Sentencia CP-513-19 — Registro 20394
Resumen
El Tribunal de Sentencia absolvió a la acusada del delito de abuso de autoridad que en su rol de jueza determinó recluir en un Centro Penal para adultos a un menor de edad. Sin embargo, la Sala de lo Penal resolvió declarar con lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. La recurrente denuncia infringida la regla de la lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en virtud que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria resultan ajenas a lo vertido por las propias pruebas aportadas a juicio. En el presente caso, la censora centra su reproche recursivo en la valoración de los siguientes medios de prueba: Declaración Testifical a) Martir Avilio García Cárdenas (Fiscal Auxiliar, Fiscalía Especial contra Crimen Organizado). Documental consistente en: a. Copia Certificada del acuerdo N0. 395 de fecha 09 de abril de 2014, en la cual se hace constar que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial acuerda aceptar la renuncia de la Abogada Wendy Vanessa Caballero Reyes del cargo de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; surtiendo efectos a partir del 17 de diciembre de 2013; b. Copia Certificada de Acta de Audiencia de Declaración de Imputado (F.13); celebrada en fecha 10 de diciembre de 2012, siendo las dos de la mañana, respecto a quince personas, entre ellos Jonny Leroy Evereth Ocampos, contra quienes el Ministerio Público interpuso requerimiento fiscal por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, al momento de la identificación plena, Jonny Leroy Evereth Ocampos refirió contar con la edad de 17 años con fecha de nacimiento 29 de julio de 1995; al turno de la defensa pública de los imputados refirió que se libre atento oficio a medicina forense para que examine y establezca la edad del supuesto menor; La Juez hoy acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, decretó la medida cautelar de Detención Judicial y denegó la solicitud de la defensa. c. Copia Certificada de Acta de Audiencia Inicial, celebrada en fecha 14 de diciembre de 2012 (F.14), siendo las 10:15 AM en la causa instruida contra quince personas, entre ellos Jonny Leroy Evereth Ocampos, todos acusados por el Ministerio Público por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. En dicha audiencia el representante del Ministerio Público manifestó no contar con documentación para acreditar la mayoría de edad, sin embargo, fue invocado en audiencia de declaración de imputados y que de acuerdo al Código de la Niñez y de la Adolescencia y Tratados Internacionales debe presumirse su minoría de edad y separado de esta audiencia, a lo que la hoy imputada resolvió continuar con la audiencia sin separar al menor de la misma, resolución que fue objeto de recurso para la inmediata declinatoria de conocer de la causa respecto al joven Jonny Leroy Evereth Ocampos, por su presunta minoría de edad; sin embargo, La juez Wendy Vanessa Caballero Reyes suspendió la audiencia para efectos de esclarecer tal extremo. Al momento de ser reanudada la audiencia, se acreditó con la Partida de Nacimiento que el joven Jonny Leroy Evereth Ocampos efectivamente era menor de edad, por lo que es remitido al Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Trujillo a fin de que se le siga el proceso. d. Certificación de Acta de Nacimiento No. 0904-1999-00240 que pertenece a Jonny Leroy Evereth Ocampos, en la que se establece que nació el 29 de julio de 1995 en el municipio de Juan Francisco Bulnes del departamento de Gracias a Dios (F.29). e. Oficio de fecha 10 de diciembre de 2012 mediante el cual la hoy imputada Wendy Vanessa Caballero Reyes en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, solicitó a la Comandancia, Base Naval, Puerto Castilla, remitir a quince marinos al Centro Penal de San Pedro Sula, entre ellos al joven Jonny Leroy Evereth Ocampos, en virtud de lo ordenado en audiencia de Declaración de Imputado celebrada en la misma fecha (F.118). f. Oficio de fecha 10 de diciembre de 2012 mediante el cual la hoy imputada Wendy Vanessa Caballero Reyes en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, ordenó al Director del Centro Penal de San Pedro Sula, Cortes, recluir a quince personas, entre ellos al joven Jonny Leroy Evereth Ocampos, en virtud de habérseles decretado la medida cautelar de Detención Judicial en la causa que se les instruía por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras. g. Oficio Contestación No. 029-2016 PNSPS-INP de fecha 18 de febrero de 2018, suscrita por Director Penitenciaria Nacional (F.210), mediante el cual se informa que Jonny Leroy Evereth Ocampos, ingresó a la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, el 10 de diciembre de 2012 por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, y en fecha 14 de diciembre de 2012 fue remitido al Juzgado de la Niñez de Trujillo, Colón, por ser menor de edad, todo ordenado por la Abogada Wendy Vanessa Caballero Reyes, Juez de Letras penal con Jurisdicción Nacional en Materia Penal. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador erróneamente no logra vincular a la acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, por el delito de Abuso de Autoridad; por razón, que la acusación pública al momento de la presentación del requerimiento fiscal no identificó como menor de edad a Jonny Leroy Evereth Ocampos y que al momento de la audiencia de declaración de imputado, la representación fiscal ratifica el requerimiento contra todos los acusados entre ellos, Jonny Leroy Evereth Ocampos, solicitando la imposición de la medida cautelar de detención judicial por lo cual, la juez accedió mediante resolución, remitiéndolo al Centro Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, lugar que permaneció desde el día 10 al 14 de diciembre del año 2012; además refiere los juzgadores que llegada la celebración de la audiencia inicial se acredita la edad del joven Jonny Leroy Evereth Ocampos, constatando ser menor de 18 años, por lo cual, la hoy acusada lo remite al Juzgado de la Niñez y Adolescencia competente por tener en ese preciso momento la edad de 17 años, 04 meses y 11 días. Concluyendo los juzgadores que la hoy acusada no actuó con la intención de someter a un menor de edad al procedimiento penal ordinario, ese no era su objetivo, no buscaba como fin imponer una medida de detención judicial a una persona que debía ser sometida a un proceso especial por su minoría de edad; luego refieren los mismos juzgadores, que materialmente si fue emitida una resolución que vulneró derechos de una persona menor de edad, sin embargo, para que se configure el delito debe existir en el funcionario el ánimo y consciencia orientada a alcanzar ese fin valiéndose de su investidura. Valoración intelectiva del juzgador antes descrita, que no es compartida por estos jueces casacionales; basta con remitirnos al acta que contiene los pormenores desarrollados en la audiencia de imputado, de la cual efectivamente se sustrae el desconocimiento por parte de la acusación pública de la edad del menor Jonny Leroy Evereth Ocampos; pero al momento de ser identificado este manifestó tener la edad de 17 años con fecha de nacimiento el 29 de julio del año 1995, guardando al silencio tanto la acusada en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y la representación fiscal, a excepción de la defensa pública quien a su turno solicitó el libramiento de un oficio a Medicina Forense para que se examine y establezca la edad del supuesto menor, solicitud declarada sin lugar por la acusada y que sea hasta la celebración de audiencia inicial que se acredite con prueba la edad real; remitiendo al menor aun centro penitenciario para adultos, contraviniendo normas como las contenidas en el artículo 1 y 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dispone entre otras cosas, quienes son considerados niños y niñas, que desde el punto de vista legal, cualquier persona menor de 18 años esta bajo la protección de la ley especial; delimitando el ámbito de aplicación de todas las normas contenidas en dicho Código de la Niñez; siendo irrenunciables e intransigibles sus derechos, es decir, que nadie (ni el Estado, ni particulares, ni familiares) pueden renunciar o desconocer esos derechos, debiendo siempre respetarse. La misma norma subraya que las disposiciones del Código deben aplicarse obligatoriamente en cualquier medida, decisión o actuación administrativa, judicial o de otra naturaleza que afecta a una persona menor de 18 años; por lo que se garantiza que el interés y la protección del niño o niña prevalezcan en todas las actuaciones del Estado, incluyendo Tribunales, Instituciones Públicas o Privadas etc. Esa protección antes descrita, evita que autoridades omitan las garantías contenidas en el Código, por falta de documentación o incertidumbre sobre la edad, pues, en caso de duda sobre si una persona tiene o no 18 años, se presume que es menor de 18 hasta que se demuestre lo contrario; ante lo anterior, la acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal hizo lo contrario, consideró a Jonny Leroy Evereth Ocampos mayor de 18 años hasta que se acreditara con documento respectivo ser menor de esa edad, que concluyó en que Jonny Leroy permaneciera, desde el día 10 al 14 de diciembre del año 2012 en un Centro Penal para adultos ante la imposición de una medida cautelara de detención judicial, haciéndose caso omiso, que el artículo 183 de la norma supra indicada, su espíritu es asegurar que los niños o niñas menores de 18 años, solo sean tratados dentro de la jurisdicción especializada diseñada para ellos, con procedimientos adaptados a su edad y derechos y que dichas normas tanto sobre competencia y protección, no sean ignoradas por negligencia o desconocimiento. En el caso actual, al remitirnos a la fundamentación probatoria de la sentencia, se identifica tal y como lo denuncia la recurrente, la infracción a la regla lógica de derivación en el principio de razón suficiente, en lo que respecta a la valoración intelectiva de la declaración testifical como de la documental. Este ejercicio lógico de identificar las premisas probatorias, las premisas valorativas y posterior conclusión de construcción de hechos probados, permite identificar la violación a la regla de la lógica de derivación, pues las premisas no se corresponden con la posterior conclusión por falta de concordancia derivacional. Por lo que, la conclusión del sentenciador que la hoy acusada no actuó con la intención de someter a un menor de edad al procedimiento penal ordinario, resulta una argumentación intelectiva débil para desacreditar la prueba de cargo, cuando el artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, exige que sea estrictamente aplicada las normas tanto sobre competencia y protección, para que no pudieran ser ignoradas por negligencia o desconocimiento. A estos jueces casacionales les ha llamado la atención, que los mismo juzgadores reconocen que la resolución emitida por la hoy acusada, vulneró derechos de una persona menor de edad, concluyendo erróneamente que para que se configure el delito de Abuso de Autoridad debe existir en el funcionario el ánimo y consciencia orientada a alcanzar ese fin valiéndose de su investidura, cuando el tipo penal como elemento claramente dispone “el dictar resoluciones contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos” como ha pasado en el caso subjudice. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el Tribunal de Sentencia ha realizado una valoración probatoria que ciertamente transgrede la regla lógica de derivación, debido a que toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. La recurrente denuncia infringida la regla de la lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en virtud que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria resultan ajenas a lo vertido por las propias pruebas aportadas a juicio. En el presente caso, la censora centra su reproche recursivo en la valoración de los siguientes medios de prueba: Declaración Testifical a) Martir Avilio García Cárdenas (Fiscal Auxiliar, Fiscalía Especial contra Crimen Organizado). Documental consistente en: a. Copia Certificada del acuerdo N0. 395 de fecha 09 de abril de 2014, en la cual se hace constar que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial acuerda aceptar la renuncia de la Abogada Wendy Vanessa Caballero Reyes del cargo de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; surtiendo efectos a partir del 17 de diciembre de 2013; b. Copia Certificada de Acta de Audiencia de Declaración de Imputado (F.13); celebrada en fecha 10 de diciembre de 2012, siendo las dos de la mañana, respecto a quince personas, entre ellos Jonny Leroy Evereth Ocampos, contra quienes el Ministerio Público interpuso requerimiento fiscal por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, al momento de la identificación plena, Jonny Leroy Evereth Ocampos refirió contar con la edad de 17 años con fecha de nacimiento 29 de julio de 1995; al turno de la defensa pública de los imputados refirió que se libre atento oficio a medicina forense para que examine y establezca la edad del supuesto menor; La Juez hoy acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, decretó la medida cautelar de Detención Judicial y denegó la solicitud de la defensa. c. Copia Certificada de Acta de Audiencia Inicial, celebrada en fecha 14 de diciembre de 2012 (F.14), siendo las 10:15 AM en la causa instruida contra quince personas, entre ellos Jonny Leroy Evereth Ocampos, todos acusados por el Ministerio Público por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. En dicha audiencia el representante del Ministerio Público manifestó no contar con documentación para acreditar la mayoría de edad, sin embargo, fue invocado en audiencia de declaración de imputados y que de acuerdo al Código de la Niñez y de la Adolescencia y Tratados Internacionales debe presumirse su minoría de edad y separado de esta audiencia, a lo que la hoy imputada resolvió continuar con la audiencia sin separar al menor de la misma, resolución que fue objeto de recurso para la inmediata declinatoria de conocer de la causa respecto al joven Jonny Leroy Evereth Ocampos, por su presunta minoría de edad; sin embargo, La juez Wendy Vanessa Caballero Reyes suspendió la audiencia para efectos de esclarecer tal extremo. Al momento de ser reanudada la audiencia, se acreditó con la Partida de Nacimiento que el joven Jonny Leroy Evereth Ocampos efectivamente era menor de edad, por lo que es remitido al Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Trujillo a fin de que se le siga el proceso. d. Certificación de Acta de Nacimiento No. 0904-1999-00240 que pertenece a Jonny Leroy Evereth Ocampos, en la que se establece que nació el 29 de julio de 1995 en el municipio de Juan Francisco Bulnes del departamento de Gracias a Dios (F.29). e. Oficio de fecha 10 de diciembre de 2012 mediante el cual la hoy imputada Wendy Vanessa Caballero Reyes en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, solicitó a la Comandancia, Base Naval, Puerto Castilla, remitir a quince marinos al Centro Penal de San Pedro Sula, entre ellos al joven Jonny Leroy Evereth Ocampos, en virtud de lo ordenado en audiencia de Declaración de Imputado celebrada en la misma fecha (F.118). f. Oficio de fecha 10 de diciembre de 2012 mediante el cual la hoy imputada Wendy Vanessa Caballero Reyes en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, ordenó al Director del Centro Penal de San Pedro Sula, Cortes, recluir a quince personas, entre ellos al joven Jonny Leroy Evereth Ocampos, en virtud de habérseles decretado la medida cautelar de Detención Judicial en la causa que se les instruía por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras. g. Oficio Contestación No. 029-2016 PNSPS-INP de fecha 18 de febrero de 2018, suscrita por Director Penitenciaria Nacional (F.210), mediante el cual se informa que Jonny Leroy Evereth Ocampos, ingresó a la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, el 10 de diciembre de 2012 por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, y en fecha 14 de diciembre de 2012 fue remitido al Juzgado de la Niñez de Trujillo, Colón, por ser menor de edad, todo ordenado por la Abogada Wendy Vanessa Caballero Reyes, Juez de Letras penal con Jurisdicción Nacional en Materia Penal. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador erróneamente no logra vincular a la acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, por el delito de Abuso de Autoridad; por razón, que la acusación pública al momento de la presentación del requerimiento fiscal no identificó como menor de edad a Jonny Leroy Evereth Ocampos y que al momento de la audiencia de declaración de imputado, la representación fiscal ratifica el requerimiento contra todos los acusados entre ellos, Jonny Leroy Evereth Ocampos, solicitando la imposición de la medida cautelar de detención judicial por lo cual, la juez accedió mediante resolución, remitiéndolo al Centro Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, lugar que permaneció desde el día 10 al 14 de diciembre del año 2012; además refiere los juzgadores que llegada la celebración de la audiencia inicial se acredita la edad del joven Jonny Leroy Evereth Ocampos, constatando ser menor de 18 años, por lo cual, la hoy acusada lo remite al Juzgado de la Niñez y Adolescencia competente por tener en ese preciso momento la edad de 17 años, 04 meses y 11 días. Concluyendo los juzgadores que la hoy acusada no actuó con la intención de someter a un menor de edad al procedimiento penal ordinario, ese no era su objetivo, no buscaba como fin imponer una medida de detención judicial a una persona que debía ser sometida a un proceso especial por su minoría de edad; luego refieren los mismos juzgadores, que materialmente si fue emitida una resolución que vulneró derechos de una persona menor de edad, sin embargo, para que se configure el delito debe existir en el funcionario el ánimo y consciencia orientada a alcanzar ese fin valiéndose de su investidura. Valoración intelectiva del juzgador antes descrita, que no es compartida por estos jueces casacionales; basta con remitirnos al acta que contiene los pormenores desarrollados en la audiencia de imputado, de la cual efectivamente se sustrae el desconocimiento por parte de la acusación pública de la edad del menor Jonny Leroy Evereth Ocampos; pero al momento de ser identificado este manifestó tener la edad de 17 años con fecha de nacimiento el 29 de julio del año 1995, guardando al silencio tanto la acusada en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y la representación fiscal, a excepción de la defensa pública quien a su turno solicitó el libramiento de un oficio a Medicina Forense para que se examine y establezca la edad del supuesto menor, solicitud declarada sin lugar por la acusada y que sea hasta la celebración de audiencia inicial que se acredite con prueba la edad real; remitiendo al menor aun centro penitenciario para adultos, contraviniendo normas como las contenidas en el artículo 1 y 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dispone entre otras cosas, quienes son considerados niños y niñas, que desde el punto de vista legal, cualquier persona menor de 18 años esta bajo la protección de la ley especial; delimitando el ámbito de aplicación de todas las normas contenidas en dicho Código de la Niñez; siendo irrenunciables e intransigibles sus derechos, es decir, que nadie (ni el Estado, ni particulares, ni familiares) pueden renunciar o desconocer esos derechos, debiendo siempre respetarse. La misma norma subraya que las disposiciones del Código deben aplicarse obligatoriamente en cualquier medida, decisión o actuación administrativa, judicial o de otra naturaleza que afecta a una persona menor de 18 años; por lo que se garantiza que el interés y la protección del niño o niña prevalezcan en todas las actuaciones del Estado, incluyendo Tribunales, Instituciones Públicas o Privadas etc. Esa protección antes descrita, evita que autoridades omitan las garantías contenidas en el Código, por falta de documentación o incertidumbre sobre la edad, pues, en caso de duda sobre si una persona tiene o no 18 años, se presume que es menor de 18 hasta que se demuestre lo contrario; ante lo anterior, la acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal hizo lo contrario, consideró a Jonny Leroy Evereth Ocampos mayor de 18 años hasta que se acreditara con documento respectivo ser menor de esa edad, que concluyó en que Jonny Leroy permaneciera, desde el día 10 al 14 de diciembre del año 2012 en un Centro Penal para adultos ante la imposición de una medida cautelara de detención judicial, haciéndose caso omiso, que el artículo 183 de la norma supra indicada, su espíritu es asegurar que los niños o niñas menores de 18 años, solo sean tratados dentro de la jurisdicción especializada diseñada para ellos, con procedimientos adaptados a su edad y derechos y que dichas normas tanto sobre competencia y protección, no sean ignoradas por negligencia o desconocimiento. En el caso actual, al remitirnos a la fundamentación probatoria de la sentencia, se identifica tal y como lo denuncia la recurrente, la infracción a la regla lógica de derivación en el principio de razón suficiente, en lo que respecta a la valoración intelectiva de la declaración testifical como de la documental. Este ejercicio lógico de identificar las premisas probatorias, las premisas valorativas y posterior conclusión de construcción de hechos probados, permite identificar la violación a la regla de la lógica de derivación, pues las premisas no se corresponden con la posterior conclusión por falta de concordancia derivacional. Por lo que, la conclusión del sentenciador que la hoy acusada no actuó con la intención de someter a un menor de edad al procedimiento penal ordinario, resulta una argumentación intelectiva débil para desacreditar la prueba de cargo, cuando el artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, exige que sea estrictamente aplicada las normas tanto sobre competencia y protección, para que no pudieran ser ignoradas por negligencia o desconocimiento. A estos jueces casacionales les ha llamado la atención, que los mismo juzgadores reconocen que la resolución emitida por la hoy acusada, vulneró derechos de una persona menor de edad, concluyendo erróneamente que para que se configure el delito de Abuso de Autoridad debe existir en el funcionario el ánimo y consciencia orientada a alcanzar ese fin valiéndose de su investidura, cuando el tipo penal como elemento claramente dispone “el dictar resoluciones contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos” como ha pasado en el caso subjudice. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el Tribunal de Sentencia ha realizado una valoración probatoria que ciertamente transgrede la regla lógica de derivación, debido a que toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado..."
Legislación citada
- Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 1 y 183 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-513-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 513-2019, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante el cual falló: Primero: Absolvió a Wendy Vanessa Caballero Reyes, por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: No procedió declarar la responsabilidad civil. Cuarto: Revocó las medidas cautelares a las que haya estado sujeta Wendy Vanessa Caballero Reyes, por esta causa sin perjuicio de otros procesos o condenas pendientes. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Lorena Cruz Sevilla, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente, los Abogados Marlon Iván Rodríguez Escalón y Roberto Carlos Amaya Talavera, defensores privados en su condición de recurridos. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO. En fecha 9 de diciembre del año 2012, el Juzgado de Letras seccional de la ciudad de Trujillo, Colón, admitió el requerimiento fiscal interpuesto en contra de quince personas, entre ellos el ciudadano JL por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; causa que fue remitida al Juzgado con competencia nacional en materia penal. SEGUNDO. En la misma ciudad de Trujillo, Colón, en fecha 10 de diciembre de 2012, siendo las dos de la mañana, la señora WENDY VANESSA CABALLERO REYES, actuando como Juez de Letras con competencia territorial nacional en materia penal. celebró audiencia de declaración de imputado respecto a los 15 acusados, entre ellos JL, a quienes decretó la medida cautelar de Detención Judicial por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO. En fecha 14 de diciembre del mismo año 2012, la entonces juez, WENDY VANESSA CABALLERO REYES, celebró Audiencia Inicial en la que se acredito que el joven JL contaba con 17 años, 4 meses 15 días de edad, la juez procedió a remitirlo al Juzgado de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Trujillo, Colón.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Lorena Cruz Sevilla, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana critica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación del Artículo 202 de la Ley Penal Adjetiva, que establece que el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Critica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal, requerimientos a los que, consideramos, no se ha dado cumplimiento en la sentencia ahora impugnada. En el presente caso, en la valoración conjunta de la prueba del Ministerio Público, el sentenciador establece dar por acreditado que la acusada WENDY VANESSA CABALLERO REYES, ostentaba el cargo de Juez de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, sin embargo, al mismo tiempo también señala que fue hasta en audiencia inicial que se determinó la minoría de edad del joven JL. También señala el Juzgador que la acusada no actuó con la intensión de someter a un menor de edad a un procedimiento penal ordinario y que aunque se emitió una resolución que vulneró sus derechos, no era éste el ánimo de la acusada. El anterior razonamiento que hace el sentenciador sobre la prueba no es acorde a las reglas de la Sana Critica, pues, contrario a sus apreciaciones, la prueba evacuada en juicio demostró contundentemente la responsabilidad de la acusada y efectivamente, si tuvo la intención de someter al joven JL al Procedimiento Penal Ordinario lo cual se evidenció de la prueba, tal y como lo señalamos a continuación. 1. La Copia Certificada del Acuerdo N° 395, demostró que la acusada WENDY VANESSA CABALLERO REYES, ostentaba el cargo de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, por tanto, también la condición de Funcionaria Pública, por lo que sus acciones fueron en el ejercicio de su cargo como tal. 2. La Copia Certificada de Acta de Audiencia de Declaración de Imputado del Joven JL probó que el joven JL fue llevado al proceso como acusado por el delito de Lavado de Activos, y que en dicha audiencia, al ser identificado por la juez actuante WENDY VANESSA CABALLERO REYES (hoy acusada), de viva voz le manifiesta a ella su edad, 17 años, señalando incluso el joven que nació en fecha 29 de julio de 1995, el defensor del joven también interviene y hace una petición expresa a la ahora acusada, solicitándole se libre oficio a Medicina Forense para que examine y establezca la edad del supuesto menor, pero la acusada hace caso omiso a tal manifestación y a la petición de la defensa, y por tanto, también a lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que refiere "Articulo 1….. En caso de duda sobre la edad de un niño o niña, se presumirá mientras se establece su edad legal efectiva, que no ha cumplido los dieciocho (18) años), por lo que la acusada, no presume esta minoría de edad, sino más bien, declara Sin Lugar la petición planteada por la parte defensora para que se ordene a Medicina Forense la evaluación física para determinación de edad del joven JL y en su lugar ordena que ésta circunstancia (minoría de edad) sea acreditada con prueba de cargo y descargo, en el momento de celebrar la audiencia Inicial de la causa, incumpliendo así el artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia que refiere: "Cuando en un proceso de jurisdicción ordinaria, resulte implicado un niño (e), el juez se declarará incompetente y sin tardanza lo pondrá a la orden del juez de la niñez competente o al que haga su veces, con el testimonio del respectivo expediente". 3. Se demostró con los dos Oficios de fecha 10 de diciembre del 2012, ambos librados por la acusada CABALLERO REYES, que ésta ordenó a la Comandancia de la Base Naval de Puerto Castilla la remisión hasta el Centro Penal de San Pedro Sula, Cortés al joven JL, junto a otras personas, y el segundo Oficio, le ordena al Director del Centro Penal recluir al joven menor de edad y a las demás personas en dicho centro en virtud de habérseles decretado la medida cautelar de Detención Judicial. Instrucciones que gira arbitrariamente aun sabiendo que el joven JL ha manifestado ser menor de edad. 4. La Copia Certificada del Acta de Audiencia inicial, demostró que la acusada tenía plena conciencia de la minoría de edad del joven JL, porque es ella misma quien mientras se ésta desarrollando ésta audiencia, pide al Ministerio Público aclare sobre la situación de edad del joven, ante lo cual el fiscal, invoca el artículo 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifestando que al no haber prueba que contradiga lo manifestado por el joven JL debe presumirse su minoría de edad, y debe separarse del proceso para no violentar sus derechos, pero la acusada, deliberadamente omite la norma invocada y persiste en que la audiencia continúe hasta que se acredite éste extremo (minoría de edad), el ente fiscal interpone recurso de reposición, el que es declarado Sin Lugar. 5. La Declaración del Fiscal Mártir Avilio García Cárdenas, corrobora el contenido de los medios probatorios antes descritos, y en concordancia y secuencia a lo plasmado en el Acta de Audiencia Inicial arriba referida, manifiesta que ante la negativa de la acusada de apartar del proceso al joven JL por su presunción de minoría, el equipo fiscal decide salirse de la audiencia porque en esas condiciones no podían continuar, ante tal situación, la acusada persistiendo en su intención de someter al menor al procedimiento penal ordinario, declara en suspenso la audiencia para que el Ministerio Público establezca la edad del joven, haciendo nuevamente caso omiso a la presunción ordenada en el artículo 1 del Código de la Niñez que antes hemos transcrito, es entonces, hasta que, al reanudar la audiencia y se le pone a la vista a la acusada la Certificación de Nacimiento de JL decide apartarse del proceso y remitirlo al Juzgado de la Niñez de Trujillo, quedando con lo expuesto, claramente demostrada la conducta ilícita y la responsabilidad de la acusada. 6. La Certificación de Nacimiento de JL: acredito que, al momento de la Audiencia de Declaración de imputado del joven, (10 de diciembre del 2012), este tenía 17 años 4 meses y 12 días de edad, y, por tanto, ser cierto lo manifestado por el joven JL a la acusada en esa audiencia. Como podemos observar, honorables magistrados, la prueba evacuada en juicio y anteriormente descrita demuestra como la conducta ejecutada por la acusada se enmarca perfectamente en el delito por el cual fue llevada a juicio y la decisión a la que arribo el Tribunal no se deriva de la misma, en ese sentido, se evidencia que la acusada actuó con intención y plena conciencia de ejecutar la conducta ilícita valiéndose de su investidura pues le fue referido y peticionado tanto por el mismo joven como por su defensor y aún, por el Ministerio Público la edad del joven y su obligación de presumir la edad y remitirlo a la jurisdicción correspondiente, pero consciente y deliberadamente ella decidió abstenerse de cumplir lo establecido en el artículo 1 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, es decir, debla presumir que el joven no había cumplido los 18 años; así como también decidió abstenerse de cumplir lo dispuesto en el artículo 183 del mismo Código que le obligaba a declararse incompetente de conocer la causa contra el joven JL pues sin tardanza debla ponerlo a la orden del Juez de la Niñez, preceptos legales que evidentemente por la misma naturaleza de su cargo, no desconocía la acusada, no bastando con ello la Juez emite una resolución contraria a la Constitución de la República, al Código de la Niñez y la Adolescencia, y a Tratados Internacionales al decretar la medida de detención judicial al joven JL, ordenando también que el mismo fuera Ingresado a un Centro Penitenciario para adultos Quedando demostrado con ello la intencionalidad de ejecutar la conducta definida como delito de Abuso de Autoridad y su responsabilidad como autora, conclusión misma a la que hubiese llegado el Tribunal, de haber realizado una valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Critica. En virtud todo lo anteriormente expuesto, debemos señalar que las apreciaciones hechas por el Juzgador constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación integrada por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma asi como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión, que de la prueba evacuada no considera probada la participación de la acusada en el delito de Abuso de Autoridad, razonamiento que, reiteramos, representa una afrenta al recto entendimiento humano, pues la prueba demostró que la acusada en fecha 10 de Diciembre del 2012, se abstuvo de cumplir lo dispuesto en la Ley de la Niñez y además, dictó una resolución (imponer la medida de Detención Judicial al joven JL contraria a la ley (a sabiendas que ha manifestado ser menor de 18 años, no aplica la presunción de minoría de edad ni remite las diligencias al Juzgado de la Niñez competente, tal como lo establecen los artículos 1 y 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia), por lo que su acción encaja a plenitud con la conducta criminosa descrita en el numeral 2) del artículo 349 del Código Penal, que refiere: "Será castigado con reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)..., 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga do cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos Jurídicos". Concurriendo también el elemento subjetivo del tipo penal, ya que su acción no puede considerarse una simple inobservancia de la norma, sino que, su comportamiento (su determinación a no cumplir lo estipulado en la ley y por otra parte su resolución ordenando la Detención Judicial al joven JL demuestra la intención deliberada de actuar contrario a derecho, hace caso omiso a la presunción de minoría de edad y, a pesar de lo invocado por la parte defensora en la primera audiencia y el llamado de atención que hace el ente fiscal en la segunda audiencia, la acusada persiste en el ánimo de no querer cumplir la ley, exigiendo de manera antojadiza y de forma reiterada que sea acreditada esta circunstancia. Por lo antes expresado, es evidente que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que se estableciera la participación de WENDY VANESSA CABALLERO REYES en la comisión de los hechos por los cuales fue sometida a proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de Instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea"[1]. Como puede observarse toda la prueba allegada al proceso, demuestra que la acusada WENDY VANESSA CABALLERO REYES, es responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD y que, con el proceso intelectivo que realizó el Tribunal sobre la valoración del material probatorio de cargo, vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Critica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que el acusada si es responsable de los hechos por los cuales fue sometida a juicio, cumpliendo estos hechos, con los elementos del delito tipificado en el articulo 349 numeral 2) del Código Penal, es decir, que estamos ante el delito de ABUSO DE AUTORIDAD. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectiva Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 338 numeral 2 regla cuarta del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido. Reprocha la recurrente, que los juzgadores al valorar conjuntamente la prueba de cargo, señalaron que en audiencia inicial se determinó la minoría de edad del joven JL, por lo cual, la acusada no actuó con la intención de someter a un menor a un procedimiento penal ordinario, que si bien, se emitió una resolución que vulneró derechos, no fue el ánimo de la acusada; posteriormente la censora describe toda la prueba evacuada en juicio, para concluir que la misma demuestra como la conducta ejecutada por la acusada se enmarca perfectamente en el delito por el cual fue llevada a juicio y la decisión a la que arribo el Tribunal no se deriva de la misma, en ese sentido, para la recurrente, se evidencia que la acusada actuó con intención y plena conciencia de ejecutar la conducta ilícita valiéndose de su investidura, pues, le fue referido y peticionado tanto por el mismo joven como por su defensor y aún, por el Ministerio Público la edad del menor y su obligación de presumir la edad y remitirlo a la jurisdicción correspondiente, pero consciente y deliberadamente la acusada decidió abstenerse de cumplir lo establecido en el artículo 1 y 183 del Código de la Niñez y de la Adolescencia; no bastando con ello, la acusada en su condición de Juez, emite una resolución contraria a la Constitución de la República, al Código de la Niñez y la Adolescencia y a Tratados Internacionales al decretar la medida de detención judicial al joven JL, ordenando también que el mismo fuera Ingresado a un Centro Penitenciario para adultos. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. La recurrente denuncia infringida la regla de la lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en virtud que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria resultan ajenas a lo vertido por las propias pruebas aportadas a juicio. En el presente caso, la censora centra su reproche recursivo en la valoración de los siguientes medios de prueba: Declaración Testifical a) Martir Avilio García Cárdenas (Fiscal Auxiliar, Fiscalía Especial contra Crimen Organizado). Documental consistente en: a. Copia Certificada del acuerdo N0. 395 de fecha 09 de abril de 2014, en la cual se hace constar que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial acuerda aceptar la renuncia de la Abogada Wendy Vanessa Caballero Reyes del cargo de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; surtiendo efectos a partir del 17 de diciembre de 2013; b. Copia Certificada de Acta de Audiencia de Declaración de Imputado (F.13); celebrada en fecha 10 de diciembre de 2012, siendo las dos de la mañana, respecto a quince personas, entre ellos JL, contra quienes el Ministerio Público interpuso requerimiento fiscal por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, al momento de la identificación plena, JL refirió contar con la edad de 17 años con fecha de nacimiento 29 de julio de 1995; al turno de la defensa pública de los imputados refirió que se libre atento oficio a medicina forense para que examine y establezca la edad del supuesto menor; La Juez hoy acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, decretó la medida cautelar de Detención Judicial y denegó la solicitud de la defensa. c. Copia Certificada de Acta de Audiencia Inicial, celebrada en fecha 14 de diciembre de 2012 (F.14), siendo las 10:15 AM en la causa instruida contra quince personas, entre ellos JL, todos acusados por el Ministerio Público por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. En dicha audiencia el representante del Ministerio Público manifestó no contar con documentación para acreditar la mayoría de edad, sin embargo, fue invocado en audiencia de declaración de imputados y que de acuerdo al Código de la Niñez y de la Adolescencia y Tratados Internacionales debe presumirse su minoría de edad y separado de esta audiencia, a lo que la hoy imputada resolvió continuar con la audiencia sin separar al menor de la misma, resolución que fue objeto de recurso para la inmediata declinatoria de conocer de la causa respecto al joven JL, por su presunta minoría de edad; sin embargo, La juez Wendy Vanessa Caballero Reyes suspendió la audiencia para efectos de esclarecer tal extremo. Al momento de ser reanudada la audiencia, se acreditó con la Partida de Nacimiento que el joven JL efectivamente era menor de edad, por lo que es remitido al Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Trujillo a fin de que se le siga el proceso. d. Certificación de Acta de Nacimiento No. 0904-1999-00240 que pertenece a JL, en la que se establece que nació el 29 de julio de 1995 en el municipio de Juan Francisco Bulnes del departamento de Gracias a Dios (F.29). e. Oficio de fecha 10 de diciembre de 2012 mediante el cual la hoy imputada Wendy Vanessa Caballero Reyes en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, solicitó a la Comandancia, Base Naval, Puerto Castilla, remitir a quince marinos al Centro Penal de San Pedro Sula, entre ellos al joven JL, en virtud de lo ordenado en audiencia de Declaración de Imputado celebrada en la misma fecha (F.118). f. Oficio de fecha 10 de diciembre de 2012 mediante el cual la hoy imputada Wendy Vanessa Caballero Reyes en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, ordenó al Director del Centro Penal de San Pedro Sula, Cortes, recluir a quince personas, entre ellos al joven JL en virtud de habérseles decretado la medida cautelar de Detención Judicial en la causa que se les instruía por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras. g. Oficio Contestación No. 029-2016 PNSPS-INP de fecha 18 de febrero de 2018, suscrita por Director Penitenciaria Nacional (F.210), mediante el cual se informa que JL, ingresó a la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, el 10 de diciembre de 2012 por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, y en fecha 14 de diciembre de 2012 fue remitido al Juzgado de la Niñez de Trujillo, Colón, por ser menor de edad, todo ordenado por la Abogada Wendy Vanessa Caballero Reyes, Juez de Letras penal con Jurisdicción Nacional en Materia Penal. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador erróneamente no logra vincular a la acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, por el delito de Abuso de Autoridad; por razón, que la acusación pública al momento de la presentación del requerimiento fiscal no identificó como menor de edad a JL y que al momento de la audiencia de declaración de imputado, la representación fiscal ratifica el requerimiento contra todos los acusados entre ellos, JL, solicitando la imposición de la medida cautelar de detención judicial por lo cual, la juez accedió mediante resolución, remitiéndolo al Centro Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, lugar que permaneció desde el día 10 al 14 de diciembre del año 2012; además refiere los juzgadores que llegada la celebración de la audiencia inicial se acredita la edad del joven JL, constatando ser menor de 18 años, por lo cual, la hoy acusada lo remite al Juzgado de la Niñez y Adolescencia competente por tener en ese preciso momento la edad de 17 años, 04 meses y 11 días. Concluyendo los juzgadores que la hoy acusada no actuó con la intención de someter a un menor de edad al procedimiento penal ordinario, ese no era su objetivo, no buscaba como fin imponer una medida de detención judicial a una persona que debía ser sometida a un proceso especial por su minoría de edad; luego refieren los mismos juzgadores, que materialmente si fue emitida una resolución que vulneró derechos de una persona menor de edad, sin embargo, para que se configure el delito debe existir en el funcionario el ánimo y consciencia orientada a alcanzar ese fin valiéndose de su investidura. Valoración intelectiva del juzgador antes descrita, que no es compartida por estos jueces casacionales; basta con remitirnos al acta que contiene los pormenores desarrollados en la audiencia de imputado, de la cual efectivamente se sustrae el desconocimiento por parte de la acusación pública de la edad del menor JL; pero al momento de ser identificado este manifestó tener la edad de 17 años con fecha de nacimiento el 29 de julio del año 1995, guardando al silencio tanto la acusada en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y la representación fiscal, a excepción de la defensa pública quien a su turno solicitó el libramiento de un oficio a Medicina Forense para que se examine y establezca la edad del supuesto menor, solicitud declarada sin lugar por la acusada y que sea hasta la celebración de audiencia inicial que se acredite con prueba la edad real; remitiendo al menor aun centro penitenciario para adultos, contraviniendo normas como las contenidas en el artículo 1 y 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dispone entre otras cosas, quienes son considerados niños y niñas, que desde el punto de vista legal, cualquier persona menor de 18 años esta bajo la protección de la ley especial; delimitando el ámbito de aplicación de todas las normas contenidas en dicho Código de la Niñez; siendo irrenunciables e intransigibles sus derechos, es decir, que nadie (ni el Estado, ni particulares, ni familiares) pueden renunciar o desconocer esos derechos, debiendo siempre respetarse. La misma norma subraya que las disposiciones del Código deben aplicarse obligatoriamente en cualquier medida, decisión o actuación administrativa, judicial o de otra naturaleza que afecta a una persona menor de 18 años; por lo que se garantiza que el interés y la protección del niño o niña prevalezcan en todas las actuaciones del Estado, incluyendo Tribunales, Instituciones Públicas o Privadas etc. Esa protección antes descrita, evita que autoridades omitan las garantías contenidas en el Código, por falta de documentación o incertidumbre sobre la edad, pues, en caso de duda sobre si una persona tiene o no 18 años, se presume que es menor de 18 hasta que se demuestre lo contrario; ante lo anterior, la acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal hizo lo contrario, consideró a JL mayor de 18 años hasta que se acreditara con documento respectivo ser menor de esa edad, que concluyó en que JL permaneciera, desde el día 10 al 14 de diciembre del año 2012 en un Centro Penal para adultos ante la imposición de una medida cautelara de detención judicial, haciéndose caso omiso, que el artículo 183 de la norma supra indicada, su espíritu es asegurar que los niños o niñas menores de 18 años, solo sean tratados dentro de la jurisdicción especializada diseñada para ellos, con procedimientos adaptados a su edad y derechos y que dichas normas tanto sobre competencia y protección, no sean ignoradas por negligencia o desconocimiento. En el caso actual, al remitirnos a la fundamentación probatoria de la sentencia, se identifica tal y como lo denuncia la recurrente, la infracción a la regla lógica de derivación en el principio de razón suficiente, en lo que respecta a la valoración intelectiva de la declaración testifical como de la documental. Este ejercicio lógico de identificar las premisas probatorias, las premisas valorativas y posterior conclusión de construcción de hechos probados, permite identificar la violación a la regla de la lógica de derivación, pues las premisas no se corresponden con la posterior conclusión por falta de concordancia derivacional. Por lo que, la conclusión del sentenciador que la hoy acusada no actuó con la intención de someter a un menor de edad al procedimiento penal ordinario, resulta una argumentación intelectiva débil para desacreditar la prueba de cargo, cuando el artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, exige que sea estrictamente aplicada las normas tanto sobre competencia y protección, para que no pudieran ser ignoradas por negligencia o desconocimiento. A estos jueces casacionales les ha llamado la atención, que los mismo juzgadores reconocen que la resolución emitida por la hoy acusada, vulneró derechos de una persona menor de edad, concluyendo erróneamente que para que se configure el delito de Abuso de Autoridad debe existir en el funcionario el ánimo y consciencia orientada a alcanzar ese fin valiéndose de su investidura, cuando el tipo penal como elemento claramente dispone “el dictar resoluciones contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos” como ha pasado en el caso subjudice. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el Tribunal de Sentencia ha realizado una valoración probatoria que ciertamente transgrede la regla lógica de derivación, debido a que toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado. DECISIÓN • Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Lorena Cruz Sevilla, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Segundo: En consecuencia, Casa la sentencia de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que contiene el pronunciamiento absolutorio en favor de Wendy Vanessa Caballero Reyes, a quien se les siguió proceso como autora de un delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras; decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público, en contra de la acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, por un delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a dieciocho de mayo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada el trece de febrero de dos mil veintiséis, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-513-2019.
LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.
Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal
“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-513-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 513-2019, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante el cual falló: Primero: Absolvió a Wendy Vanessa Caballero Reyes, por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: No procedió declarar la responsabilidad civil. Cuarto: Revocó las medidas cautelares a las que haya estado sujeta Wendy Vanessa Caballero Reyes, por esta causa sin perjuicio de otros procesos o condenas pendientes. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Lorena Cruz Sevilla, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente, los Abogados Marlon Iván Rodríguez Escalón y Roberto Carlos Amaya Talavera, defensores privados en su condición de recurridos. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO. En fecha 9 de diciembre del año 2012, el Juzgado de Letras seccional de la ciudad de Trujillo, Colón, admitió el requerimiento fiscal interpuesto en contra de quince personas, entre ellos el ciudadano JL, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; causa que fue remitida al Juzgado con competencia nacional en materia penal. SEGUNDO. En la misma ciudad de Trujillo, Colón, en fecha 10 de diciembre de 2012, siendo las dos de la mañana, la señora WENDY VANESSA CABALLERO REYES, actuando como Juez de Letras con competencia territorial nacional en materia penal. celebró audiencia de declaración de imputado respecto a los 15 acusados, entre ellos JL, a quienes decretó la medida cautelar de Detención Judicial por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO. En fecha 14 de diciembre del mismo año 2012, la entonces juez, WENDY VANESSA CABALLERO REYES, celebró Audiencia Inicial en la que se acredito que el joven JL contaba con 17 años, 4 meses 15 días de edad, la juez procedió a remitirlo al Juzgado de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Trujillo, Colón.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Lorena Cruz Sevilla, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana critica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación del Artículo 202 de la Ley Penal Adjetiva, que establece que el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Critica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal, requerimientos a los que, consideramos, no se ha dado cumplimiento en la sentencia ahora impugnada. En el presente caso, en la valoración conjunta de la prueba del Ministerio Público, el sentenciador establece dar por acreditado que la acusada WENDY VANESSA CABALLERO REYES, ostentaba el cargo de Juez de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, sin embargo, al mismo tiempo también señala que fue hasta en audiencia inicial que se determinó la minoría de edad del joven JL. También señala el Juzgador que la acusada no actuó con la intensión de someter a un menor de edad a un procedimiento penal ordinario y que aunque se emitió una resolución que vulneró sus derechos, no era éste el ánimo de la acusada. El anterior razonamiento que hace el sentenciador sobre la prueba no es acorde a las reglas de la Sana Critica, pues, contrario a sus apreciaciones, la prueba evacuada en juicio demostró contundentemente la responsabilidad de la acusada y efectivamente, si tuvo la intención de someter al joven JL al Procedimiento Penal Ordinario lo cual se evidenció de la prueba, tal y como lo señalamos a continuación. 1. La Copia Certificada del Acuerdo N° 395, demostró que la acusada WENDY VANESSA CABALLERO REYES, ostentaba el cargo de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, por tanto, también la condición de Funcionaria Pública, por lo que sus acciones fueron en el ejercicio de su cargo como tal. 2. La Copia Certificada de Acta de Audiencia de Declaración de Imputado del Joven JL probó que el joven JL fue llevado al proceso como acusado por el delito de Lavado de Activos, y que en dicha audiencia, al ser identificado por la juez actuante WENDY VANESSA CABALLERO REYES (hoy acusada), de viva voz le manifiesta a ella su edad, 17 años, señalando incluso el joven que nació en fecha 29 de julio de 1995, el defensor del joven también interviene y hace una petición expresa a la ahora acusada, solicitándole se libre oficio a Medicina Forense para que examine y establezca la edad del supuesto menor, pero la acusada hace caso omiso a tal manifestación y a la petición de la defensa, y por tanto, también a lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que refiere "Articulo 1….. En caso de duda sobre la edad de un niño o niña, se presumirá mientras se establece su edad legal efectiva, que no ha cumplido los dieciocho (18) años), por lo que la acusada, no presume esta minoría de edad, sino más bien, declara Sin Lugar la petición planteada por la parte defensora para que se ordene a Medicina Forense la evaluación física para determinación de edad del joven JL, y en su lugar ordena que ésta circunstancia (minoría de edad) sea acreditada con prueba de cargo y descargo, en el momento de celebrar la audiencia Inicial de la causa, incumpliendo así el artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia que refiere: "Cuando en un proceso de jurisdicción ordinaria, resulte implicado un niño (e), el juez se declarará incompetente y sin tardanza lo pondrá a la orden del juez de la niñez competente o al que haga su veces, con el testimonio del respectivo expediente". 3. Se demostró con los dos Oficios de fecha 10 de diciembre del 2012, ambos librados por la acusada CABALLERO REYES, que ésta ordenó a la Comandancia de la Base Naval de Puerto Castilla la remisión hasta el Centro Penal de San Pedro Sula, Cortés al joven JL, junto a otras personas, y el segundo Oficio, le ordena al Director del Centro Penal recluir al joven menor de edad y a las demás personas en dicho centro en virtud de habérseles decretado la medida cautelar de Detención Judicial. Instrucciones que gira arbitrariamente aun sabiendo que el joven JL ha manifestado ser menor de edad. 4. La Copia Certificada del Acta de Audiencia inicial, demostró que la acusada tenía plena conciencia de la minoría de edad del joven JL, porque es ella misma quien mientras se ésta desarrollando ésta audiencia, pide al Ministerio Público aclare sobre la situación de edad del joven, ante lo cual el fiscal, invoca el artículo 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifestando que al no haber prueba que contradiga lo manifestado por el joven JL debe presumirse su minoría de edad, y debe separarse del proceso para no violentar sus derechos, pero la acusada, deliberadamente omite la norma invocada y persiste en que la audiencia continúe hasta que se acredite éste extremo (minoría de edad), el ente fiscal interpone recurso de reposición, el que es declarado Sin Lugar. 5. La Declaración del Fiscal Mártir Avilio García Cárdenas, corrobora el contenido de los medios probatorios antes descritos, y en concordancia y secuencia a lo plasmado en el Acta de Audiencia Inicial arriba referida, manifiesta que ante la negativa de la acusada de apartar del proceso al joven JLpor su presunción de minoría, el equipo fiscal decide salirse de la audiencia porque en esas condiciones no podían continuar, ante tal situación, la acusada persistiendo en su intención de someter al menor al procedimiento penal ordinario, declara en suspenso la audiencia para que el Ministerio Público establezca la edad del joven, haciendo nuevamente caso omiso a la presunción ordenada en el artículo 1 del Código de la Niñez que antes hemos transcrito, es entonces, hasta que, al reanudar la audiencia y se le pone a la vista a la acusada la Certificación de Nacimiento de JL decide apartarse del proceso y remitirlo al Juzgado de la Niñez de Trujillo, quedando con lo expuesto, claramente demostrada la conducta ilícita y la responsabilidad de la acusada. 6. La Certificación de Nacimiento de JL: acredito que, al momento de la Audiencia de Declaración de imputado del joven, (10 de diciembre del 2012), este tenía 17 años 4 meses y 12 días de edad, y, por tanto, ser cierto lo manifestado por el joven JL a la acusada en esa audiencia. Como podemos observar, honorables magistrados, la prueba evacuada en juicio y anteriormente descrita demuestra como la conducta ejecutada por la acusada se enmarca perfectamente en el delito por el cual fue llevada a juicio y la decisión a la que arribo el Tribunal no se deriva de la misma, en ese sentido, se evidencia que la acusada actuó con intención y plena conciencia de ejecutar la conducta ilícita valiéndose de su investidura pues le fue referido y peticionado tanto por el mismo joven como por su defensor y aún, por el Ministerio Público la edad del joven y su obligación de presumir la edad y remitirlo a la jurisdicción correspondiente, pero consciente y deliberadamente ella decidió abstenerse de cumplir lo establecido en el artículo 1 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, es decir, debla presumir que el joven no había cumplido los 18 años; así como también decidió abstenerse de cumplir lo dispuesto en el artículo 183 del mismo Código que le obligaba a declararse incompetente de conocer la causa contra el joven JL pues sin tardanza debla ponerlo a la orden del Juez de la Niñez, preceptos legales que evidentemente por la misma naturaleza de su cargo, no desconocía la acusada, no bastando con ello la Juez emite una resolución contraria a la Constitución de la República, al Código de la Niñez y la Adolescencia, y a Tratados Internacionales al decretar la medida de detención judicial al joven JL, ordenando también que el mismo fuera Ingresado a un Centro Penitenciario para adultos Quedando demostrado con ello la intencionalidad de ejecutar la conducta definida como delito de Abuso de Autoridad y su responsabilidad como autora, conclusión misma a la que hubiese llegado el Tribunal, de haber realizado una valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Critica. En virtud todo lo anteriormente expuesto, debemos señalar que las apreciaciones hechas por el Juzgador constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación integrada por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma asi como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión, que de la prueba evacuada no considera probada la participación de la acusada en el delito de Abuso de Autoridad, razonamiento que, reiteramos, representa una afrenta al recto entendimiento humano, pues la prueba demostró que la acusada en fecha 10 de Diciembre del 2012, se abstuvo de cumplir lo dispuesto en la Ley de la Niñez y además, dictó una resolución (imponer la medida de Detención Judicial al joven JL) contraria a la ley (a sabiendas que ha manifestado ser menor de 18 años, no aplica la presunción de minoría de edad ni remite las diligencias al Juzgado de la Niñez competente, tal como lo establecen los artículos 1 y 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia), por lo que su acción encaja a plenitud con la conducta criminosa descrita en el numeral 2) del artículo 349 del Código Penal, que refiere: "Será castigado con reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)..., 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga do cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos Jurídicos". Concurriendo también el elemento subjetivo del tipo penal, ya que su acción no puede considerarse una simple inobservancia de la norma, sino que, su comportamiento (su determinación a no cumplir lo estipulado en la ley y por otra parte su resolución ordenando la Detención Judicial al joven JL demuestra la intención deliberada de actuar contrario a derecho, hace caso omiso a la presunción de minoría de edad y, a pesar de lo invocado por la parte defensora en la primera audiencia y el llamado de atención que hace el ente fiscal en la segunda audiencia, la acusada persiste en el ánimo de no querer cumplir la ley, exigiendo de manera antojadiza y de forma reiterada que sea acreditada esta circunstancia. Por lo antes expresado, es evidente que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que se estableciera la participación de WENDY VANESSA CABALLERO REYES en la comisión de los hechos por los cuales fue sometida a proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de Instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea"[2]. Como puede observarse toda la prueba allegada al proceso, demuestra que la acusada WENDY VANESSA CABALLERO REYES, es responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD y que, con el proceso intelectivo que realizó el Tribunal sobre la valoración del material probatorio de cargo, vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Critica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que el acusada si es responsable de los hechos por los cuales fue sometida a juicio, cumpliendo estos hechos, con los elementos del delito tipificado en el articulo 349 numeral 2) del Código Penal, es decir, que estamos ante el delito de ABUSO DE AUTORIDAD. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectiva Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 338 numeral 2 regla cuarta del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido. Reprocha la recurrente, que los juzgadores al valorar conjuntamente la prueba de cargo, señalaron que en audiencia inicial se determinó la minoría de edad del joven JL, por lo cual, la acusada no actuó con la intención de someter a un menor a un procedimiento penal ordinario, que si bien, se emitió una resolución que vulneró derechos, no fue el ánimo de la acusada; posteriormente la censora describe toda la prueba evacuada en juicio, para concluir que la misma demuestra como la conducta ejecutada por la acusada se enmarca perfectamente en el delito por el cual fue llevada a juicio y la decisión a la que arribo el Tribunal no se deriva de la misma, en ese sentido, para la recurrente, se evidencia que la acusada actuó con intención y plena conciencia de ejecutar la conducta ilícita valiéndose de su investidura, pues, le fue referido y peticionado tanto por el mismo joven como por su defensor y aún, por el Ministerio Público la edad del menor y su obligación de presumir la edad y remitirlo a la jurisdicción correspondiente, pero consciente y deliberadamente la acusada decidió abstenerse de cumplir lo establecido en el artículo 1 y 183 del Código de la Niñez y de la Adolescencia; no bastando con ello, la acusada en su condición de Juez, emite una resolución contraria a la Constitución de la República, al Código de la Niñez y la Adolescencia y a Tratados Internacionales al decretar la medida de detención judicial al joven JL, ordenando también que el mismo fuera Ingresado a un Centro Penitenciario para adultos. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. La recurrente denuncia infringida la regla de la lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en virtud que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria resultan ajenas a lo vertido por las propias pruebas aportadas a juicio. En el presente caso, la censora centra su reproche recursivo en la valoración de los siguientes medios de prueba: Declaración Testifical a) Martir Avilio García Cárdenas (Fiscal Auxiliar, Fiscalía Especial contra Crimen Organizado). Documental consistente en: a. Copia Certificada del acuerdo N0. 395 de fecha 09 de abril de 2014, en la cual se hace constar que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial acuerda aceptar la renuncia de la Abogada Wendy Vanessa Caballero Reyes del cargo de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; surtiendo efectos a partir del 17 de diciembre de 2013; b. Copia Certificada de Acta de Audiencia de Declaración de Imputado (F.13); celebrada en fecha 10 de diciembre de 2012, siendo las dos de la mañana, respecto a quince personas, entre ellos JL, contra quienes el Ministerio Público interpuso requerimiento fiscal por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, al momento de la identificación plena, JL refirió contar con la edad de 17 años con fecha de nacimiento 29 de julio de 1995; al turno de la defensa pública de los imputados refirió que se libre atento oficio a medicina forense para que examine y establezca la edad del supuesto menor; La Juez hoy acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, decretó la medida cautelar de Detención Judicial y denegó la solicitud de la defensa. c. Copia Certificada de Acta de Audiencia Inicial, celebrada en fecha 14 de diciembre de 2012 (F.14), siendo las 10:15 AM en la causa instruida contra quince personas, entre ellos JL, todos acusados por el Ministerio Público por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. En dicha audiencia el representante del Ministerio Público manifestó no contar con documentación para acreditar la mayoría de edad, sin embargo, fue invocado en audiencia de declaración de imputados y que de acuerdo al Código de la Niñez y de la Adolescencia y Tratados Internacionales debe presumirse su minoría de edad y separado de esta audiencia, a lo que la hoy imputada resolvió continuar con la audiencia sin separar al menor de la misma, resolución que fue objeto de recurso para la inmediata declinatoria de conocer de la causa respecto al joven JL, por su presunta minoría de edad; sin embargo, La juez Wendy Vanessa Caballero Reyes suspendió la audiencia para efectos de esclarecer tal extremo. Al momento de ser reanudada la audiencia, se acreditó con la Partida de Nacimiento que el joven JLy efectivamente era menor de edad, por lo que es remitido al Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Trujillo a fin de que se le siga el proceso. d. Certificación de Acta de Nacimiento No. 0904-1999-00240 que pertenece a JL, en la que se establece que nació el 29 de julio de 1995 en el municipio de Juan Francisco Bulnes del departamento de Gracias a Dios (F.29). e. Oficio de fecha 10 de diciembre de 2012 mediante el cual la hoy imputada Wendy Vanessa Caballero Reyes en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, solicitó a la Comandancia, Base Naval, Puerto Castilla, remitir a quince marinos al Centro Penal de San Pedro Sula, entre ellos al joven JL, en virtud de lo ordenado en audiencia de Declaración de Imputado celebrada en la misma fecha (F.118). f. Oficio de fecha 10 de diciembre de 2012 mediante el cual la hoy imputada Wendy Vanessa Caballero Reyes en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, ordenó al Director del Centro Penal de San Pedro Sula, Cortes, recluir a quince personas, entre ellos al joven JL, en virtud de habérseles decretado la medida cautelar de Detención Judicial en la causa que se les instruía por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras. g. Oficio Contestación No. 029-2016 PNSPS-INP de fecha 18 de febrero de 2018, suscrita por Director Penitenciaria Nacional (F.210), mediante el cual se informa que JL, ingresó a la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, el 10 de diciembre de 2012 por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, y en fecha 14 de diciembre de 2012 fue remitido al Juzgado de la Niñez de Trujillo, Colón, por ser menor de edad, todo ordenado por la Abogada Wendy Vanessa Caballero Reyes, Juez de Letras penal con Jurisdicción Nacional en Materia Penal. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador erróneamente no logra vincular a la acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, por el delito de Abuso de Autoridad; por razón, que la acusación pública al momento de la presentación del requerimiento fiscal no identificó como menor de edad a JL y que al momento de la audiencia de declaración de imputado, la representación fiscal ratifica el requerimiento contra todos los acusados entre ellos, JL, solicitando la imposición de la medida cautelar de detención judicial por lo cual, la juez accedió mediante resolución, remitiéndolo al Centro Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, lugar que permaneció desde el día 10 al 14 de diciembre del año 2012; además refiere los juzgadores que llegada la celebración de la audiencia inicial se acredita la edad del joven JL, constatando ser menor de 18 años, por lo cual, la hoy acusada lo remite al Juzgado de la Niñez y Adolescencia competente por tener en ese preciso momento la edad de 17 años, 04 meses y 11 días. Concluyendo los juzgadores que la hoy acusada no actuó con la intención de someter a un menor de edad al procedimiento penal ordinario, ese no era su objetivo, no buscaba como fin imponer una medida de detención judicial a una persona que debía ser sometida a un proceso especial por su minoría de edad; luego refieren los mismos juzgadores, que materialmente si fue emitida una resolución que vulneró derechos de una persona menor de edad, sin embargo, para que se configure el delito debe existir en el funcionario el ánimo y consciencia orientada a alcanzar ese fin valiéndose de su investidura. Valoración intelectiva del juzgador antes descrita, que no es compartida por estos jueces casacionales; basta con remitirnos al acta que contiene los pormenores desarrollados en la audiencia de imputado, de la cual efectivamente se sustrae el desconocimiento por parte de la acusación pública de la edad del menor JL; pero al momento de ser identificado este manifestó tener la edad de 17 años con fecha de nacimiento el 29 de julio del año 1995, guardando al silencio tanto la acusada en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y la representación fiscal, a excepción de la defensa pública quien a su turno solicitó el libramiento de un oficio a Medicina Forense para que se examine y establezca la edad del supuesto menor, solicitud declarada sin lugar por la acusada y que sea hasta la celebración de audiencia inicial que se acredite con prueba la edad real; remitiendo al menor aun centro penitenciario para adultos, contraviniendo normas como las contenidas en el artículo 1 y 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dispone entre otras cosas, quienes son considerados niños y niñas, que desde el punto de vista legal, cualquier persona menor de 18 años esta bajo la protección de la ley especial; delimitando el ámbito de aplicación de todas las normas contenidas en dicho Código de la Niñez; siendo irrenunciables e intransigibles sus derechos, es decir, que nadie (ni el Estado, ni particulares, ni familiares) pueden renunciar o desconocer esos derechos, debiendo siempre respetarse. La misma norma subraya que las disposiciones del Código deben aplicarse obligatoriamente en cualquier medida, decisión o actuación administrativa, judicial o de otra naturaleza que afecta a una persona menor de 18 años; por lo que se garantiza que el interés y la protección del niño o niña prevalezcan en todas las actuaciones del Estado, incluyendo Tribunales, Instituciones Públicas o Privadas etc. Esa protección antes descrita, evita que autoridades omitan las garantías contenidas en el Código, por falta de documentación o incertidumbre sobre la edad, pues, en caso de duda sobre si una persona tiene o no 18 años, se presume que es menor de 18 hasta que se demuestre lo contrario; ante lo anterior, la acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, en su condición de Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal hizo lo contrario, consideró a JL mayor de 18 años hasta que se acreditara con documento respectivo ser menor de esa edad, que concluyó en que JL permaneciera, desde el día 10 al 14 de diciembre del año 2012 en un Centro Penal para adultos ante la imposición de una medida cautelara de detención judicial, haciéndose caso omiso, que el artículo 183 de la norma supra indicada, su espíritu es asegurar que los niños o niñas menores de 18 años, solo sean tratados dentro de la jurisdicción especializada diseñada para ellos, con procedimientos adaptados a su edad y derechos y que dichas normas tanto sobre competencia y protección, no sean ignoradas por negligencia o desconocimiento. En el caso actual, al remitirnos a la fundamentación probatoria de la sentencia, se identifica tal y como lo denuncia la recurrente, la infracción a la regla lógica de derivación en el principio de razón suficiente, en lo que respecta a la valoración intelectiva de la declaración testifical como de la documental. Este ejercicio lógico de identificar las premisas probatorias, las premisas valorativas y posterior conclusión de construcción de hechos probados, permite identificar la violación a la regla de la lógica de derivación, pues las premisas no se corresponden con la posterior conclusión por falta de concordancia derivacional. Por lo que, la conclusión del sentenciador que la hoy acusada no actuó con la intención de someter a un menor de edad al procedimiento penal ordinario, resulta una argumentación intelectiva débil para desacreditar la prueba de cargo, cuando el artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, exige que sea estrictamente aplicada las normas tanto sobre competencia y protección, para que no pudieran ser ignoradas por negligencia o desconocimiento. A estos jueces casacionales les ha llamado la atención, que los mismo juzgadores reconocen que la resolución emitida por la hoy acusada, vulneró derechos de una persona menor de edad, concluyendo erróneamente que para que se configure el delito de Abuso de Autoridad debe existir en el funcionario el ánimo y consciencia orientada a alcanzar ese fin valiéndose de su investidura, cuando el tipo penal como elemento claramente dispone “el dictar resoluciones contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos” como ha pasado en el caso subjudice. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el Tribunal de Sentencia ha realizado una valoración probatoria que ciertamente transgrede la regla lógica de derivación, debido a que toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado. DECISIÓN • Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Lorena Cruz Sevilla, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Segundo: En consecuencia, Casa la sentencia de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que contiene el pronunciamiento absolutorio en favor de Wendy Vanessa Caballero Reyes, a quien se les siguió proceso como autora de un delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras; decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público, en contra de la acusada Wendy Vanessa Caballero Reyes, por un delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a dieciocho de mayo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada el trece de febrero de dos mil veintiséis, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-513-2019. Lety emelda posadas rodriguez. – Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal.”.
[1] Sentencia de fecha dieseis de noviembre de 2009, recaída en el Recurso de Casación Penal No 177-08
[2] Sentencia de fecha dieseis de noviembre de 2009, recaída en el Recurso de Casación Penal No 177-08