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Sentencia CP-363-21 — Registro 20166

Resumen

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado de los delitos de asesinato y robo, resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar el recurso de casación y declaró la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia.El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis de la recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado.De acuerdo con lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma.Conforme a la relación fáctica contenida en los hechos probados, resulta jurídicamente incuestionable que la conducta atribuida al imputado se subsume de manera plena y correcta en el delito de asesinato, previsto en el artículo 117 del Código Penal, en tanto concurren varias de las circunstancias calificantes expresamente contempladas por el Juzgador, lo que excluye cualquier calificación alternativa de menor gravedad. En efecto, se acredita que el imputado dio muerte a la víctima mediante el uso de un arma blanca, causándole ocho heridas en zonas vitales tórax y abdomen, que produjeron un hemotórax fatal, evidenciándose así no solo el resultado muerte, sino también una voluntad clara, sostenida y dirigida con un fin letal. Ahora bien, dicha acción no se ejecuta de manera simple, sino que aparece cualificada, en primer término, por alevosía, ya que el autor aseguró la ejecución del hecho eliminando toda posibilidad real de defensa de la víctima, a quien previamente citó al lugar de los hechos bajo un contexto de confianza vinculado a un asunto de pago de un alquiler, logrando que esta acudiera desprevenida y confiada a un espacio cerrado, donde fue sorpresivamente atacada, colocándola en una situación objetiva de indefensión, pese a sus intentos de forcejeo y solicitud de auxilio. Asimismo, concurre la circunstancia de premeditación conocida, puesto que los hechos revelan una secuencia previa de actos preparatorios racionales y conscientes, materializados en múltiples llamadas telefónicas realizadas el día anterior y la mañana del hecho, destinadas a concertar el encuentro, así como en la decisión deliberada de acudir armado al lugar previamente acordado, lo que demuestra que la acción no fue súbita ni impulsiva, sino reflexionada y mantenida en el tiempo hasta su ejecución. A ello se suma, de manera particularmente relevante, la concurrencia de ensañamiento, dado que el imputado aumentó deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, infligiéndole un número de heridas manifiestamente innecesarias para causar la muerte, prolongando su agonía y sufrimiento físico y psíquico. En consecuencia, la concurrencia conjunta de alevosía, premeditación conocida y ensañamiento satisface sobradamente los elementos normativos del artículo 117 del Código Penal, justificando de forma plena la calificación jurídica de los hechos como asesinato. Estos elementos no solo permiten encuadrar los hechos en el tipo penal de asesinato, sino que revelan un actuar deliberado, violento y carente de toda humanidad por parte del acusado. Por tanto, los hechos acreditados constituyen el delito de asesinato, conducta suficiente para reunir no solo la parte objetiva de la infracción penal, suficiente para su concurrencia, sino también su parte subjetiva. Por esta razón, el recurso no es de recibimiento en su único motivo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo.Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. Esta Sala de lo Penal nota que este alegato planteado en el recurso de casación y que sobre ello la defensa hizo silencio en todas las etapas previas del proceso, develando conformidad por omisión. Se resalta que la defensa hizo silencio, no solo respecto a si la medida de protección de la identidad de la testigo era proporcional o no, a un posible riesgo, sino que además sobre la existencia de una posible restricción al ejercicio de defensa o debido proceso como consecuencia de dicha reserva. En resumen, la Defensa Pública no hizo denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección al testigo protegido “PZ”, siendo hasta el momento de presentar el Recurso de Casación el momento en que alega que la medida de protección al testigo le ha causado al acusado violación al estado de inocencia y al debido proceso, denuncia que no es atendible por las siguientes razones: Siendo un defecto de forma, el recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones y entre éstas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Art. 363 tercer párrafo CPP); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque el recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiendo sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Art. 170 CPP); El ra es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la defensa privada no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo; La lectura de la declaración del testigo protegido “PZ” bajo la modalidad de prueba anticipada. Sus relatos fueron concordantes entre sí, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación del acusado con éste, prueba pericial y prueba documental.Todos estos medios de prueba en su conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación, en la que con la declaración del testigo protegido “PZ”, testigo presencial, fue corroborada su declaración entre sí y con los demás medios de pruebas evacuados en juicio, estableciendo lugar, fecha, hora, la manera de cómo sucedieron los hechos, las personas que participaron en el mismo.Contrario a lo expuesto por la recurrente, la Sala de lo Penal concluye que, si existió prueba cualitativamente suficiente para que el Tribunal Sentenciador, derivara la responsabilidad penal del acusado partir de un razonamiento probatorio debidamente motivado y respetuoso de la lógica y las máximas de la experiencia, por lo que este único motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional debe ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"..Ponderación en el Caso ConcretoEn la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo, la pena principal de veintiún (21) años de reclusión, como actor directo autor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Francisco Erick Rodríguez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y la responsabilidad civil derivada del delito.La conducta reprochada al acusado está tipificada como delito de asesinato (Art. 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

Corte Suprema de JusticiaSala de lo Penal

Sentencia

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncianEN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURASLa siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 363-2021 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Francisco Erick Rodríguez, a la pena de veintiún años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Condenó al señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo, por el delito de Robo Simple, en perjuicio de Francisco Erick Rodríguez. CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Declaró la responsabilidad civil del condenado, como consecuencia de la condena del delito de Asesinato a favor de los familiares de la víctima conforme al orden establecido por la ley, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. SEXTO: Ordenó la devolución a su dueño de la evidencia consistente en: un talonario de recibos de alquileres con cuarenta y tres codos y ocho recibos completos y un contrato privado de arrendamiento de una casa ubicada en la colonia el sitio bloque 21, casa 6611, dicha evidencia se encuentra en poder del Ministerio Público y que deberá ser enviada al Juzgado de Ejecución una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme.Son partes en única instanciaEl Abogado Alba Regina Paniagua, en su condición de Defensora Pública del señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo, como parte recurrente. Y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida.Hechos Probados“PRIMERO: En fecha quince de mayo del año 2013, el señor Marlon Yovany Espinoza, desde la línea telefónica No.9608-4387 registrada a nombre de la señora Dulce María Irías Flores, realizó dos llamadas telefónicas al señor Francisco Erick Rodríguez, al número 99981905 el que era utilizado por éste pero que el mismo está registrado a nombre de su hijo Geovany Alleghery Rodríguez Gonzales, llamadas que se realizaron a las 13:51:42 y 13:55:54 en virtud de que el señor Francisco Erick Rodríguez administraba el alquiler de una vivienda ubicaba en la colonia El Sitio Bloque 1, casa 6611, de ciudad de Tegucigalpa, a la señora Silvia Patricia Matamoros Mejía, quien era la compañera de hogar del señor Marion Yovany Espinoza quienes convivían en dicha vivienda, en virtud de lo cual dichas llamadas se relacionaban con la falta de pago de algunos meses que se adeudaban por el alquiler de la casa en referencia y la coordinación para el pago por parte del señor Marlon Yovany Espinoza, acordando ambos encontrase en horas de la mañana del día siguiente en la casa de habitación objeto del alquiler, misma que para esa fecha ya había sido desocupada.SEGUNDO: Al día siguiente, dieciséis de mayo del mismo año (2013), el señor Francisco Erick Rodríguez recibió a tempranas horas dos llamadas telefónicas a la línea por el utilizada, siendo a las 07:52:18 y 07:41:03 am, por parte del señor Marlon Yovany Espinoza ambas salientes del mismo número No. 9608-4387 y a raíz de dichas llamadas, alrededor de las ocho de la mañana con doce minutos (08:12 a.m.) el señor Francisco Erick Rodríguez llegó a la casa referida de la Colonia El Sitio y ubicándose en la cocina del inmueble se dispuso a esperar al señor Marlon Geovanny Espinoza, quien llegó al instante, portando un arma blanca en mano, con la cual procedió a agredir al señor Francisco Erick Rodríguez quien forcejeó durante el ataque, gritando por auxilio, sin embargo el señor Marlon Yovany Espinoza Vallejo le causó ocho (8) heridas en tórax y abdomen, las cuales le produjeron la muerte al señor Francisco Erick por acumulo de sangre en la cavidad torácica (hemotórax).”Recurso De Casación: La recurrente Abogada Onix Manzanares, en su condición de Defensora Pública del señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo, procedió a formalizar sus Recursos de Casación por Precepto Constitucional e Infracción de Ley de la manera siguiente: “I. MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura al condenar el Tribunal de Sentencia al imputado por el delito de ASESINATO, quebrantando el estado de inocencia, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la participación del señor MARLON YOVANNY ESPINOZA VALLEJO, en los hechos. Explicamos el vicio de la siguiente forma: Dichos artículos señalan lo siguiente: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Articulo 89. "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo 90: "Nadie puede ser Juzgado sino por Juez. o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece... Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. "Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado". Artículo 2. "Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente e conformidad con las normas de este código........ PRIMERO: En el acápite Valoración de la Prueba, de la Sentencia recurrida, el sentenciador establece, que conceden valor probatorio positivo al testimonio rendido a la declaración del TESTIGO PROTEGIDO PZ, rendida en audiencia inicial y agregado por lectura autorizada al juicio oral y público, el acta de levantamiento cadavérico y dictamen de autopsia, teniendo el Tribunal por acreditada la muerte violenta y real del señor Francisco Erick Rodríguez, acaecida en fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece, en horas de la mañana, según se desprende el tanato, se infiere que su muerte acaeció alrededor de las 8:12 a 8:30 de la mañana, como también se acredita la existencia de forcejeo por parte del hoy occiso al momento de la agresión, confirmándose científicamente a través de la autopsia los dichos del testigo protegido PZ al establecer que se escuchaban gritos del occiso pidiendo auxilio el día 16 de mayo del 2013, lo cual es indicativo que existió forcejeo previo a su muerte, extremo que quedó evidenciado a través del dictamen de autopsia en el cual también se describen heridas incisas en el tercer dedo de la mano izquierda y en el quinto dedo de la mano derecha del hoy occiso, las cuales son heridas de defensa. El tribunal recurrido le ha dado crédito al testimonio de un solo testigo y que la misma fuera introducida por medio de lectura autorizada, por lo que existe una flagrante violación por parte del tribunal de sentencia al principio-derecho de inocencia que se consagra en el artículo 89 de la Constitución de la República, artículo 2 del código procesal penal relacionado con el artículo 1 que determina que ninguna persona podrá ser condenada a una pena sino en virtud de sentencia firma después de haberse probado los hechos en el juicio oral, conforme a los principios constitucionales, tratados internaciones de los que Honduras forma parte y el presente código, cierto es una declaración y la ley procesal en su artículo 2, al establecer su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente, pero esa declaratoria tiene que estar sustentada en auténticos medios de prueba, de tal suerte que no quede ningún margen de duda sobre la participación del indiciado y es el caso de autos. Si bien es cierto ha existido la existencia y la muerte de una persona ya que se ha comprobado con la autopsia que ha traído el Ministerio Publico y con el acta de levantamiento del mismo, pero no se ha comprobado la participación de mi representado. SEGUNDO: No hay decomiso de arma prueba fundamental que hubiera aportado elemento suficiente para esclarecer el hecho que se investiga y en los restos de medios de prueba como el acta de levantamiento cadavérico y dictamen de autopsia, no se prueba que mi defendido haya cometido el delito de mérito o sea que no está acreditada la participación de mi representado. En el transcurso del juicio se acreditaron una serie de talonario o codos de recibo de pago y un contrato de arrendamiento emitido por el señor Erick Francisco Rodríguez de la señora Alma Leticia Rodríguez y la señora Patricia Rodríguez, contrato de arrendamiento que fue presentado por parte del Ministerio Publico quien carece de valor probatorio en virtud de que ese contrato en primer lugar no fue firmado por ninguna de las partes es decir por el señor Francisco Erick Rodríguez ni por la señora Patricia Matamoros, es un medio de prueba que no se le puede dar valoración alguna porque es un contrato que carece de firmas, ya que el Código Penal establece que un contrato para que pueda tener validez tiene que tener el consentimiento por cada una de las partes en el cual forman parte el vínculo contractual, y en relación a los talonarios que trajo el Ministerio Publico supuestamente de pagos, vienen emitidos a nombre de Delia Azucena en la cual se rindieron una serie de pagos de arrendamiento que la señora Delia Corrales no tiene que ver en ninguna parte del requerimiento fiscal ni como víctima ni como testigo para que el ministerio publico haya traído dichos recibos, también aparecen dichos recibos a nombre de Manuela de Jesús Reyes, también recibos de alquiler, también el Ministerio Publico dentro de esos 3 codos aparecen a nombre de Oscar Armando Ponce Funez, cabe señalar que en ningún momento estos codos. establece el número de casa, el nombre o la colonia en donde se encontraba alquilada esta vivienda, por lo tanto estos medios probatorios carecen de valor pues viene a nombre de otras personas que no tienen ninguna vinculación con el hecho que se está acusando y es claro y evidente que la señora Silvia Patricia Matamoros le pago en concepto de alquiler al señor Erick Rodríguez en concepto de alquiler, es decir el Ministerio público no puede venir a establecer que la muerte del señor Francisco Erick Rodríguez se debió a que mi representado se debieran cantidades en arrendamiento al señor Francisco Erick Rodríguez en consecuencia no puede hacer conjeturas debido a que le debía pagos en concepto de alquiler. TERCERO: En relaciona los talonarios que trajo el Ministerio Publico supuestamente de pagos, vienen emitidos nombre de Delia Azucena en la cual se rindieron una serie de pagos de arrendamiento que la señora Delia Corrales no tiene que ver en ninguna parte del requerimiento fiscal ni como víctima ni como testigo para que el Ministerio publico haya traído dichos recibos, también aparecen dichos recibos a nombre de Manuela de Jesús Reyes, también recibos de alquiles, también el Ministerio Publico dentro de esos 3 codos aparecen a nombre de Oscar Armando Ponce Funez, así mismo en dichos codos aparece el nombre de la señora Patricia Matamoros, cabe señalar que este le hizo efectivo al señor Erick Francisco Rodríguez las cantidades de L.. 3.500.00 lempiras mediante un recibo de fecha 2 de agosto del 2012, un recibo de fecha 10 de octubre del 2012 por la cantidad de L. 3,500.00 lempiras, un recibo de fecha 10 de octubre del 2012 por la cantidad de L. 2.500.00 lempiras, un recibo de fecha 31 de septiembre del 2012, por la cantidad de L.1.000.00 lempiras, estos codos en ningún momento establecen el número de casa, el nombre o la colonia donde se encontraba alquilada esta vivienda, o sea que este medio de prueba carecen de valor probatorio en primer lugar porque viene a nombre de otras personas que no tienen ninguna vinculación con el hecho que se esta acusando. En consecuencia, con tal declaración y medios probatorios mencionados, resulta imposible quebrantar la Presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violento en la sentencia recurrida, esa norma constitucional, así como el debido proceso, por no seguir el juicio de nuestro representado conforme a las normas y procesos que la ley establece. CUARTO: Por lo anterior con lo único que contaría el Tribunal es con la fallida declaración del testigo protegido PZ, de allí que sea incomprensible como siendo esta la única prueba que señala la supuesta culpabilidad de mi representado pueda condenársele, violentando en su totalidad lo que señala el artículo 339 del Código procesal penal. Por ende, al no haber pruebas que señalen la culpabilidad de mi representado en el hecho dilucidado en juicio, respetando las reglas de la sana critica, así como los derechos y garantías constitucionales el señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo debió haber sido declarado inocente. QUINTO: En este sentido, la jurista María Félix TENA ARAGON expresa: "Sólo cabra constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando lo órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.... A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas. Que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano explicitado en la sentencia condenatoria" En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con la pruebas presentadas en juicio se condena al señor MARLON YOVANNY ESPINOZA VALLEJO, en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria, por cuanto sus dichos no son corroborados por otras pruebas, además de que el razonamiento hecho por el sentenciador, fue en una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano; por lo que se llega a la conclusión, que al imputado se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y por ende del debido proceso, al condenársele con una escasa actividad probatoria. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo absolviendo de toda responsabilidad al señor MARLON YOVANNY ESPINOZA VALLEJO. 2- MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO: Infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 117 del Código Penal y falta de aplicación del artículo 116 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La norma sustantiva infringida es el artículo 117 del Código Penal que establece: "Es reo de Asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándole con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía, 2. Con premeditación conocida. 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad 4 Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años, de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad". Artículo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese artículo por las razones siguientes así: El Juzgador en referencia declaró como Hecho Probado el siguiente: UNICO: "En fecha quince de mayo del año 2013, el señor Marlon Yovanny Espinoza, desde la línea telefónica N. 9608-43-87, registrada a nombre de la señora Dulce María Irías Flores, realizo dos llamadas telefónicas al señor Francisco Erick Rodríguez, al número 9998-1905, el que era utilizado por este pero que el mismo está registrado a nombre de su hijo Geovany Allegheny Rodríguez, González, llamadas que se realizaron a las 13:51:42 y 13:55:54 en virtud de que el señor Francisco Erick Rodríguez, administraba el alquiler de una vivienda ubicada en la Colonia El Sitio, bloque 1, casa N. 6611 de la Ciudad de Tegucigalpa, a la señora Silvia Patricia Matamoros Mejia, quien era la compañera de hogar del señor Marlon Yovanny Espinoza quienes convivían en dicha vivienda, en virtud de lo cual dichas llamadas se relacionaban con la falta de pago de algunos meses que se adeudaban por el alquiler de la casa en referencia y la coordinación para el pago por parte del señor Marion Yovanny Espinoza acordando ambos encontrarse en horas de la mañana del día siguiente en la casa de habitación objeto del alquiler, misma que para esa fecha ya había sido desocupada. SEGUNDO: Al día siguiente dieciséis de mayo del mismo año (2013), el señor Francisco Erick Rodríguez, recibió a tempranas horas dos llamadas telefónicas a la línea por el utilizada, siendo a las 07:52::18 y 07:41:03 a.m., por parte del señor Marlon Yovanny Espinoza ambas salientes del mismo numero N. 9608-4387 y a raíz de dichas llamadas, alrededor de las ocho de la mañana con doce minutos (08:12".m.) el señor Francisco Erick Rodríguez llego a la casa referida de la Colonia El Sitio y ubicándose en la cocina del inmueble se dispuso a esperar al señor Marlon Geovanny Espinoza, quien llega al instante, portando un arma blanca en mano, con la cual procedió a agredir al señor Francisco Erick Rodríguez quien forcejeo durante el ataque gritando por auxilio sin embargo el señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo le causo ocho (8) heridas en tórax y abdomen, las cuales le produjeron la muerte al señor Francisco Erick por acumulo de sangre en la cavidad torácica (hemotórax)." La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de esa realidad concreta se extraen todas las consecuencias que de ella se deriven, entre estas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. El Juzgador calificó los hechos declarados probados, como constitutivos de un delito de ASESINATO, partiendo de un análisis exhaustivo de cada uno de los presupuestos objetivos exigidos por el tipo penal de mérito, somos de criterio que los mismos no concurren a cabalidad en el caso de autos, Los elementos que cualifican el tipo penal de asesinato, no fueron considerados en dicho fallo, no se demuestra la presencia de la figura de un asesinato al que indique claramente que los medios, modos o formas utilizadas en la supuesta comisión del delito, sea con el propósito especial y directo de asegurar la ejecución del delito sin los riesgos que pudieran proceder de la defensa del ofendido como elementos cualificarte del asesinato. En consecuencia, la conducta debe ser desde el momento mismo del inicio de la acción, misma que no se desprende en la relación de los hechos probados de la sentencia de mérito, o sea que no se aprecian en la indicada circunstancia la seguridad en la ejecución y la indefensión de la víctima sea deliberadamente buscada o aprovechadas por el agresor. Es evidente que el contenido de la sentencia recurrida, el A-quo incurrió en la infracción alegada, cabe acotar además que, de los hechos probados contenidos en la sentencia recurrida, se patentiza claramente que el sitio o lugar del suceso en donde ocurrieron los hechos, no puede calificarse como despoblado pues no era solitario, ni está alejado de toda vivienda o población, sino por el contrario se encuentra ubicado en zona poblada, considerando el flujo o movimiento de personas que fluye, no es un lugar solitario para buscar ejecutar el hecho de manera segura y sin riesgo para asegurar el resultado, o sea que el hecho ocurrió en un lugar transitado por tanto era factible que hubiera personas en el lugar, por lo que la conducta del acusado es subsumible en el tipo penal de Homicidio simple. De tal manera que no se dan los presupuestos o elementos que exige la ley, para la configuración del citado delito de asesinato. Esta defensa considera que el Juzgador arriba a tal decisión, por una errónea aplicación del referido artículo, en consecuencia los jueces han omitido la ley aplicable a la causa que se falla y han invocado una norma sustantiva ajena a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna por lo que la conducta de la acusada es subsumible en el delito de Homicidio Simple, fundamentado en el artículo 116 del Código Penal. De lo antes expuesto consideramos que el Tribunal sentenciador debió tornar en cuenta los aspectos antes indicados para dictar su sentencia condenatoria por HOMICIDIO SIMPLE en ningún momento debió de llegar a la convicción que el mismo se trataba de un ASESINATO. INTERPRETACION PRETENDIDA Los Juzgadores incurrieron en la sentencia en aplicación indebida, al invocar el artículo 117 del código penal que se refiere al Delito de Asesinato que es ajeno a la verdad consignada en el hecho probado, apreciándose la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados, por lo que pretendemos que el Tribunal de Casación califique la conducta de mi representado MARLON YOVANNY ESPINOZA VALLEJO, como delito de HOMICIDIO SIMPLE, fundamentado en el artículo 116 del Código Penal.”Fundamentación JurídicaDel Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional.Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentados (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Privada. Único motivo.Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal;Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violacion al estado de inocencia y al debido proceso; Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin Determinar por la Censora; Pretensión: Sin Definir por la Censora.Arguye parte recurrente que en el caso de mérito no existen los suficientes elementos de prueba que puedan establecer que su representado haya tenido participación sobre los hechos que se investigan, ya que el tribunal ha dado crédito a testimonio de un solo testigo y que la misma fuera introducida por medio de lectura autorizada, a su vez en el juicio se acreditaron una serie de talonarios de recibo de pago y un contrato de arrendamiento, que carece de valor probatorio ya que el contrato no fue firmado por ninguna de las partes por lo tanto no se puede establecer que la muerte de la víctima se debió a que el imputado le debía pagos en concepto de alquiler, no teniendo conjetura alguna, en consecuencia con los medios de prueba mencionados resulta imposible quebrantar la presunción de inocencia, violentado el debido proceso.Del estado de inocencia.El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma)De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).El principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria.La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:“128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”.En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el expediente 42-2009 de la Sala de lo Penal): Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos;Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que:“183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.Del debido proceso.La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”.El principio del debido proceso, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad.La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”.Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que:“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”.El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado.De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo.Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. Esta Sala de lo Penal nota que este alegato planteado en el recurso de casación y que sobre ello la defensa hizo silencio en todas las etapas previas del proceso, develando conformidad por omisión. Se resalta que la defensa hizo silencio, no solo respecto a si la medida de protección de la identidad de la testigo era proporcional o no, a un posible riesgo, sino que además sobre la existencia de una posible restricción al ejercicio de defensa o debido proceso como consecuencia de dicha reserva. En resumen, la Defensa Pública no hizo denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección al testigo protegido “PZ”, siendo hasta el momento de presentar el Recurso de Casación el momento en que alega que la medida de protección al testigo le ha causado al acusado violación al estado de inocencia y al debido proceso, denuncia que no es atendible por las siguientes razones: Siendo un defecto de forma, el recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones y entre éstas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Art. 363 tercer párrafo CPP); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque el recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiendo sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Art. 170 CPP); El argumento es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la defensa privada no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo; La lectura de la declaración del testigo protegido “PZ” bajo la modalidad de prueba anticipada. Sus relatos fueron concordantes entre sí, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación del acusado con éste, prueba pericial y prueba documental.Todos estos medios de prueba en su conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación, en la que con la declaración del testigo protegido “PZ”, testigo presencial, fue corroborada su declaración entre sí y con los demás medios de pruebas evacuados en juicio, estableciendo lugar, fecha, hora, la manera de cómo sucedieron los hechos, las personas que participaron en el mismo.Contrario a lo expuesto por la recurrente, la Sala de lo Penal concluye que, si existió prueba cualitativamente suficiente para que el Tribunal Sentenciador, derivara la responsabilidad penal del acusado partir de un razonamiento probatorio debidamente motivado y respetuoso de la lógica y las máximas de la experiencia, por lo que este único motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional debe ser desestimado.Fundamentación JurídicaDel Recurso de Casación por Infracción de LeyEstablece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Defensa Pública. Único motivo.Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal;Normas sustantivas infringidas: artículos 117 del Código Penal; Concepto de la infracción: Aplicación indebida del artículo 117 (144-83) numeral 1 del Código Procesal Penal; yPretensión: Casar la sentencia.Explica la censora del fallo que se condenó a su representado por el delito de Asesinato, sin reunir los requisitos establecidos, ya que no se ajusta en la declaración de los hechos probados modos o formas utilizadas en la supuesta comisión del delito, sea con el propósito especial y directo de asegurar la ejecución del delito sin los riesgos que pudieran procede de la defensa del ofendido como circunstancias calificativas del delito de asesinato. Por lo tanto, existe una errónea aplicación del delito de asesinato en los hechos que estimo probado el Tribunal de Sentencia. Del delito de asesinato por alevosía. En virtud que mediante el recurso impetrado se demanda la revisión del cuadro fáctico declarado como probado, para luego ser confrontado con el tipo penal utilizado por el A-quo, consideramos necesario establecer los requisitos que deben considerarse para determinar la existencia de un delito de asesinato. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía; 2. Con premeditación conocida; 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; 4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. Como se ve, el código penal tipifica el asesinato como delito autónomo, después del de homicidio, mediante la enumeración de una serie de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del artículo 27 del mismo cuerpo legal. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 117. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte. El bien jurídico protegido es la vida humana, derecho inviolable de todas las personas (La vida humana independiente); referente a los sujetos, activo y pasivo del tipo básico, cualquier persona puede ser autor o víctima del delito de asesinato, sin más limitación que las derivadas del concurso de leyes. En cuanto a la causalidad, es necesario que medie una relación de causa y efecto entre la conducta del agente y el resultado muerte. El delito de asesinato admite una forma de imputación subjetiva: el dolo, es decir el ánimo o intención de matar (Animus necandi) es un elemento subjetivo del injusto, inaccesible si no es a partir de los actos de carácter objetivo que exteriorizan tal intención; dicho ánimo debe cumplirse a través las agravantes que establece el mismo artículo 117.En el actual Código Penal la figura de la alevosía se regula dentro de las agravantes genéricas que establece el artículo 27, estableciéndose así en el numeral 2) la circunstancia agravante de ejecutar el hecho con alevosía, y definiéndose: “Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida, y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”. En la referida definición se exige que el autor del delito haya elegido o utilizado los medios, modos o formas de ejecución con la finalidad precisa de asegurar el resultado delictivo y además buscando evitar los riesgos provenientes de una posible defensa de la víctima, no se trata de que necesariamente se hayan elegido determinados medios o formas de ejecución con la finalidad de evitar la defensa de la víctima, sino que, será suficiente con haber utilizado los medios o formas de ejecución que permitan la imposibilidad de la defensa de la víctima. Para que la circunstancia agravante pueda concurrir, necesariamente la realización del hecho deberá suceder empleando medios, modos o formas que tiendan directa y particularmente al aseguramiento del resultado sin riesgo de defensa de parte de la víctima. Como explica ARIAS EIBE, no habrá lugar a apreciar tal circunstancia cuando concurra una previa agresión por parte del ofendido, ni una defensa activa por parte del mismo, del mismo modo que cuando el agente avisa al agredido de su propósito de ataque o éste tenía motivos sobrados para sospechar un ataque inminente; sin embargo, la mera concurrencia de una defensa pasiva autoprotección o defensa dentro del marco del instinto de conservación por parte de la víctima no impedirá la apreciación de esta circunstancia. No obstante lo dicho, la alevosía no podrá excluirse simplemente porque la victima haya tenido conocimiento de que exista una posibilidad de agresión por parte del autor ni tampoco cuando el agredido tenía alguna posibilidad de defensa, ya que cuando el atacante utiliza un arma de fuego frente a una persona desarmada, tal posibilidad es meramente ilusoria. Normativamente, la alevosía se regula en relación a los delitos contra la vida de las personas y la integridad corporal, por la naturaleza misma de la agravante debe entenderse delitos contra la vida independiente, siendo ya en la parte especial del Código Penal (Artículo 117 numeral 1), que la alevosía se regula para calificar el delito de homicidio como asesinato, en consecuencia, la agravante de alevosía deja de ser genérica y se regula específicamente como elemento normativo de la configuración del asesinato. La alevosía se ha considerado como una acción ejecutada a traición. Como señala DE DIEGO DIEZ, La alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental aparte del aseguramiento de la ejecución es el aprovechamiento de una situación de indefensión y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. El fundamento de la agravante se da en razón de considerar que el homicidio con alevosía supone un mayor desvalor del acto. Se reprocha que se busque dar muerte a la víctima con deslealtad al matar, cuando se encuentra en estado de indefensión. La mayor gravedad del hecho aparece en la ejecución insidiosa y clandestina del mismo. Es la facilidad y aseguramiento en la ejecución del hecho lo que agravara la conducta. Representando la alevosía una mayor gravedad del injusto, pues representa un determinado y grave desvalor de la acción realizada, que se manifiesta en el resultado asegurado al ejecutarse con medios o formas que impiden la posibilidad de la defensa por parte de la víctima. En cuanto a los medios, formas o modos de ejecución que se pueden emplear, normativamente no se describen las mismas, correspondiendo al juzgador el análisis de cada caso en particular, debiéndose valorar de acuerdo a las particularidades del hecho acaecido la adecuación de un hecho alevoso.De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia.El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis de la recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado.De acuerdo con lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma.Conforme a la relación fáctica contenida en los hechos probados, resulta jurídicamente incuestionable que la conducta atribuida al imputado se subsume de manera plena y correcta en el delito de asesinato, previsto en el artículo 117 del Código Penal, en tanto concurren varias de las circunstancias calificantes expresamente contempladas por el Juzgador, lo que excluye cualquier calificación alternativa de menor gravedad. En efecto, se acredita que el imputado dio muerte a la víctima mediante el uso de un arma blanca, causándole ocho heridas en zonas vitales tórax y abdomen, que produjeron un hemotórax fatal, evidenciándose así no solo el resultado muerte, sino también una voluntad clara, sostenida y dirigida con un fin letal. Ahora bien, dicha acción no se ejecuta de manera simple, sino que aparece cualificada, en primer término, por alevosía, ya que el autor aseguró la ejecución del hecho eliminando toda posibilidad real de defensa de la víctima, a quien previamente citó al lugar de los hechos bajo un contexto de confianza vinculado a un asunto de pago de un alquiler, logrando que esta acudiera desprevenida y confiada a un espacio cerrado, donde fue sorpresivamente atacada, colocándola en una situación objetiva de indefensión, pese a sus intentos de forcejeo y solicitud de auxilio. Asimismo, concurre la circunstancia de premeditación conocida, puesto que los hechos revelan una secuencia previa de actos preparatorios racionales y conscientes, materializados en múltiples llamadas telefónicas realizadas el día anterior y la mañana del hecho, destinadas a concertar el encuentro, así como en la decisión deliberada de acudir armado al lugar previamente acordado, lo que demuestra que la acción no fue súbita ni impulsiva, sino reflexionada y mantenida en el tiempo hasta su ejecución. A ello se suma, de manera particularmente relevante, la concurrencia de ensañamiento, dado que el imputado aumentó deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, infligiéndole un número de heridas manifiestamente innecesarias para causar la muerte, prolongando su agonía y sufrimiento físico y psíquico. En consecuencia, la concurrencia conjunta de alevosía, premeditación conocida y ensañamiento satisface sobradamente los elementos normativos del artículo 117 del Código Penal, justificando de forma plena la calificación jurídica de los hechos como asesinato. Estos elementos no solo permiten encuadrar los hechos en el tipo penal de asesinato, sino que revelan un actuar deliberado, violento y carente de toda humanidad por parte del acusado. Por tanto, los hechos acreditados constituyen el delito de asesinato, conducta suficiente para reunir no solo la parte objetiva de la infracción penal, suficiente para su concurrencia, sino también su parte subjetiva. Por esta razón, el recurso no es de recibimiento en su único motivo.DecisiónSe declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. Se declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso.Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado.El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son:Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente;Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); oCuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente.Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos:Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente;Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; yQue el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones:Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal.Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017.Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena.Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite.Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra.Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad.C) Escrito SuplmentarioSeñala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación con el acusado señalado.D) Ponderación en el Caso ConcretoEn la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo, la pena principal de veintiún (21) años de reclusión, como actor directo autor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Francisco Erick Rodríguez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y la responsabilidad civil derivada del delito.La conducta reprochada al acusado está tipificada como delito de asesinato (Art. 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.Por TantoLa Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66, 580 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Onix Manzanares, en su condición de Defensora Pública del señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo a quien se le condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de Francisco Erick Rodriguez. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Onix Manzanares, en su condición de Defensora Pública del señor Marlon Yovanny Espinoza Vallejo a quien se le condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de Francisco Erick Rodriguez. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha ocho (8) de junio del año dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Mairena Franco. Notifíquese.Mario Rolando Díaz FloresMagistrado CoordinadorWalter Raúl Miranda SabioMagistradoNelson Danilo Mairena FrancoMagistrado