Sentencia CP-469-21 — Registro 20160
Resumen
En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de extorsión, resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar el recurso de casación y declaró la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...La entrega vigilada (TEI) consiste en la vigilancia pasiva de remesas ilícitas o sospechosas de tener el carácter ilícito y precisamente por su naturaleza exige su retención, incautación y eventual decomiso por parte de los agentes del Estado (Art. 273.4 cpp), pero que en el interés de la obtención de inteligencia, se autoriza diferir tales actuaciones, dejando prosiga el tránsito de la remesa ilícita o sospechosa con la supervisión estatal; para llevar el control de la operación, la liberación de responsabilidad de los servidores públicos involucrados y la vigilancia de conflicto con derechos fundamentales (no solo del acusado sino de terceros que puedan verse afectados por el acto ilícito) es que se requiere autorización judicial y excepcionalmente, por causa emergente, del Ministerio Público. Y la entrega supervisada hecha por la Fuerza Nacional Antiextorsión, es una actuación policial dentro de las potestades legales y cuyo resultado, bajo el Principio de Libertad Probatoria (Art. 199 CPP), puede ser propuesta como medio de prueba en el proceso penal que eventualmente se produzca y que deberá ser valorados (positiva o negativamente), conforme a las reglas de la sana crítica. […] se enmarca en el campo meramente policial, porque no vulneran ningún derecho fundamental, al no tratarse de entregas controladas, ni utilización de agentes encubiertos, como lo alegan los recurrentes, sino de una entrega de dinero seriado, efectuada por parte de la víctima, con vigilancia policial…, a criterio de esta Corte, que el dinero que el Testigo Protegido entrega al sospechoso es de inicio un dinero lícito y que además es la propia víctima la que hace la entrega, por tanto, como víctima no requiere autorización judicial para entregarla […] no se trata de una entrega de dinero ilícito o permitir que un dinero proveniente de un delito circule, sino que simplemente los agentes lo que están haciendo es vigilando la forma en que se realiza la entrega y posteriormente darle seguimiento al sospechoso para proceder a su captura..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del RECURSO. - El único motivo No es de recibo. La recurrente utiliza la vía del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, combinando varios motivos, lo que denota una falta de técnica casacional, hace referencia a un supuesto quebrantamiento de la garantía de autenticidad en el manejo de la evidencia, o cadena de custodia, lo cual no tiene relación con el motivo de casación que funda el recurso, pues ello, en su caso, es tema que debe de plantearse en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, así como la violaciones de otros derechos constitucionales como ser Derecho de Defensa, y Principio de Inocencia que deben ser planteados en motivos separados. En respuesta a la cuestión de fondo sobre el Debido Proceso, sobre la legalidad de la actuación de investigación: La Defensa Publica plantea que en la etapa de investigación preliminar agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión realizaron una operación de entrega vigilada preparada con el seriado de dinero y ejecutada con vigilancia policial y que tuvo como consecuencia la aprehensión de las acusadas Eva Jesenia Peña Gutierrez y Geraldina Perdomo Fajardo, su registro personal y la incautación de dinero que momentos antes había recibido del Testigo Protegido JPTP151216. Operación de entrega vigilada que a criterio de la recurrente fue ejecutada fuera de los márgenes legales pues no contó con la dirección fiscal ni con la autorización judicial, convirtiendo la prueba obtenida en ilícita por violación de los derechos fundamentales al debido proceso, por lo que debería ser excluida de valoración; protesta que se encuentra lejos de la razón que da la ley, pues es claro para esta Sala de lo Penal, que la recurrente ha confundido lo que es estrictamente la entrega vigilada como una técnica especial de investigación, con lo que fue un acto de investigación distinto, al que si bien la práctica forense le ha denominado de la misma manera (entrega vigilada), constituye una actuación policial de naturaleza diferente. Como se ha explicado la entrega vigilada (TEI) consiste en la vigilancia pasiva de remesas ilícitas o sospechosas de tener el carácter ilícito y precisamente por su naturaleza exige su retención, incautación y eventual decomiso por parte de los agentes del Estado (Art. 273.4 cpp), pero que en el interés de la obtención de inteligencia, se autoriza diferir tales actuaciones, dejando prosiga el tránsito de la remesa ilícita o sospechosa con la supervisión estatal; para llevar el control de la operación, la liberación de responsabilidad de los servidores públicos involucrados y la vigilancia de conflicto con derechos fundamentales (no solo del acusado sino de terceros que puedan verse afectados por el acto ilícito) es que se requiere autorización judicial y excepcionalmente, por causa emergente, del Ministerio Público. Explicándolo de manera más específica: ante la información obtenida por la policía y/o el Ministerio Público del traslado y/o entrega de droga, explosivos, armas, dinero proveniente de lavado de activos, contrabando, etc., los agentes de autoridad tiene la obligación legal de ejecutar su incautación (Art. 273.4 CPP) y la aprehensión de las personas que en ese momento se identifiquen como involucradas, pues de no hacerlo estarían faltando a sus deberes incurriendo en un posible delito; empero, en algunas ocasiones tal actuación inmediata no permite identificar a todas las personas responsables, a todos los elementos de prueba y conocer cómo se ejecuta toda la operación delictiva, por ello la ley, con la práctica de la TEI entrega vigilada, permite diferir la actuación a otro momento y hacer vigilancia de la remisa ilícita o sospechosa, hasta que sea entregada por los remitentes a sus destinatarios, o por y a sus intermediarios. Las diligencias policiales de investigación, como ser la identificación de las sospechosas, las vigilancias o los seguimientos, no requieren ab initio ningún control del órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que sí necesitan contar con un control del Ministerio Público como órgano que dirige la investigación; pero esta dirección no debe ser entendida como una necesaria presencia física en toda actuación policial, sino al control de éstas por dirección concreta de una diligencia de investigación o por establecimiento de parámetros generales de ejecución en casos con características similares.- Una de esas diligencias policiales es la que realiza la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) consistente en supervisar la entrega que hace el sujeto pasivo del dinero que le es exigido por el sujeto activo, en el marco del delito de extorsión, y que estrictamente no es una Entrega Vigilada (TEI), pues la policía se limita a presenciar el hecho delictivo y a realizar -luego de ello- las actuaciones que la ley les manda. Se trata de un acto de investigación distinto (aun cuando en la práctica forense los operadores le denominen de la misma forma), dado que el objeto de la diligencia no es una remesa ilícita o sospechosa, sino dinero propiedad del sujeto pasivo y que tiene el carácter de lícito hasta el mismo instante en que se entrega como consecuencia de la intimidación o violencia de la que ha sido objeto por los autores del delito y que ya en sus manos transmuta a un bien de origen ilícito. El acto de investigación referido (al que denominaremos Entrega Supervisada), así como el acto preparatorio de marcaje del dinero, no provoca limitación o transgresión de derechos fundamentales de ninguna persona, por ello no requiere de control jurisdiccional: cuando la víctima decide acudir a la Fuerza Nacional y con su orientación, realizar la entrega posterior del dinero, no debe ser como consecuencia de coacción de los agentes del estado, sino una decisión libre de participación en el acto de investigación y consciente de los riesgos inherentes, que deberá ser sobradamente explicados por los agentes del Estado; en estas condiciones -se insiste- no hay transgresión o limitación de derechos fundamentales y por tanto, no requiere de control jurisdiccional. Tampoco se puede considerar que la víctima se convierte en un Agente Encubierto, pues ésta se ve intrincada en el delito mucho antes de la intervención de los agentes del Estado, específicamente desde que el sujeto activo le amenaza con causarle un mal en caso de no entregar el dinero, sumado a que el Agente Encubierto tiene como misión involucrarse en la organización delictiva y la víctima que entrega el dinero no hace tal cosa.- En conclusión la entrega supervisada hecha por la Fuerza Nacional Antiextorsión, es una actuación policial dentro de las potestades legales y cuyo resultado, bajo el Principio de Libertad Probatoria (Art. 199 CPP), puede ser propuesta como medio de prueba en el proceso penal que eventualmente se produzca y que deberá ser valorados (positiva o negativamente), conforme a las reglas de la sana crítica. Lo señalado ha sido de amplio desarrollo por los tribunales especializados en materia de extorsión: la Corte de Apelaciones contra el delito de Extorsión, en sentencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho recaída en el expediente 0801-2018-87 señaló que la entrega de dinero por la víctima a la persona acusada, bajo la supervisión de la Fuerza Nacional Antiextorsion“16.- […] se enmarca en el campo meramente policial, porque no vulneran ningún derecho fundamental, al no tratarse de entregas controladas, ni utilización de agentes encubiertos, como lo alegan los recurrentes, sino de una entrega de dinero seriado, efectuada por parte de la víctima, con vigilancia policial, con independencia del nombre que se le dé a estas diligencias, ya que legal y doctrinariamente hablando, son figuras completamente diferentes a las señaladas por los apelantes que figura en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y recogida también en el artículo 2) literal i), de la Convención de las Naciones Unidas contra La Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) […] La diferencia esencial entre la Entrega Vigilada regulada en dicha convención y la Ley contra el delito de Lavado de Activos, radica esencialmente, a criterio de esta Corte, que el dinero que el Testigo Protegido entrega al sospechoso es de inicio un dinero lícito y que además es la propia víctima la que hace la entrega, por tanto, como víctima no requiere autorización judicial para entregarla […] no se trata de una entrega de dinero ilícito o permitir que un dinero proveniente de un delito circule, sino que simplemente los agentes lo que están haciendo es vigilando la forma en que se realiza la entrega y posteriormente darle seguimiento al sospechoso para proceder a su captura. Lo explicado determina que el único motivo de casación planteado por la Defensa Publica, debe ser declarado no ha lugar, pues indebidamente se pretende excluir medios de prueba bajo un criterio equívoco de ilegalidad, habiendo sido correctamente valorados por el Tribunal de Sentencia; medios de prueba que, por el propósito de su propuesta, fueron de carácter decisivos para la toma de dedición de fondo en el presente caso, en respuesta a la acción penal planteada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del RECURSO. - El único motivo No es de recibo. La recurrente utiliza la vía del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, combinando varios motivos, lo que denota una falta de técnica casacional, hace referencia a un supuesto quebrantamiento de la garantía de autenticidad en el manejo de la evidencia, o cadena de custodia, lo cual no tiene relación con el motivo de casación que funda el recurso, pues ello, en su caso, es tema que debe de plantearse en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, así como la violaciones de otros derechos constitucionales como ser Derecho de Defensa, y Principio de Inocencia que deben ser planteados en motivos separados. En respuesta a la cuestión de fondo sobre el Debido Proceso, sobre la legalidad de la actuación de investigación: La Defensa Publica plantea que en la etapa de investigación preliminar agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión realizaron una operación de entrega vigilada preparada con el seriado de dinero y ejecutada con vigilancia policial y que tuvo como consecuencia la aprehensión de las acusadas Eva Jesenia Peña Gutierrez y Geraldina Perdomo Fajardo, su registro personal y la incautación de dinero que momentos antes había recibido del Testigo Protegido JPTP151216. Operación de entrega vigilada que a criterio de la recurrente fue ejecutada fuera de los márgenes legales pues no contó con la dirección fiscal ni con la autorización judicial, convirtiendo la prueba obtenida en ilícita por violación de los derechos fundamentales al debido proceso, por lo que debería ser excluida de valoración; protesta que se encuentra lejos de la razón que da la ley, pues es claro para esta Sala de lo Penal, que la recurrente ha confundido lo que es estrictamente la entrega vigilada como una técnica especial de investigación, con lo que fue un acto de investigación distinto, al que si bien la práctica forense le ha denominado de la misma manera (entrega vigilada), constituye una actuación policial de naturaleza diferente. Como se ha explicado la entrega vigilada (TEI) consiste en la vigilancia pasiva de remesas ilícitas o sospechosas de tener el carácter ilícito y precisamente por su naturaleza exige su retención, incautación y eventual decomiso por parte de los agentes del Estado (Art. 273.4 cpp), pero que en el interés de la obtención de inteligencia, se autoriza diferir tales actuaciones, dejando prosiga el tránsito de la remesa ilícita o sospechosa con la supervisión estatal; para llevar el control de la operación, la liberación de responsabilidad de los servidores públicos involucrados y la vigilancia de conflicto con derechos fundamentales (no solo del acusado sino de terceros que puedan verse afectados por el acto ilícito) es que se requiere autorización judicial y excepcionalmente, por causa emergente, del Ministerio Público. Explicándolo de manera más específica: ante la información obtenida por la policía y/o el Ministerio Público del traslado y/o entrega de droga, explosivos, armas, dinero proveniente de lavado de activos, contrabando, etc., los agentes de autoridad tiene la obligación legal de ejecutar su incautación (Art. 273.4 CPP) y la aprehensión de las personas que en ese momento se identifiquen como involucradas, pues de no hacerlo estarían faltando a sus deberes incurriendo en un posible delito; empero, en algunas ocasiones tal actuación inmediata no permite identificar a todas las personas responsables, a todos los elementos de prueba y conocer cómo se ejecuta toda la operación delictiva, por ello la ley, con la práctica de la TEI entrega vigilada, permite diferir la actuación a otro momento y hacer vigilancia de la remisa ilícita o sospechosa, hasta que sea entregada por los remitentes a sus destinatarios, o por y a sus intermediarios. Las diligencias policiales de investigación, como ser la identificación de las sospechosas, las vigilancias o los seguimientos, no requieren ab initio ningún control del órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que sí necesitan contar con un control del Ministerio Público como órgano que dirige la investigación; pero esta dirección no debe ser entendida como una necesaria presencia física en toda actuación policial, sino al control de éstas por dirección concreta de una diligencia de investigación o por establecimiento de parámetros generales de ejecución en casos con características similares.- Una de esas diligencias policiales es la que realiza la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) consistente en supervisar la entrega que hace el sujeto pasivo del dinero que le es exigido por el sujeto activo, en el marco del delito de extorsión, y que estrictamente no es una Entrega Vigilada (TEI), pues la policía se limita a presenciar el hecho delictivo y a realizar -luego de ello- las actuaciones que la ley les manda. Se trata de un acto de investigación distinto (aun cuando en la práctica forense los operadores le denominen de la misma forma), dado que el objeto de la diligencia no es una remesa ilícita o sospechosa, sino dinero propiedad del sujeto pasivo y que tiene el carácter de lícito hasta el mismo instante en que se entrega como consecuencia de la intimidación o violencia de la que ha sido objeto por los autores del delito y que ya en sus manos transmuta a un bien de origen ilícito. El acto de investigación referido (al que denominaremos Entrega Supervisada), así como el acto preparatorio de marcaje del dinero, no provoca limitación o transgresión de derechos fundamentales de ninguna persona, por ello no requiere de control jurisdiccional: cuando la víctima decide acudir a la Fuerza Nacional y con su orientación, realizar la entrega posterior del dinero, no debe ser como consecuencia de coacción de los agentes del estado, sino una decisión libre de participación en el acto de investigación y consciente de los riesgos inherentes, que deberá ser sobradamente explicados por los agentes del Estado; en estas condiciones -se insiste- no hay transgresión o limitación de derechos fundamentales y por tanto, no requiere de control jurisdiccional. Tampoco se puede considerar que la víctima se convierte en un Agente Encubierto, pues ésta se ve intrincada en el delito mucho antes de la intervención de los agentes del Estado, específicamente desde que el sujeto activo le amenaza con causarle un mal en caso de no entregar el dinero, sumado a que el Agente Encubierto tiene como misión involucrarse en la organización delictiva y la víctima que entrega el dinero no hace tal cosa.