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Sentencia CP-506-21 — Registro 20393

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de homicidio simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal por no representar beneficio para el imputado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento el escrito recursivo, del cual se identifica que la censora no interpone un recurso que identifique el postulado intelectivo que considera infringido, limitandose a realizar alegatos de instancia, planteando un recurso confuso; conforme se ha explicado claramente en el apartado de la fundamentación jurídica, acerca de los principios y técnicas necesarias para la conformación y desarrollo de un recurso de casación, pues, es posible detectar en su impugnación que ha faltado a la técnica recursiva necesaria para que esta Sala de lo Penal proceda a dar una respuesta adecuada a sus cuestionamientos. La recurrente, comienza invocando queja por la falta de valoración conforme las reglas de la sana crítica, sin señalar a cual regla se refiere, por otra parte, más que cuestionar las valoraciones intelectivas, su desarrolló se enfrasco al resultado que arrojara cada medio probatorio, volviendo sus alegatos confusos y falto de claridad; la Sala de lo Penal, sustrae del escrito recursivo, que la recurrente lo que realizó fue una revaloración del material probatorio, es decir, externó criterios subjetivos de cómo se debió valorar la prueba, ejercicio mental que no es permitido en esta etapa casacional, sino que dicha tarea compete únicamente al sentenciador, quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo, esa es una de los principios básicos en la casación donde se aleguen quebranto en la formas de procedimiento; la simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba en los términos analizados, meya negativamente en la suerte del recurso; por tanto, su recurso se vuelve confuso y falto de claridad no cumpliendo con los requerimientos mínimos para técnica en casación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la censora, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011)..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa del acusado Pedro Alexander Sánchez Bardales, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Pedro Alexander Sánchez Bardales, la pena principal de diecisiete (17) años de reclusión, como autor responsable penalmente de un delito de Homicidio, en perjuicio de la vida de José Orlando Bardales Alvarado. Además, la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; II. Pena accesoria de interdicción civil; III. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; IV. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas:La conducta reprochada al acusado Pedro Alexander Sánchez Bardales, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 506-2021, que literalmente dice: “ Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veintiseis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 506-2021, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante el cual falló: Primero: Declaró a Pedro Alexander Sánchez Bardales, como coautor del delito de Homicidio en perjuicio de la vida de José Orlando Bardales Alvarado, y por ende: Previo abono del tiempo que ha permanecido en efectiva prisión preventiva se le condena a sufrir en la Penitencia Nacional de La Paz, departamento de La Paz, la pena principal de diecisiete (17) años de reclusión, por el delito de Homicidio además, a las accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, y a trabajos en obras públicas o a labores dentro del centro penal, durante el tiempo de las penas principales. Segundo: Se mantenga la medida cautelar impuesta en etapa de instrucción hasta la firmeza de la sentencia. Tercero: Se declaró a Pedro Alexander Sánchez Bardales, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido; siendo el Juzgado de Ejecución correspondiente el que oportunamente conozca y resuelva lo que corresponda. Cuarto: No procedió condenar en costas al acusado de autos Pedro Alexander Sánchez Bardales. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, en su condición de defensora privada del acusado Pedro Alexander Sánchez Bardales. Son partes en única instancia: La Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, defensora Privada, en su condición de recurrente; y, la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Como entre las cuatro y cinco de la tarde (4:00 a 5:00 P.M.), del día veintidós (22) de enero del dos mil doce (2012), el señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, se encontraba en la pulpería del señor MODESTO ALVARADO, ubicada en la Aldea Concepción de Soluteca, municipio de La Paz, departamento de La Paz, momento en el cual se encuentra al señor PEDRO ALEXANDER SANCHEZ BARDALES acompañado de otro sujeto, quien sin mediar palabra alguna le encesta por la espalda varios machetazos al señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, quien cae gravemente herido, y posteriormente huye del lugar el señor PEDRO ALEXANDER SANCHEZ BARDALES. SEGUNDO: En fecha veintidós (22) de enero del año dos mil doce (2012), a las ocho con cuarenta y cinco minutos de la noche (8:45 PM), en la Aldea Concepción de Soluteca, municipio de La Paz, departamento de La Paz, específicamente frente a una pulpería, el Dr. CARLOS SILVANO PAREDES BRONFIELD, Médico Forense del Ministerio público asignado a la ciudad de La Paz, levantó el cadáver de JOSE ORLANDO ALVARADO BARDALES, a quien le encuentra heridas causadas por arma blanca tipo machete en antebrazo izquierdo, espalda, columna dorsal, cuello (nuca), cráneo, y hombro, que le produjeron la muerte. TERCERO: Posteriormente en fecha cinco de junio del año dos mil veintiuno, a las once con quince minutos de la mañana (11:15 A.M), en el cementerio ubicado en la Aldea Concepción de Soluteca, municipio de La Paz, departamento de La Paz, la Dra. ANA FLORIZEL MOLINA desentierra el cadáver de JOSE ORLANDO ALVARADO BARDALES, a quien le encuentra fractura en cráneo, fractura en segunda y tercera vértebra cervical.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, en su condición de defensora privada de Pedro Alexander Sanchez Bardales, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en los numerales 2, 3, y 4 del Artículo 362 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: "Artículo 202 del Código Procesal Penal. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del mismo cuerpo Legal. Como el motivo se orienta a demostrar la inobservancia de las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de la prueba, que a la vez es un problema de fundamentación, conviene explicar en qué consisten esas reglas: Conforme el articulo 202, el sistema de valoración autorizado en el C.P.P. es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definitiva en el articulo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo. Debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo, ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva, en este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. EXPRESA EL SENTENCIADOR EN EL APARTADO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA LO SIGUIENTE: PRIMERO: Se evacuaron como prueba documental propuesta por la fiscalía: A.- Declaración de TESTIGO PROTEGIDO TPY Y TESTIGO PROTEGIDO TPX (Introducidas por lectura) la que se ubican a folio del expediente de mérito. ) de la primera pieza El tribunal da por acreditado que los testigos TESTIGO PROTEGIDO ΤΡΥ Y TESTIGO PROTEGIDO TPX, son testigos presenciales de los hechos, puesto que coinciden en referir que el día veintidós de enero del año 2012, observaron al enjuiciado PEDRO ALEXANDER SANCHEZ BARDALES, estaba macheteando al señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, quienes establecieron que el ataque había sido por la espalda, y que luego este cayó muerto, tanto el acusado como quien lo acompañaba en el hecho, posteriormente se van del lugar. B. Acta de levantamiento de cadáver a folio 9 y 10 de la primera pieza del expediente de mérito, la cual si bien es cierto ha señalado la defensa privada no consta firma y sello en dicha acta, vemos que en la misma se consignó al Abg. Lambert Thomas, Dr. Carlos Paredes, médico forense, el sub oficial DGIC Iván Ventura y policía Preventivo Pedro García, en el cual se consigna se realiza en la aldea Concepción de Soluteca, el día 22 de Enero entendiéndose que el año es 2012, coincidiendo con la fecha que dan ambos testigos protegidos, y que la consigna el Dr. Carlos Silvano Paredes Bronfield, en su dictamen de Levantamiento Cadavérico número 004-2012 a folio 16 y 17 de la primera pieza de autos, siendo este coherente con la descripción de la escena, descripción de las ropas y pertenencias del occiso, por lo cual entendemos que se trata del ofendido de autos el señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO...; Al Analizar las lesiones descritas en este dictamen en base a las máximas de la experiencia y la sana critica, entendemos que dichas lesiones fueron ocasionadas por la espalda, puesto que el occiso presenta lesiones en la nuca y en la columna cervical, evidenciándose de esa manera esa intensión de arrebatar la vida por parte del enjuiciable. Aspecto que confirma la declaración rendida por los testigos protegidos TESTIGO PROTEGIDO TPY Y TESTIGO PROTEGIDO TPX1, al relatar que el señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, se encontraba parado (de pie), "cuando le dieron por detrás y cayó muerto", ataque que según estos testimonios fueron realizados con machete, y así lo refieren las pericias aportadas al proceso como son 1: el acta del levantamiento cadavérico realizado por el médico forense y el dictamen de exhumación practicado al ofendido de autos. Con este dictamen de levantamiento de cadáver a folio 16 y 17 de la primera pieza de auto y el acta de exhumación practicada a JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, se acredita la muerte real, así como la constancia de defunción (nota marginal), se acredita la muerte legal de este. C.- El inspección ocular ratificada por el agente NELY ANDRES, realizada en la aldea de Concepción de Soluteca, Municipio de La Paz, departamento de La Paz, frente de una pulpería establece que dicha diligencia fue realizada en fecha posterior a la que sucedieron los hechos pero esta no se ilustra con el álbum fotográfico que acompañan el lugar donde tuvo la muerte del ofendido, siendo esta la vivienda del señor MODESTO ALVARADO donde refirieron los TESTIGO PROTEGIDO ΤΡΥY Y TESTIGO PROTEGIDO TPX1 había una pulpería, aspecto que puede apreciarse en una fotografía que se acompañan donde existe publicidad que se coloca en las pulperías en el área del corredor, y así lo refirieron en su momento ambos testigos protegidos quienes presenciaron los hechos cuando iban pasando por el corredor de la pulpería de don modesto Alvarado, relatando de forma clara la forma en la cual el señor PEDRO ALEXANDER SANCHEZ BARDALES, junto a otro sujeto con machete en mano atacaron por la espalda al señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO. Además, de los anteriores medios de prueba encontramos que fue aportada como prueba pericial el dictamen de exhumación 2021-0801-0402-0066, realizado en fecha 05 de Junio, en el cementerio Concepción de Soluteca, La Paz, al occiso JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, que refiere como lesiones encontradas: HERIDAS CAUSADAS POR ARMA BLANCA (MACHETE), CON FRACTURA EN LA REGIÓN OCCIPITAL DEL CRÁNEO CON AUSENCIA ÓSEA, FRACTURA EN LA SEGUNDA Y TERCERA VÉRTEBRA CERVICAL. CAUSA DE MUERTE: HERIDA POR ARMA BLANCA CONTRA TRAUMATISMO CRANEANO. Es menester señalar que la exhumación fue realizada, nueve años después de sucedido lo hechos, y pese que ya se encontraba el mismo en fase de reducción esquelética total por el transcurso del tiempo, el cadáver aún conserva evidencias de las lesiones que describen en su momento el Dr. PAREDES BRONFIELD en el levantamiento de cadáver que hace el día de los hechos y que viene a confirmar lo declarado por los TESTIGO PROTEGIDO ΤΡΥ Υ TESTIGO PROTEGIDO TPX1, en relación a que las heridas fueron producidas por arma blanca (machete), y la dirección del ataque que fue por la espalda, aclarando la perito Dra. ANA FLORICEL MOLINA al momento de ratificar su dictamen durante el juicio oral que se dictaminaba que las heridas fueron producidas por arma blanca tipo machete, puesto que por los características propias de las heridas encontradas, ósea una fractura total completa que tiene unos bordes totalmente definidos son propios de una herida por arma blanca. Además, nos señala que cuando habla de traumatismo de cráneo a que se refiere a un daño a nivel del cerebro, coincidiendo con la causa de muerte establecida por el Dr. Paredes quien levanta el cadáver del ofendido el día de los hechos. DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EXPRESADOS ANTERIORMENTE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA REFIERE LO SIGUIENTE EN CUANTO A SU IMPUTACIÓN OBJETIVA: En cuanto la IMPUTACION DE RESULTADO que exige la ubicación precisa de principio de personalidad el autor analizamos a las declaración de los TESTIGO PROTEGIDO ΤΡΥ Y TESTIGO PROTEGIDO TPX1: quien concretamente dedujo en su declararon que el señor PEDRO ALEXANDER SANCHES BARDALES, en compañía de otra persona de nombre JOSE SANTOS MARQUEZ BARDALES el día 22 de enero del año 2012 cuando JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO se encontraba en la casa del señor MODESTO ALVARADO donde funciono la pulpería, en el corredor de esta vivienda le infiero varias heridas con machete, realizando el ataque por la espalda, quien posteriormente cae al suelo gravemente herido, huyendo el enjuiciable del lugar, en compañía de la persona que le acompañaba. Si vemos estos testigos son contestes y claros al establecer la forma en la cual el señor PEDRO ALEXANDER SANCHES BARDALES, le varios machetazos por la espalda, coincidiendo en su relato el lugar, la fecha y hora en que da muerte el señor JOSE ORLANDO BARDALES LAVARADO. Los TESTIGO PROTEGIDO ΤΡΥ Υ TESTIGO PROTEGIDO TPX1 son presenciales y ubican en escena a los aquí enjuiciable, que al amenizar la prueba en su conjunto observamos de forma infalible la evidencia como indicio contingente, puesto que dichos testimonios se encuentran rodeados de algunas de corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el presente proceso, como el levantamiento de cadáver practicado por el Dr. Carlos Silvano Paredes Bronfield y el dictamen de exhumación practicado al cadáver de JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, es decir que la existencia del presente delito objeto del juicio, no se encuentra añadido a la pura manifestación subjetiva de los deponentes, puesto sus relatos encontramos persistencia en la incriminación, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades, ni contradicciones, siendo sus declarantes concretos y precisos, quienes narraron los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en su circunstancia sería capaz de relatar, coherente y sin contradicciones manteniendo sus relatos la necesario conexión lógica entre sus distantes partes y persistente en un sentido material y no meramente formal, es decir que fueron sustanciales de las diversas declaraciones. Como vosotros podréis observar distinguido Tribunal de Casación, el tribunal de sentencia de la ciudad de Comayagua, establece una valoración de los medios de prueba de cargo sin razonamiento lógico que nos establezca la convicción y veracidad de los hechos declarados probados violentando así el principio de la sana crítica y el principio de Inocencia. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: El tribunal da como hecho probado que PEDRO ALEXANDER SANCHEZ BARDALES es el responsable de haberle causado la muerte al señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, estos extremos los toma partiendo de la declaración evacuada con las formalidades de la prueba anticipada, prueba indiciaria que extraña a esta defensa como se le puede dar valor probatorio si se contradicen entre sí, no son concretos al establecer una determinada hora, no tiene suficiente sustento, uno de los aspectos a tomar en cuenta es que el tribunal da por acreditado que el señor PEDRO ALEXANDER SANCHEZ BARDALES se encontraba en ese Lugar, no entiende esta defensa como se acredito dicho extremo si las declaraciones de dichos testigos son contradictorias. En cuanto a la participación de PEDRO ALEXANDER SANCHEZ BARDALES en los hechos, se puede notar que el testigo de cargo solo se limita a manifestar que fue PEDRO quien dio muerte a JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, sin describir, e identificar que dicho PEDRO sea PEDRO ALEXANDER SANCHEZ BARDALES. Dichas declaraciones son contradictorias, ya que ninguno de los testigos ubican en el tiempo ni el espacio exacto de los supuestos hechos a nuestro representado pues parece que se hubieren puesto de acuerdo en referir lo mismo en decir la hora cuando expresan" entre 4 y 5 de la tarde" esto no resulta coherente ni concordante para la forma de rendir un testimonio, entonces cualquiera puede decir "yo vi"; siendo un dato interesante que testigo TPX1 refiere y describe que el señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO vestía una camisa de botones el día que se le dio muerte resultando completamente falso ya que al ser comparado y analizado con el acta de levantamiento cadavérico que corre agregado a folio 9, podemos apreciar que el ahora occiso el señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO vestía una camiseta deportiva color gris con el número 22 en la espalda, gorra negra y blanco, jean color negro y siendo también algo transcendental que a pregunta que hiciera esta defensa a dicho testigo si había visto o conocía anteriormente a PEDRO SANCHEZ este contesta "que no", luego se le pregunta como sabe que él se llama PEDRO SANCHEZ contesta que ya lo conocía de antes pero hacía tiempo que no lo miraba indicándonos con eso su señoría que dicho testigo mintió al juez que en este momento le estaba rindiendo su declaración esto lo apreciamos en el acta de dicha audiencia inicial por lo que dichos testigos claramente se aprecia que no son testigos directos de los hechos por haberlos presenciados sino más bien porque les contaron los hechos más aún en lapso de tiempo transcurrido por negligencia de la investigación llamando la atención para esta defensa que si habían más personas en el supuesto lugar de los hechos porque no comparecieron al debate de juicio oral y público por lo que ese medio de prueba es insuficiente para las pretensiones del ministerio público y más para un debate e juicio oral y público. En cuanto al acta de levantamiento de cadáver, su señoría el artículo 134 del nuestro Código Procesal Penal es claro y establece que en las actas o registros no podrán hacerse raspaduras ni borrones, tampoco podrán superponerse letras o palabras, dicha acta de levantamiento de cadáver que corre agregado a folio 9 podemos observar Honorable Tribunal que en donde se refiere al año de dicha diligencia ha sido alterado dicho número montando un número 12 bajo los ceros, por lo que ese medio de prueba se le debe restar credibilidad en el presente juicio por no cumplir dicha acta con lo que marca nuestra ley, agregando a eso que dicha diligencia no cuenta con la firma del personal presente en la escena de los hechos únicamente se aprecia una firma sin sello en dicha diligencia siendo esto violatorio a lo que refiere el artículo 132 del Código Procesal Penal. En cuanto al medio de prueba acta de inspección ocular, junto con su respectivo álbum y secuencia fotográfica, si bien es cierto se realizó tal acción no es menos cierto Honorable Tribunal que dicha diligencia investigativa tal y como consta en el expediente judicial se efecto siete años después de los supuestos hechos, llevándonos con esto una sorpresa pues que seguridad puede haber de tal diligencia y al trascurrir siete años, la escena donde ocurrieron los supuestos hechos donde perdió la vida el señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO ha sido modificada completamente, no solamente es ubicar un lugar como si se tratara de cualquier cosa, y recalcar los elementos de pruebas que den paso a una investigación y en el presente proceso se ha perdido ese nexo causal para sustentar una tesis acusatoria. El acta de defunción traída a este Tribunal como podemos apreciar se trata de una copia, el ente acusador para sustentar su tesis acusatorio debió haber presentado certificación del Registro Nacional de las Personas, en el presente debate de juicio oral y público por lo que no consta a este Tribunal la muerte real del señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO. En cuanto al dictamen pericial consistente en acta de levantamiento número 004-2012, únicamente nos refleja en el presente debate, el levantamiento de un cadáver en fecha 22 de enero del año 2012, correspondiendo supuestamente al señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, porque decimos. supuestamente su señoría porque al momento del levantamiento cadavérico de JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO no portaba documentos de identificación tal y como lo refleja la información que nos arroja dicha acta de levantamiento de cadáver y que corre agregado a folio 16, por lo que no tenemos la certeza si efectivamente se trata del señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO. En cuanto al medio de prueba denominado dictamen de exhumación del cadáver del señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO 2021-0801-0402-0066, escuchamos en primer lugar en el presente juicio que no se realizó la exhumación completa al señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO entendiendo que dicha diligencia se practicó a medias ni siquiera fotografías se presentaron ante este Tribunal a manera de ilustración, esta defensa Honorables Magistrados a pregunta que le hiciera al médico ANA FLORIZEL MOLINA, de que otra manera podríamos determinar si efectivamente se trataba de los restos de JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, el médico contesto a través de huellas dactilares, pero ya no existe, y otra forma sería a través de una prueba de ADN ácido desoxirribonucleico, por lo que no al existir esa certeza de dicho medio de prueba y comprobar que se trataba de los restos de señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO, y más para un debate de juicio oral y público y que el ministerio público tubo tiempo suficiente para poder realizar todas esas investigaciones y poder sustentar su tesis acusatorio. El artículo 202 de nuestro código Procesal Penal nos establece que se debe de valorar en forma conjunta y armónica la prueba producida, en el presente debate demostramos Honorables Magistrados que ninguno de los medios de prueba llevados a juicio se relaciona o concatena entre sí, por lo que en ningún momento se han acreditado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio regulado en el artículo 116 del código penal derogado. Lo que ultraja una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del C.P.P., en lo referente a la obligatoriedad de valorar en forma conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana crítica la prueba evacuada en juicio, toda vez que desnaturaliza arbitrariamente esta prueba testifical, que unida a las otras da soporte a extremos fundamentales para considerar que no se acreditada la responsabilidad penal del imputado. Sobre la base del planteamiento estructurado, se reitera que si el tribunal sentenciador, hubiere valorado las pruebas conforme al recto entendimiento humano (sana critica) e imperando el Principio de Inocencia o duda Razonable, el resultado se hubiese traducido en certeza de que el señor PEDRO ALEXANDER SANCHEZ BARDALES, en ningún momento privo de la vida al señor JOSE ORLANDO BARDALES ALVARADO. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto -por una parte- es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al recurrente de cumplir con los requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término, el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 1. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del Vicio: el recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…” Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numerales 2, 3 y 4 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 336 párrafo primero y 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; Pretensión: Sin determinar por la recurrente. La Censora luego de describir conceptos doctrinarios al respeto, ha señalado tanto la valoración de la prueba como la imputación objetiva por parte del juzgador; para luego cuestionarlo, al referir inexistencia de un razonamiento lógico que violenta el principio de la sana crítica y el principio de inocencia. Que los Juzgadores dan como hecho probado que su representado es el responsable del hecho violento, que lo ha tomado de la declaración evacuada con prueba anticipada, que es indiciaria y extraña a la recurrente que se le de valor probatorio al contradecirse entre sí, que no es concreto al establecer una determinada hora, no tiene sustento alguno, menos para darse por acreditada que su representado se encontraba en el lugar de los hechos, si las declaraciones de los testigos son contradictorias, al cuestionar la censora que dichos testigos refirieron que la víctima vestía una camisa de botones, cuando de acuerdo a otros medios de prueba se describe que era una camiseta deportiva con el número 22 y continuó en su desarrollo recursivo cuestionando las declaraciones testificales; asimismo el acta de levantamiento de cadáver, pretendiendo que este alto Tribunal de Casación le reste credibilidad por tener raspaduras y borrones y así continuó con el resto del desarrollo recursivo cuestionando los medios probatorios; que si bien denuncia violación de las reglas de la sana critica, no fue clara en señalar cual regla fue la transgredida. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento el escrito recursivo, del cual se identifica que la censora no interpone un recurso que identifique el postulado intelectivo que considera infringido, limitandose a realizar alegatos de instancia, planteando un recurso confuso; conforme se ha explicado claramente en el apartado de la fundamentación jurídica, acerca de los principios y técnicas necesarias para la conformación y desarrollo de un recurso de casación, pues, es posible detectar en su impugnación que ha faltado a la técnica recursiva necesaria para que esta Sala de lo Penal proceda a dar una respuesta adecuada a sus cuestionamientos. La recurrente, comienza invocando queja por la falta de valoración conforme las reglas de la sana crítica, sin señalar a cual regla se refiere, por otra parte, más que cuestionar las valoraciones intelectivas, su desarrolló se enfrasco al resultado que arrojara cada medio probatorio, volviendo sus alegatos confusos y falto de claridad; la Sala de lo Penal, sustrae del escrito recursivo, que la recurrente lo que realizó fue una revaloración del material probatorio, es decir, externó criterios subjetivos de cómo se debió valorar la prueba, ejercicio mental que no es permitido en esta etapa casacional, sino que dicha tarea compete únicamente al sentenciador, quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo, esa es una de los principios básicos en la casación donde se aleguen quebranto en la formas de procedimiento; la simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba en los términos analizados, meya negativamente en la suerte del recurso; por tanto, su recurso se vuelve confuso y falto de claridad no cumpliendo con los requerimientos mínimos para técnica en casación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la censora, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). DECISIÓN Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa del acusado Pedro Alexander Sánchez Bardales, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Pedro Alexander Sánchez Bardales, la pena principal de diecisiete (17) años de reclusión, como autor responsable penalmente de un delito de Homicidio, en perjuicio de la vida de José Orlando Bardales Alvarado. Además, la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; II. Pena accesoria de interdicción civil; III. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; IV. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas:La conducta reprochada al acusado Pedro Alexander Sánchez Bardales, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numerales 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; interpuesto por la Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, en su condición de defensora privada del acusado Pedro Alexander Sánchez Bardales. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al hoy condenado Pedro Alexander Sánchez Bardales. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de Pedro Alexander Sánchez Bardales, como coautor del delito de Homicidio en perjuicio de la vida de José Orlando Bardales Alvarado. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – lety emelda posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve del mes de mayo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los trece días del mes de febrero de dos mil veintiséis, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-506-2021.

PIA CRISTINA MEJIA

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL