ceibeña Limitada, contra la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha once de enero de dos mil veintiuno dictada por el Juzgado de letras de la sección judicial del departamento de Atlántida, con relación a la demanda de ejecución provisional de un título judicial promovida por el abogado Merlyn Alberto Arita Vásquez, en su condición de apoderado judicial sustituto de los señores Julio César Sosa Zaldívar y José Mauricio Galeano Santos, en contra de la Fundación cooperativa Ceibeña (FUNDACOOPCE), por medio de su representante legal, el presidente de la junta directiva, señor Hernán Murillo Cáceres. Estima el amparista que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 60, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha ocho de octubre de dos mil veinte, compareció el abogado Merlyn Alberto Arita Vásquez, en su condición de apoderado judicial sustituto de los señores Julio César Sosa Zaldívar y José Mauricio Galeano Santos, ante el Juzgado de letras de la sección judicial del departamento de Atlántida, promoviendo demanda de ejecución provisional de un título judicial, en contra de la Fundación cooperativa Ceibeña (FUNDACOOPCE). (Folios 1-15 del expediente del juzgado a quo). 2. En fecha once de noviembre de dos mil veinte, el representante procesal de la Cooperativa de ahorro y crédito Ceibeña Limitada, abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez, interpuso incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir inclusive del auto de admisión y/o mandamiento de la solicitud de ejecución provisional dictado en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte. (Folios 115-122 del expediente del juzgado a quo). 3. El Juzgado de letras de la sección judicial del departamento de Atlántida, dictó el once de enero de dos mil veintiuno, sentencia mediante la cual resolvió: “En atención a la motivación que antecede, se declara NO HA LUGAR por improcedente y extemporáneos el incidente de nulidad absoluta de actuaciones y la recusación contra la jueza 2, interpuestos por el abogado RAMÓN EDGARDO IRULA RODRÍGUEZ, en la condición de apoderado legal de la parte ejecutada demandada. NOTIFÍQUESE.” (Folio 150 vuelto del expediente del juzgado a quo). 4. La Corte primera de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez contra la resolución que antecede, dictó la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual por unanimidad de votos emitió el siguiente fallo: “…PRIMERO: Declarar INADMISIBLE a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha once de enero de dos mil veintiuno por improcedente, dictado por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la DEMANDA DE EJECUCIÓN PROVISIONAL DE TÍTULO JUDICIAL…, promovida por el abogado MERLYN ALBERTO ARITA VÁSQUEZ, en su condición de apoderado judicial de los señores JULIO CÉSAR SOSA ZALDÍVAR Y JOSÉ MAURICIO GALEANO SANTOS, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEIBEÑA LIMITADA representada por el señor JUSTO CÉSAR CÁRCAMO ROMERO. SEGUNDO: Declarar NULIDAD ABSOLUTA del auto interlocutorio de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno. TERCERO: Sin costas en esta instancia. Y MANDA: Que una vez que este fallo adquiera el carácter de firme, con certificación del mismo se devuelva la primera pieza de autos al juzgado de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales.” (Folios 30-42 del expediente del tribunal ad quem). 5. En fecha diez de junio de dos mil veintiuno compareció el abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez ante este alto tribunal de justicia, reclamando amparo a favor de la Cooperativa de ahorro y crédito Ceibeña Limitada, afirmando que la sentencia dictada por el tribunal ad quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. 6. La Sala de lo Constitucional en fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictó auto mediante el cual tuvo por formalizado en tiempo y forma el escrito presentado por el abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez; en consecuencia, dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 36 de la garantía constitucional de amparo). 7. En fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, este alto tribunal de justicia tuvo por evacuado el dictamen de la fiscal, abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, mediante el cual expresa que es del parecer que se deniegue la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista. (Folios 39-45 de la garantía constitucional de amparo). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución[1], la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración universal de los derechos humanos[4]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación del derecho del debido proceso y principio de legalidad. El representante procesal de la Cooperativa de ahorro y crédito Ceibeña limitada, abogado Ramón Edgardo Irula Rodríguez al momento de formalizar la garantía constitucional de amparo señala entre otros extremos, los que a continuación se resumen. Puntualmente lo que manifiesta el censor es que el no sometimiento de la recusación solicitada al trámite que el Código procesal civil dispone para los incidentes, violenta a su poderdante de los derechos que tiene a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, defensa y debido proceso. En ese sentido, el censor refiere que existe violación del artículo 80 constitucional que contiene el derecho de petición, el cual se encuentra regulado igualmente por el artículo 1.1 del Código procesal civil y 25 de la Convención americana sobre derechos humanos. Agrega que existe violación a la tutela judicial efectiva, definiéndola como el derecho que tiene todo ciudadano a acceder a la jurisdicción sin traba alguna, asimismo que se le dé respuesta dentro de un plazo razonable. En relación con el derecho de defensa y el acceso a un recurso efectivo, expresa que se prohíbe la indefensión, entendiendo como tal, la privación o limitación no imputable al justiciable de medios legítimos de defensa. Demanda que el juez debe resolver sobre el fondo solicitado por el ciudadano y que, además tenga acceso a los recursos previstos por las leyes. Resalta lo referente al cumplimiento de las formalidades, contenido en el artículo 90 constitucional en relación con los artículos 1, 3 y 7 del Código procesal civil. Indica que los artículos 54.4, 54.5, 57 del Código procesal civil disponen lo necesario para dar trámite a la recusación y que debe hacerse como ocurre con los incidentes, por lo que si el juez no procede de esa manera incurre en violación de normas procesales, y por tanto del debido proceso. En referencia al derecho al debido proceso, el censor expresa inter alia, lo contenido en el artículo 8 de la Convención americana sobre derechos humanos. Seguidamente refiere que la abstención y la recusación se encuentran ambas relacionadas muy estrechamente con el derecho que tiene todo ciudadano a un juez imparcial; y que mediante la recusación se faculta a quien es parte en el proceso para invocar la concurrencia de alguna de las causas por la que se debió abstener el juez del conocimiento del asunto; siendo la abstención, la obligación del juez de apartarse de dicho conocimiento. En cita al Tribunal constitucional de España, el impetrante menciona la jurisprudencia derivada de las sentencias (SSTCE 138/1985, 145/1988 y 136/1992) con las que muestra la estrecha relación entre la imparcialidad del juez y las causas de abstención y recusación, pues estas son el remedio arbitrado por el legislador para asegurar que, el juez que conoce del proceso no tiene relación con las partes o con su objeto, de forma que le hagan sospechoso de parcialidad. Es en este sentido que, el derecho al juez imparcial es un derecho fundamental que se exige en todo tipo de procesos, incluyendo los civiles. El censor citando siempre la jurisprudencia constitucional española expresa lo siguiente: “Recuerdan las sentencias del Tribunal Constitucional de España (SSTCE) números 101 de 1984 y 6 de 1997 que el derecho de toda persona a que su causa sea juzgada "por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley", se extiende "a los litigios sobre derechos y obligaciones de carácter civil", según el art. 6.1 del Convenio de Roma de 1950, y así ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias sentencias (así, la de 21 de febrero de 1975, caso Golder, la de 28 de julio de 1981, caso Le Compte, y la de 24 de septiembre de 1982, caso Sporrong). De modo coincidente, el art. 14.1 del pacto de Nueva York de 1966 sobre derechos civiles y políticos, establece que "toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente independiente e imparcial, establecido por la Ley... para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil". Tiene interés transcribir parte de la STCE 162/1999: "La imparcialidad del tribunal aparece así como una exigencia básica del proceso debido "la primera de ellas", según expresión de la STC 60/1995, fundamento jurídico 3-, dirigida a garantizar que la razonabilidad de la pretensión de condena sea decidida, conforme a la ley, por un tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que desempeñan en el proceso. Por eso, en la STC 299/1994, tuvimos oportunidad de recordar que el derecho al juez imparcial es “… un derecho que, como se desprende de una reiterada doctrina de este tribunal, siguiendo la sentada en el T.E.D.H. (Sentencias de 26 de octubre de 1984, caso De Cubber, y de 1 de octubre de 1982, caso Parsec), constituye sin duda una fundamental garantía en la administración de justicia propia de un Estado de Derecho (art. 1.1 C.E.), de ahí que deba considerarse inherente a los derechos fundamentales al juez legal y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.) (SSTC 47/1982, 261/1984, 44/1985, 148/1987, 145/1988, 106/1989, 138/1991 o 282/1993, entre otras)", desde el momento en que la nota de imparcialidad forma parte de la idea de juez en la tradición constitucional. Ser tercero entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio y someterse exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio, son notas esenciales que caracterizan la función jurisdiccional desempeñada por jueces y magistrados. A protegerlas se dirigen, sin duda, las exigencias de imparcialidad del juicio de los tribunales, es decir, el resultado del enjuiciamiento". La doctrina del Tribunal Constitucional de España, aplicable a otros ámbitos jurídicos, puede resumirse en los siguientes puntos: 1º. La imparcialidad del tribunal es una exigencia básica del proceso, es inherente a los derechos al juez legal y a un proceso con todas las garantías. 2º. Su fundamento reside en garantizar que el único elemento de juicio que va a utilizar el juez para resolver el litigio es la Ley y, para ello, es preciso conseguir que el juez sea un tercero ajeno a los intereses en litigio, separado y alejado de las partes. 3º. Para lograr esa separación y alejamiento, es preciso utilizar, en tiempo y forma, los mecanismos de la recusación que se conectan con la necesidad de que el juez no tenga conexiones acreditadas que puedan exteriorizar una previa toma de posición anímica a o en contra de las partes. Finalmente, el censor denuncia la violación del derecho y principio de igualdad contenido en el artículo 60 de la Constitución de la Republica, en relación con el artículo 5 del Código procesal civil. Al desarrollar el motivo de amparo, el impetrante refiere que la contrapartida de dicho derecho y principio es la no discriminación, el cual está garantizado en el artículo 24 en relación con el 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos, así como en la mayoría de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Señala que la igualdad procesal: “no parece permitir ninguna posible distinción, aun cuando, como principio sean permitidas ciertas distinciones para sectores de la población que por determinadas circunstancias se encuentran en situación de discriminación (conforme a la máxima "igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales"). Finalizando al señalar que toda persona tiene derecho a la justicia, indiferentemente a razones de sexo, edad, color, nacionalidad, origen o antecedentes, o cualquier otra condición social, lo que plantea, a su vez, la gratuidad de la justicia, el informalismo, etc. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La Corte primera de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, por unanimidad de votos dispuso en su resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, declarar inadmisible a trámite el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, Cooperativa de ahorro y crédito Ceibeña Limitada, y declarar nulidad del auto interlocutorio de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno. En su análisis, la corte de apelaciones señala que la norma procesal civil vigente es clara al disponer en el numeral 4 del artículo 57 lo siguiente "En adelante, se seguirán los tramites del procedimiento incidental general, resolviendo el incidente por medio de auto, que será irrecurrible y se impondrán las costas causadas al recusante si la resolución fuere desestimada..." (La negrita es por la corte). Por lo tanto, la corte de apelaciones sostiene que, la juez de primera instancia se abstenga en lo sucesivo a dar trámite a recursos de apelación que sean improcedentes, conforme a lo que dispone el Código procesal civil. Posteriormente, el tribunal de alzada resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutada contra el auto interlocutorio de fecha veintiséis de enero del año que corre, mediante el cual se declararon sin lugar los incidentes siguientes: a) nulidad absoluta de