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Sentencia AL-1018-15 — Registro 6221

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra resolución que declaro con lugar recurso de apelación y declaro´con lugar la demanda laboral contra recurrente y que la Sala,ordenó, que autoridad recurrida rindiera informe indicando los recursos agotados por la parte recurrente para obtener la subsanación del acto reclamado y que la sentencia recurrida ya fue revocada mediante recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en un sentido estrictamente jurídico. CONSIDERANDO: Que partiendo de lo anterior y ya en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, comporta ciertamente una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de su representado, por haber quedado sin valor ni efecto la resolución recurrida en amparo al haber sido casada por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y que no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, por lo que esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 6), es inadmisible el recurso de amparo cuando han cesado los efectos del acto reclamado. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible tan luego conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que la pretensión de la recurrente al interponer su recurso, estaba encaminada a que se enmendara la sentencia dictada por el Ad-quem mediante la cual declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, departamento de La Paz, por considerar que la misma es violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, por disminuir y tergiversar derechos y garantías procesales reconocidas por la Constitución de la República, sin embargo al haber sido revocada, no causa agravios, perjuicios o indefensión a la parte recurrente, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado en su momento, y procede por ende, al advertirse la causal de inadmisibilidad relacionada en la anterior consideración, declarar inadmisible las presentes diligencias conforme lo dispone la ley. "

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril de dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES a favor de si mismo, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, en relación con la tasación de honorarios promovida por el abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, por haber actuado como representante procesal de los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMÍREZ Y OTROS, en demanda laboral promovida contra el COLEGIO DE PROFESORES SUPERACIÓN MAGISTERIAL DE HONDURAS COLPROSUMAH). Estima el recurrente que con el acto reclamado que le han violentado derechos contenidos en los artículos 62, 64, 90 y 133 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha doce de abril de dos mil doce, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJIA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMÍREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DÍAZ, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELÉNDEZ ESTRADA, actuando en su condición personal interponiendo demanda ordinaria laboral, contra el COLEGIO DE PROFESORES SUPERACIÓN MAGISTERIAL DE HONDURAS COLPROSUMAH), a efecto de que se les pruebe justa causa de despido, reintegro al cargo del que fueron injustamente despedidos y se condenara a la parte demandada al pago de los salarios dejados de percibir, hasta que en cumplimiento de la sentencia se reintegraran a su cargo. (Folios 1 al 5 de la primera pieza de los antecedentes.-2) Que el referido juzgado, en audiencia de juzgamiento de fecha veintiséis de julio de dos mil once, dictó sentencia mediante la cual falló declarando sin lugar la demanda de merito, sentencia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha veintitrés de julio de dos mil trece y por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce.(Folios 187 al 190, 195 al 196 y 197 al 200 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que en fecha doce de marzo de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, el abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, solicitando tasación de honorarios profesionales por la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 2.362,675.20). (Folio 225 de la primera pieza de antecedentes).-4) Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán dictó auto interlocutorio mediante el cual falló declarando con lugar la tasación de honorarios profesionales de primera instancia, por la cantidad de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 2,148,796.40), condenando a los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMÍREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELÉNDEZ ESTRADA, a pagar al abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, la referida cantidad y declara SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN interpuesta por el abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO en su condición de representante procesal de los demandados. (Folios 271 al 277 de la primera pieza).-5) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, al conocer de los autos por apelación interpuesta por el abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, actuando en su condición de apoderado legal de los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMÍREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELÉNDEZ ESTRADA, dictó sentencia en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, en la cual falló: “…I: Declarando CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato, actuando en su condición de representante procesal de los trabajadores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMÍREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELÉNDEZ ESTRADA; II. REFORMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, visible a folios del 271 al 277 de la primera pieza de autos, en los términos siguientes: a) revocando el numeral primero de la parte resolutiva del auto interlocutorio apelado en cuanto declara con lugar la Tasación de honorarios profesionales presentada por el abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, en consecuencia DECLARAR SIN LUGAR LA TASACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES presentada por el abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES; b) REVOCANDO TOTALMENTE el numeral segundo de la parte resolutiva del auto interlocutorio apelado en cuanto CONDENA a los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMÍREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELÉNDEZ ESTRADA a pagarle al abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES la suma de Lps.2.148.796.40; c) REVOCA TOTALMENTE EL numeral cuarto de la pare resolutiva del auto interlocutorio apelado en cuanto declara sin lugar la excepción de prescripción opuesta por el representante procesal demandante, en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO actuando en su condición de representante procesal de los trabajadores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJIA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMÍREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELÉNDEZ ESTRADA; d)CONFIRMA TOTALMENTE el pronunciamiento SIN COSTAS en la primera instancia; …”(Folio 10 al 14 de la segunda pieza de antecedentes.).-6) Que el abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, compareció ante este tribunal el veinticuatro de agosto de dos mil quince, reclamando amparo a favor si mismo, afirmando que la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, dictada por el ad quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 62, 64, 90 y 133 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis.-7) Queen fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, esta Sala tuvo por evacuado el dictamen emitido por la fiscal del despacho abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ, quien fue de la opinión porque: “se Deniegue la presente acción de amparo por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista”.-CONSIDERANDO UNO (1): Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.-Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO TRES (3): Que el garantista al formalizar el amparo de mérito estimó la violación de los derechos contenidos en los artículos 62, 64, 90 y 133 de la Constitución de la República. Con base en los argumentos siguientes:(1) El petente expresa que el ad quem conculcó los derechos establecidos en el artículo 62 de la Constitución de la República.[4] Para explicar en que consiste la violación, señala que tiene derecho al pago de sus honorarios de parte de los empleados despedidos que contrataron sus servicios profesionales en el marco de un juicio laboral. El monto de esos honorarios se encuentra determinado en el Arancel de los profesionales del derecho, en virtud de no haber suscrito el contrato de servicios profesionales por escrito; asimismo dicho arancel expresa que los honorarios son privilegiados e irrenunciables. Expresa además el petente que la violación a este derecho constituye nulidad absoluta; que los servidores no tienen más facultades que los expresamente conferidos por la ley y que todo acto que ejecuten fuera de ésta es nulo e implica responsabilidad.(2) El ad quem conculcó los derechos establecidos en el artículo 64 de la Constitución de la República.[5] Para explicar en que consiste la violación, señala que el derecho a percibir sus honorarios es independiente de los resultados del proceso. La corte de apelaciones, expone el recurrente, incurre en la violación apuntada al aplicar erróneamente el artículo 2296 del Código Civil para denegar el derecho que tiene a percibir honorarios profesionales. Luego expresa que queda comprendido entre las declaraciones, derechos y garantías el artículo 133 constitucional, el cual dispone que los trabajadores intelectuales independientes, deberán ser objeto de una legislación protectora y que en este asunto es el Arancel de los profesionales del Derecho y el Código de ética.(3) El ad quem conculcó el derecho al debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República.[6] Para explicar en que consiste la violación, señala que con la resolución impugnada el ad quem violentó el debido proceso por las siguientes dos circunstancias: a) Estimó bajo el fundamento del artículo 2296 del Código Civil la excepción de prescripción que opuso el abogado Guillermo Antonio Matute Cerrato, en virtud de que transcurrió más de un año para reclamar sus honorarios, sin percatarse de que ésta no se produjo (prescripción), por cuanto los honorarios por actos de procuración judicial se tramitan conforme lo establecido para los incidentes. Que los incidentes deben estar en relación inmediata con el asunto principal y que por tanto la competencia del a quo queda suspendida mientras se encuentren en trámite los recursos de apelación y casación, no pudiendo por tanto conocer y tramitar incidentes, incluyendo la tasación de costas y por ende la tasación de honorarios profesionales. Es decir dicho incidente no puede ser tramitado en primera instancia, sino hasta que haya concluido el proceso, sea cuantificada la demanda y en consecuencia puedan también cuantificarse los honorarios por actos de presentación procesal judicial. Así las cosas, los autos procesales fueron recibidos por el tribunal de primera instancia el cuatro de noviembre de dos mil catorce y la orden para reintegrar a los trabajadores se produjo el dos de mayo de dos mil quince. b) Refiere el impetrante que el abogado Guillermo Antonio Matute Cerrato, asumió el caso en segunda instancia porque se percató de que le serían satisfechos los honorarios, de lo contrario estaba en la obligación de no aceptar la representación; y con sólo este acto acepta de manera tácita que no ha operado la prescripción que el mismo excepcionó. c) El garantista señala que el oponente a la tasación de honorarios profesionales debió tomar en cuenta los aspectos siguientes: (Sic) “1. El procedimiento correcto en autos interlocutorios en, materia laboral notificados en audiencia es para que, la parte que se considera agraviada interponga el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación. 2. La subsidiariedad de la apelación, opera cuando es denegado el recurso de reposición, pero jamás puede interponerse el recurso de apelación y con subsidiariedad el de reposición y ello porque la apelación es subsidiaria de la reposición, pero la reposición no puede ni es subsidiaria de la apelación. 3. No procede interponer el recurso de reposición contra la providencia que deniega el recurso de apelación y de interponerse y otorgarlo el juez que conoce la causa es nulo de pleno derecho y sin consecuencia jurídica.” .-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la representante del Ministerio Público fue de la opinión de que se deniegue la presente acción de amparo, por no existir vulneración de los derechos invocados por el garantista. Dicha conclusión se fundamentó en que el impetrante acudió en amparo con el propósito de que se le restituya el derecho de gozar sus honorarios profesionales como representante procesal de los señores Salvador Orlando Arita Mejia, Ingrid Bethzaida Sierra Sarmiento, Erik Armando Montoya Ramírez, Gladys Magdalena Otero Carbajal, Marco Tulio Mejía y Juan Antonio Meléndez Estrada en un juicio de orden laboral. La fiscal deja constancia de que en fecha doce de abril de dos mil once efectivamente los señores mencionados interpusieron una demanda laboral, siendo su apoderado procesal el abogado Franklin Rafael Padilla y que el ahora garantista asumió posteriormente dicha representación procesal. Asimismo que éste en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán a reclamar el pago de sus honorarios profesionales, por un monto de dos millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos noventa y seis lempiras con cuarenta centavos (L.2,148,796.40), presentando la minuta correspondiente calculada desde el uno de enero de dos mil once al veintitrés de julio de dos mil trece, fecha en la que a su criterio cesó su representación. Seguidamente expresa que el artículo 2296 numeral 1 del Código Civil dispone que: Por el transcurso de un año prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1. La de pagar a los jueces, abogados, registradores, notarios, peritos agentes y curiales, sus honorarios y derechos en el caso de que los tengan y los gastos desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieren. 2.…3….4….El término para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres números anteriores se contará desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios. Observa que el mismo garantista manifestó haber realizado actuaciones procesales en la citada demanda desde el uno de enero de dos mil once al veintitrés de julio de dos mil trece; por otro lado el amparista establece que si bien es cierto la prescripción es de un año, la tasación para el pago de honorarios se tramita de conformidad con lo establecido para los incidentes en pieza separada y en materia laboral en la misma pieza, por lo que se hace necesario que el expediente principal cuando se trate de honorarios de primera instancia se encuentre en el seno del tribunal por dos razones: 1. Mientras tanto el expediente no es devuelto por tribunales superiores el a quo tiene suspendida su competencia y 2. El incidente es un apéndice del expediente principal y por lo tanto no puede formarse pieza separada y peor aun en materia laboral que se tramita en la misma pieza; y que por tal razón hizo uso de su derecho una vez devueltas las diligencias al juzgado respectivo. Entonces, expresa la fiscal, si el cómputo de la prescripción comienza a correr el mismo día en que finalizan los servicios profesionales y de acuerdo a lo establecido en autos, el reclamante cesó en la representación en fecha diez de abril de dos mil doce, entonces han transcurrido más de dos años, sin que conste en autos que el amparista haya realizado ninguna actuación que interrumpiese la prescripción, dejando vencer el término correspondiente para reclamar sus honorarios profesionales, en tal sentido el fallo recurrido ha sido dictado conforme a derecho. Seguidamente la fiscal señala que no se pronuncia sobre lo alegado por el recurrente con relación a que el a quo con posterioridad de haber denegado un recurso de apelación le dio trámite a un recurso de reposición, por considerar que esto constituye un alegato de instancia; del cual el propio amparista al momento de cederle la palabra consideró que una de las alternativas del juez era la de conceder la apelación que sería formalizada en el tribunal de alzada, como finalmente resolvió el a quo.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el honorable Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán motiva su decisión bajo los argumentos siguientes: 1. Que el abogado José Ramón Lamothe Rosales actuó en representación procesal de los ex trabajadores que demandaron al Colegio de Profesores Superación Magisterial de Honduras, COLPROSUMAH, ejerciendo a su favor actos de procuración, de manera que conforme a lo establecido en el artículo 55 inciso b) numeral 1 del Arancel del profesional del Derecho procede declarar con lugar la tasación de honorarios profesionales. 2. Que la tasación de honorarios profesionales será practicada en los juzgados y tribunales donde se hayan prestado los servicios y cuyo pago se pretende, por lo que los de primera instancia se tasarán en el juzgado respectivo; y al tenor del artículo antes mencionado del arancel, corresponde el pago del 30% más dos mil lempiras por el escrito de demanda. Debido a esto la presente demanda únicamente se pronuncia sobre los honorarios de primera instancia, tomando en consideración los montos establecidos en la demanda a folios 218 y 219 de los autos. Cantidad que suma la cantidad de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L.2,148,796.40) en concepto de honorarios profesionales a pagar al abogado Lamothe Rosales. 3. Que el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato opuso excepción de prescripción argumentando que había transcurrido más de un año para reclamar el pago de honorarios profesionales. La corte de apelaciones hace ver que la jurisdicción del a quo fue suspendida mientras el juicio se encontraba en apelación y casación, por lo que las actuaciones se encontraban fuera del archivo del a quo y por esa razón el reclamante de honorarios hizo uso de su derecho de acción hasta que fueron devueltas las diligencias al juzgado. Expresa además que analizado en su contexto el reclamante solicitó el pago de sus honorarios profesionales correspondientes a la primera instancia en tiempo y forma; en consecuencia se declara sin lugar la excepción de prescripción. 4. Que el juez puede eximir el pago de costas a la parte que fuere vencido en juicio cuando aparezca que ha tenido motivos racionales para litigar. 5. Que el juez no está sujeto a la tarifa legal de prueba por lo tanto se forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, haciendo énfasis en las circunstancias relevantes del pleito y sobre todo en la conducta procesal observada por la parte en el transcurso del juicio.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán declara con lugar la apelación interpuesta en contra de la sentencia del a quo; en consecuencia declara sin lugar la tasación de honorarios profesionales, revoca la condena de pago y la denegatoria de la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada. Por lo que absuelve a los demandados declarando y declara con lugar la excepción de prescripción mencionada. El ad quem motiva su decisión con los argumentos siguientes: 1. Se constata que en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, el abogado José Ramón Lamothe Rosales demandó judicialmente por la cantidad de dos millones trescientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y cinco lempiras con veinte centavos (L. 2,362,675.20) en concepto de pago de sus honorarios profesionales. 2. Que el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato opuso por vía de alegación o defensa excepción de prescripción a favor de la parte demandada, en virtud de que el dieciséis de marzo de dos mil doce, le fue notificada al reclamante el cese de su representación y el nombramiento del abogado Francis Rodolfo Parrales Ordóñez como nuevo representante procesal de los trabajadores; y desde el diez de abril de dos mil doce, la Corte Suprema de Justicia tuvo por personado al mencionado abogado como apoderado de los trabajadores; y con fecha catorce de mayo de dos mil doce el representante proceso de los trabajadores es el compareciente, por lo que el abogado Lamothe Rosales falta a la verdad al afirmar que cesó en la representación hasta el veintitrés de julio de dos mil trece; agregando que entre el diez de abril de dos mil doce, fecha del auto donde consta la cesación de la representación del reclamante, ha habido diversas actuaciones y resoluciones y en ninguno de ellas compareció ni actuó el reclamante abogado José Ramón Lamothe Rosales, precisamente por haber cesado en la representación y por constar en el proceso de revocatoria del poder desde el diez de abril de dos mil doce, por lo que han transcurrido más de dos años y siete meses para solicitar el pago de honorarios profesionales y por ende esta acción se encuentra prescrita. 3. Que si bien es cierto, expresa el ad quem, el abogado Lamothe Rosales representó a los trabajadores demandantes en la primera instancia, interpuso el recurso de apelación que causó la reforma de la sentencia de primera instancia, declarándose con lugar la demanda interpuesta, condenado al COLPROSUMAH al reintegro de los trabajadores; sentencia que fue anulada por la honorable Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 4. A consecuencia de la nulidad mencionada, se interpuso nuevamente recurso de casación en fecha dieciocho de octubre de dos mil once. Estando el asunto en la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo por dicha casación, se personó ante dicho tribunal el fecha diez de abril de dos mil doce el abogado Francis Rodolfo Parrales Ordóñez a quien se le tuvo por personado como representante procesal de los trabajadores; posteriormente continuó representándolos el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato. En consecuencia, dice el ad quem que desde esa fecha diez de abril de dos mil doce le fue quitado el poder al abogado Lamothe Rosales; y es más según al declaración jurada presentada como prueba documental, aparece que fue desde el dieciséis de marzo de dos mil doce, cuando se le notificó a dicho abogado que los trabajadores lo habían cambiado como representante procesal. 5. Que consta en autos que el abogado Lamothe Rosales compareció ante el a quo en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce tasando sus honorarios profesionales por la cantidad de dos millones novecientos cuatro mil ochocientos treinta y siete lempiras con cuarenta y siete centavos (L. 2, 904,837.47). Asimismo que por simples operaciones aritméticas se puede establecer que entre la fecha en que la Corte Suprema de Justicia tuvo como nuevo apoderado de los trabajadores al abogado Francis Rodolfo Parrales Ordóñez (10 de abril de dos mil doce) a la fecha en que el abogado Lamothe Rosales presentó la tasación de honorarios profesionales (14 de noviembre de dos mil catorce) ya habían transcurrido más de dos años. 6. Que de conformidad a lo dispuesto en el Código Civil, por el transcurso de un año, prescribe entre otras, la acción para el cumplimiento de la obligación de pagar a los abogados sus honorarios y derechos en el caso de que los tengan, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de su oficio, en los asuntos a que las obligaciones se refieran. 7. Que el arancel del Profesional del Derecho establece en el artículo 116 y en lo relativo al plazo para el pago de honorarios del notario, entre otros, lo siguiente: “… los honorarios notariales prescribirán conforme a lo estipulado en el Código Civil.” 8. Que llegado el fin de la prestación de los servicios profesionales de un abogado, el plazo para reclamar los honorarios es de un año y el cómputo de la prescripción debe de comenzar el día en que finalizaron sus servicios profesionales; y si bien es cierto se pueden llevar a cabo otras actuaciones por parte del abogado a fin de interrumpir la prescripción, lo cierto es que en el caso de autos no se aportó ninguna prueba tendiente a probar que el abogado José Ramón Lamothe Rosales realizó alguna actuación que interrumpiera el plazo para reclamar honorarios. 9. Que no se comparte el criterio del a quo en el auto interlocutorio apelado en el sentido de que no procede la prescripción en virtud de que las actuaciones contenidas en el expediente permanecían fuera del archivo del juzgado y por tal razón consideró que el reclamante hizo uso de su derecho una vez devueltas las diligencias en el juzgado. No se comparte porque el término de la prescripción no fue interrumpido por alguna actuación del abogado Lamothe Rosales y si bien es cierto el expediente estaba fuera del tribunal, eso no le impedía al profesional del derecho solicitar en el Juzgado de Letras del Trabajo competente dentro del término de prescripción el pago de sus honorarios profesionales, cuya resolución tuvo que haber permanecido en suspenso y resolverlo hasta que regresara el expediente al juzgado de primera instancia, logrando con ello presentar su solicitud en tiempo y forma, pues como ya se dijo, por el hecho de que el expediente se encontrara fuera del juzgado no interrumpe ese sólo hecho el término de prescripción. 10. Que en virtud de lo anteriormente expuesto procede declarar con lugar la excepción de prescripción opuesta por el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato y consecuentemente sin lugar la tasación de honorarios profesionales presentada por el abogado José Ramón Lamothe Rosales.-CONSIDERANDO SIETE (7):Que la Sala de lo Constitucional al analizar el presente asunto, deviene en la obligación de determinar si la actuación impugnada de la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán conculcó en perjuicio del abogado José Ramón Lamothe Rosales los derechos contenidos en los artículos 62, 64, 90 y 133 de la Constitución de la República. Para empezar, cabe mencionar que en la parte dogmática de la Constitución de la República, debemos distinguir: a) las declaraciones b) los derechos y c) las garantías. Cada uno de estos elementos tiene naturaleza distinta, lo que resulta de importancia para identificar que normas de la Constitución, y en su caso instrumentos internacionales de derechos humanos pueden ser fundamento para la garantía de amparo. Las declaraciones contenidas en la Constitución son principios que orientan la interpretación de las demás normas de la Constitución, y constituyen el fundamento de las políticas de Estado en todos los órdenes. En cambio los derechos que se encuentran en la Constitución son básicamente los derechos humanos o fundamentales reconocidos por el Estado hondureño. Este listado se complementa con los derechos contenidos en los instrumentos de derechos humanos de los cuales nuestro país es parte, constituyendo lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. Por último las garantías son las vías procesales que la Constitución dispone para la defensa, protección y restitución de los derechos humanos o fundamentales. Entre estos se encuentra el amparo.[7] Ahora bien, lo siguiente es hacernos la pregunta si los artículos 62 y 64 de la Constitución, contienen declaraciones derechos o garantías. Para responder, en primer lugar la Sala de lo Constitucional toma en consideración que los artículos 62 y 64, se encuentran contenidos en el capítulo I que se refiere a las declaraciones del denominado TÍTULO III. DE LAS DECLARACIONES. DERECHOS Y GARANTÍAS. No se encuentran entonces en los capítulos del II al IX del mismo título tercero, que contienen la mayor parte de los derechos constitucionales. Se aclara en este punto, que se ha dicho la mayor parte de derechos, porque existen otros derechos como los políticos que se encuentran en otras partes de la Constitución de la República. En segundo lugar al entrar en el análisis de cada norma, se constata que ambos artículos contienen declaraciones. En el caso particular del artículo 62 constitucional, el Constituyente originario al declarar que los derechos de todos se encuentran limitados por los derechos de los demás, señala una equilibrada correspondencia entre los derechos y obligaciones de todas las personas, permitiendo la ponderación como mecanismo interpretativo a fin de satisfacer el bienestar general y el desenvolvimiento de la democracia. De idéntica manera sucede con el artículo 64 constitucional, sólo que en este caso la declaración que contiene es la supremacía constitucional, la cual como regla de interpretación prohíbe que se disminuya, restrinja o tergiversen las declaraciones, derechos o garantías que se encuentran en la carta fundamental, con fundamento en normas de rango inferior. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional determina que los artículos 62 y 64 de la Constitución de la República, ambos invocados por el recurrente, no contienen derechos constitucionales y por tanto su contenido se encuentra fuera del ámbito de control de las garantías constitucionales, incluyendo el amparo. Esto resulta compatible con lo dispuesto por el artículo 183 constitucional, que comprende el objeto del amparo. Dicha norma no incluye la protección de las declaraciones; es decir sólo se refiere a la protección de los derechos o garantías que la Constitución establece. Debe aclararse que la expresión garantía en este artículo se encuentra como sinónimo de derecho, en el mismo sentido que se encuentra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente en el artículo 8, al referirse a las garantías judiciales.Para entender esto debemos tomar en cuenta que nuestra Constitución le da a la expresión “garantía”, dos sentidos o acepciones distintas. El primer sentido, como sinónimo de “derechos” de acuerdo a los capítulos del denominado TÍTULO III. DE LAS DECLARACIONES. DERECHOS Y GARANTÍAS, que van desde el II hasta el IX, que contienen los derechos humanos expresamente reconocidos por nuestra Constitución.[8]El título I de este título se refiere a las declaraciones, que como ya se explicó antes, son criterios interpretativos, principios rectores de carácter imperativo, pero no derechos y por tanto no son objeto de ninguna de las garantías constitucionales. Finalmente en conclusión, los artículos 62 y 64 no son susceptibles de amparo y por ende no son de recibo para el presente caso de autos. Tampoco es de recibo el artículo 133 constitucional, en virtud de que dicha norma no contiene un derecho propiamente dicho. Es más bien, un mandato del Constituyente al Legislativo como poder constituido, a efecto de que emita una ley que proteja a los trabajadores intelectuales independientes. Por otra parte el alegato del impetrante para justificar el quebrantamiento de los artículos 62, 64 y 133 se sustenta básicamente en: a) el derecho que tiene como abogado de percibir sus honorarios profesionales; b)que el monto de esos honorarios se encuentra determinado en el Arancel de los profesionales del derecho; c) que los honorarios son privilegiados e irrenunciables; d) que el derecho a percibir sus honorarios es independiente de los resultados del proceso; e) que como trabajador intelectual independiente tiene derecho a que se le proteja con una ley especial y que ésta existe refiriéndose al Arancel profesional del Derecho. Al respecto la Sala de lo Constitucional aclara que los elementos de su alegato, son propios de instancia, en virtud de que precisamente constituyen los elementos que forman el objeto de la demanda que presentó ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. Es decir, determinar si tiene derecho a percibir sus honorarios profesionales fue precisamente la razón de plantear la demanda por ese concepto y corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia, así declararlo. Por tanto la declaratoria de pago, en este caso de honorarios profesionales, no corresponde al ámbito del amparo constitucional.De todos los artículos que se reclaman como violentados por el petente, el único que amerita ser tomado en cuenta para efectos de la garantía de amparo es el artículo 90 constitucional, que contiene en términos generales el derecho al debido proceso legal.Básicamente el garantista, en relación con este derecho, fundó su demanda de amparo estimando que no hubo prescripción. Argumento que el petente sustenta en que el plazo de un año para reclamar honorarios en primera instancia comienza a partir de que la pieza principal regresa al juzgado después de tramitarse la apelación y casación. Esto en virtud de que el reclamo de honorarios como los de mérito se tramitan por la vía incidental y por tanto la competencia del a quo queda suspendida mientras se encuentren en trámite los recursos de apelación y casación. Dicho incidente, dice el garantista, no puede ser tramitado en primera instancia, sino hasta que haya concluido el proceso, para poder así saber la cuantía de la demanda y con base a ello cuantificar los honorarios. La Sala de lo Constitucional, tomando en cuenta estos y otros argumentos esgrimidos por el recurrente, asimismo los señalamientos del agente de tribunales del Ministerio Público y los fundamentos de los dos órganos jurisdiccionales sustentados en sendas sentencias, estima que en el presente caso no hubo quebrantamiento del debido proceso y que el motivo de amparo basado en el quebrantamiento del artículo 90 constitucional tampoco es de recibo. Para arribar a dicha decisión, este alto tribunal de justicia, toma en cuenta los argumentos y fundamentos que a continuación se detallan. I. El derecho que tiene todo abogado de percibir honorarios profesionales, existe desde que actúa de conformidad con el convenio o contrato, ya sea éste escrito o verbal. En el presente caso, inicia entonces desde que comparece en el proceso ejercitando actos de procuración a favor de sus poderdantes. II. Este derecho se vuelve exigible desde que el abogado deja de prestar los respectivos servicios, en virtud de lo que dispone el artículo 2296 del Código Civil en su último párrafo. III. La expresión: “[a partir de que deja] de prestar los respectivos servicios”, tomada como criterio en dicha disposición legal, no deja de tener sus problemas interpretativos, debido a que podrían admitirse como correctos los siguientes supuestos: a) Cuando el poderdante o su sucesor confiere poder a otro profesional del derecho; b) cuando el poderdante o su sucesor confiere poder a otro profesional del derecho y se le notifica esto al abogado cesante; c) cuando el poderdante confiere poder a otro profesional del derecho, pero éste es efectivo hasta que el nuevo apoderado procesal acepta o ejercita actos de procuración; d) cuando renuncia el abogado y es sustituido por otro abogado; e) cuando muere el abogado; f) desde la última actuación del abogado a favor de su poderdante, etc. IV. Para la Sala sin embargo, el único supuesto de interpretación que se ajusta a la expresión mencionada y que resulta admisible legalmente, es la del inciso b), en virtud de lo dispuesto por el artículo 1914 del Código Civil, en cuanto señala que el nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio produce la revocación del mandato anterior desde el día en que se hizo saber al que lo había recibido. Es decir, el apoderado originario no deja de prestar sus servicios, sino hasta que es notificado o se entera de que le fue revocado el poder o que le fue conferido a otro.V. Lo anterior en relación con el asunto sub examine conduce a pensar que la acción del abogado Lamothe Rosales para demandar a los poderdantes por los servicios profesionales prestados, existe a partir del momento en que éste deja de prestar sus servicios profesionales, lo que se entiende intralegem a partir de que se enteró de que le fue revocado el poder con que actuaba. VI. Para la Sala de lo Constitucional este asunto tiene relevancia constitucional, si el amparista demuestra que la decisión de declarar con lugar la prescripción fue tomada de manera arbitraria, es decir: a) cuando es evidente que fue declarada contra legem; b) sin motivación alguna, c) la motivación es incompleta o con prescindencia de los antecedentes o las pruebas. VII. En consecuencia de lo expuesto con anterioridad, en el caso sub examine resulta de vital importancia determinar si la decisión del ad quem, se encuentra en correspondencia con los hechos contenidos en las diligencias de mérito; o sea es cuestión de verificar si efectivamente el abogado Lamothe Rosales ejercito su derecho de exigir el pago de honorarios dentro del tiempo dispuesto por la ley. VIII. Este alto tribunal de Justicia, al examinar la prueba documental que se encuentra en las piezas que se relacionan con el presente asunto, encuentra los siguientes elementos: a)Con la certificación de la sentencia dictada en fecha diecinueve de febrero de dos mil trece por la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, se constata que dicho tribunal consignó en el numeral ocho (8)apartado 2) de los antecedentes de hecho, que mediante auto de fecha diez de abril de dos mil doce, se subsanó la sentencia de admisión de fecha nueve de febrero de ese año, en el sentido de tener por personado al abogado Francis Rodolfo Parrales Ordóñez como apoderado de los trabajadores Salvador Orlando Mejía y otros. Dicha sentencia anuló la sentencia dictada el once de octubre de dos mil once por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. (Folio 23 de la pieza de amparo). b)Con la certificación de la sentencia dictada por la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, se constata que dicho tribunal consignó en el numeral seis (6) de los antecedentes de hecho, que mediante auto de fecha quince de octubre de dos mil trece el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato compareció en representación procesal de los trabajadores Salvador Orlando Mejía y otros a contestar el recurso de casación formalizado por el representante procesal del COLPROSUMAH. La sentencia certificada fue con la que se declaró inadmisible tanto la casación como la nulidad subsidiaria y que fue formalizada por el representante procesal del COLPROSUMAH; consecuentemente quedó firme la sentencia de segunda instancia proferida en fecha veintitrés de julio de dos mil trece. (Folio 37 de la pieza de amparo).c)La declaración jurada efectuada por el señor Marco Tulio Mejía, con la que se pretende acreditar que desde el dieciséis de marzo de dos mil doce se le notificó al abogado José Ramón Lamothe Rosales el cese de su representación y el nombramiento del abogado Francis Rodolfo Parrales Ordoñez como nuevo representante procesal. Cabe señalar que el contenido de dicho documento fue rechazado por el abogado José Ramón Lamothe Rosales. La Sala de lo Constitucional no toma en cuenta dicha declaración en virtud de que no existe prueba que verifique o desacredite su veracidad. d)Con la certificación del auto emitido el diez de abril de dos mil doce por la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, se constata que dicho tribunal menciona en el numeral cuatro (4) de los antecedentes de hecho, que el abogado Francis Rodolfo Parrales Ordóñez, en fecha veintidós de febrero de dos mil doce presentó ante esa Sala, escrito de personamiento en su condición de apoderado procesal de los trabajadores, el cual fue resuelto por la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha nueve de marzo de dos mil doce. Dicha certificación se encuentra agregada a folios 239-240 del expediente de la primera pieza. e)Con la certificación del auto emitido en fecha catorce de mayo de dos mil doce, se constata que los mismos trabajadores confirieron poder al abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato, teniéndolo por personado en el proceso de casación en dicha fecha. (Folio 241 del expediente de la primera pieza). IX. La Sala de lo Constitucional, por otra parte no encuentra en las diligencias de mérito, actuaciones que permitan establecer la fecha y momento exacto en que el abogado Lamothe Rosales se enteró de la revocatoria del poder a él conferido. Sin embargo se cuenta con información que permite inferir si la petición de honorarios profesionales se encuentra dentro del plazo establecido por el artículo 2296 del Código Civil. Consta en autos que la solicitud de honorarios profesionales se presentó ante el órgano jurisdiccional competente en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce. Eso significa que para que este acto esté en tiempo, es ineludible que se haya enterado de dicha revocatoria a más tardar el catorce de noviembre de dos mil trece. En consecuencia si se colige que el conocimiento lo obtuvo antes de esta fecha, la prescripción opuesta resultaría procedente. En contrario sensu, la prescripción mencionada no procede si el conocimiento de haber sido relevado como apoderado procesal, se encuentra comprendido en el año que media entre el catorce de noviembre de dos mil trece y el catorce de noviembre de dos mil catorce. Como se expresó antes, en el caso sub iudice, no es posible determinar la fecha exacta en que ocurrió el evento de haberse enterado del cese del mandato; pero si es posible inferir conforme a las reglas de la experiencia, que permite el artículo 245.1 del Código Procesal Civil, si el conocimiento del cese del mandato pudo ser dentro del rango del año anteriormente indicado. En este sentido, la Sala de lo Constitucional tiene por acreditado que si el abogado José Ramón Lamothe Rosales no fue notificado de manera personal por los poderdantes de la revocatoria del poder conferido; pudo haberse enterado a partir de la fecha en que se personó el abogado Francis Rodolfo Parrales Ordóñez y tenido así por la honorable Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo. Así las cosas, consta en las diligencias que tiene a la vista la Sala de lo Constitucional, que dicho abogado se personó en el proceso el veintidós de febrero de dos mil doce; y que la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, resolvió en fecha nueve de marzo de dos mil doce. Auto que fue posteriormente subsanado en fecha diez de abril de dos mil doce. El tiempo que se computa desde el veintidós de febrero de dos mil doce al catorce de noviembre de dos mil trece, es mayor a un año ocho meses (personamiento del abogado Parrales Ordóñez). Del nueve de marzo de dos mil doce al catorce de noviembre de dos mil trece (resolución al personamiento) pasó más de un año con siete meses; y del diez de abril de dos mil doce al catorce de noviembre de dos mil trece (subsanación) transcurrió más de un año y medio. Conforme a la experiencia no es posible que un apoderado procesal responsable y diligente deje transcurrir estos lapsos sin enterarse de lo que ocurre en un proceso. De manera que se infiere que el abogado Lamothe Rosales se enteró de que sus poderdantes revocaron el poder que le habían conferido, bastante tiempo antes del límite establecido, catorce de noviembre de dos mil trece. Expresado de otra forma, pasaron más de dos años ocho meses desde que el abogado Parrales Ordoñez se personó en el proceso hasta que el abogado Lamothe Rosales ejercitó su derecho de exigir el pago de sus honorarios profesionales; de manera que estima prescrito su derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2296 del Código Civil. X. En virtud de las mismas razones se rechaza el argumento del impetrante en cuanto a que era necesario esperar la devolución de las diligencias después de finalizar cada uno de los recursos interpuestos, en virtud de que la solicitud de pago de honorarios profesionales es un incidente. La Sala hace la salvedad que la única manera de cortar la prescripción es ejercitar la acción correspondiente en la forma indicada por el artículo 89 del Código Procesal Civil. En ese sentido era imperativo que el abogado Lamothe Rosales presentare dentro del año contado desde que se enteró del cese del mandato, su petitorio en reclamo de su derecho ante el juzgado y así de esta manera vincular a éste para que abriera pieza separada, tal como lo indica el artículo 416 del Código Procesal Civil. Finalmente, el plazo de prescripción para el pago de honorarios profesionales no comienza a partir de que la sentencia adquiere firmeza, tampoco cuando han sido devueltas las diligencias; como así lo pensó el garantista. En virtud de todo lo expuesto la Sala de lo Constitucional estima procedente denegar la demanda de amparo de que se ha hecho mérito.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 59, 62, 64, 80, 90 párrafo primero, 133, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2296 del Código Civil; 89, 245.1 y 416 del Código Procesal Civil, FALLA: DENEGANDO la garantía de amparo impetrada por el abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, a favor de si mismo, contra la resolución dictada en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, por la honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz.NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- REINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de abril de dos mil dieciséis.-Este alto tribunal de justicia, declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia dictada en fecha trece de abril del presente año, mediante la cual se desestimó la garantía de amparo interpuesta contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince. La presente decisión judicial se hace bajo la motivación siguiente: CONSIDERANDO UNO (1): Que el abogado José Ramón Lamothe Rosales, interpuso recurso de reposición en fecha veintidós de abril del presente año, fundamentándose básicamente en lo siguiente: 1. Expresa que la sentencia que denegó el amparo no está apegada a derecho porque se fundamentó en la prescripción que opuso el abogado Guillermo Antonio Matute Cerrato, que no es lo principal del asunto, sino el vicio denunciado en relación con la violación al debido proceso. 2. En todo caso dice el recurrente en reposición, la prescripción no opera porque en materia laboral además de la razón que la Sala expone, la prescripción se corta, tal como lo establece el artículo 862 párrafo segundo del Código del Trabajo, por renuncia. Al respecto explica que el derecho de prescripción puede renunciarse cuando ésta ya esté consumada, sea de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables, pudiéndose apreciar, dice el recurrente, que en la sentencia de mérito en el numeral 4 del considerando seis se sostiene que en fecha diez de abril de 2012 se personó en el recurso de casación y ante la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, el abogado Francis Rodolfo Parrales Ordoñez; y que posteriormente el abogado Guillermo Matute Cerrato continuó representando a los trabajadores, pudiendo apreciar y consta en autos, dice el recurrente, que una vez que presentó su reclamo de honorarios ante el a quo, se personó el abogado Matute Cerrato, por lo que renunció conforme al Código del Trabajo, la prescripción ya consumada, por cuanto dicho personamiento constituye un hecho indudablemente aceptado de manera tácita por el abogado Matute Cerrato, de que no representaba a los trabajadores. En consecuencia el recurrente asegura ser, hasta ese momento del personamiento el único que había fungido, ejerciendo actos de procuración. 3. Pasando a otro punto el recurrente en reposición expresa que en materia laboral, no se tramitan excepciones ni defectos procesales o materiales en pieza separada sino que se hace en la pieza principal; y que únicamente cuando se interpone la recurso de apelación y éste se concede en el efecto devolutivo, se forma una pieza con las actuaciones principales del incidente para enviarlas al tribunal de alzada, que se conoce como compulsa. 4. El que pide reposición, expone que el amparo no se interpuso con motivo de la prescripción sino por violación al debido proceso. 5. Finalmente el recurrente explica que el abogado Matute Cerrato debió interponer el recurso de hecho, conforme al artículo 746 del Código del Trabajo; o bien el recurso de queja conforme al 730 del Código Procesal Civil, después de que se le denegó el recurso de apelación; pero nunca el recurso de reposición como efectivamente sucedió, pues de lo contrario lo actuado es nulo de pleno derecho y por tanto la resolución del a quo adquirió carácter de cosa juzgada en virtud de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de Código Procesal Civil. -CONSIDERANDO DOS (2): En repuesta a los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición, la Sala de lo Constitucional se pronuncia de la siguiente manera: En relación al argumento 1. La Sala abordó el tema de la prescripción en virtud de que era parte del thema decidendi al ser introducido por el mismo amparista cuando denunció que la corte de apelaciones había aplicado erróneamente el artículo 2296 del Código Civil y que esto violentaba el debido proceso legal. En razón de ello el tribunal de manera detallada y exhaustiva analizó y verificó la correcta aplicación de dicha norma. Por otra parte, en la sentencia que denegó el amparo se hizo un detallado análisis, encontrando que no había violación de los derechos contenidos en los artículos 62, 64, 90 y 133 de la Constitución de la República; asimismo se dio respuesta a todos los puntos litigiosos que introdujo el amparista. En virtud de lo cual no procede reponer la sentencia impugnada por este extremo. En relación al argumento 2. En este punto el recurrente equivoca dos conceptos distintos. Uno es la renuncia al derecho de alegar la prescripción ya consumada; y el otro es no permitir que se constituya la prescripción. En esta última la prescripción ya existe y por tanto no se puede cortar, sólo renunciar. En virtud de lo cual, la Sala ratifica su argumento presente en la sentencia, de que la única manera en que el abogado Lamothe Rosales podía cortar la prescripción y evitar de que ésta existiera, era interponer su acción de honorarios profesionales antes de que finalizara el año, tal como la ley establece. Tampoco es de recibo el argumento de que en el caso de mérito se produjo una renuncia a la prescripción, en virtud de que el personamiento al proceso no constituye como lo alega el recurrente, un acto de aceptación tácita. Por otro lado este extremo nuevo introducido con la reposición por parte del recurrente (esto es ex novo porque no se alegó en el amparo). Es una muestra clara de que la decisión pronunciada por este alto tribunal de justicia es correcta, por cuanto el garantista ahora en reposición, reconoce que la prescripción existía o en sus propios términos, ya estaba consumada. Finalmente, en la sentencia se expuso con meridiana claridad a partir de cuando finalizó el mandato otorgado por los trabajadores al abogado Lamothe Rosales, de manera que resulta inadmisible lo que manifiesta el recurrente en cuanto a que su mandato continuó hasta el momento de exigir sus honorarios profesionales. En virtud de lo cual no procede reponer la sentencia impugnada por este extremo. En relación al argumento 3. Este argumento no se justifica por el recurrente con ningún fundamento legal. En todo caso el punto toral en este extremo, es tal como lo indica la sentencia dictada por esta Sala, cuando expresa en el considerando siete (7) numeral X: “Finalmente, el plazo de prescripción para el pago de honorarios profesionales no comienza a partir de que la sentencia adquiere firmeza, tampoco cuando han sido devueltas las diligencias; como así lo pensó el garantista.” Esto significa que el recurrente en su carácter de titular de un derecho debió ejercitar la acción correspondiente dentro del tiempo que la ley le permitía, pasado ese tiempo le era oponible, como así sucedió la excepción de prescripción. No existe fundamento legal que establezca a su favor que dicha prescripción se suspendía mientras tanto eran devueltas las diligencias a su lugar de origen. En virtud de lo cual no procede reponer la sentencia impugnada por este extremo. En relación al argumento 4.La Sala a la primera parte de dicho argumento contesta, que como ya se explicó antes, quien introdujo “la prescripción” como alegato de amparo en referencia al debido proceso, fue el mismo garantista, por lo tanto este alto tribunal de justicia simplemente devino en la obligación de abordar dicho tema. En relación al argumento 5.La Sala encuentra que el recurso de reposición que interpuso el abogado Matute Cerrato contra el auto interlocutorio que desestimó la apelación no quebranta el debido proceso en virtud de que se encuentra de conformidad con lo expresado en el artículo 741 in fine del Código del Trabajo. En virtud de lo cual no procede reponer la sentencia impugnada por este extremo.-CONSIDERANDO TRES (3): Que en virtud de todo lo expuesto la Sala de lo Constitucional estima procedente denegar el recurso de reposición de que se ha hecho mérito.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 80, 303 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia de fecha trece de abril dictada por este alto tribunal de justicia. Y MANDA: Que en virtud de estar firme dicha sentencia se cumpla con lo ordenado en su parte. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- REINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciséis (2016) y de la Resolución de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaídas en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0813-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4]Artículo 62 Constitucional. “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”

[5] Artículo 64 constitucional. “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”

[6] Artículo 90constitucional. “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. …”

[7] Nuestra Constitución se ocupa de las garantías en el Título IV denominado precisamente, de las garantías constitucionales. Se comprenden entre estas: La exhibición personal, el habeas data, el amparo, la inconstitucionalidad y la revisión.

[8]Los derechos contenidos en el título tercero de la Constitución se dividen así: Capítulo II. De los derechos individuales; Capítulo III. De los derechos sociales; Capítulo IV. De los derechos del niño; Capítulo V. Del trabajo; Capítulo VI. De la seguridad social; Capítulo VII. De la salud; Capítulo VIII. De la educación y cultura; Capítulo IX. De la vivienda.