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Sentencia CP-512-21 — Registro 20161

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia que absuelve al acusado por el delito de Tráfico de Drogas en su Modalidad de Tráfico.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal analiza el motivo de casación presentado por el ente acusador y en efecto considera que el Tribunal Sentenciador ha incurrido en vicio casacional, al haber excluido prueba de valor decisivo para el proceso, en el presente caso, el A-quo excluye el Acta de Allanamiento, Acta de Inspección Ocular practicado en la vivienda del acusado José Manuel Bustillo Bardales por los agentes de investigación Adonis Suarez, Yefrin Centeno y Luis Ordoñez, así como el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son: el Acta de Decomiso, Dictamen Toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada, evidencia física: Una bolsa plástica color negro, conteniendo en su interior polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta piedras de crack y 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana; pues considera que el allanamiento realizado en la vivienda del acusado es prueba ilícita ya que vulnera el derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio, establecido en el artículo 99 de la Constitución de la República, pues no cumplieron con el procedimiento establecido en los artículos 211 y 212 del Código Procesal Penal. En fecha 17 de marzo de 2020 el Ministerio Público solicitó autorización judicial para la práctica de allanamiento de morada en la vivienda del señor José Manuel Bustillo Bardales, alias “El Tatuado” por los suponerlo responsable de los delitos de Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud Pública y Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de El Orden Público; en fecha 24 de agosto del año 2020, el Juzgado de Letras Seccional de la Paz, departamento de la Paz, resolvió conceder la autorización al Ministerio Público para practicar allanamiento de morada y el registro de morada solicitado a la casa de habitación del señor José Manuel Bustillo Bardales, designando el respectivo Juez Ejecutor; en fecha 25 de agosto de 2020 se realizó la presentación del requerimiento fiscal al que se acompañó entre otros medios de prueba el acta de allanamiento. Habiendo continuado el proceso penal en su curso, se llegó a celebrar la audiencia de Proposición de Medios de Prueba en fecha 29 de enero del año 2021, en donde el Ministerio Público ofertó sus respectivos medios de prueba para a ser evacuados en la audiencia de debate, siendo admitidos en su totalidad los medios de prueba por el Tribunal de Sentencia, de tal propuesta la defensa no presentó objeción alguna; en fechas 19 de marzo, 07 y 20 de abril del 2021 se celebró el juicio oral y público. El Sentenciador plasmó y fundamentó su decisión de absolución haciendo una relación del Código Procesal Penal y de la Constitución de la República referente al derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho de inocencia y al debido proceso, raciocinios que esta Sala de lo Penal comparte, pero no en toda su extensión e interpretación. El Sentenciador explica en su fallo, en el acápite Valoración de la Prueba lo siguiente: “Indudablemente se trata de una resolución judicial carente de justificación que fundamenten la decisión, la juez únicamente hace relacion de la solicitud, luego agrega transcripciones del contenido de las disposiciones legales aplicables; pero para el caso no señala cuál de las circunstancias del artículo 212 del código Procesal, que concurren para acceder a la solicitud del Ministerio público para realizar un ingreso y registro a la vivienda donde estaba el acusado, sin motivación alguna en la resolución ni indicando cuales fueron los presupuestos desarrollados que concurren las circunstancias de hechos que permiten llegar a esta conclusión, al adolecer dicha resolución de motivación, no es posible dar por ejecutado el allanamiento en legal y debida forma pues se ignoró los presupuestos y requisitos legales para su mandamiento…” El artículo 99 de la Constitución de la República, dispone que: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el registro, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleva a cabo”. El Artículo 177 del Código Procesal Penal. El allanamiento. “Si la persona que deba ser aprehendida o detenida preventivamente se encuentra en una casa de habitación propia o ajena, el allanamiento para su captura solo podrá verificarse con el consentimiento de quien habite en aquélla o mediante autorización judicial. Con todo, la casa en referencia podrá ser allanada, en los casos y con las condiciones establecidas por el artículo 212 de este Código. Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior no serán necesarias para entrar en establecimientos públicos, negocios, comercios, centros de reunión o recreo y, en general, en cualquier lugar urbano o rural, que no sirva de casa de habitación, residencia o domicilio de una persona”. El Artículo 212. Requisitos para practicar allanamiento de moradas. El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República. Quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto por el párrafo anterior, los casos siguientes: 1) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 2) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; 3) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; y, 4) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. En los casos contemplados en los numerales precedentes, la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad, que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento, se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negaren a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razones que aduzcan para ello. Esta Sala de lo Penal, considera que la normativa constitucional y procesal penal, define tres formas en la autoridad puede ingresar a una vivienda: 1) Por autorización de una persona que habite la vivienda; 2) Por orden de autoridad competente; y, 3) En casos calificados de urgencia, y una vez practicado el ingreso a la vivienda, presentando de inmediato las actuaciones a convalidación ante la autoridad jurisdiccional respectiva. Después de haber hecho un análisis del caso, esta Sala de lo Penal aprecia que las razones vertidas por el juzgador de instancia se hicieron respetando las garantías fundamentales establecidas por la Constitución de la República, ya que se logró que el allanamiento y registro de morada se realizó cumpliendo los cánones ya establecidos en el párrafo primero del artículo 212 del Código Procesal Penal, estableciendo: “ El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso…Cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial…”; tal y como ocurrió en el presente caso. De ahí podemos inferir que todos los ciudadanos de un país somos sujetos de derechos y garantías inherentes al ser humano, pero también poseemos límites a nuestras acciones, a nuestras conductas, es decir poseemos obligaciones que emanan de las leyes para mantener una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos; en ese sentido, podemos afirmar que los derechos humanos si bien son inalienables e irrenunciables, los mismos no son absolutos y no podemos utilizarlos para cometer acciones contrarias a la ley; todos los habitantes de la República saben que no les es permitido el trasladar, cultivar, poseer drogas o estupefacientes que dañen la Salud de la Población del Estado de Honduras, por tanto mis derechos se ven limitados por los derechos de otros, es así que la Salud de muchos hondureños también debe resguardarse y protegerse ante ataques y acciones tendientes a dañarlas, como de las personas que se dedican a la venta de todo tipo de drogas. Es así que concluye esta Sala de lo Penal, que las razones que utilizó el Sentenciador para excluir de valoración a ciertos medios probatorios no son válidas, pues la prueba obtenida por los agentes policiales es lícita, ya que fue obtenida en respeto a nuestra Constitución de la República, nuestra ley procesal y los instrumentos de derechos humanos de los que nuestro país forma parte; por tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-512-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-512-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante el cual falló: PRIMERO: Absolviò al señor Josè Manuel Bustillo Bardales, por el delito de Tràfico de Drogas en su Modalidad de Tràfico, en perjuicio de La Salud de la Poblaciòn del Estado de Honduras. SEGUNDO: No Procediò la condena en costas procesales, personales y los gastos ocasonados por el juicio al Ministerio Pùblico. TERCERO: No Procediò el comiso. Son partes en única instancia: La Abogada Karla Marcela Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Giovineza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Josè Manuel Bustillo Bardales, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Único: En fecha 25 de agosto del año 2020 en el Municipio de Cané, Departamento de La Paz como a eso de las seis de la mañana, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizaron un allanamiento en la vivienda del señor Jose Manuel Bustillo Raudales, en la cual encontraron sustancias psicotrópicas (marihuana) con un peso de 68, l gramos, cocaína 2,05 gramos, Crack 1,53 gramos.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Celso César Acosta Martínez en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: “Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en que consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “ . . .El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere Ilícita sin serlo ...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322- 2009. (Lo resaltado es nuestro) Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el acta de allanamiento, acta de inspección ocular practicado en la vivienda del acusado José Manuel Bustillo Bardales por los agentes de investigación Adonis Suarez, Yefrin Centeno y Luis Ordoñez, así como el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son: a) Acta de decomiso; b) Dictamen toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada; f) evidencia física: una bolsa plástica color negro conteniendo en su interior polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta piedras de crack y 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana; pues en la valoración conjunta de la prueba, en su primer párrafo, estableciendo el Tribunal lo siguiente: “...refiriéndonos a la prueba denominada documental RESOLUCION QUE CONVALIDA EL MANDAMIENTO DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO 2020. En dicha resolución se hace una serie de transcripciones de los hechos en que fundamenta el Ministerio Público su petición de allanamiento de morada, sin embargo el Juez Instructor no motiva ni justifica cuales son los razonamientos lógicos que tomó en cuenta para ordenar el allanamiento de morada, como el Ministerio Público tuvo motivos de urgencia, ni los presupuestos de emergencia, ni mucho menos los presupuestos; el Juez instructor no individualiza ni señala concretamente, quebrantando la pbligación de motivar la resolución y fundamentada hilvanando los argumentos fácticos y jurídicos que consideró para la procedencia de un allanamiento de morada, de tal forma que la resolución carece de absoluta motivación y razonamiento, pues al tener del articulo 139 y 14 la motivación expresa los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución so pena de nulidad, lo cual quebranta lo establecido en los artículos 99 de la Constitución de la República. 2121,213 ,214 y 215 del Código Procesal Penal, 8.0 y 11.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Es importante mencionar que el Ministerio Público presentó un informe de inteligencia con las diligencias de 1.- se realizó reconocimiento pleno de la casa del sospechoso donde se supone es utilizada para la venta de drogas y almacenamiento de armas de fuego de uso comercial, 2.- se realizó vigilancias por miembros de la fuerza nacional anti maras y pandillas, los días viernes 21 de agosto y sábado 22 de agosto del año 2020.- Al constar las diligencias de actas de vigilancia de fechas 21 y 22 de agosto del año 2020 relatan en su diligencia de investigación que pudieron observar MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS DE PERSONAS QUE ENTRABAN Y SAUAN DE DICHA CASA DE HABITACION, EL CUAL SE OBSERVABAN PERSONAS QUE ENTRABAN Y SALtAN CON MOCHILAS Y SAUAN SIN ELLAS DE DICHA CASA DE HABITACION, SE PUDO OBSERVAR AL SOSPECHOSO QUIEN ANDABA A LA ALTURA DE LA CINTURA UN ARMA DE FUEGO, EXTREMO QYE NO FUE TOMADO EN CUENTA EN SU MOTIVACION POR EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN, UMITANDOSE SOLAMENTE A HACER UNA TRANSCRIPCION DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL FISCAL. Es trascendental mencionar, que en el presente caso se trata de un ingreso y un registro a una vivienda habitada según lo describe el acta de allanamiento y registro de vivienda de fecha 25 de agosto del año 2020, sin que concurra ninguna de las circunstancias de las disposiciones legales citadas, incluso el mismo testigo del MINISTERIO PUBLICO llamado NELSON OTILIO ZELAYA fue explícito al señalar, que el día 25 de agosto del año 2020, en horas de la mañana a las 5:40 se conformó un equipo con el objetivo de llevar a cabo un allanamiento, a las 6:00 de la mañana procedí a tocar la puerta de la casa, nos identificamos y te mostré el acta de allanamiento y autorización de la vivienda, TESTIGO QUE TENIA LA FUNCION DE JUEZ EJECUTOR; ASIMISMO la declaración coincide con lo manifestado por el testigo de cargo ADONIAS SUAREZ. El día martes 25 de agosto del año 2020, se conformó un equipo y nos dirigimos a la aldea de Cane al Barrio San Francisco a una casa de adobe a realizar un allanamiento de morada, donde el Juez Ejecutor tocó la puerta para realizar inspección y se encontró una persona de nombre JOSE MANUEL BUSTILLO y se procedió hacer un registro personal y se le encontró un teléfono y se procedió hacer la inspección y se encontró 22 bolsitas de hierba seca marihuana, 25 bolsitas de cocaína y 24 envoltorios de supuesta piedras de crack, el juez ejecutor dio la orden de darle detención y se realizó el procedimiento . Al interrogante contestó ingresaron a las 6:05 de la mañana y terminaron a las 6:25, seguidamente en la misma fecha, una vez incautada la droga y la detención del imputado fue puesto a la orden del Juzgado de Letras de esta sección judicial de la Paz, departamento de la Paz, solicitado el ente acusador HACE UNA SOLICITUD DE ALLANAMIENTO A LA VIVIENDA, LA CUAL FUE ORDENADA POR LA JUEZ DE INSTRUCCION, NOMBRANDO AL JUEZ EJECUTOR Y AL CONSTATRA LA AUTORIZACION DEL JUEZ EJECUTR ESTE NO CONSTATO LA HORA DE INGRESO A LA VIVIENDA, PUES RESULTA SORPRENDENTE LA NO MOTIVACION DEL JUEZ PORQUE SON LOS MISMOS TESTIGOS DE LA ACUSACION QUIEN MANIFIESTAN LAS DILIGENCIAS PREVIAS QUE SE PRACTICARON COMO SER LAS ACTAS DE VIGILANCIA Y ESTAS NO FUERON TOMADAS EN CUENTA EN LA MOTVACION DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN, sin ningún tipo de argumentación o explicación de las razones que determinaron la urgencia de practicar el allanamiento ex ante, tal como lo exige el articulo 212 párrafo segundo del Código Procesal Penal. Indudablemente se trata de una resolución judicial carente de las justificaciones que fundamenten la decisión,la juez únicamente hace relación de la solicitud, luego agrega transcripciones del contenido de las disposiciones legales aplicables, pero para el caso no se señala cuál de las circunstancias del artículo 212 del Código Procesal, que concurren para acceder a la solicitud del Ministerio Público para realizar in ingreso y registro a la yivienda donde estaba el acusado, sin motivación alguna en la resolución ni indicando cuales fueron los presupuestos desarrollados que concurren en las circunstancias de hechos que permiten llegar a esta conclusión, al adolecer dicha resolución de motivación, no es posible dar por ejecutado el allanamiento en legal y debida forma pues se ignoró Sos presupuestos y requisitos legales para su mandamiento, pues contradice Ios artículos 141 y el artículo 212 del Código Procesal Penal, porque no se cumple con la exigencia de motivar o justificar una resolución que implica validar la limitación a derechos y libertades fundamentales protegidos por la Constitución y los tratados internaciones en materia de Derechos Humanos. El citado artículo 141, en su último párrafo de manera concluyente establece que el simple anuncio de fundamentos de derecho no significa motivación. Los medios de prueba practicados en el debate del Ministerio Público están viciados de nulidad, pues se desprenden de la resolución del allanamiento inmotivado y por tanto los medios probatorios obtenidos de esta diligencia carecen de eficacia probatoria por la vulneración a la garantía fundamental de la inviolabilidad al domicilio establecido en el artículo 99 de la Constitución de la República ...por lo que se evidencia que el ingreso y registro a la vivienda es espurio y toda prueba que se desprende ella resulta ineficaz, por lo que no es posible valorarla”. Es precisamente, bajo los argumentos anteriormente transcritos, que el Juzgador declara ineficaz el acto del “allanamiento” realizado en la vivienda del acusado ubicada en el Barrio San Francisco, Municipio de Cane, departamento de La Paz y descarta de apreciación del resto de probanzas que se originan de esta diligencia; decisión que resulta improcedente y desacertada por las siguientes consideraciones: En el caso subjudice, el Juzgador ha excluido de valoración la probanza de carácter decisiva para acreditar la existencia del delito y la participación del acusado, por estimar que la orden de allanamiento emitida por el juez de Letras, adolece de motivación; conclusión que obedece a una equivocada interpretación de los requisitos formales y materiales exigidos en la normativa procesal penal para la práctica de un allanamiento, pues nuestra carta magna, en el artículo 99 establece los únicos cuatro supuestos en los cuales es posible la entrada en domicilio ajeno: a) Con el consentimiento del titular. b) Por resolución judicial; c) En caso de flagrancia y d) Por fuerza mayor. En el caso del supuesto de la resolución judicial, los requisitos para expedir la misma se encuentran consignados en el artículo 213 de la ley adjetiva penal; En ese sentido, al analizar cada uno de ellos, se evidencia que el representante del Ministerio Público al solicitar al ente jurisdiccional la práctica de la diligencia de Allanamiento a la vivienda del enjuiciado, contaba con el soporte necesario para sustentarla, en vista que tal petición era el resultado de los indicios obtenidos producto de la vigilancia policial estacionaria, misma que se realizó durante dos días, participando varios agentes, observando el flujo de personas que llegaban a diario, las cuales portaban mochilas y salían sin ellas, que condujeron a sospechar que el imputado realizaba actividades propias de tráfico ilícito de drogas.En ese orden, si bien la resolución del Juez de Letras para autorizar el allanamiento a la vivienda de José Manuel Bustillo no fue lo suficientemente descriptiva, se desprende de su contenido, que el ente jurisdiccional ha fundamentado su decisión, en el informe investigativo y las diligencias de vigilancia que realizaron los agentes asignados a la Fuerza Nacional Anti Maras y pandillas, Adonias Ebiasaf Suarez y Nelson Otilio Zelaya, haciendo suyos los argumentos esgrimidos por el fiscal solicitante, que como hemos indicado con anterioridad, han tenido sustento probatorio en las actas de vigilancia acompañadas a la petitoria en cuestión, de manera que no se trata de una simple transcripción, sino que se hace patente de la resolución, que la orden de ingresar al domicilio del acusado se derivó de un procego investigativo efectuado por el Ministerio y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, evidenciando una legitimidad temporal de las diligencias; consecuentemente, el allanamiento de morada autorizado, no vulnera la garantía de inviolabilidad de domicilio como refiere el Tribunal. De igual manera, de la fundamentación jurídica se evidencia, que el juez de Letras, hace una valoración del soporte probatorio presentado por el Ministerio Público, arribando a la conclusión que dicha diligencia era necesaria para hacer efectiva el hallazgo de los indicios. Respecto al cuestionamiento del Tribunal, en cuanto a que en el acta de allanamiento, el juez Ejecutor no consignó la hora en que se practicó dicha diligencia, es preciso indicar, que tal omisión cafece de relevancia, para restarle valía al allanamiento realizado, pues de las declaraciones de los testigos de cargo que participaron en el registro a la vivienda se deprende, que la diligencia comenzó a las 6 horas y culminó a las 6:25 horas; de modo, que se encuentra acreditado, que la misma se llevó a cabo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, como exige el Artículo 99 Constitucional; siendo así, en el caso que nos ocupa, partiendo de lo anteriormente expresado, la resolución de fecha 24 de agosto del 2020 cumplió con todos los requisitos formales y materiales exigidos en la norma procesal, en consecuencia la actuación investigadora y todas las probanzas que se derivan de la misma son plenamente válidas. En el caso in examine, el Tribunal arbitrariamente ha excluido de valoración, el registro de la vivienda del acusado y toda los hallazgos derivados del mismo, desconociendo que tal diligencia está ampargda en una resolución judicial, debidamente motivada y fundamentada; por ende, estamos ante una de los supuestos legítimos del artículo 99 Constitucional para ingresar al domicilio como es “resolución judicial. en ese sentido: a) El Acta de allanamiento practicado a la vivienda; b) Acta de Inspección ocular; c) Dictamen toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada; d) evidencia física: una bolsa de plástico color negro conteniendo polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuestas piedras de;crack, 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana: constituyen probanza legalmente obtenida, que merece valía probatoria y resulta decisiva, para acreditar la ocurrencia del ilícito penal de Tráfico Ilícito de Droga y la participación del imputado como autor del mismo y no es ineficaz y espuria, como equívocamente ha afirmado el juzgador. Respecto a la inviolabilidad del domicilio la Honorable Sala de lo Penal en múltiples sentencias se ha referido al tema y ha dejado establecido lo siguiente: “ DE LA INVIOLABIUDAD DEL DOMICILIO: El constituyente hondureño deterrninó la necesidad de declarar en el artículo 99 superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda del derecho a la intimidad, en éste especifico ámbito; el domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior; el domicilio comprende no solo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualista el articulo 220 del Código Penal. Son elementos del Domicilio: 1. Elementos Objetivos: a) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; b) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; y c) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada; y 2. Elementos Subjetivos: a) Que el espacio físico esté siendo usado -permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; y b) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un estado de necesidad o delito flagrante: 1) Ingreso y/o registro autorizado.... 2) El allanamiento por Orden Judicial: es el acto de investigación consistente en la penetración a un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República, es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá de iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde; el constituyente apreció que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá de actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá de actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realizá el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El Decreto Judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá de reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el Órgano Jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo.” Lo anteriormente expresado nos permite concluir, que el ingreso y registro realizado en la vivienda del acusado JOSE MANUEL BUSTILLO BARDALES, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 213 y 214 del Código Procesal Penal, pues fue autorizado por Juez de garantías, no siendo cuestionable tal decisión judicial, en torno a su legalidad o autenticidad; consecuentemente, todas las pruebas que se derivan del mismo, son licitas y merecen ser valoradas por el Tribunal sentenciador, al evacuarse en apego a las garantías constitucionales y procesales, que las vuelven válidas y no indebidamente excluidas del acervo probatorio, a pesar de ser relevantes y decisivas para establecer la responsabilidad del imputado en el delito que se le atribuye y cuya apreciación hubiese conducido a decisiones distintas de las que extrajo el juzgador, como ser el dictado de una sentencia Condenatoria por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2.Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3.Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4.Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5.La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7.Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. •Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; •Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; •Concepto de la infracción: Haber excluido el juzgador, prueba de valor decisivo; •Reclamación Ex Ante: El mismo se produce en el mismo acto de sentenciar; •Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que en la sentencia censurada, se concluye que el Tribunal de Sentencia excluyó prueba de valor decisivo, consistente en: El acta de allanamiento, acta de inspección ocular practicado en la vivienda del acusado José Manuel Bustillo Bardales por los agentes de investigación Adonis Suarez, Yefrin Centeno y Luis Ordoñez, así como el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son: a) Acta de decomiso; b) Dictamen toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada; f) evidencia física: una bolsa plástica color negro conteniendo en su interior polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta piedras de crack y 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana; pues en la valoración conjunta de la prueba, en su primer párrafo, establece el Tribunal lo siguiente: “…refiriéndonos a la prueba denominada documental resolución que convalida el mandamiento de fecha veinticinco de agosto del año 2020. En dicha resolución se hace una serie de transcripciones de los hechos en que fundamenta el Ministerio Público su petición de allanamiento de morada, sin embargo el Juez Instructor no motiva ni justifica cuales son los razonamientos lógicos que tomó en cuenta para ordenar el allanamiento de morada, como el Ministerio Público tuvo motivos de urgencia, ni los presupuestos de emergencia, ni mucho menos los presupuestos; el Juez instructor no individualiza ni señala concretamente, quebrantando la obligación de motivar la resolución y fundamentada hilvanando los argumentos fácticos y jurídicos que consideró para la procedencia de un allanamiento de morada.” De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde sólo se deben reproducir aquellos medios que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la inviolabilidad del domicilio. El constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda el derecho a la intimidad, en éste especifico ámbito. El domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualista el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del domicilio: 1. Elementos Objetivos: a) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo. b) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura. c) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. 2. Elementos Subjetivos: a) Que el espacio físico esté siendo usado -permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida. b) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito flagrante: I. Ingreso y/o registro autorizado: Es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio, para que un tercero ajeno a éste ingrese y en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: a. Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito. b. Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar. c. Hacerse acompañar los agentes de la autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso. d. Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados. e. Que se le permita a una de las personas moradoras, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia. f. Los agentes de la autoridad deberán de abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la persecución de un delito, sus instrumentos o efectos. g. Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio. II. El allanamiento por orden judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración a un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República, es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá de iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. El Constituyente apreció que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá de actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá de actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El decreto judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá de reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el órgano jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aun con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 del Código procesal Penal, será calificado como ilegal. III. Allanamiento por Estado de Necesidad: Finalmente, en cuanto a los allanamientos por un estado de necesidad o delito flagrante, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello (06:00 a.m. a 06:00 pm), cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para impedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial, sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público puede practicar un allanamiento: a) El Ministerio Público, cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i. Ante casos de flagrancia, cuya noción se forma de tres elementos (Cabezudo Bajo, María Jose; La Inviolabilidad del Domicilio y el Proceso Penal, Iustel Publicaciones, 2004, Madrid, España, Pag 263) tal y como lo conceptualiza el artículo 175 No. 1 del Código Procesal Penal: 1) Inmediatez Temporal, referida a la comisión del delito que dentro de poco se perderá, la que se está ejecutando o a la que hace instantes se ejecutó. 2) Inmediatez Personal, que vincula a una persona determinada, ya sea porque se encuentre en el lugar con intención de cometer el delito, ejecutándolo o próximo al lugar en donde se ejecutó. 3) Urgencia de intervención para evitar el mal del delito o asegurar al delincuente. ii. Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito. iii. Para evitar la fuga de un delincuente. iv. Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias. v. En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes. El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad Judicial competente en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando por qué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivó la práctica de la diligencia. b) La Policía Preventiva o la Policía de Investigación, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales. ii. Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena. iii. Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio. iv. Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. En estos casos, la autoridad policial deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá de ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá de consignar su negativa de hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. IV. Delito Flagrante en interior de domicilio: Especial atención merecen los hechos constitutivos de flagrancia domiciliaria, (Primer motivo de allanamiento de emergencia regulado en el artículo 212 del CPP) entendidos como los casos en donde nos encontremos ante un delito flagrante cometido en el interior de un domicilio. La calificación de delito flagrante cometido en público se deriva de la percepción de quienes presencian cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal: 1) Flagrancia Propia: Art. 175.1 CPP. 2) Flagrancia Impropia, conocida como cuasi flagrancia Art. 175.2 CPP. 3) Flagrancia Impropia conocida como Flagrancia presunta: 175.3 CPP, como consecuencia se presenta la dificultad que cuando el delito flagrante es ejecutado en el interior de un domicilio no se cuenta con “publicidad” que facilita el conocimiento de las mencionadas circunstancias, entonces es menester determinar qué condiciones permitirán poder establecer su existencia y que justifique emergentemente el ingreso como condición límite al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, esas condiciones son la existencia de evidencia y la urgencia de intervención (Cabezudo Bajo, María José, Ob. Cit., Pág. 274): 1. La Evidencia, (Cuya acepción en este caso significa certeza de tener el conocimiento de algo) puede adquirirse a través de la percepción o a través del conocimiento: a. La percepción involucra información obtenida por los sentidos, por cuanto estamos hablando en los casos de: i) Los agentes de policía, a través de ventanas o puertas abiertas logran ver la ejecución del delito flagrante en el interior del domicilio. ii) Cuando por resultado de intervenciones telefónicas autorizadas se escucha evidencia del delito flagrante. iii) Cuando los agentes han observado la comisión de un delito en el exterior de la vivienda cuyos participes inmediatamente ingresan al domicilio, en el caso previsto en el artículo 212.3 del CPP. iv) En general en los casos en donde los agentes de la autoridad perciban directamente hechos de los que se colija un acto delictivo en flagrancia. b. Conocimiento adquirido a través de actos de inteligencia policial, informantes, testigos, agentes encubiertos, prueba en general, que una vez procesada y analizada arrojen evidencia de la existencia de un delito en flagrancia. La mera sospecha o conjeturas respecto a la existencia del delito flagrante no será causa legítima para el ingreso al domicilio. 2. La Urgencia es el segundo elemento que debe de observarse y es la necesidad temporal de intervención de los agentes de la policía, sin la cual no se lograría el objetivo de impedir la comisión de un delito, la detención de los culpables o el aseguramiento de elementos de prueba, implica: a. Inmediatez entre la obtención de la evidencia y el ingreso al domicilio. b. La entrada al domicilio debe de realizarse en un momento en que sea posible alcanzar el objetivo perseguido. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal analiza el motivo de casación presentado por el ente acusador y en efecto considera que el Tribunal Sentenciador ha incurrido en vicio casacional, al haber excluido prueba de valor decisivo para el proceso, en el presente caso, el A-quo excluye el Acta de Allanamiento, Acta de Inspección Ocular practicado en la vivienda del acusado José Manuel Bustillo Bardales por los agentes de investigación Adonis Suarez, Yefrin Centeno y Luis Ordoñez, así como el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son: el Acta de Decomiso, Dictamen Toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada, evidencia física: Una bolsa plástica color negro, conteniendo en su interior polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta piedras de crack y 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana; pues considera que el allanamiento realizado en la vivienda del acusado es prueba ilícita ya que vulnera el derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio, establecido en el artículo 99 de la Constitución de la República, pues no cumplieron con el procedimiento establecido en los artículos 211 y 212 del Código Procesal Penal. En fecha 17 de marzo de 2020 el Ministerio Público solicitó autorización judicial para la práctica de allanamiento de morada en la vivienda del señor José Manuel Bustillo Bardales, alias “El Tatuado” por los suponerlo responsable de los delitos de Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud Pública y Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de El Orden Público; en fecha 24 de agosto del año 2020, el Juzgado de Letras Seccional de la Paz, departamento de la Paz, resolvió conceder la autorización al Ministerio Público para practicar allanamiento de morada y el registro de morada solicitado a la casa de habitación del señor José Manuel Bustillo Bardales, designando el respectivo Juez Ejecutor; en fecha 25 de agosto de 2020 se realizó la presentación del requerimiento fiscal al que se acompañó entre otros medios de prueba el acta de allanamiento. Habiendo continuado el proceso penal en su curso, se llegó a celebrar la audiencia de Proposición de Medios de Prueba en fecha 29 de enero del año 2021, en donde el Ministerio Público ofertó sus respectivos medios de prueba para a ser evacuados en la audiencia de debate, siendo admitidos en su totalidad los medios de prueba por el Tribunal de Sentencia, de tal propuesta la defensa no presentó objeción alguna; en fechas 19 de marzo, 07 y 20 de abril del 2021 se celebró el juicio oral y público. El Sentenciador plasmó y fundamentó su decisión de absolución haciendo una relación del Código Procesal Penal y de la Constitución de la República referente al derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho de inocencia y al debido proceso, raciocinios que esta Sala de lo Penal comparte, pero no en toda su extensión e interpretación. El Sentenciador explica en su fallo, en el acápite Valoración de la Prueba lo siguiente: “Indudablemente se trata de una resolución judicial carente de justificación que fundamenten la decisión, la juez únicamente hace relacion de la solicitud, luego agrega transcripciones del contenido de las disposiciones legales aplicables; pero para el caso no señala cuál de las circunstancias del artículo 212 del código Procesal, que concurren para acceder a la solicitud del Ministerio público para realizar un ingreso y registro a la vivienda donde estaba el acusado, sin motivación alguna en la resolución ni indicando cuales fueron los presupuestos desarrollados que concurren las circunstancias de hechos que permiten llegar a esta conclusión, al adolecer dicha resolución de motivación, no es posible dar por ejecutado el allanamiento en legal y debida forma pues se ignoró los presupuestos y requisitos legales para su mandamiento…” El artículo 99 de la Constitución de la República, dispone que: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el registro, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleva a cabo”. El Artículo 177 del Código Procesal Penal. El allanamiento. “Si la persona que deba ser aprehendida o detenida preventivamente se encuentra en una casa de habitación propia o ajena, el allanamiento para su captura solo podrá verificarse con el consentimiento de quien habite en aquélla o mediante autorización judicial. Con todo, la casa en referencia podrá ser allanada, en los casos y con las condiciones establecidas por el artículo 212 de este Código. Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior no serán necesarias para entrar en establecimientos públicos, negocios, comercios, centros de reunión o recreo y, en general, en cualquier lugar urbano o rural, que no sirva de casa de habitación, residencia o domicilio de una persona”. El Artículo 212. Requisitos para practicar allanamiento de moradas. El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República. Quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto por el párrafo anterior, los casos siguientes: 1) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 2) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; 3) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; y, 4) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. En los casos contemplados en los numerales precedentes, la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad, que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento, se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negaren a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razones que aduzcan para ello. Esta Sala de lo Penal, considera que la normativa constitucional y procesal penal, define tres formas en la autoridad puede ingresar a una vivienda: 1) Por autorización de una persona que habite la vivienda; 2) Por orden de autoridad competente; y, 3) En casos calificados de urgencia, y una vez practicado el ingreso a la vivienda, presentando de inmediato las actuaciones a convalidación ante la autoridad jurisdiccional respectiva. Después de haber hecho un análisis del caso, esta Sala de lo Penal aprecia que las razones vertidas por el juzgador de instancia se hicieron respetando las garantías fundamentales establecidas por la Constitución de la República, ya que se logró que el allanamiento y registro de morada se realizó cumpliendo los cánones ya establecidos en el párrafo primero del artículo 212 del Código Procesal Penal, estableciendo: “ El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso…Cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial…”; tal y como ocurrió en el presente caso. De ahí podemos inferir que todos los ciudadanos de un país somos sujetos de derechos y garantías inherentes al ser humano, pero también poseemos límites a nuestras acciones, a nuestras conductas, es decir poseemos obligaciones que emanan de las leyes para mantener una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos; en ese sentido, podemos afirmar que los derechos humanos si bien son inalienables e irrenunciables, los mismos no son absolutos y no podemos utilizarlos para cometer acciones contrarias a la ley; todos los habitantes de la República saben que no les es permitido el trasladar, cultivar, poseer drogas o estupefacientes que dañen la Salud de la Población del Estado de Honduras, por tanto mis derechos se ven limitados por los derechos de otros, es así que la Salud de muchos hondureños también debe resguardarse y protegerse ante ataques y acciones tendientes a dañarlas, como de las personas que se dedican a la venta de todo tipo de drogas. Es así que concluye esta Sala de lo Penal, que las razones que utilizó el Sentenciador para excluir de valoración a ciertos medios probatorios no son válidas, pues la prueba obtenida por los agentes policiales es lícita, ya que fue obtenida en respeto a nuestra Constitución de la República, nuestra ley procesal y los instrumentos de derechos humanos de los que nuestro país forma parte; por tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma. DECISION Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por el Abogado Celso César Acosta Martinez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el acusado José Manuel Bustillo Bardales, a quien se le absolvió del delito de Tráfico de Drogas en su Modalidad de Tráfico, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; SEGUNDO: Casa la Sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Pía Cristina mejía Nuñez. Receptora adscrita de la sala de lo penal Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a diecinueve días del mes de febrero de 2026. Certificación de la Sentencia dictada a los doce días del mes de enero del año 2026, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP- 512-2021.Pía Cristina mejía Nuñez. Receptora adscrita de la sala de lo penal “CERTIFICACION La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-512-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-512-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante el cual falló: PRIMERO: Absolviò al señor Josè Manuel Bustillo Bardales, por el delito de Tràfico de Drogas en su Modalidad de Tràfico, en perjuicio de La Salud de la Poblaciòn del Estado de Honduras. SEGUNDO: No Procediò la condena en costas procesales, personales y los gastos ocasonados por el juicio al Ministerio Pùblico. TERCERO: No Procediò el comiso. Son partes en única instancia: La Abogada Karla Marcela Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Giovineza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos del señor Josè Manuel Bustillo Bardales, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Único: En fecha 25 de agosto del año 2020 en el Municipio de Cané, Departamento de La Paz como a eso de las seis de la mañana, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizaron un allanamiento en la vivienda del señor Jose Manuel Bustillo Raudales, en la cual encontraron sustancias psicotrópicas (marihuana) con un peso de 68, l gramos, cocaína 2,05 gramos, Crack 1,53 gramos.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Celso César Acosta Martínez en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: “Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en que consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “ . . .El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere Ilícita sin serlo ...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322- 2009. (Lo resaltado es nuestro) Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el acta de allanamiento, acta de inspección ocular practicado en la vivienda del acusado José Manuel Bustillo Bardales por los agentes de investigación Adonis Suarez, Yefrin Centeno y Luis Ordoñez, así como el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son: a) Acta de decomiso; b) Dictamen toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada; f) evidencia física: una bolsa plástica color negro conteniendo en su interior polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta piedras de crack y 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana; pues en la valoración conjunta de la prueba, en su primer párrafo, estableciendo el Tribunal lo siguiente: “...refiriéndonos a la prueba denominada documental RESOLUCION QUE CONVALIDA EL MANDAMIENTO DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO 2020. En dicha resolución se hace una serie de transcripciones de los hechos en que fundamenta el Ministerio Público su petición de allanamiento de morada, sin embargo el Juez Instructor no motiva ni justifica cuales son los razonamientos lógicos que tomó en cuenta para ordenar el allanamiento de morada, como el Ministerio Público tuvo motivos de urgencia, ni los presupuestos de emergencia, ni mucho menos los presupuestos; el Juez instructor no individualiza ni señala concretamente, quebrantando la pbligación de motivar la resolución y fundamentada hilvanando los argumentos fácticos y jurídicos que consideró para la procedencia de un allanamiento de morada, de tal forma que la resolución carece de absoluta motivación y razonamiento, pues al tener del articulo 139 y 14 la motivación expresa los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución so pena de nulidad, lo cual quebranta lo establecido en los artículos 99 de la Constitución de la República. 2121,213 ,214 y 215 del Código Procesal Penal, 8.0 y 11.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Es importante mencionar que el Ministerio Público presentó un informe de inteligencia con las diligencias de 1.- se realizó reconocimiento pleno de la casa del sospechoso donde se supone es utilizada para la venta de drogas y almacenamiento de armas de fuego de uso comercial, 2.- se realizó vigilancias por miembros de la fuerza nacional anti maras y pandillas, los días viernes 21 de agosto y sábado 22 de agosto del año 2020.- Al constar las diligencias de actas de vigilancia de fechas 21 y 22 de agosto del año 2020 relatan en su diligencia de investigación que pudieron observar MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS DE PERSONAS QUE ENTRABAN Y SAUAN DE DICHA CASA DE HABITACION, EL CUAL SE OBSERVABAN PERSONAS QUE ENTRABAN Y SALtAN CON MOCHILAS Y SAUAN SIN ELLAS DE DICHA CASA DE HABITACION, SE PUDO OBSERVAR AL SOSPECHOSO QUIEN ANDABA A LA ALTURA DE LA CINTURA UN ARMA DE FUEGO, EXTREMO QYE NO FUE TOMADO EN CUENTA EN SU MOTIVACION POR EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN, UMITANDOSE SOLAMENTE A HACER UNA TRANSCRIPCION DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL FISCAL. Es trascendental mencionar, que en el presente caso se trata de un ingreso y un registro a una vivienda habitada según lo describe el acta de allanamiento y registro de vivienda de fecha 25 de agosto del año 2020, sin que concurra ninguna de las circunstancias de las disposiciones legales citadas, incluso el mismo testigo del MINISTERIO PUBLICO llamado NELSON OTILIO ZELAYA fue explícito al señalar, que el día 25 de agosto del año 2020, en horas de la mañana a las 5:40 se conformó un equipo con el objetivo de llevar a cabo un allanamiento, a las 6:00 de la mañana procedí a tocar la puerta de la casa, nos identificamos y te mostré el acta de allanamiento y autorización de la vivienda, TESTIGO QUE TENIA LA FUNCION DE JUEZ EJECUTOR; ASIMISMO la declaración coincide con lo manifestado por el testigo de cargo ADONIAS SUAREZ. El día martes 25 de agosto del año 2020, se conformó un equipo y nos dirigimos a la aldea de Cane al Barrio San Francisco a una casa de adobe a realizar un allanamiento de morada, donde el Juez Ejecutor tocó la puerta para realizar inspección y se encontró una persona de nombre JOSE MANUEL BUSTILLO y se procedió hacer un registro personal y se le encontró un teléfono y se procedió hacer la inspección y se encontró 22 bolsitas de hierba seca marihuana, 25 bolsitas de cocaína y 24 envoltorios de supuesta piedras de crack, el juez ejecutor dio la orden de darle detención y se realizó el procedimiento . Al interrogante contestó ingresaron a las 6:05 de la mañana y terminaron a las 6:25, seguidamente en la misma fecha, una vez incautada la droga y la detención del imputado fue puesto a la orden del Juzgado de Letras de esta sección judicial de la Paz, departamento de la Paz, solicitado el ente acusador HACE UNA SOLICITUD DE ALLANAMIENTO A LA VIVIENDA, LA CUAL FUE ORDENADA POR LA JUEZ DE INSTRUCCION, NOMBRANDO AL JUEZ EJECUTOR Y AL CONSTATRA LA AUTORIZACION DEL JUEZ EJECUTR ESTE NO CONSTATO LA HORA DE INGRESO A LA VIVIENDA, PUES RESULTA SORPRENDENTE LA NO MOTIVACION DEL JUEZ PORQUE SON LOS MISMOS TESTIGOS DE LA ACUSACION QUIEN MANIFIESTAN LAS DILIGENCIAS PREVIAS QUE SE PRACTICARON COMO SER LAS ACTAS DE VIGILANCIA Y ESTAS NO FUERON TOMADAS EN CUENTA EN LA MOTVACION DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN, sin ningún tipo de argumentación o explicación de las razones que determinaron la urgencia de practicar el allanamiento ex ante, tal como lo exige el articulo 212 párrafo segundo del Código Procesal Penal. Indudablemente se trata de una resolución judicial carente de las justificaciones que fundamenten la decisión,la juez únicamente hace relación de la solicitud, luego agrega transcripciones del contenido de las disposiciones legales aplicables, pero para el caso no se señala cuál de las circunstancias del artículo 212 del Código Procesal, que concurren para acceder a la solicitud del Ministerio Público para realizar in ingreso y registro a la yivienda donde estaba el acusado, sin motivación alguna en la resolución ni indicando cuales fueron los presupuestos desarrollados que concurren en las circunstancias de hechos que permiten llegar a esta conclusión, al adolecer dicha resolución de motivación, no es posible dar por ejecutado el allanamiento en legal y debida forma pues se ignoró Sos presupuestos y requisitos legales para su mandamiento, pues contradice Ios artículos 141 y el artículo 212 del Código Procesal Penal, porque no se cumple con la exigencia de motivar o justificar una resolución que implica validar la limitación a derechos y libertades fundamentales protegidos por la Constitución y los tratados internaciones en materia de Derechos Humanos. El citado artículo 141, en su último párrafo de manera concluyente establece que el simple anuncio de fundamentos de derecho no significa motivación. Los medios de prueba practicados en el debate del Ministerio Público están viciados de nulidad, pues se desprenden de la resolución del allanamiento inmotivado y por tanto los medios probatorios obtenidos de esta diligencia carecen de eficacia probatoria por la vulneración a la garantía fundamental de la inviolabilidad al domicilio establecido en el artículo 99 de la Constitución de la República ...por lo que se evidencia que el ingreso y registro a la vivienda es espurio y toda prueba que se desprende ella resulta ineficaz, por lo que no es posible valorarla”. Es precisamente, bajo los argumentos anteriormente transcritos, que el Juzgador declara ineficaz el acto del “allanamiento” realizado en la vivienda del acusado ubicada en el Barrio San Francisco, Municipio de Cane, departamento de La Paz y descarta de apreciación del resto de probanzas que se originan de esta diligencia; decisión que resulta improcedente y desacertada por las siguientes consideraciones: En el caso subjudice, el Juzgador ha excluido de valoración la probanza de carácter decisiva para acreditar la existencia del delito y la participación del acusado, por estimar que la orden de allanamiento emitida por el juez de Letras, adolece de motivación; conclusión que obedece a una equivocada interpretación de los requisitos formales y materiales exigidos en la normativa procesal penal para la práctica de un allanamiento, pues nuestra carta magna, en el artículo 99 establece los únicos cuatro supuestos en los cuales es posible la entrada en domicilio ajeno: a) Con el consentimiento del titular. b) Por resolución judicial; c) En caso de flagrancia y d) Por fuerza mayor. En el caso del supuesto de la resolución judicial, los requisitos para expedir la misma se encuentran consignados en el artículo 213 de la ley adjetiva penal; En ese sentido, al analizar cada uno de ellos, se evidencia que el representante del Ministerio Público al solicitar al ente jurisdiccional la práctica de la diligencia de Allanamiento a la vivienda del enjuiciado, contaba con el soporte necesario para sustentarla, en vista que tal petición era el resultado de los indicios obtenidos producto de la vigilancia policial estacionaria, misma que se realizó durante dos días, participando varios agentes, observando el flujo de personas que llegaban a diario, las cuales portaban mochilas y salían sin ellas, que condujeron a sospechar que el imputado realizaba actividades propias de tráfico ilícito de drogas.En ese orden, si bien la resolución del Juez de Letras para autorizar el allanamiento a la vivienda de José Manuel Bustillo no fue lo suficientemente descriptiva, se desprende de su contenido, que el ente jurisdiccional ha fundamentado su decisión, en el informe investigativo y las diligencias de vigilancia que realizaron los agentes asignados a la Fuerza Nacional Anti Maras y pandillas, Adonias Ebiasaf Suarez y Nelson Otilio Zelaya, haciendo suyos los argumentos esgrimidos por el fiscal solicitante, que como hemos indicado con anterioridad, han tenido sustento probatorio en las actas de vigilancia acompañadas a la petitoria en cuestión, de manera que no se trata de una simple transcripción, sino que se hace patente de la resolución, que la orden de ingresar al domicilio del acusado se derivó de un procego investigativo efectuado por el Ministerio y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, evidenciando una legitimidad temporal de las diligencias; consecuentemente, el allanamiento de morada autorizado, no vulnera la garantía de inviolabilidad de domicilio como refiere el Tribunal. De igual manera, de la fundamentación jurídica se evidencia, que el juez de Letras, hace una valoración del soporte probatorio presentado por el Ministerio Público, arribando a la conclusión que dicha diligencia era necesaria para hacer efectiva el hallazgo de los indicios. Respecto al cuestionamiento del Tribunal, en cuanto a que en el acta de allanamiento, el juez Ejecutor no consignó la hora en que se practicó dicha diligencia, es preciso indicar, que tal omisión cafece de relevancia, para restarle valía al allanamiento realizado, pues de las declaraciones de los testigos de cargo que participaron en el registro a la vivienda se deprende, que la diligencia comenzó a las 6 horas y culminó a las 6:25 horas; de modo, que se encuentra acreditado, que la misma se llevó a cabo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, como exige el Artículo 99 Constitucional; siendo así, en el caso que nos ocupa, partiendo de lo anteriormente expresado, la resolución de fecha 24 de agosto del 2020 cumplió con todos los requisitos formales y materiales exigidos en la norma procesal, en consecuencia la actuación investigadora y todas las probanzas que se derivan de la misma son plenamente válidas. En el caso in examine, el Tribunal arbitrariamente ha excluido de valoración, el registro de la vivienda del acusado y toda los hallazgos derivados del mismo, desconociendo que tal diligencia está ampargda en una resolución judicial, debidamente motivada y fundamentada; por ende, estamos ante una de los supuestos legítimos del artículo 99 Constitucional para ingresar al domicilio como es “resolución judicial. en ese sentido: a) El Acta de allanamiento practicado a la vivienda; b) Acta de Inspección ocular; c) Dictamen toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada; d) evidencia física: una bolsa de plástico color negro conteniendo polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuestas piedras de;crack, 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana: constituyen probanza legalmente obtenida, que merece valía probatoria y resulta decisiva, para acreditar la ocurrencia del ilícito penal de Tráfico Ilícito de Droga y la participación del imputado como autor del mismo y no es ineficaz y espuria, como equívocamente ha afirmado el juzgador. Respecto a la inviolabilidad del domicilio la Honorable Sala de lo Penal en múltiples sentencias se ha referido al tema y ha dejado establecido lo siguiente: “ DE LA INVIOLABIUDAD DEL DOMICILIO: El constituyente hondureño deterrninó la necesidad de declarar en el artículo 99 superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda del derecho a la intimidad, en éste especifico ámbito; el domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior; el domicilio comprende no solo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualista el articulo 220 del Código Penal. Son elementos del Domicilio: 1. Elementos Objetivos: a) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; b) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; y c) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada; y 2. Elementos Subjetivos: a) Que el espacio físico esté siendo usado -permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; y b) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un estado de necesidad o delito flagrante: 1) Ingreso y/o registro autorizado.... 2) El allanamiento por Orden Judicial: es el acto de investigación consistente en la penetración a un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República, es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá de iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde; el constituyente apreció que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá de actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá de actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realizá el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El Decreto Judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá de reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el Órgano Jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo.” Lo anteriormente expresado nos permite concluir, que el ingreso y registro realizado en la vivienda del acusado JOSE MANUEL BUSTILLO BARDALES, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 213 y 214 del Código Procesal Penal, pues fue autorizado por Juez de garantías, no siendo cuestionable tal decisión judicial, en torno a su legalidad o autenticidad; consecuentemente, todas las pruebas que se derivan del mismo, son licitas y merecen ser valoradas por el Tribunal sentenciador, al evacuarse en apego a las garantías constitucionales y procesales, que las vuelven válidas y no indebidamente excluidas del acervo probatorio, a pesar de ser relevantes y decisivas para establecer la responsabilidad del imputado en el delito que se le atribuye y cuya apreciación hubiese conducido a decisiones distintas de las que extrajo el juzgador, como ser el dictado de una sentencia Condenatoria por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2.Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3.Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4.Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5.La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7.Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. •Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; •Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; •Concepto de la infracción: Haber excluido el juzgador, prueba de valor decisivo; •Reclamación Ex Ante: El mismo se produce en el mismo acto de sentenciar; •Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que en la sentencia censurada, se concluye que el Tribunal de Sentencia excluyó prueba de valor decisivo, consistente en: El acta de allanamiento, acta de inspección ocular practicado en la vivienda del acusado José Manuel Bustillo Bardales por los agentes de investigación Adonis Suarez, Yefrin Centeno y Luis Ordoñez, así como el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son: a) Acta de decomiso; b) Dictamen toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada; f) evidencia física: una bolsa plástica color negro conteniendo en su interior polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta piedras de crack y 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana; pues en la valoración conjunta de la prueba, en su primer párrafo, establece el Tribunal lo siguiente: “…refiriéndonos a la prueba denominada documental resolución que convalida el mandamiento de fecha veinticinco de agosto del año 2020. En dicha resolución se hace una serie de transcripciones de los hechos en que fundamenta el Ministerio Público su petición de allanamiento de morada, sin embargo el Juez Instructor no motiva ni justifica cuales son los razonamientos lógicos que tomó en cuenta para ordenar el allanamiento de morada, como el Ministerio Público tuvo motivos de urgencia, ni los presupuestos de emergencia, ni mucho menos los presupuestos; el Juez instructor no individualiza ni señala concretamente, quebrantando la obligación de motivar la resolución y fundamentada hilvanando los argumentos fácticos y jurídicos que consideró para la procedencia de un allanamiento de morada.” De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde sólo se deben reproducir aquellos medios que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la inviolabilidad del domicilio. El constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda el derecho a la intimidad, en éste especifico ámbito. El domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualista el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del domicilio: 1. Elementos Objetivos: a) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo. b) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura. c) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. 2. Elementos Subjetivos: a) Que el espacio físico esté siendo usado -permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida. b) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito flagrante: I. Ingreso y/o registro autorizado: Es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio, para que un tercero ajeno a éste ingrese y en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: a. Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito. b. Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar. c. Hacerse acompañar los agentes de la autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso. d. Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados. e. Que se le permita a una de las personas moradoras, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia. f. Los agentes de la autoridad deberán de abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la persecución de un delito, sus instrumentos o efectos. g. Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio. II. El allanamiento por orden judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración a un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República, es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá de iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. El Constituyente apreció que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá de actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá de actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El decreto judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá de reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el órgano jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aun con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 del Código procesal Penal, será calificado como ilegal. III. Allanamiento por Estado de Necesidad: Finalmente, en cuanto a los allanamientos por un estado de necesidad o delito flagrante, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello (06:00 a.m. a 06:00 pm), cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para impedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial, sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público puede practicar un allanamiento: a) El Ministerio Público, cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i. Ante casos de flagrancia, cuya noción se forma de tres elementos (Cabezudo Bajo, María Jose; La Inviolabilidad del Domicilio y el Proceso Penal, Iustel Publicaciones, 2004, Madrid, España, Pag 263) tal y como lo conceptualiza el artículo 175 No. 1 del Código Procesal Penal: 1) Inmediatez Temporal, referida a la comisión del delito que dentro de poco se perderá, la que se está ejecutando o a la que hace instantes se ejecutó. 2) Inmediatez Personal, que vincula a una persona determinada, ya sea porque se encuentre en el lugar con intención de cometer el delito, ejecutándolo o próximo al lugar en donde se ejecutó. 3) Urgencia de intervención para evitar el mal del delito o asegurar al delincuente. ii. Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito. iii. Para evitar la fuga de un delincuente. iv. Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias. v. En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes. El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad Judicial competente en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando por qué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivó la práctica de la diligencia. b) La Policía Preventiva o la Policía de Investigación, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales. ii. Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena. iii. Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio. iv. Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. En estos casos, la autoridad policial deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá de ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá de consignar su negativa de hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. IV. Delito Flagrante en interior de domicilio: Especial atención merecen los hechos constitutivos de flagrancia domiciliaria, (Primer motivo de allanamiento de emergencia regulado en el artículo 212 del CPP) entendidos como los casos en donde nos encontremos ante un delito flagrante cometido en el interior de un domicilio. La calificación de delito flagrante cometido en público se deriva de la percepción de quienes presencian cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal: 1) Flagrancia Propia: Art. 175.1 CPP. 2) Flagrancia Impropia, conocida como cuasi flagrancia Art. 175.2 CPP. 3) Flagrancia Impropia conocida como Flagrancia presunta: 175.3 CPP, como consecuencia se presenta la dificultad que cuando el delito flagrante es ejecutado en el interior de un domicilio no se cuenta con “publicidad” que facilita el conocimiento de las mencionadas circunstancias, entonces es menester determinar qué condiciones permitirán poder establecer su existencia y que justifique emergentemente el ingreso como condición límite al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, esas condiciones son la existencia de evidencia y la urgencia de intervención (Cabezudo Bajo, María José, Ob. Cit., Pág. 274): 1. La Evidencia, (Cuya acepción en este caso significa certeza de tener el conocimiento de algo) puede adquirirse a través de la percepción o a través del conocimiento: a. La percepción involucra información obtenida por los sentidos, por cuanto estamos hablando en los casos de: i) Los agentes de policía, a través de ventanas o puertas abiertas logran ver la ejecución del delito flagrante en el interior del domicilio. ii) Cuando por resultado de intervenciones telefónicas autorizadas se escucha evidencia del delito flagrante. iii) Cuando los agentes han observado la comisión de un delito en el exterior de la vivienda cuyos participes inmediatamente ingresan al domicilio, en el caso previsto en el artículo 212.3 del CPP. iv) En general en los casos en donde los agentes de la autoridad perciban directamente hechos de los que se colija un acto delictivo en flagrancia. b. Conocimiento adquirido a través de actos de inteligencia policial, informantes, testigos, agentes encubiertos, prueba en general, que una vez procesada y analizada arrojen evidencia de la existencia de un delito en flagrancia. La mera sospecha o conjeturas respecto a la existencia del delito flagrante no será causa legítima para el ingreso al domicilio. 2. La Urgencia es el segundo elemento que debe de observarse y es la necesidad temporal de intervención de los agentes de la policía, sin la cual no se lograría el objetivo de impedir la comisión de un delito, la detención de los culpables o el aseguramiento de elementos de prueba, implica: a. Inmediatez entre la obtención de la evidencia y el ingreso al domicilio. b. La entrada al domicilio debe de realizarse en un momento en que sea posible alcanzar el objetivo perseguido. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal analiza el motivo de casación presentado por el ente acusador y en efecto considera que el Tribunal Sentenciador ha incurrido en vicio casacional, al haber excluido prueba de valor decisivo para el proceso, en el presente caso, el A-quo excluye el Acta de Allanamiento, Acta de Inspección Ocular practicado en la vivienda del acusado José Manuel Bustillo Bardales por los agentes de investigación Adonis Suarez, Yefrin Centeno y Luis Ordoñez, así como el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son: el Acta de Decomiso, Dictamen Toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada, evidencia física: Una bolsa plástica color negro, conteniendo en su interior polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta piedras de crack y 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana; pues considera que el allanamiento realizado en la vivienda del acusado es prueba ilícita ya que vulnera el derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio, establecido en el artículo 99 de la Constitución de la República, pues no cumplieron con el procedimiento establecido en los artículos 211 y 212 del Código Procesal Penal. En fecha 17 de marzo de 2020 el Ministerio Público solicitó autorización judicial para la práctica de allanamiento de morada en la vivienda del señor José Manuel Bustillo Bardales, alias “El Tatuado” por los suponerlo responsable de los delitos de Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud Pública y Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de El Orden Público; en fecha 24 de agosto del año 2020, el Juzgado de Letras Seccional de la Paz, departamento de la Paz, resolvió conceder la autorización al Ministerio Público para practicar allanamiento de morada y el registro de morada solicitado a la casa de habitación del señor José Manuel Bustillo Bardales, designando el respectivo Juez Ejecutor; en fecha 25 de agosto de 2020 se realizó la presentación del requerimiento fiscal al que se acompañó entre otros medios de prueba el acta de allanamiento. Habiendo continuado el proceso penal en su curso, se llegó a celebrar la audiencia de Proposición de Medios de Prueba en fecha 29 de enero del año 2021, en donde el Ministerio Público ofertó sus respectivos medios de prueba para a ser evacuados en la audiencia de debate, siendo admitidos en su totalidad los medios de prueba por el Tribunal de Sentencia, de tal propuesta la defensa no presentó objeción alguna; en fechas 19 de marzo, 07 y 20 de abril del 2021 se celebró el juicio oral y público. El Sentenciador plasmó y fundamentó su decisión de absolución haciendo una relación del Código Procesal Penal y de la Constitución de la República referente al derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho de inocencia y al debido proceso, raciocinios que esta Sala de lo Penal comparte, pero no en toda su extensión e interpretación. El Sentenciador explica en su fallo, en el acápite Valoración de la Prueba lo siguiente: “Indudablemente se trata de una resolución judicial carente de justificación que fundamenten la decisión, la juez únicamente hace relacion de la solicitud, luego agrega transcripciones del contenido de las disposiciones legales aplicables; pero para el caso no señala cuál de las circunstancias del artículo 212 del código Procesal, que concurren para acceder a la solicitud del Ministerio público para realizar un ingreso y registro a la vivienda donde estaba el acusado, sin motivación alguna en la resolución ni indicando cuales fueron los presupuestos desarrollados que concurren las circunstancias de hechos que permiten llegar a esta conclusión, al adolecer dicha resolución de motivación, no es posible dar por ejecutado el allanamiento en legal y debida forma pues se ignoró los presupuestos y requisitos legales para su mandamiento…” El artículo 99 de la Constitución de la República, dispone que: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el registro, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleva a cabo”. El Artículo 177 del Código Procesal Penal. El allanamiento. “Si la persona que deba ser aprehendida o detenida preventivamente se encuentra en una casa de habitación propia o ajena, el allanamiento para su captura solo podrá verificarse con el consentimiento de quien habite en aquélla o mediante autorización judicial. Con todo, la casa en referencia podrá ser allanada, en los casos y con las condiciones establecidas por el artículo 212 de este Código. Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior no serán necesarias para entrar en establecimientos públicos, negocios, comercios, centros de reunión o recreo y, en general, en cualquier lugar urbano o rural, que no sirva de casa de habitación, residencia o domicilio de una persona”. El Artículo 212. Requisitos para practicar allanamiento de moradas. El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República. Quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto por el párrafo anterior, los casos siguientes: 1) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 2) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; 3) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; y, 4) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. En los casos contemplados en los numerales precedentes, la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad, que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento, se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negaren a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razones que aduzcan para ello. Esta Sala de lo Penal, considera que la normativa constitucional y procesal penal, define tres formas en la autoridad puede ingresar a una vivienda: 1) Por autorización de una persona que habite la vivienda; 2) Por orden de autoridad competente; y, 3) En casos calificados de urgencia, y una vez practicado el ingreso a la vivienda, presentando de inmediato las actuaciones a convalidación ante la autoridad jurisdiccional respectiva. Después de haber hecho un análisis del caso, esta Sala de lo Penal aprecia que las razones vertidas por el juzgador de instancia se hicieron respetando las garantías fundamentales establecidas por la Constitución de la República, ya que se logró que el allanamiento y registro de morada se realizó cumpliendo los cánones ya establecidos en el párrafo primero del artículo 212 del Código Procesal Penal, estableciendo: “ El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso…Cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial…”; tal y como ocurrió en el presente caso. De ahí podemos inferir que todos los ciudadanos de un país somos sujetos de derechos y garantías inherentes al ser humano, pero también poseemos límites a nuestras acciones, a nuestras conductas, es decir poseemos obligaciones que emanan de las leyes para mantener una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos; en ese sentido, podemos afirmar que los derechos humanos si bien son inalienables e irrenunciables, los mismos no son absolutos y no podemos utilizarlos para cometer acciones contrarias a la ley; todos los habitantes de la República saben que no les es permitido el trasladar, cultivar, poseer drogas o estupefacientes que dañen la Salud de la Población del Estado de Honduras, por tanto mis derechos se ven limitados por los derechos de otros, es así que la Salud de muchos hondureños también debe resguardarse y protegerse ante ataques y acciones tendientes a dañarlas, como de las personas que se dedican a la venta de todo tipo de drogas. Es así que concluye esta Sala de lo Penal, que las razones que utilizó el Sentenciador para excluir de valoración a ciertos medios probatorios no son válidas, pues la prueba obtenida por los agentes policiales es lícita, ya que fue obtenida en respeto a nuestra Constitución de la República, nuestra ley procesal y los instrumentos de derechos humanos de los que nuestro país forma parte; por tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma. DECISION Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por el Abogado Celso César Acosta Martinez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el acusado José Manuel Bustillo Bardales, a quien se le absolvió del delito de Tráfico de Drogas en su Modalidad de Tráfico, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; SEGUNDO: Casa la Sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Pía Cristina mejía Nuñez. Receptora adscrita de la sala de lo penal Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a diecinueve días del mes de febrero de 2026. Certificación de la Sentencia dictada a los doce días del mes de enero del año 2026, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP- 512-2021.

Pía Cristina mejía Nuñez

Receptora adscrita de la sala de lo penal ”.