actuaciones; y b) oposición a la ejecución provisional. El ad quem en su resolución estableció que el procedimiento seguido por la juez a quo para resolver dichos incidentes, no era el que corresponde. En ese sentido, indicó que la juez en cuestión, devenía obligada a sustanciar la audiencia conforme a la normativa procesal aplicable, estimado que no es excusa la pandemia, debido a que, si bien obliga a tomar medidas de bioseguridad, en ningún momento debe implicar violación de derechos de las partes, como a su juicio aconteció en el caso subjudice, en el que la juez a quo dictó resolución omitiendo celebrar la respectiva audiencia. El tribunal de alzada explica, sin hacer pronunciamiento de fondo, que resuelve dicho asunto bajo el criterio de que procede dictar la nulidad de la resolución apelada, y ordena que la iudex a quo señale fecha, día y hora para la celebración de audiencia con el fin de dictar una resolución de acuerdo con cada una de las pretensiones expuestas por la parte ejecutada. El tribunal ad quem detalla que declara la nulidad del auto interlocutorio del veintiséis de enero de dos mil veintiuno en virtud de la facultad que le confiere el artículo 715.1 del Código procesal civil, y que esto no debe confundirse con la nulidad de aquellos actos procesales que no pueden acordarse ex officio, conforme a lo contenido en el numeral 3 del artículo 214 del código ejusdem. Estableciendo así, diferencia entre nulidad y anulabilidad. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen del dictamen emitido por la agente de tribunales del Ministerio Publico. La fiscal, abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea emitió dictamen en el cual expuso literalmente lo siguiente: “apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición del recurso por parte del apoderado legal RAMÓN EDGARDO IRULA RODRÍGUEZ se desprende que el amparista, acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías contenidas en el artículo 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A criterio del recurrente, estas vulneraciones se han producido cuando la señora juez dictó resolución declarando de plano sin lugar el incidente de recusación en su contra sin darle el trámite de ley correspondiente, pues como funcionaria recusada devenía obligada a abstenerse de conocer el asunto, convirtiéndose a criterio del recurrente en juez y parte interesada en el proceso. Refiere el recurrente que la señora juez resolvió el incidente de plano citando argumentos inexistentes y que la causal es sobrevenida, por lo que violenta el debido proceso y el derecho de defensa al ser juzgado con igualdad. Considera además que el ad quem al declarar inadmisible a trámite el recurso de apelación contra el auto de fecha 11 de enero del 2021, permite de esta manera que el funcionario recusado siga conociendo del proceso, conculcando su derecho de defensa y el debido proceso. Que del examen de los antecedentes se aprecia que la decisión de la corte de apelaciones, al declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha once (11) de enero del 2021, no vulnera los preceptos constitucionales invocados por el amparista, en virtud de encontrarse sustentado en el artículo 710 del Código de trabajo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 54.1 del Código procesal civil, los cuales disponen señala el momento procesal en que se tramitarán los incidentes con la respectiva sustanciación y proposición de pruebas, señalando que el demandado deberá proponer en la contestación de la demanda, o en la primera audiencia de trámite, todas las excepciones que crean tener a su favor… relacionado con el artículo 715 del referido código los incidentes sólo podrán proponerse en la primera audiencia de trámite, se sustanciarán sin interrumpir el curso del juicio y se decidirá en la sentencia definitiva, salvo aquellos que por su naturaleza o sus fines, requieran una decisión previa. En el caso de autos se aprecia que la parte demandada ya había interpuesto un incidente de recusación contra la juez YESSY GISELA ESPINAL ESCOBAR que consta en la pieza principal y que fue presentado por el abogado JUAN RAMÓN DAVID ANARIBA en su condición de apoderado legal de la FUNDACIÓN COOPERATIVA CEIBEÑA, en consecuencia al haber sido conocido con anterioridad dicho incidente de recusación y que fue rechazado por el tribunal de alzada, no cabe hacerlo en otras piezas como es el caso de mérito, salvo que se trate de causas diferentes del cual no es el caso, aunado a esto, el momento procesal en el que fue presentado es extemporáneo de conformidad con el artículo 715 del Código de trabajo. De la resolución traída a estudio, la suscrita es del parecer que el criterio esgrimido por el ad quem no vulnera los preceptos constitucionales invocados por el recurrente, ya que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista.” CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación de los derechos invocados. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias estima procedente denegar la garantía constitucional de amparo de mérito, conforme a los argumentos y fundamentos de derecho que se exponen a continuación. PRIMERO: Para comenzar el análisis correspondiente, este alto tribunal de justicia destaca los antecedentes procesales siguientes: 1. El ocho de octubre de dos mil veinte se interpuso demanda de ejecución provisional de un título judicial, mediante la cual se pidió que se despache dicha ejecución por un monto líquido de condena. 2. La demanda fue admitida a trámite en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, sin prestación de caución por el juzgado, el cual, ordenó que con base en la normativa de aplicación supletoria en materia laboral, artículos 771 y 772 del Código procesal civil se procediera a la ejecución provisional con relación al numeral I del ordinal segundo de la parte dispositiva de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de enero de dos mil veinte dictada por ese mismo juzgado y confirmada por el tribunal de alzada, en los referente al pago de dos millones 597 mil 91 lempiras con 51 centavos en concepto de reajuste salarial retroactivo que incluye la deferencia salarial dejada de pagar por el patrono en relación con el salario devengado y el mínimo fijado por el Colegio Médico de Honduras, vacaciones no concedidas, bonificación de vacaciones no pagada, decimotercer y decimocuarto mes de salario contado desde los dos años anteriores a la fecha en que los demandantes presentaron su primera solicitud ante la autoridad del trabajo, o sea noviembre de dos mil quince hasta diciembre de dos mil diecisiete, más las prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos adeudados a la fecha del despido y que corresponden a los demandantes; asimismo, se ordena la formación de pieza separada con los documentos presentados por el ejecutante, y que se proceda a la notificación y requerimiento de la Cooperativa de ahorro y crédito Ceibeña limitada, quien fue condenada solidariamente junto a la fundación Cooperativa Ceibeña para que pague mediante ejecución provisional la cantidad antes mencionada y que consta en el título judicial presentado; en ese sentido deberá ordena que se le advierta al ejecutado que de no pagar se procederá al embargo de bienes por el valor del monto ejecutado; de igual forma se habilitan días y horas inhábiles para efectuar el requerimiento. Por otra parte, el juzgador hace las advertencias a la parte ejecutante en caso de que la sentencia pendiente de resolución y que sirve de título para la ejecución provisional, sea revocada total o parcialmente. 3. La parte ejecutada después de ser requerida de pago, compareció el once de noviembre de dos mil veinte, oponiéndose a la ejecución provisional e interponiendo incidente de nulidad absoluta de actuaciones, entre otras alegaciones. Con relación a la nulidad solicitada, la parte ejecutada alega que se realizó el requerimiento sin antes habérsele notificado, tal como lo había ordenado previamente la juez a quo; asimismo por no haberse entregado al momento del requerimiento la copia de la solicitud de la ejecución provisional, tal como se ordenó en la resolución en mención. Cabe señalar que, la petición de nulidad se hace a partir del auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte mediante el cual se admitió a trámite la ejecución provisional bajo el argumento de que en materia laboral no existe la ejecución provisional, sino el juicio ejecutivo, siendo la primera una institución procesal civil de reciente creación. En ese sentido, la parte ejecutada detalla que el proceso ejecutivo en materia laboral se encuentra regulado en el capítulo XII, artículos del 779 al 789 del Código del trabajo, según los cuales no permiten la ejecución provisional, citando para ello la parte de las normas que establecen que, en el caso de decisión judicial o arbitral, dicha decisión esté firme, en virtud de lo cual en el presente caso el título presentado carece de fuerza ejecutiva. 4. La juez a quo ordenó darle traslado a la parte ejecutante de la nulidad interpuesta, para que en el término de tres se pronuncie al respecto. 5. En fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte la juez a quo tuvo por contestada en tiempo y forma el incidente de nulidad y señaló audiencia para el siete de diciembre de dos mil veinte para dictar auto interlocutorio. 6. En fecha treinta de noviembre de dos mil veinte la parte ejecutada interpuso nulidad de actuaciones del auto dictado en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, argumentando que estima que la oposición y la nulidad deben resolverse de conformidad con lo preceptuado para el juicio abreviado, tal como lo expresan los artículos 764, 776 y 778 del Código procesal civil. 7. En fecha tres de diciembre de dos mil veinte el apoderado procesal de la parte ejecutada presenta recusación en contra de la juez Yessy Gisela Espinal Escobar bajo la causal prevista en las reglas 3ª y 9ª del artículo 188 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales, referidas a estar o haber sido denunciado por alguna de las partes como autor, cómplice o encubridor de un delito o como autor de una falta y por tener interés directo o indirecto en el pleito o en la causa. Al respecto señala que en fecha dos de diciembre de dos mil veinte compareció ante la Fiscalía especial de enjuiciamiento de los funcionarios judiciales y servidores del sector justicia para denunciar a la juez formalmente, por estimar que existen indicios racionales de tener interés directo o indirecto en el presente caso; en consecuencia, pide que dicha juez se abstenga de continuar conociendo del caso trasladándolo al juez sustituto con arreglo a la ley. 8. En fecha once de enero de dos mil veintiuno la juez a quo resolvió declarando no ha lugar el incidente de nulidad de actuaciones por improcedente y extemporáneo, asimismo la recusación. El argumento para desestimar la nulidad se basa en que los artículos 710 y 715 del Código del trabajo estableen el momento procesal oportuno para presentar incidentes, citando para ello como precedentes dos sentencias, la 0101-2018-00907 y 0101-2018-00038 dictadas por la corte de apelaciones, mediante las cuales se señala lo siguiente: “que no está contemplado en el CT una tercera o más oportunidades para interponer los multirepetidos incidentes, por otra parte, el artículo 786 del Código del trabajo establece que en los juicios ejecutivos no cabrán incidentes ni excepciones, salvo el pago con posterioridad.” La razón para desestimar la recusación, se basó igualmente en que, éste es un incidente, haciendo constar además que, en la pieza principal de autos, la parte ejecutada ya había interpuesto recusación en contra de la juez actuante, y que la misma fue desestimada por el tribunal de alzada. Por lo que no cabía presentarlo de nuevo en la pieza separada, salvo que fuera por causa distinta y sobrevenida. Asimismo, cita el artículo 192 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales como fundamento para sostener la extemporaneidad de dicho incidente de recusación. 9. En fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, la parte ejecutada interpuso recursos de reposición y subsidiaria apelación en contra del auto de fecha once de enero del año en curso, lo cual fue desestimado por la juez a quo quien mandó a estarse a lo resuelto. 10. En virtud de que la audiencia fijada para el día siete de diciembre de dos mil veinte no se pudo llevar a cabo por causa justificada, la misma se celebró el veintiséis de enero de dos mil veintiuno la juez de primera instancia dictó auto interlocutorio mediante el cual declaró sin lugar los incidentes de nulidad absoluta de actuaciones y oposición a la ejecución. 11. El cuatro de febrero de dos mil veintiuno se remitió a la corte de apelaciones en virtud de la apelación interpuesta por la parte ejecutada en contra de la de la resolución de fecha catorce de enero de dos mil veintiuno. Seguidamente, consta en autos la certificación de la sentencia de fecha veintiséis de abril del mismo año, pronunciada en segunda instancia por la Corte primera de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, mediante la cual se declara inadmisible a trámite la apelación interpuesta en contra del auto interlocutorio de fecha once de enero de dos mil veintiuno; asimismo declara nulidad absoluta del auto interlocutorio de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el cual había resuelto lo atinente al incidente de nulidad y oposición a la ejecución provisional. Sobre este último auto interlocutorio la corte de alzada expresa que comparte lo manifestado por la parte ejecutada en cuanto al procedimiento seguido por la iudex a quo porque lo correcto es sustanciar el asunto en audiencia, no siendo excusa la pandemia para no hacerlo, observándose eso las medidas de bioseguridad adecuadas para evitar contagios de covid, por lo que la omisión de celebrar la audiencia correspondiente constituye una vulneración de derechos a las partes y es motivo suficiente para dictar la nulidad de dicha actuación procesal. 12. En fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno se celebró la audiencia dispuesta para resolver el incidente de nulidad y oposición a la ejecución provisional. Después de oír a las partes, la juez a quo falló declarando sin lugar la nulidad y la oposición a la ejecución provisional. Posteriormente el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno se remitieron las diligencias a la corte ad quem en virtud de la apelación interpuesta por la parte ejecutada. 13. Consta en autos que en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno la corte de alzada dictó sentencia mediante la cual declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación, revocando el auto interlocutorio de fecha dieciséis de junio de dicho año, teniendo por rendida la garantía bancaria irrevocable No. 2020 61799000211 por la cantidad de tres millones doscientos cuarenta y ocho mil lempiras exactos. En sus fundamentos de derecho la corte de apelaciones señaló que comparte el criterio de la juez de primera instancia en la procedencia de la ejecución provisional en material laboral en virtud de la aplicación analógica que permite el artículo 858 del Código del trabajo; por lo que si bien es cierto, la normativa laboral no contempla la posibilidad de hacer efectiva la ejecución provisional mientras se encuentra pendiente un recurso, en este caso casación, resulta viable hacer efectivo lo dispuesto en el fallo de la sentencia, aun cuando no se encuentre firme éste. Por otro lado, en cuanto al segundo agravio expuesto por la parte apelante (ejecutada), el tribunal ad quem dispone que la decisión de dar trámite a la ejecución se encuentra arreglada a derecho en virtud de que el título de ejecución conformado por sendas sentencias definitivas de primera y segunda instancia no tienen vicio alguno, ni conlleva parcialidad alguna por parte del juzgador que expide certificación de estas, aunque no se encuentren firmes. En relación con la garantía bancaria, lo que expresa el tribunal de alzada es que la juez de primera instancia no se pronunció sobre la garantía bancaria, la cual cumple con los requisitos de ley y que ha sido rendida para garantizar el cumplimiento de la obligación de condena. Por ende, en opinión de la corte de apelaciones la juez: “… devenía obligada a dar trámite a la garantía y ordenar el enervamiento de la ejecución, es decir paralizar el proceso a la espera de la decisión que en su momento se dicte en el recurso de casación cuya pendencia está debidamente acreditada con la constancia extendida por la secretaria por ley de este tribunal de alzada.” Siempre en relación con lo referido a la garantía bancaria, la corte de apelaciones cita lo expresado por el artículo 778 del Código procesal civil. Dicho artículo manda el enervamiento de la ejecución pecuniaria si el ejecutado presta garantía suficiente, señalando luego puntualmente que la garantía bancaria ofrecida en el presente caso tiene vigencia del diez de noviembre de 2010 al diez de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que la juez debió ordenar el enervamiento o paralización del embargo (por el tiempo que durase la garantía). Con relación al agravio referido a la nulidad de actuaciones el tribunal ad quem dispone confirmar la decisión de desestimar la nulidad de actuaciones por los vicios denunciados en la forma de efectuar el requerimiento en virtud de que no causó indefensión alguna, al constar en autos los actos de defensa efectuados por la parte ejecutada 14. Se consigna que el recurso de apelación, cuya pieza se revisa en la garantía de amparo de mérito, corresponde al interpuesto por la parte ejecutada contra la resolución dictada por la juez a quo en fecha once (catorce) de enero y contra el auto interlocutorio de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno. En ese sentido, la honorable Corte primera de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida dictó su sentencia en fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno declarando inadmisible a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha once de enero de dos mil veintiuno por improcedente, dictado por el Juzgado de letras de la sección judicial del departamento de Atlántida; asimismo, declaró la nulidad absoluta del auto interlocutorio de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno. SEGUNDO: Seguidamente, este alto tribunal de justicia identifica que, independientemente de los eventos procesales anteriormente mencionados, las razones aducidas por el impetrante para solicitar amparo se centran en el tema de la recusación de la juez de primera instancia, y en ese sentido reclama que hubo violación de los derechos de petición, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, defensa, plazo razonable y debido proceso. En su escrito de formalización, el garantista no desarrolló su alegato con relación a los derechos de petición, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y plazo razonable, en virtud de lo cual este alto tribunal de justicia estima que no son de recibo en virtud de que el impetrante no cumple con la carga procesal que le obliga a no limitarse a citar y brindar conceptos o definiciones de los derechos que invoca, sino que debe explicar y demostrar las razones puntuales para señalar su violación en el caso concreto que le interesa. Sin embargo, a pesar de las falencias del impetrante, al menos logra señalar que la recusación debió tramitarse como un incidente; y que, el no hacerlo así, es una violación al debido proceso; asimismo señala que, el no dar curso a la recusación es un vicio que compromete el derecho fundamental que tiene su poderdante de contar con un juez que conozca su asunto de manera imparcial e independiente. El censor también reclama como motivo de amparo la violación del derecho y principio de igualdad, el cual desarrolla argumentando discriminación; sin embargo, consta de sus alegatos que no refiere ninguna categoría sospechosa que involucre un acto real de discriminación, lo cual es razón suficiente para desestimar este motivo, en virtud de que no permite establecer un tertium comparationis entre el supuesto perjudicado en su derecho de igualdad y quien se goza del trato preferente que se reclama.[5] Volviendo al motivo de amparo basado en la recusación, este alto tribunal de justicia observa que, en los antecedentes tenidos a la vista aparece que la recusación que se alega ya se había presentado antes, la cual fue desestimada por la corte de apelaciones; en virtud de lo cual, la Sala es del parecer que la presentación insistente de dicha recusación por parte de la parte ejecutada (ahora amparista), posibilita a la juez a quo al rechazo in limine de dicha solicitud. Por lo que procede dictar un fallo denegatorio para la presente garantía constitucional de amparo. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 324 de la Constitución de la República; 78 No. 5 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado RAMÓN EDGARDO IRULA RODRÍGUEZ a favor de la Cooperativa de ahorro y crédito Ceibeña Limitada, contra la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, con relación a la demanda de ejecución provisional de un título judicial promovida por los señores Julio César Sosa Zaldívar y José Mauricio Galeano Santos, en contra de la Fundación cooperativa Ceibeña (FUNDACOOPCE). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-607-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. Artículo reformado por el decreto legislativo número 237-2012 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras, número 33,033 del veinticuatro de enero de dos mil trece, ratificado por el decreto legislativo número 10-2013 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras número 33,086 del veintisiete de marzo de dos mil trece.
[2] Artículo 1 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3] Artículo 25 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4] Artículo 8 de la Declaración universal de los derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Vid. Sentencia ACA-1179-2016 de fecha de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Sala de lo Constitucional, mediante la cual dispuso: “Para alegar que una autoridad violenta el derecho de igualdad ante la ley, es necesario que quien alega trato desigual proporcione el tertium comparationis, o sea el elemento de comparación entre dos o más elementos. A efecto de comparar y establecer que tienen en común los elementos comparados para luego establecer la existencia de una conducta ilegítimamente diferenciada, sea igual decir discriminatoria. No habiendo cumplido con este requisito indispensable, no es de recibo el alegato de la impetrante con relación a la igualdad.”