- En conclusión la entrega supervisada hecha por la Fuerza Nacional Antiextorsión, es una actuación policial dentro de las potestades legales y cuyo resultado, bajo el Principio de Libertad Probatoria (Art. 199 CPP), puede ser propuesta como medio de prueba en el proceso penal que eventualmente se produzca y que deberá ser valorados (positiva o negativamente), conforme a las reglas de la sana crítica. Lo señalado ha sido de amplio desarrollo por los tribunales especializados en materia de extorsión: la Corte de Apelaciones contra el delito de Extorsión, en sentencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho recaída en el expediente 0801-2018-87 señaló que la entrega de dinero por la víctima a la persona acusada, bajo la supervisión de la Fuerza Nacional Antiextorsion“16.- […] se enmarca en el campo meramente policial, porque no vulneran ningún derecho fundamental, al no tratarse de entregas controladas, ni utilización de agentes encubiertos, como lo alegan los recurrentes, sino de una entrega de dinero seriado, efectuada por parte de la víctima, con vigilancia policial, con independencia del nombre que se le dé a estas diligencias, ya que legal y doctrinariamente hablando, son figuras completamente diferentes a las señaladas por los apelantes que figura en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y recogida también en el artículo 2) literal i), de la Convención de las Naciones Unidas contra La Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) […] La diferencia esencial entre la Entrega Vigilada regulada en dicha convención y la Ley contra el delito de Lavado de Activos, radica esencialmente, a criterio de esta Corte, que el dinero que el Testigo Protegido entrega al sospechoso es de inicio un dinero lícito y que además es la propia víctima la que hace la entrega, por tanto, como víctima no requiere autorización judicial para entregarla […] no se trata de una entrega de dinero ilícito o permitir que un dinero proveniente de un delito circule, sino que simplemente los agentes lo que están haciendo es vigilando la forma en que se realiza la entrega y posteriormente darle seguimiento al sospechoso para proceder a su captura. Lo explicado determina que el único motivo de casación planteado por la Defensa Publica, debe ser declarado no ha lugar, pues indebidamente se pretende excluir medios de prueba bajo un criterio equívoco de ilegalidad, habiendo sido correctamente valorados por el Tribunal de Sentencia; medios de prueba que, por el propósito de su propuesta, fueron de carácter decisivos para la toma de dedición de fondo en el presente caso, en respuesta a la acción penal planteada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... Ponderación en el caso concreto 1) El Tribunal de Sentencia, basado en el código penal 144-83, impuso a la acusada Geraldina Perdomo Fajardo, como autora directa de dos delitos de Extorsión en concurso de delito continuado, las penas siguientes: •Pena Principal de reclusión por 25 años; • multa por 83.33 salarios mínimos; • Pena accesoria de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena de reclusión; • Declaratoria de responsabilidad civil; • La obligación de realizar trabajo penitenciario durante el tiempo de cumplimiento de la pena de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días (Art. 373); pena que debe de aumentarse 1/3 cuando el delito es cometido por personas que integren un grupo delictivo organizado (Art. 374.1 NCP), por lo que la pena abstracta será de 15 a 20 años de prisión y multa de 1000 a 1,333.3333.- Pero además, cuando el delito se presente en concurso de delito continuado (Art. 68 NCP) las penas deben aumentarse la pena señalada para la infracción más grave en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), por lo que la pena abstracta de prisión es de 17 años con 06 meses a 26 años con 08 meses de prisión y multa de 1,333.3333 a 1,777.7777 días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, le fue impuesta a la acusada Geraldina Perdomo Fajardo, una pena concreta de 25 años de reclusión, conforme el código penal 144-83, la que se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que correspondería imponer conforme el Código Penal 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. 2) Para la acusada Eva Jesenia Peña Gutiérrez, el tribunal de sentencia, basado en el código penal 144-83, le impuso pena como autora directa del delito de Extorsión, las penas siguientes: •Pena Principal de reclusión por 15 años; • Multa por 50 salarios mínimos; • Pena accesoria de ..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-469-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha doce de enero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-469-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenò a la señora Eva Jesenia Peña Gutierrez, por el delito de Extorsiòn en perjuicio de Testigo Protegido con clave S-208 ó JPTP15121 ó JPTP-151216 , a las penas principales de quince años de reclusiòn y una multa de cincuenta salarios minimos mensuales, la que deberà ser enterada al Banco Central de Honduras o en la Instituciòn financiera auorizada para tal fin. SEGUNDO: Condenò a la señora Geraldina Perdomo Fajardo, por el delito de Extorsiòn Continuada en perjuicio de Testigo Protegido con clave S-208 ó JPTP15121 ó JPTP-151216, a las penas principales de veinticinco años de reclusiòn y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres salarios minimos mensuales, la que deberà ser enterada al Banco Central de Honduras o en la Instituciòn financiera auorizada para tal fin. TERCERO: Condenò a las señoras Eva Jesenia Peña Gutierrez y Geraldina Perdomo Fajardo a las penas accesorias de Inhabilitaciòn Absoluta e Interdicciòn Civil.CUARTO: Condenò a las señoras Eva Jesenia Peña Gutierrez y Geraldina Perdomo Fajardo responsables civilmente, lo que deberà ser reclamado de conformidad a lo estblecido en el articulo 432 y siguientes del Còdigo Penal. QUINTO: No Procediò la condena en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: No Procediò el comiso, en vista de que no fue puesta a la orden del Tribunal pieza de convicciòn o de ejecuciòn alguna. Son partes en única instancia Los abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de Defensores Públicos de las señoras Eva Jesenia Peña Gutierrez y Geraldina Perdomo Fajardo como parte recurrente; y El Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis(2016), en horas de la mañana, se presentó el testigo protegido con clave JPTP 151216, a la oficina de la Fuerza Nacional Antiextorsión, a denunciar que llego a su negocio una mujer de estatura baja, piel blanca, identificada con el nombre de GERALDINA PERDOMO FAJARDO, en compañía de un menor de edad, aproximadamente de ocho a diez años quien se hizo pasar como miembro de la pandilla 18, para exigirle el pago de Trescientos Lempiras, que debería pagar a partir de ese mismo día y de manera semanal, bajo la advertencia que de no hacerlo matarían a el y su familia, por lo que el testigo protegido con clave JPTP 151216, pago en ese momento y en virtud que llegarían el próximo miércoles catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciséis(2016); por lo que procedió a entregar a los agentes tres billetes de denominaciones de cien Lempiras de los cuales se realizó, el sereo para su respectiva entrega. SEGUNDO: Por la denuncia interpuesta los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, se trasladaron al negocio del testigo protegido, a realizar vigilancia a partir de las nueve de la mañana y a eso de las diez con treinta minutos de la mañana, el testigo protegido les informó a los agentes que ya habían llegado nuevamente a realizar el cobro la señora GERALDINA PERDOMO FAJARDO, quien estaba en compañía de otra mujer momento en que le indico al testigo protegido que le entregara el dinero a la mujer trigueña, estatura alta identificada como EVA YESENIA PEÑA GUTIERREZ, manifestándole ella al testigo protegido que no denunciara por que lo mataría a él y su familia, haciéndole advertencia que son parte de la pandilla 18, por lo que los agentes al recibir la información y características de las personas procedieron a darles seguimiento logrando detenerlas, practicándoles un registro encontrándole a EVA YESENIA, en posesión de tres billetes que previamente habían sido sereado y a la señora GERALDINA PERDOMO, no se le encontrò en posesión de ningún objeto, por lo cuales fueron puestas a disponibilidad de la autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Karen Grisel Hernández en su condición de Defensora Pública de las señoras Eva Jesenia Peña Gutierrez y Geraldina Perdomo Fajardo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICIÒN DEL MOTIVO DE CASACIÒN POR INFRACCIÒN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Infracción por Violación a los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la Republica l en relación al artículo 1, 2 y 311 No.1 del Código Procesal Penal y 8.2 f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE :El presente motivo de casaciòn se encuentra comprendido en el articulo 361 del Còdigo Procesal Penal. EXPLICACIÒN DEL MOTIVO DE CASACIÒN Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son lo artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la Republica que dicen : “Artículo 82 de la Constitución de la República que establece: ''Que el derecho de defensa es inviolable…Articulo 89: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente" "Articulo 90 . Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dicen : "Articulo 1. Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad , sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y publico llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la Republica, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado ." "Articulo 2• - Estado de inocencia • Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código ." Artículo 311 No• 1 del Código procesal Penal. - “Lecturas Autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el secretario : 1) Los testimonios o pericias que se hayan que se hayan recibido ante el debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio . Artículo 8.2 f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. "Derecho de la defensa a interrogar a los testigos presenciales en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos" PRIMERO : En el acápite Valoración de la Prueba en forma conjunta de la sentencia recurrida, el sentenciador estableció que con la prueba testifica, del testigo Protegido con clave JPTP151216 y la del Agente SERGIO ADALID PERDOMO donde la declaración de dichos testigos le resultaron creíbles, lógicos y coherentes entre sí y respecto del resto de la prueba evacuada en el debate sin que se desprenda de ellas alguna intencionalidad de dañar a las acusadas, por lo cual, les concedemos valor probatorio positivo para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos probados. Que la declaración del testigo Protegido S-208 fue corroborada en el debate por el testimonio del señor SERGIO ADALID PERDOMO PINEDA Agente de la Fuerza Nacional Anti Extorsión , quien le tomo la denuncia y su declaración en sede administrativa, dando fe que el testigo Protegido con clave JPTP 151216 le dijo que las acusadas EVA JESENIA PEÑA GUTIERREZ y GERALDINA PERDOMO FAJARDO eran las personas que lo sometieron al pago del impuesto de guerra en las condiciones que este mencionó en su declaración y quien además pudo constatar que el testigo Protegido con clave JPTP151216 las identificó en un albún que al efecto lleva la policía como las personas que le cobraban el impuesto de guerra . Asimismo, para el Tribunal la declaración del Agente de Investigación las juzgadoras estimaron que merecieron toda credibilidad, pues ha sido conteste y congruente en su dicho al establecer que recibieron una denuncia por parte del testigo protegido que estaba siendo amenazado a muerte él y su familia a cambio de que tenía que realizar un pago de trescientos lempiras todos los miércoles de cada semana por lo que se desplazaron al lugar donde el testigo protegido tenía su negocio , realizando vigilancia y una vez que fue avisado por parte de la víctima como eran las personas que habían llegado a solicitar el cobro de dinero, este dio seguimiento a las acusadas, a quienes posteriormente se les practicó un registro personal encontrándoles el dinero el dinero que había sido seriado el día doce de diciembre del año dos mil dieciséis en las oficinas de la Fuerza Nacional Anti Extorsión a la señora EVA JESENIA PEÑA y posteriormente se llamó a la víctima para que las reconociera si eran las mismas personas que habían llegado a su negocio a realizar le dicho cobro, por lo que el testigo protegido manifestó que las reconocía que eran las mismas que se habían presentado a su negocio, manifestando que llegaban de parte de la mara 18. SEGUNDO: La defensa de las imputadas discrepa en cuanto a la expresado por el Tribunal Sentenciador en vista que si observamos que si bien el sentenciador le da credibilidad a la prueba testifical antes relacionada es decir los testigos de cargo Protegido Clave JPTP151216 y S-208 y Agente de la Dirección Anti Extorsión Sergio Adalid Perdomo donde los tres participaron en el hecho, es decir uno como ofendido en la entrega del dinero y los otros como Agentes Anti Extorsión en haber sereado el dinero y estar vigilando la entrega controlada y posterior captura .Siendo así del análisis del mismo se puede observar que el Ministerio Público presentó como prueba documental un Acta de Sereo de una entrega controlada o vigilada , procedimiento éste que vio lentó el debido proceso, esto lo decimos porque no se cumplió lo establecido por la ley especial de lavado de activos; si analizamos lo preceptuado en la Ley Especial de Lavado de Activos en su articulo 49 donde establece :"Técnicas Especiales de Investigación, procede el uso de técnicas especiales para la investigación y juzgamiento de todos los hechos constitutivos de delitos tip ificados en el Código Penal y leyes especiales, así como la identificación de sus autores , participes y bienes comprometidos" El artículo 5:1, nos da la definición de Entrega Vigilada o Controladaq y por último el artículo 52 nos indica la Autorización de la Entrega Vigilada por parte fundada y bajo la más estricta reserva y confiabilidad, puede autorizar 16 utilizaciòn de la entrega vigilada - Todo lo anterior era sumamente necesario se cumpliera por los agentes antiextorsión para que dicha actuación tuviera el carácter de valor probatorio para el tribunal sentenciador , por lo que en el caso de marras no escuchamos en el juicio oral que tanto la Fiscalía como el agente anti extorsión Sergio Adalid Perdomo manifestaran que hubo control Jurisdiccional y que estos últimos lo hayan informado (sereado de billetes al Ministerio Público como lo manda la ley de Lavado de activos en este tipo de actuaciones , es decir que se violentó el Debido Proceso convirtiéndose en prueba irregular, por lo que como se dijo antes existió ausencia de los requisitos procesales establecidos en la Ley Especial contra el Lavado de Activos . Siendo así la defensa pública considera que estaríamos hablando de una prueba ilícita o irregular que lesiona garantías procesales propias del imputado dentro de un Estado Constitucional de derecho como el que nos rige , y en perjuicio de un proceso penal que tiene como propósito esencial la averiguación de la verdad en forma absolutamente cristalina. Muchas veces se minimiza la trascendencia de la violación al debido proceso considerándose e1 problema con simpleza como un vicio de carácter estrictamente procesal, sin embargo es nuestro criterio considerar que con dicho defecto es viable la lesión como se dijo antes al principio del DEBIDO PROCESO contenido en la Carta Magna consideramos que la prueba pone siempre de manifiesto resultados probables, y por lo tanto no infalibles o absolutamente ciertos, esto debe conllevar a un acuerdo acerca de la necesidad de introducir las máximas garantías procesales posibles para lograr una mayor fiabilidad en las conclusiones derivadas de las probanzas q en este sentido, debe aceptarse la adopción de un estricto apego a los procedimientos legales científicos. Por tanto, la legalidad de la prueba dentro del proceso penal está ligada a un Sistema de Garantías que lo componen tres ejes así : 3 ) El que establece los atributos del acto que debe ser juzgados 2 ) Las condiciones bajo las cuales debe ser juzgado; y 3) El que fija los límites para la recolección y búsqueda de la información que nutrirá el proceso de verificación o proceso cognitivo - Por tanto, en este sentido entendemos por Prueba Ilícita, aquella que se ha obtenido o valorado con vulneración de derechos constitucionales e implican perjuicio real y efectivo para alguna de las partes del proceso. Sin embargo, para esta defensa el razonamiento esbozado por el tribunal Sentenciador es una clara violación al principio al debido proceso - En tal sentido, la reconocida jurista española MARIA FELIX TENA ARAGON en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL, pagina 34 inciso 7 establece: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este temal mas allá de su contenido Material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida" Tal como ocurre en el caso del señor Ricardo Antonio Castillo Reyes , existe prueba de cargo pero que no es concluyente por ser irregular al obviarse el control jurisdiccional requerido por la Ley Especial contra el lavado de Activos artículos 49, 51 y 51, para este caso de actuaciones, es decir el sereado de billetes en entregas vigiladas o controladas en este caso de Extorsión, y por otra la violación a la cadena de custodia. Sigue diciéndonos la jurista Tena Aragón : “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas , es decir, cuando lo órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o , finalmente, cuando por ilogico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho Probado-" (Lo subrayado es nuestro )" Siendo así el razonamiento hecho por el sentenciador. fue en una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano, por lo que se llega a la conclusión , que tal como lo advierte la Jurista Maria Félix Tena , a nuestro representado Ricardo Antonio Castillo Reyes se le violento su derecho constitucional del DEBIDO PROCESO, al condenársele con una prueba irregular . Por otra parte consideramos se ha violentado el derecho de defensa de nuestras representadas Geraldina Perdomo Fajardo y Eva Jesenia Peña por parte del Tribunal sentenciador al haberlas condenado basado en la declaración de los testigos Protegidos claves JPTP151216 y S-208 , es decir testigos con reserva de identidad , dentro de un argumento más amplio referido al “acceso a una defensa efectiva", siendo que el principio de contradictorio implica el derecho del inculpado a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor en igualdad de condiciones. Consideramos que al habérsele dado valor probatorio a dichas declaraciones de testigos protegidos dejó a la defensa en el juicio oral en una situación de claro desequilibrio procesal, testigos de cargo con reserva de identidad y que declararon en contra de nuestras representadas en donde el Tribunal como se dijo antes baso su fallo condenatorio tomando como base las mismas. Sumado a lo anterior ''no hubo prueba en el expediente" con justificación alguna para el uso de testigo protegido o de identidad reservada sea debidemente justificada y contrabalanceada adecuadamente para proteger el derecho a la defensa - Ni la excepcionalidad del uso de la figura de la reserva de identidad de testigo , tampoco la existencia de un peligro real que fuera probado en el curso del proceso . El literal f ) del artículo 8.2 de la Convección Americana Sobre Derechos Humanos consagra la "garantía mínima" del derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia como testigos , de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos , la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal - Ya :La Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados esté la de examinar los testigos en su contra y a su favor , bajo las mismas condiciones , con el objeto de ejercer su defensa ; la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, perjuicio o confiabilidad de la persona misma del declarante , así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. Señalamos como antecedentes de violación al derecho de defensa los dictados por el Tribunal Especial de Derechos Humanos casos como ser : (cfr TEDH, caso Kostovski Vs• Países bajos, No• 11454/85, Sentencia del 20 de noviembre de 1989 , Párr. 42); (CFR - Caso Castillo Petruzzi y otros Vs . Perú , Fondo reparaciones y Costasl párr. 154 y Caso J • Vs . Perú, Párr 208) . Siendo así en este proceso penal en concreto no se adoptaron las medidas de reserva de identidad de testigos sujetos a control judicial fundándose en los principios de necesidad y proporcionalidad tomándose en cuenta que se trata de una medida excepcional y verificándose la existencia de una situaciónde riesgo para el testigo - Por lo que al efectuarse el análisis se deduce que no hubo incidencia para aplicar dicha medida violentándose de esta forma el derecho de defensa de las acusadas . Aun y cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena de marras no puede estar fundada en una declaración realizada por testigos de identidad reservada (testigo Protegido clave JPTP151216 y S-208) . En todo caso , aun y cuando la ley Especial y el Código Procesal Penal contempla el anonimato o reserva de identidad de testigo , lo cual restringe el núcleo duro del derecho de defensa, tal como se indicó en párrafos precedentes , por lo tanto , se trata de una norma ilegítima. Al ser ilegítima se vulnera la Constitución de la República, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ello imposibilita la valoración de los testimonios practicados en contravención a garantías Constitucionales y Convencionales, púes el artículo 200 del Código Procesal Penall establece : "pruebas Prohibidas o ilícitas. Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los Convenios Internacionales relativos a derechos Humanos de los que Honduras forme parte así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quién obtuvo ilícitamente la información " Comoconsecuencia de todo lo expuesto, para esta Defensa Pública es indiscutible que atendiendo la forma como se practicó el testimonio de testigos protegidos claves JPTP151216 y S-208, se produjo en el debate con infracción a los principios de inmediación y contradicción, y se vulneró el Derecho de Defensa, el derecho al debido proceso legal y el derecho a un Juicio justo. Por lo que su manifestación carece de aptitud probatoria y siendo que es la única prueba directa sobre la supuesta participación de las acusadas en el delito de Extorsión Continuada y Extorsión, se concluye que no se probó ese extremo de la acusación De lo contrario se podría condenar a una persona imputada utilizando desproporcionalmente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento del derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en la que los derechos del inculpado han sido limitados , las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las Reglas de la Sana Crítica. INTERPRETACION PRETENDIDA En virtud de que a nuestras representadas, las señoras GERALDINA PERDOMO FAJARDO y EVA JESENIA PÉÑA GUTIERRÉZ, fueron condenadas en una clara violación al debido proceso y derecho de defensa, ya que el sentenciador por una parte no contaba con el Control Jurisdiccional en el sereado de billetes en una entrega vigilada o controlada en el delito de Extorsión Continuada y Extorsión , y por otra en una clara violación a al derecho de defensa al basar su fallo en testigos protegidos : donde lo procedente en este caso, que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo de casación y anule dicha sentencia del A-quo por el delito de Extorsión Continuada y Extorsión, mediante la cual absuelva de toda responsabilidad a nuestras representadas Geraldina Perdomo y Eva Jesenia.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo numerus apertus, son: 1. Negación de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo;3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Interpuesto por la Defensa Publica. Único Motivo • Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; •Normas que se denuncian infringidas: Artículos 82, 89, 90 de la Constitución de la República; en relación a los artículos 1, 2 y 311 numeral 1 del Código Procesal penal y 82.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. • Concepto de la infracción: Derecho a Defensa, Principio de Inocencia, Violación al Debido Proceso. • Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por la recurrente; • Pretensión: Que se proceda conforme a Derecho. Indica la Defensa Publica, que al haber valorado el Juzgador una entrega vigilada o controlada en contravención a lo que establece la Ley Contra el Lavado de Activos se produjo una violación al debido proceso; habiendo violentado la cadena de custodia, argumenta también que la valoración a un testigo protegido, así como su protección de la identidad de los testigos con clave JPTP151216 ó S-208 vulnera los principios de inmediación y contradicción y es derecho a la defensa. De las Técnicas Especiales de Investigación (TEI): la entrega vigilada. Conforme a la Real Academia Española, investigación es toda acción y efecto de investigar, lo que constituye: i.- Una acción que describe la conducta de hacer diligencias para descubrir algo; ii.- Actividades de carácter intelectual y/o experimentales, que se ejecutan de manera sistemática, con el objeto de aumentar los conocimientos sobre un hecho, campo o materia; iii.- Proceso de determinación de hechos ilegales que le son atribuidos a una persona sospechosa. En el ámbito penal, a la investigación que tiene por objeto descubrir la verdad sobre el cometimiento de un hecho tipificado como delito, se le denomina investigación criminal. Es a través de la investigación criminal que se realizan procesos sistemáticos, acumulados y progresivos que, con base científica, sirven para comprobar tanto la existencia del hecho que puede ser calificado como delito, como la persona o personas que le dieron lugar; entretanto, método de investigación se le conoce al conjunto de tareas, procedimientos y técnicas que deben emplearse, de una manera coordinada, para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación criminal. Conforme el artículo 279 del Código Procesal Penal y el artículo 44 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, el proceso de investigación del delito está encomendado a la policía de investigación, en sus diferentes ramas, incluyendo la Agencia Técnica de Investigación del Ministerio Público, y en su defecto a la Policía Preventiva, pero todos ellos debiendo seguir los métodos de investigación que dicte el Ministerio Público y bajo su coordinación (Ver también los artículos 59.4, 101.11, 175, 192, 203, 204, 268, 272 del Código Procesal Penal entre otros). Ahora bien, son técnicas especiales de investigación (en adelante TEI) “…aquellas actividades y habilidades técnicas y/o científicas que dentro del marco de la Constitución y las leyes se desarrollan o utilizan para la investigación de los delitos […] que requieran una investigación especial o compleja, con el objeto de combatirlos eficazmente.” (Art. 2.24 Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, 2.20 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, art. 2.24 de la Ley de Financiamiento contra el Terrorismo y art. 28 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos). - Para la Sala de lo Penal, las técnicas especial de investigación. son las realizadas para la investigación de hechos que constituyen delitos, tienen por objeto la obtención de inteligencia, es decir la recopilación de información sobre el delito, que incluye forma, lugares, participantes y evidencia que a posteriori pueda servir como medios de prueba en el proceso de juzgamiento y, además para la obtención de inteligencia que permita la creación de política efectiva para la prevención del delito. Las TEI, previo al 30 de mayo de 2015, estaban regladas para la investigación de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, narcotráfico (Convención de Viena), delitos de criminalidad organizada (Convención de Palermo) y para la investigación de bienes de origen ilícito, sin que se deba entender que no era posible su utilización para la investigación criminal de otros delitos o en otros tipo de procesos judiciales, pues conforme al Principio de Libertad Probatoria, era posible su implementación, siempre que ello fuese conforme a los principios convencionales y constitucionales imperantes. Después de la fecha señalada y con la entrada en vigor de la Ley Especial contra el Lavado de Activo, las TEI pueden seguir siendo utilizadas en la investigación de cualquier delito, pero ya conforme a las reglas dispuestas normativamente en dicha ley (Art. 49). En la actualidad las TEI están regladas tanto en normas supranacionales como en normas nacionales: • Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena de 1988), en vigor desde el 11 de noviembre de 1990, y que fuese ratificada por el Estado de Honduras en fecha 11 de diciembre de 1991: Art. 1.g, y 11; • Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) en vigor desde el 29 de septiembre de 2003, y que fuese ratificada por el Estado de Honduras en fecha 2 de diciembre de 2003: Art. 2.i, 20, 29.1.g; • Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales: Recomendación 36; • Decreto Legislativo No. 026-2010, que contiene la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (Ley de Privación de Dominio), publicada en la Gaceta No. 32,239 en fecha 16 de junio de 2010 y vigente 20 días después: Art. 3.8 reformado, 3.9 reformado, 3.10 reformado, 27 al 31; • Decreto Legislativo 241-2010, que contiene la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo publicado en La Gaceta No. 32,389 en fecha 11 de diciembre de 2010 y vigente a partir de la fecha de su publicación: art. 2.24, 68 al 74; • Decreto Legislativo No. 243-2011, que contiene la Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas, publicada en La Gaceta No. 32,731 en fecha 26 de enero de 2012, y vigente veinte días después: todo su contenido; y • Decreto Legislativo No. 144-2014 que contiene la Ley Especial contra el Lavado de Activos, publicada en La Gaceta No. 33,718 en fecha 30 de abril de 2015, y vigente 30 días después: Art. 2.20, 49 al 62. Las TEI pueden ser típicas o atípicas, estando dentro de las primeras aquellas cuya regulación este prevista en normas supranacionales o nacionales como ser: i.- El informante o colaborador; ii.- Agente encubierto o revelador; iii.- L entrega vigilada o controlada; iv.- Intervención de las comunicaciones privadas.- Se llaman técnicas de investigación atípicas aquellas que, aun cuando no estén regladas en la legislación por normas supranacionales o normas nacionales, pueden ser de ejecución en la investigación del delito bajo el principio de libertad probatoria, siempre que no impliquen transgresión de derechos fundamentales o, de ser así, bajo autorización judicial, como por ejemplo: i.- Hackeo de sistemas informáticos para efectos de obtención, inclusión o modificación de información o documentos, traspaso de posesión o dominio de bienes, etc., ii.- Vigilancia electrónica o informática, etc. La Técnica Especial de investigación típica denominada como “Entrega Vigilada”. La Convención de Palermo la conceptualiza como “… la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos” (Art. 2.i, ver además el art. 1.g de la Convención de Viena, art. 68 de la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, art. 51 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos).- Se resalta que el propósito de la operación es la obtención de inteligencia que permita determinar: i.- Identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión del delito; ii.- Reclutar informantes sobre la organización delictiva y/o la comisión de delitos; iii.- Identificar los bienes, productos, instrumentos o ganancias, para lograr su apoderamiento; iv.- Lograr la identificación y recopilación de elementos probatorios; iv.- Identificación de las formas de ejecución del delito para su prevención; y/o, v.- Prestar auxilio internacional en la investigación de delitos cometidos en otros Estados (Art. 3.8, Ley de Privación de Dominio y 51 de la Ley Especial contra del Lavado de Activos). La entrega vigilada puede ser con o sin sustitución, entendiéndose por esta última cuando las remesas ilícitas o sospechosas sean interceptadas para efecto de sustituirlas -total o parcialmente- por otros objetos similares de naturaleza lícita, liberándolas para que prosigan el tránsito programado por los autores del delito (Art. 11 de la Convención de Viena de 1988).- Además la entrega vigilada, en consideración al origen, tránsito y destino de las remesas ilícitas o sospechas, pueden ser (Art. 20.4 de la Convención de Palermo): • Entrega vigilada interna: Cuando la operación se realiza en el territorio nacional respecto a remesas ilícitas o sospechosas que tienen como origen y destino el territorio nacional; • Entrega vigilada externa: Cuando la operación se origina en el territorio nacional cuyo destino sea un país extranjero; • Entrega vigilada de tránsito: Cuando la remisa ilícita o sospechosa tiene como origen y destino países distintos al hondureño, pero éstas cursan por territorios o espacios bajo la jurisdicción del Estado nacional; • Entrega vigilada de destino: Cuando la operación se realiza en el territorio nacional respecto a remesas ilícitas o sospechosas de tránsito internacional, teniendo como destino el territorio nacional. Para la práctica de la entrega vigilada se requerirá autorización de órgano jurisdiccional, porque las agencias de policía, obligadas a prevenir el delito y evitar su ejecución, proceden a contrario sensu a consentir y facilitar su ejecución, claro está con el propósito de obtener inteligencia del delito y de sus autores (Art. 28 de la Ley de Privación de Domino y 69 de la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, art. 52 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos); el órgano jurisdiccional determinará la necesidad de su ejecución para la obtención de la inteligencia, los servidores del Estado que participarán en la operación y, en especial la ausencia de lesión o peligro no justificado de derechos fundamentales de terceros, ello como consecuencia de: i.- La peligrosidad de la remesa ilícita o sospechosa, dada su naturaleza; ii.- Propósito perseguido por el o los autores del delito con la remesa ilícita o sospechosa; iii.- Peligro que represente para las personas, para el medio ambiente, para el Estado, entre otros, el tránsito en el territorio nacional de la remisa ilícita o sospechosa. Es importante señalar que los servidores públicos o informantes autorizados a participar en la entrega vigilada quedarán exentos de responsabilidad por la comisión de todo delito relacionado con la entrega vigilada, siempre que éste sea de menor o igual entidad al que se está investigando y distinto a los delitos contra la libertad ambulatoria, libertad sexual, la integridad física y la vida independiente y que además no hayan tenido el papel de agente provocador del delito (Art. 69 de la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo y 53 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos). Excepcionalmente, el Ministerio Público podrá autorizar la TEI de entrega vigilada, cuando dadas las circunstancias de tiempo o riesgo de revelación de la intervención estatal, no sea posible obtener de inmediato la autorización judicial, con la obligación de dar cuenta de ésta dentro de las próximas 24 horas de ejecutada, para su convalidación total o parcial o su anulación (Art. 28 de la Ley de Privación de Dominio y 60 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos). Finalmente, es de distinguir la entrega vigilada de la entrega controlada: i.- En entrega vigilada, la función de los agentes del Estado es la vigilancia pasiva de las remesas ilícitas o sospechosas; ii.- En la entrega controlada, la intervención de los agentes del Estado es activa, mediante la infiltración del grupo organizado por un agente encubierto, por lo que la autorización judicial tendría que obtenerse con relación a todas las TEI que se pretendan ejecutar. Las Naciones Unidas recomiendan que los Estados formulen, desarrollen y/o perfeccionen programas de capacitación dirigidos a los operadores de justicia penal y servidores públicos relacionados, dirigidos a la ejecución de las técnicas especiales de investigación, incluidas, entre otras, la entrega vigilada (Convención de Palermo, art. 29). Nota Aclaratoria: Advierte esta Sala de lo Penal en cuanto a la designación del ofendido en el caso de estudio, que en el preámbulo de la sentencia se ha designado al ofendido como testigo protegido clave S-208, sin embargo en el apartado de los hechos probados se le ha denominado como testigo protegido clave JPTP-151216, y en la parte resolutiva como testigo protegido con clave JPTP15121, por lo cual debera entenderse que estas corresponden al mismo ofendido del juicio oral y publico celebrado en contra de Eva Jesenia Peña Gutierrez por el delito de Extorsion, y contra Geraldina Perdomo Fajardo por el delito de Extorsion Continuada. De la procedencia del RECURSO. - El único motivo No es de recibo. La recurrente utiliza la vía del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, combinando varios motivos, lo que denota una falta de técnica casacional, hace referencia a un supuesto quebrantamiento de la garantía de autenticidad en el manejo de la evidencia, o cadena de custodia, lo cual no tiene relación con el motivo de casación que funda el recurso, pues ello, en su caso, es tema que debe de plantearse en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, así como la violaciones de otros derechos constitucionales como ser Derecho de Defensa, y Principio de Inocencia que deben ser planteados en motivos separados. En respuesta a la cuestión de fondo sobre el Debido Proceso, sobre la legalidad de la actuación de investigación: La Defensa Publica plantea que en la etapa de investigación preliminar agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión realizaron una operación de entrega vigilada preparada con el seriado de dinero y ejecutada con vigilancia policial y que tuvo como consecuencia la aprehensión de las acusadas Eva Jesenia Peña Gutierrez y Geraldina Perdomo Fajardo, su registro personal y la incautación de dinero que momentos antes había recibido del Testigo Protegido JPTP151216. Operación de entrega vigilada que a criterio de la recurrente fue ejecutada fuera de los márgenes legales pues no contó con la dirección fiscal ni con la autorización judicial, convirtiendo la prueba obtenida en ilícita por violación de los derechos fundamentales al debido proceso, por lo que debería ser excluida de valoración; protesta que se encuentra lejos de la razón que da la ley, pues es claro para esta Sala de lo Penal, que la recurrente ha confundido lo que es estrictamente la entrega vigilada como una técnica especial de investigación, con lo que fue un acto de investigación distinto, al que si bien la práctica forense le ha denominado de la misma manera (entrega vigilada), constituye una actuación policial de naturaleza diferente. Como se ha explicado la entrega vigilada (TEI) consiste en la vigilancia pasiva de remesas ilícitas o sospechosas de tener el carácter ilícito y precisamente por su naturaleza exige su retención, incautación y eventual decomiso por parte de los agentes del Estado (Art. 273.4 cpp), pero que en el interés de la obtención de inteligencia, se autoriza diferir tales actuaciones, dejando prosiga el tránsito de la remesa ilícita o sospechosa con la supervisión estatal; para llevar el control de la operación, la liberación de responsabilidad de los servidores públicos involucrados y la vigilancia de conflicto con derechos fundamentales (no solo del acusado sino de terceros que puedan verse afectados por el acto ilícito) es que se requiere autorización judicial y excepcionalmente, por causa emergente, del Ministerio Público. Explicándolo de manera más específica: ante la información obtenida por la policía y/o el Ministerio Público del traslado y/o entrega de droga, explosivos, armas, dinero proveniente de lavado de activos, contrabando, etc., los agentes de autoridad tiene la obligación legal de ejecutar su incautación (Art. 273.4 CPP) y la aprehensión de las personas que en ese momento se identifiquen como involucradas, pues de no hacerlo estarían faltando a sus deberes incurriendo en un posible delito; empero, en algunas ocasiones tal actuación inmediata no permite identificar a todas las personas responsables, a todos los elementos de prueba y conocer cómo se ejecuta toda la operación delictiva, por ello la ley, con la práctica de la TEI entrega vigilada, permite diferir la actuación a otro momento y hacer vigilancia de la remisa ilícita o sospechosa, hasta que sea entregada por los remitentes a sus destinatarios, o por y a sus intermediarios. Las diligencias policiales de investigación, como ser la identificación de las sospechosas, las vigilancias o los seguimientos, no requieren ab initio ningún control del órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que sí necesitan contar con un control del Ministerio Público como órgano que dirige la investigación; pero esta dirección no debe ser entendida como una necesaria presencia física en toda actuación policial, sino al control de éstas por dirección concreta de una diligencia de investigación o por establecimiento de parámetros generales de ejecución en casos con características similares.- Una de esas diligencias policiales es la que realiza la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) consistente en supervisar la entrega que hace el sujeto pasivo del dinero que le es exigido por el sujeto activo, en el marco del delito de extorsión, y que estrictamente no es una Entrega Vigilada (TEI), pues la policía se limita a presenciar el hecho delictivo y a realizar -luego de ello- las actuaciones que la ley les manda. Se trata de un acto de investigación distinto (aun cuando en la práctica forense los operadores le denominen de la misma forma), dado que el objeto de la diligencia no es una remesa ilícita o sospechosa, sino dinero propiedad del sujeto pasivo y que tiene el carácter de lícito hasta el mismo instante en que se entrega como consecuencia de la intimidación o violencia de la que ha sido objeto por los autores del delito y que ya en sus manos transmuta a un bien de origen ilícito. El acto de investigación referido (al que denominaremos Entrega Supervisada), así como el acto preparatorio de marcaje del dinero, no provoca limitación o transgresión de derechos fundamentales de ninguna persona, por ello no requiere de control jurisdiccional: cuando la víctima decide acudir a la Fuerza Nacional y con su orientación, realizar la entrega posterior del dinero, no debe ser como consecuencia de coacción de los agentes del estado, sino una decisión libre de participación en el acto de investigación y consciente de los riesgos inherentes, que deberá ser sobradamente explicados por los agentes del Estado; en estas condiciones -se insiste- no hay transgresión o limitación de derechos fundamentales y por tanto, no requiere de control jurisdiccional. Tampoco se puede considerar que la víctima se convierte en un Agente Encubierto, pues ésta se ve intrincada en el delito mucho antes de la intervención de los agentes del Estado, específicamente desde que el sujeto activo le amenaza con causarle un mal en caso de no entregar el dinero, sumado a que el Agente Encubierto tiene como misión involucrarse en la organización delictiva y la víctima que entrega el dinero no hace tal cosa.- En conclusión la entrega supervisada hecha por la Fuerza Nacional Antiextorsión, es una actuación policial dentro de las potestades legales y cuyo resultado, bajo el Principio de Libertad Probatoria (Art. 199 CPP), puede ser propuesta como medio de prueba en el proceso penal que eventualmente se produzca y que deberá ser valorados (positiva o negativamente), conforme a las reglas de la sana crítica. Lo señalado ha sido de amplio desarrollo por los tribunales especializados en materia de extorsión: la Corte de Apelaciones contra el delito de Extorsión, en sentencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho recaída en el expediente 0801-2018-87 señaló que la entrega de dinero por la víctima a la persona acusada, bajo la supervisión de la Fuerza Nacional Antiextorsion“16.- […] se enmarca en el campo meramente policial, porque no vulneran ningún derecho fundamental, al no tratarse de entregas controladas, ni utilización de agentes encubiertos, como lo alegan los recurrentes, sino de una entrega de dinero seriado, efectuada por parte de la víctima, con vigilancia policial, con independencia del nombre que se le dé a estas diligencias, ya que legal y doctrinariamente hablando, son figuras completamente diferentes a las señaladas por los apelantes que figura en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y recogida también en el artículo 2) literal i), de la Convención de las Naciones Unidas contra La Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) […] La diferencia esencial entre la Entrega Vigilada regulada en dicha convención y la Ley contra el delito de Lavado de Activos, radica esencialmente, a criterio de esta Corte, que el dinero que el Testigo Protegido entrega al sospechoso es de inicio un dinero lícito y que además es la propia víctima la que hace la entrega, por tanto, como víctima no requiere autorización judicial para entregarla […] no se trata de una entrega de dinero ilícito o permitir que un dinero proveniente de un delito circule, sino que simplemente los agentes lo que están haciendo es vigilando la forma en que se realiza la entrega y posteriormente darle seguimiento al sospechoso para proceder a su captura. Lo explicado determina que el único motivo de casación planteado por la Defensa Publica, debe ser declarado no ha lugar, pues indebidamente se pretende excluir medios de prueba bajo un criterio equívoco de ilegalidad, habiendo sido correctamente valorados por el Tribunal de Sentencia; medios de prueba que, por el propósito de su propuesta, fueron de carácter decisivos para la toma de dedición de fondo en el presente caso, en respuesta a la acción penal planteada.DECISIÓN No Ha Lugar motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Publica. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito SuplementarioSeñala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto 1) El Tribunal de Sentencia, basado en el código penal 144-83, impuso a la acusada Geraldina Perdomo Fajardo, como autora directa de dos delitos de Extorsión en concurso de delito continuado, las penas siguientes: •Pena Principal de reclusión por 25 años; • multa por 83.33 salarios mínimos; • Pena accesoria de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena de reclusión; • Declaratoria de responsabilidad civil; • La obligación de realizar trabajo penitenciario durante el tiempo de cumplimiento de la pena de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días (Art. 373); pena que debe de aumentarse 1/3 cuando el delito es cometido por personas que integren un grupo delictivo organizado (Art. 374.1 NCP), por lo que la pena abstracta será de 15 a 20 años de prisión y multa de 1000 a 1,333.3333.- Pero además, cuando el delito se presente en concurso de delito continuado (Art. 68 NCP) las penas deben aumentarse la pena señalada para la infracción más grave en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), por lo que la pena abstracta de prisión es de 17 años con 06 meses a 26 años con 08 meses de prisión y multa de 1,333.3333 a 1,777.7777 días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, le fue impuesta a la acusada Geraldina Perdomo Fajardo, una pena concreta de 25 años de reclusión, conforme el código penal 144-83, la que se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que correspondería imponer conforme el Código Penal 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. 2) Para la acusada Eva Jesenia Peña Gutiérrez, el tribunal de sentencia, basado en el código penal 144-83, le impuso pena como autora directa del delito de Extorsión, las penas siguientes: •Pena Principal de reclusión por 15 años; • Multa por 50 salarios mínimos; • Pena accesoria de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena de reclusión; • La declaratoria de responsabilidad civil; •La obligación de realizar trabajo penitenciario durante el tiempo de cumplimiento de la pena de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días (Art. 373); pena que debe de aumentarse 1/3 cuando el delito es cometido por personas que integren un grupo delictivo organizado (Art. 374.1 NCP), por lo que la pena abstracta será de 15 a 20 años de prisión y multa de 1000 a 1,333.3333 días multa. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, le fue impuesta a la acusada Eva Jesenia Peña Gutiérrez, una pena concreta de 15 años de reclusión, conforme el código penal 144-83, se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que correspondería imponer conforme el Código Penal 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo interpuesto por la abogada Karen Grisel Hernández, en su condición de Defensora Pública de Eva Jesenia Peña Gutierrez y Geraldina Perdomo Fajardo.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a las ahora condenadas Eva Jesenia Peña Gutierrez y Geraldina Perdomo Fajardo.- Como consecuencia de lo anterior los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de la acusada Eva Jesenia Peña Gutiérrez por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido con clave S-208 ó JPTP15121 ó JPTP-151216; y de la acusada Geraldina Perdomo Fajardo por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido con clave S-208 ó JPTP15121 ó JPTP-151216 .- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Magistrado Mairena Franco. NOTIFÍQUESE.” Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Rina Koritza Sandoval. Secretaria Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de marzo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los doce días del mes de enero del dos mil veintiséis, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-469-2021.
LETY EMELDA POSADAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL