Sentencia AP-605-09 — Registro 3836
Resumen
Resolución recurrida que revoco el auto de prisión y ordeno el sobreseimiento definitivo a favor de imputado por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que del estudio y análisis de la resolución cuestionada, esta Sala percibe que la Corte Primera de Apelaciones se inspiró para revocar el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán contra el señor Julio César Pinto Martínez, por suponerse responsable del delito de Violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública, en el Decreto 212-04 del treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro, del Código Penal que contiene el Capítulo XIII-A., relativo a los delitos de Contrabando y defraudación fiscal, acudiendo para ello como respaldo a su tesis al principio doctrinario de que la ley especial prima sobre la ley general contemplado en el artículo 2-A, cuyo preámbulo y numeral 1º. del Código Penal, textualmente dice: “Las acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas con arreglo a dos o más preceptos de este Código se sancionaran observando las reglas siguientes: 1) El precepto especial se aplicará con preferencia al precepto general;…”. Sin embargo a juicio de esta Sala, existe una apreciación indebida, en cuanto al tipo penal que se le atribuye al imputado Julio César Pinto Martínez, reflejado por el Tribunal de Alzada, lo que se expone y determina así: Los artículos 17 y 18, Título Segundo, Capítulo II del Código Tributario, nos ilustran sobre los sujetos activos y pasivos de la obligación tributaria, así el Estado es el sujeto activo de todas las obligaciones tributarias. Y la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable, será el sujeto pasivo de la obligación tributaria. De lo anterior fácilmente se colige, que las disposiciones del Código Tributario aplican estrictu sensu a los contribuyentes y no a los Oficiales de Aduanas, de tal manera que los sujetos activos en un delito tributario como el contrabando o defraudación fiscal sólo podrían serlo las personas naturales y jurídicas y el Estado sería el sujeto pasivo, bajo el criterio de esta Sala, que ha observado que el Código Tributario por disposición de los artículos 17 y 18, y demás relacionados, únicamente es aplicable a los contribuyentes. CONSIDERANDO: Que ante el escenario expuesto en los acápites anteriores, esta Sala constata que el Código Tributario es reiterativo al consignar en el artículo 163 lo siguiente: “Cuando un sujeto pasivo de la obligación tributaria sea una persona natural, será responsable de los delitos o faltas tributarias que cometa…”, resulta evidente que no incluye a los funcionarios. Así las cosas, está demostrado en los autos, que el imputado Julio César Pinto Martínez, es un Oficial de Aduanas asignado a la Aduana de Toncontín, según se infiere de las declaraciones de la señora Egla Ivette Padget López y del Informe preparado por el Departamento de Control Interno de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, referente a investigación especial relacionada con la importación de mercancías provenientes de Panamá y Estados Unidos de América, por la Aduana de Toncontín, por manera que el citado imputado, es un funcionario público, en su calidad de tal, el Ministerio Público ejercitó contra él, requerimiento fiscal por el delito de Violación de los deberes de los funcionarios, determinado en el artículo 349 No. 3º., del Código Penal, dada su condición de Oficial de Aduanas encargado del aforo, como establece el artículo 57 de la Ley de Aduanas que dice : “El aforo implica el reconocimiento de la mercancía, verificación de su valor, peso, cuenta o medida clasificación en la nomenclatura arancelaria y liquidación de la obligación aduanera”. En consecuencia la calificación penal se genera de un ilícito que sólo puede ser cometido por un funcionario público, como lo es el señor Julio César Pinto Martínez, quien fungía como Oficial de Aduanas y fue en ese carácter que el Ministerio Público instauró el respectivo requerimiento, la posibilidad de asimilarlo a los ilícitos de contrabando y defraudación fiscal no es posible, habida cuenta que no tiene el carácter de contribuyente en forma llana, sino que se le ha instruido proceso en su condición de Oficial de Aduanas y por omisiones de aforo supuestamente cometidos en el ejercicio de su cargo de funcionario o empleado público, en consecuencia el tipo penal del artículo 349 del Código Penal, requiere como condición sine quanon, el ejercicio de una función pública y es desde esa calidad, que el Ministerio Público ejercitó la acción atribuyéndole la infracción penal de Violación de los deberes de los funcionarios, por ende no es aceptable lo dispuesto en el artículo 2-A numeral 1º., del Código Penal, como lo refiere la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, pues se encuentra más que ilustrado, que en el caso de autos, no existen acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas con arreglo a dos o más preceptos del Código Penal, pues está suficientemente determinado en el mismo, que existe un tan solo tipo penal, para juzgar a los funcionarios públicos que omitan, rehúsen o retarden algún acto que deba ejecutarse de conformidad con los deberes de su cargo y es el preceptuado en el Título XIII, Capítulo III, artículo 349 No. 3º., del Código Penal vigente. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas, resulta evidente que el fallo censurado proferido por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán es violatoria de la garantía constitucional del Debido Proceso enunciado en el artículo 90 párrafo 1º., de la Ley Fundamental, por lo que es procedente otorgar el presente Recurso de Amparo."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MILSON SALGADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha siete de noviembre del año dos mil ocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que recovó el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre del año dos mil ocho; con relación a la causa que se instruyó contra el señor JULIO CESAR PINTO MARTINEZ, por considerarlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece de junio del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada ANA GERALDINA SAGASTUME, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JULIO CESAR PINTO MARTINEZ, por considerarlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 2) Que en fecha siete de octubre del año dos mil ocho, el Juzgado instructor, en resolución tomada en Audiencia Inicial, decretó auto de prisión en contra del señor JULIO CESAR PINTO MARTINEZ, por considerarlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, por considerar que se acreditó la plena prueba de haberse cometido un delito y el indicio racional de participación del imputado en el mismo; citando como fundamento jurídico los artículos 92 de la Constitución de la Republica; 294 No. 3 y 297 No. 1 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha siete de noviembre del año dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto y revocó el auto de prisión que se deja relacionado en el inciso que precede, por considerar que el mismo no es pertinente, toda vez que se le está juzgando por un delito configurado en un tipo que de acuerdo con la propia normativa establecida en el Código Penal, no es aplicable al caso, por lo que ordenó al A-quo emitir el correspondiente sobreseimiento definitivo a favor del imputado; fundamentando su decisión en los artículos 2-A numeral 1) del Código Penal. 4) El recurrente Abogado MILSON SALGADO, compareció ante este Tribunal, en fecha seis de marzo del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha siete de noviembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala conoce de la Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por el Ministerio Público, a través de su Fiscal Titular MILSON SALGADO de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, el siete de noviembre del año dos mil ocho, en la causa que se sigue contra JULIO CESAR PINTO MARTINEZ, por suponerlo responsable del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO: Que el impetrante considera como violados, el Principio al Derecho del Debido Proceso, enunciado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que expresa: “Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” Asimismo el Ministerio Público considera violentado el Principio de Legalidad contemplado en el Artículo 321 de la misma Ley Fundamental, que determina que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. En virtud, aduce el recurrente, que la resolución censurada emitida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que revoca el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra Julio César Pinto Martínez, por el delito de Violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública, y ordenar al A-quo emitir sobreseimiento definitivo, no se ajusta a derecho, toda vez, que conforme lo arguye el reclamante, el Ad-quem en su decisión ha infringido por falta de aplicación la norma contenida en el artículo 349 numeral 3 del Código Penal vigente (Violación de los deberes de los funcionarios), citada en relación con el artículo 297 numeral 1) del Código Procesal Penal y ha aplicado de manera indebida el artículo 2-A numeral 1) del mismo cuerpo legal, al considerar que la actuación del imputado podría estar comprendida en las infracciones tributarias del Decreto 212-04 del treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro, situados en el Capítulo XIII-A (Delitos de Contrabando y Defraudación Fiscal y sus Penas), del Código Penal vigente. CONSIDERANDO: Que del estudio y análisis de la resolución cuestionada, esta Sala percibe que la Corte Primera de Apelaciones se inspiró para revocar el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán contra el señor Julio César Pinto Martínez, por suponerse responsable del delito de Violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública, en el Decreto 212-04 del treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro, del Código Penal que contiene el Capítulo XIII-A., relativo a los delitos de Contrabando y defraudación fiscal, acudiendo para ello como respaldo a su tesis al principio doctrinario de que la ley especial prima sobre la ley general contemplado en el artículo 2-A, cuyo preámbulo y numeral 1º. del Código Penal, textualmente dice: “Las acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas con arreglo a dos o más preceptos de este Código se sancionaran observando las reglas siguientes: 1) El precepto especial se aplicará con preferencia al precepto general;…”. Sin embargo a juicio de esta Sala, existe una apreciación indebida, en cuanto al tipo penal que se le atribuye al imputado Julio César Pinto Martínez, reflejado por el Tribunal de Alzada, lo que se expone y determina así: Los artículos 17 y 18, Título Segundo, Capítulo II del Código Tributario, nos ilustran sobre los sujetos activos y pasivos de la obligación tributaria, así el Estado es el sujeto activo de todas las obligaciones tributarias. Y la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable, será el sujeto pasivo de la obligación tributaria. De lo anterior fácilmente se colige, que las disposiciones del Código Tributario aplican estrictu sensu a los contribuyentes y no a los Oficiales de Aduanas, de tal manera que los sujetos activos en un delito tributario como el contrabando o defraudación fiscal sólo podrían serlo las personas naturales y jurídicas y el Estado sería el sujeto pasivo, bajo el criterio de esta Sala, que ha observado que el Código Tributario por disposición de los artículos 17 y 18, y demás relacionados, únicamente es aplicable a los contribuyentes. CONSIDERANDO: Que ante el escenario expuesto en los acápites anteriores, esta Sala constata que el Código Tributario es reiterativo al consignar en el artículo 163 lo siguiente: “Cuando un sujeto pasivo de la obligación tributaria sea una persona natural, será responsable de los delitos o faltas tributarias que cometa…”, resulta evidente que no incluye a los funcionarios. Así las cosas, está demostrado en los autos, que el imputado Julio César Pinto Martínez, es un Oficial de Aduanas asignado a la Aduana de Toncontín, según se infiere de las declaraciones de la señora Egla Ivette Padget López y del Informe preparado por el Departamento de Control Interno de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, referente a investigación especial relacionada con la importación de mercancías provenientes de Panamá y Estados Unidos de América, por la Aduana de Toncontín, por manera que el citado imputado, es un funcionario público, en su calidad de tal, el Ministerio Público ejercitó contra él, requerimiento fiscal por el delito de Violación de los deberes de los funcionarios, determinado en el artículo 349 No. 3º., del Código Penal, dada su condición de Oficial de Aduanas encargado del aforo, como establece el artículo 57 de la Ley de Aduanas que dice : “El aforo implica el reconocimiento de la mercancía, verificación de su valor, peso, cuenta o medida clasificación en la nomenclatura arancelaria y liquidación de la obligación aduanera”. En consecuencia la calificación penal se genera de un ilícito que sólo puede ser cometido por un funcionario público, como lo es el señor Julio César Pinto Martínez, quien fungía como Oficial de Aduanas y fue en ese carácter que el Ministerio Público instauró el respectivo requerimiento, la posibilidad de asimilarlo a los ilícitos de contrabando y defraudación fiscal no es posible, habida cuenta que no tiene el carácter de contribuyente en forma llana, sino que se le ha instruido proceso en su condición de Oficial de Aduanas y por omisiones de aforo supuestamente cometidos en el ejercicio de su cargo de funcionario o empleado público, en consecuencia el tipo penal del artículo 349 del Código Penal, requiere como condición sine quanon, el ejercicio de una función pública y es desde esa calidad, que el Ministerio Público ejercitó la acción atribuyéndole la infracción penal de Violación de los deberes de los funcionarios, por ende no es aceptable lo dispuesto en el artículo 2-A numeral 1º., del Código Penal, como lo refiere la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, pues se encuentra más que ilustrado, que en el caso de autos, no existen acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas con arreglo a dos o más preceptos del Código Penal, pues está suficientemente determinado en el mismo, que existe un tan solo tipo penal, para juzgar a los funcionarios públicos que omitan, rehúsen o retarden algún acto que deba ejecutarse de conformidad con los deberes de su cargo y es el preceptuado en el Título XIII, Capítulo III, artículo 349 No. 3º., del Código Penal vigente. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas, resulta evidente que el fallo censurado proferido por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán es violatoria de la garantía constitucional del Debido Proceso enunciado en el artículo 90 párrafo 1º., de la Ley Fundamental, por lo que es procedente otorgar el presente Recurso de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349 No. 3 del Código Penal vigente, 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 56 y 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGAR la garantía constitucional de Amparo, interpuesta por el abogado MILSON SALGADO a favor del ESTADO DE HONDURAS contra las actuaciones de la Honorable Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, propiamente contra la resolución de fecha siete de noviembre del año dos mil ocho. MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, Secretario de la Sala Constitucional”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 605-P331=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL