Sentencia CP-338-21 — Registro 20381
Resumen
En primer instancia se absuelve al acusado por el delito de homicidio simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo. Debido al motivo presentado por la recurrente, resulta necesario que esta Sala de lo Penal haga una revisión del cuadro fáctico declarado como probado por el A-quo, el cual estableció: “PRIMERO: Como a eso de las dos de la tarde (2:00 p.m.) del cuatro (4) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en la Aldea San Isidro mal paso, del Municipio de Minas de Oro del Departamento de Comayagua, la Médico Forense Doctora MARINA MANUELA RAMOS COLINDRES practico levantamiento cadavérico del señor ABRAHAM SANTOS ORELLANA de 67 años de edad, con identidad número 0304-1951-00021, quien encontró cinco heridas producidas por arma de fuego localizadas en región de cabeza, abdomen, tórax, espalda y rozón en región de la mandíbula que le ocasionaron la muerte. SEGUNDO: en fecha once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020), en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán, se realizó dictamen de exhumación al cadáver de ABRAHAM SANTOS ORELLANA el cual fue practicado por la médico forense Doctora ANA FLORICEL MOLINA VELASQUEZ, quien encontró tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego localizadas en región del tórax, cuadrante superior izquierdo del abdomen y costado izquierdo del abdomen que le produjeron la muerte.” La recurrente considera que estos hechos probados no son claros ni pertinentes, aunque faltando a la debida técnica casacionista la censora no explicó de forma detallada y fundamentada por qué considera ese cuadro fáctico como falto de claridad y precisión, pues no basta denunciarlo, también se debe explicar y señalar cuáles son esas partes oscuras o ambiguas; para esta Sala de lo Penal el Juzgador ubica en tiempo, lugar y espacio al lector, señala a las personas que intervinieron y los resultados de los mismos; no encuentra ningún concepto jurídico oscuro que no permita entender los sucesos o algún dato confuso que no alcance a comprender la dinámica de los hechos. El Jurista Español José Maria Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos probados, considera que: “conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris” De lo que se puede concluir que la denuncia de una ausencia de claridad en el relato fáctico no son ciertas, pues debe tener su origen en la utilización de expresiones oscuras, equívocas o carentes de precisión conceptual, que dificulten o imposibiliten su adecuada comprensión, como en la concurrencia de omisiones relevantes que distorsionan su significado y despojan a la narración de un contenido fáctico concreto y ninguno de esos aspectos aparecen en los sucesos probados. Tal como lo establece la doctrina, la concurrencia de falta de claridad de los hechos probados se configura cuando de la exposición de los hechos resulta ininteligible como consecuencia de una defectuosa técnica de redacción, caracterizada por la ambigüedad, imprecisión u oscuridad del lenguaje empleado, así como cuando la omisión de los elementos esenciales o circunstancias determinantes impide reconstruir de manera lógica y coherente la realidad de lo acontecido. Pero en el caso sometido a análisis, los hechos probados no contienen esos elementos para considerarlos faltos de claridad y no ser pertinentes, por lo que el presente motivo de casación debe ser desestimado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 338-2021, que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian: En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 338-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante el cual falló; Primero: Absolvió, de toda responsabilidad penal a Heliodoro Donaire Caceres, por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de la vida de Abraham Santos Orellana del que venía siendo acusado. Segundo: Al tenor de lo anterior, el Tribunal ordenó: Revocar las medidas cautelares impuestas y se extiendan las cartas de libertad correspondientes. Tercero: No procedió condenar a Heliodoro Donaire Caceres, en costas procésales, personales, ni por los gastos ocasionados por el juicio; en este orden de ideas, menos que proceda declararle civilmente responsable. Cuarto: Ordenó devolver las piezas de convicción puestas a la orden de este tribunal, como ser cadena de metal y funda color negro para arma de fuego al almacén de evidencias del Ministerio Público, para que procedan conforme a derecho, una vez que adquiera firmeza la presente sentencia. Son Partes En La Única Instancia: La abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el abogado Jesús Ariel Rivera Soler, en su condición de defensor privado de Heliodoro Donaire Caceres, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Como a eso de las dos de la tarde (2:00 p.m.) del cuatro (4) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en la Aldea San Isidro mal paso, del Municipio de Minas de Oro del Departamento de Comayagua, la Médico Forense Doctora MARINA MANUELA RAMOS COLINDRES practico levantamiento cadavérico del señor ABRAHAM SANTOS ORELLANA de 67 años de edad, con identidad número 0304-1951-00021, quien encontró cinco heridas producidas por arma de fuego localizadas en región de cabeza, abdomen, tórax, espalda y rozón en región de la mandíbula que le ocasionaron la muerte. SEGUNDO: en fecha once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020), en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán, se realizó dictamen de exhumación al cadáver de ABRAHAM SANTOS ORELLANA el cual fue practicado por la médico forense Doctora ANA FLORICEL MOLINA VELASQUEZ, quien encontró tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego localizadas en región del tórax, cuadrante superior izquierdo del abdomen y costado izquierdo del abdomen que le produjeron la muerte.-” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Marbis Miranda, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica. Al hacer la valoración conjunta de la prueba el sentenciador no duda del contenido del acta de levantamiento de cadáver practicado por la perito Doctora Marina Manuela Ramos pues considera que las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima coinciden con las descritas en el acta de levantamiento practicado por el agente Sandy Carbajal, en ese mismo párrafo el tribunal señala que en la escena del crimen se recolectó una funda de arma de fuego misma que fue aportada al juicio pero no fue periciada, para el Juzgador era de extrema importancia practicar a dicha evidencia pericia dactiloscópica que le permitiera ubicar huellas dactilares y así enlazar de forma armoniosa al autor, en otro apartado de la valoración conjunta el sentenciador estima que no se demostró con documentación que el imputado Heliodoro Donaire era el propietario de la vivienda descrita en el acta de inspección, de igual forma estima que no se practicó pericia de dactiloscopia a la cadena de metal, pericia necesaria para ubicar huellas, por último en relación al testimonio del testigo protegido el juzgador duda de su credibilidad, pues a su criterio al no contar con la presencia de dicho testigo durante la reconstrucción de hechos, no fue posible establecer el lugar donde cayó el cuerpo, ni el ángulo o posición donde se encontraba el disparador. (Ver el apartado de Valoración Conjunta de la prueba, páginas 7 a 10 en la sentencia objeto de cuestionamiento,). En virtud de lo anterior, debemos señalar que las anteriores apreciaciones hechas por el Juzgador, las consideramos como una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de las pruebas aportadas, que no se puede vincular al acusado con el hecho criminal debido a la falta de pruebas. Si el Juzgador hubiera realizado una valoración observando las reglas de la sana Crítica, habría concluido en que el encausado si participó a título de autor en el hecho por el cual fue llevado a juicio, análisis al que concluimos por las razones siguientes: Consideramos que si el sentenciador hubiese hecho una correcta valoración de la prueba en conjunto, habría concluido que la misma se complementa entre síy es coherente en su contenido, si bien es cierto, el Juzgador señala que era necesario la comparecencia del testigo protegido con clave JX en la reconstrucción de los hechos, no compartimos esa motivación en vista de que al analizar lo dicho por el testigo, se confirma que se trata de un testigo presencial y su deposición además de coincidir, resulta concatenada y complementaria con el resto de la prueba; la misma es contundente en cuanto a indicar y señalar la responsabilidad del acusado, en este momento procedemos a puntualizar cuáles son esos aspectos relevantes: • El lugar donde ocurrió el hecho, indicando que fue en una de las calles de la aldea Mal Paso, el testigo afirma que la víctima y el hoy imputado discutían por una carretera que tenía puesta una cadena, estos hechos fueros corroborados con el acta de inspección donde se hace constar que en medio de la calle de acceso hay una cadena de metal. • La hora que señala el testigo es a la dos de la tarde y esto es corroborado con el acta de levantamiento de cadáver realizado por el Médico Forense Marina Manuela Ramos Colindres, quien señala que al momento de efectuar el reconocimiento Médico eran las 7:45 de la noche, indicando como Tanatocronodiagnostico de 5 a 7 a horas, coincidiendo con la hora de muerte del hoy occiso la cual fue a las dos de la tarde, de acuerdo a lo manifestado por el testigo presencial. • Las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima, el testigo protegido con clave JX manifestó que el imputado Heliodoro Donaire saco un revolver de su cintura y le disparó al hoy occiso Abraham Santos, su dicho fue corroborado con el acta de levantamiento de cadáver y con el dictamen de exhumación que dice que la víctima tenía varios disparos. • La dinámica de los hechos el testigo protegido también manifestó que al momento de suscitarse los hechos el hoy occiso iba montado en su caballo y quería pasar por ese lugar pero la cadena lo impedía, lo que provocó la discusión entre ambos, coincide con la reconstrucción, con el acta de levantamiento y con dictamen de exhumación, donde se hace constar que la trayectoria de los proyectiles es de abajo hacia arriba, determinándose que el plano de sustentación del disparador es inferior con relación al plano de sustentación del ofendido. En conclusión, la prueba de cargo ha sido contundente en demostrar los siguientes aspectos: 1. El Lugar y hora de la muerte (aledaña a la casa del imputado Heliodoro Donaire), a las dos de la tarde.2. La manera como se produjo la muerte y el arma utilizada (Homicidio, utilizando arma de fuego). 3. La posición de la víctima (Iba montando en su caballo) 4. La identificación precisa del autor del crimen (El acusado Heliodoro Donaire Cáceres) Acreditándose con todo lo anterior la responsabilidad del acusado como autor del delito de Homicidio en perjuicio de Abrahan Santos Orellana. El Tribunal señala que era necesario practicar pericia dactiloscópica tanto a la cadena de metal como a la funda de arma de fuego que fueron aportados como evidencia, consideramos que dicha pericia era innecesaria ya que ambos elementos fueron recolectados en las cercanías de la vivienda del hoy imputado, en la calle que da a la residencia donde estaba puesta la cadena y donde se encontró la funda, tal como lo demostró el acta de inspección y como lo manifestó el testigo, por ello no era necesario constatar mediante pericia quien había tocado esos indicios porque los mismos estaban en el lugar donde ocurrieron los hechos. Una valoración de la prueba en consonancia con las reglas de la sana crítica, hubiese llevado al sentenciador a concluir en la participación de Heliodoro Donaire Cáceres como autor responsable del hecho, pues la prueba debió valorarse de forma conjunta y siendo así, la conclusión a la que hubiese llegado el juzgador sería definitivamente opuesta, es decir, a su responsabilidad como autor directo de un delito de Homicidio Simple en perjuicio de Abrahan Santos Orellana. Respecto a lo anteriormente expuesto consideramos oportuno relacionar la Postura de la Sala Penal con respecto al análisis de la prueba en atención a las reglas de la sana crítica en la sentencia CP-04-2010 de fecha 16 de Agosto del 2012 en la cual se pronuncia en los siguientes términos: "Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga)." Igualmente cabe referir la sentencia CP-198-2008 de fecha 29 de Septiembre de 2009, en la cual la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la credibilidad de los testimonios y su valoración por el sentenciador, estimó lo siguiente: "Esta Sala de lo Penal, reconoce que la credibilidad se erige en problema fundamental y complejísimo en materia testifical, donde ha de determinarse por el Juez tanto la credibilidad general del testigo (o sea, si merece crédito en principio por sus condiciones morales e intelectuales) como la especial en el asunto de que se trate (o sea, si lo conoce y será sincero). En cuanto a la credibilidad general ha de precisarse en primer término, si existe, o no algunas de las causas generales que la supriman: la mitomanía o tendencia a mentir, la ausencia de lucidez mental, la falta de serenidad para declarar. En cuanto a la credibilidad especial, el juez ha de basarse en las reglas generales de la sana crítica, en los antecedentes del testigo y sobre todo, en la correlación de los testimonios con las demás pruebas". En consecuencia, no existe razón para dudar de la declaración vertida por el testigo protegido con clave JX; pues este no tiene motivo alguno para incriminar falsamente al acusado. La prueba de cargo evacuada en juicio nos conduce a tener por acreditada sin lugar a dudas la existencia del hecho, lo que no ha sido negado por el Juzgador, pero asimismo la participación del acusado como autor del mismo, tipificado como delito de HOMICIDIO SIMPLE. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que el testimonio es congruente, preciso y claro, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado sí ha perpetrado el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Critica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Continúa manifestando la recurrente: “SEGUNDO MOTIVO: "Falta de Claridad y Precisión del Hecho que el Tribunal estima probado." PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Norma Procesal Penal establece que los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; deben ser una descripción, donde el juzgador elabora un recuento cronológico, ordenado claro, preciso y terminante de lo que aconteció, recuento que es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; si bien es cierto, el redactor tiene libertad de estilo al momento de elaborar el hecho probado, lo que no debe de obviar es que el mismo debe determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, así como los hechos objeto del debate y el resultado del hecho. Es a partir de los hechos probados que los juzgadores deben determinar la norma legal aplicable al caso concreto, por lo que, la importancia radica precisamente en una correcta aplicabilidad de la norma, como la de determinación precisa, de allí la imperativa importancia de un hecho probado redactado en forma clara, precisa y terminante. El vicio consiste en que el Juzgador al momento de estructurar los hechos que estimo como probados en la sentencia cuestionada no lo realiza en una forma que demuestre tanto claridad como pertinencia. El hecho Probado es la columna vertebral de la sentencia penal por ello de la adecuada estructuración del mismo dependerá, la correcta aplicación del derecho sustantivo al caso sometido a Juicio. Al no determinar correctamente el hecho, se ocasionará una errónea aplicación del derecho. Respecto a lo anteriormente expuesto y con la finalidad de reforzar el argumento casacional, consideramos oportuno relacionar la postura de la sala penal, precisamente cuando se considera la presencia de este vicio al que hacemos alusión en el presente caso, la sentencia 269-2014 de fecha 18 de septiembre del 2018 que establece: "Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma, que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1)Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato; 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: "... la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión, supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho; b) Terminantes: Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como "posiblemente", "casi seguro" u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido..." Es importante puntualizar que el hecho probado debe estar redactado evitando términos ambiguos, oscuros incompletos o confusos que imposibiliten su comprensión y que no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Por tanto, el vicio consiste en que el juez Unipersonal al estructurar el hecho que estima probado no lo hace de forma clara, precisa y terminante, omitiendo de esta forma Normas procesales legalmente establecidas. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente los dos motivos de casación por Quebrantamiento de forma, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por la censora. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio denunciado en el acto mismo de sentenciar no ha podido efectuarse reclamación alguna. Pretensión: que se declare procedente el recurso y se ordene la devolución de los antecedentes. Explicó la recurrente que, si el Sentenciador hubiese hecho una correcta valoración de la prueba en conjunto, habría concluido que la misma se complementa entre sí y es coherente en su contenido, si bien es cierto, el Juzgador señaló como necesario la comparecencia del testigo protegido con clave JX en la reconstrucción de los hechos, no compartimos esa motivación en vista de que al analizar lo dicho por el testigo, se confirma que se trata de un testigo presencial y su deposición además de coincidir, resulta concatenada y complementaria con el resto de la prueba; la misma es contundente en cuanto a indicar y señalar la responsabilidad del acusado. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para esta Sala de lo Penal la recurrente no ha sido del todo certera al conformar y fundamentar su recurso de casación, pues en buena parte de su impugnación efectúa argumentos de instancias y procede a enlistar lo que ella denomina hechos relevantes de las pruebas, pretendiendo con ello que esta Sala realice una revaloración de los medios de prueba, lo cual de manera reiterada ya lo ha señalado este Tribunal no es permitido. Sin embargo en algunas partes de su recurso fue correcto su planteamiento y será a esos puntos que se dará respuesta. Cuestiona la censora que el Tribunal Sentenciador haya llegado a la conclusión de absolver al acusado por falta de pruebas, pues el Juzgador señaló como necesario la comparecencia del testigo protegido con clave JX en la reconstrucción de los hechos, pero la recurrente no comparte esa motivación en vista de que al analizar lo dicho por el testigo, se confirma que se trata de un testigo presencial y su deposición además de coincidir, resulta concatenada y complementaria con el resto de la prueba, y que la misma es contundente en cuanto a indicar y señalar la responsabilidad del acusado...” Considera necesario esta Sala de lo Penal insertar parte de la valoración probatoria del Juzgador y con ello determinar si se han aplicado de manera correcta o no las reglas del correcto pensamiento humano; el A-quo en el acápite “Valoración conjunta de la Prueba” expresó: “El perito balístico quien asistió a la escena para efectos de la reconstrucción de hechos fue claro y preciso en relación a los resultados obtenidos de los dictámenes de levantamiento de cadáver y dictamen de exhumación de cadáver, el perito da total credibilidad y certeza a los resultados obtenidos de las peritos Ana Floricel Molina y Maria Manuela Ramos, obvio son pericias científicas que resaltan la verdad real pues son resultados de lo que encuentran en el cadáver de la víctima; el dictamen de levantamiento de cadáver practicado por la doctora Marina Manuela Ramos en el lugar denominado aldea mal paso del Municipio de Minas de Oro del Departamento de Comayagua, indica que el cuerpo se encuentra sobre una cama de cabuyas, quien presenta cinco orificios de bordes regulares con anillo de contusión, enjugamiento y ahumamiento sin tatuaje localizado en cabeza, región parietal izquierda, abdomen región epigástrico, tórax anterior, región lumbar derecha y un rozón en región mandibular izquierda, como causa de muerte preliminar traumatismo encéfalo craneano abierto, instrumento utilizado arma de fuego; no tenemos duda del contenido del acta de levantamiento practicado por la perito, puesto que así se denota en la fotografías anexas en la cual se muestra el cadáver en una cama y con heridas en forma de orificios, tal como se indicó fueron provocadas por arma de fuego, esto se encuentra a folio 30 al 32 de la pieza de autos, mismas que se encuentran anexas al acta de levantamiento de cadáver de folio 28 al 29 de la misma pieza de autos, en ella se indica de una escena modificada, pues el cuerpo se encontraba en una vivienda con paredes repelladas de concreto sin pintar, las mismas lesiones se describen en el acta de levantamiento de cadáver practicado por el agente Sandy Carbajal siendo coherente con el dictamen preliminar de levantamiento de cadáver practicado por la doctora Marina Manuela Ramos, es importante denotar que en la escena se recolecto una funda de arma de fuego, misma que fue aportada a juicio pero no fue periciado y consideramos que hubiese sido de extrema importancia que a la misma se le hubiese practicado pericia dactiloscópica, es por ello que en el preámbulo del dictamen específicamente en la línea 9 describe dactiloscopia: No. Debiendo entender que obviamente la misma (prueba dactiloscópica) no se practicaría ese mismo día del levantamiento cadavérico, pero pudo haberse practicado posteriormente a este, esto hubiese permitido ubicar huellas dactilares, para poder enlazar de forma armoniosa al autor, no simplemente hacer conjeturas o suposiciones tal y como lo dijo el perito forense Julio Alvarado, quien de forma clara y reiterada indico de la falta de insumos provistos como material probatorio así como de una versión testifical como prueba anticipada, no le permitió resaltar datos que permitiesen esclarecer con claridad al autor, pues tal y como lo indico el mismo ante preguntas del fiscal quien declaro que no teniendo el caballo ni el largo del brazo del victimario y el terreno presentaba desnivel, en este caso hacemos referencia al testimonio, y en estas circunstancias si hay variación de elementos, por lo que es claro que pueden haber variación de resultados pero con lo que se le proveyó al laboratorio de balística en este caso específico solo se refirió en conclusión al respecto de lo que recibió, pero no podían asumir de que efectivamente hayan existido en el lugar de los hechos otros elementos ya que penosamente no se contó con la presencia del testigo que nos pudo haber ampliado, al haber mas elementos intervinientes en una escena pueden haber variación de resultados, sobre la posición del brazo del victimario no se puede determinar por suposiciones. Este relato fue extraído de la declaración del propio perito al momento del interrogatorio siendo su pericia un indicativo de la falta de prueba no provista en el proceso para sustentar una evidente participación del autor del hecho, pues al observar el relato anticipado en audiencia inicial del único testigo presencial protegido se denota lo escueto de su declaración a parte de ello no se extrae información suficiente por parte del ente fiscal durante el interrogatorio ante Juez de Letras, aparte de ello la ausencia de este testigo en la reconstrucción de hechos, esto hubiese permitido al perito Julio Alvarado saciar muchas interrogantes y así permitirle a estos juzgadores una verdadera convicción del verdadero autor del hecho; la reconstrucción de hechos fue practicada en el mismo lugar que se señaló en el acta de inspección ocular practicada en fecha 4 de diciembre del 2018, en horas de la noche 20:25 horas para ser exactos, esto fue en la Aldea San Isidro del mal paso del Municipio de Minas de Oro del Departamento de Comayagua, en la cual describe una calle de tierra con propiedad y cercos de alambre de púas en ambos lados, contrastando esta parte descrita en el acta con nuestra presencia en el lugar "Reconstrucción de hechos", la acta fue practicada el 4 de diciembre del 2018, el lugar es el mismo a nuestra llegada en noviembre del 2020, en el acta describen una vivienda repellada y pintada de color rosada propiedad de HELIODORO DONAIRE, a nuestra llegada no se observa el color que aduce el acta en la vivienda en la propiedad de lado derecho, tampoco se demostró con documentación u otro material probatorio que el señor HELIODORO DONAIRE es el propietario de dicha vivienda tal y como lo aduce la técnico de la investigación, en la acta también aduce haber observado la cadena de metal misma que fue aportada a juicio, pero que tampoco se le practico pericia de dactiloscopia, esto para que permitiese con prueba científica ubicar huellas y así reforzar la tesis del ente fiscal, y no simplemente dejarse guiar por el testimonio que no solo es escueto si no también simple y llano de una persona supuesto testigo protegido JX nominado como presencial de los hechos, misma que fue rendida en audiencia inicial, pues ante la poca información que este difundió en la audiencia referida fue imposible que el propio perito balístico pudiese relacionar dicho testimonio escrito-anticipado, con la dinámica de la escena y así poder apreciar en el lugar in- situ, y establecer preguntas de cómo pudo el victimario haber estirado el brazo totalmente, y si lo hizo en una complexión al cien por ciento, a su vez sí pudo haber inclinado a un ángulo de 90 de 45 por lo irregular del terreno; el mismo perito adujo en el contrainterrogatorio de parte que dado a que el testimonio, no nos ubica si es en una pendiente o si es en una parte donde está en una sustentación mayor o esta al mismo nivel del plano, por lo que el perito no pudo referirse al respecto, de hacerse lo contrario estaríamos hablando en base a suposiciones..." volviendo a reiteramos sobre la falta de prueba; el acta de levantamiento folio 33 al 35 de la primera pieza de autos, practicada por el agente de investigación Elan Perez concuerda con el dictamen de levantamiento de cadáver preliminar, y así es pues Elan Perez la nómina en el documento como médico forense a la doctora Marina Ramos, misma que hizo el dictamen preliminar de levantamiento de cadáver, ambos concuerdan que dicha diligencia fue practicada en una vivienda tal y como se mostró en las fotografías anexas; amen las cosas, es de amplio conocimiento que la prueba debe ser armónica en especial la prueba testifical de cargo la que debe conectarse con la prueba científica para ser investida como estatuto de verdad, y es el propio perito balístico quien analizo las acta de levantamiento de cadáver acompañada de la exhumación de cadáver en relación al testimonio único de cargo, y es este perito balístico adscrito al ministerio publico quien nos indicó que en base a la versión rendida por este testigo, en la que refirió en audiencia inicial de los 5 metros en relación a la distancia entre el ofendido con respecto al disparador, el perito manifestó que dicha versión es imposible desde el punto de vista balístico, ya que según explico los residuos de pólvora no pueden viajar más de 50 centímetros para armas cortas, esto según se entiende lo contrasto con los dictámenes médicos, pues adujo que las características en los exámenes médicos forenses no serían posibles para la distancia expresada por el testigo; reiterando el perito que al no contar con la presencia del testigo en la reconstrucción de hechos no le fue posible ampliar al respecto del lugar donde cayó el cuerpo así como del ángulo o posición que se encontraba el disparador; así las cosas este tribunal duda sobre credibilidad al testimonio del testigo protegido. Una vez analizada las valoraciones probatorias del Sentenciador, esta Sala de Casación encuentra que sus juicios de valor fueron conformados en respeto a las reglas del correcto pensamiento humano, pues ha establecido razonamientos lógicos, coherentes y derivados del material probatorio; el A-quo justifica en su fallo las razones de hecho y derecho que le llevaron a concluir en falta de prueba y por ende en una sentencia absolutoria, razones que son válidas y acordes a las reglas de la sana crítica. Afirma el Juzgador que se cuenta únicamente con la declaración de un testigo protegido que si bien fue incorporado por lectura la misma fue tomada de forma anticipada, pero su solo testimonio no permitió que el Tribunal Sentenciador alcanzara la certeza necesaria de la responsabilidad del imputado en los hechos sometidos a juicio, pues el resto de pruebas no constituye pruebas corroborativas de su declaración y eso lo hacen ver los peritos que se presentaron en la reconstrucción de hechos, pues la ausencia del testigo no permitió establecer la posición de los actores en los hechos, distancia y verificar con ello si el testigo protegido clave “JX” realmente observó los hechos, pero lastimosamente no se presentó a declarar al juicio ni tampoco a la reconstrucción, lo que no permitió corroborar su declaración. Esta Sala de lo Penal recuerda la posición jurisprudencial que ha asumido esta máximo Tribunal, al considerar que no es correcto emitir un fallo de condena con la declaración de un único testigo, sin tener otras pruebas que verifiquen su testimonio, que prácticamente son las mismas razones que expone el Sentenciador, quien señaló de forma categórica las falencias de la investigación al no practicar pruebas como las huellas dactilares que hubiesen permitido relacionar al acusado con la escena del crimen, pero ante la falta de esas pruebas, su única opción era el dictado de una sentencia absolutoria. Concluye esta Sala que los razonamientos judiciales fueron correctos, adecuados, coherentes y conformes a las reglas de la sana crítica por lo que este primer motivo debe ser desestimado. Segundo Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por la censora. Concepto de la infracción: falta de claridad y precisión de los hechos probados. Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio denunciado en el acto mismo de sentenciar no ha podido efectuarse reclamación alguna. Pretensión: que se declare procedente el recurso y se ordene la devolución de los antecedentes. Explicó la recurrente que el vicio consiste en que el Sentenciador al momento de estructurar los hechos que estimó como probados en la sentencia cuestionada, no lo realiza en una forma que demuestre tanto claridad como pertinencia. De los Hechos Probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que fueron debatidos; es una realidad existente que ha sido reconstruida por el juzgador. Como lo señala Murena (Murena, Maximiliano, en “Acerca de la Motivación de los Hechos en la Sentencia Penal”, contenido en La Sentencia Penal, Madrid 1002, pág. 133): es “el intento de determinación de los hechos probados del pasado, a través del análisis de hechos probatorios del presente”. Los hechos probados es una descripción, donde lo Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Los hechos probados, junto con la motivación probatoria y la motivación jurídica integran la “jugement motive” (sentencia motivada), garantía ante el arbitrio judicial; motivar una sentencia no solo es una manifestación de respeto ante el poder delegado de juzgar sino un instrumento contra su abuso. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. En los hechos probados el Juzgador deberá de evitar plasmar resultados aislados de prueba, mucho menos sus valoraciones, pues esto le atañe al apartado de valoración de la prueba, así pues el relato fáctico debe de ser neutral, ajeno de valoraciones, debe de ser una verdad cuya justificación no está en si misma, sino en el apartado donde se valore la prueba (descriptiva e intelectivamente). La significancia de los hechos declarados probados tiene especial trascendencia no solo respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado sino que además como base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva; así entonces dentro de la Sentencia los hechos probados cumplen dos funciones: 1. Función descriptiva: Fijar cuales fueron las conclusiones fácticas arribadas por el tribunal producto de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica; Es la reconstrucción del hecho histórico objeto de debate, cuyo esclarecimiento fue el propósito de la actividad probatoria; 2. Función justificativa: Es a partir de los hechos probados que los/as Juzgadores/as determinan la norma sustantiva aplicable al caso.- Su contenido, tomado como una verdad absoluta, autoriza a los Juzgadores a aplicar las normas sustantivas, y en su caso, a imponer las consecuencias que éstas prevén a las personas responsables del delito. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009); y a. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores deben de ser capaz de suministrar un relato neutro, con la debida distancia respecto del derecho sustantivo de eventual aplicación, evitando caer en el riesgo fácil de producir un caso; por tanto no deben los juzgadores hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El Código Procesal Penal prevé como defecto por quebrantamiento de forma una indebida construcción del relato fáctico, aglutinando en el artículo 362.1 los diferentes motivos oponibles al referirse: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. Es importante resaltar que este primer numeral recoge únicamente los defectos que pueden plantearse como motivos exclusivamente de los hechos declarados probados. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Debido al motivo presentado por la recurrente, resulta necesario que esta Sala de lo Penal haga una revisión del cuadro fáctico declarado como probado por el A-quo, el cual estableció: “PRIMERO: Como a eso de las dos de la tarde (2:00 p.m.) del cuatro (4) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en la Aldea San Isidro mal paso, del Municipio de Minas de Oro del Departamento de Comayagua, la Médico Forense Doctora MARINA MANUELA RAMOS COLINDRES practico levantamiento cadavérico del señor ABRAHAM SANTOS ORELLANA de 67 años de edad, con identidad número 0304-1951-00021, quien encontró cinco heridas producidas por arma de fuego localizadas en región de cabeza, abdomen, tórax, espalda y rozón en región de la mandíbula que le ocasionaron la muerte. SEGUNDO: en fecha once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020), en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán, se realizó dictamen de exhumación al cadáver de ABRAHAM SANTOS ORELLANA el cual fue practicado por la médico forense Doctora ANA FLORICEL MOLINA VELASQUEZ, quien encontró tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego localizadas en región del tórax, cuadrante superior izquierdo del abdomen y costado izquierdo del abdomen que le produjeron la muerte.” La recurrente considera que estos hechos probados no son claros ni pertinentes, aunque faltando a la debida técnica casacionista la censora no explicó de forma detallada y fundamentada por qué considera ese cuadro fáctico como falto de claridad y precisión, pues no basta denunciarlo, también se debe explicar y señalar cuáles son esas partes oscuras o ambiguas; para esta Sala de lo Penal el Juzgador ubica en tiempo, lugar y espacio al lector, señala a las personas que intervinieron y los resultados de los mismos; no encuentra ningún concepto jurídico oscuro que no permita entender los sucesos o algún dato confuso que no alcance a comprender la dinámica de los hechos. El Jurista Español José Maria Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos probados, considera que: “conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris” De lo que se puede concluir que la denuncia de una ausencia de claridad en el relato fáctico no son ciertas, pues debe tener su origen en la utilización de expresiones oscuras, equívocas o carentes de precisión conceptual, que dificulten o imposibiliten su adecuada comprensión, como en la concurrencia de omisiones relevantes que distorsionan su significado y despojan a la narración de un contenido fáctico concreto y ninguno de esos aspectos aparecen en los sucesos probados. Tal como lo establece la doctrina, la concurrencia de falta de claridad de los hechos probados se configura cuando de la exposición de los hechos resulta ininteligible como consecuencia de una defectuosa técnica de redacción, caracterizada por la ambigüedad, imprecisión u oscuridad del lenguaje empleado, así como cuando la omisión de los elementos esenciales o circunstancias determinantes impide reconstruir de manera lógica y coherente la realidad de lo acontecido. Pero en el caso sometido a análisis, los hechos probados no contienen esos elementos para considerarlos faltos de claridad y no ser pertinentes, por lo que el presente motivo de casación debe ser desestimado. Decisión Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuestos por la fiscal del Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 numeral 1 y 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuestos por la Abogada Marbis Miranda, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa en la que se absolvió del señor Heliodoro Donaire Caceres, por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de la vida de Abraham Santos Orellana. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – lety emelda posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve del mes de mayo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los trece días del mes de febrero de dos mil veintiséis, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-338-2021.
PIA CRISTINA MEJIA
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL