Sentencia CP-528-22 — Registro 20162
Resumen
En primer instancia se absuelve al acusado (miembro de la Policía Nacional) de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Lavado de Activos. Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El primer motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha hecho una lectura analítica de los numerales “SEGUNDO” y “TERCERO” de los hechos probados, en los que según la impetrante se da el vicio denunciado, consistente en que hay un relato factico contradictorio, pues asevera que el sentenciador afirma y niega al mismo tiempo los hechos reproducidos en el juicio; sin embargo, no le asiste la razón a la recurrente, ante la carencia de tal defecto, pues el Tribunal no elaboró un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, al contrario si se puede advertir que su desarrollo de los hechos probados en numerales son claros, terminantes y coherentes. Es así que en el numeral segundo del hecho probado se reproduce que el acusado Leonel Luciano Sauceda Guifarro, cuando fungió como miembro de la Policía Nacional, ostentó varios cargos en los que tuvo a su disposición fondos en concepto de administración, procediendo en su momento a liquidar los mismos tal y como lo exigía la Secretaría de Seguridad, a través de la documentación soporte para tal fin, como ser recibos de pago, facturas de gastos por combustible, entre otros, siguiendo los procesos administrativos requeridos. En el numeral tercero de los hechos probados se relata que el imputado mantuvo en sus cuentas bancarias un aproximado de L.18,877,769,91, de los cuales justificó el origen de algunos valores por la venta de leche, ganado, alquileres salarios, bonos, viáticos, etc., y un remanente que se desconoce el origen de su procedencia y por tal razón es que se deriva en una sentencia absolutoria a favor del señor Sauceda Guifarro, pues, lo que se determina con los hechos probados, es que los mismos no se subsumen en el delito de Malversación de Caudales Públicos, por el cual venia también siendo acusado y que lo único que se pudo establecer es que tuvo un remanente de esas cantidades de dinero de los cuales se desconoce su procedencia, extremos que en manera alguna no advierten una incoherencia o contradicción como se ha denunciado, sino que al contrario dan coherencia y logicidad a la decisión del Sentenciador, pues en ese momento de dictarse la sentencia recurrida, se encontraba vigente el decreto legislativo no. 093-2021, publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 35,760 del 01 de noviembre de 2021, que eliminó el supuesto que reprochaba penalmente la tenencia o posesión de activos que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia, como lo definía la ley contra el Delito de Lavado de Activos (decreto 045-2002). Razones por las cuales es procedente desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."En el presente caso, encuentra esta Sala de lo Penal, que el Tribunal Sentenciador al valorar el supra indicado medio de prueba pericial consistente en el análisis financiero y patrimonial del acusado Leonel Luciano Sauceda Guifarro, junto con los demás medios de prueba tanto de cargo como de descargo, emitió los siguientes razonamientos: 1. “…La pericia Financiera Patrimonial evacuada, que antecede si bien se basa en información contable fidedigna, pues proviene de fuentes estatales, municipales comerciales y de entidades bancarias que pueden contribuir a la reconstrucción histórica de las actividades económicas, generadora de activos que poseyó el señor Leonel Luciano Sauceda, observado que la pericia no realizó una investigación objetiva y completa para llegar a determinadas conclusiones en sus numerales 1 y 2 específicamente…” 2. “… considera el tribunal que de las mismas dos conclusiones señaladas, junto a los insumos señalados utilizados por la pericia, al ser esta meramente técnica, no se puede dar por concluido que el señor Sauceda no hizo las liquidaciones de los montos otorgados para su administración, pues por un lado el mismo perito concluyó y lo ratificó en juicio que no tuvo para análisis de su pericia los cheques originales ni los documentos de respaldo que fueron presentados por el señor Sauceda para las liquidaciones de los montos otorgados, tampoco tuvo a la vista los documentos completos de los 122 cheques que se le adjudica al señor Sauceda, asimismo expresó que varias de las copias de los documentos fueron ilegibles y aun así con todas esas falencias de insumos , el perito concluyó en el juicio que el señor Leonel Sauceda de los documentos que le presentó la defensa a la fiscalía de su análisis realizado fue un monto total en cheques por 3,956,952.68 lempiras (que no fueron todos), de los cuales solo le liquidó a el como perito la cantidad de 2,621,584.52 lempiras, que sumando el monto total en cheques (que no tuvo a la vista ni los documentos de las liquidaciones) que le extendió la Secretaría de Seguridad según la constancia de la Secretaría de Seguridad no liquidó el señor Sauceda un total 3,354,728.03 lempiras; Conclusiones estas que evidencias subjetividad, en la cual no podría haberse arribado tratándose de una pericia contable que debe realizarse a través de técnicas especiales, como ser la investigación, para obtener la evidencia necesaria sobre los elementos del juicio, su análisis y finalmente la comprobación y no dar suposiciones como en el presente informe en las conclusiones números 1 y 2…” 3. “…. determinándose también con las tres constancias extendidas por la gerencia administrativa de la Secretaría de Seguridad folios F. 323 al 330 anexo 3 que fue parte de los insumos de esta pericia que el total de fondos que fueron desembolsados por la Secretaría de Seguridad para gastos de administración y de funcionamiento que debía ejecutar el señor Leonel Luciano Sauceda, durante el periodo 2006 al 2017 es de un monto que suma cinco millones seiscientos noventa y cinco mil, trescientos tres lempiras con ocho centavos (L. 5,695,303.8) montos que fueron liquidados oportunamente de acuerdo a lo que establecen las constancias, además poder apreciar a través de la mayoría de los cheques con sus respectivas liquidaciones que presentó la defensa y que analizó también el perito del ente fiscal, por lo tanto la tesis del Ministerio Público que el señor Leonel Sauceda Malversó los Caudales Públicos, no se pudo demostrar que las correspondientes liquidaciones de gastos se hicieran de manera irregular, en virtud que la misma Secretaría de Seguridad señaló oportunamente que las liquidaciones de estos fondos se hicieron conforme a derecho, documentación cuyo contenido fue verificado por las diferentes instancias contraloras internas y externas encargadas para tal fin tal como lo regula la Ley Orgánica del Presupuesto, documentos de soporte que fueron analizados por el Perito…” 4. “…Por otro lado con esa pericia se tuvo por probado por este Tribunal que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancarias un aproximado de L. 18,877,769.91, de los cuales justificó el origen de alguno valores por venta de leche, venta de ganado alquileres, salarios bonos, viáticos incluso los mismos depósitos de la Secretaría de Seguridad, etc., quedando un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia, sin embargo la acusación fiscal fue que el señor Sauceda tuvo ingresos de los cuales eran desconocidos su origen por un monto de L. 20,313,431.47, desglosándose esa cantidad en ingresos bancarios no conocidos por un valor de L.9,383,542.76. pagos de origen desconocido por un monto de L. 6,409,978.95, mas cheques cobrados en efectivo y otros valores correspondientes a la Secretaría de Seguridad que no fueron liquidados, señalando el peritaje que esa cantidad corresponde a L. 4,520,109.76, en el cuadro final de la pericia, pero el agente fiscal consideró que el monto era de L. 3,354,728.03, monto que también dio el perito en el juicio, sin embargo al hacer la operación matemática no corresponde a L. 20,313,431.47 como estableció el ente acusador que corresponde al monto de lo lavado; sin embargo resulta irrelevante determinar con exactitud cuál es la cantidad de origen desconocido, pues al haberse desvanecido que no hubo una malversación de Caudales Públicos, como delito precedente, que fue el acusado para el Lavado de Activos y el solo determinar un monto simplemente como no justificado o que se desconoce su origen, a la fecha la misma ya no es una conducta tipificada como delictiva, resultando ahora que esa conducta de poseer activos sin la justificación licita no resulta ser parte del tipo penal vigente de Lavado de Activos…” Encuentra en este Supremo Tribunal de Justicia que los razonamientos esgrimidos por el Sentenciador en base al principio de inmediación, no quebrantan de manera algunas las reglas de la Sana Critica en su postulado de Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, como lo alega la impetrante, pues dichos razonamientos son coherentes en relación al mismo medio de prueba pericial el cual fue contrastado con los demás medios probatorios allegados a la audiencia de juicio oral y público, encuentra este Tribunal de casación que la recurrente desarrolla en su recurso criterios personales y subjetivos de lo que ella considera tuvo que ser la decisión del Tribunal de Sentencia, pues, los jueces acertadamente han razonado que dicho medio de prueba con la demás prueba evacuada en el proceso, como ser las tres constancias emitidas en fecha veintiuno de mayo de 2019, por la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Seguridad, que corre agregada a folios 624 al 633 tomo 2 de los antecedentes, en la cual se establece que el acusado el señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro, se le realizaron pagos en concepto de gastos administrativos, realizando las respectivas liquidaciones de fondos cuando se desempeñó como Jefe de Distrito Policial 2-1 en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del periodo comprendido del año 2007 al 2009; cheques y transferencias realizadas por la Secretaría de Seguridad al señor Sauceda, con sus respectivas liquidaciones, que obran en los anexos 10 al 14 de los antecedentes del proceso, medios de prueba que constan fueron también analizados por el Perito del Ministerio Público. Asimismo quedó debidamente acreditado en la audiencia de debate que el Tribunal Sentenciador, resta credibilidad a la pericia del ente acusador, pues el Perito no tuvo a su disposición toda la documentación necesaria, manifestando el propio perito que cierta documentación inclusive era ilegible, lo que a criterio del Tribunal resta credibilidad a dicho medio de prueba, razonamientos que a criterio de esta Sala de Casación son propios del ente juzgador, en base al ya citado principio de inmediación, no estando obligado dicho órgano jurisdiccional a aceptar las conclusiones emitidas por el perito en su dictamen, sino que este ha valorado dicho medio de prueba en base a las reglas de la Sana Critica. Razones por las cuales es procedente declarar no ha lugar este motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-528-2022, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 528-2022, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, mediante el cual falló: Primero: Absolvió a Leonel Luciano Sauceda Guifarro, del delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y del delito de Lavado de Activos, en perjuicio del Orden Socioeconómico del Estado de Honduras. Segundo: No Procedió la Condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: Se Ordenó la devolución de los productos financieros, bienes tanto muebles como inmuebles que fueron asegurados en la presente causa al señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Yanory de Jesús Ramos González, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente; y, la Abogada Yenny Mariela Sierra Varela, defensora privada, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Que a través del Módulo de Recepción de Denuncias de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración de la Policía, se recibió documentación relacionado con posibles ilícitos cometidos por miembros de la Policía Nacional entre ellos el Comisionado LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, en virtud que al realizarle un análisis de su patrimonio por parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial resultó una incongruencia patrimonial, es por ello que mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) procedió a realizar las investigaciones correspondientes. SEGUNDO: Que en fecha 16 de febrero de 2007 el señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro fungió en su condición de Jefe del Distrito Policial 2-1 de la ciudad de San Pedro Sula, el 15 de julio de 2009 fue nombrado en el cargo de Encargado del Departamento de Recursos Materiales en la ciudad de Tegucigalpa y Jefe de Operaciones, el 11 de junio de 2012 como Jefe de la Metropolitana No. 2 de la ciudad de San Pedro Sula, el 18 de abril de 2016 nombrado Director Nacional de Tránsito entre otros asignaciones destacadas dentro de la Secretaria de Seguridad, es así que en atención a la calidad de funcionario dentro de la Secretaría de Seguridad manejo fondos en concepto de administración funcionamiento cuando éste se desempeñaba como Jefe del Distrito Policial 2-1 en la ciudad de San Pedro Sula correspondiente al periodo agosto de 2007 a julio de 2009, por un valor de L. 3,936,845.35, asimismo manejo fondos en concepto de gastos de funcionamiento en el periodo comprendido de noviembre de 2009 al mes de abril de 2016 por un valor total de L. 568,539.32 y finalmente manejó fondos en concepto de gastos de funcionamiento en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en el periodo correspondiente. a los años 2016 al 2017 por un monto de L. 1.189,919.13, recibiendo entre 49 órdenes de pago y cheques en sus cuentas personales de Banco Atlántida No. 1200761870 y Banco Ficohsa No. 1639455 sumando un total de L. 5,695,303.8, todos estos fondos provenían del presupuesto asignado a la Secretaria de Seguridad, siendo la finalidad de estas cantidades de dinero para efectuar gastos de administración y funcionamiento de las diferentes unidades donde se desempeñó el señor Leonel Sauceda; de igual manera recibió 73 cheques provenientes del Banco Central de Honduras que fueron cobrados en efectivo por el señor Leonel Sauceda, cantidades de dinero que tenían como finalidad también pagar gastos de funcionamiento y gastos administrativos, procediendo a liquidar estos dineros tal cual lo exigía la Secretaria de Seguridad a través de los documentación soporte para tal fin, como ser recibos de pagos, facturas de gastos como pagos por combustible, alimentación, eventos navideños y otros tipo de gastos correspondientes a la partida presupuestaria para lo cual fueron asignados estos fondos, asignación presupuestaria que oportunamente fueron liquidados mediante los procesos o controles administrativos a lo interno de la institución, como ser, el departamento de preintervención, de auditoría interna, de la Secretaria de Seguridad, considerando estos unidades de verificación, que las liquidaciones estaban bien hechas. TERCERO: Del mismo análisis financiero evacuado en el presente juicio, se determinó que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancarias un aproximado de L. 18,877,769.91, de los cuales justificó el origen de algunos valores por venta de leche, venta de ganado, alquileres, salarios, bonos, viáticos e incluso los mismos depósitos de la Secretaría de Seguridad, etc., y un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSLa Abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: "Que la declaración de los hechos que el Tribunal estime Probados no sea clara y terminante y coherentes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 1, en relación al artículo 338 numeral 4 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 338 del Código Procesal Penal, que comprende los requisitos de la sentencia, prescribe en su numeral 1, en relación a la declaración de los hechos probados. "En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter Jurídico predeterminen el fallo que haya de dictarse". La Honorable Sala de lo Penal ha establecido lo siguiente: El primer supuesto (artículo 362 numeral I del Código Procesal Penal) tiene una Íntima relación con el articulo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, que establece: la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter Jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse"; la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que ampara el numeral 1 del citado artículo 362, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente, por ello el Tribunal de sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado a los cuales ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos). El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone Ia confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción "in terminis", en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en si, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos” lo subrayado es nuestro. Con el objeto de establecer claramente el vicio que ahora se alega, a continuación, se transcribe los hechos declarados probados por el juzgador: PRIMERO: "Que a través del módulo de recepción de denuncias de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración de la Policía, se recibió documentación relacionado con posibles ilícitos cometidos por miembros de la policía Nacional entre ellos el Comisionado LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, en virtud que al realizarle un análisis de su patrimonio por parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial resultó una incongruencia patrimonial, es por ello que mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) procedió a realizar las investigaciones correspondientes SEGUNDO: que en fecha 16 de febrero del 2007 el señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro fungió en su condición de Jefe del Distrito Policial 2-1 de la Ciudad de San Pedro Sula, el 15 de Julio del 2009, fue nombrado en el cargo de encargado del departamento de Recursos Materiales en la ciudad de Tegucigalpa y Jefe de Operaciones, el 11 de junio del 2012 como Jefe de la Metropolitana N-2 de la ciudad de San Pedro Sula, el 18 de abril del 2016 nombrado director Nacional de Tránsito entre otras asignaciones destacadas dentro de la secretaria de Seguridad, es así que en atención a la calidad de Funcionario dentro de la Secretaria de Seguridad manejo fondos en concepto de administración funcionamiento cuando este se desempeñaba como jefe del Distrito Policial 2-1 en la ciudad de San Pedro Sula correspondiente al periodo de agosto de 2007 a julio 2009, por un valor de L. 3,936,845.35, asimismo manejo fondos en concepto de gastos de funcionamiento en el periodo comprendido de noviembre del 2009 al mes de abril de 2016 por un valor total de L.568.539.32 y finalmente manejo fondos en concepto de gastos de funcionamiento en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en el periodo correspondiente a los años 2016 al 2017 por un monto de L 1,189,919 13 recibiendo entre 49 órdenes de pago y cheques en sus cuentas personales de Banco Atlántida N. 1200761870 y Banco Ficohsa N. 1639455 sumando un total de L.5.695,303.8, todos estas fondos provenían del presupuesto asignado a la Secretaria de Seguridad, siendo la finalidad de estas cantidades de dinero para efectuar gastos de administración y funcionamiento de las diferentes unidades donde se desempeñó el señor Leonel Sauceda; de igual manera recibió 73 cheques provenientes del Banco Central de Honduras que fueron cobrados en efectivo por el señor Leonel Sauceda, cantidad de dinero que tenían como finalidad también pagar gastos de funcionamiento y gastos administrativos, procediendo a liquidar estos dineros tal cual lo exigía la Secretaria de Seguridad a través de los documentos soporte para tal fin, como ser recibos de pago, facturas de gastos como pagos por combustible, alimentación, eventos navideños y otros tipos de gastos correspondientes a la partida presupuestaria para la cual fueron asignados estos fondos, asignación presupuestaria que oportunamente fueron liquidadas mediante los procesos o controles administrativos a lo interno de la institución, como ser el departamento de pre intervención, de auditoria interna de la Secretaria de Seguridad, considerando estas unidades de verificación, que las liquidaciones estaban bien hechas. TERCERO: del mismo análisis financiero evacuado en el presente juicio, se determinó que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancaras un aproximado de L 18. 877,769 91, de los cuales justificó el origen de algunos valores por venta de leche, venta de ganado, alquileres, salarios, bonos, viáticos e incluso los mismos depósitos de la Secretaria de Seguridad, etc., y un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia.-“ Al examinar el cuadro fáctico, que constituye la verdad histórica que da sustento al fallo, se logra evidenciar que su redacción, no es terminante, pues no ha cumplido con los lineamientos del Articulo 338, regla cuarta del Código Procesal Penal que prescribe: "Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:.... Segunda...Tercera Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente:1) Declaración de hechos probados.- En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de Los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse": consecuentemente, incurre en el vicio in procedendo contenido en el numeral 1 del artículo 362 de la citada ley adjetiva penal consistente en: "...descritos con claridad, presión y coherencia..." De lo anterior se desprende, que el Juzgador al momento de estructurar los hechos que estimó como probados en la sentencia cuestionada, no lo realizó en una forma que demuestre coherencia, sino que, el relato fáctico es contradictorio e irreconciliable entre sí, pues afirma y niega al mismo tiempo los hechos reproducidos en el juicio oral y público, como ser, el Factum descrito en el numeral segundo, parte final que afirma una circunstancia, sin embargo, Este mismo relato fáctico en su numeral tercero lo contradice: "SEGUNDO: … asignación presupuestaria que oportunamente fueron liquidadas mediante los procesos o controles administrativos a lo interne de la institución, como ser el departamento de pre Intervención, de auditoria interna de la Secretaria de Seguridad, considerando estas unidades de verificación, que las liquidaciones estaban bien hechas. TERCERO: … del mismo análisis financiero evacuado en el presente Juicio, se determinó que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancaras un aproximado de L 18, 877,769.91, de los cuales justificó el origen de algunos valores por venta de leche, venta de ganado, alquileres, salarlos, bonos, viáticos e incluso los mismos depósitos de la Secretaria de Seguridad, etc, y un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia. - De esa forma, se evidencia el incumplimiento de los requisitos de fondo, es decir de falta de coherencia que debe reunir el factum, constituyendo inclusive la citada aseveración una contradicción del hecho fáctico en si mismo, incumpliendo lo que establece el artículo 338, regla cuarta numeral 1, donde establece que la declaración de hechos probados, que establece lo siguiente. "En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". No cabe duda alguna que el Juzgador en la conformación de los hechos declarados probados incumplió lo establecido por la Honorable sala de lo Penal, en la jurisprudencia supra citada, donde establece los siguiente: "IV.II.I- De los Hechos Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos, Es una descripción, donde los Jugadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, lar hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento, Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos:1.Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separador y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “…la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los jugadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, Incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión" (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2005), "supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: "Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como "posiblemente", "casi seguro" u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido." (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c. Coherentes Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos". (Sentencia de fecha 25) de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009) lo subrayado es nuestro. La supra indicada afirmación se efectúa, tomando en consideración que el juzgador en la construcción de los hechos probados se aprecia la falta de coherencia entre el hecho declarado como probado en el numeral segundo y tercero del factum de la sentencia, pues ambos son contradictorios, de modo que la afirmación de un hecho Implica la negación de otro. Debemos señalar, que al haber incurrido en contradicción el Tribunal, es decir que no hay conexión en el hecho probado, en consecuencia resulta innecesario e irrelevante la valoración intelectiva de la prueba, la fundamentación jurídica e incluso se hace irrelevante el fallo, pues considera que está claramente determinado en la declaración de los hechos probados la incoherencia en los numerales: "SEGUNDO: ….”asignación presupuestaria que oportunamente fueron liquidadas mediante los procesos o controles administrativos a lo interno de la institución, como ser el departamento de pre intervención, de auditoria interna de la Secretaria de Seguridad, considerando estas unidades de verificación, que las liquidaciones estaban bien hechas. TERCERO: del mismo análisis financiero evacuado en el presente juicio, se determinó que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancaras un aproximado de L. 18, 877,769.91, de los cuales justifico el origen de algunos valores por venta de leche, venta de ganado, alquileres, salarios, bonos, viáticos e incluso los mismos depósitos de la Secretaria de Seguridad, etc., y un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia. -" Es preciso mencionar, que el juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma, es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio, Las normas de derecho procesal constituyen un conjunto de reglas a las que él órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues este el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso, El vicio que da fundamento al presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, fue cometido en el acto misino de la Sentencia y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso.” “SEGUNDO MOTIVO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica". PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, que establece: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". La Sala de lo Penal ha expresado que las reglas de la sana critica "son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez" (Couture Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. De Palma, 3° edición Argentina.1993.P2.- En alusión a la violación de las Reglas de la Sana Critica, la Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el articulo 362 No. 3) Penal, prevé que "el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica" Al respecto se ha señalado que " La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva..." (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados). Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana critica. Es este último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Critica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el Juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarlo a cada prueba, pero esa libertad tiene límites las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana critica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010), de este modo las reglas de la sana critica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09) Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de Noviembre del 2001 del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010 Como, consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio...” Al respecto, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones ha explicado los componentes de una valoración acorde a las Regias de la Sana Critica, para el caso citamos: "…la motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre si para ello deberá ser a) Congruente las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas b) No Contradictoria Que no se empleen en la motivación Juicios contrastantes que se anulen entre sí. c) Inequívoca Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B)DERIVACIÓN El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando.” El Ministerio Público, en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo; pues de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad del encausado en el delito por el cual se le acusó y que éste es el autor material del mismo, siendo la prueba pericial, armónica y coherente entre sí, encontró total correspondencia con los medios. testificales, documentales, y resto de prueba pericial; conclusión a la que llegamos en base a las consideraciones siguientes: 1. En la vista pública se contó con la declaración del Testigo Hellen Janeth Rodríguez Aguilar: quien es agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) quien realizó las diligencias investigativas del presente caso y manifestó cual fue el proceso investigativo, recolección de información, identificación de los partícipes en los hechos, así como remisión del informe respectivo. - 2. También se contó con prueba documental consistente en a)-Cheques emitidos por parte de la Secretaria de Seguridad a favor del LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO- b).- Información de la Unidad Inteligencia Financiera (UI), c)-Informe Secretaria de Seguridad sobre la planilla de sueldos y salario del acusado, d).-Constancia de Movimientos Migratorios; e)-Instituto de la Propiedad sobre los bienes inmuebles y vehículos del acusado; f)-Alcaldía Municipal del Distrito Central, referente que el acusado no se encuentra registrado para realizar cualquier acto de comercio, g)-documento del Departamento Administrativo del Inquilinato, sin registro en el sistema de inquilinato; h). información del Registro Mercantil y Cámara de Comercio, referente a que el acusado no se encuentra registrado como comerciante en las zonas de Choluteca, Trujillo, Colon. Sonaguera, Saba, Olanchito, Yoro, Tegucigalpa, i)-Información de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Choluteca, Olanchito y Sonaguera, que non son socios, j).- Asociación Agroindustrial de Palmicultores de Saba, Sonaguera, Valle de Aguan, no se encuentran registrados como socios; k) -Fondo Ganadero de Honduras, no se encuentran registrados como socios, I)-INCAFE, no se encuentran registrados, m).-SAG-SENASA, sin registrados en sistema; n)-Rentas Aduanera (DARA) no se encuentran registrados, o) Constancias emitidas por Justicia Municipal Trujillo, Colon no hay registro de fierro ni cartas de venta; p)-Distribuidora Leyde, no tiene registro comercial; q)-Constancia de Secretaria de Seguridad sobre los cheques y transferencias a favor del acusado mediante los cuales se acredita la existencia de transacciones financieras, que reflejan las cantidades de dinero que desembolsaron a favor del acusado. Todos los medios de prueba documentales sirvieron de soporte para la elaboración de los medios de prueba pericial que fueron evacuados en el acto del Juicio oral y Público. 3. Por otra parte se contó con prueba pericial consistente en: a)-Dictamen de Avalúos de Bienes Inmuebles elaborado por el perito Edna Francella Rojas Valladares: mediante el cual se establece a cuánto ascienden económicamente los bienes que se le atribuyen al acusado.-b) Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial elaborado por el perito Nelson Eulalio Gonzales Rodríguez: mediante el cual se determina la situación financiera del acusado, movimientos bancarios, ingresos e ingresos, movimientos patrimoniales y señalando múltiples inconsistencias y falta de Justificación en: referente al patrimonio del acusado, la capacidad económica del acusado, manejo y liquidaciones sobre los fondos asignados a su cargo para funcionamiento y administración en razón de su cargo. EL Juzgador al valorar la prueba evacuada en el juicio oral y público, en el acápite de Valoración conjunta de la prueba, estableció en relación al Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial, lo siguiente: I “…Considera el Tribunal que de la mismas dos conclusiones señaladas, junto a los insumos utilizadas por la pericia al ser esta meramente técnica, no se puede dar por concluido que el señor Sauceda no hizo las liquidaciones de los montos que le fueron otorgadas para su administración…, conclusiones estas que evidencian subjetividad, en la cual no podría haberse arribado tratándose de una pericia contable que debe de realizarse a través de técnicas especiales, como ser la investigación, para obtener la evidencia necesaria para los elementos del juicio, su análisis y finalmente la comprobación y no dar suposiciones como en el presente informe... lo que si se demostró para este Tribunal con la pericia Patrimonial según el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera es que el acusado fue el titular de 12 cuentas bancarias a nivel nacional, entre ellas Banpais, Banadesa, Occidente, Banco de los Trabajadores, Banco Atlántida, Ficohsa y Davivienda, recibiendo cheques y órdenes de pago a su cuenta Banco Atlántida 1200761870 que proviene de la Secretaria de Seguridad entre transacciones ACH, pagos electrónicos y otros, en cuenta de Banco Ficohsa 1639455 mantuvo depósitos también de parte de la Secretaria de Seguridad y recibió 73 cheques que no fueron ingresados a cuentas bancarias, siendo cobrados en efectivo por parte del señor Leonel Sauceda, determinándose también con las tres constancias extendidas por la gerencia administrativa de la Secretaria de Seguridad folios 323 al 330 anexo 3, que fue parte de los insumos de esta pericia que el total de fondos que fueron desembolsados por la secretaria de Seguridad para gastos de administración y funcionamiento que debla ejecutar el señor Leonel Luciano Sauceda, durante el periodo 2006 al 2017 es un monto que suman cinco millones seiscientos noventa y cinco mil, trecientos tres lempiras con ocho centavos (L.5,695,303.8) montos que fueron debidamente liquidados oportunamente de acuerdo a los que establecen las constancias…” Sobre este señalamiento de los Juzgadores, consideramos que infringen Las Reglas de la Sana Critica, en su postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad, al no estar fundamentadas en lo que deriva de esta pericia, pues la misma utilizó como insumo diferente medios de prueba, los cuales fueron evacuados en el acto del debate, del cual se desprende la veracidad de su contenido y como bien lo dice el Tribunal se trata de una pericia contable, es decir una pericia que requiere de conocimientos especiales, por lo que resultan ilógicas las conclusiones a las que arribo el Tribunal, en primer lugar porque no cuenta con los conocimientos especiales en la materia y en segundo lugar por no contar con prueba soporte que justifique estas valoraciones. Por tanto, debió de valorar que la Pericia en cuestión contó como respaldo para su elaboración con información contundente proveniente de * Unidad Inteligencia Financiera (UIP), sobre los movimientos en todo el sistema financiero por parte del acusado. * Constancia por parte de Secretaria de Seguridad sobre la planilla de sueldos y salario del acusado. * Movimientos Migratorios. * Documentación del Instituto de la Propiedad sobre los bienes inmuebles y vehículos del acusado; Información de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, referente que el acusado no se encuentra registrado para realizar cualquier acto de comercio; * Información del Departamento Administrativo del Inquilinato, sin registro en el sistema de inquilinato; Documentación del Registro Mercantil y Cámara de Comercio, referente a que el acusado no se encuentra registrado como comerciante en las zonas de Choluteca, Trujillo, Colon, Sonaguera, Saba, Olanchito, Yoro, Tegucigalpa, Información de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Choluteca, Olanchito y Sonaguera, que non son socios; * Constancia de la Asociación Agroindustrial de Palmicultores de Saba, Sonaguera, Valle de Aguan, no se encuentran registrados como socios; Constancia del Fondo Ganadero de Honduras, no se encuentran registrados como socios; * Información de INCALE. no se encuentran registrados; * Información SAG-SENASA, sin registrados en el sistema; * Información de Rentas Aduanera (DARA) no se encuentran registrados, * Constancias emitidas por Justicia Municipal Trujillo, Colon no hay registro de fierro ni cartas de venta; Información de Distribuidora Leyde, no tiene registro comercial; * Constancia de Secretaria de Seguridad sobre los cheques y transferencias a favor del acusado. Pericia mediante la cual se concluyó que el acusado ha recibido dinero por parte de la Secretaria de Seguridad, para el funcionamiento y administración de la Institución Policial, el cual fue depositado a cuentas bancarias del acusado, fusionando los fondos del Estado y los propios, generando múltiples inconsistencias, resultando en un perjuicio al Estado de Honduras, Pericia con la cual se acredito que: No se demostró que los montes que le fueron asignados los utilizó para la finalidad que se le otorgó, pues los documentos presentado por el acusado difieren de los documentos originales, utilizados para su supuesta justificación. Los pagos y deudas adquiridas por el acusado superan su capacidad económica, con presencia de fuentes desconocidas de financiamiento.* Existencia de múltiples ingresos a depósitos sin huellas financieras, que no concuerda con lo reportado por el Sistema Financiero-* Adquisición de bienes inmuebles sin capacidad económica, el salario es inferior para préstamos adquiridos. * Reporta ingresos elevados por actividades consistentes en venta de leche, sin embargo, el análisis financiero identificó que los ingresos por esta actividad son inferiores a los reportados por el acusado. * Reportó ingresos por supuestas asesorías, al realizar el análisis financiero, no se puedo establecer que le hicieron efectivos estos pagos, los cuales fueron hechos por terceras personas. * El acusado reportó venta de bienes muebles e inmuebles de los cuales no hay huella financiera-* Egresos que superan la capacidad económica del acusado (sin justificación) e ingresos sin huellas financieras, no concuerdan con el reporte del Sistema Financiero. - Por tanto, es evidente que la conclusión a la cual arribó el Tribunal Sentenciador carece de fundamente, en consecuencia, consideramos que no se apega a una sana critica racional, ni deriva de lo demostrado con la prueba pericial y el resto de la prueba de cargo, además, que como nos hemos referido anteriormente, los Juzgadores no cuentan con la experticia pertinente para restarle valor probatorio a dicho medio de prueba, por otra parte manifiestan que la pericia es subjetiva por no contar con la información investigativa, pero su vez el Tribunal es del criterio que el acusado Justifico el origen de algunos valores por venta de leche, venta de ganado, alquileres, salarios, bonos viáticos e incluso los mismos depósitos de la secretaria de Seguridad quedando un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia Por lo que sus apreciaciones carecen de coherencia y resultan erróneas e ilógicas y sin sustento alguno, en consecuencia, la Pericia es contundente, coherente y reflejan la veracidad de su contenido, siendo concordante con la pretensión Fiscal, demostrándose a través de la misma y del análisis en su conjunto con toda la prueba, la responsabilidad del acusado en el delito que se le presentó proceso.- Aquí resulta importante traer a colación el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la valoración de la prueba pericial, que señala: “ esta Sala de Casación muchos de las razonamientos externados por el Sentenciador en este apartado son contrarias a las reglas de la xana critica, por ejemplo establece que ni el dictamen, ni lo manifestado tanto por el perito oficial como por el consultor técnico merecen credibilidad para sustentar los saldos no justificados, razonamiento que no cuenta con prueba que justifique exe juicio de valor, además que es contrario al principio lógico de no contradicción, pues por una lado establece que no le concede credibilidad a la perito forense y a la consultora de la defensa, pero al final de razonar la prueba concluye que no es posible determinar que los ingresos del imputado sean de actividades ilícita, es decir el Sentenciador incurre en el error de constituirse en perito/juez, recordemos que los peritos son personas especializadas en alguna técnica o experticia que mediante sus conocimiento técnicos y prácticos instruyen al Juzgador en aquellos temas o aspectos que los togados no poseen pues como lo hemos reiterado en otras sentencias los jueces no son todólogos, es decir no manejan todos y cada una de las ciencias o técnicas que existen, al establecer que no le merecen credibilidad ni la posición del perito oficial ni la del consultor privado, pero concluye que no es posible determinar que los bienes y activos del ahora acusado sean de procedencia ilícita, se está convirtiendo en un perito más con facultades que los jueces no poseen, si no existe posibilidad de dar credibilidad a ninguno de los peritos su conclusión será prueba insuficiente y en base a ese criterio absolver de toda responsabilidad, pero tal como lo justificó en la presente sentencia incurre gravemente en violación al principio lógico de no contradicción. También refiere el Juzgador que concluye en exa afirmación de no concederle credibilidad ni al perito del Ministerio Público ni al de la Defensa, al relacionar este medio de prueba con el resto de prueba evacuada en el juicio, consistentes en medios documentales, testificales y periciales, no solo de cargo, sino también de descargo introducidos por la defensa: al respecto considera esta Sala de lo Penal que el Juez A-quo incurre con esta aseveración en violación a la regla lógica de derivación, pues si bien refiere que ese criterio lo justifica con la prueba documental, testifical y pericial no solo de cargo sino de descargo, deja a la imaginación del lector a que prueba se refiere, pues recordemos que el Juzgador debe ser claro en determinar con cuales medios probatorias llega a ciertos conclusiones. no puede simplemente generalizar y establecer que con la prueba documental, testifical y pericial. pues no está cumpliendo con su obligación de establecer en sus juicios de valor de donde deriva esas conclusiones, faltando el Sentenciador a las reglas del correcto pensamiento humano. De igual manera establecen los Sentenciadores, que en ninguna parte de ese dictamen se mencionó que los ingresos de la familia Motiño-Ferraro, provengan de operaciones ilegales y tampoco se acredito respecto de los 7500 dólares que se encontraron en el taller DUPONT, estos estuviesen en posesión o a disposición del acusado; en referencia a esta conclusión, nuevamente incurre en violación a la regla lógica de razón suficiente el Juzgador, pues si el perito oficial hubiese concluido que los ingresas de la familia Motiño-Ferraro provenían de operaciones ilegales eso sí sería efectuar juicios de valor que solo le corresponde concluir a los jueces, entiende esta Sala de Casación y tal como lo estableció el propio Sentenciador en su fallo página 22: "La finalidad de este dictamen era: a) Realizar estudio pericial patrimonial con el fin de establecer si el monto de los fondos generados por las actividades mercantiles y la documentación recolectada en la investigación: b) El análisis patrimonial presentado por la defensa del imputado y la documentación de respaldo, justifica la adquisición de activos que conforman su patrimonio y las erogaciones realizadas por lo cual deberá precisar los aspectos siguientes: c) Cuantificar el patrimonio incluyendo bienes muebles e inmuebles, activos financieros y otros. d) Verificar los ingresos y egresos realizados conforme la actividad económica realizada por el señor José Santiago Motiño López y su núcleo familiar, c) Comparar los ingresos obtenidos en el desarrollo de sus actividades económicas con sus depósitos bancarios incluyendo esposas e hijos. Establecer como resultado del análisis las diferencias existentes en el patrimonio del imputado y su núcleo familiar y al mismo tiempo si tiene causa legal económica de su procedencia," Ante tal aseveración del propio Tribunal Sentenciador y la conclusión de que el peritaje financiero no estableció la ilicitud o no de los ingresos de la familia Motiño-Ferraro falta a la lógica en su principio de razón suficiente, pues ese dato no era la finalidad o el objetivo de dicha pericia, esa era la conclusión a la que tenía que llegar el Juzgador en base a las pruebas ofertadas por el Ministerio Público o desvirtuar dichas acusaciones con la prueba de la defensa, falta también al principio de razón suficiente de la regla lógica al establecer que no se acredito que los 7500 lempiras encontrados en el taller eran propiedad del ahora acusado, sin embargo se escuchó la declaración del agente de investigación Lester Joselico Rodríguez, quien al entrevistar al señor Jorge Castillo y ser este una de las personas que trabajaban en ese establecimiento, afirmó que el propio Motiño López le habla dado 2 mil dólares para compra de materiales, por lo que el razonamiento del Sentenciador es contrario a las normas del correcto pensamiento humano. Al hacer una revisión de la sentencia recurrida es posible verificar que el perito oficial del Ministerio Público que efectuó el análisis patrimonial de la familia del acusado, si tomo en cuenta tanto los ingresos como los egresos, haciendo un detalle de las egresos entre bienes adquiridos, salida de efectivo entre otros; por lo que el Juzgador al afirmar que la perito no tomo en consideración los egresos violenta gravemente el principio lógico de veracidad Por todas estas razones es procedente estimar ha lugar el presente recurso de casación, anular la sentencia recurrida y el debate celebrado y ordenar la realización de un nuevo juicio con jueces distintos a los que participaron” II. Por otra parte, el Tribunal realiza aperciones subjetivas al señalar que "...determinándose también con las tres constancias extendidas por la gerencia administrativa de la Secretaria de Seguridad que el total de fondos que debla ejecutar el señor Leonel Luciano Sauceda, durante el periodo 2006 al 2017 fueron debidamente liquidados oportunamente de acuerdo a los que establecen las constancias...” Es evidente que el Tribunal concluye de forma subjetiva, pues no cuenta con ningún elemento o documentación periférica que lo hace arribar de tal manera, dichas constancias, su contenido es cuestionable, aparte de no contar con soporte alguno, adicionalmente, al momento de su comparecencia la testigo Marcia Moran, quien emitió dichas constancias, estableció un procedimiento, el cual, sin lugar a dudas demuestra que es contrario a la ley, es así, que el análisis realizado por parte del Juzgador no desvanece la responsabilidad del acusado, contrario a esto, se confirma que de la prueba de cargo si se deriva, que al acusado tiene participación en los hechos por los cuales se le acusó.- III Continuando en sus desacertadas apreciaciones el Tribunal Sentenciador señala que "...es preciso dejar ver que era una mala práctica de la Secretaria de Seguridad de permitir que sus administradores, mantuvieron en sus cuentas personales bancarias en algún momento dinero que les era dalo para su administración, pues ellos mismos les hacían transferencia, ya que se originaba como en la presente causa este tipo de suspicacia." Esta valoración realizada por el Tribunal, es totalmente errada pues ha pretendido justificar infundadamente y de forma inexplicable el actuar del Acusado, cuando es evidente que las acciones cometidas por el acusado son constitutivas del hecho ilícito por los cuales se le acusó, inobservando el Tribunal lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto que establece "que todos los fondos del Sector Público, deberán depositarse en el Sistema de Cuenta Único que para tal efecto abrirá la Tesorería General de la Republica en el Banco Central de Honduras. El Sistema de cuenta Única tiene por objeto el manejo ordenado de los fondos público; por tanto, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas establecerá los mecanismos operativos que garanticen el eficiente y oportuno funcionamiento, tanto en lo que corresponde a la captación de ingresos como la ejecución de los pagos derivados del cumplimiento de las obligaciones que las Instituciones del Estado realicen, coordinando lo pertinente con el Banco Central de Honduras… Es así, que siendo evidente que el actuar del señor Leonel Sauceda es contario a la ley, con todo, el Tribunal decide justificar las acciones del acusado, nominándolas únicamente como “malas prácticas” , , obviando lo antes descrito, igualmente dicha ley, señala que los Funcionarios o empleados de cualquier orden que con dolo, culpa o negligencia realcen actos con infracción de la presente ley serán sujetos de la responsabilidad penal...” por tanto, con toda la prueba evacuada en el debate se ha demostrado la participación del acusado en el hecho ilícito, pues el acusado estaba obligado a respetar las leyes, normas y procedimientos establecidos; no obstante, ejecuta las acciones que no son concordantes con las funciones propias de su cargo (es decir de que sus acciones no estaban revestidas de legalidad), además, no procuró, una correcta administración de los bienes del estado, en este caso de los fondos que fueron designados para la administración y funcionamiento policial.- El juzgador con el fallo dado incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009 En ese mismo orden de ideas la Sala de lo Penal ha señalado sobre la valoración de la prueba lo siguiente: “La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia, la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre si; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre si al reflejar verdades incompatibles; 4.Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven, y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión" En base a lo expuesto, al analizar toda la prueba evacuada en el Juicio Oral; testifical, documental, y pericial, puede evidenciarse, que la misma es coherente y concluyente que ha sido totalmente corroborado entre si, ha demostrado que el acusado Leonel Sauceda, ha depositado fondos de la Secretaria de Seguridad a sus cuentas personales, de los cuales se ha apropiado haciendo uso de los mismos, que al realizar el informe Patrimonial, hay cantidades de dinero que tanto sus ingresos y egresos no se han podido justificar y no son coherentes con los bienes y obligaciones adquiridas, debido a que los ingresos del acusado son inferiores a los gastos reportados en el sistema financiero nacional, además que hay reporte de actividades que no cuentan con un antecedente en el sistema Financiero Nacional, resultando en un perjuicio para la administración pública y orden socioeconómico del estado de honduras, consecuentemente se acreditó la responsabilidad del acusado. En tal sentido, del análisis conjunto y armónico de toda la prueba de cargo confirma su concordancia, revistiéndola de credibilidad y virtualidad, siendo la probanza tendiente a vincular directamente al acusado señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, por el delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA y por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS; conclusión misma a la que hubiese llegado el Tribunal, de haber realizado una valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Critica. La desacertada valoración que hace el Tribunal a la prueba pericial dictamen análisis financiero y patrimonial para restarle Valia a probatoria, además de estar distante de la Sana Crítica, tampoco fue valorada de forma conjunta, por el contrario, expone apreciaciones y por tanto, conclusiones que no se derivan de lo demostrado con la prueba; pues la prueba pericial consistente en dictamen análisis financiero y patrimonial, como ya se expuso y detalló en los acápites anteriores, perfectamente se puede contrastar con el resto de la prueba testifical, documental y pericial evidenciándose su veracidad, pues la prueba evacuada fue suficiente y concluyente, demuestran responsabilidad del acusado como autor de los hechos por los cuales se le acuso, por tanto, las apreciaciones del Tribunal, carecen de fundamento. Como sabemos, el sistema de valoración de prueba que rige a nuestro Código Procesal Penal permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de pruebas que lo llevan a un convencimiento, pero siempre su argumentación debe estar integrada por conclusiones obtenidas a partir de la probanza, así como de los principios de la Lógica, la Psicología y el Sentido Común. Voluntad del Legislador determinada en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. A criterio del Juzgador, la prueba evacuada resultó insuficiente para llevar al Tribunal a un grado de certeza en cuanto a la participación del acusado, restándole credibilidad al dictamen análisis financiero y patrimonial, señalando que "... esto por si solo no es suficiente para concluir, de modo invariable, que dicha cantidad se las haya apropiado, pues por el contrario se demostró que estas cantidades fueron liquidadas mensualmente por el acusado en su totalidad y como lo expresó el perito del Ministerio Público los retiros lo hizo días después del depósito, por lo tanto nunca se apropió de dichas cantidades, sino que les dio el destino para lo cual fueron extendidos, de acuerdo a las liquidaciones, no causando perjuicio alguno,” por tanto estimó no declarar al acusado como autor de los hechos por los que se le llevó al proceso, extremos que si fueron acreditados con la prueba de cargo, por lo que reiteramos que el Tribunal ha errado en sus conclusiones, al no contar con prueba que respalde su criterio.- Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Critica en su postulado Lógico de la Derivación, es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y as evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad. En ese orden de ideas, la prueba aportada en juicio fue suficiente para acreditar la participación de LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, en la comisión de los hechos por los cuales fue sometido al proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio, arribó a una conclusión errónea, la cual no se deriva de una valoración de la prueba en su conjunto, pues de haber realizado dicha valoración en consonancia y acorde a una sana critica racional, la conclusión a la que hubiese llegado sería justamente la opuesta, es decir, determinando la responsabilidad del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, por el delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA y por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS Por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Critica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación Integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia y veracidad, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando, ya que como quedó evidenciado, el señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, es responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS, dado que todos los elementos probatorios incorporados, nos conducen a ésta conclusión. Haciendo del conocimiento de la Honorable Sala de lo Penal, que el propósito de este recurso, no es que la Sala revalorice la prueba evacuada en el debate, sino que revise la legalidad de la decisión judicial, o sea que determine que en la valoración de la prueba, el Juzgador violento el principio lógico de Derivación, en su característica de Razón Suficiente, esto debido a lo ya establecido por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “ Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba". La Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica, en su principio lógico de derivación en su características de suficiencia, que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 338 numeral 4 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: Que la declaración de los hechos probados no sea clara y terminante y coherentes; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; •Pretensión: Declarar procedente el motivo, anulando el fallo recurrido. La recurrente al desarrollar su recurso, señala que al examinar el cuadro fáctico, que constituye la verdad histórica que da sustento al fallo, se logra evidenciar que su redacción, no es terminante, pues no ha cumplido con los lineamientos del Articulo 338, regla cuarta del Código Procesal Penal; que se desprende además, que el Juzgador al momento de estructurar los hechos que estimó como probados en la sentencia cuestionada, no lo realizó en una forma que demuestre coherencia, sino que, el relato fáctico es contradictorio e irreconciliable entre sí, al afirmar y negar al mismo tiempo los hechos reproducidos en el juicio oral y público, como ser, que el factum descrito en el numeral segundo, en su parte final afirma una circunstancia, sin embargo, este mismo relato fáctico en su numeral tercero lo contradice; se evidencia el incumplimiento de los requisitos de fondo, es decir de falta de coherencia que debe reunir el factum, constituyendo inclusive la citada aseveración una contradicción del hecho fáctico en sí mismo; concluye la recurrente, que al haber incurrido en contradicción el Tribunal, es decir, que no hay conexión en el hecho probado, en consecuencia resulta innecesario e irrelevante la valoración intelectiva de la prueba, la fundamentación jurídica e incluso se hace irrelevante el fallo, pues considera, que está claramente determinado en la declaración de los hechos probados la incoherencia en los numerales señalados. De los Hechos Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. De la Incoherencia de los Hechos Probados: la incoherencia de los hechos probados implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos. (sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados: • Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a la utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del juzgador, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico. • Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación del acusado en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas.• Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos.• Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico. •Que el censor en el planteamiento del motivo identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del recurso. El primer motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha hecho una lectura analítica de los numerales “SEGUNDO” y “TERCERO” de los hechos probados, en los que según la impetrante se da el vicio denunciado, consistente en que hay un relato factico contradictorio, pues asevera que el sentenciador afirma y niega al mismo tiempo los hechos reproducidos en el juicio; sin embargo, no le asiste la razón a la recurrente, ante la carencia de tal defecto, pues el Tribunal no elaboró un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, al contrario si se puede advertir que su desarrollo de los hechos probados en numerales son claros, terminantes y coherentes. Es así que en el numeral segundo del hecho probado se reproduce que el acusado Leonel Luciano Sauceda Guifarro, cuando fungió como miembro de la Policía Nacional, ostentó varios cargos en los que tuvo a su disposición fondos en concepto de administración, procediendo en su momento a liquidar los mismos tal y como lo exigía la Secretaría de Seguridad, a través de la documentación soporte para tal fin, como ser recibos de pago, facturas de gastos por combustible, entre otros, siguiendo los procesos administrativos requeridos. En el numeral tercero de los hechos probados se relata que el imputado mantuvo en sus cuentas bancarias un aproximado de L.18,877,769,91, de los cuales justificó el origen de algunos valores por la venta de leche, ganado, alquileres salarios, bonos, viáticos, etc., y un remanente que se desconoce el origen de su procedencia y por tal razón es que se deriva en una sentencia absolutoria a favor del señor Sauceda Guifarro, pues, lo que se determina con los hechos probados, es que los mismos no se subsumen en el delito de Malversación de Caudales Públicos, por el cual venia también siendo acusado y que lo único que se pudo establecer es que tuvo un remanente de esas cantidades de dinero de los cuales se desconoce su procedencia, extremos que en manera alguna no advierten una incoherencia o contradicción como se ha denunciado, sino que al contrario dan coherencia y logicidad a la decisión del Sentenciador, pues en ese momento de dictarse la sentencia recurrida, se encontraba vigente el decreto legislativo no. 093-2021, publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 35,760 del 01 de noviembre de 2021, que eliminó el supuesto que reprochaba penalmente la tenencia o posesión de activos que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia, como lo definía la ley contra el Delito de Lavado de Activos (decreto 045-2002). Razones por las cuales es procedente desestimar el presente motivo de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Declarar procedente el motivo, anulando el fallo recurrido. Denuncia la recurrente, que el órgano jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido ha incurrido en el vicio in procedendo, pues, de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad del encausado en el delito por el cual se le acusó y que éste es el autor material del mismo, siendo la prueba pericial, armónica y coherente entre sí, encontró total correspondencia con los medios. testificales, documentales, y resto de prueba pericial; luego procede a desglosar los medios de prueba consistente en testifical y pericial; para luego describir la valoración intelectiva del juzgador en relación de la pericia de análisis financiero y patrimonial, con ello, la recurrente ha cuestionado que se ha infringido las reglas de la Sana Critica, en su postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad; al no estar fundamentadas en lo que deriva de esta pericia, pues la misma utilizó como insumo diferente medios de prueba, los cuales fueron evacuados en el acto del debate, del cual se desprende la veracidad de su contenido; a razón que la pericia contó como respaldo para su colaboración con información contundente y que desde su análisis personal, la recurrente refiere que dicha pericia concluyó que el acusado ha recibido dinero por parte de la Secretaria de Seguridad, para el funcionamiento y administración de la Institución Policial y que con dicho pericia se acreditó información que describe en su desarrollo recursivo en su página 12 y que para la recurrente es evidente que la conclusión del juzgador carece de fundamento y que los sentenciadores no cuentan con experticia pertinente para restarle valor probatorio al dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica:1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: ii Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así.2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Iii El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleve a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Del Medio de Prueba Pericial Los Órganos Jurisdiccionales, al momento de emitir una decisión definitiva sobre un hecho debatido, establecen una verdad pasada, una reconstrucción de los hechos, de cómo ocurrieron y, a partir de ello, cual es el derecho aplicable al conflicto surgido por el acometimiento de esos hechos; Es pues que la regla general es que los medios de prueba nos permita hacer esa labor historiadora, esa reconstrucción de hechos pasados y sobre los cuales son llamados los Órganos Jurisdiccionales a decidir; los medios de prueba nos trasladan a lo que fue, de éste modo el medio de prueba testifical, documental, inspección judicial, careo, reconstrucción de hechos, etc., buscar mostrarnos lo que ocurrió antes.- Sin embargo y contrario a lo expuesto, existe un medio de prueba que no tiene esa labor, no busca la recreación de hechos pasados, sino esclarecernos fenómenos, dinámicas, aspectos técnicos, etc.: El Medio de Prueba Pericial. (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal del 06 de abril de 2010, en Exp 147- 2008). El Medio de Prueba Pericial es un medio probatorio cuyo objetivo es explicar/demostrar a los Jueces y Juezas, las dependencias entre causa y efecto que acontecieron en relación a un hecho, objeto o persona de interés para el proceso penal.- Habrá la necesidad de éste medio de prueba cuando el tema de estudio recaiga sobre cuestiones cuya percepción o entendimiento escape a las aptitudes y conocimientos del común de las personas en general, distintas a las jurídicas relativas a la legislación nacional (Art. 239.1 del CPP); Entonces su propósito no es auxiliar al Juez/a en los temas en los que no se encuentre versado, porque ello podría dar paso para pensar que se puede prescindir del medio de prueba pericial en los casos que sí lo fuere; La Pericia se presentará siempre que para el estudio de un fenómeno, un objeto, hecho o persona se requieran conocimientos que no se encuentre dentro de la esfera del profano, con independencia del conocimiento que de forma privada tenga el Juez/a, permitiendo que las partes litigantes puedan auditar, controlar y controvertir su contenido (En ese sentido ver Sentencia de la Sala de lo Penal del 25 de Junio de 2008, en Exp 005-2008); El conocimiento Privado del Juez no puede ser medido, auditado y controvertido por los litigantes y por lo tanto su aplicación afecta la debida contradicción y el derecho de defensa. En cuanto a la valoración de este medio de prueba -en prima facie- debemos establecer que el Órgano Jurisdiccional es el Perito Peritorum, esto implica que el juzgador no está vinculado a la opinión del/la perito, pudiendo aceptarla o rechazarla. La Pericia, al igual que todo medio de prueba, debe de ser sometida a valoración conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), pudiendo ser aceptada o descalificada cuando infrinja los principios de lógica, experiencia común o psicología; Ello implica que el Juez /a no prescindirá del medio de prueba pericial solo por el hecho de no estar de acuerdo con él, sustituyendo sus aportes sobre la única base de su propio conocimiento privado especializado en la materia o sustituyéndolo por el criterio publicado por otras personas que han estudiado el mismo campo de conocimiento, porque estos criterios no han podido ser controlados ni controvertidos por las partes litigantes; Los Jueces/zas si bien están autorizados a recurrir a la literatura para poder comprender de mejor manera el fenómeno científico, el arte, disciplina u oficio que se les explica en el medio de prueba pericial, esto no debe de utilizarse como sustituto del criterio expuesto en el medio de prueba pericial que no logra su convencimiento. El Juzgador para descalificar la opinión del perito deberá de ser como consecuencia de irregularidades en las operaciones periciales, ausencia o deficiencia de los fundamentos, falta de claridad o precisión en sus conclusiones o violación de la lógica en éstas, contradicción con hechos notorios o con otros medios de prueba en la causa, etc. (En ese sentido Rodríguez Miranda, Pág. 83). La Sala de lo Penal, respecto a la valoración de la prueba pericial, ha señalado que: “Si bien […] las legislaciones modernas han permitido la incorporación del sistema de libertad crítica del juez frente a la pericia, que resulta indispensable para que garantice, por un lado, que el perito no usurpe la función jurisdiccional del juez condicionando su fallo con su aporte y para que este controle la validez y eficacia probatoria del mismo y por otro lado, que el principio de valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica, por parte del juzgador implique respecto de la prueba pericial, el examen del informe y la libertad crítica del Juez que no lo exime de realizarla con racionalidad; libre arbitrio no puede equipararse a arbitrariedad; y libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada y sujeta, a su vez, a la crítica de un tribunal de orden superior, para ello el Tribunal ha de valorar todas la pruebas practicadas, en forma armónica y complementaria en tanto que la exigencia de motivación responde a una finalidad de control del discurso probatorio del juez con el objeto de garantizar la racionalidad de su decisión.”.- (En Sentencia de la Sala de lo Penal del 06 de Abril de 2010, en Exp 147-2008). Por tanto, el Juzgador deberá de guiarse sobre criterios de valoración Intrínsecos y Extrínsecos al medio de prueba pericial, a saber: A. Aspectos Intrínsecos: i. El/la Perito: Se valora en el/la perito su nivel de conocimiento en la ciencia arte, disciplina u oficio, ello por los estudios realizados y además, en algunos casos, por la aceptación de la escuela o corriente doctrinaria que sigue dentro del mundo científico en donde se desenvuelve. Otro aspecto es la experiencia del/la Perito en el campo de estudio, el que algunas veces puede permitirle formular sus propias tesis distintas a las asentadas por colegas; Además se valora igualmente la objetividad del/la perito respecto al fenómeno estudiado e imparcialidad respecto a las partes litigantes del proceso penal. ii. El Peritaje: Es el conjunto de acciones realizada por el perito, donde aplica su conocimiento especializado en busca de una verdad. En este proceso el/la perito deberá de seguir los protocolos que la ciencia, arte, disciplina u oficios dictan para el correcto estudio o análisis. iii. El Dictamen: Es el Opus del Perito, que como mínimo debe de incluir: Bases fácticas de las que parte, cuando se trata de el examen de personas, esta base fáctica se recoge en la Historia Médico Legal, la que no constituye una declaración testifical del que la rinde, sino un elemento de información y hasta de verificación del estudio; Identificación de la fuente de la prueba, señalando si se trata de un objeto, hecho, fenómeno o persona; Descripción del cualquier equipo o sustancias que hayan sido utilizadas; y iv. Cita de los Principios observados, de las pruebas practicadas y los resultados obtenidos; Conclusiones, en donde se expongan los resultados obtenidos, interpretados por el/la perito en base a su experticia; el/la perito en sus conclusiones deberá de indicarle al Tribunal el grado de certeza conseguido en los resultados. B. Aspectos Extrínsecos: El Juzgador dispone de un conjunto de medios probatorios adicionales para la formación de un juicio sobre el caso, de los que el experto no dispone, por actuar en un campo visual más estrecho, de modo que la uniformidad, coherencia con otros medios de prueba, incluyendo con otros dictámenes, es determinante para evaluar su certeza; Así como ejemplo, en los Dictámenes de Autopsia, el Médico Forense señala que la manera de muerte es homicida, suicidio accidental, opinión que parte únicamente del limitado campo de estudio del perito, y no vinculante con lo que el órgano jurisdiccional vaya a determinar valorando no solo la prueba pericial, sino todo el inventario probatorio presentado en la causa. Amerita resaltar que muchas veces el medio de prueba pericial en sí mismo es correcto y confiable, pero carece de utilidad para el proceso al no proporcionar información aprovechable en la búsqueda de la verdad sobre el caso. En General, las pautas de valoración del medio de prueba pericial nos señalan que se debe de considerar el sustento de los métodos científicos empleados, el grado de desarrollo alcanzado por la respectiva ciencia, arte, disciplina u oficio, si entre las premisas y las conclusiones existe un necesario nexo lógico, si el informe es en sí mismo preciso o indeciso, coherente o contradictorio, concluyente o incluyente, la firmeza y calidad de los fundamentos del perito, etc. La aspiración del Perito en la presentación de su dictamen es que sea leído o escuchado por el profano, haciendo suyo su contenido, convencido de los resultados expuestos sin resentir su propio desconocimiento sobre el tema. -Es importante apuntar que el/la perito debe de limitarse a las cuestiones atinentes a su especialidad, sin mudarse a otros campos de conocimientos ajenos, mucho menos enredándose en el andamiaje jurídico juzgado del caso en concreto. (En ese sentido ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 07 de Noviembre de 2013, en Exp 080-2013). Resumiendo todo lo expuesto: el medio de prueba pericial debe de valorarse a la luz de las reglas de la sana crítica, considerando si la opinión del/la perito ha sido bien fundada y expresada sin equívocos, y si no ha sido superada por un mayor convencimiento de otros medios de prueba, incluyendo otro medio de prueba pericial. De la procedencia del recurso. El Recurso no es de recibo. En el presente caso, encuentra esta Sala de lo Penal, que el Tribunal Sentenciador al valorar el supra indicado medio de prueba pericial consistente en el análisis financiero y patrimonial del acusado Leonel Luciano Sauceda Guifarro, junto con los demás medios de prueba tanto de cargo como de descargo, emitió los siguientes razonamientos: 1. “…La pericia Financiera Patrimonial evacuada, que antecede si bien se basa en información contable fidedigna, pues proviene de fuentes estatales, municipales comerciales y de entidades bancarias que pueden contribuir a la reconstrucción histórica de las actividades económicas, generadora de activos que poseyó el señor Leonel Luciano Sauceda, observado que la pericia no realizó una investigación objetiva y completa para llegar a determinadas conclusiones en sus numerales 1 y 2 específicamente…” 2. “… considera el tribunal que de las mismas dos conclusiones señaladas, junto a los insumos señalados utilizados por la pericia, al ser esta meramente técnica, no se puede dar por concluido que el señor Sauceda no hizo las liquidaciones de los montos otorgados para su administración, pues por un lado el mismo perito concluyó y lo ratificó en juicio que no tuvo para análisis de su pericia los cheques originales ni los documentos de respaldo que fueron presentados por el señor Sauceda para las liquidaciones de los montos otorgados, tampoco tuvo a la vista los documentos completos de los 122 cheques que se le adjudica al señor Sauceda, asimismo expresó que varias de las copias de los documentos fueron ilegibles y aun así con todas esas falencias de insumos , el perito concluyó en el juicio que el señor Leonel Sauceda de los documentos que le presentó la defensa a la fiscalía de su análisis realizado fue un monto total en cheques por 3,956,952.68 lempiras (que no fueron todos), de los cuales solo le liquidó a el como perito la cantidad de 2,621,584.52 lempiras, que sumando el monto total en cheques (que no tuvo a la vista ni los documentos de las liquidaciones) que le extendió la Secretaría de Seguridad según la constancia de la Secretaría de Seguridad no liquidó el señor Sauceda un total 3,354,728.03 lempiras; Conclusiones estas que evidencias subjetividad, en la cual no podría haberse arribado tratándose de una pericia contable que debe realizarse a través de técnicas especiales, como ser la investigación, para obtener la evidencia necesaria sobre los elementos del juicio, su análisis y finalmente la comprobación y no dar suposiciones como en el presente informe en las conclusiones números 1 y 2…” 3. “…. determinándose también con las tres constancias extendidas por la gerencia administrativa de la Secretaría de Seguridad folios F. 323 al 330 anexo 3 que fue parte de los insumos de esta pericia que el total de fondos que fueron desembolsados por la Secretaría de Seguridad para gastos de administración y de funcionamiento que debía ejecutar el señor Leonel Luciano Sauceda, durante el periodo 2006 al 2017 es de un monto que suma cinco millones seiscientos noventa y cinco mil, trescientos tres lempiras con ocho centavos (L. 5,695,303.8) montos que fueron liquidados oportunamente de acuerdo a lo que establecen las constancias, además poder apreciar a través de la mayoría de los cheques con sus respectivas liquidaciones que presentó la defensa y que analizó también el perito del ente fiscal, por lo tanto la tesis del Ministerio Público que el señor Leonel Sauceda Malversó los Caudales Públicos, no se pudo demostrar que las correspondientes liquidaciones de gastos se hicieran de manera irregular, en virtud que la misma Secretaría de Seguridad señaló oportunamente que las liquidaciones de estos fondos se hicieron conforme a derecho, documentación cuyo contenido fue verificado por las diferentes instancias contraloras internas y externas encargadas para tal fin tal como lo regula la Ley Orgánica del Presupuesto, documentos de soporte que fueron analizados por el Perito…” 4. “…Por otro lado con esa pericia se tuvo por probado por este Tribunal que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancarias un aproximado de L. 18,877,769.91, de los cuales justificó el origen de alguno valores por venta de leche, venta de ganado alquileres, salarios bonos, viáticos incluso los mismos depósitos de la Secretaría de Seguridad, etc., quedando un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia, sin embargo la acusación fiscal fue que el señor Sauceda tuvo ingresos de los cuales eran desconocidos su origen por un monto de L. 20,313,431.47, desglosándose esa cantidad en ingresos bancarios no conocidos por un valor de L.9,383,542.76. pagos de origen desconocido por un monto de L. 6,409,978.95, mas cheques cobrados en efectivo y otros valores correspondientes a la Secretaría de Seguridad que no fueron liquidados, señalando el peritaje que esa cantidad corresponde a L. 4,520,109.76, en el cuadro final de la pericia, pero el agente fiscal consideró que el monto era de L. 3,354,728.03, monto que también dio el perito en el juicio, sin embargo al hacer la operación matemática no corresponde a L. 20,313,431.47 como estableció el ente acusador que corresponde al monto de lo lavado; sin embargo resulta irrelevante determinar con exactitud cuál es la cantidad de origen desconocido, pues al haberse desvanecido que no hubo una malversación de Caudales Públicos, como delito precedente, que fue el acusado para el Lavado de Activos y el solo determinar un monto simplemente como no justificado o que se desconoce su origen, a la fecha la misma ya no es una conducta tipificada como delictiva, resultando ahora que esa conducta de poseer activos sin la justificación licita no resulta ser parte del tipo penal vigente de Lavado de Activos…” Encuentra en este Supremo Tribunal de Justicia que los razonamientos esgrimidos por el Sentenciador en base al principio de inmediación, no quebrantan de manera algunas las reglas de la Sana Critica en su postulado de Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, como lo alega la impetrante, pues dichos razonamientos son coherentes en relación al mismo medio de prueba pericial el cual fue contrastado con los demás medios probatorios allegados a la audiencia de juicio oral y público, encuentra este Tribunal de casación que la recurrente desarrolla en su recurso criterios personales y subjetivos de lo que ella considera tuvo que ser la decisión del Tribunal de Sentencia, pues, los jueces acertadamente han razonado que dicho medio de prueba con la demás prueba evacuada en el proceso, como ser las tres constancias emitidas en fecha veintiuno de mayo de 2019, por la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Seguridad, que corre agregada a folios 624 al 633 tomo 2 de los antecedentes, en la cual se establece que el acusado el señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro, se le realizaron pagos en concepto de gastos administrativos, realizando las respectivas liquidaciones de fondos cuando se desempeñó como Jefe de Distrito Policial 2-1 en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del periodo comprendido del año 2007 al 2009; cheques y transferencias realizadas por la Secretaría de Seguridad al señor Sauceda, con sus respectivas liquidaciones, que obran en los anexos 10 al 14 de los antecedentes del proceso, medios de prueba que constan fueron también analizados por el Perito del Ministerio Público. Asimismo quedó debidamente acreditado en la audiencia de debate que el Tribunal Sentenciador, resta credibilidad a la pericia del ente acusador, pues el Perito no tuvo a su disposición toda la documentación necesaria, manifestando el propio perito que cierta documentación inclusive era ilegible, lo que a criterio del Tribunal resta credibilidad a dicho medio de prueba, razonamientos que a criterio de esta Sala de Casación son propios del ente juzgador, en base al ya citado principio de inmediación, no estando obligado dicho órgano jurisdiccional a aceptar las conclusiones emitidas por el perito en su dictamen, sino que este ha valorado dicho medio de prueba en base a las reglas de la Sana Critica. Razones por las cuales es procedente declarar no ha lugar este motivo de casación. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. Ambos interpuestos por la Abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que contiene el pronunciamiento absolutorio en favor del señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro, por el delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y del delito de Lavado de Activos, en perjuicio del Orden Socioeconómico del Estado de Honduras. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE.Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a diecinueve días del mes de febrero de dos mil veintiséis. Certificación del Auto dictado el doce días de enero de dos mil veintiséis, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-528-2022.Mario Rolando Díaz FloresMagistrado CoordinadorWalter Raúl Miranda SabioMagistradoNelson Danilo Mairena FrancoMagistradoLeti Emelda PosadasReceptora Adscrita De La Sala PenalLa Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-528-2022, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 528-2022, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, mediante el cual falló: Primero: Absolvió a Leonel Luciano Sauceda Guifarro, del delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y del delito de Lavado de Activos, en perjuicio del Orden Socioeconómico del Estado de Honduras. Segundo: No Procedió la Condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: Se Ordenó la devolución de los productos financieros, bienes tanto muebles como inmuebles que fueron asegurados en la presente causa al señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Yanory de Jesús Ramos González, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente; y, la Abogada Yenny Mariela Sierra Varela, defensora privada, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Que a través del Módulo de Recepción de Denuncias de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración de la Policía, se recibió documentación relacionado con posibles ilícitos cometidos por miembros de la Policía Nacional entre ellos el Comisionado LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, en virtud que al realizarle un análisis de su patrimonio por parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial resultó una incongruencia patrimonial, es por ello que mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) procedió a realizar las investigaciones correspondientes. SEGUNDO: Que en fecha 16 de febrero de 2007 el señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro fungió en su condición de Jefe del Distrito Policial 2-1 de la ciudad de San Pedro Sula, el 15 de julio de 2009 fue nombrado en el cargo de Encargado del Departamento de Recursos Materiales en la ciudad de Tegucigalpa y Jefe de Operaciones, el 11 de junio de 2012 como Jefe de la Metropolitana No. 2 de la ciudad de San Pedro Sula, el 18 de abril de 2016 nombrado Director Nacional de Tránsito entre otros asignaciones destacadas dentro de la Secretaria de Seguridad, es así que en atención a la calidad de funcionario dentro de la Secretaría de Seguridad manejo fondos en concepto de administración funcionamiento cuando éste se desempeñaba como Jefe del Distrito Policial 2-1 en la ciudad de San Pedro Sula correspondiente al periodo agosto de 2007 a julio de 2009, por un valor de L. 3,936,845.35, asimismo manejo fondos en concepto de gastos de funcionamiento en el periodo comprendido de noviembre de 2009 al mes de abril de 2016 por un valor total de L. 568,539.32 y finalmente manejó fondos en concepto de gastos de funcionamiento en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en el periodo correspondiente. a los años 2016 al 2017 por un monto de L. 1.189,919.13, recibiendo entre 49 órdenes de pago y cheques en sus cuentas personales de Banco Atlántida No. 1200761870 y Banco Ficohsa No. 1639455 sumando un total de L. 5,695,303.8, todos estos fondos provenían del presupuesto asignado a la Secretaria de Seguridad, siendo la finalidad de estas cantidades de dinero para efectuar gastos de administración y funcionamiento de las diferentes unidades donde se desempeñó el señor Leonel Sauceda; de igual manera recibió 73 cheques provenientes del Banco Central de Honduras que fueron cobrados en efectivo por el señor Leonel Sauceda, cantidades de dinero que tenían como finalidad también pagar gastos de funcionamiento y gastos administrativos, procediendo a liquidar estos dineros tal cual lo exigía la Secretaria de Seguridad a través de los documentación soporte para tal fin, como ser recibos de pagos, facturas de gastos como pagos por combustible, alimentación, eventos navideños y otros tipo de gastos correspondientes a la partida presupuestaria para lo cual fueron asignados estos fondos, asignación presupuestaria que oportunamente fueron liquidados mediante los procesos o controles administrativos a lo interno de la institución, como ser, el departamento de preintervención, de auditoría interna, de la Secretaria de Seguridad, considerando estos unidades de verificación, que las liquidaciones estaban bien hechas. TERCERO: Del mismo análisis financiero evacuado en el presente juicio, se determinó que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancarias un aproximado de L. 18,877,769.91, de los cuales justificó el origen de algunos valores por venta de leche, venta de ganado, alquileres, salarios, bonos, viáticos e incluso los mismos depósitos de la Secretaría de Seguridad, etc., y un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSLa Abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: "Que la declaración de los hechos que el Tribunal estime Probados no sea clara y terminante y coherentes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 1, en relación al artículo 338 numeral 4 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 338 del Código Procesal Penal, que comprende los requisitos de la sentencia, prescribe en su numeral 1, en relación a la declaración de los hechos probados. "En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter Jurídico predeterminen el fallo que haya de dictarse". La Honorable Sala de lo Penal ha establecido lo siguiente: El primer supuesto (artículo 362 numeral I del Código Procesal Penal) tiene una Íntima relación con el articulo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, que establece: la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter Jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse"; la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que ampara el numeral 1 del citado artículo 362, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente, por ello el Tribunal de sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado a los cuales ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos). El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone Ia confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción "in terminis", en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en si, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos” lo subrayado es nuestro. Con el objeto de establecer claramente el vicio que ahora se alega, a continuación, se transcribe los hechos declarados probados por el juzgador: PRIMERO: "Que a través del módulo de recepción de denuncias de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración de la Policía, se recibió documentación relacionado con posibles ilícitos cometidos por miembros de la policía Nacional entre ellos el Comisionado LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, en virtud que al realizarle un análisis de su patrimonio por parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial resultó una incongruencia patrimonial, es por ello que mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) procedió a realizar las investigaciones correspondientes SEGUNDO: que en fecha 16 de febrero del 2007 el señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro fungió en su condición de Jefe del Distrito Policial 2-1 de la Ciudad de San Pedro Sula, el 15 de Julio del 2009, fue nombrado en el cargo de encargado del departamento de Recursos Materiales en la ciudad de Tegucigalpa y Jefe de Operaciones, el 11 de junio del 2012 como Jefe de la Metropolitana N-2 de la ciudad de San Pedro Sula, el 18 de abril del 2016 nombrado director Nacional de Tránsito entre otras asignaciones destacadas dentro de la secretaria de Seguridad, es así que en atención a la calidad de Funcionario dentro de la Secretaria de Seguridad manejo fondos en concepto de administración funcionamiento cuando este se desempeñaba como jefe del Distrito Policial 2-1 en la ciudad de San Pedro Sula correspondiente al periodo de agosto de 2007 a julio 2009, por un valor de L. 3,936,845.35, asimismo manejo fondos en concepto de gastos de funcionamiento en el periodo comprendido de noviembre del 2009 al mes de abril de 2016 por un valor total de L.568.539.32 y finalmente manejo fondos en concepto de gastos de funcionamiento en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en el periodo correspondiente a los años 2016 al 2017 por un monto de L 1,189,919 13 recibiendo entre 49 órdenes de pago y cheques en sus cuentas personales de Banco Atlántida N. 1200761870 y Banco Ficohsa N. 1639455 sumando un total de L.5.695,303.8, todos estas fondos provenían del presupuesto asignado a la Secretaria de Seguridad, siendo la finalidad de estas cantidades de dinero para efectuar gastos de administración y funcionamiento de las diferentes unidades donde se desempeñó el señor Leonel Sauceda; de igual manera recibió 73 cheques provenientes del Banco Central de Honduras que fueron cobrados en efectivo por el señor Leonel Sauceda, cantidad de dinero que tenían como finalidad también pagar gastos de funcionamiento y gastos administrativos, procediendo a liquidar estos dineros tal cual lo exigía la Secretaria de Seguridad a través de los documentos soporte para tal fin, como ser recibos de pago, facturas de gastos como pagos por combustible, alimentación, eventos navideños y otros tipos de gastos correspondientes a la partida presupuestaria para la cual fueron asignados estos fondos, asignación presupuestaria que oportunamente fueron liquidadas mediante los procesos o controles administrativos a lo interno de la institución, como ser el departamento de pre intervención, de auditoria interna de la Secretaria de Seguridad, considerando estas unidades de verificación, que las liquidaciones estaban bien hechas. TERCERO: del mismo análisis financiero evacuado en el presente juicio, se determinó que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancaras un aproximado de L 18. 877,769 91, de los cuales justificó el origen de algunos valores por venta de leche, venta de ganado, alquileres, salarios, bonos, viáticos e incluso los mismos depósitos de la Secretaria de Seguridad, etc., y un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia.-“ Al examinar el cuadro fáctico, que constituye la verdad histórica que da sustento al fallo, se logra evidenciar que su redacción, no es terminante, pues no ha cumplido con los lineamientos del Articulo 338, regla cuarta del Código Procesal Penal que prescribe: "Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:.... Segunda...Tercera Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente:1) Declaración de hechos probados.- En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de Los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse": consecuentemente, incurre en el vicio in procedendo contenido en el numeral 1 del artículo 362 de la citada ley adjetiva penal consistente en: "...descritos con claridad, presión y coherencia..." De lo anterior se desprende, que el Juzgador al momento de estructurar los hechos que estimó como probados en la sentencia cuestionada, no lo realizó en una forma que demuestre coherencia, sino que, el relato fáctico es contradictorio e irreconciliable entre sí, pues afirma y niega al mismo tiempo los hechos reproducidos en el juicio oral y público, como ser, el Factum descrito en el numeral segundo, parte final que afirma una circunstancia, sin embargo, Este mismo relato fáctico en su numeral tercero lo contradice: "SEGUNDO: … asignación presupuestaria que oportunamente fueron liquidadas mediante los procesos o controles administrativos a lo interne de la institución, como ser el departamento de pre Intervención, de auditoria interna de la Secretaria de Seguridad, considerando estas unidades de verificación, que las liquidaciones estaban bien hechas. TERCERO: … del mismo análisis financiero evacuado en el presente Juicio, se determinó que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancaras un aproximado de L 18, 877,769.91, de los cuales justificó el origen de algunos valores por venta de leche, venta de ganado, alquileres, salarlos, bonos, viáticos e incluso los mismos depósitos de la Secretaria de Seguridad, etc, y un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia. - De esa forma, se evidencia el incumplimiento de los requisitos de fondo, es decir de falta de coherencia que debe reunir el factum, constituyendo inclusive la citada aseveración una contradicción del hecho fáctico en si mismo, incumpliendo lo que establece el artículo 338, regla cuarta numeral 1, donde establece que la declaración de hechos probados, que establece lo siguiente. "En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". No cabe duda alguna que el Juzgador en la conformación de los hechos declarados probados incumplió lo establecido por la Honorable sala de lo Penal, en la jurisprudencia supra citada, donde establece los siguiente: "IV.II.I- De los Hechos Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos, Es una descripción, donde los Jugadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, lar hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento, Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos:1.Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separador y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “…la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los jugadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, Incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión" (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2005), "supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: "Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como "posiblemente", "casi seguro" u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido." (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c. Coherentes Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos". (Sentencia de fecha 25) de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009) lo subrayado es nuestro. La supra indicada afirmación se efectúa, tomando en consideración que el juzgador en la construcción de los hechos probados se aprecia la falta de coherencia entre el hecho declarado como probado en el numeral segundo y tercero del factum de la sentencia, pues ambos son contradictorios, de modo que la afirmación de un hecho Implica la negación de otro. Debemos señalar, que al haber incurrido en contradicción el Tribunal, es decir que no hay conexión en el hecho probado, en consecuencia resulta innecesario e irrelevante la valoración intelectiva de la prueba, la fundamentación jurídica e incluso se hace irrelevante el fallo, pues considera que está claramente determinado en la declaración de los hechos probados la incoherencia en los numerales: "SEGUNDO: ….”asignación presupuestaria que oportunamente fueron liquidadas mediante los procesos o controles administrativos a lo interno de la institución, como ser el departamento de pre intervención, de auditoria interna de la Secretaria de Seguridad, considerando estas unidades de verificación, que las liquidaciones estaban bien hechas. TERCERO: del mismo análisis financiero evacuado en el presente juicio, se determinó que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancaras un aproximado de L. 18, 877,769.91, de los cuales justifico el origen de algunos valores por venta de leche, venta de ganado, alquileres, salarios, bonos, viáticos e incluso los mismos depósitos de la Secretaria de Seguridad, etc., y un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia. -" Es preciso mencionar, que el juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma, es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio, Las normas de derecho procesal constituyen un conjunto de reglas a las que él órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues este el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso, El vicio que da fundamento al presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, fue cometido en el acto misino de la Sentencia y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso.” “SEGUNDO MOTIVO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica". PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, que establece: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". La Sala de lo Penal ha expresado que las reglas de la sana critica "son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez" (Couture Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. De Palma, 3° edición Argentina.1993.P2.- En alusión a la violación de las Reglas de la Sana Critica, la Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el articulo 362 No. 3) Penal, prevé que "el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica" Al respecto se ha señalado que " La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva..." (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados). Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana critica. Es este último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Critica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el Juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarlo a cada prueba, pero esa libertad tiene límites las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana critica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010), de este modo las reglas de la sana critica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09) Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de Noviembre del 2001 del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010 Como, consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio...” Al respecto, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones ha explicado los componentes de una valoración acorde a las Regias de la Sana Critica, para el caso citamos: "…la motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre si para ello deberá ser a) Congruente las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas b) No Contradictoria Que no se empleen en la motivación Juicios contrastantes que se anulen entre sí. c) Inequívoca Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B)DERIVACIÓN El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando.” El Ministerio Público, en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo; pues de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad del encausado en el delito por el cual se le acusó y que éste es el autor material del mismo, siendo la prueba pericial, armónica y coherente entre sí, encontró total correspondencia con los medios. testificales, documentales, y resto de prueba pericial; conclusión a la que llegamos en base a las consideraciones siguientes: 1. En la vista pública se contó con la declaración del Testigo Hellen Janeth Rodríguez Aguilar: quien es agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) quien realizó las diligencias investigativas del presente caso y manifestó cual fue el proceso investigativo, recolección de información, identificación de los partícipes en los hechos, así como remisión del informe respectivo. - 2. También se contó con prueba documental consistente en a)-Cheques emitidos por parte de la Secretaria de Seguridad a favor del LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO- b).- Información de la Unidad Inteligencia Financiera (UI), c)-Informe Secretaria de Seguridad sobre la planilla de sueldos y salario del acusado, d).-Constancia de Movimientos Migratorios; e)-Instituto de la Propiedad sobre los bienes inmuebles y vehículos del acusado; f)-Alcaldía Municipal del Distrito Central, referente que el acusado no se encuentra registrado para realizar cualquier acto de comercio, g)-documento del Departamento Administrativo del Inquilinato, sin registro en el sistema de inquilinato; h). información del Registro Mercantil y Cámara de Comercio, referente a que el acusado no se encuentra registrado como comerciante en las zonas de Choluteca, Trujillo, Colon. Sonaguera, Saba, Olanchito, Yoro, Tegucigalpa, i)-Información de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Choluteca, Olanchito y Sonaguera, que non son socios, j).- Asociación Agroindustrial de Palmicultores de Saba, Sonaguera, Valle de Aguan, no se encuentran registrados como socios; k) -Fondo Ganadero de Honduras, no se encuentran registrados como socios, I)-INCAFE, no se encuentran registrados, m).-SAG-SENASA, sin registrados en sistema; n)-Rentas Aduanera (DARA) no se encuentran registrados, o) Constancias emitidas por Justicia Municipal Trujillo, Colon no hay registro de fierro ni cartas de venta; p)-Distribuidora Leyde, no tiene registro comercial; q)-Constancia de Secretaria de Seguridad sobre los cheques y transferencias a favor del acusado mediante los cuales se acredita la existencia de transacciones financieras, que reflejan las cantidades de dinero que desembolsaron a favor del acusado. Todos los medios de prueba documentales sirvieron de soporte para la elaboración de los medios de prueba pericial que fueron evacuados en el acto del Juicio oral y Público. 3. Por otra parte se contó con prueba pericial consistente en: a)-Dictamen de Avalúos de Bienes Inmuebles elaborado por el perito Edna Francella Rojas Valladares: mediante el cual se establece a cuánto ascienden económicamente los bienes que se le atribuyen al acusado.-b) Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial elaborado por el perito Nelson Eulalio Gonzales Rodríguez: mediante el cual se determina la situación financiera del acusado, movimientos bancarios, ingresos e ingresos, movimientos patrimoniales y señalando múltiples inconsistencias y falta de Justificación en: referente al patrimonio del acusado, la capacidad económica del acusado, manejo y liquidaciones sobre los fondos asignados a su cargo para funcionamiento y administración en razón de su cargo. EL Juzgador al valorar la prueba evacuada en el juicio oral y público, en el acápite de Valoración conjunta de la prueba, estableció en relación al Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial, lo siguiente: I “…Considera el Tribunal que de la mismas dos conclusiones señaladas, junto a los insumos utilizadas por la pericia al ser esta meramente técnica, no se puede dar por concluido que el señor Sauceda no hizo las liquidaciones de los montos que le fueron otorgadas para su administración…, conclusiones estas que evidencian subjetividad, en la cual no podría haberse arribado tratándose de una pericia contable que debe de realizarse a través de técnicas especiales, como ser la investigación, para obtener la evidencia necesaria para los elementos del juicio, su análisis y finalmente la comprobación y no dar suposiciones como en el presente informe... lo que si se demostró para este Tribunal con la pericia Patrimonial según el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera es que el acusado fue el titular de 12 cuentas bancarias a nivel nacional, entre ellas Banpais, Banadesa, Occidente, Banco de los Trabajadores, Banco Atlántida, Ficohsa y Davivienda, recibiendo cheques y órdenes de pago a su cuenta Banco Atlántida 1200761870 que proviene de la Secretaria de Seguridad entre transacciones ACH, pagos electrónicos y otros, en cuenta de Banco Ficohsa 1639455 mantuvo depósitos también de parte de la Secretaria de Seguridad y recibió 73 cheques que no fueron ingresados a cuentas bancarias, siendo cobrados en efectivo por parte del señor Leonel Sauceda, determinándose también con las tres constancias extendidas por la gerencia administrativa de la Secretaria de Seguridad folios 323 al 330 anexo 3, que fue parte de los insumos de esta pericia que el total de fondos que fueron desembolsados por la secretaria de Seguridad para gastos de administración y funcionamiento que debla ejecutar el señor Leonel Luciano Sauceda, durante el periodo 2006 al 2017 es un monto que suman cinco millones seiscientos noventa y cinco mil, trecientos tres lempiras con ocho centavos (L.5,695,303.8) montos que fueron debidamente liquidados oportunamente de acuerdo a los que establecen las constancias…” Sobre este señalamiento de los Juzgadores, consideramos que infringen Las Reglas de la Sana Critica, en su postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad, al no estar fundamentadas en lo que deriva de esta pericia, pues la misma utilizó como insumo diferente medios de prueba, los cuales fueron evacuados en el acto del debate, del cual se desprende la veracidad de su contenido y como bien lo dice el Tribunal se trata de una pericia contable, es decir una pericia que requiere de conocimientos especiales, por lo que resultan ilógicas las conclusiones a las que arribo el Tribunal, en primer lugar porque no cuenta con los conocimientos especiales en la materia y en segundo lugar por no contar con prueba soporte que justifique estas valoraciones. Por tanto, debió de valorar que la Pericia en cuestión contó como respaldo para su elaboración con información contundente proveniente de * Unidad Inteligencia Financiera (UIP), sobre los movimientos en todo el sistema financiero por parte del acusado. * Constancia por parte de Secretaria de Seguridad sobre la planilla de sueldos y salario del acusado. * Movimientos Migratorios. * Documentación del Instituto de la Propiedad sobre los bienes inmuebles y vehículos del acusado; Información de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, referente que el acusado no se encuentra registrado para realizar cualquier acto de comercio; * Información del Departamento Administrativo del Inquilinato, sin registro en el sistema de inquilinato; Documentación del Registro Mercantil y Cámara de Comercio, referente a que el acusado no se encuentra registrado como comerciante en las zonas de Choluteca, Trujillo, Colon, Sonaguera, Saba, Olanchito, Yoro, Tegucigalpa, Información de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Choluteca, Olanchito y Sonaguera, que non son socios; * Constancia de la Asociación Agroindustrial de Palmicultores de Saba, Sonaguera, Valle de Aguan, no se encuentran registrados como socios; Constancia del Fondo Ganadero de Honduras, no se encuentran registrados como socios; * Información de INCALE. no se encuentran registrados; * Información SAG-SENASA, sin registrados en el sistema; * Información de Rentas Aduanera (DARA) no se encuentran registrados, * Constancias emitidas por Justicia Municipal Trujillo, Colon no hay registro de fierro ni cartas de venta; Información de Distribuidora Leyde, no tiene registro comercial; * Constancia de Secretaria de Seguridad sobre los cheques y transferencias a favor del acusado. Pericia mediante la cual se concluyó que el acusado ha recibido dinero por parte de la Secretaria de Seguridad, para el funcionamiento y administración de la Institución Policial, el cual fue depositado a cuentas bancarias del acusado, fusionando los fondos del Estado y los propios, generando múltiples inconsistencias, resultando en un perjuicio al Estado de Honduras, Pericia con la cual se acredito que: No se demostró que los montes que le fueron asignados los utilizó para la finalidad que se le otorgó, pues los documentos presentado por el acusado difieren de los documentos originales, utilizados para su supuesta justificación. Los pagos y deudas adquiridas por el acusado superan su capacidad económica, con presencia de fuentes desconocidas de financiamiento.* Existencia de múltiples ingresos a depósitos sin huellas financieras, que no concuerda con lo reportado por el Sistema Financiero-* Adquisición de bienes inmuebles sin capacidad económica, el salario es inferior para préstamos adquiridos. * Reporta ingresos elevados por actividades consistentes en venta de leche, sin embargo, el análisis financiero identificó que los ingresos por esta actividad son inferiores a los reportados por el acusado. * Reportó ingresos por supuestas asesorías, al realizar el análisis financiero, no se puedo establecer que le hicieron efectivos estos pagos, los cuales fueron hechos por terceras personas. * El acusado reportó venta de bienes muebles e inmuebles de los cuales no hay huella financiera-* Egresos que superan la capacidad económica del acusado (sin justificación) e ingresos sin huellas financieras, no concuerdan con el reporte del Sistema Financiero. - Por tanto, es evidente que la conclusión a la cual arribó el Tribunal Sentenciador carece de fundamente, en consecuencia, consideramos que no se apega a una sana critica racional, ni deriva de lo demostrado con la prueba pericial y el resto de la prueba de cargo, además, que como nos hemos referido anteriormente, los Juzgadores no cuentan con la experticia pertinente para restarle valor probatorio a dicho medio de prueba, por otra parte manifiestan que la pericia es subjetiva por no contar con la información investigativa, pero su vez el Tribunal es del criterio que el acusado Justifico el origen de algunos valores por venta de leche, venta de ganado, alquileres, salarios, bonos viáticos e incluso los mismos depósitos de la secretaria de Seguridad quedando un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia Por lo que sus apreciaciones carecen de coherencia y resultan erróneas e ilógicas y sin sustento alguno, en consecuencia, la Pericia es contundente, coherente y reflejan la veracidad de su contenido, siendo concordante con la pretensión Fiscal, demostrándose a través de la misma y del análisis en su conjunto con toda la prueba, la responsabilidad del acusado en el delito que se le presentó proceso.- Aquí resulta importante traer a colación el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la valoración de la prueba pericial, que señala: “ esta Sala de Casación muchos de las razonamientos externados por el Sentenciador en este apartado son contrarias a las reglas de la xana critica, por ejemplo establece que ni el dictamen, ni lo manifestado tanto por el perito oficial como por el consultor técnico merecen credibilidad para sustentar los saldos no justificados, razonamiento que no cuenta con prueba que justifique exe juicio de valor, además que es contrario al principio lógico de no contradicción, pues por una lado establece que no le concede credibilidad a la perito forense y a la consultora de la defensa, pero al final de razonar la prueba concluye que no es posible determinar que los ingresos del imputado sean de actividades ilícita, es decir el Sentenciador incurre en el error de constituirse en perito/juez, recordemos que los peritos son personas especializadas en alguna técnica o experticia que mediante sus conocimiento técnicos y prácticos instruyen al Juzgador en aquellos temas o aspectos que los togados no poseen pues como lo hemos reiterado en otras sentencias los jueces no son todólogos, es decir no manejan todos y cada una de las ciencias o técnicas que existen, al establecer que no le merecen credibilidad ni la posición del perito oficial ni la del consultor privado, pero concluye que no es posible determinar que los bienes y activos del ahora acusado sean de procedencia ilícita, se está convirtiendo en un perito más con facultades que los jueces no poseen, si no existe posibilidad de dar credibilidad a ninguno de los peritos su conclusión será prueba insuficiente y en base a ese criterio absolver de toda responsabilidad, pero tal como lo justificó en la presente sentencia incurre gravemente en violación al principio lógico de no contradicción. También refiere el Juzgador que concluye en exa afirmación de no concederle credibilidad ni al perito del Ministerio Público ni al de la Defensa, al relacionar este medio de prueba con el resto de prueba evacuada en el juicio, consistentes en medios documentales, testificales y periciales, no solo de cargo, sino también de descargo introducidos por la defensa: al respecto considera esta Sala de lo Penal que el Juez A-quo incurre con esta aseveración en violación a la regla lógica de derivación, pues si bien refiere que ese criterio lo justifica con la prueba documental, testifical y pericial no solo de cargo sino de descargo, deja a la imaginación del lector a que prueba se refiere, pues recordemos que el Juzgador debe ser claro en determinar con cuales medios probatorias llega a ciertos conclusiones. no puede simplemente generalizar y establecer que con la prueba documental, testifical y pericial. pues no está cumpliendo con su obligación de establecer en sus juicios de valor de donde deriva esas conclusiones, faltando el Sentenciador a las reglas del correcto pensamiento humano. De igual manera establecen los Sentenciadores, que en ninguna parte de ese dictamen se mencionó que los ingresos de la familia Motiño-Ferraro, provengan de operaciones ilegales y tampoco se acredito respecto de los 7500 dólares que se encontraron en el taller DUPONT, estos estuviesen en posesión o a disposición del acusado; en referencia a esta conclusión, nuevamente incurre en violación a la regla lógica de razón suficiente el Juzgador, pues si el perito oficial hubiese concluido que los ingresas de la familia Motiño-Ferraro provenían de operaciones ilegales eso sí sería efectuar juicios de valor que solo le corresponde concluir a los jueces, entiende esta Sala de Casación y tal como lo estableció el propio Sentenciador en su fallo página 22: "La finalidad de este dictamen era: a) Realizar estudio pericial patrimonial con el fin de establecer si el monto de los fondos generados por las actividades mercantiles y la documentación recolectada en la investigación: b) El análisis patrimonial presentado por la defensa del imputado y la documentación de respaldo, justifica la adquisición de activos que conforman su patrimonio y las erogaciones realizadas por lo cual deberá precisar los aspectos siguientes: c) Cuantificar el patrimonio incluyendo bienes muebles e inmuebles, activos financieros y otros. d) Verificar los ingresos y egresos realizados conforme la actividad económica realizada por el señor José Santiago Motiño López y su núcleo familiar, c) Comparar los ingresos obtenidos en el desarrollo de sus actividades económicas con sus depósitos bancarios incluyendo esposas e hijos. Establecer como resultado del análisis las diferencias existentes en el patrimonio del imputado y su núcleo familiar y al mismo tiempo si tiene causa legal económica de su procedencia," Ante tal aseveración del propio Tribunal Sentenciador y la conclusión de que el peritaje financiero no estableció la ilicitud o no de los ingresos de la familia Motiño-Ferraro falta a la lógica en su principio de razón suficiente, pues ese dato no era la finalidad o el objetivo de dicha pericia, esa era la conclusión a la que tenía que llegar el Juzgador en base a las pruebas ofertadas por el Ministerio Público o desvirtuar dichas acusaciones con la prueba de la defensa, falta también al principio de razón suficiente de la regla lógica al establecer que no se acredito que los 7500 lempiras encontrados en el taller eran propiedad del ahora acusado, sin embargo se escuchó la declaración del agente de investigación Lester Joselico Rodríguez, quien al entrevistar al señor Jorge Castillo y ser este una de las personas que trabajaban en ese establecimiento, afirmó que el propio Motiño López le habla dado 2 mil dólares para compra de materiales, por lo que el razonamiento del Sentenciador es contrario a las normas del correcto pensamiento humano. Al hacer una revisión de la sentencia recurrida es posible verificar que el perito oficial del Ministerio Público que efectuó el análisis patrimonial de la familia del acusado, si tomo en cuenta tanto los ingresos como los egresos, haciendo un detalle de las egresos entre bienes adquiridos, salida de efectivo entre otros; por lo que el Juzgador al afirmar que la perito no tomo en consideración los egresos violenta gravemente el principio lógico de veracidad Por todas estas razones es procedente estimar ha lugar el presente recurso de casación, anular la sentencia recurrida y el debate celebrado y ordenar la realización de un nuevo juicio con jueces distintos a los que participaron” II. Por otra parte, el Tribunal realiza aperciones subjetivas al señalar que "...determinándose también con las tres constancias extendidas por la gerencia administrativa de la Secretaria de Seguridad que el total de fondos que debla ejecutar el señor Leonel Luciano Sauceda, durante el periodo 2006 al 2017 fueron debidamente liquidados oportunamente de acuerdo a los que establecen las constancias...” Es evidente que el Tribunal concluye de forma subjetiva, pues no cuenta con ningún elemento o documentación periférica que lo hace arribar de tal manera, dichas constancias, su contenido es cuestionable, aparte de no contar con soporte alguno, adicionalmente, al momento de su comparecencia la testigo Marcia Moran, quien emitió dichas constancias, estableció un procedimiento, el cual, sin lugar a dudas demuestra que es contrario a la ley, es así, que el análisis realizado por parte del Juzgador no desvanece la responsabilidad del acusado, contrario a esto, se confirma que de la prueba de cargo si se deriva, que al acusado tiene participación en los hechos por los cuales se le acusó.- III Continuando en sus desacertadas apreciaciones el Tribunal Sentenciador señala que "...es preciso dejar ver que era una mala práctica de la Secretaria de Seguridad de permitir que sus administradores, mantuvieron en sus cuentas personales bancarias en algún momento dinero que les era dalo para su administración, pues ellos mismos les hacían transferencia, ya que se originaba como en la presente causa este tipo de suspicacia." Esta valoración realizada por el Tribunal, es totalmente errada pues ha pretendido justificar infundadamente y de forma inexplicable el actuar del Acusado, cuando es evidente que las acciones cometidas por el acusado son constitutivas del hecho ilícito por los cuales se le acusó, inobservando el Tribunal lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto que establece "que todos los fondos del Sector Público, deberán depositarse en el Sistema de Cuenta Único que para tal efecto abrirá la Tesorería General de la Republica en el Banco Central de Honduras. El Sistema de cuenta Única tiene por objeto el manejo ordenado de los fondos público; por tanto, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas establecerá los mecanismos operativos que garanticen el eficiente y oportuno funcionamiento, tanto en lo que corresponde a la captación de ingresos como la ejecución de los pagos derivados del cumplimiento de las obligaciones que las Instituciones del Estado realicen, coordinando lo pertinente con el Banco Central de Honduras… Es así, que siendo evidente que el actuar del señor Leonel Sauceda es contario a la ley, con todo, el Tribunal decide justificar las acciones del acusado, nominándolas únicamente como “malas prácticas” , , obviando lo antes descrito, igualmente dicha ley, señala que los Funcionarios o empleados de cualquier orden que con dolo, culpa o negligencia realcen actos con infracción de la presente ley serán sujetos de la responsabilidad penal...” por tanto, con toda la prueba evacuada en el debate se ha demostrado la participación del acusado en el hecho ilícito, pues el acusado estaba obligado a respetar las leyes, normas y procedimientos establecidos; no obstante, ejecuta las acciones que no son concordantes con las funciones propias de su cargo (es decir de que sus acciones no estaban revestidas de legalidad), además, no procuró, una correcta administración de los bienes del estado, en este caso de los fondos que fueron designados para la administración y funcionamiento policial.- El juzgador con el fallo dado incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009 En ese mismo orden de ideas la Sala de lo Penal ha señalado sobre la valoración de la prueba lo siguiente: “La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia, la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre si; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre si al reflejar verdades incompatibles; 4.Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven, y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión" En base a lo expuesto, al analizar toda la prueba evacuada en el Juicio Oral; testifical, documental, y pericial, puede evidenciarse, que la misma es coherente y concluyente que ha sido totalmente corroborado entre si, ha demostrado que el acusado Leonel Sauceda, ha depositado fondos de la Secretaria de Seguridad a sus cuentas personales, de los cuales se ha apropiado haciendo uso de los mismos, que al realizar el informe Patrimonial, hay cantidades de dinero que tanto sus ingresos y egresos no se han podido justificar y no son coherentes con los bienes y obligaciones adquiridas, debido a que los ingresos del acusado son inferiores a los gastos reportados en el sistema financiero nacional, además que hay reporte de actividades que no cuentan con un antecedente en el sistema Financiero Nacional, resultando en un perjuicio para la administración pública y orden socioeconómico del estado de honduras, consecuentemente se acreditó la responsabilidad del acusado. En tal sentido, del análisis conjunto y armónico de toda la prueba de cargo confirma su concordancia, revistiéndola de credibilidad y virtualidad, siendo la probanza tendiente a vincular directamente al acusado señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, por el delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA y por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS; conclusión misma a la que hubiese llegado el Tribunal, de haber realizado una valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Critica. La desacertada valoración que hace el Tribunal a la prueba pericial dictamen análisis financiero y patrimonial para restarle Valia a probatoria, además de estar distante de la Sana Crítica, tampoco fue valorada de forma conjunta, por el contrario, expone apreciaciones y por tanto, conclusiones que no se derivan de lo demostrado con la prueba; pues la prueba pericial consistente en dictamen análisis financiero y patrimonial, como ya se expuso y detalló en los acápites anteriores, perfectamente se puede contrastar con el resto de la prueba testifical, documental y pericial evidenciándose su veracidad, pues la prueba evacuada fue suficiente y concluyente, demuestran responsabilidad del acusado como autor de los hechos por los cuales se le acuso, por tanto, las apreciaciones del Tribunal, carecen de fundamento. Como sabemos, el sistema de valoración de prueba que rige a nuestro Código Procesal Penal, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de pruebas que lo llevan a un convencimiento, pero siempre su argumentación debe estar integrada por conclusiones obtenidas a partir de la probanza, así como de los principios de la Lógica, la Psicología y el Sentido Común. Voluntad del Legislador determinada en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. A criterio del Juzgador, la prueba evacuada resultó insuficiente para llevar al Tribunal a un grado de certeza en cuanto a la participación del acusado, restándole credibilidad al dictamen análisis financiero y patrimonial, señalando que "... esto por si solo no es suficiente para concluir, de modo invariable, que dicha cantidad se las haya apropiado, pues por el contrario se demostró que estas cantidades fueron liquidadas mensualmente por el acusado en su totalidad y como lo expresó el perito del Ministerio Público los retiros lo hizo días después del depósito, por lo tanto nunca se apropió de dichas cantidades, sino que les dio el destino para lo cual fueron extendidos, de acuerdo a las liquidaciones, no causando perjuicio alguno,” por tanto estimó no declarar al acusado como autor de los hechos por los que se le llevó al proceso, extremos que si fueron acreditados con la prueba de cargo, por lo que reiteramos que el Tribunal ha errado en sus conclusiones, al no contar con prueba que respalde su criterio.- Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Critica en su postulado Lógico de la Derivación, es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y as evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad. En ese orden de ideas, la prueba aportada en juicio fue suficiente para acreditar la participación de LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, en la comisión de los hechos por los cuales fue sometido al proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio, arribó a una conclusión errónea, la cual no se deriva de una valoración de la prueba en su conjunto, pues de haber realizado dicha valoración en consonancia y acorde a una sana critica racional, la conclusión a la que hubiese llegado sería justamente la opuesta, es decir, determinando la responsabilidad del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, por el delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA y por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS Por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Critica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación Integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia y veracidad, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando, ya que como quedó evidenciado, el señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, es responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS, dado que todos los elementos probatorios incorporados, nos conducen a ésta conclusión. Haciendo del conocimiento de la Honorable Sala de lo Penal, que el propósito de este recurso, no es que la Sala revalorice la prueba evacuada en el debate, sino que revise la legalidad de la decisión judicial, o sea que determine que en la valoración de la prueba, el Juzgador violento el principio lógico de Derivación, en su característica de Razón Suficiente, esto debido a lo ya establecido por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “ Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba". La Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica, en su principio lógico de derivación en su características de suficiencia, que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 338 numeral 4 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: Que la declaración de los hechos probados no sea clara y terminante y coherentes; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; •Pretensión: Declarar procedente el motivo, anulando el fallo recurrido. La recurrente al desarrollar su recurso, señala que al examinar el cuadro fáctico, que constituye la verdad histórica que da sustento al fallo, se logra evidenciar que su redacción, no es terminante, pues no ha cumplido con los lineamientos del Articulo 338, regla cuarta del Código Procesal Penal; que se desprende además, que el Juzgador al momento de estructurar los hechos que estimó como probados en la sentencia cuestionada, no lo realizó en una forma que demuestre coherencia, sino que, el relato fáctico es contradictorio e irreconciliable entre sí, al afirmar y negar al mismo tiempo los hechos reproducidos en el juicio oral y público, como ser, que el factum descrito en el numeral segundo, en su parte final afirma una circunstancia, sin embargo, este mismo relato fáctico en su numeral tercero lo contradice; se evidencia el incumplimiento de los requisitos de fondo, es decir de falta de coherencia que debe reunir el factum, constituyendo inclusive la citada aseveración una contradicción del hecho fáctico en sí mismo; concluye la recurrente, que al haber incurrido en contradicción el Tribunal, es decir, que no hay conexión en el hecho probado, en consecuencia resulta innecesario e irrelevante la valoración intelectiva de la prueba, la fundamentación jurídica e incluso se hace irrelevante el fallo, pues considera, que está claramente determinado en la declaración de los hechos probados la incoherencia en los numerales señalados. De los Hechos Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. De la Incoherencia de los Hechos Probados: la incoherencia de los hechos probados implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos. (sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados: • Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a la utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del juzgador, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico. • Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación del acusado en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas.• Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos.• Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico. •Que el censor en el planteamiento del motivo identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del recurso. El primer motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha hecho una lectura analítica de los numerales “SEGUNDO” y “TERCERO” de los hechos probados, en los que según la impetrante se da el vicio denunciado, consistente en que hay un relato factico contradictorio, pues asevera que el sentenciador afirma y niega al mismo tiempo los hechos reproducidos en el juicio; sin embargo, no le asiste la razón a la recurrente, ante la carencia de tal defecto, pues el Tribunal no elaboró un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, al contrario si se puede advertir que su desarrollo de los hechos probados en numerales son claros, terminantes y coherentes. Es así que en el numeral segundo del hecho probado se reproduce que el acusado Leonel Luciano Sauceda Guifarro, cuando fungió como miembro de la Policía Nacional, ostentó varios cargos en los que tuvo a su disposición fondos en concepto de administración, procediendo en su momento a liquidar los mismos tal y como lo exigía la Secretaría de Seguridad, a través de la documentación soporte para tal fin, como ser recibos de pago, facturas de gastos por combustible, entre otros, siguiendo los procesos administrativos requeridos. En el numeral tercero de los hechos probados se relata que el imputado mantuvo en sus cuentas bancarias un aproximado de L.18,877,769,91, de los cuales justificó el origen de algunos valores por la venta de leche, ganado, alquileres salarios, bonos, viáticos, etc., y un remanente que se desconoce el origen de su procedencia y por tal razón es que se deriva en una sentencia absolutoria a favor del señor Sauceda Guifarro, pues, lo que se determina con los hechos probados, es que los mismos no se subsumen en el delito de Malversación de Caudales Públicos, por el cual venia también siendo acusado y que lo único que se pudo establecer es que tuvo un remanente de esas cantidades de dinero de los cuales se desconoce su procedencia, extremos que en manera alguna no advierten una incoherencia o contradicción como se ha denunciado, sino que al contrario dan coherencia y logicidad a la decisión del Sentenciador, pues en ese momento de dictarse la sentencia recurrida, se encontraba vigente el decreto legislativo no. 093-2021, publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 35,760 del 01 de noviembre de 2021, que eliminó el supuesto que reprochaba penalmente la tenencia o posesión de activos que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia, como lo definía la ley contra el Delito de Lavado de Activos (decreto 045-2002). Razones por las cuales es procedente desestimar el presente motivo de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Declarar procedente el motivo, anulando el fallo recurrido. Denuncia la recurrente, que el órgano jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido ha incurrido en el vicio in procedendo, pues, de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad del encausado en el delito por el cual se le acusó y que éste es el autor material del mismo, siendo la prueba pericial, armónica y coherente entre sí, encontró total correspondencia con los medios. testificales, documentales, y resto de prueba pericial; luego procede a desglosar los medios de prueba consistente en testifical y pericial; para luego describir la valoración intelectiva del juzgador en relación de la pericia de análisis financiero y patrimonial, con ello, la recurrente ha cuestionado que se ha infringido las reglas de la Sana Critica, en su postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad; al no estar fundamentadas en lo que deriva de esta pericia, pues la misma utilizó como insumo diferente medios de prueba, los cuales fueron evacuados en el acto del debate, del cual se desprende la veracidad de su contenido; a razón que la pericia contó como respaldo para su colaboración con información contundente y que desde su análisis personal, la recurrente refiere que dicha pericia concluyó que el acusado ha recibido dinero por parte de la Secretaria de Seguridad, para el funcionamiento y administración de la Institución Policial y que con dicho pericia se acreditó información que describe en su desarrollo recursivo en su página 12 y que para la recurrente es evidente que la conclusión del juzgador carece de fundamento y que los sentenciadores no cuentan con experticia pertinente para restarle valor probatorio al dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica:1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: ii Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así.2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Iii El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleve a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Del Medio de Prueba Pericial Los Órganos Jurisdiccionales, al momento de emitir una decisión definitiva sobre un hecho debatido, establecen una verdad pasada, una reconstrucción de los hechos, de cómo ocurrieron y, a partir de ello, cual es el derecho aplicable al conflicto surgido por el acometimiento de esos hechos; Es pues que la regla general es que los medios de prueba nos permita hacer esa labor historiadora, esa reconstrucción de hechos pasados y sobre los cuales son llamados los Órganos Jurisdiccionales a decidir; los medios de prueba nos trasladan a lo que fue, de éste modo el medio de prueba testifical, documental, inspección judicial, careo, reconstrucción de hechos, etc., buscar mostrarnos lo que ocurrió antes.- Sin embargo y contrario a lo expuesto, existe un medio de prueba que no tiene esa labor, no busca la recreación de hechos pasados, sino esclarecernos fenómenos, dinámicas, aspectos técnicos, etc.: El Medio de Prueba Pericial. (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal del 06 de abril de 2010, en Exp 147- 2008). El Medio de Prueba Pericial es un medio probatorio cuyo objetivo es explicar/demostrar a los Jueces y Juezas, las dependencias entre causa y efecto que acontecieron en relación a un hecho, objeto o persona de interés para el proceso penal.- Habrá la necesidad de éste medio de prueba cuando el tema de estudio recaiga sobre cuestiones cuya percepción o entendimiento escape a las aptitudes y conocimientos del común de las personas en general, distintas a las jurídicas relativas a la legislación nacional (Art. 239.1 del CPP); Entonces su propósito no es auxiliar al Juez/a en los temas en los que no se encuentre versado, porque ello podría dar paso para pensar que se puede prescindir del medio de prueba pericial en los casos que sí lo fuere; La Pericia se presentará siempre que para el estudio de un fenómeno, un objeto, hecho o persona se requieran conocimientos que no se encuentre dentro de la esfera del profano, con independencia del conocimiento que de forma privada tenga el Juez/a, permitiendo que las partes litigantes puedan auditar, controlar y controvertir su contenido (En ese sentido ver Sentencia de la Sala de lo Penal del 25 de Junio de 2008, en Exp 005-2008); El conocimiento Privado del Juez no puede ser medido, auditado y controvertido por los litigantes y por lo tanto su aplicación afecta la debida contradicción y el derecho de defensa. En cuanto a la valoración de este medio de prueba -en prima facie- debemos establecer que el Órgano Jurisdiccional es el Perito Peritorum, esto implica que el juzgador no está vinculado a la opinión del/la perito, pudiendo aceptarla o rechazarla. La Pericia, al igual que todo medio de prueba, debe de ser sometida a valoración conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), pudiendo ser aceptada o descalificada cuando infrinja los principios de lógica, experiencia común o psicología; Ello implica que el Juez /a no prescindirá del medio de prueba pericial solo por el hecho de no estar de acuerdo con él, sustituyendo sus aportes sobre la única base de su propio conocimiento privado especializado en la materia o sustituyéndolo por el criterio publicado por otras personas que han estudiado el mismo campo de conocimiento, porque estos criterios no han podido ser controlados ni controvertidos por las partes litigantes; Los Jueces/zas si bien están autorizados a recurrir a la literatura para poder comprender de mejor manera el fenómeno científico, el arte, disciplina u oficio que se les explica en el medio de prueba pericial, esto no debe de utilizarse como sustituto del criterio expuesto en el medio de prueba pericial que no logra su convencimiento. El Juzgador para descalificar la opinión del perito deberá de ser como consecuencia de irregularidades en las operaciones periciales, ausencia o deficiencia de los fundamentos, falta de claridad o precisión en sus conclusiones o violación de la lógica en éstas, contradicción con hechos notorios o con otros medios de prueba en la causa, etc. (En ese sentido Rodríguez Miranda, Pág. 83). La Sala de lo Penal, respecto a la valoración de la prueba pericial, ha señalado que: “Si bien […] las legislaciones modernas han permitido la incorporación del sistema de libertad crítica del juez frente a la pericia, que resulta indispensable para que garantice, por un lado, que el perito no usurpe la función jurisdiccional del juez condicionando su fallo con su aporte y para que este controle la validez y eficacia probatoria del mismo y por otro lado, que el principio de valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica, por parte del juzgador implique respecto de la prueba pericial, el examen del informe y la libertad crítica del Juez que no lo exime de realizarla con racionalidad; libre arbitrio no puede equipararse a arbitrariedad; y libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada y sujeta, a su vez, a la crítica de un tribunal de orden superior, para ello el Tribunal ha de valorar todas la pruebas practicadas, en forma armónica y complementaria en tanto que la exigencia de motivación responde a una finalidad de control del discurso probatorio del juez con el objeto de garantizar la racionalidad de su decisión.”.- (En Sentencia de la Sala de lo Penal del 06 de Abril de 2010, en Exp 147-2008). Por tanto, el Juzgador deberá de guiarse sobre criterios de valoración Intrínsecos y Extrínsecos al medio de prueba pericial, a saber: A. Aspectos Intrínsecos: i. El/la Perito: Se valora en el/la perito su nivel de conocimiento en la ciencia arte, disciplina u oficio, ello por los estudios realizados y además, en algunos casos, por la aceptación de la escuela o corriente doctrinaria que sigue dentro del mundo científico en donde se desenvuelve. Otro aspecto es la experiencia del/la Perito en el campo de estudio, el que algunas veces puede permitirle formular sus propias tesis distintas a las asentadas por colegas; Además se valora igualmente la objetividad del/la perito respecto al fenómeno estudiado e imparcialidad respecto a las partes litigantes del proceso penal. ii. El Peritaje: Es el conjunto de acciones realizada por el perito, donde aplica su conocimiento especializado en busca de una verdad. En este proceso el/la perito deberá de seguir los protocolos que la ciencia, arte, disciplina u oficios dictan para el correcto estudio o análisis. iii. El Dictamen: Es el Opus del Perito, que como mínimo debe de incluir: Bases fácticas de las que parte, cuando se trata de el examen de personas, esta base fáctica se recoge en la Historia Médico Legal, la que no constituye una declaración testifical del que la rinde, sino un elemento de información y hasta de verificación del estudio; Identificación de la fuente de la prueba, señalando si se trata de un objeto, hecho, fenómeno o persona; Descripción del cualquier equipo o sustancias que hayan sido utilizadas; y iv. Cita de los Principios observados, de las pruebas practicadas y los resultados obtenidos; Conclusiones, en donde se expongan los resultados obtenidos, interpretados por el/la perito en base a su experticia; el/la perito en sus conclusiones deberá de indicarle al Tribunal el grado de certeza conseguido en los resultados. B. Aspectos Extrínsecos: El Juzgador dispone de un conjunto de medios probatorios adicionales para la formación de un juicio sobre el caso, de los que el experto no dispone, por actuar en un campo visual más estrecho, de modo que la uniformidad, coherencia con otros medios de prueba, incluyendo con otros dictámenes, es determinante para evaluar su certeza; Así como ejemplo, en los Dictámenes de Autopsia, el Médico Forense señala que la manera de muerte es homicida, suicidio accidental, opinión que parte únicamente del limitado campo de estudio del perito, y no vinculante con lo que el órgano jurisdiccional vaya a determinar valorando no solo la prueba pericial, sino todo el inventario probatorio presentado en la causa. Amerita resaltar que muchas veces el medio de prueba pericial en sí mismo es correcto y confiable, pero carece de utilidad para el proceso al no proporcionar información aprovechable en la búsqueda de la verdad sobre el caso. En General, las pautas de valoración del medio de prueba pericial nos señalan que se debe de considerar el sustento de los métodos científicos empleados, el grado de desarrollo alcanzado por la respectiva ciencia, arte, disciplina u oficio, si entre las premisas y las conclusiones existe un necesario nexo lógico, si el informe es en sí mismo preciso o indeciso, coherente o contradictorio, concluyente o incluyente, la firmeza y calidad de los fundamentos del perito, etc. La aspiración del Perito en la presentación de su dictamen es que sea leído o escuchado por el profano, haciendo suyo su contenido, convencido de los resultados expuestos sin resentir su propio desconocimiento sobre el tema. -Es importante apuntar que el/la perito debe de limitarse a las cuestiones atinentes a su especialidad, sin mudarse a otros campos de conocimientos ajenos, mucho menos enredándose en el andamiaje jurídico juzgado del caso en concreto. (En ese sentido ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 07 de Noviembre de 2013, en Exp 080-2013). Resumiendo todo lo expuesto: el medio de prueba pericial debe de valorarse a la luz de las reglas de la sana crítica, considerando si la opinión del/la perito ha sido bien fundada y expresada sin equívocos, y si no ha sido superada por un mayor convencimiento de otros medios de prueba, incluyendo otro medio de prueba pericial. De la procedencia del recurso. El Recurso no es de recibo. En el presente caso, encuentra esta Sala de lo Penal, que el Tribunal Sentenciador al valorar el supra indicado medio de prueba pericial consistente en el análisis financiero y patrimonial del acusado Leonel Luciano Sauceda Guifarro, junto con los demás medios de prueba tanto de cargo como de descargo, emitió los siguientes razonamientos: 1. “…La pericia Financiera Patrimonial evacuada, que antecede si bien se basa en información contable fidedigna, pues proviene de fuentes estatales, municipales comerciales y de entidades bancarias que pueden contribuir a la reconstrucción histórica de las actividades económicas, generadora de activos que poseyó el señor Leonel Luciano Sauceda, observado que la pericia no realizó una investigación objetiva y completa para llegar a determinadas conclusiones en sus numerales 1 y 2 específicamente…” 2. “… considera el tribunal que de las mismas dos conclusiones señaladas, junto a los insumos señalados utilizados por la pericia, al ser esta meramente técnica, no se puede dar por concluido que el señor Sauceda no hizo las liquidaciones de los montos otorgados para su administración, pues por un lado el mismo perito concluyó y lo ratificó en juicio que no tuvo para análisis de su pericia los cheques originales ni los documentos de respaldo que fueron presentados por el señor Sauceda para las liquidaciones de los montos otorgados, tampoco tuvo a la vista los documentos completos de los 122 cheques que se le adjudica al señor Sauceda, asimismo expresó que varias de las copias de los documentos fueron ilegibles y aun así con todas esas falencias de insumos , el perito concluyó en el juicio que el señor Leonel Sauceda de los documentos que le presentó la defensa a la fiscalía de su análisis realizado fue un monto total en cheques por 3,956,952.68 lempiras (que no fueron todos), de los cuales solo le liquidó a el como perito la cantidad de 2,621,584.52 lempiras, que sumando el monto total en cheques (que no tuvo a la vista ni los documentos de las liquidaciones) que le extendió la Secretaría de Seguridad según la constancia de la Secretaría de Seguridad no liquidó el señor Sauceda un total 3,354,728.03 lempiras; Conclusiones estas que evidencias subjetividad, en la cual no podría haberse arribado tratándose de una pericia contable que debe realizarse a través de técnicas especiales, como ser la investigación, para obtener la evidencia necesaria sobre los elementos del juicio, su análisis y finalmente la comprobación y no dar suposiciones como en el presente informe en las conclusiones números 1 y 2…” 3. “…. determinándose también con las tres constancias extendidas por la gerencia administrativa de la Secretaría de Seguridad folios F. 323 al 330 anexo 3 que fue parte de los insumos de esta pericia que el total de fondos que fueron desembolsados por la Secretaría de Seguridad para gastos de administración y de funcionamiento que debía ejecutar el señor Leonel Luciano Sauceda, durante el periodo 2006 al 2017 es de un monto que suma cinco millones seiscientos noventa y cinco mil, trescientos tres lempiras con ocho centavos (L. 5,695,303.8) montos que fueron liquidados oportunamente de acuerdo a lo que establecen las constancias, además poder apreciar a través de la mayoría de los cheques con sus respectivas liquidaciones que presentó la defensa y que analizó también el perito del ente fiscal, por lo tanto la tesis del Ministerio Público que el señor Leonel Sauceda Malversó los Caudales Públicos, no se pudo demostrar que las correspondientes liquidaciones de gastos se hicieran de manera irregular, en virtud que la misma Secretaría de Seguridad señaló oportunamente que las liquidaciones de estos fondos se hicieron conforme a derecho, documentación cuyo contenido fue verificado por las diferentes instancias contraloras internas y externas encargadas para tal fin tal como lo regula la Ley Orgánica del Presupuesto, documentos de soporte que fueron analizados por el Perito…” 4. “…Por otro lado con esa pericia se tuvo por probado por este Tribunal que el señor Leonel Luciano Sauceda mantuvo en sus cuentas bancarias un aproximado de L. 18,877,769.91, de los cuales justificó el origen de alguno valores por venta de leche, venta de ganado alquileres, salarios bonos, viáticos incluso los mismos depósitos de la Secretaría de Seguridad, etc., quedando un remanente de esa cantidad que se desconoce el origen de su procedencia, sin embargo la acusación fiscal fue que el señor Sauceda tuvo ingresos de los cuales eran desconocidos su origen por un monto de L. 20,313,431.47, desglosándose esa cantidad en ingresos bancarios no conocidos por un valor de L.9,383,542.76. pagos de origen desconocido por un monto de L. 6,409,978.95, mas cheques cobrados en efectivo y otros valores correspondientes a la Secretaría de Seguridad que no fueron liquidados, señalando el peritaje que esa cantidad corresponde a L. 4,520,109.76, en el cuadro final de la pericia, pero el agente fiscal consideró que el monto era de L. 3,354,728.03, monto que también dio el perito en el juicio, sin embargo al hacer la operación matemática no corresponde a L. 20,313,431.47 como estableció el ente acusador que corresponde al monto de lo lavado; sin embargo resulta irrelevante determinar con exactitud cuál es la cantidad de origen desconocido, pues al haberse desvanecido que no hubo una malversación de Caudales Públicos, como delito precedente, que fue el acusado para el Lavado de Activos y el solo determinar un monto simplemente como no justificado o que se desconoce su origen, a la fecha la misma ya no es una conducta tipificada como delictiva, resultando ahora que esa conducta de poseer activos sin la justificación licita no resulta ser parte del tipo penal vigente de Lavado de Activos…” Encuentra en este Supremo Tribunal de Justicia que los razonamientos esgrimidos por el Sentenciador en base al principio de inmediación, no quebrantan de manera algunas las reglas de la Sana Critica en su postulado de Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, como lo alega la impetrante, pues dichos razonamientos son coherentes en relación al mismo medio de prueba pericial el cual fue contrastado con los demás medios probatorios allegados a la audiencia de juicio oral y público, encuentra este Tribunal de casación que la recurrente desarrolla en su recurso criterios personales y subjetivos de lo que ella considera tuvo que ser la decisión del Tribunal de Sentencia, pues, los jueces acertadamente han razonado que dicho medio de prueba con la demás prueba evacuada en el proceso, como ser las tres constancias emitidas en fecha veintiuno de mayo de 2019, por la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Seguridad, que corre agregada a folios 624 al 633 tomo 2 de los antecedentes, en la cual se establece que el acusado el señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro, se le realizaron pagos en concepto de gastos administrativos, realizando las respectivas liquidaciones de fondos cuando se desempeñó como Jefe de Distrito Policial 2-1 en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del periodo comprendido del año 2007 al 2009; cheques y transferencias realizadas por la Secretaría de Seguridad al señor Sauceda, con sus respectivas liquidaciones, que obran en los anexos 10 al 14 de los antecedentes del proceso, medios de prueba que constan fueron también analizados por el Perito del Ministerio Público. Asimismo quedó debidamente acreditado en la audiencia de debate que el Tribunal Sentenciador, resta credibilidad a la pericia del ente acusador, pues el Perito no tuvo a su disposición toda la documentación necesaria, manifestando el propio perito que cierta documentación inclusive era ilegible, lo que a criterio del Tribunal resta credibilidad a dicho medio de prueba, razonamientos que a criterio de esta Sala de Casación son propios del ente juzgador, en base al ya citado principio de inmediación, no estando obligado dicho órgano jurisdiccional a aceptar las conclusiones emitidas por el perito en su dictamen, sino que este ha valorado dicho medio de prueba en base a las reglas de la Sana Critica. Razones por las cuales es procedente declarar no ha lugar este motivo de casación. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. Ambos interpuestos por la Abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que contiene el pronunciamiento absolutorio en favor del señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro, por el delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y del delito de Lavado de Activos, en perjuicio del Orden Socioeconómico del Estado de Honduras. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE. Municipio del Distrito Central, a diecinueve días del mes de febrero de dos mil veintiséis. Certificación del Auto dictado el doce días de enero de dos mil veintiséis, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-528-2022. Mario Rolando Díaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Leti Emelda Posadas Receptora Adscrita De La Sala Penal Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a diecinueve días del mes de febrero de dos mil veintiséis. Certificación del Auto dictado el doce días de enero de dos mil veintiséis, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-528-2022.