Sentencia AC-335-14 — Registro 9906
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que resolvió un recurso de nulidad interpuesto en contra del Laudo Arbitral dictado por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, con relación al Trámite Arbitral.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…. ´´CONSIDERANDO 15: Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la sentencia impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la parte resolutiva del acto impugnado, el Tribunal ad-quem Declara SIN LUGAR el Recurso de Nulidad interpuesto en contra del Laudo Arbitral de fecha veintiocho de febrero de dos mil doce y condena en costas por el principio del vencimiento, sin realizar una motivación adecuada y suficiente en cuanto al por qué de tal imposición, siendo que quien inició el proceso que terminó con un Laudo Arbitral, fue la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), haciendo el recurrente uso del recurso que la ley le franquea, derecho reconocido en tratados y convenios internacionales suscritos por Honduras, a efecto de someter tal decisión de instancia a la revisión por un Tribunal de Alzada, tal y como ha sucedido con el caso en estudio. CONSIDERANDO 16: Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al condenar en costas al recurrente en Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral proferido por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, se ha vulnerado en perjuicio del impetrante, el principio genérico del debido proceso, en los términos dejados plasmados en este libelo, en virtud del cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 17: Que el otorgamiento del amparo en los términos que se han dejado señalados en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con los fundamentos de derecho, haga una valoración suficientemente motivada y adecuada a efecto de determinar si procede o no la condena en costas por la interposición del Recurso de Nulidad, explicitando de una manera lógica, racional y congruente su sentencia, en relación a esta situación en específica, sentencia que fue dictada en fecha treinta de enero del año dos mil catorce.¨
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 221 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de abril del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROY PINEDA CASTRO a favor de la sociedad mercantil denominada LATICOM HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta de enero del año dos mil catorce, que resolvió un Recurso de Nulidad interpuesto en contra del Laudo Arbitral dictado en fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, con relación al Trámite Arbitral, promovida por el abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO, en su condición de Apoderado Legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sociedad mercantil denominada LATICOM DE HONDURAS S.A. de C.V.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce, compareció ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO, en su condición de Apoderado Legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), solicitando la integración de Tribunal Arbitral y el correspondiente Arbitraje, con relación al Trámite Arbitral, contra la sociedad mercantil denominada LATICOM DE HONDURAS S.A. de C.V., a través del señor JUAN NELSON LAINEZ, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de dicha sociedad, con el objeto que en base a los términos del Contrato de Servicios CPST-001-2011, suscrito entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y LATICOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V., en fecha once de enero del 2011 se ejecute la misma por el incumplimiento de las Cláusulas Contractuales. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en fecha veintiséis de febrero del año dos mil doce, dictó Laudo Arbitral mediante el cual falló: (Sic) “1. Declarando parcialmente CON LUGAR la Demanda Arbitral promovida por el Abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO, quien delegó las facultades de poder en la Abogada KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA, en representación de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), para que se decrete la terminación contractual por incumplimiento de contrato contra la sociedad mercantil LATICOM HONDURAS S.A. DE C.V. 2. Declarar la terminación contractual por incumplimiento del CONTRATO PARA LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DE PUNTA EN LA INFRAESTRUCTURA DE HONDUTEL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOSTECNOLÓGICOS Y DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE FORMALIZACIÓN DE ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL LATICOM HONDURAS S.A. DE C.V. (LATICOM), CPST-001-2011; incumplimiento por parte de la sociedad mercantil LATICOM HONDURAS, S.A. DE C.V. en perjuicio de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). 3. Condenar a la sociedad mercantil LATICOM HONDURAS, S.A. DE C.V. al pago de la cantidad de CINCO MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS (US$ 5,000,000.00), más intereses moratorios, contados a partir del 17 de Mayo de 2011, fecha de constitución de Contrato de Fideicomiso hasta la fecha del pago, en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios. Para el cálculo de los intereses legales a la fecha de efectuarse el pago, se estará a lo dispuesto en el Artículo 707 del Código de Comercio. 4. SIN COSTAS, por considerar que la parte demandada LATICOM HONDURAS, S.A. DE C.V., tuvo motivos racionales para litigar, principalmente, en cuando a la determinación de la cuantía exacta debida…” (Folios mil ciento noventa y siete (F-1197) al mil doscientos setenta y uno (F-1271) del Tomo III del proceso ante el Tribunal Arbitral). 3) Que conociendo del Recurso de Nulidad del Laudo Arbitral, promovido por el abogado ROY PINEDA CASTRO, en su condición de Represente Procesal de la Sociedad Mercantil denominada LATICOM HONDURAS S.A. de C.V., la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del año dos mil catorce, dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “1) Declarando SIN LUGAR el Recurso de Nulidad interpuesto en contra del laudo Arbitral de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012). 2) CON COSTAS por el principio del vencimiento.-” (Folios cincuenta y cinco (F-55) al sesenta y cinco (F-65) de la pieza de antecedentes del Tribunal de Alzada). 4) Que el recurrente el abogado ROY PINEDA CASTRO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha uno de abril del año dos mil catorce, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la sociedad mercantil denominada LATICOM HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha treinta de enero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que esta Sala de lo Constitucional en fecha veintinueve de julio del año dos mil catorce, declaró caducado el término concedido al recurrente para formalizar la acción constitucional interpuesta, ordenado la continuación del trámite, en virtud de haber desarrollado el recurrente de manera puntual el concepto de la violación alegada, ordenando la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho. 6) Que con fecha veintisiete de agosto del año dos mil catorce, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del despacho, Abogada Yulibeth Garay Hernández, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión QUE SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo, pero únicamente en atención a la vulneración de las garantías señaladas como vulneradas por el amparista en lo relacionado al principio de vencimiento, por no ser aplicable al presente caso de autos. CONSIDERANDO 1: Que el Estado reconoce la garantía de amparo, según lo preceptuado en el artículo 183 de la Constitución de la República, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponerla, a efecto que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, ello en consonancia con lo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional en los artículos 3 y 41. CONSIDERANDO 2: Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, correspondiendo a la Sala de lo Constitucional la jurisdicción constitucional, debiendo observar en la substanciación de la acción de amparo los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso, según lo dispone la normativa sobre justicia constitucional en el artículo 45. CONSIDERANDO 3: Que el recurrente en amparo aduce que la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del año dos mil catorce, vulnera el derecho al debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad; la violación a los derechos transcritos los desarrolla expresando que las partes se sometieron pagando su cuota reglamentaria a la decisión de su conflicto mediante trámite arbitral en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa que terminó con Laudo Arbitral, en el cual ninguna de las partes fue condenada en costas y que la Ley de Conciliación y Arbitraje y el propio Reglamento del Centro de la CCIT[1] establece que contra el Laudo Arbitral sólo podrá interponerse el Recurso de Nulidad ante la Corte de Apelaciones del lugar o ante un tribunal arbitral de alzada, y sólo procederá por las causales que de manera taxativa se establecen en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, sostiene el recurrente en defensa de su tesis de violación al debido proceso, en esta situación en particular, que el recurso es únicamente contra forma y formalidades del Laudo Arbitral y que no le es aplicable el principio del vencimiento que establece el artículo 219 del Código procesal Civil que se refiere a las costas en los procesos declarativos, que se interponen a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones sometidas a los órganos jurisdiccionales según lo dispone el artículo 2 de dicho código. El recurrente transcribe lo preceptuado en el artículo 221 del Código Procesal Civil y arguye que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada en fecha treinta de enero del año dos mil catorce, quebranta lo dispuesto en el literal c) del artículo 220 de la ley procesal citada, al no tener fundamento de derecho, porque la aplicación del artículo 221 no es aplicable en los casos de Recurso de Nulidad contra Laudos Arbítrales, lo es para el recurso de apelación o extraordinario de casación en los procesos declarativos cuyas pretensiones se hubieran planteado ante los órganos jurisdiccionales, lo que no ocurre en el presente caso, concluye el impetrante. CONSIDERANDO 4: Que el amparista refiere que interpuso el correspondiente recurso de reposición contra la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada, en virtud de haber solicitado en tiempo y forma en el primer escrito de sustentación del Recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral, la Apertura a Pruebas para acreditar las afirmaciones expresadas o que motivaban dicho recurso para que hubieran sido verificadas como ciertos a los efectos del proceso, entre otros, la violación al principio de confidencialidad y reserva del arbitraje establecidos en la Ley de Conciliación y Arbitraje y el Propio Reglamento de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, lo mismo que el quebrantamiento de las formalidades de las notificaciones. Otros hechos que probar son los relacionados con la extrapetita del tribunal arbitral y pretensiones que no fueron sometidas a su decisión u otra que si pidieron sin ser resueltas en la parte resolutiva. Advierte el recurrente que el recurso de reposición que procedía la enmienda el auto de fecha 28 de mayo de 2013 fue admitido pero declarado sin lugar, por lo que la sentencia de fecha 30 de enero de 2014 violenta el inciso b) del artículo 200, artículo 3 del Código Procesal Civil y artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, asimismo el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de dicha ley primaria, en relación con lo establecido en el artículo 76[2] de la Ley de Conciliación y Arbitraje. CONSIDERANDO 5: Que asimismo el recurrente en amparo alega vulneración al debido proceso, al considerar que la sentencia de fecha 30 de enero de 2024, concedió a la parte demandada lo mismo que a la parte demandante, el derecho de subsanar sus escritos en especial la contestación de LATICOM a la demanda, en virtud que fue preparado y presentado por su representante ingeniero Juan Nelson Laínes sin la asistencia de un profesional del derecho debidamente inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras violentando así el artículo 9, 11 y 12 de su ley orgánica y el artículo 79 numeral 1) del Código Procesal Civil. Omisión sostiene el amparista, que tiene incidencia en la decisión final y que LATICOM ya a través de un profesional del derecho la señaló en tiempo y solicitó la subsanación, concediéndola el Tribunal Arbitral y reconociendo que la acción y la pretensión estarían planteados en los escritos de corrección de ambas partes, no debió este Tribunal darle valor probatorio alguno a esta contestación (lo resaltado es nuestro), el aceptarla en los términos en que quedo plasmada en el Laudo Arbitral constituye una violación al principio de defensa consagrado en nuestra Carta Magna, sin embargo de manera arbitraria fue valorada como prueba, cuya apreciación mas colinda con la falta de objetividad de los árbitros (lo resaltado es nuestro). CONSIDERANDO 6: Que señala también el impetrante que se ha violentado el debido proceso, pues el Laudo Arbitral condena a su representada al pago de la cantidad de cinco millones de dólares americanos, lo cual se traduce en un exceso y extralimitación de funciones, porque dicha cuantía al tenor de lo estipulado en la cláusula Tercera del Contrato de Fideicomiso, no puede ser considerada sólo en beneficio del fideicomisario de primer orden (HONDUTEL), toda vez que estamos frente a un contrato con obligaciones recíprocas equivalentes, porque en razón de la naturaleza del mismo es una alianza estratégica (JOINT VENTURE) que es un contrato atípico por el cual las partes intervinientes deciden vincularse en un proyecto a desarrollar en el cual participan de los riesgos o perdidas del mismo; arguye también el recurrente en amparo que hubo exceso en haber señalado como fecha de inicio para el cálculo de intereses el diecisiete de mayo de dos mil once, fecha de la constitución del Contrato de Fideicomiso, cuando la demandante en el hecho sexto de la demanda indicó que la fecha del supuesto vencimiento de la obligación fue 23 de marzo de 2012, presentando una carta de LATICOM que no forma parte del contrato ni de los anexos, y esa prueba fue propuesta y evacuada y no el contrato de Fideicomiso (lo subrayado es nuestro). De esta forma la sentencia se dicta sobre puntos no sujetos a su decisión y concedió mas de lo pedido. CONSIDERANDO 7: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. Siendo así es obligatorio el cumplimiento de las exigencias procesales establecidas para el correcto desarrolla de la misma y conforme a ello determinar si procede o no el reconocimiento de esos derechos que los impetrantes aducen violentados o amenazados. CONSIDERANDO 8: Que del examen de la acción constitucional impetrada, esta Sala observa que se están alegando cuestiones que si se encuentran relacionadas con la vulneración al debido proceso, asimismo se alegan por el impetrante otras cuestiones de mera legalidad y que conforme a ello deben ser excluidas del análisis de la Sala, pues conforme a lo estipulado en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional el recurso de amparo debe ser inadmisible y en consecuencia sobreseer las diligencias, conforme al último párrafo de la citada norma, toda vez que son cuestiones que deben ser resueltas y como al efecto lo han realizado los órganos jurisdiccionales de instancia, como las alegaciones relativas al porque determinada prueba fue valorada en tal sentido y fue considerada al momento de emitir un fallo, tanto por el Tribunal Arbitral como por la Corte de Apelaciones que conoció del Recurso de Nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral que ya hemos referido en este libelo y que al efecto hemos resaltado en los considerandos cinco y seis supra y que es objeto de amparo ante esta Sala de lo Constitucional; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento civil que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, definido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas procedería el sobreseimiento de las diligencias de no ser que el amparista alega también cuestiones que si son congruentes con la violación al debido proceso, como el hecho de considerar el amparista, no ser correcto la condena en costas, por parte de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia que resuelve el recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. CONSIDERANDO 9: Que el impetrante en el hecho segundo en que motiva la solicitud de amparo, expresa que existe violación al principio de confidencialidad y reserva del arbitraje y el quebrantamiento a las formalidades de la notificación, sin exponer las consideraciones de hecho y de derecho que fundamentan tal tesis, pues lo que hace el amparista es expresar que se solicitó en el tribunal de alzada la apertura a pruebas para acreditar la violación a los precitados principios, pero no expone ni desarrolla en que consiste tal violaciones. CONSIDERANDO 10: Que corresponde entonces analizar si existe vulneración al debido proceso, en el sentido si procedía o no condena en costas por parte del tribunal de alzada, en relación al recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral previamente referido, por ello es necesario transcribir lo establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, citado por el amparista como violentado por la sentencia emitida, que reza: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; el debido proceso como ya lo ha dejado plasmado esta Sala en diferentes sentencias, comporta una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en igualdad de condiciones a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros. CONSIDERANDO 11: Que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral[3], de allí que las personas que tengan la libre administración de sus bienes, no pueden ser privadas del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento[4], decisión que generalmente se incluye en una cláusula en el negocio jurídico establecido entre las partes, renunciando con ello a los tribunales jurisdiccionales comunes y sometiendo las controversias que surjan o puedan surgir a un Arbitro o Tribunal Arbitral, ello en estricta relación a lo que determina el artículo 28 de la Ley de Conciliación y Arbitraje “CONTROVERSIAS OBJETO DE ARBITRAJE. Podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan la libre disposición”, señalando seguidamente el artículo 29 de la misma normativa que situaciones no son objeto de arbitraje. CONSIDERANDO 12: Que el asunto sometido a la decisión de un tribunal arbitral se decidirá por medio de un Laudo, el que tiene la misma fuerza y validez de una sentencia judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; contra el Laudo arbitral solo podrá interponerse el recurso de nulidad, señala el artículo 73 de la normativa previamente citada y por las causas que seguidamente enumera el artículo 74, la que se limita a nueve, establecidas en números clausus; es importante ilustrar en que consiste el recurso de nulidad en el Arbitraje, en palabras de Fortín Lardizábal[5] “el arbitraje es un proceso de única instancia, de manera que el fondo del asunto y el derecho aplicable solamente es discutible ante el tribunal mismo y no será revisado por ningún otro tribunal.-En otras palabras, el recurso de nulidad no es un recurso de apelación…”, para el mencionado autor el recurso de nulidad es el remedio extraordinario que la Ley prevé para sanear la violación grave de la normativa de orden público que informa al proceso arbitral. CONSIDERANDO 13: Que en la exposición y fundamentación de la violación al debido proceso, argüida por el impetrante, éste sostiene que se ha quebrantado lo dispuesto en el literal c) del artículo 200[6] del Código Procesal Civil, al no tener fundamento de derechos el Tribunal de Alzada para condenarle en costas por recurrir el Laudo Arbitral a través del Recurso de Nulidad; es menester entonces conocer el contenido del artículo 221 del Código Procesal Civil que se lee: “EN CASO DE RECURSOS. Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o extraordinario de casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio del vencimiento”, el principio de vencimiento se encuentra regulado en el artículo 219 de la ley procesal civil, entendiendo de la lectura del mismo, que las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en los procesos declarativos; como ya se dejó establecido en el acápite anterior de este libelo, el arbitraje es un proceso de única instancia, por ello ningún tribunal podrá conocer nuevamente del fondo del asunto. CONSIDERANDO 14: Que según la doctrina se le da el nombre de costas a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial; Cabanellas de Torres[7] las define como: “COSTAS. Se da este nombre a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial. Las costas no sólo comprenden los llamados gastos de justicia, o sea los derechos debidos al Estado, fijados por las leyes, sino además los honorarios de los letrados y los derechos que debe o puede percibir el personal auxiliar, si así estuviera establecido”; cabe preguntarse entonces -se debe siempre condenar en costas-, según la doctrina es habitual que en muchos pleitos se solicite al juez que se condene a la contraparte a pagar las costas del juicio, ello se le denomina “condena en costas”, y se concede normalmente en caso que se aprecie que se litigo sin tener fundamento alguno o que se haya iniciado el juicio de mala fe, con lo que se pretende resarcir a la parte que actuó de buena fe, haciendo a la otra parte pagar todos los gastos de un proceso innecesario; pues bien la Constitución de la República en el capítulo XII relacionado al Poder Judicial artículo 303 establece: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por Magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes…”. CONSIDERANDO 15: Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la sentencia impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la parte resolutiva del acto impugnado, el Tribunal ad-quem Declara SIN LUGAR el Recurso de Nulidad interpuesto en contra del Laudo Arbitral de fecha veintiocho de febrero de dos mil doce y condena en costas por el principio del vencimiento, sin realizar una motivación adecuada y suficiente en cuanto al por qué de tal imposición, siendo que quien inició el proceso que terminó con un Laudo Arbitral, fue la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), haciendo el recurrente uso del recurso que la ley le franquea, derecho reconocido en tratados y convenios internacionales[8] suscritos por Honduras, a efecto de someter tal decisión de instancia a la revisión por un Tribunal de Alzada, tal y como ha sucedido con el caso en estudio. CONSIDERANDO 16: Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al condenar en costas al recurrente en Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral proferido por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, se ha vulnerado en perjuicio del impetrante, el principio genérico del debido proceso, en los términos dejados plasmados en este libelo, en virtud del cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 17: Que el otorgamiento del amparo en los términos que se han dejado señalados en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con los fundamentos de derecho, haga una valoración suficientemente motivada y adecuada a efecto de determinar si procede o no la condena en costas por la interposición del Recurso de Nulidad, explicitando de una manera lógica, racional y congruente su sentencia, en relación a esta situación en especifica, sentencia que fue dictada en fecha treinta de enero del año dos mil catorce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 90 párrafo primero, 110, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 Y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 26, 28, 29, 34, 37, 66, 69, 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; 3, 200, 219 y 221 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 63, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO PARCIALMENTE el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROY PINEDA CASTRO, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada LATICOM HONDURAS, S.A. de C.V., contra la sentencia proferida en fecha treinta de enero del año dos mil catorce, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en los términos dejados establecidos en este libelo, por quebrantamiento del principio del debido proceso, a efecto de dictar una nueva sentencia con la motivación adecuada y suficiente, determinada a establecer si procede o no imponer Costas al recurrente en Recurso de Nulidad, contra el Laudo Arbitral de fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha uno de abril del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0335-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL
[1] Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.
[2] “CONSECUENCIAS DEL RECURSO DE NULIDAD. Efectuado el traslado y practicadas las pruebas necesarias a juicio de la corte o el tribunal arbitral, se decidirá el recurso para lo cual la corte o el tribunal arbitral en su caso contará con un plazo no superior a un mes....”
[3] Artículo 26 de la Ley de Conciliación y Arbitraje.
[4] Artículo 110 de la Constitución de la República.
[5] Fortín Lardizábal, Carlos Alfonso. El Conflicto y los Métodos Alternos para su Solución, Tegucigalpa, D.C., Honduras, 1ª.ed. 2006. Pág. 106.
[6] “CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS: 1… 2… a)… b)… c) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso…”
[7] Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta s.r.l. Primera edición. 1979. Undécima edición, 1993.
[8] Convención Americana sobre Derechos Humanos, articulo 25. “Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…”. Véase en la misma línea de acceso a un recurso el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.