Sentencia CP-579-21 — Registro 20413
Resumen
El Tribunal de Sentencia absolvió al acusado de los delitos de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial y Posesión para el Tráfico de Drogas. La Sala de lo Penal resolvió declarar Ha Lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público por considerar que se excluyó prueba de valor decisivo, que consistió en un allanamiento de morada realizado por la Policía y declaró la nulidad del juicio y manda a que se repita el debate celebrado, ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso. El Único Motivo es de Recibo. Este Tribunal de Casación luego de analizar de manera detallada la sentencia recurrida, así como el acta de debate, concluye que la recurrente tiene razón al establecer que el Juzgador excluyó prueba de valor decisivo, por considerar ilícitas y excluye de valoración el acta de inspección ocular, el acta de decomiso de cuatro armas, acta de decomiso de la droga encontrada en la casa del acusado, dictamen toxicológico, dictamen de balística forense. Considera esta Sala de lo Penal que se debe tomar en consideración las circunstancias en que se suscitaron los hechos y el lugar donde se llevó a cabo el allanamiento; en primer lugar, se contó con la declaración de los policías Carlos Orlando Álvarez Gutierrez y Daniel Ramos Ruiz, quienes fueron enfáticos al establecer que el acusado Maximiliano García les había otorgado autorización para ingresar a la vivienda; también se evacuó la propia autorización del imputado, misma que no fue cuestionada de si era o no la firma del acusado, por lo que la misma se tiene como válida. Dentro de los argumentos del A-quo para excluir la prueba por considerarla ilícita, refieren que no se solicitó al Juez de Garantías la respectiva convalidación, pero olvidan los Sentenciadores que la convalidación se da en aquellos casos que por urgencia o necesidad no se haya podido solicitar autorización judicial, y ante la presentación del permiso del dueño de la vivienda, no hay razón para convalidar un acto que fue consentido por el morador del domicilio, existiendo en ese sentido confusión por parte del Juzgador. Lastimosamente, no contamos con la versión del acusado Garcia para que nos orientara acerca de cómo y en qué circunstancias firmó la autorización de ingreso a la policía para inspeccionar su vivienda; concluye esta Sala de Casación que, de las deposiciones de los agentes policiales no se desprende que se haya vulnerado ninguna garantía constitucional, tomando en consideración que el propio encartado otorgó autorización para que la autoridad pública ingresara a su morada; en tal sentido, considera esta Sala de lo Penal, que en efecto el Sentenciador ha incurrido en exclusión de medios de prueba importantes para la Litis, yerro procesal que merece reproche casacional, debiéndose anular la sentencia así como el juicio celebrado y ordenando la celebración de un nuevo debate para la enmienda del error judicial cometido, con el conocimiento de togados diferentes al juicio anulado. Esta Sala de Casación observa, que este expediente fue ya fallado pues es un segundo reenvió que se conoce en este Tribunal y por las mismos motivos casacionales, considerando necesario que los Tribunales de Sentencia lean y analicen las sentencias venidas en casación, pues sin duda alguna el desconocimiento de las resoluciones de este máximo Tribunal hace que los nuevos jueces que conocen un caso en reenvío, incurran en los mismos errores judiciales, lo que se traduce en un gasto estatal al estar realizando por tercera vez un juicio, por el hecho de no haber analizado los fallos que se dicten en esta etapa casacional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 579-2021, que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 579-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero: Absolvió a Maximiliano García, de los delitos de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de uso Comercial y Posesión para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras y la Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: No procedió la condena en costas al Ministerio Público. Tercero: No procedió el comiso. Son Partes En La Única Instancia La abogada Yanory de Jesús Ramos González, como Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. Hechos Probados “UNICO: En fecha 21 de julio del 2012 aproximadamente a las 5:22 minutos de la tarde agentes de la policía ingresaron sin orden judicial previa a la vivienda del señor MAXIMILIANO GARCIA en el barrio El Centro del Municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz, en busca de licor cumpliendo con dicho fin, sorpresivamente encuentran en el escritorio 4 armas de fuego de uso comercial y una bolsa conteniendo en su interior hierba seca, posteriormente eso de puesto en conocimiento del Juez de Letras competente quien no realizó convalidación alguna del allanamiento realizado.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos La recurrente abogada Elba Leticia Cruz Flores, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. ÚNICO MOTIVO: "Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo." PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. El artículo 202 del Código Procesal Penal establece que: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida" (lo resaltado es agregado), aspecto que se reafirma con la obligación de fundamentación contenida en la regla cuarta numeral 2 del artículo 338, siempre de la norma supra referida, por la cual los jueces deben expresar las pruebas valoradas para dar por acreditados los hechos, en consecuencia, no les es permitido omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso. De lo antes expuesto, vemos que el tribunal sentenciador se ve en la obligación al momento de dictar sentencia de apreciar todos y cada uno de los medios probatorios desarrollados en el debate, es decir, aún aquellos que a simple vista se aprecia como inútiles para el esclarecimiento de los hechos, siempre y cuando hayan sido evacuados en el mismo, merecen un pronunciamiento respecto a su valoración, a través del cual a la probanza se le brinde el contenido, exigido o crucial, que la misma merezca y por ende constituya el respaldo fáctico o bien de una condena, o de una absolución. Por su parte, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido que: "el artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requieren un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo... "; Esta afirmación también se encuentra plasmada en los fallos emitidos en los expedientes SP-90-2001 y SP165-2007, de ahí que en el caso sub judice nos encontramos ante el vicio casacional invocado ya que al examinar la sentencia censurada, así como las probanzas que sirvieron de fundamento para la misma, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido, excluyó pruebas de VALOR DECISIVO, consistentes en: Autorización de Ingreso a Vivienda. Arribando a la conclusión de que "...en el caso que nos ocupa puede apreciar este Tribunal que no se reúnen los requisitos para que pueda considerarse legitimo el allanamiento realizado a la casa de habitación del señor Maximiliano García, no obstante lo anterior, al haber hecho este descubrimiento de armas y supuesta droga dentro de la casa en la que se andaba verificando la existencia de la venta de bebidas alcohólicas, el Ministerio Público una vez que hizo de conocimiento de todos estos hechos al Juez de Letras Competente, pudo haber solicitado la convalidación de este allanamiento..., el Ministerio Público al encontrase ante un hallazgo inevitable, al no haberse convalidado el allanamiento, toda la prueba obtenida a partir de este momento no goza de ningún valor probatorio para este Tribunal por considerarla ilicita por lo que este Tribunal no entrará a valorar prueba que no tuvo el respeto a las garantías constitucionales y derechos inalienables que amparan al ahora imputado". La anterior consideración por parte del Tribunal es la que da origen al vicio que motiva la presente impugnación, al haber excluido de la valoración probatoria, los medios de prueba antes señalados. Razonamiento que produjo como consecuencia el fallo absolutorio a favor del procesado. Es precisamente, bajo el argumento anteriormente transcrito, que el Juzgador declara ilícito, según su criterio, el "Allanamiento" realizado en la vivienda del acusado, y excluye de valoración el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son a) Acta de Inspección ocular: Realizada en la casa de habitación del señor Maximiliano García, donde se establece el hallazgo de cuatro armas de fuego y una bolsa plástica color amarillo conteniendo hierba seca; b) Acta de decomiso de cuatro armas de fuego, de fecha 21 de julio de 2012, ratificada por el agente de investigación Daniel Ramos Ruiz, la cual establece el decomiso de: 1) un arma de fuego tipo pistola marca Macarov, calibre 380, cacha color café sin serie y un cargador sin munición, 2) un arma de fuego marca Patent serie 2563720, cargador conteniendo 12 proyectiles, 3) un arma de fuego tipo pistola marca CZ 75D serie K0066, pavón negro, con dos cargadores con 28 proyectiles, 99mm 4) un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, marca borrosa, sin serie, mango color negro, de goma, decomisadas al acusado Maximiliano García. c) Acta de decomiso de una bolsa de plástico color amarillo, de fecha 21 de julio de 2012, ratificada por el agente de investigación Daniel Ramos Ruiz, la cual establece que contiene en su interior tres envoltorios de papel periódico conteniendo en su interior supuesta droga marihuana, d) Dictamen Toxicológico Forense número 2575-2012, elaborado por la doctora Karla María Medina, concluye que es marihuana, la cantidad no es compatible con la dosis considerada para consume personal inmediato y su peso es de 25.81 gramos. e) Dictamen Laboratorio Balística Forense N. 6533-2014, ratificado por el perito Marlon González, pericia practicada sobre cuatro armas de fuego el decomiso de: 1) Un arma de fuego, tipo pistola marca CZ, modelo CZ. 75 D. Compact, calibre 9mm, serie K0066, con dos cargadores y 28 cartuchos sin percutir 2) Un arma de fuego tipo pistola, marca STAR, modelo FR, calibre 22 LR, serie 990093 con su cargador y 12 cartuchos sin percutir. 3) Un arma de fuego tipo escopeta, marca NEW ENGLAND FIREARMS, modelo SB1, calibre 12 GA, sin serie legible. 4) Un arma de fuego tipo pistola, marca MAKAROV, modelo PM, calibre 9X18, MAKAROV, sin serie legible con su cargador. Se concluye que presentan perfecto estado de funcionamiento mecánico y operativo; decisión que resulta arbitraria y desacertada, ya que dichos medios de prueba constituyen prueba de valor decisivo, es así que, al establecer la ilicitud de la referida prueba cuya trascendencia es esencial, no fue posible acreditar la hipótesis del Ministerio Público, en ese sentido, es importante señalar el grave error en que ha incurrido el juzgador al declarar ilícito el "Allanamiento", conclusión que obedece a una apreciación equivocada de la diligencia de autorización para ingreso a la vivienda, pues en el presente caso lo que se dio fue una AUTORIZACION DE INGRESO A VIVIENDA, autorizada por el propio acusado Maximiliano García, misma que reúne todas las formalidades de ley, medio de prueba que se excluyó por ilícita sin serlo. Esta decisión adoptada por el Juzgador es la que reprocha a través de la casación el Ente Acusador, por cuanto la misma generó la destrucción del sustento probatorio de carácter decisivo que servía de base a la pretensión acusatoria; decisión que se aparta de la legalidad, por cuanto las diligencias referidas no vulneraron derecho o garantía fundamental alguna, por las razones que a continuación se exponen: Resulta evidente, que las razones expuestas por el Tribunal para negar valor probatorio a éste medio de prueba, earecen de fundamento, pues la constitución de la República establece en su artículo 99. "El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente.. , del estudio de este artículo se desprende que no procede y ni era necesaria la convalidación. Pues en el caso de estudio, el ingreso a la vivienda del acusado Maximiliano García, se realizó mediante Autorización de ingreso a vivienda firmada por el acusado, se demostró por los testigos Carlos Orlando Álvarez Gutiérrez y Daniel Ramos Ruiz, quienes manifestaron que previo al ingreso a la vivienda, solicitaron la autorización de ingreso, la cual fue firmada por el propio acusado. Por lo que no era necesaria la convalidación pues no se trató de un allanamiento sino de un registro autorizado por el señor Maximiliano García. Creemos que el juzgador está errado en su criterio, pues en este proceso se demostró que no se realizó el registro de la vivienda como una diligencia de Allanamiento, sino que existió una autorización de ingreso de parte del acusado, para acceder a su domicilio, un acto probadamente libre, y no constituye un ilícito, consecuentemente, estamos ante uno de los supuestos legítimos del artículo 99 Constitucional para ingresar al domicilio como es "Consentimiento del titular al no existir oposición por parte del titular del derecho, a que se penetre su esfera más íntima, la actuación investigadora será plenamente valida", y por ende, el andamiaje probatorio que se desprende de dicha diligencia, fue legalmente obtenido, por lo que merecen valía probatoria y resultan decisivas para acreditar la ocurrencia del ilícito penal de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL Y FACILITACION DEL LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS; así como la participación del encartado como autor de los mismos, ya que la autorización de ingreso a la vivienda, además de ser lícita es un medio de prueba de carácter decisivo como se ha explicado anteriormente, por ende los medios de prueba que desprenden de dicha diligencia merecen ser valorados y no como erradamente ha considerado el juzgador. Sobre este aspecto de la vulneración a la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio la sala de lo penal se ha pronunciado de la forma siguiente "I. El recurrente, expone la vulneración al artículo 99 de la Constitución de República de Honduras, al lesionarse derechos fundamentales como la Inviolabilidad del domicilio lo que a su vez implica la lesión del Derecho de Presunción de Inocencia, por haberse introducido al domicilio del acusado mediante una autorización que conmina y nulifica su voluntad, siendo ellos miembros de un cuerpo represivo del estado de Honduras sin que para ello se presentara testigos que determinara la flagrancia y justificara su actuación. La Prueba Documental que consiste en Acta de Allanamiento, la defensa pública la propuso para demostrar la ilegalidad del procedimiento referido en el artículo 212 del Código Procesal Penal, el cual dicha acta no fue Convalidada por ningún tribunal, obteniéndose los medios de prueba mediante teston de Garantías Constitucionales como Inviolabilidad del domicilio y la Presunción de Inocencia ha causado perjuicio a su representado. II. Esta Sala de lo Penal, no aprecia vulneración a la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, ya que el ingreso de la autoridad policial a la vivienda fue autorizado por el mismo imputado JOSE DEL CARMEN MARADIAGA GALLARDO (ver folios # 69 y 70), no siendo objeto de cuestionamiento la legalidad o autenticidad de la autorización, por lo que no era necesario para la validez, del ingreso, la convalidación por el Juez de Letras o Juez de garantías, por no tratarse propiamente de un allanamiento de morada, sino de un ingreso y registro consentido por la persona que habitaba la vivienda en este caso el mismo acusado, tal y como lo establece el artículo 99 de la Constitución de la República, "Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente"; habiendo renunciado el acusado al derecho a la inviolabilidad de su domicilio, ante la petición de acceso de la autoridad competente, sin que esté evidenciado en autos que en el consentimiento del otorgante de la autorización, estuviese afectada o viciada su voluntad, ya que la sola presencia de los agentes policiales, no es "per-se" causa de afectación del consentimiento. III. La Sala, ya ha reiterado en casos similares "que la autorización de ingreso a la vivienda, no requiere para su validez en juicio, de su sometimiento al procedimiento especial de convalidación judicial ante Juez competente, pues en realidad, no se trata propiamente de un allanamiento de morada, sino de un "ingreso autorizado" por una persona cotitular del derecho fundamental afectado, a la inviolabilidad del domicilio, derecho del que su morador le está permitido disponer libremente" (Véase sentencias de Casación de la Sala de lo Penal C. S. J., S. P. 43-2009, de 28 de septiembre de 2010; v S. P. 96-2009, de 24 de enero de 2012... es por ello, que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa". En el mismo orden de ideas y en similares circunstancias que la postura de la Sala anterior. esta Honorable Sala de Lo penal, ha determinado lo siguiente: ". 2) El derecho al debido proceso supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado . Así tenemos que la Constitución de la República, precisamente establece, que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable; en ese sentido, la inviolabilidad del domicilio regulada en el artículo 99 de la misma carta magna, posibilita la restricción de ese derecho en los supuestos allí regulados, remitiéndose a la ley para los casos de restricción del mismo. Ahora bien, es el propio artículo 99 de la Constitución el que establece los dos casos en que puede hacerse un ingreso o registro a un domicilio: a) Con el consentimiento de la persona que lo habita; y b) Con autorización judicial; en el caso de autos, no cabe duda que tuvo lugar el ingreso y registro con el consentimiento de la dueña de la morada, tal y como se demostró con el documento respectivo que corre agregado a Folio No. 41 frente, respecto al cual no se acreditó la existencia de algún vicio en el consentimiento ofrecido, ya que podemos verificar que fue escrita a mano por un agente, es decir, tuvo que ser redactada en el momento mismo del allanamiento, de tal suerte que en ella aparece el número de identidad de la señora Jenny Beatriz Campos Ríos y la única que podía proporcionar dicho número de identificación era la propia señora Campos Ríos. Se observa además, que dicha autorización es firmada por dos oficiales de investigación que sirven como testigo para convalidar la extensión de dicho documento y cumplir así con los requisitos legales que exige el Código Procesal Penal, en la última parte del artículo 212. 3) Asimismo, fue convalidado el registro, tal y como lo solicitó el Ministerio Público el día de la celebración de la audiencia de declaración de imputado, en aquel momento procesal el juez instructor convalidó judicialmente, aun cuando se contaba con la autorización de la dueña de la vivienda, resolución que fue consentida por ambas partes (Folio No. 22 frente). En relación a los argumentos del censor, relativos a la necesidad de contar con una orden de allanamiento y sobre la necesidad de observar el procedimiento del artículo 212 del Código Procesal Penal, cabe hacer notar que al allanamiento prevé el consentimiento de la compañera de hogar del sospechoso como un medio para allanar la vivienda y de la convalidación judicial realizada por el Juez de Garantía. Asimismo, la parte final del párrafo segundo del artículo 212 del Código Procesal Penal, dispone que en lo demás se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República, reconociendo con ello un tratamiento particular para el ingreso o registro de la vivienda con consentimiento del que la habita, no destinado originalmente para darle captura, sino para realizar un registro, en consecuencia, este Tribunal de Casación, no aprecia que se halla infringido el artículo 99 de la Constitución de la República, en virtud de que la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio se vio limitada por una de las formas previstas y autorizadas por la propia Constitución, más aún, por la propia voluntad del titular del derecho. Por las razones antes apuntadas, no procede el motivo de casación invocado". (Lo resaltado y subrayado es nuestro) La Corte Suprema de Justicia, también se ha pronunciado mediante fallo CASACION PENAL S. P. No.73-2012., referente a la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, de la siguiente manera: La Sala, ya ha reiterado en casos similares "que la autorización de ingreso a la vivienda, no requiere para su validez en juicio, de su sometimiento al procedimiento especial de convalidación judicial ante Juez competente, pues en realidad, no se trata propiamente de un allanamiento de morada, sino de un "ingreso autorizado" por una persona cotitular del derecho fundamental afectado, a la inviolabilidad del domicilio, derecho del que su morador le está permitido disponer libremente" (Véase sentencias de Casación de la Sala de lo Penal C. S. J., S. P. 43-2009, de 28 de septiembre de 2010; y S. P. 96-2009, de 24 de enero de 2012). De igual forma, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha cuatro de diciembre del 2018, con número 103-2015, señala que "... Concluye esta Sala de Casación que, de las deposiciones de los agentes policiales no se desprende que se haya vulnerado ninguna garantía constitucional, tomando en consideración que el propio encartado otorgó autorización y que los policías ingresan al área pública de la pulpería donde solicitaron el permiso; en tal sentido, considera esta Sala de lo Penal, que en efecto el Sentenciador ha incurrido en exclusión de medios de prueba importantes para la Litis, yerro procesal que merece reproche casacional, debiéndose anular la sentencia y el juicio celebrado y ordenando la celebración de un nuevo debate para la enmienda del error judicial cometido." En conclusión, los medios de prueba consistentes en a) Acta de Inspección ocular: Realizada en la casa de habitación del señor Maximiliano García, donde se establece el hallazgo de cuatro armas de fuego y una bolsa plástica color amarillo conteniendo hierba seca; b) Acta de decomiso de cuatro armas de fuego, de fecha 21 de julio del 2012, ratificada por el agente de investigación Daniel Ramos Ruiz, la cual establece el decomiso de: 1) un arma de fuego tipo pistola marca Macarov, calibre 380, cacha color café sin serie y un cargador sin munición, 2) un arma de fuego marca Patent serie 2563720, cargador conteniendo 12 proyectiles, 3) un arma de fuego tipo pistola marca CZ 75D serie K0066, pavón negro, con dos cargadores con 28 proyectiles, 99mm 4) un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, marca borrosa, sin serie, mango color negro, de goma, decomisadas al acusado Maximiliano García. c) Acta de decomiso de una bolsa de plástico color amarillo, de fecha 21 de julio del 2012, ratificada por el agente de investigación Daniel Ramos Ruiz, la cual establece que contiene en su interior tres envoltorios de papel periódico conteniendo en su interior supuesta droga marihuana, d) Dictamen Toxicológico Forense número 2575- 2012, elaborado por la doctora Karla María Medina, concluye que es marihuana, la cantidad no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato y su peso es de 25.81 gramos. e) Dictamen Laboratorio Balística Forense N. 6533-2014, ratificado por el perito Marlon González, pericia practicada sobre cuatro armas de fuego el decomiso de: 1) un arma de fuego, tipo pistola marca CZ, modelo CZ 75 D Compact, calibre 9mm, serie K0066, con dos cargadores y 28 cartuchos sin percutir 2) un arma de fuego tipo pistola, marca STAR, modelo FR, calibre 22 LR, serie 990093 con su cargador y 12 cartuchos sin percutir. 3) un arma de fuego tipo escopeta, marca NEW ENGLAND FIREARMS, modelo SB1, calibre 12 GA, sin serie legible. 4) un arma de fuego tipo pistola, marca MAKAROV, modelo PM, calibre 9X18, MAKAROV, sin serie legible con su cargador. Se concluye que presentan perfecto estado de funcionamiento mecánico y operativo; constituyen elementos de prueba que inciden directamente en el resultado del proceso (y por lo tanto constituyen prueba de valor decisivo), pues de haberse incluido los mismos en la valoración probatoria, la conclusión del proceso hubiese resultado indudablemente en la condena del acusado. Considerando que la calificación legal expuesta por el Ministerio Público desde el inicio del proceso consistió en la acción penal de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL Y FACILITACION DEL LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS, el medio de prueba consistente en Autorización de Ingreso a la Vivienda del acusado, y los que se desprenden de este, ya mencionados, si resultaban útiles y proporcionales para la acreditación de dichos delitos, no obstante lo anterior, el Tribunal Sentenciador resuelve quitar valor a esta probanza de naturaleza decisiva para vincular al acusado con los delitos que se le atribuyen, bajo el sustento de un criterio totalmente desacertado y meramente formalista. Asimismo, reiteramos que la prueba supra relacionada además de haber sido excluida, se considera de valor decisivo, ya que al recurrir al juicio de inclusión hipotética, el cual consiste en incluir la prueba no considerada, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas; de haberse incluido tal probanza y valorarla con el resto de la prueba, el juzgador hubiera llegado a la conclusión indefectible de que el enjuiciado es responsable del delito imputado por el ente fiscal. En relación, consideramos de importancia referirnos a la sentencia dictada por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la Casación CP-32-2010 de fecha 15 de abril de 2013, en cuanto a la exclusión de prueba de valor decisivo: "...conforme al artículo 333, solo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de ahí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo. Uno de esos vicios es el previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, que se produce cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud. Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como "Inclusión Hipotética", que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se vería afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo".- En ese mismo orden de ideas, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado en el Recurso de Casación 151-10 que "debe determinar en concreto si dicha omisión probatoria es o no decisiva para la litis, es decir capaz de alterar o modificar el resultado del juicio. Sobre el tema del "Defecto Decisivo", el Jurista argentino F. de la Rúa, sostiene que: "Que la prueba omitida, hemos señalado, debe ser decisiva; si carece de eficacia, la omisión no puede afectar la motivación". Más adelante el mismo autor agrega: "Para determinar la decisividad de la prueba eliminada, el Tribunal de Casación debe acudir al método de supresión hipotética: una prueba será decisiva, y su invalidez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas. "Cuando se trae de un vacío inverso, es decir, de omisión de prueba esencial, aquella operación critica deberá invertirse, y consistirá, en tal caso, en la inclusión mental hipotética de la prueba no producida. La anulación puede ser parcial.3". En la presente causa, al declarar ilícita La Autorización de Ingreso a la vivienda del acusado, desaparece la evidencia fundamental y encaminada directamente a demostrar la comisión de los ilícitos por los cuales se e acuso al señor Maximiliano García como el autor de los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL Y FACILITACION DEL LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS, pues como ya referimos en la exposición del recurso, los medios de prueba antes señalados y excluidos por el Juzgador fueron producidos en respeto a los requisitos que la ley exige y además son de valor decisivo al aportar elementos esenciales para la comprobación de la existencia de los delitos y de la responsabilidad del acusado como su autor; es por ello que al suprimirlos de manera arbitraria, el juzgador dejó en total indefensión al Ente Fiscal para representar los intereses generales de la sociedad, se ha excluido del andamiaje probatorio de forma injusta, pues la prueba llevada para demostrar su pretensión acusatoria, fue eliminada ante la exclusión de los mencionados medios de prueba de valor decisivo. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traducen en la Absolución del acusado por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL Y FACILITACION DEL LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS siendo violatorios del sistema de la sana critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia, el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Penal. Concepto de la infracción: haber excluido prueba de valor decisivo Reclamación ex-ante: el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. Pretensión: que se dicte lo que en derecho corresponda. Explicó la recurrente que el Juzgador declara ilícito el allanamiento realizado a la vivienda del acusado y excluye de valoración el acta de inspección ocular, el acta de decomiso de cuatro armas, acta de decomiso de la droga encontrada en la casa del acusado, dictamen toxicológico, dictamen de balística forense, todos medios de prueba de valor decisivo, al excluirlos de valoración pues les considera ilícitas, conclusión que obedece a una apreciación equivocada de la diligencia de autorización de ingreso a la vivienda, pues en el presente caso dicha autorización se dio por parte del acusado. Del Derecho a la Intimidad y la Inviolabilidad del Domicilio. El Principio a la Intimidad, atribuible solamente a las personas naturales, deriva del artículo 76 Constitucional cuando señala que “se garantiza el derecho… a la intimidad personal…”, debiendo entenderse como tal, en su aspecto positivo, como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio la información de índole personal que desee sea conocida y determinar la identidad y el número de personas que desee tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho de toda persona de no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada, personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello. Con el fin de resguardar el derecho a la intimidad en uno de los lugares donde precisamente la persona desarrolla el mayor número de actividades de índole privada personal y familiar, el constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 Superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda aquel derecho, en este específico ámbito. El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del Domicilio: A) Elementos Objetivos: 1) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; 2) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; 3) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. B) Elementos Subjetivos: 1) Que el espacio físico esté siendo usado –permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; 2) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual sólo tenga acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del Domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir, que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí, la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito flagrante: 1) Ingreso y/o registro Autorizado, es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: i) Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; ii) Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; iii) Hacerse acompañar los agentes de la autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigo de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; iv) Sólo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; v) Que se le permita a uno de las personas moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; vi) Los agentes de la autoridad deberán de abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la perpetración de un delito, sus instrumentos o efectos; vii) Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisado, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio. 2) El allanamiento de un lugar como un acto de investigación consistente en la penetración de un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar en donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 Superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá de realizarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde; el Constituyente apreció, que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá de actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá de actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un Órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-Societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El Órgano Jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte la necesidad racional para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes Policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en Secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El Decreto Judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá de reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el Órgano Jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aún con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 del Código procesal Penal, será calificado como ilegal. 3) Finalmente, en cuanto a los allanamientos por un Estado de Necesidad o delito flagrante, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir, que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aún fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para pedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial, sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público puede practicar un allanamiento: A) El Ministerio Público, cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i) Ante casos de flagrancia, entendiéndose como tal cuando la persona sea sorprendida cometiendo el delito, cuando la persona se dirija a cometer el delito o cuando sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito, tal y como lo conceptualiza el artículo 175 No. 1 del Código Procesal Penal; ii) Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito; iii) Para evitar la fuga de un delincuente; iv) Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias; v) En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes. El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad Judicial competente en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando por qué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivo la práctica de la diligencia. B) La Policía Preventiva o la Dirección General de Investigación Criminal, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales; ii) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; iii) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; iv) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. En estos casos, la autoridad policial deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá de ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia, o en su caso, se deberá de consignar su negativa de no hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. La práctica de un allanamiento con violación a lo relacionado constituye un delito, tipificado en los artículos 202 y 203 del Código Penal, mismo que es de orden público, ahora bien cuando el allanamiento ilegal se produce en perjuicio del acusado, puede tener repercusiones en dos sentidos: a) En el ámbito Penal, ajeno al proceso penal que se conoce en contra de la persona acusada (que se convertiría en ofendida de un allanamiento ilegal): En este caso, el Ministerio Público deberá de proceder criminalmente en contra de la persona o personas que hayan cometido un allanamiento ilegal, una detención ilegal, en su caso, y en general todo acto que este tipificado como delito sin importar que estos actos hayan sido cometidos en perjuicio de una persona que esté siendo investigada o procesada por un delito. La Sala de lo Penal, quiere ser clara respecto a que un allanamiento ilegal o una detención ilegal en perjuicio del acusado no nulifica el proceso criminal en contra de éste, no lo exime de responsabilidad de los actos criminales que pudiese haber cometido y por tanto no podrá oponerse éstos hechos como argumentos de defensa exculpatorios, como bien lo señala el artículo 101 del Código Procesal Penal en su último párrafo; b) En el ámbito procesal, la repercusión de un allanamiento o una detención practicada fuera del M. de la ley, tiene como imperativa consecuencia su declaratoria de ilicitud, así como todo acto de investigación, elemento u objeto de prueba que haya sido obtenida como consecuencia única e inmediata de dicho acto ilegal, ordenado así por el artículo 200 del Código Procesal Penal y en respeto de los derechos fundamentales regulados en la Constitución de la República y los Derechos Humanos reconocidos en los Tratados y Convenios suscritos internacionalmente por el Estado de Honduras. Nuevamente la Sala de lo Penal, recalca que la ilicitud declarada de un allanamiento o de una detención ilegal produce efectos procesales en cuanto a que éstas actuaciones y todas aquellas que le deriven por dependencia única, no podrán ser utilizadas como medios probatorios en el proceso penal en contra del acusado, más no imposibilita al Estado de Honduras de iniciar y sustentar un proceso penal en contra del acusado, basándose en todas las actuaciones y medios de prueba que hayan sido practicadas y obtenidas lícitamente, ello, como igualmente ya se indicó, sin perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal de todas aquellas personas que hayan cometido los actos ilícitos de allanamiento, detención u otros. De la Procedencia del Recurso. El Único Motivo es de Recibo. Este Tribunal de Casación luego de analizar de manera detallada la sentencia recurrida, así como el acta de debate, concluye que la recurrente tiene razón al establecer que el Juzgador excluyó prueba de valor decisivo, por considerar ilícitas y excluye de valoración el acta de inspección ocular, el acta de decomiso de cuatro armas, acta de decomiso de la droga encontrada en la casa del acusado, dictamen toxicológico, dictamen de balística forense. Considera esta Sala de lo Penal que se debe tomar en consideración las circunstancias en que se suscitaron los hechos y el lugar donde se llevó a cabo el allanamiento; en primer lugar, se contó con la declaración de los policías Carlos Orlando Álvarez Gutierrez y Daniel Ramos Ruiz, quienes fueron enfáticos al establecer que el acusado Maximiliano García les había otorgado autorización para ingresar a la vivienda; también se evacuó la propia autorización del imputado, misma que no fue cuestionada de si era o no la firma del acusado, por lo que la misma se tiene como válida. Dentro de los argumentos del A-quo para excluir la prueba por considerarla ilícita, refieren que no se solicitó al Juez de Garantías la respectiva convalidación, pero olvidan los Sentenciadores que la convalidación se da en aquellos casos que por urgencia o necesidad no se haya podido solicitar autorización judicial, y ante la presentación del permiso del dueño de la vivienda, no hay razón para convalidar un acto que fue consentido por el morador del domicilio, existiendo en ese sentido confusión por parte del Juzgador. Lastimosamente, no contamos con la versión del acusado Garcia para que nos orientara acerca de cómo y en qué circunstancias firmó la autorización de ingreso a la policía para inspeccionar su vivienda; concluye esta Sala de Casación que, de las deposiciones de los agentes policiales no se desprende que se haya vulnerado ninguna garantía constitucional, tomando en consideración que el propio encartado otorgó autorización para que la autoridad pública ingresara a su morada; en tal sentido, considera esta Sala de lo Penal, que en efecto el Sentenciador ha incurrido en exclusión de medios de prueba importantes para la Litis, yerro procesal que merece reproche casacional, debiéndose anular la sentencia así como el juicio celebrado y ordenando la celebración de un nuevo debate para la enmienda del error judicial cometido, con el conocimiento de togados diferentes al juicio anulado. Esta Sala de Casación observa, que este expediente fue ya fallado pues es un segundo reenvió que se conoce en este Tribunal y por las mismos motivos casacionales, considerando necesario que los Tribunales de Sentencia lean y analicen las sentencias venidas en casación, pues sin duda alguna el desconocimiento de las resoluciones de este máximo Tribunal hace que los nuevos jueces que conocen un caso en reenvío, incurran en los mismos errores judiciales, lo que se traduce en un gasto estatal al estar realizando por tercera vez un juicio, por el hecho de no haber analizado los fallos que se dicten en esta etapa casacional. Decisión Se declara: Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la fiscal del Ministerio Público Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Elba Leticia Cruz Flores, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor Maximiliano García, de los delitos de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de uso Comercial y Posesión para el Trafico de Drogas. Segundo: En consecuencia: a) Casa la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. b) Declara la nulidad total de la audiencia de debate y de la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. c) Que se repita el debate celebrado, ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – Pía Cristina Mejía Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los trece días del mes de febrero de dos mil veintiséis, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-579-2021.
PIA CRISTINA MEJIA
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL