Sentencia CP-68-21 — Registro 20688
Resumen
El Tribunal de Sentencia en primera instancia absolvió al acusado por el delito de asesinato; posteriormente, la Sala de lo Penal declaró No Ha lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...El tribunal identificó los medios de prueba relevantes, explicó el valor probatorio que les otorgó, señaló las contradicciones existentes en los testimonios y fundamentó de forma expresa las razones por las cuales dichas declaraciones no podían ser consideradas suficientes para sustentar una condena penal. Este proceso argumentativo evidencia una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, pues el tribunal basó su decisión en criterios de lógica, experiencia y conocimiento jurídico, descartando valor probatorio a aquellos medios que no ofrecían credibilidad o consistencia. Es importante destacar, además, que la valoración de la credibilidad de los testigos constituye una facultad propia y exclusiva del Tribunal de Sentencia, en virtud del principio de inmediación, que rige el juicio oral y público. Dicho principio implica que el tribunal que preside el debate es el único órgano jurisdiccional que tiene contacto directo con la prueba personal, pudiendo observar de manera directa la conducta de los testigos, su forma de declarar, la coherencia de sus respuestas y las circunstancias en que se produce la declaración. Por esta razón, corresponde a dicho tribunal determinar el grado de credibilidad que merece cada testimonio. En consecuencia, la Sala Penal, en sede de casación, no puede sustituir la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia ni efectuar una nueva apreciación sobre la credibilidad de los testigos, salvo que se evidencie un quebrantamiento manifiesto de las reglas de la sana crítica, es decir, que la decisión del tribunal resulte ilógica, arbitraria o carente de motivación suficiente. No obstante, en el caso de mérito no se observa tal situación, ya que el tribunal expuso de manera razonada y debidamente fundamentada las razones por las cuales descartó determinados testimonios y consideró insuficiente la prueba de cargo. Por lo tanto, el análisis de la sentencia permite concluir que el Tribunal de Sentencia actuó dentro de los parámetros establecidos por la sana crítica racional, desarrollando una motivación clara, coherente y jurídicamente sustentada sobre la valoración de la prueba. La absolución dictada no obedece a una falta de análisis probatorio, sino precisamente al resultado de dicho análisis, en el cual el tribunal determinó que la prueba presentada no alcanzaba el grado de certeza requerido para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. En consecuencia, no se advierte quebrantamiento de las reglas de la sana crítica ni error en la derivación de la prueba, puesto que la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia se encuentra debidamente motivada, responde a una valoración racional de los medios probatorios y se ajusta a los principios que rigen el proceso penal, particularmente los principios de inmediación, presunción de inocencia y duda razonable. Por tal razón, la Sala Penal no puede intervenir para modificar o sustituir dicha valoración probatoria, al tratarse de una facultad que corresponde exclusivamente al tribunal que conoció directamente de la práctica de la prueba en el juicio oral. De todo lo anterior, resulta procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-68-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-68-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Selin Eleazar Funez Bonilla, del delito de Asesinato, en perjuicio de Ricardo Soto Funez, Armando Funez y Maria Enriqueta Matute. SEGUNDO: No procedió declarar la responsabilidad civil de Selin Eleazar Funez Bonilla. TERCERO: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Publico ni al imputado. CUARTO: No procedió decretar el comiso. Son partes en única instancia: La Abogada Jany del Cid Martinez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides Garcia Alvarado, en su condición de defensores públicos de Selin Eleazar Funez Bonilla y la Abogada Heidy Waleska Barahona Alachan, en su condición de acusadora privada, ambas como partes recurridas. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha 25 de agosto del 2013 en San Francisco, Locomapa, Yoro, el señor Armando Fúnez falleció por traumatismo cráneo encefálico abierto y laceración cerebral a consecuencia de una herida en la cara provocado por proyectil de arma de fuego. SEGUNDO: En fecha 25 de agosto del 2013 en San Francisco, Locomapa, Yoro, el señor Ricardo Soto Funez falleció por laceración de aorta torácica y hemotórax bilateral a consecuencia de haber recibido disparos por proyectil de arma de fuego, dichos disparos le provocaron cinco heridas en diferentes partes de su cuerpo. TERCERO: En fecha 25 de agosto del 2013 en San Francisco, Locomapa, Yoro, la señora María Enriqueta Matute falleció por la pérdida excesiva de sangre a consecuencia de cinco heridas en diferentes partes de su cuerpo provocadas por proyectil de arma de fuego.” Recurso De Casación La recurrente Abogada Jany del Cid Martinez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR OUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: Haber incurrido el sentenciador en la falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación preceptúan: Artículo 202: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el párrafo primero del artículo 336 del mismo cuerpo legal expresa: "El tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica". Asimismo, el artículo 338 del mismo Código, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juez sentenciador: "Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta-para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, según su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados". Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia. Por ello, el legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la fundamentación del fallo (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica, entonces, constituyen la especie dentro del género conocido comto fundamentación. En el sistema de sana crítica que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se les apoyen. Como es sabido, en este sistema no se tiene las reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites, a saber: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón; es decir, las normas de la experiencia, la Psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos, y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos), y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de la identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, derivaciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2, (“...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a cada una de las pruebas practicadas en juicio..."), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RIJA, en su obra ( La Casación Penal), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "El razonamiento debe estar construido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de primera instancia: 1- EI Tribunal de Primera Instancia, en el apartado de valoración de la prueba (PRIMERO), 1.1, REFERENTE A LA VALORACIÓN DEL TESTIMONIO DEL TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE A-242-2017, concluye que no le da credibilidad, porque contradicciones significativas en relación a sus dos declaraciones brindadas en dos audiencia iníciales anteriores, debido a que en la versión dada ante ese Tribunal manifiesta que sólo observó cuando mataron a Armando Fúnez, no pudo ver cuando le dieron muerte al señor Ricardo Soto Fúnez y a la señora María Enriqueta Matute ya que le tapaba la casa de dicha señora, lo cual es incorrecto, ya que el testigo es contundente en establecer que el día de los hechos (25 de agosto de dos mil trece), los imputados llegaron en una motocicleta portando armas de fuego, que Selin portaba un corta y Carlos Varela un arma larga, que después se bajaron de la motocicleta y se acercaron de manera intimidante con las armas al señor Armando Fúnez Medina, y que Selin Eleazar le preguntó que dónde se encontraban los cabecillas y frente a la ausencia de respuesta, Selin Eleazar se acercó a Armando Fúnez Medina, despojándolo de su machete y pegándole un golpe en la cabeza con el arma de fuego que portaba (9 mm.), Armando permaneció en el suelo y Selin le hizo un disparo. Luego de esto el imputado Selin Eleazar Fúnez se dirigió a la casa de la señora María Enriqueta Matute, a la que ingresó mientras el otro imputado estaba afuera vigilando, aseveraciones congruentes que el testigo ha narrado en las diferentes audiencias, y que debido al paso del tiempo entre ambas pudo haber olvidado algunos detalles; sin embargo, el Tribunal no la valoró en conjunto con el resto de declaraciones específicamente lo declarado por el testigo A- 24-2-2017, en relación a la identidad de los imputados y las armas que portaban y pruebas que se mencionarán a continuación. Por otra parte, por sentido común se sabe que no es posible que un testigo se acuerde de cada detalle, principalmente en estos casos complejos donde el temor se apoderó de todos miembros de la comunidad, y sobre todo, cuando han pasado no días sino años, desde el momento en que se ejecutó el hecho, es por ello que se elabora un informe donde se describen los detalles de la investigación. 1.2 Con relación a la declaración del TESTIGO PROTEGIDO, CON CLAVE B-24-22017, el Tribunal establece que no le concede credibilidad a su declaración, aduciendo que presenta contradicciones en cuanto al lugar donde se encontraba al momento de los hechos, dijo que estaba cerca, luego dice que estaba retirado, además dicho testigo se identifica como uno de los cabecillas que andaban buscando los imputados y que no los encontraron en el lugar "que a donde estábamos nosotros que si no les decía a dónde estaban los cabecillas los iban a matar a ellos", lo cual le indica al Tribunal que no "estaba presente en el lugar donde ocurrieron los hechos", además en varias ocasiones manifestó haber escuchado y no haber visto lo que sucedía, en consecuencia el Tribunal arriba a la conclusión que el testigo no observó quien o quienes dieron muerte a las víctimas, también, aduce el Tribunal, se debe tomar en consideración que el testigo se contradice con los declarado con el testigo A-24-2-2017, ya que este manifiesta que habían más de 300 personas en dicho lugar, además se contradicen en cuanto a quien le da muerte de la señora María Enriqueta, ya que uno dijo que fue Carlos Luque alias Calin y el otro dice que fue Selin... Lo que requiere el Tribunal es contrario a las reglas de la lógica, ya que exige que el testigo tenga una precisión incólume de la secuencia de los hechos, lo que es casi imposible pues el testigo, miembro de una comunidad indígena, ha narrado los hechos en la forma sencilla que los recuerda, y en vista de su vulnerabilidad, falta de acceso a la educación y la humildad que los caracteriza como parte de un colectivo históricamente relegado, hace referencia a lo que vio en el momento de los hechos. La aseveración del Tribunal en cuanto al número de personas que participaban en la toma de la calle es irrelevante. Asimismo, lo es el lugar desde donde vio los hechos, y debe ser valorado de forma conjunta con el resto de la prueba, al haberse ratificado la versión en cuanto a la fecha, lugar y circunstancia en que los imputados cometieron el delito que se les imputa. Es evidente que el tribunal, no valoró la congruencia de los testigos en cuanto a la participación de los imputados en los hechos. Por otra parte, el tribunal exige que los testigos se acuerden de las circunstancias exactas, cuando las máximas de la experiencia nos dicen que si ya pasaron varios años de la ocurrencia del hecho, es difícil que una persona se acuerde con precisión de los pormenores como distancias, a quien atacaron primero y a quien después, cuantas personas habían y desde donde vieron los hechos que produjeron la muerte a los tres miembros de la comunidad indígena, lo importante es que sus declaraciones coinciden con las pruebas científicas con las cuales deben ser valoradas en conjunto. 2- En el apartado SEGUNDO, referente a la valoración de la prueba documental, específicamente: ACTA DE LEVANTAMIENTO CADAVÉRICO DE LOS SEÑORES RICARDO SOTO FUNEZ, ARMANDO FUNEZ PINEDA Y MARIA ENRIQUETA MATUTE, ACTA DE DEFUNCIÓN NÚMERO 1801-2013-000187 DEL SEÑOR RICARDO SOTO FÚNEZ, ACTA DE DEFUNCIÓN NÚMERO 18012013-00186, ACTA DE DEFUNCIÓN NÚMERO 1801-2013-00185 DE LA SEÑORA MARÍA ERIQUETA MATUTE, las que contemplan como fecha de defunción el 25 de agosto de 2013; Acta de inspección ocular con su respectivo álbum fotográfico y recolección de indicios; Constancia de Laboratorio Balístico, el Tribunal les concede credibilidad y, por ende, valor probatorio ya que dichos levantamientos fueron realizados por la autoridad competente y de conformidad a nuestra normativa procesal penal, con las mismas se acredita que las tres víctimas fallecieron en fecha 25 de agosto en el lugar conocido como San Francisco Locomapa Yoro, por las heridas que presentaban las víctimas se estableció que la manera aparente de muerte es homicida, por lo que se acredita la comisión de tres delitos en contra de la vida de las tres víctimas, sin embargo, establece el Tribunal que esta prueba no acredita la participación del imputado en dichos ilícitos, asimismo que no se concatena con lo manifestado por los testigos protegidos ya que manifestaron que los imputados se quedaron en el lugar de los hechos, después del suceso de los mismos, uno de ellos dijo hasta las cuatro de la mañana, pero los levantamientos fueron realizados a partir de las 20:00 horas en la misma fecha de los hechos, lo cual "le indica al Tribunal que la autoridad competente pudo haber dado captura a los sospechosos, uno de ellos supuestamente el hoy encausado, evento que no ha sucedido en el de mérito lo tanto esta prueba documental también le termina de restar- credibilidad a las declaraciones de los testigos protegidos". Lo anterior resulta completamente contradictorio y fuera de las reglas de la lógica, pues el hecho que las autoridades hayan realizado el levantamiento a las 20:00 horas, y que los imputados hayan podido o no estar en el lugar, no implica necesariamente que se podía ejecutar su detención, pues es obvio que después de cometer el hecho los encausados no iban a estar en un lugar visible para que las autoridades los aprehendieran, y además su presencia o no en el sitio no implica una falta de veracidad en lo declarado por los testigos, sólo una falta de toda lógica puede concluir que van a estar esperando o viendo en el lugar que se realizaban los levantamientos, para ser capturados como si el delito cometido hubiera sido irrelevante, desconociendo que llevó varios años, incluso, para poder ejecutar la captura y someterlos al proceso penal. Con relación al Acta de inspección ocular, el Tribunal refiere que le concede valor probatorio, estableciendo que se encontraron cinco casquillos, sin embargo, refiere que "no es seguro que dichos indicios estén relacionados con los hechos objeto del presente proceso porque fueron encontrados tres días después de la ocurrencia de los mismos". Esta conclusión es completamente ilógica, porque cualquier persona que visite esa comunidad sabe que estos hechos son sumamente extraordinarios y, cómo es posible que el Tribunal pueda pensar que en la comunidad se encuentran casquillos en el preciso lugar donde se dieron los hechos, y no tenga la certeza de que están relacionados con los sucesos ocurridos tres días antes?. como si encontrar casquillos en esa comunidad fuera como encontrar arena en el mar? En todo caso, el haberse encontrado los casquillos, constituye un fuerte indicio que incrimina a los imputados. 3. En el apartado TERCERO, se relaciona la prueba pericial: 3.1 DICTAMEN DE BALÍSTICA FORENSE NÚMERO 2020-0801-0501-00524, la cual fue incorporada al debate y evacuada mediante lectura, previa ratificación del perito balístico Jorge Gutiérrez, a la que el Tribunal le concede valor probatorio ya que fue realizado por un perito especialista en la materia facultado por la ley para tal efecto, con dicho dictamen se logra acreditar que los cinco casquillos encontrados en el lugar de los hechos pertenecen al calibre nueve milímetros, fueron percutidos con un arma tipo pistola o sub ametralladora. Lo anterior, aunque no fue valorado por el tribunal, es consecuente con las declaraciones de los testigos, ya que se establece que el arma que portaba el imputado Selin Eleazar Fúnez era una pistola nueve milímetros, y que quien disparó al señor Armando Fúnez Medina fue el imputado, cuando llegó al lugar de los hechos y posteriormente ingresó a la cocina donde se encontraba la señora María Enriqueta Matute, y que se escucharon aproximadamente cinco detonaciones de arma de fuego lo expresó el testigo B-24-2-2017, misma que concuerda claramente con este dictamen en el que se describe cinco lesiones. 3.2 DICTAMEN DE AUTOPSIA NUMERO A-SPS-2285-13, el Tribunal le concede valor probatorio ya que fue realizado con un médico con experiencia en la materia, facultado para tal efecto, con el que se acredita que la señora María Enriqueta Matute falleció por la pérdida excesiva de sangre a consecuencia de cinco heridas en diferentes partes del cuerpo. El Tribunal concluye que los extremos cuestionados por la Consultora Técnica de la defensa resultan irrelevantes ya que con la otra prueba ya valorada no se ha probado la participación del encausado en el ilícito penal objeto de presente juicio. Esta apreciación del Tribunal, carece de toda lógica, pues contrario a lo que dice apreciar, con el Dictamen de Autopsia se confirman los extremos referente a la participación del imputado en el hecho enjuiciado. 3.3 DICTAMEN DE AUTOPSIA NUMERO A-SPS-2287-13, el Tribunal le concede valor probatorio, ya que fue realizado por un médico con experiencia en la materia, con el dictamen se acredita que el señor Armando Fúnez, falleció por traumatismo cráneo encefálico abierto y laceración cerebral a consecuencia de una herida en la cara provocado por proyectil de arma de fuego. Establece el Tribunal que los extremos aportados por la Consultora Técnica de la defensa son irrelevantes ya que con la otra prueba antes valorada no se ha probado la participación del encausado en el ilícito penal objeto del presente juicio. Conclusión que carece de sentido, pues debe ser correlacionada con la declaración de los testigos y el resto de la prueba que se ha evacuado, es coincidente pues se pone de manifiesto que el imputado, tal como lo expresaron los testigos antes mencionados, primero golpeó con el arma al occiso, lesión que fue verificada en el dictamen relacionado. 3.4 DICTAMEN DE AUTOPSIA NUMERO A-SPS-2286-13, el Tribunal le concede valor, ya que fue realizado por un médico con experticia en la materia, con el que se acredita que el señor RICARDO SOTO FUNEZ, falleció por laceración de aorta torácica, la consultora técnica establece que la autopsia no es completa ya que no establece un diagnóstico del cuerpo para determinar el tiempo de muerte, e hizo una aclaración sobre la distancia en que se dispara un arma de fuego, sin embargo para el Tribunal los extremos cuestionados son irrelevantes ya que con la otra prueba antes valorada no se ha probado la participación del acusado en el ilícito penal objeto del presente juicio. Sin embargo, en sus declaraciones los testigos expresaron que Selin se encontraba muy cerca a las víctimas, coincidente con los signos de ahumamiento en los cuerpos, por lo cual se debe dar credibilidad a su declaración. 4. En el apartado CUARTO, como prueba de descargo: 4.1 INFORME DE INVESTIGACIÓN, EL Tribunal deja establecido que el informe fue elaborado por la autoridad competente legalmente para tal efecto de acuerdo a lo contemplado en nuestra normativa, por lo que el Tribunal le da valor probatorio, sin embargo, aduce que o se le puede otorgar mayor valor en relación a la otra prueba antes valorada, porque no comparecieron los agentes que elaboraron el informe, a efecto de ratificar el mismo y poder ser sujeto a un interrogatorio de las partes y del Tribunal, además el informe no puede acreditar la participación del encausado en los hechos, ya que no presenciaron los mismos, y no se puede decir que sustenta lo manifestado por los testigos ya que no se sabe con quienes se entrevistaron los agentes de investigación y, en segundo lugar, el tribunal no le concede credibilidad a las declaraciones testificales de cargo. Sin embargo, el informe es el documento que sintetiza la forma en que se ejecutaron los hechos objeto del proceso, v se elabora en un momento más próximo a la fecha en que estos se suscitaron, y el mismo es concluyente en cuanto a la forma y circunstancias en las cuales los imputados los ejecutaron, dejando claramente establecido que el día veinticinco de agosto de dos mil trece, los señores Selin Eleazar Fúnez Bonilla y Carlos Roberto Luque llegaron a la comunidad de San Francisco Locomapa, Yoro, a bordo de una motocicleta, y que los miembros de la tribu indígena al ver a los hombres armados corrieron hacia la propiedad de María Enriqueta Matute, fue cuando los imputados comenzaron a disparar, cayendo abatidos a tiros en el solar propiedad de Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina y la señora María Eriqueta dueña del predio, por lo que lo investigado por los agentes hace una síntesis de las acciones delictivas ejecutadas por los imputados a quienes en conclusión se les imputa el delito como co autores y tal aseveración no admite duda alguna. Como podéis apreciar Honorable Tribunal de Casación, la falta de valoración de esta prueba por el Tribunal de Sentencia, muestra su desconocimiento inexcusable de la prueba indiciaria o circunstancial que genera un grave clima de inseguridad e impunidad en el país. El Tribunal Constitucional Español ha entendido que la prueba indiciaria o circunstancial es "aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos de delito, pero de los que se puede inferir éstos y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar". Asimismo, ha sostenido que "la presunción de inocencia es una presunción iuris tantum, que se desvirtúa por prueba en contrario. Y que sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria. Pero que es un hecho que en los juicios criminales no siempre es posible esa prueba directa por muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla. Por lo que prescindir de la prueba indiciaria conduciría, en ocasiones, a la impunidad de ciertos delitos y especialmente, los perpetrados con particular astucia, lo que provocaría una grave indefensión social' Asimismo, la jurisprudencia constitucional española ha reiterado que para distinguir entre pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y simples sospechas han de darse los siguientes requisitos básicos a saber: a) Los indicios deben estar plenamente probados, b) Han de ser una pluralidad, no bastando uno sólo. c) El nexo causal ha de ser racional y lógico. En el caso que nos ocupa, resulta evidente la concurrencia de todas estas exigencias porque existe una pluralidad de indicios totalmente acreditados a saber: 1.-EI imputado, Selin Eleazar Fúnez Bonilla, en compañía del otro imputado, llegaron al lugar de los hechos, la comunidad indígena Tolupán de San Francisco Locomapa, aproximadamente a las cinco de la tarde a bordo de una motocicleta, armados con un arma nueve milímetros (Selin) y una escopeta, lo cual constituye un irrefutable Indicio de Oportunidad, que acredita la presencia del imputado en el lugar, fecha y hora de comisión del hecho delictivo. 2.- Las declaraciones testificales son coincidentes con la prueba científica evacuada y en ningún momento se contradicen en relación a la muerte del señor Armando Fúnez, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute por lo que se debe dar valor a sus declaraciones, que relacionándolas de manera integral con otros medios de prueba, como las actas de levantamiento que se presentaron, los albums fotográficos en los que se describe cómo se encontraron los cuerpos de las víctimas minutos después de haberse cometido el hecho, sobre la acción del imputado, su participación a título de autor en los mismos es irrefutable. Todos estos indicios plenamente probados y que no constituyen meras sospechas sino hechos acreditados con medios de prueba fidedignos, guardan un nexo causal racional y lógico, que si el tribunal hubiera realizado un proceso de inferencia hubiera fácilmente encontrado ese nexo causal existente entre estos indicios o hechos antecedentes o hechos bases con el hecho presunto, como ser el hecho de que fue el señor Selin Eleazar Fúnez Bonilla, quien cometió las acciones delictivas imputadas. Con todo el as probatorio que se ha mencionado resulta evidente el grave vicio de apreciación de la prueba hecha por el tribunal, por la infracción de la regla de la lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente y fundada para considerar verdadera la conclusión, pues todo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Como el juzgador ha restado valor probatorio a las pruebas practicadas, llegando a otras conclusiones, ha violado las reglas de la lógica de la derivación, pues ha extraído conclusiones que no guardan concordancia con el contenido de esas pruebas a que me he referido ampliamente. Por lo que se puede establecer que las conclusiones a que ha arribado el sentenciador están al margen de las reglas de la sana crítica, porque no cabría más que aceptar la participación del imputado en el ilícito imputado y, al no entenderlo así, el juzgador ha incurrido en una grave violación de las reglas del entendimiento humano, siendo imperante que vosotros honorable Tribunal de Casación como última ratio, reviséis las pruebas que constan en el acta del debate para comprobéis lo expuesto en mi petitoria, que en la descalificación de la prueba no se han esgrimido los razonamientos suficientes que soportan el peso aquilatado del contenido de la misma, con lo que se mancilla una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, en lo referente a la valoración en forma conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba evacuada en juicio.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal infringida: Sin definir. • Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. • Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Arguye la parte recurrente que el Tribunal ha violentado la regla lógica en su postulado de derivación, integrado por el principio de razón suficiente, al restarle valor a lo narrado por los Testigo Protegidos, argumentando la existencia de contradicciones en sus declaraciones; sin embargo, se expone que dichas diferencias se refieren a aspectos secundarios y son explicables por el paso del tiempo, la complejidad de los hechos y las condiciones en que ocurrieron, sin afectar los elementos esenciales de sus testimonios, los cuales coinciden en aspectos relevantes como la presencia del imputado en el lugar de los hechos, el uso de armas de fuego y la forma en que se ejecutó el ataque contra las víctimas. Asimismo, se señala que el tribunal no realizó una valoración conjunta e integral de la prueba, pues no relacionó adecuadamente las declaraciones testificales con otros medios probatorios incorporados al proceso. De igual manera, se critica la valoración realizada respecto de la prueba documental y científica, elementos que resultan compatibles con lo declarado por los testigos. Pese a ello, el tribunal concluyó que dichas pruebas no demostraban la participación del imputado, razonamiento que se considera contradictorio e ilógico, violentando así las reglas de la sana crítica. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación con el grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 1. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. Observa esta Sala de lo Penal, que la parte recurrente reclama que el Juzgador al dictar la sentencia condenatoria viola las reglas de la sana critica, indicando que los medios de prueba no fueron valorados conforme a la regla de la lógica en su característica de no contradicción, esta Sala de lo Penal encuentra que la parte recurrente no hace uso de una correcta técnica recursiva, si bien señala el fundamento del vicio al momento de exponer el motivo de casación divagan en argumentos propios de instancia, haciendo una valoración alterna de la prueba de como debió ser valorada la misma por el Tribunal de Sentencia a favor de su representado, sin centrar de forma clara y precisa cuáles son esas inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia, que estén reñidas con la regla de la lógica en este caso de no contradicción. Considerando el principio de convencionalidad y el derecho de las partes a recurrir el fallo, esta Sala de lo Penal, procede a realizar un análisis de la valoración probatoria efectuada por el A-quo, no encuentra que los razonamientos del sentenciador se hayan apartado de los lineamientos de la sana crítica como lo denuncia la recurrente; todo lo contrario en el apartado “Valoración Conjunta de la Prueba” el sentenciador a efectuado una valoración amplia conjunta y armónica de toda la prueba, aplicando en ellos las reglas de la sana crítica para el caso tenemos: Al examinar la sentencia recurrida, se observa que las conclusiones a las que arriba el tribunal se encuentran plenamente ajustadas a los principios rectores de la sana crítica, pues resultan de una valoración concatenada, lógica, coherente y apoyada tanto en la inmediación como en la inspección de los hechos. Exponiendo de manera detallada, lógica y coherente las razones que lo condujeron a la decisión absolutoria. En efecto, el órgano jurisdiccional de instancia desarrolló un proceso argumentativo en el cual examinó los distintos medios de prueba evacuados durante el juicio oral, tales como la prueba testifical, documental y pericial, explicando con claridad el valor que otorgó a cada uno de ellos y las razones por las cuales algunos resultaban insuficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado. En relación con la prueba testifical, el Tribunal de Sentencia llevó a cabo un análisis de las declaraciones rendidas por los testigos protegidos identificados con las claves A-24-2-2017 y B-24-2-2017, estableciendo que dichas declaraciones presentaban contradicciones sustanciales entre sí y respecto de las versiones brindadas en diferentes momentos procesales, tales como en las audiencias iniciales y en el propio debate oral. En ese sentido, el tribunal señaló inconsistencias en aspectos relevantes de los hechos, como la ubicación desde la cual los testigos manifestaron haber observado los acontecimientos, la secuencia en que ocurrieron las muertes, la forma en que se desarrollaron los disparos y la participación atribuida a los supuestos autores. Estas contradicciones fueron consideradas por el tribunal como elementos que afectan directamente la fiabilidad y credibilidad del testimonio, generando dudas razonables sobre la veracidad de las versiones proporcionadas. Asimismo, el tribunal explicó que dichas inconsistencias no se limitaban a aspectos secundarios o meramente circunstanciales, sino que incidían en elementos esenciales para la reconstrucción de los hechos, lo que impedía otorgarles pleno valor probatorio para sustentar una condena penal. De igual forma, en cuanto al testigo protegido C-25-2-2017, el tribunal determinó que su declaración no resultaba útil para acreditar la participación del imputado en los hechos, ya que el propio testigo manifestó que no presenció directamente el momento en que ocurrieron las muertes, limitándose a relatar circunstancias posteriores o referencias indirectas sobre lo sucedido. Por otra parte, el Tribunal de Sentencia procedió a analizar la prueba documental y pericial, particularmente las actas de levantamiento cadavérico, actas de defunción, inspección ocular del lugar de los hechos y el dictamen de balística forense, reconociendo que dichos medios probatorios sí permiten establecer con certeza la existencia del hecho punible, es decir, la muerte violenta de las víctimas, así como el lugar, la fecha, la causa y la manera de dichas muertes. En ese sentido, la prueba pericial médico-legal determinó que las víctimas fallecieron como consecuencia de lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, incluyendo daños severos a órganos vitales y, en uno de los casos, la laceración de la aorta torácica, lo cual constituyó la causa directa de la muerte. Sin embargo, el tribunal razonó que, si bien dicha prueba resulta suficiente para acreditar la materialidad del hecho delictivo, no permite establecer de manera directa la autoría o participación del imputado, puesto que los dictámenes periciales y la documentación incorporada al debate únicamente describen las características de las lesiones, la trayectoria de los disparos y las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos, sin vincular de manera concreta al acusado con la ejecución de los disparos o con la producción de las muertes. De esta forma, el Tribunal de Sentencia realizó una valoración conjunta e integral de todos los medios de prueba, concluyendo que, aunque se encuentra acreditada la comisión de tres muertes violentas, no existe prueba suficiente, coherente y fiable que permita atribuir con certeza la responsabilidad penal al imputado. En virtud de ello, el tribunal determinó que subsiste una duda razonable respecto de la participación del acusado en los hechos, por lo que resultaba procedente dictar sentencia absolutoria en aplicación del principio de presunción de inocencia. Desde esta perspectiva, al examinar el razonamiento desarrollado por el tribunal se observa que no existe error en la derivación de la prueba, ya que las conclusiones alcanzadas por el juzgador se desprenden de manera lógica y razonada de los elementos probatorios analizados. El tribunal identificó los medios de prueba relevantes, explicó el valor probatorio que les otorgó, señaló las contradicciones existentes en los testimonios y fundamentó de forma expresa las razones por las cuales dichas declaraciones no podían ser consideradas suficientes para sustentar una condena penal. Este proceso argumentativo evidencia una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, pues el tribunal basó su decisión en criterios de lógica, experiencia y conocimiento jurídico, descartando valor probatorio a aquellos medios que no ofrecían credibilidad o consistencia. Es importante destacar, además, que la valoración de la credibilidad de los testigos constituye una facultad propia y exclusiva del Tribunal de Sentencia, en virtud del principio de inmediación, que rige el juicio oral y público. Dicho principio implica que el tribunal que preside el debate es el único órgano jurisdiccional que tiene contacto directo con la prueba personal, pudiendo observar de manera directa la conducta de los testigos, su forma de declarar, la coherencia de sus respuestas y las circunstancias en que se produce la declaración. Por esta razón, corresponde a dicho tribunal determinar el grado de credibilidad que merece cada testimonio. En consecuencia, la Sala Penal, en sede de casación, no puede sustituir la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia ni efectuar una nueva apreciación sobre la credibilidad de los testigos, salvo que se evidencie un quebrantamiento manifiesto de las reglas de la sana crítica, es decir, que la decisión del tribunal resulte ilógica, arbitraria o carente de motivación suficiente. No obstante, en el caso de mérito no se observa tal situación, ya que el tribunal expuso de manera razonada y debidamente fundamentada las razones por las cuales descartó determinados testimonios y consideró insuficiente la prueba de cargo. Por lo tanto, el análisis de la sentencia permite concluir que el Tribunal de Sentencia actuó dentro de los parámetros establecidos por la sana crítica racional, desarrollando una motivación clara, coherente y jurídicamente sustentada sobre la valoración de la prueba. La absolución dictada no obedece a una falta de análisis probatorio, sino precisamente al resultado de dicho análisis, en el cual el tribunal determinó que la prueba presentada no alcanzaba el grado de certeza requerido para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. En consecuencia, no se advierte quebrantamiento de las reglas de la sana crítica ni error en la derivación de la prueba, puesto que la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia se encuentra debidamente motivada, responde a una valoración racional de los medios probatorios y se ajusta a los principios que rigen el proceso penal, particularmente los principios de inmediación, presunción de inocencia y duda razonable. Por tal razón, la Sala Penal no puede intervenir para modificar o sustituir dicha valoración probatoria, al tratarse de una facultad que corresponde exclusivamente al tribunal que conoció directamente de la práctica de la prueba en el juicio oral. De todo lo anterior, resulta procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la recurrente. Decisión No Ha Lugar el Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, en único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 212, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en único motivo interpuesto por la Abogada Jany Del Cid Martínez, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. –. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. - Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. – Pia Cristina Mejia Nuñez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 13 días del mes de agosto de 2026. Certificación de la Sentencia dictada a los dieciséis de marzo de dos mil veintiséis, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-68-2021.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASSECRETARIA SALA DE LO PENAL“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-68-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-68-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Selin Eleazar Funez Bonilla, del delito de Asesinato, en perjuicio de Ricardo Soto Funez, Armando Funez y Maria Enriqueta Matute. SEGUNDO: No procedió declarar la responsabilidad civil de Selin Eleazar Funez Bonilla. TERCERO: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Publico ni al imputado. CUARTO: No procedió decretar el comiso. Son partes en única instancia: La Abogada Jany del Cid Martinez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides Garcia Alvarado, en su condición de defensores públicos de Selin Eleazar Funez Bonilla y la Abogada Heidy Waleska Barahona Alachan, en su condición de acusadora privada, ambas como partes recurridas. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha 25 de agosto del 2013 en San Francisco, Locomapa, Yoro, el señor Armando Fúnez falleció por traumatismo cráneo encefálico abierto y laceración cerebral a consecuencia de una herida en la cara provocado por proyectil de arma de fuego. SEGUNDO: En fecha 25 de agosto del 2013 en San Francisco, Locomapa, Yoro, el señor Ricardo Soto Funez falleció por laceración de aorta torácica y hemotórax bilateral a consecuencia de haber recibido disparos por proyectil de arma de fuego, dichos disparos le provocaron cinco heridas en diferentes partes de su cuerpo. TERCERO: En fecha 25 de agosto del 2013 en San Francisco, Locomapa, Yoro, la señora María Enriqueta Matute falleció por la pérdida excesiva de sangre a consecuencia de cinco heridas en diferentes partes de su cuerpo provocadas por proyectil de arma de fuego.” Recurso De Casación La recurrente Abogada Jany del Cid Martinez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR OUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: Haber incurrido el sentenciador en la falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación preceptúan: Artículo 202: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el párrafo primero del artículo 336 del mismo cuerpo legal expresa: "El tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica". Asimismo, el artículo 338 del mismo Código, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juez sentenciador: "Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta-para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, según su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados". Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia. Por ello, el legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la fundamentación del fallo (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica, entonces, constituyen la especie dentro del género conocido comto fundamentación. En el sistema de sana crítica que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se les apoyen. Como es sabido, en este sistema no se tiene las reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites, a saber: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón; es decir, las normas de la experiencia, la Psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos, y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos), y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de la identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, derivaciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2, (“...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a cada una de las pruebas practicadas en juicio..."), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RIJA, en su obra ( La Casación Penal), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "El razonamiento debe estar construido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de primera instancia: 1- EI Tribunal de Primera Instancia, en el apartado de valoración de la prueba (PRIMERO), 1.1, REFERENTE A LA VALORACIÓN DEL TESTIMONIO DEL TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE A-242-2017, concluye que no le da credibilidad, porque contradicciones significativas en relación a sus dos declaraciones brindadas en dos audiencia iníciales anteriores, debido a que en la versión dada ante ese Tribunal manifiesta que sólo observó cuando mataron a Armando Fúnez, no pudo ver cuando le dieron muerte al señor Ricardo Soto Fúnez y a la señora María Enriqueta Matute ya que le tapaba la casa de dicha señora, lo cual es incorrecto, ya que el testigo es contundente en establecer que el día de los hechos (25 de agosto de dos mil trece), los imputados llegaron en una motocicleta portando armas de fuego, que Selin portaba un corta y Carlos Varela un arma larga, que después se bajaron de la motocicleta y se acercaron de manera intimidante con las armas al señor Armando Fúnez Medina, y que Selin Eleazar le preguntó que dónde se encontraban los cabecillas y frente a la ausencia de respuesta, Selin Eleazar se acercó a Armando Fúnez Medina, despojándolo de su machete y pegándole un golpe en la cabeza con el arma de fuego que portaba (9 mm.), Armando permaneció en el suelo y Selin le hizo un disparo. Luego de esto el imputado Selin Eleazar Fúnez se dirigió a la casa de la señora María Enriqueta Matute, a la que ingresó mientras el otro imputado estaba afuera vigilando, aseveraciones congruentes que el testigo ha narrado en las diferentes audiencias, y que debido al paso del tiempo entre ambas pudo haber olvidado algunos detalles; sin embargo, el Tribunal no la valoró en conjunto con el resto de declaraciones específicamente lo declarado por el testigo A- 24-2-2017, en relación a la identidad de los imputados y las armas que portaban y pruebas que se mencionarán a continuación. Por otra parte, por sentido común se sabe que no es posible que un testigo se acuerde de cada detalle, principalmente en estos casos complejos donde el temor se apoderó de todos miembros de la comunidad, y sobre todo, cuando han pasado no días sino años, desde el momento en que se ejecutó el hecho, es por ello que se elabora un informe donde se describen los detalles de la investigación. 1.2 Con relación a la declaración del TESTIGO PROTEGIDO, CON CLAVE B-24-22017, el Tribunal establece que no le concede credibilidad a su declaración, aduciendo que presenta contradicciones en cuanto al lugar donde se encontraba al momento de los hechos, dijo que estaba cerca, luego dice que estaba retirado, además dicho testigo se identifica como uno de los cabecillas que andaban buscando los imputados y que no los encontraron en el lugar "que a donde estábamos nosotros que si no les decía a dónde estaban los cabecillas los iban a matar a ellos", lo cual le indica al Tribunal que no "estaba presente en el lugar donde ocurrieron los hechos", además en varias ocasiones manifestó haber escuchado y no haber visto lo que sucedía, en consecuencia el Tribunal arriba a la conclusión que el testigo no observó quien o quienes dieron muerte a las víctimas, también, aduce el Tribunal, se debe tomar en consideración que el testigo se contradice con los declarado con el testigo A-24-2-2017, ya que este manifiesta que habían más de 300 personas en dicho lugar, además se contradicen en cuanto a quien le da muerte de la señora María Enriqueta, ya que uno dijo que fue Carlos Luque alias Calin y el otro dice que fue Selin... Lo que requiere el Tribunal es contrario a las reglas de la lógica, ya que exige que el testigo tenga una precisión incólume de la secuencia de los hechos, lo que es casi imposible pues el testigo, miembro de una comunidad indígena, ha narrado los hechos en la forma sencilla que los recuerda, y en vista de su vulnerabilidad, falta de acceso a la educación y la humildad que los caracteriza como parte de un colectivo históricamente relegado, hace referencia a lo que vio en el momento de los hechos. La aseveración del Tribunal en cuanto al número de personas que participaban en la toma de la calle es irrelevante. Asimismo, lo es el lugar desde donde vio los hechos, y debe ser valorado de forma conjunta con el resto de la prueba, al haberse ratificado la versión en cuanto a la fecha, lugar y circunstancia en que los imputados cometieron el delito que se les imputa. Es evidente que el tribunal, no valoró la congruencia de los testigos en cuanto a la participación de los imputados en los hechos. Por otra parte, el tribunal exige que los testigos se acuerden de las circunstancias exactas, cuando las máximas de la experiencia nos dicen que si ya pasaron varios años de la ocurrencia del hecho, es difícil que una persona se acuerde con precisión de los pormenores como distancias, a quien atacaron primero y a quien después, cuantas personas habían y desde donde vieron los hechos que produjeron la muerte a los tres miembros de la comunidad indígena, lo importante es que sus declaraciones coinciden con las pruebas científicas con las cuales deben ser valoradas en conjunto. 2- En el apartado SEGUNDO, referente a la valoración de la prueba documental, específicamente: ACTA DE LEVANTAMIENTO CADAVÉRICO DE LOS SEÑORES RICARDO SOTO FUNEZ, ARMANDO FUNEZ PINEDA Y MARIA ENRIQUETA MATUTE, ACTA DE DEFUNCIÓN NÚMERO 1801-2013-000187 DEL SEÑOR RICARDO SOTO FÚNEZ, ACTA DE DEFUNCIÓN NÚMERO 18012013-00186, ACTA DE DEFUNCIÓN NÚMERO 1801-2013-00185 DE LA SEÑORA MARÍA ERIQUETA MATUTE, las que contemplan como fecha de defunción el 25 de agosto de 2013; Acta de inspección ocular con su respectivo álbum fotográfico y recolección de indicios; Constancia de Laboratorio Balístico, el Tribunal les concede credibilidad y, por ende, valor probatorio ya que dichos levantamientos fueron realizados por la autoridad competente y de conformidad a nuestra normativa procesal penal, con las mismas se acredita que las tres víctimas fallecieron en fecha 25 de agosto en el lugar conocido como San Francisco Locomapa Yoro, por las heridas que presentaban las víctimas se estableció que la manera aparente de muerte es homicida, por lo que se acredita la comisión de tres delitos en contra de la vida de las tres víctimas, sin embargo, establece el Tribunal que esta prueba no acredita la participación del imputado en dichos ilícitos, asimismo que no se concatena con lo manifestado por los testigos protegidos ya que manifestaron que los imputados se quedaron en el lugar de los hechos, después del suceso de los mismos, uno de ellos dijo hasta las cuatro de la mañana, pero los levantamientos fueron realizados a partir de las 20:00 horas en la misma fecha de los hechos, lo cual "le indica al Tribunal que la autoridad competente pudo haber dado captura a los sospechosos, uno de ellos supuestamente el hoy encausado, evento que no ha sucedido en el de mérito lo tanto esta prueba documental también le termina de restar- credibilidad a las declaraciones de los testigos protegidos". Lo anterior resulta completamente contradictorio y fuera de las reglas de la lógica, pues el hecho que las autoridades hayan realizado el levantamiento a las 20:00 horas, y que los imputados hayan podido o no estar en el lugar, no implica necesariamente que se podía ejecutar su detención, pues es obvio que después de cometer el hecho los encausados no iban a estar en un lugar visible para que las autoridades los aprehendieran, y además su presencia o no en el sitio no implica una falta de veracidad en lo declarado por los testigos, sólo una falta de toda lógica puede concluir que van a estar esperando o viendo en el lugar que se realizaban los levantamientos, para ser capturados como si el delito cometido hubiera sido irrelevante, desconociendo que llevó varios años, incluso, para poder ejecutar la captura y someterlos al proceso penal. Con relación al Acta de inspección ocular, el Tribunal refiere que le concede valor probatorio, estableciendo que se encontraron cinco casquillos, sin embargo, refiere que "no es seguro que dichos indicios estén relacionados con los hechos objeto del presente proceso porque fueron encontrados tres días después de la ocurrencia de los mismos". Esta conclusión es completamente ilógica, porque cualquier persona que visite esa comunidad sabe que estos hechos son sumamente extraordinarios y, cómo es posible que el Tribunal pueda pensar que en la comunidad se encuentran casquillos en el preciso lugar donde se dieron los hechos, y no tenga la certeza de que están relacionados con los sucesos ocurridos tres días antes?. como si encontrar casquillos en esa comunidad fuera como encontrar arena en el mar? En todo caso, el haberse encontrado los casquillos, constituye un fuerte indicio que incrimina a los imputados. 3. En el apartado TERCERO, se relaciona la prueba pericial: 3.1 DICTAMEN DE BALÍSTICA FORENSE NÚMERO 2020-0801-0501-00524, la cual fue incorporada al debate y evacuada mediante lectura, previa ratificación del perito balístico Jorge Gutiérrez, a la que el Tribunal le concede valor probatorio ya que fue realizado por un perito especialista en la materia facultado por la ley para tal efecto, con dicho dictamen se logra acreditar que los cinco casquillos encontrados en el lugar de los hechos pertenecen al calibre nueve milímetros, fueron percutidos con un arma tipo pistola o sub ametralladora. Lo anterior, aunque no fue valorado por el tribunal, es consecuente con las declaraciones de los testigos, ya que se establece que el arma que portaba el imputado Selin Eleazar Fúnez era una pistola nueve milímetros, y que quien disparó al señor Armando Fúnez Medina fue el imputado, cuando llegó al lugar de los hechos y posteriormente ingresó a la cocina donde se encontraba la señora María Enriqueta Matute, y que se escucharon aproximadamente cinco detonaciones de arma de fuego lo expresó el testigo B-24-2-2017, misma que concuerda claramente con este dictamen en el que se describe cinco lesiones. 3.2 DICTAMEN DE AUTOPSIA NUMERO A-SPS-2285-13, el Tribunal le concede valor probatorio ya que fue realizado con un médico con experiencia en la materia, facultado para tal efecto, con el que se acredita que la señora María Enriqueta Matute falleció por la pérdida excesiva de sangre a consecuencia de cinco heridas en diferentes partes del cuerpo. El Tribunal concluye que los extremos cuestionados por la Consultora Técnica de la defensa resultan irrelevantes ya que con la otra prueba ya valorada no se ha probado la participación del encausado en el ilícito penal objeto de presente juicio. Esta apreciación del Tribunal, carece de toda lógica, pues contrario a lo que dice apreciar, con el Dictamen de Autopsia se confirman los extremos referente a la participación del imputado en el hecho enjuiciado. 3.3 DICTAMEN DE AUTOPSIA NUMERO A-SPS-2287-13, el Tribunal le concede valor probatorio, ya que fue realizado por un médico con experiencia en la materia, con el dictamen se acredita que el señor Armando Fúnez, falleció por traumatismo cráneo encefálico abierto y laceración cerebral a consecuencia de una herida en la cara provocado por proyectil de arma de fuego. Establece el Tribunal que los extremos aportados por la Consultora Técnica de la defensa son irrelevantes ya que con la otra prueba antes valorada no se ha probado la participación del encausado en el ilícito penal objeto del presente juicio. Conclusión que carece de sentido, pues debe ser correlacionada con la declaración de los testigos y el resto de la prueba que se ha evacuado, es coincidente pues se pone de manifiesto que el imputado, tal como lo expresaron los testigos antes mencionados, primero golpeó con el arma al occiso, lesión que fue verificada en el dictamen relacionado. 3.4 DICTAMEN DE AUTOPSIA NUMERO A-SPS-2286-13, el Tribunal le concede valor, ya que fue realizado por un médico con experticia en la materia, con el que se acredita que el señor RICARDO SOTO FUNEZ, falleció por laceración de aorta torácica, la consultora técnica establece que la autopsia no es completa ya que no establece un diagnóstico del cuerpo para determinar el tiempo de muerte, e hizo una aclaración sobre la distancia en que se dispara un arma de fuego, sin embargo para el Tribunal los extremos cuestionados son irrelevantes ya que con la otra prueba antes valorada no se ha probado la participación del acusado en el ilícito penal objeto del presente juicio. Sin embargo, en sus declaraciones los testigos expresaron que Selin se encontraba muy cerca a las víctimas, coincidente con los signos de ahumamiento en los cuerpos, por lo cual se debe dar credibilidad a su declaración. 4. En el apartado CUARTO, como prueba de descargo: 4.1 INFORME DE INVESTIGACIÓN, EL Tribunal deja establecido que el informe fue elaborado por la autoridad competente legalmente para tal efecto de acuerdo a lo contemplado en nuestra normativa, por lo que el Tribunal le da valor probatorio, sin embargo, aduce que o se le puede otorgar mayor valor en relación a la otra prueba antes valorada, porque no comparecieron los agentes que elaboraron el informe, a efecto de ratificar el mismo y poder ser sujeto a un interrogatorio de las partes y del Tribunal, además el informe no puede acreditar la participación del encausado en los hechos, ya que no presenciaron los mismos, y no se puede decir que sustenta lo manifestado por los testigos ya que no se sabe con quienes se entrevistaron los agentes de investigación y, en segundo lugar, el tribunal no le concede credibilidad a las declaraciones testificales de cargo. Sin embargo, el informe es el documento que sintetiza la forma en que se ejecutaron los hechos objeto del proceso, v se elabora en un momento más próximo a la fecha en que estos se suscitaron, y el mismo es concluyente en cuanto a la forma y circunstancias en las cuales los imputados los ejecutaron, dejando claramente establecido que el día veinticinco de agosto de dos mil trece, los señores Selin Eleazar Fúnez Bonilla y Carlos Roberto Luque llegaron a la comunidad de San Francisco Locomapa, Yoro, a bordo de una motocicleta, y que los miembros de la tribu indígena al ver a los hombres armados corrieron hacia la propiedad de María Enriqueta Matute, fue cuando los imputados comenzaron a disparar, cayendo abatidos a tiros en el solar propiedad de Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina y la señora María Eriqueta dueña del predio, por lo que lo investigado por los agentes hace una síntesis de las acciones delictivas ejecutadas por los imputados a quienes en conclusión se les imputa el delito como co autores y tal aseveración no admite duda alguna. Como podéis apreciar Honorable Tribunal de Casación, la falta de valoración de esta prueba por el Tribunal de Sentencia, muestra su desconocimiento inexcusable de la prueba indiciaria o circunstancial que genera un grave clima de inseguridad e impunidad en el país. El Tribunal Constitucional Español ha entendido que la prueba indiciaria o circunstancial es "aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos de delito, pero de los que se puede inferir éstos y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar". Asimismo, ha sostenido que "la presunción de inocencia es una presunción iuris tantum, que se desvirtúa por prueba en contrario. Y que sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria. Pero que es un hecho que en los juicios criminales no siempre es posible esa prueba directa por muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla. Por lo que prescindir de la prueba indiciaria conduciría, en ocasiones, a la impunidad de ciertos delitos y especialmente, los perpetrados con particular astucia, lo que provocaría una grave indefensión social' Asimismo, la jurisprudencia constitucional española ha reiterado que para distinguir entre pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y simples sospechas han de darse los siguientes requisitos básicos a saber: a) Los indicios deben estar plenamente probados, b) Han de ser una pluralidad, no bastando uno sólo. c) El nexo causal ha de ser racional y lógico. En el caso que nos ocupa, resulta evidente la concurrencia de todas estas exigencias porque existe una pluralidad de indicios totalmente acreditados a saber: 1.-EI imputado, Selin Eleazar Fúnez Bonilla, en compañía del otro imputado, llegaron al lugar de los hechos, la comunidad indígena Tolupán de San Francisco Locomapa, aproximadamente a las cinco de la tarde a bordo de una motocicleta, armados con un arma nueve milímetros (Selin) y una escopeta, lo cual constituye un irrefutable Indicio de Oportunidad, que acredita la presencia del imputado en el lugar, fecha y hora de comisión del hecho delictivo. 2.- Las declaraciones testificales son coincidentes con la prueba científica evacuada y en ningún momento se contradicen en relación a la muerte del señor Armando Fúnez, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute por lo que se debe dar valor a sus declaraciones, que relacionándolas de manera integral con otros medios de prueba, como las actas de levantamiento que se presentaron, los albums fotográficos en los que se describe cómo se encontraron los cuerpos de las víctimas minutos después de haberse cometido el hecho, sobre la acción del imputado, su participación a título de autor en los mismos es irrefutable. Todos estos indicios plenamente probados y que no constituyen meras sospechas sino hechos acreditados con medios de prueba fidedignos, guardan un nexo causal racional y lógico, que si el tribunal hubiera realizado un proceso de inferencia hubiera fácilmente encontrado ese nexo causal existente entre estos indicios o hechos antecedentes o hechos bases con el hecho presunto, como ser el hecho de que fue el señor Selin Eleazar Fúnez Bonilla, quien cometió las acciones delictivas imputadas. Con todo el as probatorio que se ha mencionado resulta evidente el grave vicio de apreciación de la prueba hecha por el tribunal, por la infracción de la regla de la lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente y fundada para considerar verdadera la conclusión, pues todo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Como el juzgador ha restado valor probatorio a las pruebas practicadas, llegando a otras conclusiones, ha violado las reglas de la lógica de la derivación, pues ha extraído conclusiones que no guardan concordancia con el contenido de esas pruebas a que me he referido ampliamente. Por lo que se puede establecer que las conclusiones a que ha arribado el sentenciador están al margen de las reglas de la sana crítica, porque no cabría más que aceptar la participación del imputado en el ilícito imputado y, al no entenderlo así, el juzgador ha incurrido en una grave violación de las reglas del entendimiento humano, siendo imperante que vosotros honorable Tribunal de Casación como última ratio, reviséis las pruebas que constan en el acta del debate para comprobéis lo expuesto en mi petitoria, que en la descalificación de la prueba no se han esgrimido los razonamientos suficientes que soportan el peso aquilatado del contenido de la misma, con lo que se mancilla una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, en lo referente a la valoración en forma conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba evacuada en juicio.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal infringida: Sin definir. • Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. • Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Arguye la parte recurrente que el Tribunal ha violentado la regla lógica en su postulado de derivación, integrado por el principio de razón suficiente, al restarle valor a lo narrado por los Testigo Protegidos, argumentando la existencia de contradicciones en sus declaraciones; sin embargo, se expone que dichas diferencias se refieren a aspectos secundarios y son explicables por el paso del tiempo, la complejidad de los hechos y las condiciones en que ocurrieron, sin afectar los elementos esenciales de sus testimonios, los cuales coinciden en aspectos relevantes como la presencia del imputado en el lugar de los hechos, el uso de armas de fuego y la forma en que se ejecutó el ataque contra las víctimas. Asimismo, se señala que el tribunal no realizó una valoración conjunta e integral de la prueba, pues no relacionó adecuadamente las declaraciones testificales con otros medios probatorios incorporados al proceso. De igual manera, se critica la valoración realizada respecto de la prueba documental y científica, elementos que resultan compatibles con lo declarado por los testigos. Pese a ello, el tribunal concluyó que dichas pruebas no demostraban la participación del imputado, razonamiento que se considera contradictorio e ilógico, violentando así las reglas de la sana crítica. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación con el grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 1. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. Observa esta Sala de lo Penal, que la parte recurrente reclama que el Juzgador al dictar la sentencia condenatoria viola las reglas de la sana critica, indicando que los medios de prueba no fueron valorados conforme a la regla de la lógica en su característica de no contradicción, esta Sala de lo Penal encuentra que la parte recurrente no hace uso de una correcta técnica recursiva, si bien señala el fundamento del vicio al momento de exponer el motivo de casación divagan en argumentos propios de instancia, haciendo una valoración alterna de la prueba de como debió ser valorada la misma por el Tribunal de Sentencia a favor de su representado, sin centrar de forma clara y precisa cuáles son esas inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia, que estén reñidas con la regla de la lógica en este caso de no contradicción. Considerando el principio de convencionalidad y el derecho de las partes a recurrir el fallo, esta Sala de lo Penal, procede a realizar un análisis de la valoración probatoria efectuada por el A-quo, no encuentra que los razonamientos del sentenciador se hayan apartado de los lineamientos de la sana crítica como lo denuncia la recurrente; todo lo contrario en el apartado “Valoración Conjunta de la Prueba” el sentenciador a efectuado una valoración amplia conjunta y armónica de toda la prueba, aplicando en ellos las reglas de la sana crítica para el caso tenemos: Al examinar la sentencia recurrida, se observa que las conclusiones a las que arriba el tribunal se encuentran plenamente ajustadas a los principios rectores de la sana crítica, pues resultan de una valoración concatenada, lógica, coherente y apoyada tanto en la inmediación como en la inspección de los hechos. Exponiendo de manera detallada, lógica y coherente las razones que lo condujeron a la decisión absolutoria. En efecto, el órgano jurisdiccional de instancia desarrolló un proceso argumentativo en el cual examinó los distintos medios de prueba evacuados durante el juicio oral, tales como la prueba testifical, documental y pericial, explicando con claridad el valor que otorgó a cada uno de ellos y las razones por las cuales algunos resultaban insuficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado. En relación con la prueba testifical, el Tribunal de Sentencia llevó a cabo un análisis de las declaraciones rendidas por los testigos protegidos identificados con las claves A-24-2-2017 y B-24-2-2017, estableciendo que dichas declaraciones presentaban contradicciones sustanciales entre sí y respecto de las versiones brindadas en diferentes momentos procesales, tales como en las audiencias iniciales y en el propio debate oral. En ese sentido, el tribunal señaló inconsistencias en aspectos relevantes de los hechos, como la ubicación desde la cual los testigos manifestaron haber observado los acontecimientos, la secuencia en que ocurrieron las muertes, la forma en que se desarrollaron los disparos y la participación atribuida a los supuestos autores. Estas contradicciones fueron consideradas por el tribunal como elementos que afectan directamente la fiabilidad y credibilidad del testimonio, generando dudas razonables sobre la veracidad de las versiones proporcionadas. Asimismo, el tribunal explicó que dichas inconsistencias no se limitaban a aspectos secundarios o meramente circunstanciales, sino que incidían en elementos esenciales para la reconstrucción de los hechos, lo que impedía otorgarles pleno valor probatorio para sustentar una condena penal. De igual forma, en cuanto al testigo protegido C-25-2-2017, el tribunal determinó que su declaración no resultaba útil para acreditar la participación del imputado en los hechos, ya que el propio testigo manifestó que no presenció directamente el momento en que ocurrieron las muertes, limitándose a relatar circunstancias posteriores o referencias indirectas sobre lo sucedido. Por otra parte, el Tribunal de Sentencia procedió a analizar la prueba documental y pericial, particularmente las actas de levantamiento cadavérico, actas de defunción, inspección ocular del lugar de los hechos y el dictamen de balística forense, reconociendo que dichos medios probatorios sí permiten establecer con certeza la existencia del hecho punible, es decir, la muerte violenta de las víctimas, así como el lugar, la fecha, la causa y la manera de dichas muertes. En ese sentido, la prueba pericial médico-legal determinó que las víctimas fallecieron como consecuencia de lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, incluyendo daños severos a órganos vitales y, en uno de los casos, la laceración de la aorta torácica, lo cual constituyó la causa directa de la muerte. Sin embargo, el tribunal razonó que, si bien dicha prueba resulta suficiente para acreditar la materialidad del hecho delictivo, no permite establecer de manera directa la autoría o participación del imputado, puesto que los dictámenes periciales y la documentación incorporada al debate únicamente describen las características de las lesiones, la trayectoria de los disparos y las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos, sin vincular de manera concreta al acusado con la ejecución de los disparos o con la producción de las muertes. De esta forma, el Tribunal de Sentencia realizó una valoración conjunta e integral de todos los medios de prueba, concluyendo que, aunque se encuentra acreditada la comisión de tres muertes violentas, no existe prueba suficiente, coherente y fiable que permita atribuir con certeza la responsabilidad penal al imputado. En virtud de ello, el tribunal determinó que subsiste una duda razonable respecto de la participación del acusado en los hechos, por lo que resultaba procedente dictar sentencia absolutoria en aplicación del principio de presunción de inocencia. Desde esta perspectiva, al examinar el razonamiento desarrollado por el tribunal se observa que no existe error en la derivación de la prueba, ya que las conclusiones alcanzadas por el juzgador se desprenden de manera lógica y razonada de los elementos probatorios analizados. El tribunal identificó los medios de prueba relevantes, explicó el valor probatorio que les otorgó, señaló las contradicciones existentes en los testimonios y fundamentó de forma expresa las razones por las cuales dichas declaraciones no podían ser consideradas suficientes para sustentar una condena penal. Este proceso argumentativo evidencia una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, pues el tribunal basó su decisión en criterios de lógica, experiencia y conocimiento jurídico, descartando valor probatorio a aquellos medios que no ofrecían credibilidad o consistencia. Es importante destacar, además, que la valoración de la credibilidad de los testigos constituye una facultad propia y exclusiva del Tribunal de Sentencia, en virtud del principio de inmediación, que rige el juicio oral y público. Dicho principio implica que el tribunal que preside el debate es el único órgano jurisdiccional que tiene contacto directo con la prueba personal, pudiendo observar de manera directa la conducta de los testigos, su forma de declarar, la coherencia de sus respuestas y las circunstancias en que se produce la declaración. Por esta razón, corresponde a dicho tribunal determinar el grado de credibilidad que merece cada testimonio. En consecuencia, la Sala Penal, en sede de casación, no puede sustituir la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia ni efectuar una nueva apreciación sobre la credibilidad de los testigos, salvo que se evidencie un quebrantamiento manifiesto de las reglas de la sana crítica, es decir, que la decisión del tribunal resulte ilógica, arbitraria o carente de motivación suficiente. No obstante, en el caso de mérito no se observa tal situación, ya que el tribunal expuso de manera razonada y debidamente fundamentada las razones por las cuales descartó determinados testimonios y consideró insuficiente la prueba de cargo. Por lo tanto, el análisis de la sentencia permite concluir que el Tribunal de Sentencia actuó dentro de los parámetros establecidos por la sana crítica racional, desarrollando una motivación clara, coherente y jurídicamente sustentada sobre la valoración de la prueba. La absolución dictada no obedece a una falta de análisis probatorio, sino precisamente al resultado de dicho análisis, en el cual el tribunal determinó que la prueba presentada no alcanzaba el grado de certeza requerido para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. En consecuencia, no se advierte quebrantamiento de las reglas de la sana crítica ni error en la derivación de la prueba, puesto que la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia se encuentra debidamente motivada, responde a una valoración racional de los medios probatorios y se ajusta a los principios que rigen el proceso penal, particularmente los principios de inmediación, presunción de inocencia y duda razonable. Por tal razón, la Sala Penal no puede intervenir para modificar o sustituir dicha valoración probatoria, al tratarse de una facultad que corresponde exclusivamente al tribunal que conoció directamente de la práctica de la prueba en el juicio oral. De todo lo anterior, resulta procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la recurrente. Decisión No Ha Lugar el Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, en único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 212, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en único motivo interpuesto por la Abogada Jany Del Cid Martínez, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. –. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. - Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. – Pia Cristina Mejia Nuñez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 13 días del mes de agosto de 2026. Certificación de la Sentencia dictada a los dieciséis de marzo de dos mil veintiséis, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-68-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
SECRETARIA SALA DE LO PENAL”