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Decreto 208 2026
Decreto No. 208-2026
Dado en la XCII Asamblea General Extraordinaria en el
salón de usos múltiples “Ing. Miguel Ángel Rivera” del
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. En la Ciudad
de Tegucigalpa, el día sábado quince (15) de agosto del
año dos mil veintiséis (2026).
ING. TANIA YARLENE MURILLO LANZA
PRESIDENTA CICH
ING. JESSICA ROXANA CHAMALÉ ANTÚNEZ
SECRETARIA GENERAL CICH
Poder Legislativo
DECRETO No. 208-2026
EL C ONGRES O NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que conforme a los artículos 1, 2, 4
y 287 de la Constitución de la República de Honduras, se
constituye en un Estado de Derecho en el que el ejercicio del
poder público se encuentra sometido al principio de legalidad
y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) es el
máximo Órgano permanente encargado de rectorar, diseñar
y supervisar las políticas generales en materia de seguridad,
defensa nacional e inteligencia.
CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional de la
República de Honduras es la máxima expresión de la voluntad
popular y el órgano constitucional encargado de legislar y
ejercer control político en nombre del pueblo hondureño,
teniendo la obligación primordial, en el marco del contrato
social, de garantizar la seguridad y la tranquilidad pública que
los ciudadanos han confiado al Estado.
CONSIDERANDO: Que mediante Oficio No.SEP-708-2026
de fecha 21 de septiembre de 2026, la Secretaría de Estado de
la Presidencia remitió a este Poder del Estado el Proyecto de
Decreto que surge del Tercer Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad (CNDS) celebrado el 18 de Septiembre de 2026,
orientado a reformar el marco normativo contenido en los
Decretos Legislativos No.101-2015, 64-2012, 67-2008 y
168-2013.
CONSIDERANDO: Que el Decreto Legislativo No. 84-2026,
de fecha 19 de Mayo de 2026, facultó al Con sejo Nacional
de Defensa y Seguridad (CNDS) para diseñar y rectorar la
Política Criminal en contra de las asociaciones terroristas
y de las estructuras criminales, así como para determinar
cuando una organización criminal será considerada como
organización terrorista.
CONSIDERANDO: Que en el Tercer Consejo Nacional
de Defensa y Seguridad (CNDS) se designaron tres
organizaciones criminales como asociaciones terroristas y
se acordó remitir un paquete de reformas que habiliten la
persecución, combate y captura de los miembros de maras y
pandillas ahora designados como terroristas.
CONSIDERANDO: Que la proliferación y consolidación
de las maras, pandillas y organizaciones calificadas como
asociaciones terroristas han menoscabado gravemente la paz
pública, el desarrollo económico y la integridad territorial,
mutando de formas delictivas comunes a estructuras
complejas capaces de amedrentar a la población y desafiar la
institucionalidad estatal.
CONSIDERANDO: Que los centros penales han operado de
forma deficiente como centros de mando y control operativo
para las maras y pandillas, por lo que resulta indispensable
redefinir y garantizar la obligatoriedad de someter a sus
miembros a un Régimen Especial de Permanencia de Alta o
Máxima Seguridad, que incluya aislamiento e incomunicación
efectiva, supervisión y control estricto y prohibición de
ubicación en centros preventivos, abiertos o de seguridad
media o mínima.
CONSIDERANDO: Que es necesario fortalecer la
articulación entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la
Policía Nacional (PN) y la Policía Militar del Orden Público
(PMOP) para asegurar una respuesta estatal coherente,
priorizando el combate y la desarticulación de estas estructuras
criminales y estableciendo la obligación legal de coordinar el
traslado e internamiento inmediato de las personas capturadas
o identificadas como terroristas hacia regímenes de máxima
seguridad.
CONSIDERANDO: Que para la recuperación efectiva de
la paz pública y el control territorial, el Consejo Nacional de
Defensa y Seguridad (CNDS) debe ser facultado para declarar
“Territorios de Alto Riesgo”, habilitando la ejecución de
operativos integrales que combinen el despliegue policialmilitar, el monitoreo con tecnología de inteligencia y el
combate a las asociaciones terroristas, maras y pandillas en
sus distintas denominaciones, con programas de intervención
social, prevención del reclutamiento infantil y restitución
de servicios públicos esenciales, bajo estrictos criterios de
proporcionalidad, temporalidad y respeto a los derechos
humanos y tratados internacionales.
CONSIDERANDO: Que resulta conveniente incorporar
medidas excepcionales y temporales para resguardar la
identidad y seguridad de los jueces y personal auxiliar que
participen en el juzgamiento de miembros de asociaciones
terroristas, cuando se acredite un riesgo real e inminente,
garantizando en todo momento el derecho de recusación y el
debido proceso.
CONSIDERANDO: Que con estas herramientas normativas
actualizadas, el Estado de Honduras reafirma su compromiso
constitucional de garantizar la seguridad, la paz pública y el
orden social, cumpliendo con el fin primordial del contrato
social: Proteger a los ciudadanos para que puedan ejercer
libremente sus derechos y contribuir al desarrollo integral de la
nación, libre del flagelo de las asociaciones terroristas, maras,
pandillas y de la violencia que estas estructuras criminales
generan desde las calles y desde el interior de los centros
penitenciarios.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205
Atribución 1) de la Constitución de la República de Honduras,
es potestad del Congreso Nacional, Crear, decretar, interpretar,
reformar y derogar las leyes.
POR TANTO,
D E C R E T A:
La siguiente:
LEY ESPECIAL PARA EL COMBATE A
ASOCIACIONES TERRORISTAS, MARAS Y
PANDILLAS Y EL FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Artículo 1 — Reformar el Artículo 4 numeral 3 y
5 y los artículos 9 y 10 del Decreto
No.101-2015 contentivo de la “LEY
DEL TRABAJO PARA PERSONAS
PRIV ADAS DE LIBERTAD Y DE
PERMANENCIA PARA REOS
DE ALTA PELIGROSIDAD Y
AGRESIVIDAD”, de fecha 9 de
septiembre de 2015, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” en fecha 14 de enero
de 2016, el cual en adelante se leerá así:
“ARTÍCULO 4.- DEFINICIONES. –
Para los efectos…….
…………….
……………..
Régimen Especial de Permanencia
para Privados(as) de Libertad de
Alta Peligrosidad y Agresividad:
Es aquel dirigido a las personas
privadas de libertad que, mediante
resolución de autoridad competente,
………………….. la presente Ley;
así como a las personas privadas de
libertad que hayan sido declaradas
o identificadas como miembros
de asociaciones terroristas por el
Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad (CNDS), o como miembros
de maras o pandillas en sus distintas
denominaciones, de conformidad con
la normativa vigente.
……………..
5 ) Privado de Libertad de Alta
Peligrosidad: Para los efectos de la
presente Ley se considera privado(a)
de libertad de alta peligrosidad a
toda aquella persona que, en virtud
de resolución judicial en los casos
de detención o prisión preventiva o
sentencia judicial firme, se encuentre
guardando prisión por pertenecer a
organización criminal, asociación
ilícita o grupo delictivo; así como a
las personas que hayan sido declaradas
o identificadas como miembros de
asociaciones terroristas por el Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad, o
como miembros de maras o pandillas
en sus distintas denominaciones, de
conformidad con la normativa vigente.
En estos supuestos el régimen especial
de permanencia se debe determinar
conforme a lo establecido en el Artículo
10 de la presente Ley.
6). ……………..
7). ……………..”
“ARTÍCULO 9.- CONDICIONES DEL
REGIMEN. Son condiciones bajo las
cuales se desarrolla el régimen especial
de permanencia para los privados(as) de
libertad de alta peligrosidad y agresividad,
así como para las personas privadas
de libertad que hayan sido declaradas
o identificadas como miembros de
asociaciones terroristas por el Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad, o
como miembros de maras o pandillas
en sus distintas denominaciones, de
conformidad con la normativa vigente,
en los Establecimientos Penitenciarios
y/o Módulos de Máxima o Alta Seguridad
del país:
Cumplimiento en aislamiento individual
en ce lda de máxima seguridad, sin
posibilidad de convivencia colectiva,
salvo autorización excepcional y
fundamentada del Consejo Técnico
Interdisciplinario;
Restricción absoluta de la libertad
ambulatoria dentro del establecimiento.
El privado de libertad solo podrá salir
de su celda bajo escolta permanente y en
los horarios estrictamente autorizados;
3 ) Prohibición total de poseer,
portar o acceder a computadoras,
teléfonos, televisores, radios,
equipos audiovisuales, dispositivos
electrónicos, medios de comunicación
o cualquier objeto que permita
comunicación externa o interna no
autorizada;
Visitas estrictamente limitadas:
a) Solo visitas de abogados (máximo
1 veces por semana, con duración
controlada y vigilancia);
b) Visitas familiares excepcionales
y previas autorización judicial o
del Consejo Directivo del INP, en
modalidad de visita sin contacto
físico (a través de vidrio o medios
electrónicos controlados); y,
c) Prohibición absoluta de visita
conyugal o íntima.
Derecho a sol y patio: Treinta (30)
minutos de calistenia al día en el pasillo
de su propio módulo y máximo una (1)
hora a la semana, en forma individual
o en grupos reducidos (no más de 2
personas), bajo estricta vigilancia y en
áreas controladas;
Comunicaciones controladas:
a ) Solo llamadas telefónicas
supervisadas y grabadas, con
duración máxima de 10 minutos,
máximo 1 vez al mes, a números
previamente autorizados; y,
b) Correspondencia escrita sujeta a
revisión previa y posterior;
Prohibición total de ingreso de
dinero en efectivo, objetos de valor,
alimentos, bebidas o cualquier artículo
no autorizado expresamente por
la Dirección del Establecimiento
Penitenciario;
Vestimenta especial obligatoria
establecida por el Consejo Directivo
del Instituto Nacional Penitenciario,
de uso permanente, con identificación
visible del régimen al que pertenece;
Actividades programadas y autorizadas:
Toda actividad (trabajo, estudio,
religiosa, recreativa o de rehabilitación)
será estrictamente programada,
autorizada y controlada. No se permitirá
ninguna actividad autogestionada;
Régimen de vigilancia reforzada:
monitoreo permanente mediante
cámaras, sensores y personal de
seguridad, con revisiones y requisas
diarias de celda y persona;
Prohibición de participación en
actividades colectivas o de convivencia
con privados de libertad de otros
regímenes, salvo casos excepcionales
autorizados por resolución fundada; y,
Prohibición de traslado, fuera del
régimen especial de permanencia.
Las audiencias en el desarrollo del
proceso penal serán únicamente
virtuales, acorde al marco normativo
y protocolario del Poder Judicial”.
“ARTÍCULO 10.- Los privados(as) de
libertad de alta peligrosidad y agresividad,
así como las personas privadas de libertad
que hayan sido declaradas o identificadas
como miembros de asociaciones terroristas
por el Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad (CNDS), o como miembros
de maras o pandillas en sus distintas
denominaciones, de conformidad con la
normativa vigente, deben ser recluidos en
los establecimientos o módulos de máxima
o alta seguridad del Sistema Penitenciario
Nacional, por el tiempo que determine
la respectiva resolución judicial en los
casos de detención o prisión preventiva o
sentencia judicial firme.
Este régimen no será aplicable a las
personas acusadas, procesadas o
condenadas únicamente por delitos
políticos”.
Artículo 2 — Reformar los Artículo 27, 28 y 29 del
Decreto No. 64-2012 contentivo de la “LEY
DEL SISTEMA PENITENCIARIO
NACIONAL”, de fecha 14 de mayo de
2012, publicado en el Diario Oficial “La
Gaceta” en fecha 3 de diciembre de 2012
y sus reformas, el cual en adelante se leerá
“ARTÍCULO 27.- Una vez realizado
el estudio técnico-criminológico
y la correspondiente clasificación o
designación mediante resolución judicial
o sentencia firme de la persona sujeta
a privación de libertad, de acuerdo con
esta Ley y sus Reglamentos, se le debe
ubicar en los Centros Penitenciarios en
los Regímenes de Seguridad siguientes:
Régimen de Seguridad Máxima o
Alta, el cual se aplicará de manera
prioritaria y obligatoria a las personas
privadas de libertad de alta peligrosidad
y agresividad, así como a aquellas que
hayan sido declaradas o identificadas
como miembros de asociaciones
terroristas por el Consejo Nacional
de Defensa y Seguridad (CNDS), o
como miembros de maras o pandillas
en sus distintas denominaciones, de
conformidad con la normativa vigente;
Régimen de Seguridad Media; y,
Régimen de Seguridad Mínima.
Los Reglamentos deben establecer las
condiciones, forma de tratamiento, régimen
disciplinario, custodia, distribución
numérica y restricciones de régimen de
vida que corresponden a cada una de
estas unidades, debiendo contemplar un
régimen especial de permanencia más
estricto para las personas ubicadas en el
Régimen de Seguridad Máxima o Alta
a que se refiere el numeral 1) de este
Artículo”.
“ARTÍCULO 28.- Los Centros
Penitenciarios pueden adoptar la forma de
establecimientos abiertos, en los que debe
prevalecer principalmente las condiciones
y características del Régimen de Seguridad
Mínima. Estos establecimientos abiertos
también pueden organizarse como anexos
a un Centro Penitenciario.
Los Centros de T rabajo Agroindustrial
que se organicen para la instrucción y
explotación agropecuaria deben adoptar
esta modalidad. Los Reglamentos regulan
su organización y funcionamiento.
Quedan excluidos de los establecimientos
abiertos las personas privadas de libertad
ubicadas en el Régimen de Seguridad
Máxima o Alta, incluyendo a aquellas
de alta peligrosidad y agresividad, a los
miembros de asociaciones terroristas
declaradas por el Consejo Nacional de
Defensa y Seguridad (CNDS), y a los
miembros de maras o pandillas en sus
distintas denominaciones, de conformidad
con la normativa vigente”.
“ARTÍCULO 29.- Los Centros
Preventivos…………..
En estas instalaciones………….
Queda expresamente prohibida la
ubicación en Centros Preventivos o en
regímenes de seguridad media o mínima
de las personas declaradas o identificadas
como miembros de asociaciones terroristas
por el Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad (CNDS), y de los miembros
de maras o pandillas en sus distintas
denominaciones, de conformidad con
la normativa vigente. Estas personas
deberán ser ubicadas obligatoriamente en
el Régimen de Seguridad Máxima o Alta.”
Artículo 3 — PREEMINENCIA NORMATIV A. Lo
establecido en los artículos anteriores,
tiene preeminencia sobre cualquier
disposición legal o reglamentaria vigente
que forme parte del marco normativo del
Sistema Penitenciario Nacional, en todo
lo relativo a su aplicación.
Artículo 4 — Reformar los artículos 3 y 7 del Decreto
No.18-2017 contentivo de la “LEY
ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA
DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE SEGURIDAD Y DE LA POLICÍA
NACIONAL DE HONDURAS”, de
fecha 30 de mayo de 2017, publicado en
el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10
de octubre de 2017, y sus reformas, los
que en adelante se leerán así:
“ARTÍCULO 3.- SECRETARÍA DE
ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD. La Secretaría …………….
Corresponde al Poder Ejecutivo…………
A su vez, la prevención, investigación,
combate y desarticulación de las
asociaciones terroristas declaradas por el
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
(CNDS), así como de las maras y pandillas
en sus distintas denominaciones; debiendo
coordinar de manera prioritaria e inmediata
con el Instituto Nacional Penitenciario
(INP) para que las personas detenidas o
identificadas como miembros de estas
estructuras sean ubicadas obligatoriamente
en el Régimen de Seguridad Máxima o
Alta, de conformidad con la normativa
penitenciaria vigente”.
“ARTÍCULO 7.- FUNCIONES DEL
SECRETARIO DE ESTADO EN
EL DESPACHO DE SEGURIDAD.
Además……
1)…..al 19)….
Dictar las políticas, directrices
y órdenes prioritarias para la
prevención, investigación,
combate y desarticulación de las
asociaciones terroristas declaradas
por el Consejo Nacional de Defensa
y Seguridad (CNDS), así como de
las maras y pandillas en sus distintas
denominaciones, asegurando la
coordinación inmediata y permanente
con el Instituto Nacional Penitenciario
(INP), a fin de que las personas
detenidas o identificadas como
miembros de estas estructuras sean
ubicadas obligatoriamente en el
Régimen de Seguridad Máxima o
Alta, de conformidad con la normativa
penitenciaria vigente”.
Las demás……”
Artículo 5 — Reformar los incisos 28 y 29 del Artículo 10
del Decreto No.69-2017 contentivo de la
“LEY DE LA CARRERA POLICIAL”
de fecha 22 de agosto de 2017 publicado
en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha
10 de octubre de 2017 y sus reformas, el
que en adelante se leerá así:
“ARTÍCULO 10.- Son obligaciones de
los miembros de la Carrera Policial las
siguientes:
1)…..al 27)…..
Prevenir, investigar, combatir y
desarticular a las asociaciones
terroristas declaradas por el
Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad (CNDS), así como a las
maras y pandillas en sus distintas
denominaciones. En estos casos,
la Policía Nacional (PN) deberá
coordinar de manera prioritaria e
inmediata con el Instituto Nacional
Penitenciario (INP) y las autoridades
judiciales competentes, a fin de que
las personas detenidas o identificadas
como miembros de estas estructuras
sean ubicadas obligatoriamente en
el Régimen de Seguridad Máxima o
Alta, de conformidad con la normativa
penitenciaria vigente”.
Las demás…..”
Artículo 6 — Reformar los Artículos 1 y 7 del Decreto
No.168-2013, contentivo de la “LEY DE
LA POLICÍA MILITAR DEL ORDEN
PÚBLICO”, de fecha 22 de agosto de
2013, publicado en el Diario Oficial “La
Gaceta” en fecha 24 de agosto de 2013, y
sus reformas, el cual en adelante se leerá
“ARTÍCULO 1. Créase la Policía Militar
del Orden Público de las Fuerzas Armadas
de Honduras (PMOP), con competencia en
todo el país, integrada por efectivos de las
Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).
Su función principal es …………….
La Policía Militar del Orden Público
(PMOP) tendrá como prioridad el
combate a las asociaciones terroristas
declaradas por el Consejo Nacional de
Defensa y Seguridad (CNDS), así como
a las maras y pandillas en sus distintas
denominaciones. En el ejercicio de esta
función, deberá coordinar de manera
inmediata y permanente con la Policía
Nacional (PN) o el Instituto Nacional
Penitenciario (INP), a fin de que las
personas detenidas o identificadas como
miembros de estas estructuras sean
puestas a disposición de la autoridad
competente y ubicadas obligatoriamente
en el Régimen de Seguridad Máxima o
Alta, de conformidad con la normativa
penitenciaria vigente.
La Policía Militar del Orden Público
(PMOP) …………….”
“ARTÍCULO 7.- Son obligaciones de
los miembros de la Policía Militar del
Orden Público de las Fuerzas Armadas de
Honduras (P.M.O.P.) las siguientes:
1)…..al 5)…..
6) Brindar seguridad en los Centros
Penitenciarios en colaboración con
los miembros de las Fuerzas Armadas
(FFAA) y el Instituto Nacional
Penitenciario (INP); y,
7) Prevenir, combatir y desarticular
prioritariamente a las asociaciones
terroristas declaradas por el
Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad (CNDS), así como a las
maras y pandillas en sus distintas
denominaciones. En el ejercicio de esta
función, deberá coordinar de manera
inmediata y permanente con la Policía
Nacional (PN) o el Instituto Nacional
Penitenciario (INP) y las autoridades
competentes, a fin de que las personas
detenidas o identificadas como
miembros de estas estructuras sean
puestas a disposición de la autoridad
judicial y ubicadas obligatoriamente
en el Régimen de Seguridad Máxima o
Alta, de conformidad con la normativa
penitenciaria vigente”.
Artículo 7 — El Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad (CNDS) podrá mediante
acuerdo, declarar formalmente como
“Territorio de Alto Riesgo”, las zonas
o territorios donde se ubiquen grupos
declarados como asociaciones terroristas,
maras o pandillas en sus distintas
denominaciones, en los que se aplicarán
las medidas excepcionales de control,
vigilancia, y recuperación del territorio
siguientes:
Despliegue prioritario y permanente
de unidades especializadas de la
Policía Nacional (PN), Policía Militar
del Orden Público (PMOP) y, cuando
sea necesario, apoyo de las Fuerzas
Armadas (FFAA);
Establecimiento de puestos de control
fijos y móviles en puntos de acceso y
salida de la zona;
Restricción temporal de la libre
circulación de personas y vehículos en
horarios nocturnos o en áreas críticas,
con controles de identidad obligatorios;
Uso de tecnología de vigilancia
(cámaras, drones, sensores) y
monitoreo de comunicaciones, siempre
con autorización judicial cuando
corresponda;
Realización de operativos conjuntos,
selectivos y prioritarios orientados a la
captura de líderes, miembros activos y
colaboradores de estas estructuras;
Todas las personas detenidas o
identificadas como miembros deberán
ser puestas de inmediato a disposición
de la autoridad judicial y ubicadas
obligatoriamente en el Régimen de
Seguridad Máxima o Alta, conforme a
la normativa penitenciaria;
Implementación de programas de
recuperación de espacios públicos,
alumbrado, limpieza y presencia
institucional (salud, educación,
servicios básicos);
Creación de corredores seguros y rutas
prioritarias de atención ciudadana;
9 ) Programas de prevención de
reclutamiento, especialmente dirigidos
a niños, niñas y adolescentes, en
coordinación con instituciones de
protección social;
10) Monitoreo y restricción de actividades
económicas sospechosas (extorsión,
comercio informal controlado,
transporte, etc.);
11) Coordinación con unidades de
inteligencia financiera para el
seguimiento y congelamiento de
activos vinculados a estas estructuras;
12) Creación de un Comando de
Operaciones Conjuntas en la zona,
integrado por Policía Nacional
(PN), Policía Militar del Orden
Público (PMOP), Fuerzas Armadas,
Ministerio Público, Instituto
Nacional Penitenciario y autoridades
municipales; y,
Reportes periódicos al Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad
(CNDS) sobre avances, capturas y
situación del territorio.
Artículo 8 — MEDIDAS EXCEPCIONALES Y
TEMPORALES PARA RESGUARDAR
LA SEGURIDAD E IDENTIDAD
JUECES Y PERSONAL AUXILIAR. El
juzgamiento de las asociaciones terroristas
declaradas por el Consejo Nacional de
Defensa y Seguridad (CNDS), así como
de las maras y pandillas en sus distintas
denominaciones, siempre que se acredite
un riesgo real e inminente para la vida o
integridad de los jueces(as), secretarios(as)
y personal auxiliar, se podrán aplicar
medidas excepcionales y temporales para
resguardar su seguridad e identidad.
Estas medidas no podrán menoscabar las
garantías esenciales del debido proceso ni
el derecho a la defensa.
El Poder Judicial en un plazo máximo
de treinta días (30) días calendario a la
vigencia del presente Decreto, establecerá
los mecanismos independientes que
acrediten de forma transparente
y sin revelar datos confidenciales la
competencia, idoneidad e imparcialidad de
los jueces(as), secretarios(as) y personal
auxiliar ante las partes, garantizando en
todo momento el derecho de recusación
del imputado.
Artículo 9 — DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Se
establecen en los municipios y zonas que
determine el Consejo Nacional de Defensa
y Seguridad (CNDS), por el término
de hasta doce (12) meses las medidas
excepcionales de control siguientes:
Es prohibido transportarse más de una
persona en vehículos motorizados de
dos (2) ruedas. Esta prohibición no
será aplicable cuando en el vehículo
motorizado se transporte una mujer o
un menor de doce (12) años de edad,
siempre que se utilicen los dispositivos
de seguridad correspondientes;
En ningún c aso la persona que se
transporte en vehículo motorizado
de dos (2) ruedas podrá portar armas
de fuego, aunque tenga permiso para
su portación, ni objetos cortantes,
contundentes o de uso dual que puedan
ser utilizados como arma. La infracción
de esta disposición dará lugar a las
siguientes sanciones:
a) Decomiso del vehículo y de la
licencia de conducir por un período
de cuarenta y cinco (45) días, más
multa equivalente a un (1) salario
mínimo;
b) En caso de reincidencia, decomiso
por sesenta (60) a noventa (90) días,
multa de hasta cuatro (4) salarios
mínimos y, cuando corresponda,
decomiso definitivo del vehículo.
Se prohíbe circular en vehículos
motorizados de dos (2) ruedas con el
rostro cubierto mediante pasamontañas,
pañuelos, máscaras o cualquier
elemento que impida la identificación
plena del conductor o del acompañante,
con excepción del uso del casco de
seguridad reglamentario;
Es obligatorio que todo vehículo
motorizado de dos (2) ruedas circule
con la placa de circulación en perfectas
condiciones de visibilidad, tanto en la
parte delantera como trasera, cuando
corresponda. Excepcionalmente, por
el término de un (1) año a partir de
la vigencia del presente Decreto, se
permitirá circular con el permiso
provisional de circulación emitido por
la autoridad competente;
Se prohíbe el uso de placas adulteradas,
falsificadas, ilegibles o que no
correspondan al vehículo;
Se prohíbe la modificación de escapes o
motores de vehículos de dos (2) ruedas
con el fin de aumentar el nivel de ruido;
En las zonas declaradas como
“Territorios de Alto Riesgo” por
el Consejo Nacional de Defensa
y Seguridad, se podrá restringir
temporalmente la circulación de
vehículos motorizados de dos (2) ruedas
o más, en horarios y áreas específicas,
mediante resolución motivada; y,
Las autoridades policiales y militares
quedan facultadas para realizar
controles fijos y móviles, revisión de
documentos e identidad, y decomiso
preventivo de vehículos en los casos
de incumplimiento de las presentes
disposiciones.
Las medidas excepcionales de control
podrán ser prorrogables por períodos
iguales mediante resolución del Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS),
conforme a la evaluación de los índices de
criminalidad.
Las prohibiciones a que hacen referencia
los numerales precedentes, no aplican a
los cuerpos de Seguridad y Defensa del
Estado y miembros de la Policial Nacional
Artículo 10 — Con el fin de garantizar la eficacia del
alcance material del presente Decreto y
asegurar la coherencia normativa, el Poder
Ejecutivo, dentro de un plazo máximo de
treinta (30) días calendario contados a
partir de su entrada en vigencia, efectuará
las reformas reglamentarias que resulten
necesarias en el marco del Sistema
Penitenciario Nacional, de la Secretaría
de Estado en los Despachos de Seguridad
(SEDS), de la Policía Nacional (PN) y
de la Policía Militar del Orden Público
(PMOP).
Artículo 11 — El presente Decreto entrará en vigencia a
partir del día de su publicación en el Diario
Oficial “La Gaceta”.
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los
veintidós días del mes de septiembre de dos mil veintiséis.
JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA
PRESIDENTE
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
SECRETARIO
FRANCIS OMAR CABRERA MIRANDA
SECRETARIO
Al Poder Ejecutivo
Por Tanto: Ejecútese.
NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
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