Sentencia CP-309-22 — Registro 20807
Resumen
El Tribunal de Sentencia falló en primera instancia condenando a los acusados por el delito de asesinato; posteriormente, la Sala de lo Penal declaró sin lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Violación al derecho de defensa y al Debido Proceso. interpuestos por los recurrentes 1, 2 Y 3. los motivos únicos presentados por los recurrentes 1, 2 y 3. no son de recibo. Esta Sala de lo Penal se pronuncia en forma conjunta respecto a los recursos de casación de Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por las defensas 1, 2 y 3, por tratarse del mismo motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, por violación del artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, en hechos y circunstancias idénticas, de la manera siguiente: Alegan las partes recurrentes 1, 2 y 3 que se da la convergencia de violación constitucional al Derecho de Defensa y al Derecho del Debido Proceso Judicial, estableciendo que el Tribunal de Sentencia ordena la introducción por medio de lectura, las declaraciones rendidas por los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, los que sirvieron de base para la emisión de la sentencia condenatoria, pero resulta del acumulado judicial se pudo constatar que los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, fueron propuestos en audiencia especial de Prueba Anticipada (f 86-89 del proceso), presentada con anterioridad a la Audiencia Inicial y solicitando protección conforme al art. 237.1,2,3 del Código Procesal Penal, dándole la palabra a la defensa pública no oponiéndose ni presentando ninguna objeción en cuanto a este medo de prueba, mismo que fue admitido por el Juzgado de Letras de turno Extraordinario de San Pedro Sula, departamento de Cortés, asignándoles respectivamente las claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, y juramentados en legal y debida forma, expusieron sobre los hechos sucedidos, mismo que fue sometido a interrogatorio por parte del fiscal del Ministerio Público, seguidamente la representación de la defensa pública tuvo la oportunidad de interrogarle, formulándole a cada uno un total de 3 preguntas. En cuanto a los testigos protegidos con clave “18-12-2018” y “18-12-2019”, del expediente judicial se pudo constatar que dichas declaraciones fueron corroboradas por el testigo de referencia Erick Josué Ortez Veliz, agente de investigación policial, quien compareció a rendir su declaración testifical en la Audiencia de Debate, y que las representaciones de las defensas públicas de los encausados, tuvieron en ambos casos, la oportunidad de interrogar a los testigos protegidos (F86 y 89) según consta de las actas de prueba anticipa, incorporadas mediante lectura a la Audiencia de Debate, por lo que con ello se descarta que exista la alegada violación al Derecho de Defensa por falta de contradicción en la práctica del medio de prueba; ello sumado a que previo a este momento procesal, las defensas públicas de los encausados han tenido la oportunidad de interrogar a los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, en las audiencia celebradas bajo la modalidad de Prueba Anticipada (F86 y 89), por lo que al momento del debate contaban con conocimiento previo del contenido de las declaraciones, pudiendo comparar sus dichos y confrontarlos en caso de contradicción. Respecto a la violación al derecho a un debido procesal judicial, es de considerar que el presente caso inició mediante la presentación de Requerimiento Fiscal en contra de los señores Rudy Acosta Rosales, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, por suponerlos responsables del delito de Asesinato y Asociación Ilícita en perjuicio de Elvin Omar López Montoya y la Seguridad Interior del Estado de Honduras; producto de tal acción penal, se desarrolló el proceso penal. Las Defensas Públicas de los encausados Rudy Acosta Rosales, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, no hicieron denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección a los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, siendo hasta presentar el Recurso de Casación el momento en que alegan que la medida de protección a los testigos les ha causado a sus representados la violación al debido proceso y al derecho de defensa, denuncia que no es atendible por las siguientes razones. Por forma: 1.- Siendo un defecto de forma, las partes recurrentes debieron haber señalado en sus escritos de interposición cuales fueron las impugnaciones y -entre éstas- los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora alegan en casación (Art. 363 tercer párrafo CPP); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque las partes recurrentes no realizaron impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; ii.- Las denuncias del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiendo sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde tuvieron la oportunidad de hacerlo (Art. 170 CPP); y Por fondo: i.- El argumento de las partes recurrentes es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues las Defensas Públicas de los encausados no se vieron limitadas en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo, siendo conforme al hecho declarado probado: “el señor Elvin Omar López Montoya, al regresar de su trabajo, dispuso sentarse en un pequeño muro ubicado frente a su casa de habitación, ubicado en la colonia Bordos del Pedregal de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, cuando fue sorprendido por seis personas entre ellos los acusados Rudy Acosta Rosales Peña, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, quienes lo sometieron sujetándolo de sus manos e infiriéndole varios disparos en partes vitales del cuerpo, que le ocasionaron la muerte de manera instantánea por traumatismo craneoencefálico abierto y laceración cerebral”, siendo víctima del delito de asesinato en su contra; ii.- Se incorporó por medio de lectura la declaración de los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, bajo la modalidad de prueba anticipada, relatos fueron concordantes entre sí, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación de los delitos y de vinculación de los acusados Rudy Acosta Rosales Peña, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez con estos hechos, como ser la declaración testifical del Agente de Investigación Erick Josué Ortez Veliz, quien tomó declaración al testigo protegido quien le manifestó la forma en que los acusados le quitaron la vida con arma de fuego a Elvin Omar López Montoya, constatando después en el Sistema CACMIS DIPOL que el testigo protegido reconoció a los acusados Rudy Acosta Rosales Peña, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, quienes se encuentran reseñados allí como miembros de la organización criminal denominada Pandilla 18; Dictamen de Autopsia A-SPS-2054-18, practicada al cadáver de Elvin Omar López Montoya, de fecha 18 de diciembre de 2018, evacuado mediante exhibición por la Dra. Karol Cordova Burgos, quien concluye que el señor Elvin Omar López Montoya, falleció de forma violenta al haber recibido cinco heridas por proyectil disparados por arma de fuego, siendo la causa de la muerte traumatismo cráneo encefálico abierto y laceración cerebral; Acta de Levantamientos de Cadáver de Elvin Omar López Montoya, y de recolección de indicios evacuado mediante exhibición elaborado por el Agente de Investigación Legnin Iglesias, quien reconoce el cadáver de Elvin Omar López Montoya, en posición decúbito dorsal quien presentaba cuatro orificios de bordes irregulares en el lado izquierdo de la cara, tres orificios de bordes irregulares en el lado derecho de la cara, un orificio de bordes irregulares en región occipital. Y al realizar la requisa se encontró como indicios dos balas deformadas de color gris, debajo del cuerpo del occiso; Informe Especial de Campo incorporado mediante exhibición elaborado por el Agente de Investigación Franklin Osmin López, el cual establece el lugar y los indicios encontrados mediante el álbum fotográfico que consta de 23 fotografías, que todos los medios de prueba, valorados en su conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, declaraciones de los testigos protegidos, que además de ser testigos presenciales fueron coincidentes entre sí y corroboradas con los demás medios de pruebas evacuados en juicio, estableciendo lugar, fecha, hora, la manera cómo sucedieron los hechos, y las personas que participaron en los mismos. Contrario a lo expuesto por los recurrentes, la Sala de lo Penal concluye que sí existió prueba cualitativamente suficiente para que el Tribunal Sentenciador, derivara la responsabilidad penal de los acusados Rudy Acosta Rosales Peña, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, por suponerlos responsable del delito asesinato, en perjuicio de Elvin Omar López Montoya, a partir de razonamientos probatorios debidamente motivados y respetuosos de la las Reglas de la Lógica y las Máximas de la Experiencia, por lo que se desestima el motivo único de casación de Infracción de Precepto Constitucional, de violación al Derecho de Defensa y Debido Proceso, interpuesto por los recurrentes 1, 2 y 3..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 309-2022, que literalmente dice:“ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha quince de junio del dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco, Mario Rolando Diaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-309-2022 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante el cual falló: PRIMERO: Condenó a Rudy Acosta Rosales, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, como autores responsables del delito de Asesinato, en perjuicio de Elvin Omar López Montoya, a la pena principal de veinte (20) años de prisión, la que deberá cumplir en el establecimiento penitenciario que corresponda conforme a la ley; que conlleva la suspensión, restricción y limitación de otras libertades conexas e inherentes al régimen de privación de la libertad, descontándose el tiempo que se ha encontrado privado de libertad por esta causa; más la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta, durante el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: Declaró a los condenados responsables civilmente. TERCERO: No Procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: No Procedió el comiso, al no haberse puesto ninguna evidencia a disposición del Tribunal. Son partes en única instancia: 1) El Abogado Mario Reniery Amador Espinal, en su condición de defensor público de Rudy Acosta Rosales Peña y Sergio David Coto Gonzales, como parte recurrente. 2) La Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensora pública de Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, como parte recurrente; 3)La Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Interponen Recurso de casación: 1) Por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo Único por Violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, la Abogada Fanny Isabel Paguada Antúnez, en su condición de defensora pública de Rudy Acosta Rosales Peña. Recurrente # 1. 2) Por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo único por Violación del Derecho de Defensa y Debido Proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, el Abogado Hans Linck Martínez, en su condición de defensor público de Nerlyn Editza Diaz Rodríguez. Recurrente # 2. 3) Por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo único por Violación del Derecho de Defensa y Debido Proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, la Abogada Norma Suyapa Dubón Bueso, en su condición de defensora pública de Sergio David Coto Gonzales. Recurrente # 3. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: El dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (18), a eso de las once de la noche, el señor ELVIN OMAR LOPEZ MONTOYA, al regresar de su trabajo, dispuso sentarse en un pequeño muro ubicado frente a su casa de habitación, ubicado en la colonia Bordos del Pedregal de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, cuando fue sorprendido por seis personas entre ellos los acusados RUDY ACOSTA ROSALES PEÑA, SERGIO DAVID COTO GONZALES Y NERLYN EDITZA DIAZ RODRIGUEZ, quienes lo sometieron sujetándolo de sus manos e infiriéndole varios disparos en partes vitales del cuerpo, que le ocasionaron la muerte de manera instantánea por TRAUMATISMO CRANEONCEFALICO ABIERTO Y LACERACION CEREBRAL.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente # 1, Abogada Fanny Isabel Paguada Antúnez, en su condición de defensora pública de Rudy Acosta Rosales Peña, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República (DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y al Código Procesal Penal; 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a Interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor RUDY ACOSTA ROSALES PEÑA por el delito de ASESINATO en perjuicio de ELVINE OMAR LOPEZ MONTOYA, infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le asisten al referido imputado por mandato constitucional, porque en la evacuación de pruebas decisivas de cargo no se observaron principios fundamentales de ineludible cumplimiento, aparte de que tales pruebas muestran insalvables inconsistencias que les niegan capacidad para sustentar un fallo de condena. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuaron, como pruebas decisivas de cargo, las declaraciones de los TESTIGOS PROTEGIDOS CLAVES "18-12-2018" у "18-12-2019", con las que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el señor RUDY ACOSTA ROSALES PEÑA, junto con otras personas, participó ejecutivamente en el ataque mortal con arma de fuego, que terminó con la vida del señor ELVIN OMAR LÓPEZ MONTOYA. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque en la evacuación de las pruebas testificales de cargo no fueron observados plenamente lo principios fundamentales de oralidad, publicidad, Inmediación y contradicción, además dichas pruebas muestran insalvables inconsistencias, sin embargo, el Juzgador se sirve de ellas para tener por acreditada la forma de cómo sucedieron los hechos y además para vincular al encausado RUDY ACOSTA ROSALES PEÑA como participe en los mismos, medio de prueba del cual el Juzgador asevera que: ambas declaraciones son consistentes en el núcleo de los hechos, las circunstancias en las que llegaron a la cese de habitación del fallecido y al concatenarios se infiere que RUDY ACOSTA ROSALES, en colaboración con otras personas, fueron quienes, usando armas de fuego, le dieron muerte al señor ELVIN OMAR LÓPEZ MONTOYA QUINTO: La anterior conclusión del Juzgador no tiene adecuado sustento, porque dichos testigos protegidos claves "18-12-2018" у "18-12-2019" пo fueron sometidos a un auténtico contra examen, en el que se respetaran los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, pues los decisivos testigos tratándose de protegidos (ocultos, con identidades reservadas y ausentes en audiencia de juicio oral), no fue posible ejercerles un verdadero examen respecto posibles causas espurias que pudieran motivar sus contradictorios e inverosímiles relatos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción el cual implica posibilidad del inculpado de examinarlos en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero el desconocimiento de las identidades de los decisivos testigos por parte del Imputado lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y del debido proceso. SEXTO: Es innegable que el ofrecimiento de testigos bajo la modalidad de protegidos es frecuentemente utilizada por parte del Ministerio Público y ello, consciente o no, causa un menoscabo de los derechos de defensa y del debido proceso de los imputados, pues el solo hechos de ocultar a los testigos de cargo crea en la conciencia del Juzgador la infundada creencia de estar ante criminales de alta peligrosidad con el consiguiente riesgo de sesgar su decisión y, por otra parte, limita el ejercicio de una auténtica defensa, como sucede en el caso de mérito en donde los testigos protegidos no comparecieron al juicio y su protección dificultó el ser citados e impidió que la defensa pudiera constatar las reales causas de su inasistencia, igualmente al momento en el que rindieron declaraciones, por esa misma condición de protegidos, tampoco fue posible inquirirles sobre contradicciones en sus relatos, como el inusual horario en el que laborarlan, ya que afirmaron que a esas horas de la media noche ellos regresaban de sus trabajos, la increíble capacidad para ver los hechos investigados y reconocer a los intervinientes lo que resulta poco creíble si se toma en cuenta la hora de ocurrencia (media noche), la acreditada ausencia de alumbrado público y una escasa claridad procedente del alumbrado domiciliario. Por otra parte, es cierto que la defensa del señor RUDY ACOSTA ROSALES PEÑA no se opuso a la incorporación por lectura de las declaraciones de los testigos de cargo, pero ello no significa un consentimiento a la inobservancia de los principios fundamentales en la evacuación de las declaraciones de los testigos de cargo, tampoco aprueba el valor probatorio otorgado por el Tribunal a dichos medios de prueba, pues las señaladas inconsistencias en sus relatos vuelven poco creíbles las declaraciones de los testigos de cargo e insuficientes para sustentar un fallo de condena, deficiencias que oportunamente fueron señaladas por todas las defensas acreditadas en juicio, sin embargo, el Juzgador hizo caso omiso a los fundados reproches manifestados. SÉPTIMO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta derechos fundamentales del señor RUDY ACOSTA ROSALES PEÑA, porque lo declarado probado, en el fallo impugnado, está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de oralidad (los testigos protegidos no comparecieron a juicio); publicidad (no se conocía la identidad de los decisivos testigos); inmediación (prueba evacuada por órgano distinto) y contradicción (imposibilidad de contrainterrogatorio respecto a posibles causas espurias en la motivación de sus dichos), infringiendo los derechos de defensa y al debido proceso del referido imputado, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena son las declaraciones de los TESTIGOS PROTEGIDOS CLAVES "18-12-2018" у "18-12-2019" (ocultos y con identidades reservadas), mismas que además no cuentan con corroboradores periféricos objetivos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. Sobre este particular la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: "Le preocupa a la Sala de lo Penal la ausencia cada vez más marcada de pruebe científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... La ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna...Insiste esta Sala de la Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba.-Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio de prueba, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de hechos; por ello, la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible", el motivo de preocupación de la Sala Penal se agrava, de manera superlativa, tratándose de testigos protegidos y no presentes en juicio, como sucede en el presente caso. OCTAVO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: "Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrarlo, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución...b)..., la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista... estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el "testigo protegido Nº ("), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenfen un conocimiento indirecto... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao "...este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la Identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicha de él a ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios. NOVENO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el procesa penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de las imputados. En el caso de mérito, al igual que en el del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor RUDY ACOSTA ROSALES PEÑA, porque a él se le condenó con base en la declaraciones de TESTIGOS PROTEGIDOS (ocultos y con identidades reservadas) frente a quienes, por esa condición de protegidos la defensa no tuvo la oportunidad de realizarles un verdadero contra examen y, si bien es cierto, en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al señor RUDY ACOSTA ROSALES PEÑA, aparte del testigo Erick Josué Ortez, pero éste es un innecesario testigo de referencia que repite lo que en sede policial supuestamente le habría confiado el Testigo Protegido 18-12-2019, pero a este se le tomó su declaración en sede judicial por lo que la referencia del testigo Ortez no constituye una prueba distinta sino una mera repetición de la declaración del Testigo Protegido; por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del imputado que represento.” El recurrente # 2, Abogado Hans Linck Martínez, en su condición de defensor público de Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República: 14 N. 3e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politices: 8 N.2 f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPLICACION DEL MOTIVO. PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1- El derecho de defensa es inviolable; 2 Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internaciones de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal penal, 3- Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho en plena igualdad a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del imputado por el delito de ASESINATO en perjuicio de ELVIN OMAR LOPEZ MONTOYA, infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le asisten al referido imputado por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se incorporo por lectura, como prueba decisiva de carga, las declaraciones de los testigos protegidos 18-12-2018 Y 18-12-2019, rendidas en audiencias previas, de las que el Juzgador decisivamente se sirve para declarar terminantemente acreditado que el imputado participo ejecutivamente en los hechos que terminaron con la vida del señor ELVIN OMAR LOPEZ MONΤΟΥΑ. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque esa prueba en la que se apoyan los hechos antes referidos no es suficientemente apta para acreditarlos ya que la misma está constituida, decisivamente, por las declaraciones de unos TESTIGOS PROTEGIDOS, de lo que el Tribunal de juicio se sirve para da por acreditada la forma como sucedieron los hechos y además para vincular a mi representado como participe en los mismos, medios de prueba que los Juzgadores afirman que: El señor Elvin Omar López Montoya, al regresar de su trabajo dispuso sentarse en un pequeño muro ubicado frente a su casa de habitación, ubicado en la colonia Bordos del Pedregal de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, cuando fue sorprendido por seis personas entre ellos los acusados....... ....., NERLYN EDITZA DIAZ RODRIGUEZ, quienes lo sometieron sujetándolo de sus manos e infiriéndoles varios disparos en partes vitales del cuerpo, que le ocasionaron la muerte de manera instantánea por traumatismo craneoencefálico abierto y laceración cerebral. QUINTO: La conclusión de los Juzgadores no tiene adecuado sustento, porque dichos testigos no fueron sometidos a un auténtico contra examen, en el que se respetasen los principios de oralidad, publicidad e inmediación, pues los decisivos testigos no comparecieron a juicio, y los alcances probatorios que les otorga evidentemente son violatorios de los derechos de los imputados, pues era de vital importancia para la defensa de nuestros representados la presencia de los testigos de cargo, para interrogarlos sobre el verdadero conocimiento de los hechos, las posibles causas espurias que pudieran motivar sus declaraciones, pero su inasistencia impidió ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica, la posibilidad del inculpado de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero la no comparecencia a juicio y el desconocimiento de la identidad de los decisivos testigos por parte de los imputados los dejo, a él y a su defensa en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y del debido proceso. SEXTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena de los Juzgadores, apoyada en declaraciones de testigos protegidos que además no comparecieron al juicio, oral y público quebranta los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso de los que legalmente gozan mis representados, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba cuya evacuación no se observaron plenamente los principios de oralidad (introducción por lectura de las cuestionadas declaraciones) publicidad (no comparecieron a juicio los decisivos testigos) y contradicción (imposibilidad de contrainterrogatorio), infringiendo los derechos de defensa y al debido proceso de los referidos imputados, ya que como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena son las declaraciones de los testigos protegidos antes mencionados(testigos ocultos con identidades reservadas y rendidas en audiencias previas), mismas que no cuenta con corroboradores objetivos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar válidamente un fallo de condena. Pues si bien se hacen referencia a otros medios de prueba, estos por si solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que otro testigo que rindió testimonio solo tenía conocimiento referencial.” La recurrente # 3, Abogada Norma Suyapa Dubón Bueso, en su condición de defensora pública de Sergio David Coto Gonzales, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República (DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor SERGIO DAVID COTO GONZALES por el delito de ASESINATO en perjuicio de ELVIN OMAR LÓPEZ MONTOYA, infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le asisten al referido imputado por mandato constitucional, porque en la evacuación de pruebas decisivas de cargo no se observaron principios fundamentales de ineludible cumplimiento, aparte de que tales pruebas muestran insalvables inconsistencias que les niegan capacidad para sustentar un fallo de condena. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuaron, como pruebas decisivas de cargo, las declaraciones de los TESTIGOS PROTEGIDOS CLAVES "18-12-2018" у "18-12-2019", con las que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el señor SERGIO DAVID COTO GONZALES, junto con otras persones, participó ejecutivamente en el ataque mortal con arma de fuego, que terminó con la vida del señor ELVIN OMAR LÓPEZ MONTOYA CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque en la evacuación de las pruebas testificales de cargo no fueron observados plenamente lo principios fundamentales de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, además dichas pruebas muestran insalvables inconsistencias, sin embargo, el Juzgador se sirve de ellas para tener por acreditada la forma de cómo sucedieron los hechos y además para vincular al encausado SERGIO DAVID COTO GONZALES como partícipe en los mismos, medio de prueba del cual el Juzgador asevera que: ambas declaraciones son consistentes en el núcleo de los hechos, las circunstancias en las que llegaron a la casa de habitación del fallecido y al concatenarlos se infiere que SERGIO DAVID COTO GONZALES, en colaboración con otras personas, fueron quienes, usando armas de fuego, le dieron muerte al señor ELVIN OMAR LÓPEZ MONTOYA. QUINTO: La anterior conclusión del Juzgador no tiene adecuado sustento, porque dichos testigos protegidos claves "18-12-2018" у "18-12-2019" no fueron sometidos a un auténtico contra examen, en el que se respetaran los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, pues los decisivos testigos tratándose de protegidos (ocultos, con Identidades reservadas y ausentes en audiencia de juicio orai), no fue posible ejercerles un verdadero examen respecto posibles causas espurias que pudieran motivar sus contradictorios e inverosímiles relatos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción el cual implica la posibilidad del inculpado de examinarlos en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero el desconocimiento de las identidades de los decisivos testigos por parte del imputado lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y del debido proceso. SEXTO: Es innegable que el ofrecimiento de testigos bajo la modalidad de protegidos es frecuentemente utilizada por parte del Ministerio Público y ello, consciente o no, causa un menoscabo de los derechos de defensa y del debido proceso de los imputados, pues el solo hechos de ocultar a los testigos de cargo crea en la conciencia del Juzgador la infundada percepción de estar ante criminales de alta peligrosidad con el consiguiente riesgo de sesgar su decisión y, por otra parte, limita el ejercicio de una auténtica defensa, como sucede en el caso de mérito en donde los testigos protegidos no comparecieron al juicio y su protección dificultó el ser citados e impidió que la defensa pudiera constatar las reales causas de su inasistencia, igualmente al momento en el que rindieron declaraciones, por esa misma condición de protegidos, tampoco fue posible inquirirles sobre contradicciones en sus relatos, como el inusual horario en el que iaborarían, ya que afirmaron que a esas horas de la media noche ellos regresaban de sus trabajos, la capacidad para ver los hechos investigados y reconocer a los intervinientes lo que resulta poco creíble si se toma en cuenta la hora de ocurrencia (media noche), la acreditada ausencia de alumbrado público y una escasa claridad procedente del alumbrado domiciliario. Por otra parte, es cierto que la defensa del señor SERGIO DAVID COTO GONZALES no se opuso a la incorporación por lectura de las declaraciones de los testigos de cargo, pero ello no significa un consentimiento a la inobservancia de los principios fundamentales en la evacuación de las declaraciones de los testigos de cargo, tampoco aprueba el valor probatorio otorgado por el Tribunal a dichos medios de prueba, pues las señaladas inconsistencias en sus relatos vuelven poco creíbles las declaraciones de los testigos de cargo e insuficientes para sustentar un fallo de condena, deficiencias que oportunamente fueron señaladas por todas las defensas acreditadas en juicio, sin embargo, el Juzgador hizo caso omiso a los fundados reproches manifestados. SÉPTIMO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta derechos fundamentales del señor SERGIO DAVID COTO GONZALES, porque lo declarado probado, en el fallo impugnado, está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de oralidad (los testigos protegidos no comparecieron a juicio); publicidad (no se conocía la identidad de los decisivos testigos); inmediación (prueba evacuada por órgano distinto) y contradicción (imposibilidad de contrainterrogatorio respecto a posibles causas espurias en la motivación de sus dichos), infringiendo los derechos de defensa y al debido proceso del referido imputado, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena son las declaraciones de los TESTIGOS PROTEGIDOS CLAVES "18-12-2018" y "18-12-2019" (ocultos y con identidades reservadas), mismas que además no cuentan con corroboradores periféricos objetivos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. Sobre este particular la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: "Le preocupa a la Sala de lo Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... La ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna...Insiste esta Sale de lo Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que les éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba.-Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un media de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio de prueba, abatible por subjetividades derivadas de Impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de hechos; pur ello, la suficiencia probatoria ha de ser avaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogisma categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible” el motivo de preocupación de la Sala Penal se agrava, de manera superlativa, tratándose de testigos protegidos y no presentes en juicio, como sucede en el presente caso. OCTAVO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de Identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: "Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un media probatorio que fue obtenida en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución...b)..., la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista... estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el "testigo protegido Nº 1"), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonia solo tenían un conacimienta indirecta... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó váor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao "...este Tribunal considere que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca le identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él a ella no es confiable, es hestil a se encuentra viciado de prejuicios NOVENO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor SERGIO DAVID COTO GONZALES, porque a él se le condenó con base en declaraciones de TESTIGOS PROTEGIDOS (ocultos y con identidades reservadas) frente a quienes, por esa condición de protegidos la defensa no tuvo la oportunidad de realizarles un verdadero contra examen y, si bien es cierto, en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al señor SERGIO DAVID COTO GONZALES, aparte del testigo Erick Josué Ortez, pero éste es un innecesario testigo de referencia que repite lo que en sede policial supuestamente le habría confiado el Testigo Protegido 18-12-2019, pero a éste se le tomó su declaración en sede judicial por lo que la referencia del testigo Ortez no constituye una prueba distinta sino una mera repetición de la declaración del Testigo Protegido: por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del imputado que represento.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurrente # 1 Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. interpuesto por la abogada Fanny Isabel Paguada Antúnez, en su condición de defensora pública del señor Rudy Acosta Rosales Peña. único motivo. Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Arts. 82 y 90 en relación con el art. 16, todos de la Constitución de la República; Art.14.3 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Político; Art. 8.2 f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, Art. 1 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación al derecho fundamental de defensa; Violación al derecho fundamental a un debido proceso. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Que se absuelva a los imputados. La recurrente señala que la sentencia que se impugna ha quebrantado dos derechos fundamentales: el Derecho de Defensa y el Derecho al Debido Proceso Legal Judicial (art.82 y art.90, ambos de la Constitución de la República). Explica la impetrante que ha motivado el recurso de casación ya que, en la sentencia se ha pronunciado la culpabilidad en contra del acusado Rudy Acosta Rosales Peña, por suponerlo responsable del delito asesinato en perjuicio de Elvin Omar López Montoya, infringiendo derechos fundamentales. El vició se produce, porque los hechos en que se funda la declaración de responsabilidad está definida en las declaraciones de los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, las que fueron incorporadas mediante lectura autorizada, impidiendo el ejercicio del derecho de los acusados de poder examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, y con ello dándose la violación a los principios procesales de Oralidad, Publicidad y Contradicción, en suma violando el Derecho de Defensa y el Debido Proceso. Agrega que la condición de testigo protegido del deponente, no dio la oportunidad de que la defensa técnica realizara un verdadero contra examen. Para la recurrente, la condena del acusado bajo la fundamentación hecha por el Tribunal de Sentencia es contraria a lo señalado por la sentencia de Casación Penal SP 036-2014, 25 de septiembre de 2017 y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso de el señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao (caso Norin Catriman y otros vs. Chile, de fecha 29 de mayo de 2014). Del Testigo Protegido A.- Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el/la testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o, el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); Aprehensión por riesgo de Ocultamiento o Fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público por hasta 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenara cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B.- Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejado la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos; son medidas de protección, entre otras: Que no conste en las carpetas institucionales (llámese expediente policial), expediente del Ministerio Público y expediente judicial, el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del Tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el exp 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en Sala de Juicio (ver art. 308.2 CPP); o Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo del Ministerio Público, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. - Entre las medidas que contempla la ley in comento están: Medidas de Protección Personal: i.- Alejamiento del lugar del riesgo; ii.- Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii.- Cambio de identidad; iv.- Modificación de rasgos físicos; Medidas Policiales: i.- Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii.- Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii.- Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y iv.- 4) Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); Medidas Penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o Medidas de Protección en el Proceso Penal: i.- Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de la misma; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Es importante anotar que aun cuando la legislación nacional señala como medida de protección el anonimato de identidad, no debe entenderse que autoriza la implementación del “Testigo Anónimo”, siendo éste aquel cuya identidad se desconoce de manera absoluta en el proceso, el cual es prohibido en nuestra legislación. A lo que se refieren las normas legales señaladas es que la identidad del testigo no sea de carácter pública; las partes propondrán la declaración del testigo protegido, cuya identidad será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C.- Necesidad de Adopción de Medidas de Protección En sentencias de la Sala de lo Constitucional de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. También la Corte IDH en sentencia de 29 de mayo de 2014, en el caso Norin Catrumán y otros vs. Chile, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”.- Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlas; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este Ad-quem recomienda a los Jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito, buscando un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando se trate de una medida de carácter excepcional, ante la duda de la procedencia o no de medidas de protección lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la Sana Crítica. D.- Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el Principio de Publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del Principio de Contradicción y con éste el ejercicio de Derecho de Defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile).- Por ello es obligación ineludible del Tribunal de Justicia procurar que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo, velando porque los demás principios sigan incólumes, como ser el de Oralidad, Concentración e Inmediación, y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo protegido: Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; y Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración. Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs.. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el Tribunal Sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La situación se torna más compleja cuando en la Audiencia de Debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, pues aquí suman dos circunstancias que limitan al mínimo el ejercicio del Derecho de Defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate.- La Sala de lo Penal ya había abordado antes este tema en la sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, e insiste en que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la Audiencia de Debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su no comparecencia se debe a que existe riesgo en contra de su vida, de su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección ha sido precisamente por dichos riesgos, y que las medidas adoptadas por el Estado debían de servir para contrarrestarlos, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate para informar lo que conoce; claro está que ello no puede tomarse como una fórmula matemática, pues habrá ocasiones en que el riesgo sea tal que efectivamente el testigo no pueda llegar a comparecer, pero tal circunstancias excepcionalísima debe ser compensada con la introducción por lectura de una declaración testifical tomada estrictamente bajo el protocolo de prueba anticipada, en donde se le haya dado a la defensa tanto el tiempo como la información que se tenga del caso para poder prepararse para participar en tal deposición. En cualquier caso, advierte la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Finalmente es de mencionar que es obligación de todo órgano jurisdiccional establecer en la valoración intelectiva de la declaración de un testigo protegido, determinar si la medida de protección ha incidido en alguna medida en el ejercicio del Derecho de Defensa de alguna de las partes, lo que tomará en consideración al momento de tomar la decisión de fondo. De la procedencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Violación al derecho de defensa y al Debido Proceso. interpuestos por los recurrentes 1, 2 Y 3. los motivos únicos presentados por los recurrentes 1, 2 y 3. no son de recibo. Esta Sala de lo Penal se pronuncia en forma conjunta respecto a los recursos de casación de Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por las defensas 1, 2 y 3, por tratarse del mismo motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, por violación del artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, en hechos y circunstancias idénticas, de la manera siguiente: Alegan las partes recurrentes 1, 2 y 3 que se da la convergencia de violación constitucional al Derecho de Defensa y al Derecho del Debido Proceso Judicial, estableciendo que el Tribunal de Sentencia ordena la introducción por medio de lectura, las declaraciones rendidas por los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, los que sirvieron de base para la emisión de la sentencia condenatoria, pero resulta del acumulado judicial se pudo constatar que los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, fueron propuestos en audiencia especial de Prueba Anticipada (f 86-89 del proceso), presentada con anterioridad a la Audiencia Inicial y solicitando protección conforme al art. 237.1,2,3 del Código Procesal Penal, dándole la palabra a la defensa pública no oponiéndose ni presentando ninguna objeción en cuanto a este medo de prueba, mismo que fue admitido por el Juzgado de Letras de turno Extraordinario de San Pedro Sula, departamento de Cortés, asignándoles respectivamente las claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, y juramentados en legal y debida forma, expusieron sobre los hechos sucedidos, mismo que fue sometido a interrogatorio por parte del fiscal del Ministerio Público, seguidamente la representación de la defensa pública tuvo la oportunidad de interrogarle, formulándole a cada uno un total de 3 preguntas. En cuanto a los testigos protegidos con clave “18-12-2018” y “18-12-2019”, del expediente judicial se pudo constatar que dichas declaraciones fueron corroboradas por el testigo de referencia Erick Josué Ortez Veliz, agente de investigación policial, quien compareció a rendir su declaración testifical en la Audiencia de Debate, y que las representaciones de las defensas públicas de los encausados, tuvieron en ambos casos, la oportunidad de interrogar a los testigos protegidos (F86 y 89) según consta de las actas de prueba anticipa, incorporadas mediante lectura a la Audiencia de Debate, por lo que con ello se descarta que exista la alegada violación al Derecho de Defensa por falta de contradicción en la práctica del medio de prueba; ello sumado a que previo a este momento procesal, las defensas públicas de los encausados han tenido la oportunidad de interrogar a los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, en las audiencia celebradas bajo la modalidad de Prueba Anticipada (F86 y 89), por lo que al momento del debate contaban con conocimiento previo del contenido de las declaraciones, pudiendo comparar sus dichos y confrontarlos en caso de contradicción. Respecto a la violación al derecho a un debido procesal judicial, es de considerar que el presente caso inició mediante la presentación de Requerimiento Fiscal en contra de los señores Rudy Acosta Rosales, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, por suponerlos responsables del delito de Asesinato y Asociación Ilícita en perjuicio de Elvin Omar López Montoya y la Seguridad Interior del Estado de Honduras; producto de tal acción penal, se desarrolló el proceso penal. Las Defensas Públicas de los encausados Rudy Acosta Rosales, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, no hicieron denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección a los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, siendo hasta presentar el Recurso de Casación el momento en que alegan que la medida de protección a los testigos les ha causado a sus representados la violación al debido proceso y al derecho de defensa, denuncia que no es atendible por las siguientes razones. Por forma: 1.- Siendo un defecto de forma, las partes recurrentes debieron haber señalado en sus escritos de interposición cuales fueron las impugnaciones y -entre éstas- los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora alegan en casación (Art. 363 tercer párrafo CPP); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque las partes recurrentes no realizaron impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; ii.- Las denuncias del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiendo sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde tuvieron la oportunidad de hacerlo (Art. 170 CPP); y Por fondo: i.- El argumento de las partes recurrentes es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues las Defensas Públicas de los encausados no se vieron limitadas en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo, siendo conforme al hecho declarado probado: “el señor Elvin Omar López Montoya, al regresar de su trabajo, dispuso sentarse en un pequeño muro ubicado frente a su casa de habitación, ubicado en la colonia Bordos del Pedregal de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, cuando fue sorprendido por seis personas entre ellos los acusados Rudy Acosta Rosales Peña, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, quienes lo sometieron sujetándolo de sus manos e infiriéndole varios disparos en partes vitales del cuerpo, que le ocasionaron la muerte de manera instantánea por traumatismo craneoencefálico abierto y laceración cerebral”, siendo víctima del delito de asesinato en su contra; ii.- Se incorporó por medio de lectura la declaración de los testigos protegidos claves “18-12-2018” y “18-12-2019”, bajo la modalidad de prueba anticipada, relatos fueron concordantes entre sí, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación de los delitos y de vinculación de los acusados Rudy Acosta Rosales Peña, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez con estos hechos, como ser la declaración testifical del Agente de Investigación Erick Josué Ortez Veliz, quien tomó declaración al testigo protegido quien le manifestó la forma en que los acusados le quitaron la vida con arma de fuego a Elvin Omar López Montoya, constatando después en el Sistema CACMIS DIPOL que el testigo protegido reconoció a los acusados Rudy Acosta Rosales Peña, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, quienes se encuentran reseñados allí como miembros de la organización criminal denominada Pandilla 18; Dictamen de Autopsia A-SPS-2054-18, practicada al cadáver de Elvin Omar López Montoya, de fecha 18 de diciembre de 2018, evacuado mediante exhibición por la Dra. Karol Cordova Burgos, quien concluye que el señor Elvin Omar López Montoya, falleció de forma violenta al haber recibido cinco heridas por proyectil disparados por arma de fuego, siendo la causa de la muerte traumatismo cráneo encefálico abierto y laceración cerebral; Acta de Levantamientos de Cadáver de Elvin Omar López Montoya, y de recolección de indicios evacuado mediante exhibición elaborado por el Agente de Investigación Legnin Iglesias, quien reconoce el cadáver de Elvin Omar López Montoya, en posición decúbito dorsal quien presentaba cuatro orificios de bordes irregulares en el lado izquierdo de la cara, tres orificios de bordes irregulares en el lado derecho de la cara, un orificio de bordes irregulares en región occipital. Y al realizar la requisa se encontró como indicios dos balas deformadas de color gris, debajo del cuerpo del occiso; Informe Especial de Campo incorporado mediante exhibición elaborado por el Agente de Investigación Franklin Osmin López, el cual establece el lugar y los indicios encontrados mediante el álbum fotográfico que consta de 23 fotografías, que todos los medios de prueba, valorados en su conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, declaraciones de los testigos protegidos, que además de ser testigos presenciales fueron coincidentes entre sí y corroboradas con los demás medios de pruebas evacuados en juicio, estableciendo lugar, fecha, hora, la manera cómo sucedieron los hechos, y las personas que participaron en los mismos. Contrario a lo expuesto por los recurrentes, la Sala de lo Penal concluye que sí existió prueba cualitativamente suficiente para que el Tribunal Sentenciador, derivara la responsabilidad penal de los acusados Rudy Acosta Rosales Peña, Sergio David Coto Gonzales y Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, por suponerlos responsable del delito asesinato, en perjuicio de Elvin Omar López Montoya, a partir de razonamientos probatorios debidamente motivados y respetuosos de la las Reglas de la Lógica y las Máximas de la Experiencia, por lo que se desestima el motivo único de casación de Infracción de Precepto Constitucional, de violación al Derecho de Defensa y Debido Proceso, interpuesto por los recurrentes 1, 2 y 3. Decisión: 1) Declara No Ha Lugar el motivo Único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, interpuesto por la recurrente # 1, Abogada Fanny Isabel Paguada Antúnez, en su condición de defensora pública de Rudy Acosta Rosales Peña. 2) Declara No Ha Lugar el motivo Único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, interpuesto por el recurrente # 2, Abogado Hans Linck Martínez, en su condición de defensor público de Nerlyn Editza Diaz Rodríguez. 3) Declara No Ha Lugar el motivo Único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, interpuesto por la recurrente # 3, Abogada Norma Suyapa Dubón Bueso, en su condición de defensora pública de Sergio David Coto Gonzales. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141, 202, 338, 359, 360, 361 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo Único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada Fanny Isabel Paguada Antúnez, en la causa en la que se condenó a Rudy Acosta Rosales Peña, como autor responsable penalmente del delito de Asesinato, en perjuicio de Elvin Omar López Montoya. Segundo: Declara No Ha Lugar el motivo Único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Hans Linck Martínez, en la causa en la que se condenó a Nerlyn Editza Diaz Rodríguez, como autora responsable penalmente del delito de Asesinato, en perjuicio de Elvin Omar López Montoya. Tercero: Declara No Ha Lugar el motivo Único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada Norma Suyapa Dubón Bueso, en la causa en la que se condenó a Sergio David Coto Gonzales, como autor responsable penalmente del delito de Asesinato, en perjuicio de Elvin Omar López Montoya. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. - FIRMAS Y SELLO. –WALTER RAUL MIRANDA SABIO MAGISTRADO COORDINADOR NELSON DANILO MAIRENA FRANCO MAGISTRADO MARIO ROLANDO DIAZ FLORES MAGISTRADO. Firma y Sello. –LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de septiembre de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los quince días del mes de junio de dos mil veintiséis, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-309-2022.
LETY EMELDA POSADAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL