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Sentencia CP-629-21 — Registro 20164

Resumen

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló absolviendo al acusado por los delitos de usurpación de un derecho real y daños agravados, resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El recurrente plantea la violación a las reglas de la sana crítica, advirtiendo que el Juzgador emitió juicios de valor contrarios a estas normas en el momento que valoró la prueba, pues el Sentenciador afirmó: “El Tribunal de Sentencia, valorando conjuntamente, conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas practicadas en juicio, ha llegado a las siguientes conclusiones: Que se evacuo la prueba propuesta por el Ministerio Público, las cuales con su prueba documental Que de conformidad de documento de testimonio de la Escritura Pública Numero ciento cincuenta y tres (153) de Compra venta, otorgada por MARIA MELIDA CASTILLO favor de DIGNA CASTILLO CASTILLO, autorizada por el Notario Público MARCO ANTONIO MARTINEZ LOZANO. De fecha 25 de abril de 2003, de un inmueble rural, denominado EL MATAZANO, ubicado en el sitio en Jurisdicción del Departamento de La Paz. Inscrita bajo número 08, tomo 126 del Registro de Propiedad de La Paz, documento con las debidas formalidades de ley por lo que este tribunal no tiene dudas en la legalidad y autenticidad de los mismos. Con la prueba testifical de la señora DIGNA CASTILLO CASTILLO, quien es la única que manifestó ver al acusado en el lugar de los hechos, pero no brindo a este tribunal información vital para individualizar al acusado como ser: como andaba vestido ese día, la altura de él, color de piel u otras que no dejaran duda razonable a estos juzgadores. Sin el ánimo de ser reiterativo en cuanto a los efectos que deben ser tomados en consideración para valorar la prueba testifical, este tribunal aprecia que los dichos de este testigo únicamente podemos extraer un hecho acreditado mediante otros medios de prueba que es la propiedad Real de un bien in mueble como se ha venido mencionando, no desconoce el tribunal que la víctima es la declarante y esto pone en relieve un posible interés por perjudicar al acusado. El señor JOSE RITO MEJIA CASTILLO quien al momento de deponer su declaración fue muy claro al menciona únicamente que "El no conoce a nadie" razón por la cual las partes no procedieron a interrogarlo ya el mismo no sabe nada de los hechos de los cuales fue citado a declarar. Es así que este Tribunal al solo contar con los medios de prueba supra valorada y los documentales como ser lo Informe de inspección de campo, de fecha treinta de julio del 2014, Dictamen técnico de fecha 17 de octubre del año 2013 emitido por el Ingeniero MANUEL TORRES,-Álbum fotográfico, Acta de inspección de fecha 26 de marzo del 2015 ratificado por el Ingeniero BAYRON GUILLEN, Autorización dada por la victima de fecha 17 de octubre del 2013 no puede acreditar el delito mucho menos la participación del señor ELMER RODOLFO RODRIGUEZ MANUELES por considerar este Tribunal que la prueba evacuada durante el Juicio Oral y Público fue insuficiente para demostrar los hechos y el delito por lo que formalizo la acusación. Es por tal razón que el Ministerio Publico no pudo enervar el estado de inocencia del imputado por insuficiencia probatoria.” El recurrente considera que con la prueba aportada por el Ministerio Público se logró demostrar aspectos fundamentales como: a) La participación del imputado demostrado según el censor por el testimonio de la ofendida; b) Que los dichos de la ofendida se corroboraron con el testimonio de la escritura pública; c) Que el dictamen emitido por el ICF se constató el corte de árboles y que se desarrollaron labores agrícolas y d) Que con el acta de inspección al lugar de los hechos se constató los extremos del dictamen del ICF, ya que se constató las especies forestales encontradas en el terreno. Para esta Sala de lo Penal, el recurrente ha equivocado la vía recursiva para hacer valer su reclamo casacional, pues los aspectos a los que hace referencia respecto al dictamen del ICF y el Acta de Inspección, no fueron en ningún momento referidas en las valoraciones del Juzgador, de ahí pues que no nos encontramos ante un quebranto a las reglas de la sana crítica, sino más bien a una insuficiencia motivación jurídica, pero la Sala de lo Penal, debido al recurso extraordinario de casación, ve limitado su accionar y no puede sino resolver lo planteado por el peticionante, pues carece de oficiosidad, por lo que no podemos dar una respuesta más allá de lo peticionado por el impetrante. En el presente caso, las reglas de la sana crítica fueron correctamente aplicados, pues de la prueba valorada por el Juez, específicamente la declaración de la víctima y la escritura pública, lo que se puede derivar de ello es a quien pertenece el terreno en disputa, resultando insuficiente la prueba para acreditar los hechos y el delito que formalizó el ente acusador; para esta Sala de Casación la posición del Tribunal de Sentencia es correcta y acorde a las reglas de la sana crítica, por lo que este motivo debe ser desestimado. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-629-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a doce días del mes de enero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian. En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 629-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero: Absolvió a Elmer Rodolfo Rodriguez Manueles, por el delito de Usurpación de un Derecho Real y Daños Agravados, en perjuicio de Digna Castillo Castillo y El Medio Ambiente del Estado de Honduras. Segundo: No procedió condenar en costas al Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: La abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, como Defensora Privada de Elmer Rodolfo Rodriguez Manueles y parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: Que de conformidad de documento de testimonio de la Escritura Pública Numero ciento cincuenta y tres (153) de Compra venta, otorgada por MARIA MELIDA CASTILLO favor de DIGNA CASTILLO CASTILLO, autorizada por el Notario Público MARCO ANTONIO MARTINEZ LOZANO. De fecha 25 de abril de 2003, de un inmueble rural, denominado EL MATAZANO, ubicado en el sitio en Jurisdicción del Departamento de La Paz. Inscrita bajo número 08, tomo 126 del Registro de Propiedad de La Paz.”Recurso De Casación. Motivos y ArgumentosEl recurrente abogado Celso Cesar Acosta Martínez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO UNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el Tribunal de Sentencia de Comayagua no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica. Para acreditar el vicio es necesario conocer las consideraciones del Juzgador al momento de valorar cada uno de los medios de prueba de cargo, siendo estas las siguientes: • En relación a la prueba documental consistente en la Escritura Pública número ciento cincuenta y tres (153) de compra venta, otorgada por María Mélida Castillo a favor de Digna Castillo Castillo de un inmueble rural, denominado EL MATAZANO, el tribunal no tiene dudas en la legalidad y autenticidad de los mismos, respecto a la prueba testifical de la señora DIGNA CASTILLO CASTILLO es la única que manifestó ver al acusado en el lugar de los hechos pero para el tribunal esta testigo no brindo información vital para individualizar al acusado como ser: como andaba vestido ese día, la altura de él, color de piel u otros elementos de identificación que no dejaran duda razonable para esos juzgadores, en cuanto al testigo José Rito Castillo este sólo se limitó a manifestar "no conoce a nadie" el Juzgador consideró que únicamente se contó con los medios de prueba supra valorados y los documentales consistentes en el informe de inspección de campo, dictamen técnico emitido por el Ingeniero Manuel Torres, Álbum fotográfico, acta de inspección ratificada por el Ingeniero Bayron Guillen, autorización de la víctima, pero que con dichos medios de prueba no se pudo acreditar el delito, mucho menos la participación del señor ELMER RODOLFO RODRIGUEZ MANUELES. (ver en su totalidad el apartado de Valoración Conjunta en la Sentencia, páginas3). Las anteriores apreciaciones hechas por el Juzgador, las consideramos como una infracción a la Regla Lógica de la Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Tribunal como conclusión que: "Que la prueba evacuada durante el Juicio Oral y Público fue insuficiente para demostrar los hechos y el delito" (Ver última parte del apartado de valoración conjunta en la sentencia, Página 4). Consideramos que, si el Tribunal de Comayagua hubiese hecho una correcta valoración de la prueba en conjunto, habría concluido en la responsabilidad del encausado como participe del delito de Usurpación y Daños Agravados, pues los medios de prueba de cargo allegados al proceso se complementan entre sí y son coherentes en su contenido, los mismos sirvieron de fundamento para acreditar tanto los elementos de tipificación legal de los delitos, así como la participación del imputado en los hechos. Para acreditar la inobservancia de las Reglas de la Sana Critica al momento de valorar la prueba por parte de los Juzgadores, desarrollaremos en el siguiente apartado los aspectos fundamentales que lograron demostrarse en juicio a través del elenco probatorio debidamente allegado y evacuado durante el debate, los cuales señalamos continuación: • La participación del imputado se demostró con el testimonio de la ofendida, quien al momento de rendir declaración señaló que miró al acusado como parte del grupo que estaba dentro de su propiedad, agregando que les manifestó que el terreno era de ella y que además no era apto para la agricultura por ser de vocación forestal, a lo que el imputado le contestó "que ellos lo necesitan para sembrar" la ofendida también declaró que el bosque lo habían descombrado. • Los dichos de la ofendida fueron corroborados con el resto de la prueba, por ejemplo, con el testimonio de la escritura pública número 153 se demostró que el terreno donde estaba el grupo, entre ellos el encausado, es propiedad de la ofendida cuya posesión mantiene desde el año 2003. • Asimismo con el dictamen técnico emitido por el Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) se constataron dos aspectos relevantes: Primero, el corte de al menos 223 árboles distribuidos en cinco lotes de terreno, señalando dicho dictamen que el corte se realizó en forma ilegal pues el área afectada se encuentra dentro del plan de manejo forestal y segundo, que en los lotes 1 y 2 del área afectada se desarrollaban labores agrícolas de cultivo de frijoles en asocio con cultivo de maíz, labores agrícolas que no cuenta con la respectiva autorización del ICF, estos hallazgos corroboran lo señalado por la ofendida en cuanto al descombro del bosque y que el encausado junto con otras personas afectaron la propiedad con una finalidad distinta a la vocación forestal que por naturaleza tiene el terreno en conflicto. • De igual forma con el acta de Inspección al lugar de los hechos junto con el Informe Técnico de Medio Ambiente fue posible ratificar tanto los aspectos señalados por el ICF desarrollados en el párrafo anterior, come les dietros de la ofendida, pues el técnico constató que por el tipo de especies forestales encontradas en el terreno como ser, PINO, ENCINO, ROBLE Y NANCE dicha zona corresponde a un AREA DE VOCACIÓN FORESTAL, tal como lo establece la Ley Forestal, identificando también las afectaciones que van desde LA ROZA de la vegetación inferior, el ANILLAMIENTO Y LA TALA de los árboles de vegetación superior, y el DESCOMBRO de bosque en un área de 8.1921 Hectáreas, además se verificó el desarrollo de actividades agrícolas y establecimiento de viviendas improvisadas tipo chozas, demostrando que la intención del imputado junto con el grupo era apropiarse del terreno y utilizarlo para la agricultura. El tribunal en relación a la declaración de la ofendida consideró que la víctima no proporcionó característica de identificación como ser tipo de ropa, estatura y color piel y la carencia de esos aspectos no les permitió vincular al imputado en los hechos, consideramos que ese argumento violenta las reglas de la Sana Crítica, pues las exigencias del tribunal resultan irrelevantes ya que la víctima al rendir testimonio fue clara y contundente al identificar al imputado por su nombre y apellido, y es obvio que por su condición de víctima tiene un interés en el proceso, quien al sentirse afectada con las actuaciones del imputado decide acudir a los Tribunales buscando justicia así como la restitución de su posesión. Por lo cual la prueba en su conjunto sí logró demostrar tanto la existencia de los delitos de Usurpación y Daños Agravados, así como la participación del imputado como autor de los hechos, pues se demostró que él es parte del grupo que usurpó el terreno propiedad de la ofendida, realizando acciones de tala y descombro del bosque con la finalidad de realizar labores de agricultura cuando la naturaleza de dicha zona está destinada para vocación forestal. Una valoración de la prueba en consonancia con las reglas de la sana. crítica, hubiese llevado al sentenciador a concluir en la participación del encausado como responsable de los hechos, pues la prueba debió valorarse de forma conjunta y concatenada siendo así, la conclusión a la que hubiese llegado el Tribunal sería definitivamente opuesta, es decir, a considerar la responsabilidad del imputado como responsable de la comisión de los delitos de Usurpación y Daños Agravados. En este orden, de los resultados obtenidos con la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el Tribunal de Sentencia de Comayagua no consideró la responsabilidad del acusado como autor de los hechos, mismos que fueron demostrados mediante la evacuación de los medios de prueba legalmente incorporados al debate, realizando el Tribunal una apreciación errónea del valor que le merece la prueba, ya que ésta, al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce a la inexorable conclusión de que el imputado junto con un grupo de personas se apropió del terreno propiedad de la ofendida Digna Castillo, talaron y descombraron el bosque, hechos delictivos por los cuales fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el Tribunal de Sentencia al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. • Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica. • Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna. •Pretensión: que se declare ha lugar el recurso, se anule el fallo recurrido y se ordene la devolución de los antecedentes. Explicó el recurrente que la valoración del Sentenciador en relación a la prueba documental y testifical, infringen la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, pues el Juzgador concluyó que la prueba evacuada fue insuficiente para demostrar los hechos y el delito; pero si hubiese realizado una correcta valoración de la prueba en conjunto, habría concluido en responsabilidad para el acusado. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El recurrente plantea la violación a las reglas de la sana crítica, advirtiendo que el Juzgador emitió juicios de valor contrarios a estas normas en el momento que valoró la prueba, pues el Sentenciador afirmó: “El Tribunal de Sentencia, valorando conjuntamente, conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas practicadas en juicio, ha llegado a las siguientes conclusiones: Que se evacuo la prueba propuesta por el Ministerio Público, las cuales con su prueba documental Que de conformidad de documento de testimonio de la Escritura Pública Numero ciento cincuenta y tres (153) de Compra venta, otorgada por MARIA MELIDA CASTILLO favor de DIGNA CASTILLO CASTILLO, autorizada por el Notario Público MARCO ANTONIO MARTINEZ LOZANO. De fecha 25 de abril de 2003, de un inmueble rural, denominado EL MATAZANO, ubicado en el sitio en Jurisdicción del Departamento de La Paz. Inscrita bajo número 08, tomo 126 del Registro de Propiedad de La Paz, documento con las debidas formalidades de ley por lo que este tribunal no tiene dudas en la legalidad y autenticidad de los mismos. Con la prueba testifical de la señora DIGNA CASTILLO CASTILLO, quien es la única que manifestó ver al acusado en el lugar de los hechos, pero no brindo a este tribunal información vital para individualizar al acusado como ser: como andaba vestido ese día, la altura de él, color de piel u otras que no dejaran duda razonable a estos juzgadores. Sin el ánimo de ser reiterativo en cuanto a los efectos que deben ser tomados en consideración para valorar la prueba testifical, este tribunal aprecia que los dichos de este testigo únicamente podemos extraer un hecho acreditado mediante otros medios de prueba que es la propiedad Real de un bien in mueble como se ha venido mencionando, no desconoce el tribunal que la víctima es la declarante y esto pone en relieve un posible interés por perjudicar al acusado. El señor JOSE RITO MEJIA CASTILLO quien al momento de deponer su declaración fue muy claro al menciona únicamente que "El no conoce a nadie" razón por la cual las partes no procedieron a interrogarlo ya el mismo no sabe nada de los hechos de los cuales fue citado a declarar. Es así que este Tribunal al solo contar con los medios de prueba supra valorada y los documentales como ser lo Informe de inspección de campo, de fecha treinta de julio del 2014, Dictamen técnico de fecha 17 de octubre del año 2013 emitido por el Ingeniero MANUEL TORRES,-Álbum fotográfico, Acta de inspección de fecha 26 de marzo del 2015 ratificado por el Ingeniero BAYRON GUILLEN, Autorización dada por la victima de fecha 17 de octubre del 2013 no puede acreditar el delito mucho menos la participación del señor ELMER RODOLFO RODRIGUEZ MANUELES por considerar este Tribunal que la prueba evacuada durante el Juicio Oral y Público fue insuficiente para demostrar los hechos y el delito por lo que formalizo la acusación. Es por tal razón que el Ministerio Publico no pudo enervar el estado de inocencia del imputado por insuficiencia probatoria.” El recurrente considera que con la prueba aportada por el Ministerio Público se logró demostrar aspectos fundamentales como: a) La participación del imputado demostrado según el censor por el testimonio de la ofendida; b) Que los dichos de la ofendida se corroboraron con el testimonio de la escritura pública; c) Que el dictamen emitido por el ICF se constató el corte de árboles y que se desarrollaron labores agrícolas y d) Que con el acta de inspección al lugar de los hechos se constató los extremos del dictamen del ICF, ya que se constató las especies forestales encontradas en el terreno. Para esta Sala de lo Penal, el recurrente ha equivocado la vía recursiva para hacer valer su reclamo casacional, pues los aspectos a los que hace referencia respecto al dictamen del ICF y el Acta de Inspección, no fueron en ningún momento referidas en las valoraciones del Juzgador, de ahí pues que no nos encontramos ante un quebranto a las reglas de la sana crítica, sino más bien a una insuficiencia motivación jurídica, pero la Sala de lo Penal, debido al recurso extraordinario de casación, ve limitado su accionar y no puede sino resolver lo planteado por el peticionante, pues carece de oficiosidad, por lo que no podemos dar una respuesta más allá de lo peticionado por el impetrante. En el presente caso, las reglas de la sana crítica fueron correctamente aplicados, pues de la prueba valorada por el Juez, específicamente la declaración de la víctima y la escritura pública, lo que se puede derivar de ello es a quien pertenece el terreno en disputa, resultando insuficiente la prueba para acreditar los hechos y el delito que formalizó el ente acusador; para esta Sala de Casación la posición del Tribunal de Sentencia es correcta y acorde a las reglas de la sana crítica, por lo que este motivo debe ser desestimado. DecisiónSe declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Celso Cesar Acosta Martínez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa en la que se absolvió al señor Elmer Rodolfo Rodriguez Manueles, por el delito de Usurpación de un Derecho Real y Daños Agravados, en perjuicio de Digna Castillo Castillo y El Medio Ambiente del Estado de Honduras. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese.Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Lety Emelda Posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los doce días del mes de enero del dos mil veintiseis, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-629-2021.

LETY EMELDA POSADAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL