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Sentencia CP-347-21 — Registro 20382

Resumen

El Tribunal de Sentencia declaró culpable a los acusados por los delitos de asociación ilícita y almacenamiento de municiones de uso prohibido o militar, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Este proceso penal se originó a raíz de las constantes denuncias de los vecinos de la colonia Villeda Morales, quienes señalaban que un grupo de jóvenes pertenecientes a la pandilla 18 caminaba constantemente por las calles fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores. Sin embargo, tras interponerse un recurso de casación, la Sala de lo Penal resolvió declararlo ha lugar, absolviendo a algunos de los acusados de los delitos descritos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...El Motivo es de Recibo. En este segundo motivo de casación por infracción de ley, que fue presentado únicamente a favor de Brian Steven Cartagena, la recurrente utilizando una buena técnica recursiva, considera que el hecho tercero del cuadro fáctico no contiene los elementos objetivos del tipo penal de almacenamiento de municiones de uso prohibido, por lo que resulta necesario analizar el hecho tercero que contiene las acciones por la cual el acusado fue condenado por el delito de almacenamiento de municiones de uso prohibido; el A-quo estableció: “TERCERO: Que en esta misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 o 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir.” El tercer hecho probado revela que, en la habitación en la que fueron encontrados los acusados se hallaron municiones y alguna de ellas de uso prohibido para particulares; tal como lo ha establecido esta Tribunal de Casación, los hechos probados deben ser claros y terminantes, deben bastarse por sí mismos, de tal forma que el lector comprenda y entienda la dinámica de los hechos que se esta juzgando; en el caso de marras el Sentenciador no establece como verdad irrefutable que esos cartuchos sean propiedad del imputado Brian Steven Cartagena o de la misma dueña de la casa, pues en el cuadro fáctico no debe suponer situaciones que el mismo hecho no da por acreditados. Para esta Sala de lo Penal, los hechos probados también son ausentes de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal regulado en el artículo 332A del Código Penal, que como lo explicábamos párrafos arriba implica almacenar o guardar municiones de uso prohibidos, pero los hechos probados son ausentes al determinar si esas municiones fueron almacenadas o guardadas por el acusado Cartagena Calderon, en ese sentido tiene razón la recurrente al denunciar la violación por aplicación indebida del tipo penal de Almacenamiento de municiones de uso prohibido, pues el cuadro fáctico no encaja con la norma penal del artículo 332A del Código Penal decreto 144-83, por lo que es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación y dictar la sentencia absolutoria que en derecho corresponde. Esta Sala de lo Penal no procede a dar respuesta al recurso de casación por infracción de precepto constitucional, toda vez que han sido declarados ha lugar los dos motivos de casación por infracción de ley, con los efectos legales que corresponden. Efecto Extensivo En virtud del efecto extensivo del Recurso de Casación, regulado en el artículo 349 del Código Procesal Penal establece: “Cuando en un proceso participen varios imputados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos, favorecerá a los demás siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y le sea aplicables los mismos motivos alegados por éste.” En el caso subjudice el primer motivo de casación por infracción de ley el recurso presentado a favor de los acusados Brian Steven Cartagena Calderon y José Adán Rodriguez Rodríguez, beneficia igualmente a la también imputada Breslin Yulisa Pavón Zamora, pues se encuentran en la misma situación y condición jurídica y le es aplicable el mismo motivo de casación, por lo que, de forma extensiva se beneficia la acusada Pavón Zamora con el recurso presentado a favor de los otros procesados, teniendo el mismo beneficio y efectos jurídicos. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada de los acusados Brian Steven Cartagena Calderon y José Adán Rodriguez. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 332 y 332A del Código Penal decreto 144-83..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-347-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 347-2021 por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante el cual falló; Primero: Condenó al señor Brian Steven Cartagena Calderón, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de veinte (20) años de reclusión; así como también se le condena por el delito de Almacenamiento de Municiones de Uso Prohibido o Militar, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión y una multa por la cantidad de cien mil lempiras (L. 100,000.00), junto con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Segundo: Condenó al señor José Adán Rodríguez Rodriguez, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de veintitrés (23) años de reclusión y una multa de ciento cincuenta mil lempiras (L. 150,000.00), junto con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Tercero: Condenó a la señora Breslin Yulisa Pavón Zamora, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de veinte años de reclusión y una multa de cien mil lempiras (L. 100,000.00), junto con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Cuarto: Decretó el comiso de la indumentaria militar tipo pantalón con letras que se leen small-short sin talla, sin marca, color verde, negro, café (moteado), una indumentaria militar tipo pantalón con letras que se lee trouser, army combat uniforme sin talla, sin marca, color verde, beige y gris (moteado); una indumentaria policial tipo fatiga sin marca, sin talla, color verde, negro, café (moteado) , una indumentaria militar tipo fatiga, sin marca, sin talla color verde negro, café, (moteado), una indumentaria militar tipo fatiga con letras que se lee línea coat mans field M-65, sin marca y sin talla, color verde, beige y gris (moteado); así como de 33 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir calibre desconocido y 27 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre desconocido de igual forma un teléfono celular marza ZTE, color negro pantalla quebrada en forma de telaraña, parte posterior se lee Cricket; un teléfono celular marca LG, color azul y negro, pantalla quebrada. Quinto: Declaró la responsabilidad civil de los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez Rodriguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. Sexto: No procedió la condena en costas procesales a los condenados. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Jennifer Dariela Mejía Medina, en su condición de Defensora Privada de los señores Brian Steven Cartagena Calderón y José Adán Rodríguez Rodríguez, como parte recurrente. Y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Que a raíz de las constantes denuncias interpuestas por vecinos de la colonia Villeda Morales, en las que señalaban que un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de dicha colonia fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector. SEGUNDO: Que, en vista de lo anterior, agentes policiales de la Dirección Policial de Investigación realizaron un operativo en fecha 8 de febrero del 2018 en dicha colonia, efectuando un allanamiento en la casa de habitación de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. TERCERO: Que en esta misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 o 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir”. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Jennifer Dariela Mejía Medina, en su condición de Defensora Privada de los señores Brian Steven Cartagena Calderón y José Adán Rodríguez Rodríguez, procedió a formalizar sus Recursos de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “DESARROLLO DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: CASACION POR INFRACCION DE LEY: Aplicación indebida del artículo 332 del Código penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 360 del Código Procesal Penal (CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Esta representación procesal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia, confrontándolo con la norma penal sustantiva y considera que en efecto estamos ante una aplicación indebida de precepto penal seleccionado por el Tribunal A-quo hacia mis representados. El delito vigente al momento de los hechos se lee de la siguiente manera: Asociación Ilícita. art. 332 del código penal: "Se sancionarán con la pena de veinte (20) años a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L 100,000.00) a (L 300,000.00) trescientos mil lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos (2) o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el Código penal...". Para desarrollar los principales argumentos sobre los que versará el presente recurso es necesario invocar el respeto irrestricto de los hechos probados o también conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados, que "implica una aceptación irrefutable de los hechos probados que constituyen el marco histórico que sirve de base a la sentencia, en consecuencia, el impugnante deviene obligado a aceptar tales hechos como verdades incuestionables", En este caso el Tribunal tiene terminantemente probado tres hechos que depararon en la condena ilegal de mis representados, los cuales transcribo a continuación: "PRIMERO: Que ha raíz de las constantes denuncias interpuestas por vecinos de la colonia Villeda Morales, en las que se señalaban que un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de dicha colonia fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector. SEGUNDO: Que, en vista de lo anterior, agentes policiales de la Dirección Policial de investigación realizaron un operativo en fecha 8 de febrero del 2018 en dicha colonia efectuando allanamiento a la casa de habitación de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. TERCERO: Que en esa misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 0 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir." Esta es la verdad indiscutible sobre la cual desarrollaremos nuestro primer motivo, y tomando como referencia antecedentes de la Sala de lo Penal donde ha manifestado en diversos pronunciamientos "que los hechos declarados probados conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que corresponde a los hechos declarados como probados, hechos y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida". Considera esta censora, que partiendo del marco histórico (los hechos declarados probados) no se subsumen en el tipo penal seleccionado por el Tribunal A-quo, contenido en el artículo 332 del Código Penal, en virtud de mostrarse irreconciliable los hechos probados con la norma sustantiva aplicada. Lo anterior atiende a que los hechos probados no describen a cabalidad los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asociación ilícita. En el primer hecho probado, el Tribunal de Sentencia señala que un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de la colonia Villeda Morales, fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector; es decir, que el sujeto activo identificado en el hecho primero no es atribuido a los acusados, sino que a terceros (grupo de jóvenes). Por otro lado se detecta que la configuración de este hecho no señala si el sujeto activo, indeterminado en este caso por hacer referencia únicamente a "un grupo de jóvenes", realiza el elemento subjetivo del delito aplicado, como p.ej, que se hubiesen asociado o haber actuado concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido por la Constitución o el Código penal, tampoco menciona que tuviesen conocimiento previo o simultaneo de ello o que tales acciones hayan sido realizadas con su conocimiento o con su consentimiento previo o simultaneo. Por otro lado, siempre dándole total certeza y tomando como irrefutables los hechos probados, lo único que prueba este hecho es la existencia de una denuncia de los vecinos. Una situación es la prueba de la denuncia que en efecto no negamos que existe y que en efecto eso es lo que describe el hecho probado, por otro lado muy diferente es que lo denunciado en esa denuncia se haya dado por probado (no se colige esa situación del texto del hecho probado), de hecho cuando el Tribunal empieza a redactar su hecho primero diciendo que a raíz de la denuncia de los vecinos es que se efectúa un allanamiento. Por tanto el hecho primero queda únicamente como contexto de una diligencia investigativa que se realiza posteriormente, que es el allanamiento. El hecho primero por sí solo no prueba absolutamente nada, únicamente que unos vecinos realizaron una denuncia, sin embargo tal situación es atípica a los efectos que aquí conciernen. En el segundo hecho probado se estima que producto de una denuncia de unos vecinos de la colonia Villeda Morales se realizó una diligencia investigativa que consistió en un allanamiento, leyéndose el hecho segundo de esta manera: Que, en vista de lo anterior, agentes policiales de la Dirección Policial de investigación realizaron un operativo en fecha 8 de febrero del 2018 en dicha colonia efectuando allanamiento a la casa de habitación de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. Sigue relatando el segundo hecho probado, que producto del allanamiento a la vivienda de la señora Karen Calderón, madre de unos de los acusados, se encontraron en uno de los dormitorios a los tres acusados, sin especificar la conducta delictiva de alguno de ellos, o lo antijurídico de esta conducta. Obsérvese honorables Magistrados que en lo que refiere a la asociación ilícita este hecho tampoco delinea los contornos sobre los cuales se pueda subsumir el tipo penal atribuido a mis representados. Aspecto que apuntala el hecho de que estamos ante una aplicación indebida del precepto penal seleccionado, y apreciando que el mismo es incompatible, irreconciliable y ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica de la sentencia impugnada. Por último, el tercer hecho probado establece: "Que en esa misma habitación (refiriéndose a una de las habitaciones allanada) se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 0 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir." Siguiendo a la coherencia esbozada hasta el momento este hecho tercero ni tiene por mínimo asomo una configuración típico penal referente al delito de asociación ilícita, su redacción y cauce se aleja de lo que podría configurar la conducta criminosa del delito de asociación ilícita. No se menciona ni un tan solo verbo rector el cual hayan realizado y del cual podría hacer acreedor a mis representados de la autoría de este tipo penal, por ende nopuede enmarcarse en el precepto penal aplicado por el Tribunal a-quo. En consecuencia LO QUE SE PRETENDE es que sea declarado con lugar el presente recursos de casación, se anule la sentencia anterior y se dicte una nueva absolviendo a mis representados del delito de asociación ilícita. Como el presente vicio denunciado en el desarrollo del presente motivo, se produjo en el acto de la sentencia definitiva, esa infracción, no pudo reclamarse de forma previa, como lo exige el Art. 363 del CPP. Continúa manifestando la recurrente Jennifer Dariela Mejia Medina en su recurso de casación por infracción de ley. SEGUNDO MOTIVO: CASACION POR INFRACCION DE LEY: aplicación indebida del artículo 332. A del Código penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 360 del Código Procesal Penal (CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Siguiendo la misma idea plasmada en el motivo anterior, se hará uso del principio de intangibilidad de los hechos probados para desarrollar a su vez este segundo motivo de casación. Los hechos probados que sirvieron para condenar a mi representado el señor BRIAN STEVEN CARTAGENA CALDERON, se transcriben a continuación: "PRIMERO: Que ha raíz de las constantes denuncias interpuestas por vecinos de la colonia Villeda Morales, en las que se señalaban que un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de dicha colonia fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector. SEGUNDO: Que, en vista de lo anterior, agentes policiales de la Dirección Policial de investigación realizaron un operativo en fecha 8 de febrero del 2018 en dicha colonia efectuando allanamiento a la casa de habitación de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. TERCERO: Que en esa misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 0 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir." En la anterior declaración de hechos probados se apreciala clara inocencia de mi representado, ya que la participación que se le atribuye en los hechos no configura el delito por el que se le condenó. En otras palabras, las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES PROHIBIDAS, no figuran en el marco histórico de los hechos probados de la sentencia. Para atribuirle responsabilidad penal a una persona, habrá de constatarse si ésta ha ejecutado acciones u omisiones que puedan subsumirse en un concreto tipo penal, a continuación, procedo a transmitir el análisis que ha efectuado esta censora para que sea revisado por vosotros Honorables Magistrados. La jurisprudencia en esta materia nos indica que para que no exista violación a norma penal de naturaleza sustantiva, por falta de aplicación o aplicación indebida, los hechos probados deben describir todas y cada una de las acciones típicas o conductas prohibidas por la norma penal sustantiva. Anteriormente se dijo que el hecho primero de la sentencia únicamente prueba una denuncia que hicieron los vecinos, hecho que se muestra ineficaz para configurar el delito 332. A del Código penal. Asimismo también se dijo que el hecho segundo prueba que se practicó una diligencia investigativa donde se encontraron a los acusados, hecho que por si solo tampoco puede configurar el delito 332.A del Código penal. Al ceñirse a la lectura del hecho probado tercer no indica con claridad ni permite deducir a quien le pertenece la conducta ilícita de haber encontrado dichas municiones, ya que utiliza la frase: "se encontró", sin imputar con propiedad a quien se le encontró dicho objeto material del delito, ni que verbo rector se entiende de este, ya que tampoco explica la causa del porqué debería de entenderse que dichas municiones le pertenecen o se le puedan atribuir a alguno de los acusados. El hecho tampoco manifiesta ninguno de los verbos rectores que configuran el tipo penal por cual fue condenado (almacenamiento de municiones prohibidas), asimismo omiten establecer si el acusado es una persona que está o no autorizado a fabricar, almacenar o distribuir material de guerra (ya que lo único que establece que dicho calibre no le son permitidos a los particulares). Para una mejor revisión del tipo penal me permito transcribir el tipo penal aplicado indebidamente a mi representado: La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (lps. 5, 000.00) a diez mil (Ips. 10, 000.00) lempiras por cada arma incautada. El Primer elemento es el objetivo, vale la pena mencionar, que viene determinado por el sujeto activo y la conducta criminosa, que atendiendo a la tipicidad del delito podrá serlo cualquier persona que no esté autorizada y que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47. De la redacción del hecho tercero y haciendo un esfuerzo enorme por identificar en que parte del mismo se podría identificar este primero elemento objetivo, se observa una total ausencia del mismo ya que únicamente menciona que "en esa misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 0 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir", sin especificar si los acusados son particulares o personas autorizadas a portar este tipo de armamento. En definitiva, LO QUE SE PRETENDE es que sea declarado con lugar el presente recursos de casación, se anule la sentencia anterior y se dicte una nueva absolviendo a mi representado del delito de almacenamiento de municiones prohibidas. Como el presente vicio denunciado en el desarrollo del presente motivo, se produjo en el acto de la sentencia definitiva, esa infracción, no pudo reclamarse de forma previa, como lo exige el Art. 363 del CPP. La recurrente Jennifer Dariela Mejia Medina expresó en su recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional. TERCERO MOTIVO: POR MOTIVO: INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Por vulneración del art. 99 de la Constitución de la República en relación con el art. 212 del Código procesal penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 361 del Código Procesal Penal (CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Constitución de la República en su art. 99 garantiza la inviolabilidad del domicilio, y asimismo establece los presupuestos que se tienen que cumplir para enervar esta garantía. Dentro de ellos se aprecia en su lectura que en defecto de resolución podrá ser allanado un domicilio en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o propiedad. Si apreciamos el alcance del legislador Constitucional, requiere en primer lugar una resolución judicial, evidentemente este aspecto no basta con el simple hecho de tenerla, pues el control jurisdiccional garantiza entrar a inspeccionar la motivación del Juez de Garantías con el objetivo de refrendar que dicha diligencia investigativa haya cumplido, efectivamente, con las exigencias procesales y constitucionales. En el presente caso, a pesar de que técnicamente se cumple con el hecho de tener convalidado el allanamiento, los hechos y las razones que supuestamente lo validan nunca fueron suficientes para legitimar dicha actuación investigativa. Puesto que en la audiencia de declaración de imputado la Juez en su resolución únicamente indica lo siguiente y cito literal: se tiene por convalidada el en base al artículo 122la allanamiento de morada que se hace los agentes de investigación a la vivienda donde estaban los encausados-. Tomando en cuenta que se trata de una garantía constitucional la que está detrás de todo allanamiento, el acto como tal tiene que reunir las razones de urgencia que animaron a los agentes a practicarlo, pero posteriormente tiene que adquirir la forma de auto donde se exprese con claridad la verificación de los presupuestos legitimadores para convalidar dicha actuación, aspecto que el Juez de Garantías no cumplió y por ende vuelve ilegal dicha diligencia investigativa, incumpliendo lo establecido en la Ley cuando refiere que -El Juez por auto motivado convalidará o anulará total o parcialmente lo actuado-. La motivación se entiende como el acto razonado de parte del Juez donde explica y transmite las ideas fácticas y jurídicas que dieron lugar a tomar la decisión que plasmó en su resolución, es una figura de carácter procesal que exige al Juez argumentar el porqué de su postura. Esto permite el control jurisdiccional para su posterior revisión y uso adecuado de los recursos. Cuando el Legislador procesal exige al Juez motivar sus resoluciones (en este caso como exigencia para convalidar un allanamiento) lo hace para preservar las garantías de la persona en el proceso, por ende que se le atribuya un rol de contralor donde tiene que reflejar-el alcance, extensión y profundidad de que han de estar dotados los razonamientos que sirven de sustento a la parte dispositiva de la resolución; siendo necesario que en éstos se tome en consideración y ofrezca respuesta puntual y cumplida a todos y cada uno de los extremos discutidos. Si seguimos desarrollando la idea que estoy hilando se puede concluir por diversas vías que la diligencia investigativa hoy cuestionada es totalmente ilegal, tanto así que en el debate de juicio oral y público, si analizamos la declaración testifical de CELEN MICAELA RODRIGUEZ, se hace patente que esta actuación nunca tuvo que haber sido convalidada, primero indica que el técnico encontró una arma, seguidamente en toda su declaración da a entender que es por que presenciaron una arma de grueso calibre a uno de los imputados que se dispusieron a practicar dicho allanamiento, sin embargo está probado mediante actas de decomisos que en ningún momento encontraron el arma que supuestamente da vida a este allanamientos. En consecuencia, solicito se revise dicha actuación procesal de parte del Juez de Garantías y se compare con la normativa constitucional vigente, se podrá observar que el mismo carece de legitimidad, que nunca existieron razones de urgencia para practicarlo y que la motivación a la que está obligado el Juez es casi nula o inexistente. En consecuencia LO QUE SE PRETENDE es declarar con lugar el presente recurso de casación en su motivo de infracción de precepto Constitucional y que se restituya inmediatamente las garantías Constitucionales de mis representados por habérseles condenado con una actuación investigativa que atenta contra sus derechos fundamentales. Se utiliza este precepto autorizante por considerar que engarza de la mejor manera con el presente caso.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizadapor el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Primer Motivo •Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. •Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332 del Código Penal. •Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de asociación ilícita. •Reclamación ex-ante: el vicio denunciado se produjo en el acto de la sentencia definitiva, por lo que no se pudo reclamar de forma previa. •Pretensión: que se declare con lugar el recurso de casación y se dicte una nueva sentencia en la que se absuelva a los acusados. Considera la censora que, partiendo del marco histórico (los hechos declarados probados) no se subsumen en el tipo penal seleccionado por el Tribunal A-quo, contenido en el artículo 332 del Código Penal, en virtud de mostrarse irreconciliable los hechos probados con la norma sustantiva aplicada. Lo anterior atiende a que los hechos probados no describen a cabalidad los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asociación ilícita. En el primer hecho probado, el Tribunal de Sentencia señaló que, un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de la colonia Villeda Morales fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector; es decir, que el sujeto activo identificado en el hecho primero no es atribuido a los acusados, sino que a terceros (grupo de jóvenes). Del Delito De Asociación Ilícita La génesis del tipo penal de asociación ilícita la encontramos en la Constitución de la República en su artículo 78, el cual garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otros, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no cause perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo cuerpo legal. El legislador hondureño ha determinado que la asociación de personas está proscrita cuando ésta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley, para ello a tipificado el delito de Asociación Ilícita en el artículo 332 del Código Penal establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L. 100, 000.00) a Trescientos Mil (L. 300, 000.00) lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos (2) o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el Código Penal. La misma pena establecida en el párrafo anterior aumentada en dos tercios (2/3) se impondrá a los jefes o cabecillas de los grupos descritos en dicho párrafo. Se considera jefe o cabecilla, aquéllos que sean reconocidos o identificados como tales, cuyas decisiones influyan en la planificación y acciones del grupo. La pena señalada en los párrafos anteriores se aumentará en un tercio (1/3) a los integrantes, jefes o cabecillas de estos grupos descritos en el párrafo primero de este Artículo, cuando para el logro de sus propósitos utilicen a personas menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas u otras personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. […] […] El tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos; base legal para declarar ilícito cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. El bien jurídico protegido es la seguridad interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad, paz y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional. Son los elementos objetivos del tipo penal: • Sujetos Activos: La conducta delictiva debe de ser realizada por dos o más personas; se trata de un delito que solo es posible ejecutar con la participación de varios sujetos activos, quienes conciertan para cometer actos reñidos con la ley. El conjunto de personas pueden constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. El tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares, por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El sujeto activo no necesariamente tendrá conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer en donde solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la membrecía. La membrecía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo (grupo preexistente) solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerara como “persona vinculada”, igualmente responsable del delito de asociación ilícita por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente con el fin de ejecutar delitos aun cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizado o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastara entonces que exista la agrupación como tal bajo un visión consensuada de cometer delitos; La Sala Penal en sentencia de fecha 17 de Octubre del 2007, en Exp 380-2006 señaló que: “… Por tratarse de un delito de peligro abstracto, no es necesario que el acusado haya sido encontrado en el acto mismo de la comisión de un delito, tampoco que al momento de su detención por la autoridad haya sido detenido en compañía de otros miembros de la organización ilícita. Basta en este tipo de casos, para aplicar la sanción penal, que la motivación y fundamentación fáctica y jurídica del A Quo haya sido lógica, suficiente y que de ella objetivamente el Juzgador haya derivado que el acusado es un miembro activo de una organización ilícita dedicada en forma permanente a delinquir, tal como ha sucedido en el presente caso…”. (En ese mismo sentido la sentencia de fecha 31 de Julio del 2007, en el Exp 193-2006). 0149 • Conducta Criminosa: El tipo penal en estudio tiene dos verbos rectores específicos: “asociarse” y “actuar”. El primero verbo rector como conducta consistente en que dos o más personas concierten la ejecución de actos delictivos, poniendo a disposición de los otros sus talentos y/o medios materiales; el segundo verbo rector es la realización de cualquier conducta consecuente a ese concierto, aun cuando se trate de actos preparatorios. En el grupo convergen las voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, no siendo necesario que de manera posterior los miembros del grupo tenga que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo este conformado como tal. No constituye asociación ilícita el grupo de persona que se proyecta la ejecución reiterada de actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos que pongan en peligro o lesionen bienes jurídicamente protegidos en la Constitución de la República y en el Código Penal, es decir tenga la categoría de bien jurídico constitucional y que además este tutelado por el Código Penal, pudiendo ser conductas constitutivas de delito o de falta las que se proponga el grupo ilícito. •Requisito de Tiempo: Para efectos de hacer la distinción entre la coautoría (norma general) y el delito de asociación ilícito, se requiere que esa asociación de personas no sea accidental o momentánea como si ocurre con la coautoría, sino que sea de carácter permanente, es decir que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es acometer en contra de bienes jurídicos protegidos por tipificación penal (Al respecto ver Sentencia de 24 de Noviembre del 2005 en el Exp 058-2006 y Sentencia de 23 de Marzo del 2007, en Exp 079-2006); •Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos (es la punibilidad de un acto preparatorio: conspiración permanente); •Sujeto Pasivo: El Sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como Persona Jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir a todos los que conforman la sociedad hondureña; •Elementos Subjetivos del Tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, cual es la de cometer delitos de manera permanente (Al respecto ver Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005 en el Exp 058-2006); •Grados de Participación: En este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de co-autor, ya sea como jefe o cabecillas, y miembros del grupo: Son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo con concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o Jefes del grupo.- No acontece en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia; Ahora bien si se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (Ejem: robo, asesinato, tráfico de drogas), mas no como cómplice del delito de asociación ilícita. •Punibilidad: La pena abstracta se encuentra escalonada, partiendo de la pena base la que va en aumento conforme la concurrencia de circunstancias de hecho:Título de participaciónPena baseUso de personas menores de edad en la ejecución de delitosCuando el delito tenga como sujeto pasivo un servidor público enumerado en el párrafo terceroMiembro20 a 30 años de reclusiónMulta de L. 1000,000 a L. 300,000.00Aumento de 1/3 a la pena baseAumento de 1/3 a las penas anterioresCabecilla o directorMismas penas del sujeto miembro, más 2/3.Aumento de 1/3 a la pena baseAumento de 1/3 a las penas anterioresConforme los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal se identifican como sus características del Tipo Penal: 1) Según su Estructura: i) Tipo Penal Básico: Describe de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Simple: Describe un solo modelo de comportamiento, ´pues si bien se señalan dos verbos rectores, uno es consecuencia de otro: el actuar es derivación con el de asociarse, por lo que es este último el que marca la existencia del delito. 2) Según su Contenido: i) Tipo Penal de Mera Actividad: La descripción se agota con la acción de los sujetos activos de asociarse sin que se requiera la producción de un resultado en el mundo exterior que sea separable espacio-temporalmente (Al respecto ver Sentencia de fecha 08 de Septiembre del 2005 en el Exp 291-04 y Sentencia de fecha 17 de Octubre del 2007, en Exp 380-2006); ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: El comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua entretanto sea parte de la agrupación delictiva; iii) Tipo Penal de Acción: Requiere que el sujeto activo de manera consciente y voluntaria se adhiera al grupo delictivo, ergo no permite la comisión por omisión; iv) Tipo Penal Cerrado o Determinado: El tipo penal describe con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida se desprende con toda claridad del artículo 332 del Código Penal.- 3) Según el Sujeto Activo: i) Tipo Penal Plurisubjetivo: Exige la concurrencia de dos personas o más; ii) Tipo Penal Común: No requiere que los sujetos activos posean condiciones especiales. - 4) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Mono Ofensivos: Protege un único bien jurídico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal de Peligro Abstracto: Debido a que la conducta delictiva apenas alcanza a potenciar un peligro para el bien jurídico protegido.- En cuanto a ésta clasificación la Sala Penal señaló en sentencia de fecha 08 de Septiembre del 2005 en el Exp 291-04: “… es cierto que el delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, lo que implica no necesariamente la producción de un resultado, sino el peligro real y evidente del bien protegido…”. (Al respecto ver también las sentencias de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04, del 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 y del 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006). De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. En una buena técnica casacionista la recurrente ha señalado de forma puntual los vicios que encuentra en la relación fáctica declarada probada con el A-quo, la cual considera que no es reconciliable con la norma sustantiva utilizada por el Sentenciador para encuadrar el delito de asociación ilícita; para esta Sala de Casación, resulta necesario hacer una revisión exhaustiva de la fundamentación fáctica (hechos probados), para luego confrontarlo con el tipo penal utilizado y concluir si existe o no correspondencia entre ellos. El Tribunal de Sentencia declaró como probado lo siguiente: ““PRIMERO: Que a raíz de las constantes denuncias interpuestas por vecinos de la colonia Villeda Morales, en las que señalaban que un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de dicha colonia fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector. SEGUNDO: Que, en vista de lo anterior, agentes policiales de la Dirección Policial de Investigación realizaron un operativo en fecha 8 de febrero del 2018 en dicha colonia, efectuando un allanamiento en la casa de habitación de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. TERCERO: Que en esta misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 o 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir. Al hacer un análisis del cuadro fáctico, el cual es inalterable en casación, se da por acreditado que un grupo de jóvenes de la estructura pandilla 18 se paseaban de forma amenazante e intimidante con armas de grueso calibre; en este primer apartado esta Sala de lo Penal tiene varios señalamientos, en primer lugar no se establece a que grupo de jóvenes se refieren, es decir no se determina si dentro de ese grupo de jóvenes estaban los imputados Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora, pues recordemos que los hechos deben valerse por sí mismo no debemos caer en suposición o en la imaginación; en segundo término hace referencia a una “estructura pandilla 18” sin especificar a qué se dedica esa organización, si se reúnen con fines lícitos o ilícitos, tampoco afirma nada acerca de si las acciones se realizan en conjunto o de forma individual, es decir nada advierten si es o no una organización criminal, pues los hechos probados deben ser claros en la conformación de los elementos objetivos del tipo penal y hasta este momento los mismos son ausentes de ellos. En el segundo hecho probados el A-quo afirmó que las autoridades policiales practicaron un allanamiento a la vivienda de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora; este segundo bloque de sucesos, el Sentenciador da por probado que se realizó un allanamiento a la vivienda de la madre de uno de los imputados y en el dormitorio de esa casa se encontró a los acusados, sin dar mayores detalles de si los jóvenes estaban escondiendo o simplemente estaban dormidos, los hechos probados nada establecen acerca de la condición de los imputados como miembro o no de una organización criminal que se dedican a cometer ilícitos. Para esta Sala de lo Penal la recurrente tiene razón en todo su planteamiento, pues el cuadro fáctico que ha sido declarado como probado por el A-quo no se encuentran los elemento objetivos del tipo penal de asociación ilícita que lo constituye el hecho de asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos, tampoco refieren si los acusados tienen la calidad de cabecillas o simples miembros, precisamente para determinar su grado de responsabilidad penal; en cuanto al elemento subjetivo, es decir el dolo o la intencionalidad de querer pertenecer por voluntad propia a una organización criminal, tampoco los acontecimientos nos relaten acciones que nos lleven a dar por acreditado ese elemento. Ahora bien resulta necesario aclarar, que el delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, que no se requiere que los acusados sean encontrados en actividades ilícitas para considerar consumado el delito, pero si es indispensable que los elementos objetivos y subjetivos del artículo 332 del Código Penal derogado estén presentes; en el caso sometido a análisis los hechos declarados probados por el A-quo no encajan, no son armónicos con el tipo penal de asociación ilícita por el cual fueron condenados los acusados, por lo que este primer motivo de casación por infracción de ley debe ser declarado ha lugar y dictar la sentencia absolutoria que en derecho corresponde. Segundo Motivo •Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. •Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332A del Código Penal. •Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de almacenamiento de municiones prohibidas. •Reclamación ex-ante: el vicio denunciado se produjo en el acto de la sentencia definitiva, por lo que no se pudo reclamar de forma previa. •Pretensión: que se declare con lugar el recurso de casación y se dicte una nueva sentencia en la que se absuelva a los acusados. Considera la censora que al ceñirse a la lectura del hecho probado tercero no indica claridad ni permite deducir a quien le pertenece la conducta ilícita de haber encontrado dichas municiones, ya que utiliza la frase “se encontró” sin imputar con propiedad a quien se le encontró dicho objeto material del delito, ni que verbo rector se entiende de este, ya que no explica la causa del porqué debería de entenderse que dichas municione pertenecen al acusado. Del delito de Fabricación y Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones. Establece el artículo 332-A del Código Penal (Decreto 144-83). Fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público. I. Naturaleza jurídica del delito. Es un delito de peligro abstracto, ya que no requiere que se produzca un daño concreto, sino que basta con la mera posesión o almacenamiento de municiones prohibidas para que se configure la conducta típica, dado el riesgo que representa para la seguridad pública. Se trata de un delito de acción múltiple, pues comprende una serie de conductas prohibidas en relación con material bélico, armas y municiones. II. Bien jurídico protegido: La seguridad del Estado y la seguridad pública, especialmente el control estatal sobre armas y municiones de uso prohibido. Este tipo de delitos busca proteger bienes jurídicos asociados a: •Seguridad del Estado •Paz y orden público •Integridad colectiva de la ciudadanía III. Tipo Penal. Elementos Objetivos del Tipo. Son aquellos que describen externamente la conducta punible. IV. Sujeto activo •Es un delito común, por lo que puede ser cometido por cualquier persona. •No exige cualidad especial. •Persona física o jurídica no autorizada para realizar las conductas descritas en el tipo (civiles, miembros de organizaciones criminales, particulares, etc.). •No es un delito exclusivo de funcionarios; cualquier persona puede cometerlo si no cuenta con la autorización legal correspondiente. V. Sujeto pasivo •El Estado de Honduras, como garante de la seguridad pública. •De manera indirecta, la colectividad. VI. Conducta típica. Consiste en: Almacenar municiones prohibidas. El almacenamiento implica: •Guardar •Acopiar •Mantener bajo custodia •Conservar en depósito •No se exige que las municiones sean utilizadas; basta el almacenamiento. VII. Objeto material. El objeto material de la conducta comprende: •Armas •Municiones •Explosivos •Material de guerra o de combate •Incluidas expresamente las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, lo cual muestra la intención del legislador de abarcar armamento de alta peligrosidad y uso restringido. VIII. Resultado •No requiere resultado material. Es un delito de mera actividad, basta la realización de la conducta. IX. Verbos Rectores. El artículo tipifica diversas conductas mediante verbos claramente enumerados, los cuales no son meramente sinónimos, sino que abarcan distintas fases del manejo de materiales peligrosos: •Fabricar • Almacenar • Transportar •Usar •Traficar •Ingresar o sacar del país •Adquirir •Suministrar •Vender Estas acciones permiten que el tipo penal abarque desde la producción hasta la transferencia o comercio ilícito de armas, municiones y material de guerra. X. Elementos Subjetivos del Tipo. Este delito exige dolo directo o eventual: El agente debe tener la voluntad consciente de realizar la conducta prohibida y saber que no está autorizado para ello. No basta la ignorancia o confusión sobre la legalidad de la posesión o manejo de armas; se requiere que el sujeto comprenda la ilicitud de su acto. No se contempla la culpa (actos imprudentes), ya que las conductas gravitan en torno a la voluntad deliberada de actuar sin autorización. XI. Antijuridicidad. La conducta es antijurídica cuando no existe una causa de justificación. Puede haber excepciones cuando hay: •Autorización legal expresa •Permisos específicos otorgados por la autoridad competente •La existencia de una licencia o permiso legal para manufacturar o comercializar armas de fuego, municiones o material bélico excluye la antijuridicidad de la conducta. XII. Culpabilidad. El tipo penal requiere que el autor: •Sea imputable (capaz de entender y querer) •Actúe con dolo •Sea exigible la conducta conforme a la ley penal Si alguien actúa bajo coacción, error invencible o incapacidad mental, podría excluirse la culpabilidad conforme a las normas generales del Código Penal. XIII. Consumación. La consumación ocurre en el momento en que se realiza cualquiera de los actos descritos en el tipo penal sin autorización, independientemente de que se haya causado un daño concreto. Es decir: •Se consuma con el solo hecho de ejecutar las conductas descritas (fabricar, almacenar, etc.) sin permiso. •No requiere que las armas o materiales hayan sido usados para causar daño. XIV. Resultado jurídico y sanción. •Pena privativa de libertad: De 8 a 10 años de reclusión, lo que evidencia la gravedad del delito. •Multa: De L. 5 000 a L. 10 000 por cada arma incautada, lo que representa una sanción económica adicional. •Medidas accesorias: El material incautado debe ser puesto a disposición inmediata del Ministerio Público por la autoridad que lo decomise (Policía Nacional u otra autoridad competente). XV. Concurso con otros delitos. Puede haber concurso real con otros tipos penales, tales como: •Delitos de tenencia ilegal •Asociación ilícita armada •Terrorismo •Tráfico de drogas (si las armas se usan para estos fines) La agrupación de conductas hechas por un mismo sujeto puede llevar a pluralidad de delitos conexos o continuados. XVI. Aspectos probatorios. En un procedimiento penal, el órgano persecutor debe probar: •Que el objeto (armas, municiones o material de guerra) existe y es tal. •Que el sujeto no contaba con autorización legal. •Que el agente realizó alguna de las acciones (fabricar, almacenar, etc.). •Que sabía de la ilicitud de su conducta. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. En este segundo motivo de casación por infracción de ley, que fue presentado únicamente a favor de Brian Steven Cartagena, la recurrente utilizando una buena técnica recursiva, considera que el hecho tercero del cuadro fáctico no contiene los elementos objetivos del tipo penal de almacenamiento de municiones de uso prohibido, por lo que resulta necesario analizar el hecho tercero que contiene las acciones por la cual el acusado fue condenado por el delito de almacenamiento de municiones de uso prohibido; el A-quo estableció: “TERCERO: Que en esta misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 o 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir.” El tercer hecho probado revela que, en la habitación en la que fueron encontrados los acusados se hallaron municiones y alguna de ellas de uso prohibido para particulares; tal como lo ha establecido esta Tribunal de Casación, los hechos probados deben ser claros y terminantes, deben bastarse por sí mismos, de tal forma que el lector comprenda y entienda la dinámica de los hechos que se esta juzgando; en el caso de marras el Sentenciador no establece como verdad irrefutable que esos cartuchos sean propiedad del imputado Brian Steven Cartagena o de la misma dueña de la casa, pues en el cuadro fáctico no debe suponer situaciones que el mismo hecho no da por acreditados. Para esta Sala de lo Penal, los hechos probados también son ausentes de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal regulado en el artículo 332A del Código Penal, que como lo explicábamos párrafos arriba implica almacenar o guardar municiones de uso prohibidos, pero los hechos probados son ausentes al determinar si esas municiones fueron almacenadas o guardadas por el acusado Cartagena Calderon, en ese sentido tiene razón la recurrente al denunciar la violación por aplicación indebida del tipo penal de Almacenamiento de municiones de uso prohibido, pues el cuadro fáctico no encaja con la norma penal del artículo 332A del Código Penal decreto 144-83, por lo que es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación y dictar la sentencia absolutoria que en derecho corresponde. Esta Sala de lo Penal no procede a dar respuesta al recurso de casación por infracción de precepto constitucional, toda vez que han sido declarados ha lugar los dos motivos de casación por infracción de ley, con los efectos legales que corresponden. Efecto Extensivo En virtud del efecto extensivo del Recurso de Casación, regulado en el artículo 349 del Código Procesal Penal establece: “Cuando en un proceso participen varios imputados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos, favorecerá a los demás siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y le sea aplicables los mismos motivos alegados por éste.” En el caso subjudice el primer motivo de casación por infracción de ley el recurso presentado a favor de los acusados Brian Steven Cartagena Calderon y José Adán Rodriguez Rodríguez, beneficia igualmente a la también imputada Breslin Yulisa Pavón Zamora, pues se encuentran en la misma situación y condición jurídica y le es aplicable el mismo motivo de casación, por lo que, de forma extensiva se beneficia la acusada Pavón Zamora con el recurso presentado a favor de los otros procesados, teniendo el mismo beneficio y efectos jurídicos. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada de los acusados Brian Steven Cartagena Calderon y José Adán Rodriguez. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 332 y 332A del Código Penal decreto 144-83. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Jennifer Dariela Mejia Medina, en su condición de defensora privada de los señores Brian Steven Cartagena Calderon y José Adán Rodriguez Rodriguez, haciendo extensivo sus efectos a la imputada Breslin Yulisa Pavón Zamora. Segundo: Revoca la sentencia de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Tercero: Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: a) Absuelve de toda responsabilidad penal a los señores Brian Steven Cartagena Calderon, José Adán Rodriguez Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. b) Absuelve de toda responsabilidad penal al señor Brian Steven Cartagena Calderon, del delito de Almacenamiento de Municiones Prohibidas en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Diaz Flores. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada el trece de febrero de dos mil veintiseis, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-347-2021.Lety Emelda Posadas RodríguezReceptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-347-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 347-2021 por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante el cual falló; Primero: Condenó al señor Brian Steven Cartagena Calderón, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de veinte (20) años de reclusión; así como también se le condena por el delito de Almacenamiento de Municiones de Uso Prohibido o Militar, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión y una multa por la cantidad de cien mil lempiras (L. 100,000.00), junto con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Segundo: Condenó al señor José Adán Rodríguez Rodriguez, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de veintitrés (23) años de reclusión y una multa de ciento cincuenta mil lempiras (L. 150,000.00), junto con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Tercero: Condenó a la señora Breslin Yulisa Pavón Zamora, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de veinte años de reclusión y una multa de cien mil lempiras (L. 100,000.00), junto con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Cuarto: Decretó el comiso de la indumentaria militar tipo pantalón con letras que se leen small-short sin talla, sin marca, color verde, negro, café (moteado), una indumentaria militar tipo pantalón con letras que se lee trouser, army combat uniforme sin talla, sin marca, color verde, beige y gris (moteado); una indumentaria policial tipo fatiga sin marca, sin talla, color verde, negro, café (moteado) , una indumentaria militar tipo fatiga, sin marca, sin talla color verde negro, café, (moteado), una indumentaria militar tipo fatiga con letras que se lee línea coat mans field M-65, sin marca y sin talla, color verde, beige y gris (moteado); así como de 33 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir calibre desconocido y 27 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre desconocido de igual forma un teléfono celular marza ZTE, color negro pantalla quebrada en forma de telaraña, parte posterior se lee Cricket; un teléfono celular marca LG, color azul y negro, pantalla quebrada. Quinto: Declaró la responsabilidad civil de los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez Rodriguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. Sexto: No procedió la condena en costas procesales a los condenados. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Jennifer Dariela Mejía Medina, en su condición de Defensora Privada de los señores Brian Steven Cartagena Calderón y José Adán Rodríguez Rodríguez, como parte recurrente. Y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Que a raíz de las constantes denuncias interpuestas por vecinos de la colonia Villeda Morales, en las que señalaban que un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de dicha colonia fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector. SEGUNDO: Que, en vista de lo anterior, agentes policiales de la Dirección Policial de Investigación realizaron un operativo en fecha 8 de febrero del 2018 en dicha colonia, efectuando un allanamiento en la casa de habitación de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. TERCERO: Que en esta misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 o 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir”. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Jennifer Dariela Mejía Medina, en su condición de Defensora Privada de los señores Brian Steven Cartagena Calderón y José Adán Rodríguez Rodríguez, procedió a formalizar sus Recursos de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “DESARROLLO DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: CASACION POR INFRACCION DE LEY: Aplicación indebida del artículo 332 del Código penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 360 del Código Procesal Penal (CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Esta representación procesal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia, confrontándolo con la norma penal sustantiva y considera que en efecto estamos ante una aplicación indebida de precepto penal seleccionado por el Tribunal A-quo hacia mis representados. El delito vigente al momento de los hechos se lee de la siguiente manera: Asociación Ilícita. art. 332 del código penal: "Se sancionarán con la pena de veinte (20) años a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L 100,000.00) a (L 300,000.00) trescientos mil lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos (2) o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el Código penal...". Para desarrollar los principales argumentos sobre los que versará el presente recurso es necesario invocar el respeto irrestricto de los hechos probados o también conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados, que "implica una aceptación irrefutable de los hechos probados que constituyen el marco histórico que sirve de base a la sentencia, en consecuencia, el impugnante deviene obligado a aceptar tales hechos como verdades incuestionables", En este caso el Tribunal tiene terminantemente probado tres hechos que depararon en la condena ilegal de mis representados, los cuales transcribo a continuación: "PRIMERO: Que ha raíz de las constantes denuncias interpuestas por vecinos de la colonia Villeda Morales, en las que se señalaban que un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de dicha colonia fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector. SEGUNDO: Que, en vista de lo anterior, agentes policiales de la Dirección Policial de investigación realizaron un operativo en fecha 8 de febrero del 2018 en dicha colonia efectuando allanamiento a la casa de habitación de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. TERCERO: Que en esa misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 0 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir." Esta es la verdad indiscutible sobre la cual desarrollaremos nuestro primer motivo, y tomando como referencia antecedentes de la Sala de lo Penal donde ha manifestado en diversos pronunciamientos "que los hechos declarados probados conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que corresponde a los hechos declarados como probados, hechos y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida". Considera esta censora, que partiendo del marco histórico (los hechos declarados probados) no se subsumen en el tipo penal seleccionado por el Tribunal A-quo, contenido en el artículo 332 del Código Penal, en virtud de mostrarse irreconciliable los hechos probados con la norma sustantiva aplicada. Lo anterior atiende a que los hechos probados no describen a cabalidad los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asociación ilícita. En el primer hecho probado, el Tribunal de Sentencia señala que un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de la colonia Villeda Morales, fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector; es decir, que el sujeto activo identificado en el hecho primero no es atribuido a los acusados, sino que a terceros (grupo de jóvenes). Por otro lado se detecta que la configuración de este hecho no señala si el sujeto activo, indeterminado en este caso por hacer referencia únicamente a "un grupo de jóvenes", realiza el elemento subjetivo del delito aplicado, como p.ej, que se hubiesen asociado o haber actuado concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido por la Constitución o el Código penal, tampoco menciona que tuviesen conocimiento previo o simultaneo de ello o que tales acciones hayan sido realizadas con su conocimiento o con su consentimiento previo o simultaneo. Por otro lado, siempre dándole total certeza y tomando como irrefutables los hechos probados, lo único que prueba este hecho es la existencia de una denuncia de los vecinos. Una situación es la prueba de la denuncia que en efecto no negamos que existe y que en efecto eso es lo que describe el hecho probado, por otro lado muy diferente es que lo denunciado en esa denuncia se haya dado por probado (no se colige esa situación del texto del hecho probado), de hecho cuando el Tribunal empieza a redactar su hecho primero diciendo que a raíz de la denuncia de los vecinos es que se efectúa un allanamiento. Por tanto el hecho primero queda únicamente como contexto de una diligencia investigativa que se realiza posteriormente, que es el allanamiento. El hecho primero por sí solo no prueba absolutamente nada, únicamente que unos vecinos realizaron una denuncia, sin embargo tal situación es atípica a los efectos que aquí conciernen. En el segundo hecho probado se estima que producto de una denuncia de unos vecinos de la colonia Villeda Morales se realizó una diligencia investigativa que consistió en un allanamiento, leyéndose el hecho segundo de esta manera: Que, en vista de lo anterior, agentes policiales de la Dirección Policial de investigación realizaron un operativo en fecha 8 de febrero del 2018 en dicha colonia efectuando allanamiento a la casa de habitación de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. Sigue relatando el segundo hecho probado, que producto del allanamiento a la vivienda de la señora Karen Calderón, madre de unos de los acusados, se encontraron en uno de los dormitorios a los tres acusados, sin especificar la conducta delictiva de alguno de ellos, o lo antijurídico de esta conducta. Obsérvese honorables Magistrados que en lo que refiere a la asociación ilícita este hecho tampoco delinea los contornos sobre los cuales se pueda subsumir el tipo penal atribuido a mis representados. Aspecto que apuntala el hecho de que estamos ante una aplicación indebida del precepto penal seleccionado, y apreciando que el mismo es incompatible, irreconciliable y ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica de la sentencia impugnada. Por último, el tercer hecho probado establece: "Que en esa misma habitación (refiriéndose a una de las habitaciones allanada) se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 0 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir." Siguiendo a la coherencia esbozada hasta el momento este hecho tercero ni tiene por mínimo asomo una configuración típico penal referente al delito de asociación ilícita, su redacción y cauce se aleja de lo que podría configurar la conducta criminosa del delito de asociación ilícita. No se menciona ni un tan solo verbo rector el cual hayan realizado y del cual podría hacer acreedor a mis representados de la autoría de este tipo penal, por ende nopuede enmarcarse en el precepto penal aplicado por el Tribunal a-quo. En consecuencia LO QUE SE PRETENDE es que sea declarado con lugar el presente recursos de casación, se anule la sentencia anterior y se dicte una nueva absolviendo a mis representados del delito de asociación ilícita. Como el presente vicio denunciado en el desarrollo del presente motivo, se produjo en el acto de la sentencia definitiva, esa infracción, no pudo reclamarse de forma previa, como lo exige el Art. 363 del CPP. Continúa manifestando la recurrente Jennifer Dariela Mejia Medina en su recurso de casación por infracción de ley. SEGUNDO MOTIVO: CASACION POR INFRACCION DE LEY: aplicación indebida del artículo 332. A del Código penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 360 del Código Procesal Penal (CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Siguiendo la misma idea plasmada en el motivo anterior, se hará uso del principio de intangibilidad de los hechos probados para desarrollar a su vez este segundo motivo de casación. Los hechos probados que sirvieron para condenar a mi representado el señor BRIAN STEVEN CARTAGENA CALDERON, se transcriben a continuación: "PRIMERO: Que ha raíz de las constantes denuncias interpuestas por vecinos de la colonia Villeda Morales, en las que se señalaban que un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de dicha colonia fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector. SEGUNDO: Que, en vista de lo anterior, agentes policiales de la Dirección Policial de investigación realizaron un operativo en fecha 8 de febrero del 2018 en dicha colonia efectuando allanamiento a la casa de habitación de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. TERCERO: Que en esa misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 0 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir." En la anterior declaración de hechos probados se apreciala clara inocencia de mi representado, ya que la participación que se le atribuye en los hechos no configura el delito por el que se le condenó. En otras palabras, las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES PROHIBIDAS, no figuran en el marco histórico de los hechos probados de la sentencia. Para atribuirle responsabilidad penal a una persona, habrá de constatarse si ésta ha ejecutado acciones u omisiones que puedan subsumirse en un concreto tipo penal, a continuación, procedo a transmitir el análisis que ha efectuado esta censora para que sea revisado por vosotros Honorables Magistrados. La jurisprudencia en esta materia nos indica que para que no exista violación a norma penal de naturaleza sustantiva, por falta de aplicación o aplicación indebida, los hechos probados deben describir todas y cada una de las acciones típicas o conductas prohibidas por la norma penal sustantiva. Anteriormente se dijo que el hecho primero de la sentencia únicamente prueba una denuncia que hicieron los vecinos, hecho que se muestra ineficaz para configurar el delito 332. A del Código penal. Asimismo también se dijo que el hecho segundo prueba que se practicó una diligencia investigativa donde se encontraron a los acusados, hecho que por si solo tampoco puede configurar el delito 332.A del Código penal. Al ceñirse a la lectura del hecho probado tercer no indica con claridad ni permite deducir a quien le pertenece la conducta ilícita de haber encontrado dichas municiones, ya que utiliza la frase: "se encontró", sin imputar con propiedad a quien se le encontró dicho objeto material del delito, ni que verbo rector se entiende de este, ya que tampoco explica la causa del porqué debería de entenderse que dichas municiones le pertenecen o se le puedan atribuir a alguno de los acusados. El hecho tampoco manifiesta ninguno de los verbos rectores que configuran el tipo penal por cual fue condenado (almacenamiento de municiones prohibidas), asimismo omiten establecer si el acusado es una persona que está o no autorizado a fabricar, almacenar o distribuir material de guerra (ya que lo único que establece que dicho calibre no le son permitidos a los particulares). Para una mejor revisión del tipo penal me permito transcribir el tipo penal aplicado indebidamente a mi representado: La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (lps. 5, 000.00) a diez mil (Ips. 10, 000.00) lempiras por cada arma incautada. El Primer elemento es el objetivo, vale la pena mencionar, que viene determinado por el sujeto activo y la conducta criminosa, que atendiendo a la tipicidad del delito podrá serlo cualquier persona que no esté autorizada y que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47. De la redacción del hecho tercero y haciendo un esfuerzo enorme por identificar en que parte del mismo se podría identificar este primero elemento objetivo, se observa una total ausencia del mismo ya que únicamente menciona que "en esa misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 0 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir", sin especificar si los acusados son particulares o personas autorizadas a portar este tipo de armamento. En definitiva, LO QUE SE PRETENDE es que sea declarado con lugar el presente recursos de casación, se anule la sentencia anterior y se dicte una nueva absolviendo a mi representado del delito de almacenamiento de municiones prohibidas. Como el presente vicio denunciado en el desarrollo del presente motivo, se produjo en el acto de la sentencia definitiva, esa infracción, no pudo reclamarse de forma previa, como lo exige el Art. 363 del CPP. La recurrente Jennifer Dariela Mejia Medina expresó en su recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional. TERCERO MOTIVO: POR MOTIVO: INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Por vulneración del art. 99 de la Constitución de la República en relación con el art. 212 del Código procesal penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 361 del Código Procesal Penal (CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Constitución de la República en su art. 99 garantiza la inviolabilidad del domicilio, y asimismo establece los presupuestos que se tienen que cumplir para enervar esta garantía. Dentro de ellos se aprecia en su lectura que en defecto de resolución podrá ser allanado un domicilio en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o propiedad. Si apreciamos el alcance del legislador Constitucional, requiere en primer lugar una resolución judicial, evidentemente este aspecto no basta con el simple hecho de tenerla, pues el control jurisdiccional garantiza entrar a inspeccionar la motivación del Juez de Garantías con el objetivo de refrendar que dicha diligencia investigativa haya cumplido, efectivamente, con las exigencias procesales y constitucionales. En el presente caso, a pesar de que técnicamente se cumple con el hecho de tener convalidado el allanamiento, los hechos y las razones que supuestamente lo validan nunca fueron suficientes para legitimar dicha actuación investigativa. Puesto que en la audiencia de declaración de imputado la Juez en su resolución únicamente indica lo siguiente y cito literal: se tiene por convalidada el en base al artículo 122la allanamiento de morada que se hace los agentes de investigación a la vivienda donde estaban los encausados-. Tomando en cuenta que se trata de una garantía constitucional la que está detrás de todo allanamiento, el acto como tal tiene que reunir las razones de urgencia que animaron a los agentes a practicarlo, pero posteriormente tiene que adquirir la forma de auto donde se exprese con claridad la verificación de los presupuestos legitimadores para convalidar dicha actuación, aspecto que el Juez de Garantías no cumplió y por ende vuelve ilegal dicha diligencia investigativa, incumpliendo lo establecido en la Ley cuando refiere que -El Juez por auto motivado convalidará o anulará total o parcialmente lo actuado-. La motivación se entiende como el acto razonado de parte del Juez donde explica y transmite las ideas fácticas y jurídicas que dieron lugar a tomar la decisión que plasmó en su resolución, es una figura de carácter procesal que exige al Juez argumentar el porqué de su postura. Esto permite el control jurisdiccional para su posterior revisión y uso adecuado de los recursos. Cuando el Legislador procesal exige al Juez motivar sus resoluciones (en este caso como exigencia para convalidar un allanamiento) lo hace para preservar las garantías de la persona en el proceso, por ende que se le atribuya un rol de contralor donde tiene que reflejar-el alcance, extensión y profundidad de que han de estar dotados los razonamientos que sirven de sustento a la parte dispositiva de la resolución; siendo necesario que en éstos se tome en consideración y ofrezca respuesta puntual y cumplida a todos y cada uno de los extremos discutidos. Si seguimos desarrollando la idea que estoy hilando se puede concluir por diversas vías que la diligencia investigativa hoy cuestionada es totalmente ilegal, tanto así que en el debate de juicio oral y público, si analizamos la declaración testifical de CELEN MICAELA RODRIGUEZ, se hace patente que esta actuación nunca tuvo que haber sido convalidada, primero indica que el técnico encontró una arma, seguidamente en toda su declaración da a entender que es por que presenciaron una arma de grueso calibre a uno de los imputados que se dispusieron a practicar dicho allanamiento, sin embargo está probado mediante actas de decomisos que en ningún momento encontraron el arma que supuestamente da vida a este allanamientos. En consecuencia, solicito se revise dicha actuación procesal de parte del Juez de Garantías y se compare con la normativa constitucional vigente, se podrá observar que el mismo carece de legitimidad, que nunca existieron razones de urgencia para practicarlo y que la motivación a la que está obligado el Juez es casi nula o inexistente. En consecuencia LO QUE SE PRETENDE es declarar con lugar el presente recurso de casación en su motivo de infracción de precepto Constitucional y que se restituya inmediatamente las garantías Constitucionales de mis representados por habérseles condenado con una actuación investigativa que atenta contra sus derechos fundamentales. Se utiliza este precepto autorizante por considerar que engarza de la mejor manera con el presente caso.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizadapor el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Primer Motivo •Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. •Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332 del Código Penal. •Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de asociación ilícita. •Reclamación ex-ante: el vicio denunciado se produjo en el acto de la sentencia definitiva, por lo que no se pudo reclamar de forma previa. •Pretensión: que se declare con lugar el recurso de casación y se dicte una nueva sentencia en la que se absuelva a los acusados. Considera la censora que, partiendo del marco histórico (los hechos declarados probados) no se subsumen en el tipo penal seleccionado por el Tribunal A-quo, contenido en el artículo 332 del Código Penal, en virtud de mostrarse irreconciliable los hechos probados con la norma sustantiva aplicada. Lo anterior atiende a que los hechos probados no describen a cabalidad los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asociación ilícita. En el primer hecho probado, el Tribunal de Sentencia señaló que, un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de la colonia Villeda Morales fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector; es decir, que el sujeto activo identificado en el hecho primero no es atribuido a los acusados, sino que a terceros (grupo de jóvenes). Del Delito De Asociación Ilícita La génesis del tipo penal de asociación ilícita la encontramos en la Constitución de la República en su artículo 78, el cual garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otros, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no cause perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo cuerpo legal. El legislador hondureño ha determinado que la asociación de personas está proscrita cuando ésta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley, para ello a tipificado el delito de Asociación Ilícita en el artículo 332 del Código Penal establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L. 100, 000.00) a Trescientos Mil (L. 300, 000.00) lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos (2) o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el Código Penal. La misma pena establecida en el párrafo anterior aumentada en dos tercios (2/3) se impondrá a los jefes o cabecillas de los grupos descritos en dicho párrafo. Se considera jefe o cabecilla, aquéllos que sean reconocidos o identificados como tales, cuyas decisiones influyan en la planificación y acciones del grupo. La pena señalada en los párrafos anteriores se aumentará en un tercio (1/3) a los integrantes, jefes o cabecillas de estos grupos descritos en el párrafo primero de este Artículo, cuando para el logro de sus propósitos utilicen a personas menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas u otras personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. […] […] El tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos; base legal para declarar ilícito cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. El bien jurídico protegido es la seguridad interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad, paz y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional. Son los elementos objetivos del tipo penal: • Sujetos Activos: La conducta delictiva debe de ser realizada por dos o más personas; se trata de un delito que solo es posible ejecutar con la participación de varios sujetos activos, quienes conciertan para cometer actos reñidos con la ley. El conjunto de personas pueden constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. El tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares, por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El sujeto activo no necesariamente tendrá conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer en donde solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la membrecía. La membrecía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo (grupo preexistente) solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerara como “persona vinculada”, igualmente responsable del delito de asociación ilícita por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente con el fin de ejecutar delitos aun cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizado o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastara entonces que exista la agrupación como tal bajo un visión consensuada de cometer delitos; La Sala Penal en sentencia de fecha 17 de Octubre del 2007, en Exp 380-2006 señaló que: “… Por tratarse de un delito de peligro abstracto, no es necesario que el acusado haya sido encontrado en el acto mismo de la comisión de un delito, tampoco que al momento de su detención por la autoridad haya sido detenido en compañía de otros miembros de la organización ilícita. Basta en este tipo de casos, para aplicar la sanción penal, que la motivación y fundamentación fáctica y jurídica del A Quo haya sido lógica, suficiente y que de ella objetivamente el Juzgador haya derivado que el acusado es un miembro activo de una organización ilícita dedicada en forma permanente a delinquir, tal como ha sucedido en el presente caso…”. (En ese mismo sentido la sentencia de fecha 31 de Julio del 2007, en el Exp 193-2006). 0149 • Conducta Criminosa: El tipo penal en estudio tiene dos verbos rectores específicos: “asociarse” y “actuar”. El primero verbo rector como conducta consistente en que dos o más personas concierten la ejecución de actos delictivos, poniendo a disposición de los otros sus talentos y/o medios materiales; el segundo verbo rector es la realización de cualquier conducta consecuente a ese concierto, aun cuando se trate de actos preparatorios. En el grupo convergen las voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, no siendo necesario que de manera posterior los miembros del grupo tenga que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo este conformado como tal. No constituye asociación ilícita el grupo de persona que se proyecta la ejecución reiterada de actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos que pongan en peligro o lesionen bienes jurídicamente protegidos en la Constitución de la República y en el Código Penal, es decir tenga la categoría de bien jurídico constitucional y que además este tutelado por el Código Penal, pudiendo ser conductas constitutivas de delito o de falta las que se proponga el grupo ilícito. •Requisito de Tiempo: Para efectos de hacer la distinción entre la coautoría (norma general) y el delito de asociación ilícito, se requiere que esa asociación de personas no sea accidental o momentánea como si ocurre con la coautoría, sino que sea de carácter permanente, es decir que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es acometer en contra de bienes jurídicos protegidos por tipificación penal (Al respecto ver Sentencia de 24 de Noviembre del 2005 en el Exp 058-2006 y Sentencia de 23 de Marzo del 2007, en Exp 079-2006); •Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos (es la punibilidad de un acto preparatorio: conspiración permanente); •Sujeto Pasivo: El Sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como Persona Jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir a todos los que conforman la sociedad hondureña; •Elementos Subjetivos del Tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, cual es la de cometer delitos de manera permanente (Al respecto ver Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005 en el Exp 058-2006); •Grados de Participación: En este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de co-autor, ya sea como jefe o cabecillas, y miembros del grupo: Son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo con concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o Jefes del grupo.- No acontece en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia; Ahora bien si se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (Ejem: robo, asesinato, tráfico de drogas), mas no como cómplice del delito de asociación ilícita. •Punibilidad: La pena abstracta se encuentra escalonada, partiendo de la pena base la que va en aumento conforme la concurrencia de circunstancias de hecho:Título de participaciónPena baseUso de personas menores de edad en la ejecución de delitosCuando el delito tenga como sujeto pasivo un servidor público enumerado en el párrafo terceroMiembro20 a 30 años de reclusiónMulta de L. 1000,000 a L. 300,000.00Aumento de 1/3 a la pena baseAumento de 1/3 a las penas anterioresCabecilla o directorMismas penas del sujeto miembro, más 2/3.Aumento de 1/3 a la pena baseAumento de 1/3 a las penas anterioresConforme los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal se identifican como sus características del Tipo Penal: 1) Según su Estructura: i) Tipo Penal Básico: Describe de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Simple: Describe un solo modelo de comportamiento, ´pues si bien se señalan dos verbos rectores, uno es consecuencia de otro: el actuar es derivación con el de asociarse, por lo que es este último el que marca la existencia del delito. 2) Según su Contenido: i) Tipo Penal de Mera Actividad: La descripción se agota con la acción de los sujetos activos de asociarse sin que se requiera la producción de un resultado en el mundo exterior que sea separable espacio-temporalmente (Al respecto ver Sentencia de fecha 08 de Septiembre del 2005 en el Exp 291-04 y Sentencia de fecha 17 de Octubre del 2007, en Exp 380-2006); ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: El comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua entretanto sea parte de la agrupación delictiva; iii) Tipo Penal de Acción: Requiere que el sujeto activo de manera consciente y voluntaria se adhiera al grupo delictivo, ergo no permite la comisión por omisión; iv) Tipo Penal Cerrado o Determinado: El tipo penal describe con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida se desprende con toda claridad del artículo 332 del Código Penal.- 3) Según el Sujeto Activo: i) Tipo Penal Plurisubjetivo: Exige la concurrencia de dos personas o más; ii) Tipo Penal Común: No requiere que los sujetos activos posean condiciones especiales. - 4) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Mono Ofensivos: Protege un único bien jurídico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal de Peligro Abstracto: Debido a que la conducta delictiva apenas alcanza a potenciar un peligro para el bien jurídico protegido.- En cuanto a ésta clasificación la Sala Penal señaló en sentencia de fecha 08 de Septiembre del 2005 en el Exp 291-04: “… es cierto que el delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, lo que implica no necesariamente la producción de un resultado, sino el peligro real y evidente del bien protegido…”. (Al respecto ver también las sentencias de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04, del 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 y del 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006). De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. En una buena técnica casacionista la recurrente ha señalado de forma puntual los vicios que encuentra en la relación fáctica declarada probada con el A-quo, la cual considera que no es reconciliable con la norma sustantiva utilizada por el Sentenciador para encuadrar el delito de asociación ilícita; para esta Sala de Casación, resulta necesario hacer una revisión exhaustiva de la fundamentación fáctica (hechos probados), para luego confrontarlo con el tipo penal utilizado y concluir si existe o no correspondencia entre ellos. El Tribunal de Sentencia declaró como probado lo siguiente: ““PRIMERO: Que a raíz de las constantes denuncias interpuestas por vecinos de la colonia Villeda Morales, en las que señalaban que un grupo de jóvenes pertenecientes a la estructura de la pandilla 18 se paseaban constantemente por las calles de dicha colonia fuertemente armados con armas de grueso calibre, amenazando e intimidando a los pobladores de dicho sector. SEGUNDO: Que, en vista de lo anterior, agentes policiales de la Dirección Policial de Investigación realizaron un operativo en fecha 8 de febrero del 2018 en dicha colonia, efectuando un allanamiento en la casa de habitación de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora. TERCERO: Que en esta misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 o 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir. Al hacer un análisis del cuadro fáctico, el cual es inalterable en casación, se da por acreditado que un grupo de jóvenes de la estructura pandilla 18 se paseaban de forma amenazante e intimidante con armas de grueso calibre; en este primer apartado esta Sala de lo Penal tiene varios señalamientos, en primer lugar no se establece a que grupo de jóvenes se refieren, es decir no se determina si dentro de ese grupo de jóvenes estaban los imputados Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora, pues recordemos que los hechos deben valerse por sí mismo no debemos caer en suposición o en la imaginación; en segundo término hace referencia a una “estructura pandilla 18” sin especificar a qué se dedica esa organización, si se reúnen con fines lícitos o ilícitos, tampoco afirma nada acerca de si las acciones se realizan en conjunto o de forma individual, es decir nada advierten si es o no una organización criminal, pues los hechos probados deben ser claros en la conformación de los elementos objetivos del tipo penal y hasta este momento los mismos son ausentes de ellos. En el segundo hecho probados el A-quo afirmó que las autoridades policiales practicaron un allanamiento a la vivienda de la señora Karen Calderón, madre del señor Brian Steven Cartagena Calderón, encontrando en uno de los dormitorios a los señores Brian Steven Cartagena Calderón, José Adán Rodríguez Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora; este segundo bloque de sucesos, el Sentenciador da por probado que se realizó un allanamiento a la vivienda de la madre de uno de los imputados y en el dormitorio de esa casa se encontró a los acusados, sin dar mayores detalles de si los jóvenes estaban escondiendo o simplemente estaban dormidos, los hechos probados nada establecen acerca de la condición de los imputados como miembro o no de una organización criminal que se dedican a cometer ilícitos. Para esta Sala de lo Penal la recurrente tiene razón en todo su planteamiento, pues el cuadro fáctico que ha sido declarado como probado por el A-quo no se encuentran los elemento objetivos del tipo penal de asociación ilícita que lo constituye el hecho de asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos, tampoco refieren si los acusados tienen la calidad de cabecillas o simples miembros, precisamente para determinar su grado de responsabilidad penal; en cuanto al elemento subjetivo, es decir el dolo o la intencionalidad de querer pertenecer por voluntad propia a una organización criminal, tampoco los acontecimientos nos relaten acciones que nos lleven a dar por acreditado ese elemento. Ahora bien resulta necesario aclarar, que el delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, que no se requiere que los acusados sean encontrados en actividades ilícitas para considerar consumado el delito, pero si es indispensable que los elementos objetivos y subjetivos del artículo 332 del Código Penal derogado estén presentes; en el caso sometido a análisis los hechos declarados probados por el A-quo no encajan, no son armónicos con el tipo penal de asociación ilícita por el cual fueron condenados los acusados, por lo que este primer motivo de casación por infracción de ley debe ser declarado ha lugar y dictar la sentencia absolutoria que en derecho corresponde. Segundo Motivo •Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. •Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332A del Código Penal. •Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de almacenamiento de municiones prohibidas. •Reclamación ex-ante: el vicio denunciado se produjo en el acto de la sentencia definitiva, por lo que no se pudo reclamar de forma previa. •Pretensión: que se declare con lugar el recurso de casación y se dicte una nueva sentencia en la que se absuelva a los acusados. Considera la censora que al ceñirse a la lectura del hecho probado tercero no indica claridad ni permite deducir a quien le pertenece la conducta ilícita de haber encontrado dichas municiones, ya que utiliza la frase “se encontró” sin imputar con propiedad a quien se le encontró dicho objeto material del delito, ni que verbo rector se entiende de este, ya que no explica la causa del porqué debería de entenderse que dichas municione pertenecen al acusado. Del delito de Fabricación y Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones. Establece el artículo 332-A del Código Penal (Decreto 144-83). Fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público. I. Naturaleza jurídica del delito. Es un delito de peligro abstracto, ya que no requiere que se produzca un daño concreto, sino que basta con la mera posesión o almacenamiento de municiones prohibidas para que se configure la conducta típica, dado el riesgo que representa para la seguridad pública. Se trata de un delito de acción múltiple, pues comprende una serie de conductas prohibidas en relación con material bélico, armas y municiones. II. Bien jurídico protegido: La seguridad del Estado y la seguridad pública, especialmente el control estatal sobre armas y municiones de uso prohibido. Este tipo de delitos busca proteger bienes jurídicos asociados a: •Seguridad del Estado •Paz y orden público •Integridad colectiva de la ciudadanía III. Tipo Penal. Elementos Objetivos del Tipo. Son aquellos que describen externamente la conducta punible. IV. Sujeto activo •Es un delito común, por lo que puede ser cometido por cualquier persona. •No exige cualidad especial. •Persona física o jurídica no autorizada para realizar las conductas descritas en el tipo (civiles, miembros de organizaciones criminales, particulares, etc.). •No es un delito exclusivo de funcionarios; cualquier persona puede cometerlo si no cuenta con la autorización legal correspondiente. V. Sujeto pasivo •El Estado de Honduras, como garante de la seguridad pública. •De manera indirecta, la colectividad. VI. Conducta típica. Consiste en: Almacenar municiones prohibidas. El almacenamiento implica: •Guardar •Acopiar •Mantener bajo custodia •Conservar en depósito •No se exige que las municiones sean utilizadas; basta el almacenamiento. VII. Objeto material. El objeto material de la conducta comprende: •Armas •Municiones •Explosivos •Material de guerra o de combate •Incluidas expresamente las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, lo cual muestra la intención del legislador de abarcar armamento de alta peligrosidad y uso restringido. VIII. Resultado •No requiere resultado material. Es un delito de mera actividad, basta la realización de la conducta. IX. Verbos Rectores. El artículo tipifica diversas conductas mediante verbos claramente enumerados, los cuales no son meramente sinónimos, sino que abarcan distintas fases del manejo de materiales peligrosos: •Fabricar • Almacenar • Transportar •Usar •Traficar •Ingresar o sacar del país •Adquirir •Suministrar •Vender Estas acciones permiten que el tipo penal abarque desde la producción hasta la transferencia o comercio ilícito de armas, municiones y material de guerra. X. Elementos Subjetivos del Tipo. Este delito exige dolo directo o eventual: El agente debe tener la voluntad consciente de realizar la conducta prohibida y saber que no está autorizado para ello. No basta la ignorancia o confusión sobre la legalidad de la posesión o manejo de armas; se requiere que el sujeto comprenda la ilicitud de su acto. No se contempla la culpa (actos imprudentes), ya que las conductas gravitan en torno a la voluntad deliberada de actuar sin autorización. XI. Antijuridicidad. La conducta es antijurídica cuando no existe una causa de justificación. Puede haber excepciones cuando hay: •Autorización legal expresa •Permisos específicos otorgados por la autoridad competente •La existencia de una licencia o permiso legal para manufacturar o comercializar armas de fuego, municiones o material bélico excluye la antijuridicidad de la conducta. XII. Culpabilidad. El tipo penal requiere que el autor: •Sea imputable (capaz de entender y querer) •Actúe con dolo •Sea exigible la conducta conforme a la ley penal Si alguien actúa bajo coacción, error invencible o incapacidad mental, podría excluirse la culpabilidad conforme a las normas generales del Código Penal. XIII. Consumación. La consumación ocurre en el momento en que se realiza cualquiera de los actos descritos en el tipo penal sin autorización, independientemente de que se haya causado un daño concreto. Es decir: •Se consuma con el solo hecho de ejecutar las conductas descritas (fabricar, almacenar, etc.) sin permiso. •No requiere que las armas o materiales hayan sido usados para causar daño. XIV. Resultado jurídico y sanción. •Pena privativa de libertad: De 8 a 10 años de reclusión, lo que evidencia la gravedad del delito. •Multa: De L. 5 000 a L. 10 000 por cada arma incautada, lo que representa una sanción económica adicional. •Medidas accesorias: El material incautado debe ser puesto a disposición inmediata del Ministerio Público por la autoridad que lo decomise (Policía Nacional u otra autoridad competente). XV. Concurso con otros delitos. Puede haber concurso real con otros tipos penales, tales como: •Delitos de tenencia ilegal •Asociación ilícita armada •Terrorismo •Tráfico de drogas (si las armas se usan para estos fines) La agrupación de conductas hechas por un mismo sujeto puede llevar a pluralidad de delitos conexos o continuados. XVI. Aspectos probatorios. En un procedimiento penal, el órgano persecutor debe probar: •Que el objeto (armas, municiones o material de guerra) existe y es tal. •Que el sujeto no contaba con autorización legal. •Que el agente realizó alguna de las acciones (fabricar, almacenar, etc.). •Que sabía de la ilicitud de su conducta. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. En este segundo motivo de casación por infracción de ley, que fue presentado únicamente a favor de Brian Steven Cartagena, la recurrente utilizando una buena técnica recursiva, considera que el hecho tercero del cuadro fáctico no contiene los elementos objetivos del tipo penal de almacenamiento de municiones de uso prohibido, por lo que resulta necesario analizar el hecho tercero que contiene las acciones por la cual el acusado fue condenado por el delito de almacenamiento de municiones de uso prohibido; el A-quo estableció: “TERCERO: Que en esta misma habitación se encontró 21 cartuchos metálicos color amarillo sin percutir, calibre 5.56 o 2.23, los cuales no son permitidos a particulares; un cargador de metal color amarillo y 39 cartuchos metálicos sin percutir.” El tercer hecho probado revela que, en la habitación en la que fueron encontrados los acusados se hallaron municiones y alguna de ellas de uso prohibido para particulares; tal como lo ha establecido esta Tribunal de Casación, los hechos probados deben ser claros y terminantes, deben bastarse por sí mismos, de tal forma que el lector comprenda y entienda la dinámica de los hechos que se esta juzgando; en el caso de marras el Sentenciador no establece como verdad irrefutable que esos cartuchos sean propiedad del imputado Brian Steven Cartagena o de la misma dueña de la casa, pues en el cuadro fáctico no debe suponer situaciones que el mismo hecho no da por acreditados. Para esta Sala de lo Penal, los hechos probados también son ausentes de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal regulado en el artículo 332A del Código Penal, que como lo explicábamos párrafos arriba implica almacenar o guardar municiones de uso prohibidos, pero los hechos probados son ausentes al determinar si esas municiones fueron almacenadas o guardadas por el acusado Cartagena Calderon, en ese sentido tiene razón la recurrente al denunciar la violación por aplicación indebida del tipo penal de Almacenamiento de municiones de uso prohibido, pues el cuadro fáctico no encaja con la norma penal del artículo 332A del Código Penal decreto 144-83, por lo que es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación y dictar la sentencia absolutoria que en derecho corresponde. Esta Sala de lo Penal no procede a dar respuesta al recurso de casación por infracción de precepto constitucional, toda vez que han sido declarados ha lugar los dos motivos de casación por infracción de ley, con los efectos legales que corresponden. Efecto Extensivo En virtud del efecto extensivo del Recurso de Casación, regulado en el artículo 349 del Código Procesal Penal establece: “Cuando en un proceso participen varios imputados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos, favorecerá a los demás siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y le sea aplicables los mismos motivos alegados por éste.” En el caso subjudice el primer motivo de casación por infracción de ley el recurso presentado a favor de los acusados Brian Steven Cartagena Calderon y José Adán Rodriguez Rodríguez, beneficia igualmente a la también imputada Breslin Yulisa Pavón Zamora, pues se encuentran en la misma situación y condición jurídica y le es aplicable el mismo motivo de casación, por lo que, de forma extensiva se beneficia la acusada Pavón Zamora con el recurso presentado a favor de los otros procesados, teniendo el mismo beneficio y efectos jurídicos. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada de los acusados Brian Steven Cartagena Calderon y José Adán Rodriguez. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 332 y 332A del Código Penal decreto 144-83. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Jennifer Dariela Mejia Medina, en su condición de defensora privada de los señores Brian Steven Cartagena Calderon y José Adán Rodriguez Rodriguez, haciendo extensivo sus efectos a la imputada Breslin Yulisa Pavón Zamora. Segundo: Revoca la sentencia de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Tercero: Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: a) Absuelve de toda responsabilidad penal a los señores Brian Steven Cartagena Calderon, José Adán Rodriguez Rodríguez y Breslin Yulisa Pavón Zamora del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. b) Absuelve de toda responsabilidad penal al señor Brian Steven Cartagena Calderon, del delito de Almacenamiento de Municiones Prohibidas en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Diaz Flores. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada el trece de febrero de dos mil veintiseis, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-347-2021.

Lety Emelda Posadas Rodríguez

Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal”