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Sentencia CP-491-21 — Registro 20391

Resumen

Se condenó al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas, se declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal por no representar beneficio para el imputado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...". El Primer Motivo NO es de recibo. En el presente caso, la Defensa Privada presentó el recurso basándose su motivo en situaciones relacionadas con los medios probatorios, pero no desarrolla el vicio casacional, estableciendo alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones sobre los medios de prueba; la censora no cumple con los requisitos mínimos exigidos para dar una respuesta en la medida y extensión que conlleva un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo primer motivo que le falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; la impetrante hace denuncia del vicio, pero no lo desarrolla además no explica en que consiste el mismo, por lo que no demuestra en que consiste el vicio denunciado; de esta forma, resulta imposible para esta Sala comprender el sentido de lo expuesto por la Censora y consecuentemente el alcance que pretenden dar a su reclamo, por ende, al no haber sido señalados por la recurrente, de manera clara y precisa el vicio que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, siendo que ha hecho uso de la indebida técnica recursiva. Por lo anterior, deviene la improcedencia del recurso de casación por quebrantamiento en su primer motivo.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...". El Segundo Motivo No es de recibo. De nuevo la recurrente no ha utilizado la debida técnica para sustentar su recurso, basando su segundo motivo en situaciones relacionadas con los medios probatorios, pero no desarrolla el vicio casacional, estableciendo alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones sobre los medios de prueba; Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada. La recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; realiza alegatos de instancia en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha realizado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por la censora, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilitando a esta Sala de lo Penal, se verificará lo reprochado por la recurrente en el recurso planteado. Por estas consideraciones se desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...". El Segundo Motivo No es de recibo. De nuevo la recurrente no ha utilizado la debida técnica para sustentar su recurso, basando su segundo motivo en situaciones relacionadas con los medios probatorios, pero no desarrolla el vicio casacional, estableciendo alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones sobre los medios de prueba; Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada. La recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; realiza alegatos de instancia en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha realizado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por la censora, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilitando a esta Sala de lo Penal, se verificará lo reprochado por la recurrente en el recurso planteado. Por estas consideraciones se desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...". El único motivo No es de Recibo. La Censora fustiga la sentencia al considerar que del factum se desprende la no aplicación del decreto legislativos 52-2017 y que por ello es aplicable indebidamente el tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que: “PRIMERO: En fecha primero de junio del año dos mil diecisiete, en horas de la mañana, agentes de la policía nacional, recibieron denuncia vía 911m que e la carretera que conduce a la Aldea Ticamaya, del municipio de Choloma, Cortes, se habla producido un accidente vehicular, por lo que se trasladaron al lugar, encontrando herido al señor MARCOS ARIEL LANDA CRUZ, quien era el conductor del vehículo accidentado, tipo turismo, color gris, marca TOYOTA, con placas PDW0209, que operaba como radiotaxi, en cuyo interior se encontraron dos televisores, un juego de videos, un teatro en casa, cinco pares de botas, así como una arma de fuego, tipo pistola, marca KIMBER, CALIBRE 45, SERIE k087161, la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y que estaba registrada a nombre de SIXTO ISMAEL OSORTO ZAMBRANO.” Resulta que, para la fecha del suceso denunciado, dos de junio del 2017, el Congreso Nacional, había aprobado el Decreto Legislativo No.52-2017 de fecha 12 de julio de 2017, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 04 de agosto de 2017, el cual establecía: Conceder el beneficio de Amnistía hasta el 31 de diciembre del año 2018, para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la Armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Sucede que al encontrarse en vigencia el decreto legislativo número 52-2017 se le encontró al acusado MARCOS ARIEL LANDA CRUZ, un arma CALIBRE 45, SERIE k087161, marca KIMBER, la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y que estaba registrada a nombre de SIXTO ISMAEL OSORTO ZAMBRANO, de la que no tiene autorización legal para traerla consigo, sin embargo, para que este precepto (Decreto Legislativo 52-2017) tenga aplicación al caso de autos, no solo resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho, bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, sino también, que de su conducta se muestre la intención de hacer entrega del arma para su registro a la autoridad competente, en consecuencia, del acúmulo judicial resulta, que esa conducta para hacer entrega, no se ve reflejado en el hecho probado. En definitiva, el decreto en mención, autoriza la entrega y/o registro, según el caso, sin responsabilidad penal, pero en ninguna manera permite la simple posesión o portación de un arma de fuego para la comisión de ilícitos penales o deja sin positividad el tipo penal elegido por el a quo. Por todas estas razones, deviene improcedente el recurso de casación invocado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Ponderación en el Caso Concreto: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia, se impuso al acusado Marcos Ariel Landa Cruz, conforme el Código Penal decreto 144-83, la pena de 3 años de reclusión, como autor del delito de Portación de Armas de Fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, y como penas accesorias las de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio activo e interdicción civil, inhabilitación Especial para el ejercicio de sus derechos políticos e Interdicción Civil y la Responsabilidad Civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Marcos Ariel Landa Cruz, como persona responsable del delito de Tenencia de Arma de Fuego Permitida, pues él no la portaba, le correspondería ser sancionado penalmente con la pena abstracta de 1 a 4 años de prisión y 2 años de Localización Permanente (Art. 580.1) conforme al Código Penal vigente. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por lo que no representa un beneficio a favor del señor Marcos Ariel Landa Cruz, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-491-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha trece de febrero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-491-2021 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Marcos Ariel Landa Cruz por el delito de Portación Ilegal de Armas, a título de Autor, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole una pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial para el ejercicio del sufragio activo e Interdicción Civil. SEGUNDO: Condenó a Marcos Ariel Landa Cruz a las penas accesorias de Inhabilitación Especial para el ejercicio de sus derechos políticos e Interdicción Civil. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del encausado Marcos Ariel Landa Cruz. CUARTO: Ordenó el comiso del arma tipo pistola, marca KIMBER, modelo CUSTOM II, serie KO87161, misma que solo podrá ser solicitada para persona que acredite su pertenencia. No procedió condenar en costas procésales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia La Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en su condición de defensora privada del señor Marcos Ariel Landa Cruz, como parte recurrente; y la Abogada Derly Marilex Villeda, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha primero de junio del año dos mil diecisiete, en horas de la mañana, agentes de la policía nacional, recibieron denuncia vía 911m que e la carretera que conduce a la Aldea Ticamaya, del municipio de Choloma, Cortes, se había producido un accidente vehicular, por lo que se trasladaron al lugar, encontrando herido al señor MARCOS ARIEL LANDA CRUZ, quien era el conductor del vehículo accidentado, tipo turismo, color gris, marca TOYOTA, con placas PDW0209, que operaba como radiotaxi, en cuyo interior se encontraron dos televisores, un juego de videos, un teatro en casa, cinco pares de botas, así como un arma de fuego, tipo pistola, marca KIMBER, CALIBRE 45, SERIE k087161, la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y que estaba registrada a nombre de SIXTO ISMAEL OSORTO ZAMBRANO.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en su condición de defensora privada de Marcos Ariel Landa Cruz como parte recurrente, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: LA DECLARACIÓN DEL HECHO PROBADO NO SEA CLARA Y TERMINANTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: 362.2 El hecho probado tiene el siguiente tramo: "RECIBIERON UNA LLAMADA DEL 911, DONDE LE DECIAN QUE UN VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR GRIS, HABIA TENIDO UN ACCIDENTE EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A TICAMAYA, CHOLOMA, CORTES, Y ENTRE OTRAS COSAS HABIA UN ARMA DE FUEGO, TIPO PISTOLA, marca KIMBER, CALIBRE 45, SERIE K087161; sin haber especificado el sentenciador en qué lugar habían encontrado dicha arma de fuego, y si fue portándola o dentro del vehículo que se encontró la misma, dejando al tribunal de alzada la duda, ya que dicho Tribunal de sentencia NO ES CLARO AL DICTAR SU RESOLUCION, Pues en un principio lo condena por PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERICAL Y LUEGO POR EL DELITO DE POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL; (ASPECTOS MUY DIFERENTES) sin precisar cual delito fue el que cometió mi mandante; pues por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA FUE ABSUELTO. Sin embargo se aprecia claramente que al requerir a mi defendido NO SE ENCONTRO EN POSESION O PORTACION DE NINGUN ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, ya que NO EXISTE UN ACTA DE DECOMISO y si observamos el elenco probatorio del ente fiscal no existe tal medio de prueba, lo que nos indica que no se le decomiso en su persona portando o en posesión de tal arma de fuego; que nos diga que a mi defendido se le haya decomisado algún tipo de arma de fuego, sino que la misma se encontró dentro del vehículo tipo RADIOTAXI, tal y como se acredito con el acta de inspecciones oculares No, 667-017 elaborado por el agente JOSE AVILA, que manifiesta que quien conducía dicho vehículo era mi defendido, y que había chocado tal y como fueron informados por medio del 911; y tal como se acredito él era el TAXISTA con la constancia de trabajo., y que sus ocupantes al haber chocado dicho vehículo se dieron a la fuga; AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS.- El vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que no impide un ejercicio recursivo en la presente causa. " Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: "RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMAS SEGUNDO MOTIVO: Violación de la Sana Crítica en la Valoración de la Prueba, infracción del principio de contradicción PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.3 del código procesal penal" Se ha incurrido en la infracción de violación de la sana crítica, en principio de contradicción, en la valoración de la prueba toral del presente juicio, ya que el tribunal A quo, emitió un fallo condenatorio en contra de mi representado, sin tener la claridad debida si se trata de un delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA O DE POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL; ya que si observamos la presente sentencia condenatoria en unos tramos se refiere a un delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO y en otros tramos de un DELITO DE POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL; sin tomar en consideración que para el momento de los hechos, se encontraba en vigencia el decreto 184-13, de la ley intermedia, que ha venido siendo modificado y mantiene su vigencia, hasta el 31 de diciembre del año 2018, ahora bajo el número de decreto 52-17, con efecto retroactivo. Por tanto, la sentencia incurre en una contradicción inconciliable. Principio de contradicción, de la sana critica en la valoración de la prueba. El marco del presente recurso es que el sentenciador ha causado efectiva indefensión con su manejo del recurso, en perjuicio de la defensa de mi representado. Por tanto, la actividad procesal defectuosa objeto del presente motivo de recurso, no fue un yerro procesal sin incidencia material, sino que más bien impidió el ejercicio de una verdadera facultad de la defensa técnica, otorgada por imperativo legal.” Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. MOTIVO: INFRACCIÓN O FALTA DE APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO NO. 52/2017 PUBLICADO EN LA GACETA DEI 4 DE AGOSTO DEL 2017. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. - La conducta declarada probada según la sentencia, debió subsumirse al decreto legislativo 52-17, publicado en la gaceta oficial el cuatro (4) de agosto del año 2017 con efecto retroactivo. Según el hecho probado, NO quedo establecido que a m representado se halló en posesión o portación de un arma de fuego, pues el Honorable Tribunal de Sentencia se limitó a describir en su sentencia una narración antigua de los hechos, ya que en ningún momento se estableció que a mi defendido se le haya encontrado PORTANDO O POSEYENDO algún tipo de arma de fuego de uso comercial; y eso se puede apreciar de la simpe lectura del hecho probado. Y si seguimos analizando la sentencia venida en casación; podemos apreciar que la defensa tiene la razón, pues la fundamentación jurídica, a que refiere el Honorable tribunal de sentencia refiere que el Ministerio Publico acredito únicamente los hechos en relación al delito constitutivo de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, MAS SIN EMBARGO AL DICTAR SU FALLO dice: CONDENAR al señor MARCO ARIEL LANDA CRUZ, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL; en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; observamos que allí hay un vicio de INFRACCION DE LA SUSTANTIVA; al NO TENER CLARO EL SENTENCIADOR que delito fue el según ellos cometió mi mandante. Sin embargo para esta defensa debió también de ABSOLVERSE por ese delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, al no tenerse la certeza de habérsele encontrado a mi defendido portándola; ya que la manera en que sucedieron los hechos, mi representado era el TAXISTA del vehículo accidentado tal y como se acredito con la constancia de trabajo, y que venía de hacer una carrera de Choloma, Cortes; y también al amparo de estar en vigencia el art. 332 A del código penal, sin embargo a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 184-13 (Que fue publicado en fecha cinco (05) de octubre del año 2013), tal norma se deroga de manera tácita, y aplica en su lugar el art. 2 del mismo, que en su lugar dicta: "Artículo 2.- Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por un término de un año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado de despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la secretaria de la institución." Por tanto, al momento de dictarse sentencia, en fecha 29 de octubre del año dos mil Veinte, existe una amnistía, por el cual la portación de arma irregular se exigía únicamente su registro de inmediato, y en caso de ser de carácter ilícito, entonces su entrega a la secretaria de seguridad. Por tanto, se deroga de manera tácita el art. 332 A, en tanto condena la misma acción, la tenencia de un arma irregular, con una pena de 3 a 6 años. Ello al tenor de los precedentes de vuestra misma ilustre Corte Suprema de Justicia, que a través de la Sala Penal, a dictado a razón de otra norma simil, en tanto otorgaba plazo para inscribir armas irregulares en el registro de armería, lo próximo: "Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma, pues si entendíamos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 A del código penal, al regir el artículo 2 del decreto 184-13, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo otorgado por la disposición. Al tenor de lo esclarecido, el decreto legislativo 184-2013, que al igual que el decreto mencionado en el precedente citado constituye una amnistía otorgada para inscribir las armas irregulares en el registro correspondiente, deroga tácitamente el 332 A del código penal, ya que, en caso contrario, aun los que acuden a la inscripción o entrega de armas, están cometiendo el delito contenido en tal figura penal. Y asentado ello, al existir una nueva norma penal sobrevenida, que favorece al reo, debe aplicarse ésta en lugar de la que regía al momento de la comisión de la conducta reprochada. Ello en virtud el artículo 96 de la Constitución, en relación con el artículo 9 del código penal, que dicta: "Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuento favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquéllas hubieren recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena." Ello además en base al concepto también desarrollado por vuestra Sala Penal, en tanto a la doctrina de la ley intermedia: "Siempre en ese mismo sentido Muñoz Conde acota atinadamente con respecto a las dudas que plantea la aplicación de una ley intermedia que provienen del hecho de que la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco es en el momento en que ésta se enjuicia, pese a ello, concluye, "Si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que éste pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica (STS 27.12.82)"3.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo; 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; •Norma que se denuncia infringida: Sin determinar por la pretensora; •Concepto de la infracción: La declaración del hecho probado no es clara y determinante •Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora; •Pretensión: Sin determinar por la pretensora. La censora en su motivo expone que el Tribunal de Sentencia “no es claro al dictar su resolución” realiza alegatos propios de instancia, sin desarrollar correctamente el motivo invocado. Del Principio de Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011 De la Procedencia del Recurso. El Primer Motivo NO es de recibo. En el presente caso, la Defensa Privada presentó el recurso basándose su motivo en situaciones relacionadas con los medios probatorios, pero no desarrolla el vicio casacional, estableciendo alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones sobre los medios de prueba; la censora no cumple con los requisitos mínimos exigidos para dar una respuesta en la medida y extensión que conlleva un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo primer motivo que le falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; la impetrante hace denuncia del vicio, pero no lo desarrolla además no explica en que consiste el mismo, por lo que no demuestra en que consiste el vicio denunciado; de esta forma, resulta imposible para esta Sala comprender el sentido de lo expuesto por la Censora y consecuentemente el alcance que pretenden dar a su reclamo, por ende, al no haber sido señalados por la recurrente, de manera clara y precisa el vicio que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, siendo que ha hecho uso de la indebida técnica recursiva. Por lo anterior, deviene la improcedencia del recurso de casación por quebrantamiento en su primer motivo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. •Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; •Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Principio de Contradicción en la valoración de la prueba. •Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica; •Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar; •Pretensión: Que se declare procedente el motivo. La Censora inicia la exposición de su reclamo, denunciando que el juzgador no observó en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica, pero no desarrolla el vicio casacional, estableciendo alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones sobre los medios de prueba. De la Procedencia del Recurso de. El Segundo Motivo No es de recibo. De nuevo la recurrente no ha utilizado la debida técnica para sustentar su recurso, basando su segundo motivo en situaciones relacionadas con los medios probatorios, pero no desarrolla el vicio casacional, estableciendo alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones sobre los medios de prueba; Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada. La recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; realiza alegatos de instancia en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha realizado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por la censora, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilitando a esta Sala de lo Penal, se verificará lo reprochado por la recurrente en el recurso planteado. Por estas consideraciones se desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo •Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal; •Norma sustantiva que se denuncia infringida: Por falta de aplicación del artículo 1 del decreto legislativo 52-2017; •Concepto de la infracción: Falta de aplicación del del decreto legislativo 52-2017; •Pretensión: Se case la sentencia y se decrete en su lugar una sentencia absolutoria. Establece la recurrente, “que la conducta declarada probada según la sentencia, debió subsumirse al Decreto legislativo 52-2017, publicado en la Gaceta Oficial el 04 de agosto de 2017 con efecto retroactivo y que debió absolverse por ese delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, al no tenerse la certeza de habérsele encontrado a mi defendido portándola; ya que la manera en sucedieron los hechos, mi representado era el taxista del vehículo accidentado tal y como se acreditó con la constancia de trabajo y que venía de hacer una carrera de Choloma, Cortés; y también al amparo de estar en vigencia el art. 332-a del Código Penal, sin embargo a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 184-13 que fue publicado en fecha 05 de octubre del 2013, tal norma se deroga de manera tácita y aplica en su lugar el artículo 2 del mismo”. De Los Decretos Legislativos de Gracia o de “Veda” o “Amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas:a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. g. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. h. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. i. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. j. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. k. Decreto No. 052-2017: (tema del Recurso de Casación que nos ocupa) El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto Legislativo 52-2017, constituye una prórroga del Decreto Legislativo 060-20145, el cual a su vez constituye una prórroga del Decreto Legislativo 063-2014, asimismo este constituye una prórroga de la resolución legislativa del Decreto Legislativo 184-2013, con cuya vigencia procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. En el Decreto No. 052-2017 se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia del Recurso. El único motivo No es de Recibo. La Censora fustiga la sentencia al considerar que del factum se desprende la no aplicación del decreto legislativos 52-2017 y que por ello es aplicable indebidamente el tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que: “PRIMERO: En fecha primero de junio del año dos mil diecisiete, en horas de la mañana, agentes de la policía nacional, recibieron denuncia vía 911m que e la carretera que conduce a la Aldea Ticamaya, del municipio de Choloma, Cortes, se habla producido un accidente vehicular, por lo que se trasladaron al lugar, encontrando herido al señor MARCOS ARIEL LANDA CRUZ, quien era el conductor del vehículo accidentado, tipo turismo, color gris, marca TOYOTA, con placas PDW0209, que operaba como radiotaxi, en cuyo interior se encontraron dos televisores, un juego de videos, un teatro en casa, cinco pares de botas, así como una arma de fuego, tipo pistola, marca KIMBER, CALIBRE 45, SERIE k087161, la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y que estaba registrada a nombre de SIXTO ISMAEL OSORTO ZAMBRANO.” Resulta que, para la fecha del suceso denunciado, dos de junio del 2017, el Congreso Nacional, había aprobado el Decreto Legislativo No.52-2017 de fecha 12 de julio de 2017, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 04 de agosto de 2017, el cual establecía: Conceder el beneficio de Amnistía hasta el 31 de diciembre del año 2018, para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la Armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Sucede que al encontrarse en vigencia el decreto legislativo número 52-2017 se le encontró al acusado MARCOS ARIEL LANDA CRUZ, un arma CALIBRE 45, SERIE k087161, marca KIMBER, la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y que estaba registrada a nombre de SIXTO ISMAEL OSORTO ZAMBRANO, de la que no tiene autorización legal para traerla consigo, sin embargo, para que este precepto (Decreto Legislativo 52-2017) tenga aplicación al caso de autos, no solo resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho, bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, sino también, que de su conducta se muestre la intención de hacer entrega del arma para su registro a la autoridad competente, en consecuencia, del acúmulo judicial resulta, que esa conducta para hacer entrega, no se ve reflejado en el hecho probado. En definitiva, el decreto en mención, autoriza la entrega y/o registro, según el caso, sin responsabilidad penal, pero en ninguna manera permite la simple posesión o portación de un arma de fuego para la comisión de ilícitos penales o deja sin positividad el tipo penal elegido por el a quo. Por todas estas razones, deviene improcedente el recurso de casación invocado. DECISIÓN: Declara No Ha Lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la Defensa Privada. Declara No Ha Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa del acusado Marcos Ariel Landa Cruz, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el Caso Concreto: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia, se impuso al acusado Marcos Ariel Landa Cruz, conforme el Código Penal decreto 144-83, la pena de 3 años de reclusión, como autor del delito de Portación de Armas de Fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, y como penas accesorias las de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio activo e interdicción civil, inhabilitación Especial para el ejercicio de sus derechos políticos e Interdicción Civil y la Responsabilidad Civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Marcos Ariel Landa Cruz, como persona responsable del delito de Tenencia de Arma de Fuego Permitida, pues él no la portaba, le correspondería ser sancionado penalmente con la pena abstracta de 1 a 4 años de prisión y 2 años de Localización Permanente (Art. 580.1) conforme al Código Penal vigente. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por lo que no representa un beneficio a favor del señor Marcos Ariel Landa Cruz, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 332 B del Código Penal; 360, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer y segundo motivo, interpuesto por la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en su condición de Defensora privada de Marcos Ariel Landa Cruz, por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en su condición de Defensora Privada del ahora condenado Marcos Ariel Landa Cruz, por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Tercero Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado Nelson Mairena Franco. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada el trece de febrero de dos mil veintiseis, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-491-2021.Lety Emelda Posadas RodríguezReceptora Adscrita de la Sala de lo Penal “CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-491-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha trece de febrero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-491-2021 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Marcos Ariel Landa Cruz por el delito de Portación Ilegal de Armas, a título de Autor, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole una pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial para el ejercicio del sufragio activo e Interdicción Civil. SEGUNDO: Condenó a Marcos Ariel Landa Cruz a las penas accesorias de Inhabilitación Especial para el ejercicio de sus derechos políticos e Interdicción Civil. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del encausado Marcos Ariel Landa Cruz. CUARTO: Ordenó el comiso del arma tipo pistola, marca KIMBER, modelo CUSTOM II, serie KO87161, misma que solo podrá ser solicitada para persona que acredite su pertenencia. No procedió condenar en costas procésales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia La Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en su condición de defensora privada del señor Marcos Ariel Landa Cruz, como parte recurrente; y la Abogada Derly Marilex Villeda, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha primero de junio del año dos mil diecisiete, en horas de la mañana, agentes de la policía nacional, recibieron denuncia vía 911m que e la carretera que conduce a la Aldea Ticamaya, del municipio de Choloma, Cortes, se había producido un accidente vehicular, por lo que se trasladaron al lugar, encontrando herido al señor MARCOS ARIEL LANDA CRUZ, quien era el conductor del vehículo accidentado, tipo turismo, color gris, marca TOYOTA, con placas PDW0209, que operaba como radiotaxi, en cuyo interior se encontraron dos televisores, un juego de videos, un teatro en casa, cinco pares de botas, así como un arma de fuego, tipo pistola, marca KIMBER, CALIBRE 45, SERIE k087161, la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y que estaba registrada a nombre de SIXTO ISMAEL OSORTO ZAMBRANO.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en su condición de defensora privada de Marcos Ariel Landa Cruz como parte recurrente, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: LA DECLARACIÓN DEL HECHO PROBADO NO SEA CLARA Y TERMINANTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: 362.2 El hecho probado tiene el siguiente tramo: "RECIBIERON UNA LLAMADA DEL 911, DONDE LE DECIAN QUE UN VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR GRIS, HABIA TENIDO UN ACCIDENTE EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A TICAMAYA, CHOLOMA, CORTES, Y ENTRE OTRAS COSAS HABIA UN ARMA DE FUEGO, TIPO PISTOLA, marca KIMBER, CALIBRE 45, SERIE K087161; sin haber especificado el sentenciador en qué lugar habían encontrado dicha arma de fuego, y si fue portándola o dentro del vehículo que se encontró la misma, dejando al tribunal de alzada la duda, ya que dicho Tribunal de sentencia NO ES CLARO AL DICTAR SU RESOLUCION, Pues en un principio lo condena por PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERICAL Y LUEGO POR EL DELITO DE POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL; (ASPECTOS MUY DIFERENTES) sin precisar cual delito fue el que cometió mi mandante; pues por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA FUE ABSUELTO. Sin embargo se aprecia claramente que al requerir a mi defendido NO SE ENCONTRO EN POSESION O PORTACION DE NINGUN ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, ya que NO EXISTE UN ACTA DE DECOMISO y si observamos el elenco probatorio del ente fiscal no existe tal medio de prueba, lo que nos indica que no se le decomiso en su persona portando o en posesión de tal arma de fuego; que nos diga que a mi defendido se le haya decomisado algún tipo de arma de fuego, sino que la misma se encontró dentro del vehículo tipo RADIOTAXI, tal y como se acredito con el acta de inspecciones oculares No, 667-017 elaborado por el agente JOSE AVILA, que manifiesta que quien conducía dicho vehículo era mi defendido, y que había chocado tal y como fueron informados por medio del 911; y tal como se acredito él era el TAXISTA con la constancia de trabajo., y que sus ocupantes al haber chocado dicho vehículo se dieron a la fuga; AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS.- El vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que no impide un ejercicio recursivo en la presente causa. " Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: "RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMAS SEGUNDO MOTIVO: Violación de la Sana Crítica en la Valoración de la Prueba, infracción del principio de contradicción PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.3 del código procesal penal" Se ha incurrido en la infracción de violación de la sana crítica, en principio de contradicción, en la valoración de la prueba toral del presente juicio, ya que el tribunal A quo, emitió un fallo condenatorio en contra de mi representado, sin tener la claridad debida si se trata de un delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA O DE POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL; ya que si observamos la presente sentencia condenatoria en unos tramos se refiere a un delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO y en otros tramos de un DELITO DE POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL; sin tomar en consideración que para el momento de los hechos, se encontraba en vigencia el decreto 184-13, de la ley intermedia, que ha venido siendo modificado y mantiene su vigencia, hasta el 31 de diciembre del año 2018, ahora bajo el número de decreto 52-17, con efecto retroactivo. Por tanto, la sentencia incurre en una contradicción inconciliable. Principio de contradicción, de la sana critica en la valoración de la prueba. El marco del presente recurso es que el sentenciador ha causado efectiva indefensión con su manejo del recurso, en perjuicio de la defensa de mi representado. Por tanto, la actividad procesal defectuosa objeto del presente motivo de recurso, no fue un yerro procesal sin incidencia material, sino que más bien impidió el ejercicio de una verdadera facultad de la defensa técnica, otorgada por imperativo legal.” Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. MOTIVO: INFRACCIÓN O FALTA DE APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO NO. 52/2017 PUBLICADO EN LA GACETA DEI 4 DE AGOSTO DEL 2017. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. - La conducta declarada probada según la sentencia, debió subsumirse al decreto legislativo 52-17, publicado en la gaceta oficial el cuatro (4) de agosto del año 2017 con efecto retroactivo. Según el hecho probado, NO quedo establecido que a m representado se halló en posesión o portación de un arma de fuego, pues el Honorable Tribunal de Sentencia se limitó a describir en su sentencia una narración antigua de los hechos, ya que en ningún momento se estableció que a mi defendido se le haya encontrado PORTANDO O POSEYENDO algún tipo de arma de fuego de uso comercial; y eso se puede apreciar de la simpe lectura del hecho probado. Y si seguimos analizando la sentencia venida en casación; podemos apreciar que la defensa tiene la razón, pues la fundamentación jurídica, a que refiere el Honorable tribunal de sentencia refiere que el Ministerio Publico acredito únicamente los hechos en relación al delito constitutivo de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, MAS SIN EMBARGO AL DICTAR SU FALLO dice: CONDENAR al señor MARCO ARIEL LANDA CRUZ, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL; en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; observamos que allí hay un vicio de INFRACCION DE LA SUSTANTIVA; al NO TENER CLARO EL SENTENCIADOR que delito fue el según ellos cometió mi mandante. Sin embargo para esta defensa debió también de ABSOLVERSE por ese delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, al no tenerse la certeza de habérsele encontrado a mi defendido portándola; ya que la manera en que sucedieron los hechos, mi representado era el TAXISTA del vehículo accidentado tal y como se acredito con la constancia de trabajo, y que venía de hacer una carrera de Choloma, Cortes; y también al amparo de estar en vigencia el art. 332 A del código penal, sin embargo a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 184-13 (Que fue publicado en fecha cinco (05) de octubre del año 2013), tal norma se deroga de manera tácita, y aplica en su lugar el art. 2 del mismo, que en su lugar dicta: "Artículo 2.- Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por un término de un año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado de despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la secretaria de la institución." Por tanto, al momento de dictarse sentencia, en fecha 29 de octubre del año dos mil Veinte, existe una amnistía, por el cual la portación de arma irregular se exigía únicamente su registro de inmediato, y en caso de ser de carácter ilícito, entonces su entrega a la secretaria de seguridad. Por tanto, se deroga de manera tácita el art. 332 A, en tanto condena la misma acción, la tenencia de un arma irregular, con una pena de 3 a 6 años. Ello al tenor de los precedentes de vuestra misma ilustre Corte Suprema de Justicia, que a través de la Sala Penal, a dictado a razón de otra norma simil, en tanto otorgaba plazo para inscribir armas irregulares en el registro de armería, lo próximo: "Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma, pues si entendíamos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 A del código penal, al regir el artículo 2 del decreto 184-13, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo otorgado por la disposición. Al tenor de lo esclarecido, el decreto legislativo 184-2013, que al igual que el decreto mencionado en el precedente citado constituye una amnistía otorgada para inscribir las armas irregulares en el registro correspondiente, deroga tácitamente el 332 A del código penal, ya que, en caso contrario, aun los que acuden a la inscripción o entrega de armas, están cometiendo el delito contenido en tal figura penal. Y asentado ello, al existir una nueva norma penal sobrevenida, que favorece al reo, debe aplicarse ésta en lugar de la que regía al momento de la comisión de la conducta reprochada. Ello en virtud el artículo 96 de la Constitución, en relación con el artículo 9 del código penal, que dicta: "Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuento favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquéllas hubieren recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena." Ello además en base al concepto también desarrollado por vuestra Sala Penal, en tanto a la doctrina de la ley intermedia: "Siempre en ese mismo sentido Muñoz Conde acota atinadamente con respecto a las dudas que plantea la aplicación de una ley intermedia que provienen del hecho de que la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco es en el momento en que ésta se enjuicia, pese a ello, concluye, "Si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que éste pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica (STS 27.12.82)"3.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo; 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; •Norma que se denuncia infringida: Sin determinar por la pretensora; •Concepto de la infracción: La declaración del hecho probado no es clara y determinante •Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora; •Pretensión: Sin determinar por la pretensora. La censora en su motivo expone que el Tribunal de Sentencia “no es claro al dictar su resolución” realiza alegatos propios de instancia, sin desarrollar correctamente el motivo invocado. Del Principio de Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011 De la Procedencia del Recurso. El Primer Motivo NO es de recibo. En el presente caso, la Defensa Privada presentó el recurso basándose su motivo en situaciones relacionadas con los medios probatorios, pero no desarrolla el vicio casacional, estableciendo alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones sobre los medios de prueba; la censora no cumple con los requisitos mínimos exigidos para dar una respuesta en la medida y extensión que conlleva un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo primer motivo que le falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; la impetrante hace denuncia del vicio, pero no lo desarrolla además no explica en que consiste el mismo, por lo que no demuestra en que consiste el vicio denunciado; de esta forma, resulta imposible para esta Sala comprender el sentido de lo expuesto por la Censora y consecuentemente el alcance que pretenden dar a su reclamo, por ende, al no haber sido señalados por la recurrente, de manera clara y precisa el vicio que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, siendo que ha hecho uso de la indebida técnica recursiva. Por lo anterior, deviene la improcedencia del recurso de casación por quebrantamiento en su primer motivo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. •Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; •Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Principio de Contradicción en la valoración de la prueba. •Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica; •Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar; •Pretensión: Que se declare procedente el motivo. La Censora inicia la exposición de su reclamo, denunciando que el juzgador no observó en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica, pero no desarrolla el vicio casacional, estableciendo alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones sobre los medios de prueba. De la Procedencia del Recurso de. El Segundo Motivo No es de recibo. De nuevo la recurrente no ha utilizado la debida técnica para sustentar su recurso, basando su segundo motivo en situaciones relacionadas con los medios probatorios, pero no desarrolla el vicio casacional, estableciendo alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones sobre los medios de prueba; Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada. La recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; realiza alegatos de instancia en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha realizado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por la censora, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilitando a esta Sala de lo Penal, se verificará lo reprochado por la recurrente en el recurso planteado. Por estas consideraciones se desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo •Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal; •Norma sustantiva que se denuncia infringida: Por falta de aplicación del artículo 1 del decreto legislativo 52-2017; •Concepto de la infracción: Falta de aplicación del del decreto legislativo 52-2017; •Pretensión: Se case la sentencia y se decrete en su lugar una sentencia absolutoria. Establece la recurrente, “que la conducta declarada probada según la sentencia, debió subsumirse al Decreto legislativo 52-2017, publicado en la Gaceta Oficial el 04 de agosto de 2017 con efecto retroactivo y que debió absolverse por ese delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, al no tenerse la certeza de habérsele encontrado a mi defendido portándola; ya que la manera en sucedieron los hechos, mi representado era el taxista del vehículo accidentado tal y como se acreditó con la constancia de trabajo y que venía de hacer una carrera de Choloma, Cortés; y también al amparo de estar en vigencia el art. 332-a del Código Penal, sin embargo a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 184-13 que fue publicado en fecha 05 de octubre del 2013, tal norma se deroga de manera tácita y aplica en su lugar el artículo 2 del mismo”. De Los Decretos Legislativos de Gracia o de “Veda” o “Amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas:a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. g. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. h. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. i. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. j. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. k. Decreto No. 052-2017: (tema del Recurso de Casación que nos ocupa) El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto Legislativo 52-2017, constituye una prórroga del Decreto Legislativo 060-20145, el cual a su vez constituye una prórroga del Decreto Legislativo 063-2014, asimismo este constituye una prórroga de la resolución legislativa del Decreto Legislativo 184-2013, con cuya vigencia procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. En el Decreto No. 052-2017 se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia del Recurso. El único motivo No es de Recibo. La Censora fustiga la sentencia al considerar que del factum se desprende la no aplicación del decreto legislativos 52-2017 y que por ello es aplicable indebidamente el tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que: “PRIMERO: En fecha primero de junio del año dos mil diecisiete, en horas de la mañana, agentes de la policía nacional, recibieron denuncia vía 911m que e la carretera que conduce a la Aldea Ticamaya, del municipio de Choloma, Cortes, se habla producido un accidente vehicular, por lo que se trasladaron al lugar, encontrando herido al señor MARCOS ARIEL LANDA CRUZ, quien era el conductor del vehículo accidentado, tipo turismo, color gris, marca TOYOTA, con placas PDW0209, que operaba como radiotaxi, en cuyo interior se encontraron dos televisores, un juego de videos, un teatro en casa, cinco pares de botas, así como una arma de fuego, tipo pistola, marca KIMBER, CALIBRE 45, SERIE k087161, la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y que estaba registrada a nombre de SIXTO ISMAEL OSORTO ZAMBRANO.” Resulta que, para la fecha del suceso denunciado, dos de junio del 2017, el Congreso Nacional, había aprobado el Decreto Legislativo No.52-2017 de fecha 12 de julio de 2017, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 04 de agosto de 2017, el cual establecía: Conceder el beneficio de Amnistía hasta el 31 de diciembre del año 2018, para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la Armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Sucede que al encontrarse en vigencia el decreto legislativo número 52-2017 se le encontró al acusado MARCOS ARIEL LANDA CRUZ, un arma CALIBRE 45, SERIE k087161, marca KIMBER, la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y que estaba registrada a nombre de SIXTO ISMAEL OSORTO ZAMBRANO, de la que no tiene autorización legal para traerla consigo, sin embargo, para que este precepto (Decreto Legislativo 52-2017) tenga aplicación al caso de autos, no solo resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho, bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, sino también, que de su conducta se muestre la intención de hacer entrega del arma para su registro a la autoridad competente, en consecuencia, del acúmulo judicial resulta, que esa conducta para hacer entrega, no se ve reflejado en el hecho probado. En definitiva, el decreto en mención, autoriza la entrega y/o registro, según el caso, sin responsabilidad penal, pero en ninguna manera permite la simple posesión o portación de un arma de fuego para la comisión de ilícitos penales o deja sin positividad el tipo penal elegido por el a quo. Por todas estas razones, deviene improcedente el recurso de casación invocado. DECISIÓN: Declara No Ha Lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la Defensa Privada. Declara No Ha Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa del acusado Marcos Ariel Landa Cruz, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el Caso Concreto: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia, se impuso al acusado Marcos Ariel Landa Cruz, conforme el Código Penal decreto 144-83, la pena de 3 años de reclusión, como autor del delito de Portación de Armas de Fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, y como penas accesorias las de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio activo e interdicción civil, inhabilitación Especial para el ejercicio de sus derechos políticos e Interdicción Civil y la Responsabilidad Civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Marcos Ariel Landa Cruz, como persona responsable del delito de Tenencia de Arma de Fuego Permitida, pues él no la portaba, le correspondería ser sancionado penalmente con la pena abstracta de 1 a 4 años de prisión y 2 años de Localización Permanente (Art. 580.1) conforme al Código Penal vigente. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por lo que no representa un beneficio a favor del señor Marcos Ariel Landa Cruz, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 332 B del Código Penal; 360, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer y segundo motivo, interpuesto por la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en su condición de Defensora privada de Marcos Ariel Landa Cruz, por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en su condición de Defensora Privada del ahora condenado Marcos Ariel Landa Cruz, por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Tercero Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado Nelson Mairena Franco. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada el trece de febrero de dos mil veintiséis, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-491-2021.

Lety Emelda Posadas Rodríguez

Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal”