Sentencia AA-613-19 — Registro 13895
Resumen
Resolución confirmó sanción de multa de cinco días de sueldo impuesta por el juez de letras al recurrente, juez de paz, por una acta de abandono del cargo y otra por incumplimiento de los deberes del cargo, tomándole audiencia de descargo al referir que la Inspectoría de Tribunales le delegaba dichas diligencias; Autoridad recurrida considera que la normativa aplicable establece que el reglamento interno de cada oficina judicial estará a cargo del respectivo superior, quien para mantenerla podrá imponer de plano a los empleados multa hasta por 5 días de sueldo; por lo que no se han vulnerado derechos fundamentales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"en los Fundamentos de Derecho numeral cuarto en su parte conducente deja establecido:” Que en la presente acción, la persona que sanciona es un Juez de Letras y la persona sancionada es un Juez de Paz, por lo que debe determinarse si esa sanción está dentro de las atribuciones del Juez de letras, al efecto el artículo 45 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), le otorga a los Jueces de Letras la potestad de visitar los juzgados de paz de su jurisdicción, siempre que lo estimen conveniente, para los fines del artículo 44 de la misma normativa, que son el mantenimiento de la disciplina judicial en la demarcación sujeta a su autoridad y la observación de todas la leyes relativas a la administración de justicia. Señalando que la aplicación de una multa de 5 días de salario al ahora recurrente se encuentra comprendido dentro de las atribuciones y de los parámetros sancionatorios permitidos por el artículo 61 de la Ley de La Carrera Judicial en relación con el artículo 185 de su reglamento. En consecuencia, declara sin lugar el reclamo del que hizo mérito.”..."..."la acción surge como consecuencia de la confirmación por parte del Consejo de la Carrera Judicial de la resolución dictada por el Juez de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que sancionó al Juez de Paz de Nueva Celilac (ahora recurrente), con cinco días de sueldo. El Juez de Letras está facultado para sancionar a los funcionarios judiciales de menor jerarquía, cuando se acredite que éstos han cometido acciones irregulares en el ejercicio de sus funciones, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) que establece: “A los Jueces de Letras corresponde inmediatamente mantener la disciplina judicial en su despacho y, en la demarcación sujeta a su autoridad y la observancia de todas las leyes relativas a la administración de justicia”, disposición legal que debe relacionarse con el artículo 61 de la Ley de la Carrera Judicial y 185 de su Reglamento. Por otra parte, consta en autos que el origen de la sanción es una denuncia interpuesta contra el Juez de Paz ahora recurrente, de igual manera consta que se realizó la investigación correspondiente, así como que se realizó una audiencia de trámite, consta en acta que las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus medios de prueba, así como de realizar sus alegatos para hacer valer sus hipótesis, por ello se aprecia que no se ha quebrantado el Debido Proceso y el Derecho de Defensa..."..."del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, no es de recibo la pretensión del recurrente; desde el prisma de la justicia constitucional ésta Sala observa que la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que Procede se Deniegue el Amparo intentado..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 94 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 44 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 60 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual confirmo la multa impuesta por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara , departamento de Santa Bárbara, de cinco días de sueldo al recurrente, en su condición de Juez de Paz del Municipio de Nueva Celilac, del departamento de Santa Bárbara. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los artículos 82, 127 y 128 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de octubre de dos mil doce, el doctor RAMON CUSTODIO LOPEZ en su condición de Comisionado de los Derechos Humanos interpuso denuncia contra JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA Y AIDA ESPERANZA GODOY, Juez y secretaria respectivamente del Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, departamento de Choluteca, siendo admitida la misma por Inspectoría General de Juzgados y Tribunales en fecha nueve de octubre de dos mil doce. 2) Que una vez evacuado el trámite correspondiente, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Consejo de la Carrera Judicial ACUERDA: 1. Cancelar el acuerdo de nombramiento del Abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, del cargo de Técnico Especializado II de la Unidad de Genero, a quien se le rinden las gracias por los servicios prestados, con pago de Prestaciones Laborales y demás derechos adquiridos por la vía de cancelación por cesantía, con Disponibilidad Presupuestaria Oficio DPPF No 782/2014 de fecha 06 de noviembre de 2014.-2. El presente acuerdo sus efectos a partir del diez (10) de noviembre de 2014-. Según Acción de la Dirección de Administración de Personal, No. 2014-1290…”. 3) El recurrente abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de enero de dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se le han violentado los artículos 82, 127 y 128 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha ocho de abril de dos mil quince. 4) Que con fecha dos de junio de dos mil quince, la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEAN LAS DILIGENCIAS la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, no obliga al recurrente ni le es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, a favor DE SI MISMO, contra la resolución de fecha veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, dictada por El Consejo de la Carrera Judicial, que confirma la resolución dictada por el Juez de Letras Seccional de Santa Bárbara, que sanciona con cinco días de sueldo al recurrente, en su condición de Juez de Paz del Municipio de Nueva Celilac, del departamento de Santa Barbara.
CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en relación a la resolución del “Juez de Letras Seccional del Departamento de Santa Bárbara, Usurpó las funciones de la Dirección de Administración de Personal, ante quien se promovió acción de manifestación de fecha doce de febrero del año dos mil diecinueve, órgano que se declaró incompetente para conocer y resolver la manifestación promovida en tiempo y forma, desconociendo lo que establece el artículo 188 de la Ley de La Carreara Judicial y su Reglamento, que dispone que “la sanción del despido, así como las medidas disciplinarias de multa y suspensión del cargo sin goce de sueldo, no podrán aplicarse sino mediante información sumaria previa y escuchadas en audiencia las razones y descargos del interesado, realizando las investigaciones pertinentes y evacuando las pruebas que corresponden. A tal efecto la Dirección de Administración de Personal por si o por medio del funcionario superior a quien delegue dicha función deberá citar por escrito al empleado, determinando los cargos que se le imputan, a efecto de que comparezca al lugar, fecha y hora en que se celebrará la audiencia, el empleado podrá aportar o pedir que se practiquen los medios de prueba que estime necesarios. Practicados los mismos, la Dirección o el jefe de la dependencia que conoce del caso informará sobre los resultados de esta, según el acta que a tal efecto se levante, la cual deberá ser firmada por todos los presentes, en caso de que alguien se rehúse a firmar se hará constar en la misma, la negativa. La Dirección de Administración de Personal, tomará la decisión final sobre sobre si ratifica o no la sanción disciplinaria anunciada al empleado, notificando por escrito al interesado sobre su decisión. El despido quedará firme una vez agotados y fallados los recursos interpuestos”. CONSIDERANDO (5): Que el amparista estima que el Juez de Letras Seccional ha quebrantado el debido proceso, cuando toma como criterio que un juzgado de Paz es una Oficina interna de un Juzgado de Letras, aplicando el artículo 61 que establece “sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el régimen de disciplina interna de cada oficina estará a cargo del respectivo superior quien para mantenerla podrá imponer de plano a los empleados multa hasta por 5 días de salario y suspensión sin remuneración hasta por 10 días”.(Ley de la Carrera Judicial, Capítulo XII, Sanciones), cuerpo legal que violenta la independencia de un Juez porque contraviene lo dispuesto en el artículo 11 (LOAT), que establece: “La autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad. Serán nulos todos los actos judiciales practicados bajo la intimidación o la fuerza, tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán al mismo tiempo la formación de causa contra los culpables”, lo cual es ratificado por el artículo 3 No. 1 (LOAT), que dispone “Es prohibido a las autoridades judiciales 1.- Mezclarse en las atribuciones de otras autoridades y ejercer otras atribuciones que las que determinan las leyes.” Además considera el recurrente que se ha quebrantado el derecho a la Defensa al no practicarle al suscrito Juez de Paz Abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, la Audiencia de Descargo correspondiente ante la Dirección de Administración de Personal, como órgano ejecutivo encargado de aplicar la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento, violentando la norma constitucional contenida en el artículo 94 que dispone: “A nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que le hay sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado”. En conclusión, considera que las garantías constitucionales violentadas son las contenidas en los artículos 82 del Derecho a la Defensa, 90 Del Debido Proceso, y 321 del derecho a ser oído por parte del Juez A quo”. CONSIDERANDO: (6) Que el Consejo de la Carrera Judicial dictó resolución definitiva al reclamo interpuesto por el ahora recurrente, destaca en los antecedentes de hechos, “Que el día 6 de septiembre del 2018, en horas de la tarde se apersonó al Juzgado de Paz de Nueva Celilac, Santa Bárbara, el Juez de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Abogado Freling Manuel Toro Caballero, en compañía de su Secretaria de actuaciones a efecto de atender una denuncia interpuesta por la Secretaria del Juzgado de Paz de Nueva Celilac, LAURA ONEIDA RODRIGUEZ INTERIANO, en contra del ahora reclamante, por una acta de abandono del cargo y otra por incumplimiento de los deberes del cargo, tomándole audiencia de descargo al ahora reclamante, al referir que quien le delegaba para dichas diligencias era la Inspectoría de Tribunales, de San Pedro Sula, alegando el ahora reclamante que no se hizo acompañar de documento alguno que acreditara tal delegación, establece el ahora reclamante que lo realizado por el Juez de Letras violenta lo establecido en el artículo 45 de la LOAT, argumentado que el 18 de septiembre del 2018, se personó a su juzgado la receptora del Juzgado de Letras Seccional de Santa Bárbara, para notificarle el auto de fecha 11 de septiembre del 2018, mediante el cual el Juez de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara lo sanciona con cinco días de salario, en contravención a lo establecido en el artículo 44 de la LOAT y desconociendo lo referido en el artículo 6 letra b) del Código de Ética para Empleados y Funcionarios Judiciales, señala que el Juez de Letras Seccional de Santa Bárbara usurpa con notorio abuso de poder lo establecido en el artículo 10 de la Ley de la Carrera Judicial.” CONSIDERANDO (7): Que en el numeral tercero de los antecedentes de hecho el Consejo de la Carrera Judicial, señala que se celebró Audiencia de Trámite en fecha 12 de abril del presente año (2019), a la que comparecieron las partes proponiendo medios de prueba, los que ya estaban agregados al expediente de mérito. Que se tuvo como hecho probado el siguiente: “Lo que se está impugnando es la sanción emitida el 11 de septiembre del 2018 por el Juez de Letras Unificado de la Sección judicial de Santa Bárbara, imponiéndole multa de 5 días de salario, dando a entender que la misma es producto de irregularidades cometidas con respecto a una sanción disciplinaria realizada a su secretaria”. CONSIDERANDO: (8) Que el Consejo de la Judicatura en su resolución en el párrafo de los fundamentos de Derecho, hace referencia a las sanciones establecidas en el artículo 56 de la Ley de la Carrera Judicial y 185 de su Reglamento, que establece que el reglamento interno de cada oficina judicial estará a cargo del respectivo superior, quien para mantenerla podrá imponer de plano a los empleados multa hasta por 5 días de sueldo, potestades que son similares con las establecidas en los artículos 42 y 44 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT). Sin desconocer lo establecido en el artículo 60 de la Ley de la Carrera Judicial, que establece los parámetros que se deben tener para la aplicación de sanciones disciplinarias, similar redacción se encuentra en el artículo 184 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial. Son Servidores Judiciales según el Artículo 4.4. de La Ley de la Carrera Judicial los Jueces de Paz. De la lectura de las normas transcritas destacan dos situaciones: 1) Que un servidor judicial también puede ser multado por incumplimiento de las funciones derivadas de su cargo. 2)Que para multar a un servidor judicial es necesario tener en cuenta: a) La naturaleza de la falta; b) Las funciones desempeñadas por el infractor; c) Su grado de participación en la comisión de la falta; d) Sus antecedentes en calificación y sanciones.” CONSIDERANDO: (9) Que en los Fundamentos de Derecho numeral cuarto en su parte conducente deja establecido:” Que en la presente acción, la persona que sanciona es un Juez de Letras y la persona sancionada es un Juez de Paz, por lo que debe determinarse si esa sanción está dentro de las atribuciones del Juez de letras, al efecto el artículo 45 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), le otorga a los Jueces de Letras la potestad de visitar los juzgados de paz de su jurisdicción, siempre que lo estimen conveniente, para los fines del artículo 44 de la misma normativa, que son el mantenimiento de la disciplina judicial en la demarcación sujeta a su autoridad y la observación de todas la leyes relativas a la administración de justicia. Señalando que la aplicación de una multa de 5 días de salario al ahora recurrente se encuentra comprendido dentro de las atribuciones y de los parámetros sancionatorios permitidos por el artículo 61 de la Ley de La Carrera Judicial en relación con el artículo 185 de su reglamento. En consecuencia, declara sin lugar el reclamo del que hizo mérito.” CONSIDERANDO: (10) Que los Jueces de Paz, tienen como misión mantener la paz en la comunidad donde administran justicia, ejercen sus funciones gozando de independencia, como cualquier titular de otro órgano jurisdiccional, de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Organización de los Tribunales “La autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad”, entendiendo que en el ejercicio de sus funciones los jueces de Paz son independientes, solamente sujetos a la Constitución y las Leyes. Sin dejar de observar que, en toda estructura jerárquica, hay un orden que debe respetarse en el caso que nos ocupa hay jerarquía del Juez de Letras en relación con el Juez de Paz, como de igual manera hay jerarquía de la Corte de Apelaciones en relación con el Juez de Letras, lo que no implica que un órgano jurisdiccional se encuentre en condición de oficina del de mayor jerarquía, considerando que son órganos jurisdiccionales independientes con sus propias competencias y jurisdicciones. CONSIDERANDO: (11) Que la acción surge como consecuencia de la confirmación por parte del Consejo de la Carrera Judicial de la resolución dictada por el Juez de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que sancionó al Juez de Paz de Nueva Celilac (ahora recurrente), con cinco días de sueldo. El Juez de Letras está facultado para sancionar a los funcionarios judiciales de menor jerarquía, cuando se acredite que éstos han cometido acciones irregulares en el ejercicio de sus funciones, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) que establece: “A los Jueces de Letras corresponde inmediatamente mantener la disciplina judicial en su despacho y, en la demarcación sujeta a su autoridad y la observancia de todas las leyes relativas a la administración de justicia”, disposición legal que debe relacionarse con el artículo 61 de la Ley de la Carrera Judicial y 185 de su Reglamento. Por otra parte, consta en autos que el origen de la sanción es una denuncia interpuesta contra el Juez de Paz ahora recurrente, de igual manera consta que se realizó la investigación correspondiente, así como que se realizó una audiencia de trámite, consta en acta que las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus medios de prueba, así como de realizar sus alegatos para hacer valer sus hipótesis, por ello se aprecia que no se ha quebrantado el Debido Proceso y el Derecho de Defensa. CONSIDERANDO: (12) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 convención americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2]. CONSIDERANDO: (13) Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[3]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del Poder Legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al Debido Proceso[4]. CONSIDERANDO: (14) Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurarla adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[5] CONSIDERANDO (15): Que, del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, no es de recibo la pretensión del recurrente; desde el prisma de la justicia constitucional ésta Sala observa que la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que Procede se Deniegue el Amparo intentado. CONSIDERANDO:(16) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 44, 45 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Articulo 60, 61 de la Ley de la Carrera Judicial; 185 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha veintiuno de mayo del dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., uno de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de Reposición interpuesto por la Abogada JHASMIN DE PRIMAVERA LEIVA MARTINEZ, actuando en representación del señor ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha ocho de septiembre del año dos mil veintiuno, mediante la cual se DENEGÓ la acción de AMPARO interpuesta por el abogado ELVIS ELIU LEIVA VALLECILLO a favor de si mismo, se confirma la Resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que confirmó la multa impuesta por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, de cinco días de sueldo al recurrente en su condición de Juez de Paz. CONSIDERANDO: Que la recurrente Abogada JHASMIN DE PRIMAVERA LEIVA MARTINEZ, en fecha dieciocho de octubre del año dos mil veintiuno, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia antes referida que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el razonamiento jurídico de la Sala. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada JHASMIN DE PRIMAVERA LEIVA MARTINEZ, en el recurso de reposición no son de recibo, los argumentos con los que comparece son los mismos que fueron analizados en su momento por la Consejo de la Carrera Judicial cuya resolución se impugna, así como por esta Sala, siendo el contexto de la sentencia claro y razonado de acuerdo al estudio de los antecedentes y el fallo recurrido. CONSIDERANDO: Que sometida a estudio la sentencia cuya reposición se solicita, esta Sala encuentra que ha sido dictada conforme a derecho, con la debida motivación y fundamentación pertinente, por lo que este Alto Tribunal ha concluido que los derechos fundamentales del recurrente no se han quebrantado, procurando mantener el orden jurídico Constitucional y proteger los derechos de las partes, entre ellos, el Debido Proceso, Derecho de Defensa, y Tutela Judicial Efectiva. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 41, 120 párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada JHASMIN DE PRIMAVERA LEIVA MARTINEZ, por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y resolución de fecha ocho septiembre y uno de noviembre del año dos mil veintiuno, respectivamente, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0613-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[3] Rodríguez Cesia Victor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.
[4] Idem Pág.1305
[5] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128. párr. 132. Citando Caso Herrera Ulloa, párr. 147; Caso Maritza Urrutia, párr. 118; y Caso Myrna Mack Chang, párr. 202.