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Sentencia AP-608-09 — Registro 3839

Resumen

Sentencia recurrida confirmo sobreseimientos provisionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que la declaraciòn del sobreseimiento provisional supone la posibilidad razonable de obtener nuevos elementos probatorios en el futuro, cuando no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el ilìcito, pero que con las pruebas actuales y que aparecen como débiles o insuficientes, dan margen a sospechar que sí la tuvo, por lo que el Ministerio Público tiene amplia posibilidad de sustentar su requerimiento fiscal aportando nuevos elementos que lleven al convencimiento racional de que los encausados participaron en los delitos perseguidos"...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MILSON SALGADO, en su condición de Fiscal Especial contra la Corrupción, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha siete de noviembre del año dos mil ocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que recovó el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra los señores CARLOS ANTONIO CRUZ RAMIREZ Y CESAR RAUL FERNANDEZ QUIÑONEZ, por considerarlos responsables del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece de junio del año dos mil ocho, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, las abogadas ANA GERALDINA SAGASTUME Y CARLA PATRICIA INTERIANO SABILLON, actuando en su condición de agentes de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores CARLOS ANTONIO CRUZ RAMIREZ Y CESAR RAUL FERNANDEZ QUIÑONEZ, por considerarlos responsables del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 2) Que en fecha veintidós de septiembre del año dos mil ocho, el Juzgado instructor, en resolución tomada en Audiencia Inicial, decretó auto de prisión en contra de los señores CARLOS ANTONIO CRUZ RAMIREZ Y CESAR RAUL FERNANDEZ QUIÑONEZ, por considerar que existen suficientes indicios racionales para suponer que los encausados pudieron haber participado en el ilícito que se les imputa, ordenando el A-quo, que se mantuvieran las medidas cautelares impuestas en la Audiencia de Declaración de Imputado; citando como fundamento jurídico los 294 y 297 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha siete de noviembre del año dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto y revocó el auto de prisión que se deja relacionado en el inciso que precede, por considerar que el mismo no es pertinente, toda vez que se les está juzgando por un delito configurado en un tipo que de acuerdo con la propia normativa establecida en el Código Penal, no es aplicable al caso, por lo que ordenó al A-quo emitir el correspondiente sobreseimiento definitivo a favor de los imputados; fundamentando su decisión en los artículos 2-A numeral 1) del Código Penal. 4) El recurrente abogado MILSON SALGADO, compareció ante este Tribunal, en fecha seis de marzo del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha siete de noviembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala conoce de la acción constitucional de Amparo, interpuesta por el Ministerio Público a través de su Fiscal Titular, abogado MILSON SALGADO, Fiscal Especial contra la Corrupción, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, el siete de noviembre de dos mil ocho, en la causa que se les sigue a los señores CARLOS ANTONIO CRUZ RAMIREZ y CESAR RAUL FERNANDEZ QUIÑONEZ, por suponerlos responsables del delito de Violación de los Deberes de los funcionarios en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO: Que el impetrante considera como violados el Derecho del Debido Proceso, enunciado en el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República que expresa: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” Asimismo el Ministerio Público invoca el Principio de Legalidad contemplado en el artículo 321 de la misma ley fundamental que determina que: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” En virtud, aduce el Recurrente que la resolución censurada emitida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que revoca el auto de prisión dictado en Audiencia Inicial por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el veintidós de septiembre de del año dos mil ocho, contra los imputados Carlos Antonio Cruz Ramírez y César Raúl Fernández Quiñónez, por el delito de Violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública y se ordena que el A-quo dicte el respectivo sobreseimiento definitivo, no se ajusta a Derecho, toda vez, que conforme lo esgrime el reclamante, el Ad-quem en su decisión revocatoria ha infringido por falta de aplicación la norma contenida en el artículo 349 numeral 3º., del Código Penal vigente (Violación de los deberes de los funcionarios, citada en relación con el artículo 297 numeral 1º.) del Código Procesal Penal y ha aplicado en forma indebida el artículo 2-A numeral 1) del mismo cuerpo legal, al considerar, continúa diciendo la Fiscalía, que la actuación de los imputados podría estar comprendida en las infracciones tributarias del Decreto 212-04 del treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro, situados en el Capítulo XIII-A (Delitos de contrabando y defraudación fiscal y sus penas) del Código Penal. CONSIDERANDO: Que del estudio y análisis de la resolución cuestionada esta Sala percibe que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, se inspiró para revocar el auto de prisión proferido por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa contra los señores Carlos Antonio Cruz Ramírez y César Augusto Fernández Quiñónez por el delito de Violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública, en el Decreto 212-04 del 31 de diciembre de dos mil cuatro del Código Penal que contiene el Capítulo XIII-A, relativo a los delitos de Contrabando y Defraudación fiscal, bajo el principio doctrinario de que la ley especial prima sobre la ley general contemplado en el artículo 2-A, cuyo preámbulo y numeral 1º., del Código Penal, textualmente dice: “Las acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas con arreglo a dos o más preceptos de este Código se sancionaran observando las reglas siguientes: 1) el precepto especial se aplicará con preferencia al precepto general…” Sin embargo a juicio de esta Sala existe una aplicación indebida por parte del Tribunal de Alzada, en cuanto al tipo penal que se le atribuye a los imputados Carlos Antonio Cruz Ramírez y César Raúl Fernández Quiñónez reflejado en el criterio del Ad-quem, lo que en obsequio del amparista se expone y determina así: Los artículos 17 y 18, Título Segundo, Capítulo II del Código Tributario, nos ilustran sobre los sujetos activos y pasivos de la obligación tributaria, así el Estado es el sujeto activo de las obligaciones tributarias. Y la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsables, será el sujeto pasivo de la obligación tributaria. De lo anterior, fácilmente se colige que las disposiciones del Código Tributario aplican strictu sensú a los contribuyentes y no a los Oficiales de Aduanas, de tal manera que los sujetos activos en un delito tributario como Contrabando y Defraudación fiscal, sólo podrían serlo las personas naturales y jurídicas y el Estado sería el sujeto pasivo, bajo el criterio de esta Sala que ha observado que el Código Tributario por disposición de los artículos 17 y 18 y demás relacionados, únicamente es aplicable a los contribuyentes. CONSIDERANDO: Que ante el panorama expuesto en los acápites anteriores, esta Sala constata que el Código Tributario es reiterativo al consignar en el artículo 163 lo siguiente: “Cuando un sujeto pasivo de la obligación tributaria sea una persona natural, será responsable de los delitos o faltas tributarias que cometa…”, resulta evidente que no incluye a los funcionarios, así las cosas, y siendo que está acreditado en los autos que los imputados Carlos Antonio Cruz Ramírez y César Raúl Fernández Quiñónez, son Oficiales de Aduanas o de Aforo asignados a la Aduana de Toncontín que no actúan como contribuyentes, según se infiere de la declaración de la señora Egla Ivette Padget López y del Informe preparado por el Departamento de Control Interno de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, referente a la investigación especial relacionada con la importación de mercancía procedente de Panamá y Estados Unidos de América, por la Aduana de Toncontín, de consiguiente, los precitados imputados son funcionarios públicos y es en esa calidad, que el Ministerio Público, ejercitó contra ellos el Requerimiento Fiscal, por el delito de Violación de los deberes de los funcionarios, determinado en el artículo 349 No. 3º., del Código Penal, dada sus condiciones de Oficiales de Aduanas encargados del aforo, como establece el artículo 57 de la Ley de Aduanas, que dice: “ El aforo implica reconocimiento de la mercancía, verificación de su valor, peso, cuenta o medida, clasificación de nomenclatura arancelaria y liquidación de la obligación aduanera”. En consecuencia, la calificación de funcionarios públicos de los señores Carlos Antonio Cruz Ramírez y César Raúl Fernández Quiñónez como Oficiales de Aduanas derivó en que con ese carácter o condición el Ministerio Público, formulara su respectivo requerimiento, en tal virtud no sería posible asimilarlos a los ilícitos de Contrabando y Defraudación Fiscal, habida cuenta, que no tienen el carácter de contribuyentes en forma llana, sino que, se les instruye proceso por actos supuestamente cometidos en sus funciones de Oficiales de Aduanas y por omisiones de aforo, es decir, como funcionarios o empleados públicos, por lo que es pertinente el tipo penal del artículo 349 del Código Penal, dada la función pública de los sujetos activos, desde ese punto de vista, el Ministerio Público ejercitó la acción penal pública, atribuyéndoles la infracción penal de Violación de los deberes de los funcionarios, por ende no es aceptable lo dispuesto en el artículo 2-A numeral 1º., del Código Penal, como lo refiere la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, pues se encuentra más que ilustrado, que en el caso en examen no existen acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas con arreglo a dos o más preceptos del Código Penal, toda vez que en el caso de autos, existe un tan solo tipo penal para juzgar a los funcionarios que omitan, rehúsen o retarden algún acto que deba ejecutarse de conformidad con los deberes de su cargo y es el preceptuado en el Título XIII, Capítulo III, artículo 349 No. 3º., del Código Penal vigente. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas, resulta evidente que el fallo censurado proferido por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, es violatoria de la garantía constitucional del Debido Proceso enunciado en el artículo 90 párrafo 1º., de la ley fundamental, por lo que es procedente otorgar el presente recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349 No. 3 del Código Penal vigente, 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 56 y 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGAR la garantía constitucional de Amparo, interpuesta por el abogado MILSON SALGADO, en su condición de Fiscal Especial contra la Corrupción, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra las actuaciones de la Honorable Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, propiamente contra la resolución de fecha siete de noviembre del año dos mil ocho. MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, Secretario de la Sala Constitucional”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 608-P304=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL