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Sentencia CP-193-24 — Registro 20148

Resumen

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando a los acusados del delito de Tráfico Ilícito de drogas agravado en perjuicio de la salud pública. Resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

…”. De la Procedencia del Recurso: El Motivo primero es de Recibo, con efecto extensivo a los acusados José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Consuelo Silva Soriano, Abigail Lopez Rivera, Jose Adán Castillo Velásquez y Dimas Castillo Velásquez. Para poder dar respuesta a lo planteado por la censora tenemos que avocarnos a la declaración de hechos probados del Tribunal de Sentencia en el presente caso, los cuales están transcritos líneas atrás y que en resumen señalan: 1. En el año 2017 Agentes de la Policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos provenientes de la narcoactividad, que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad, entre ellos a su propio hermano el señor Francisco Javier Castillo Velásquez, así como a un hijo del señor José Adán Castillo Velásquez de nombre José Adán Castillo Escalante, quienes eran los encargados del traslado y custodia de los cargamentos de droga. 2. A raíz de la denuncia los agentes asignados al caso realizaron las investigaciones de campo, obteniendo por fuentes humanas los números utilizados por los sospechosos y solicitaron a la Fiscalía del Ministerio Público que gestionaran la interceptación de las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos. 3. Durante el proceso de intervención de las comunicaciones los investigadores se percataron que los señores José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, efectivamente coordinaban transacciones de droga y giraban instrucciones precisas sobre las rutas que Debian utilizarse, los precios de los cargamentos, el lugar donde debían esconderse las ganancias. 4. En fecha tres de julio del año 2018, se interceptaron comunicaciones sobre otra transacción de droga cuyo comprador era una persona extranjera que se estaba hospedando en la casa de los señores Dimas Castillo y Adán Castillo, lo que fue informado a los agentes del caso, quienes en fecha seis de julio del año 2018, a la altura del puesto de control de Pavana, Choluteca, procedieron a la detención del señor Alejandro Javier Moya Cruz. 5. A pesar de los sucesos y la captura mencionada se determinó que la organización siguió operando durante el año 2018, asimismo que la pareja del señor Dimas Castillo Velásquez, la señora Edith Oneyda Funez Salinas, era otra miembro de la organización, encargada de coordinar la logística, del traslado de droga, asimismo de llevar y traer dinero desde y hacia el centro penal donde estaba su compañero de hogar y cónyuge y que los señores Henry Yovany Ríos Lagos y su compañera de Hogar Abigail López Hernández, se encargaban de trasladar la droga, entregar droga, cobrar dinero producto de la venta. 6. Que a raíz de la intervención de las comunicaciones, el Ministerio Público, solicitó ante el Órgano Jurisdiccional competente la realización de varios allanamientos, que tuvieron lugar el 31 de enero de 2019, entre ellos a las casas de la señora Abigail López Hernández, a la casa de Edith Oneyda Funez Salinas, la casa de la señora Wendy Carmelina Alvarez, a la casa de Carlos Fabricio Pleytes Ayala, a la casa de Consuelo Silva Soriano y en ninguna de ellas se encontró droga, sin embargo se decomisaron vehículos, motocicletas, celulares y documentos para ser analizados si tenían alguna relación con la investigación. La recurrente acertó en la elección de la vía recursiva, mediante la cual hace la denuncia del defecto, tanto en no ser terminantes y que se predetermina el fallo en los hechos probados, teniendo la razón en cuanto a la existencia de éste. Hemos señalado que la declaración de hechos probados es un presupuesto necesario del fallo, mediante la cual se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento jurídico (subsunción) del caso debatido en el proceso; por ello, en su confección no es dable al Juzgador incluir en su relato, juicios apriorísticos de valor que por su exclusivo carácter jurídico puedan dar lugar a la predeterminación del fallo; se resalta que los conceptos, frases o términos censurados son aquellos de carácter jurídico que tengan identidad con la norma gobernante del caso, pues son estos los que en primer lugar mellan en la claridad del relato y por otra parte predeterminan el fallo al ser inexorable la subsunción entre el hecho y la norma penal. Es claro, que no existe una descripción bastante y suficiente en el hecho probado, cuando los juzgadores relatan “Tráfico Ilícito de Drogas” expresión que no es terminante, inclusive también solo utilizan el término “droga”, para concluir de manera categórica sobre la existencia del ilícito sobre el cual se condenó a los imputados; la redacción empleada por el sentenciador puede resultar ser distorsionadora, en la medida que permite plantearse escenarios que puedan referir a cualquier tipo de droga, inclusive aquellas que no son constitutivas de delito. Asimismo, lo increpado por la recurrente sobre la predeterminación del fallo; ésta Sala de lo Penal coincide con sus alegatos, pues de una simple lectura al hecho probado se deduce anticipadamente términos de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; de la descripción del Hecho Probado se identifica la locución “Tráfico Ilícito de Drogas”; expresión que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma, con ello, definir los grados de participación, en relación al quantum de la pena a imponer. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser, en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento. En el caso examine resulta evidente la existencia al irrespeto a lo mandado en la regla Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal; por lo que se concluye que los hechos probados que sustenta la sentencia venida en casación, no obedecen los requisitos exigidos por la legislación procesal penal; como consecuencia, es procedente declarar Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo primero. Asimismo, se abstiene de emitir pronunciamiento sobre el segundo motivo del recurso de Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora en su condición antes indicada y además del recurso planteado por el Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de Apoderado Defensor de la señora Consuelo Silva Soriano, en virtud, que con su técnica, principios y contenido se pretende la nulidad de la sentencia viciada y del proceso en que se dictó y siendo de recibo el presente motivo, se ha provocado la realización de un nuevo juicio en el cual se pueden corregir los vicios encontrados, resultando inoportuno hacer análisis del mismo, al lograrse la finalidad requerida en su interposición..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-193-2024, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP-193-2024, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Carlos Fabricio Pleytez Ayala y Eveth Julissa Gómez Manzanares, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de La Salud Pública. Segundo: Condenó a José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Henry Yobany Ríos Lagos, Abigail Lopez Rivera y Consuelo Silva Soriano, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de La Salud Pública, a la pena principal de quince (15) años de prisión; asimismo se les condena a la pena principal de Multa de 300 días, equivalente a veinte lempiras por cada día multa, haciendo un total de seis mil lempiras de multa (L. 6,000). Tercero: Condenó a Jose Adán Castillo Velásquez, Dimas Castillo Velásquez, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de La Salud Pública, a la pena principal de diecisiete (17) años con seis (06) meses de prisión; asimismo se les condena a la pena principal de Multa de 300 días, equivalente a veinte lempiras por cada día multa, haciendo un total de seis mil lempiras de multa. (L. 6,000). Cuarto: Condenó a José Adán Castillo Velásquez, Dimas Castillo Velásquez, José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Alvarez, Henry Yobany Ríos Lagos, Abigail Lopez Rivera y Consuelo Silva Soriano, como consecuencia de la pena de prisión. impuesta por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas agravado a la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta, por el mismo tiempo que dure la pena principal de prisión. Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: Declaró a José Adán Castillo Velásquez, Dimas Castillo Velásquez, José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Henry Yobany Ríos Lagos, Abigail Lopez Rivera Y Consuelo Silva Soriano, por su participación en un delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de La Salud Publica, responsables civilmente, como consecuencia proveniente del delito. Séptimo: No procedió declarar el comiso de ningún objeto. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de defensor privado de la acusada Consuelo Silva Soriano. Por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora, en su condición de defensora privada de Henry Yobany Ríos Lagos. Son partes en única instancia: El Abogado Marlon Duarte Amador, defensor privado; la Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora, defensora privada, en su condiciones de recurrente; y los abogados Marla Iris Cárdenas Guardado, agente fiscal del Ministerio Público, Maria Elena Amador Salmerón, Procurador Judicial del Estado de Honduras, ambos en su condición de recurridos. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En el año 2017 Agentes de la Policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de droga y lavado de activos provenientes de la narcoactividad, que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad entre ellos a su propio hermano el señor Francisco Javier Castillo Velásquez, así como a un hijo del señor José Adán Castillo Velásquez, de nombre José Adán Castillo Escalante, quienes eran los encargados del traslado y custodia de los cargamentos de droga, así como de otros individuos quienes para llevar acabo sus actividades ilícitas, hacían uso de líneas telefónicas. SEGUNDO: A raíz de esta denuncia los agentes asignados al caso realizaron las investigaciones de campo, obteniendo por fuentes humanas los números utilizados por los sospechosos y solicitaron a la Fiscalía del Ministerio Público que gestionaran la interceptación de las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos ante el órgano judicial competente, en el mes de febrero del año 2018. Ante la solicitud del Ministerio Público el Juzgado de Garantias Penal autorizó la interceptación de las comunicaciones de varios números telefónicos utilizados por los miembros de la estructura criminal que habían sido enunciados por medio de personal adscrito a la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, quienes durante el procedimiento de interceptación se percataron que los señores José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, efectivamente coordinaban transacciones de droga y giraban instrucciones precisas sobre las rutas que deberían utilizarse, los precios de los cargamentos, el lugar debían esconderse las ganancias; asimismo manifestaban que el encargado de monitorear la rutas para evitar ser descubiertos por los puestos de control de los policías, lo que se conoce como banderear era el joven José Adán Castillo Escalante, y que en la coordinación de movimientos de droga participaría un hermano de ellos identificado como Francisco Javier Castillo, que además era uno de los encargados de recolectar el dinero producto de la venta de droga, específicamente se interceptaron comunicaciones de fecha 15 y 24 de marzo del año 2018, en las cuales se estaba coordinando movimientos de droga a cambio de dinero en las que participarían entre otros los señores Francisco Javier Castillo y Danilo Pineda Velásquez, quienes efectivamente fueron requeridos por la policía cuando realizaban labores de recorrido de la ruta para alertar a las personas que iban ejecutando la transacción sin embargo fueron dejados en libertad y posteriormente ellos se comunicaron con los otros miembros de la organización para que evadieran los retenes policiales. Asimismo, en fecha primero de junio de 2018, se intercepto otra comunicación donde se estaba coordinando otra transacción de droga en la cual participaría una persona de dicha estructura por lo que se dio alerta a los agentes del caso para que realizaran los operativos de rutina, dejando como resultado la detención del señor Pedro Pablo Escalante Pineda, a la altura de Namacigue Choluteca, a quien se le decomiso una sustancia de color blanco presuntamente cocaina. Posteriormente en fecha 03 de julio del año 2018, se interceptaron comunicaciones sobre otra transacción de droga cuyo comprador era una persona extranjera que inclusive se estaba quedando hospedado en la casa de los señores Dimas Castillo y Adán Castillo, lo que también fue informado a los agentes del caso quienes en fecha 06 de julio del año 2018, a la altura del puesto de control de Pavana Choluteca procedieron a la detención del señor Alejandro Javier Moya Cruz, quien se trasladaba a bordo de un vehículo marca Tacoma, color verde, cabina y media, placa PCS 7308, portando cuatro kilos de cocaína y dinero en efectivo tanto en denominaciones de dólares, quetzales y lempiras, dicha detención fue informada por los medios de comunicación, siendo puesto en conocimiento al señor José Adán Castillo Velásquez, por via telefónica de lo cual también quedo registro en las interceptaciones. TERCERO: Además de los sucesos ya referidos se pudo determinar que a pesar de las capturas mencionadas la organización continuo operando durante todo el año 2018; asimismo que la pareja del señor Dimas Castillo Velásquez, la señora Edith Oneyda Fúnez Salinas, era otra miembro de la organización encargada de coordinar la logistica, del traslado de la droga; asimismo llevar y traer dinero desde y hacia el centro penal donde estaba su compañero de hogar y cónyuge y que los señores Henry Yovany Ríos Lagos, y su compañera de hogar Abigail López Hernández, se encargaban de trasladar la droga, entregar droga, cobrar dinero producto de la venta, llegando inclusive el señor Adán Castillo, a manifestarle a una persona con la cual estaba coordinando una transacción de droga vía telefónica que la fuera a traer a la casa de Abigail López Hernández, asimismo se estableció a través de las mismas escuchas telefónicas que el señor Adán Castillo Velásquez, remitía sus clientes donde la señora Consuelo Silva Soriano, ya que ella también se encargaba de guardar droga y distribuirla en su casa de habitación ubicada en el Barrio Venecia de la ciudad de Choluteca, mientras que la señora Wendy Carmelina Álvarez, también recolectaba dinero de la organización producto de la venta, recibía y hacia las llamadas de advertencia a los encargados de banderear, para que las personas que transportaban la droga cambiaran de ruta y asi poder evitar ser detectados en los operativos policiales. CUARTO: A raíz del resultado del método de investigación de interceptación de comunicaciones, la Fiscalía del Ministerio Público, solicitó ante el órgano judicial competente la realización de varios allanamientos que tuvieron lugar en fecha 31 de enero del año 2019, entre ellos a la casa de la señora Abigail López Hernández, ubicada en Barrio San Miguel, la casa de Francisco Javier Castillo Velásquez, ubicada en la Aldea Nance Dulce, a la casa de Edith Oneyda Fúnez Salinas, en Barrio Araujo, la casa dela señora Wendy Carmelina Álvarez, ubicada en Barrio Araujo, todas ellas ubicada en el Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, como a las casas de los señores Carlos Fabricio Pleytes Ayala, ubicada en la Colonia La Libertad de la ciudad de Choluteca y la casa de la señora Consuelo Silva Soriano, ubicada en la Barrio Venecia, de la ciudad de Choluteca, también se ejecutaron allanamientos en casa de habitación de los señores José Adán Castillo Velásquez, Victorino Castillo Velásquez, José Adán Castillo Velásquez, de su hermana Maximiliana Reyes, ubicadas en jurisdicción del Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, en ninguna de ellas se encontró droga, sin embargo se decomisaron vehiculos, motocicletas, celulares y documentos para efecto de ser analizados y determinar si tenían alguna relación con la investigación, procediéndose asimismo a la detención de los señores Francisco Javier Castillo Velásquez, José Adán Castillo Escalante, Edith Oneyda Fúnez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Edith Yulisa Gomenz Manzanares, Henry Yovany Ríos Lagos, Abigail López Hernández Consuelo Silva Soriano, quienes fueron puestos a la orden de la autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de defensor privado de Consuelo Silvia Soriano, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Los hechos declarados por el Juzgador no son claros ni terminantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1, en relación al artículo 338 numeral 4 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Lo cierto es que ésta vía impugnativa es el único medio, con que cuenta la. defensa para denunciar los desaciertos cometidos por los tribunales de sentencia y que como garantes de legalidad no podemos consentir ni permitir; y es el único medio para que esta Honorable Sala, como máximo órgano de Poder Judicial en materia penal y rector de la política jurisdiccional a nivel nacional, pueda conocer, corregir y redirigir a los tribunales de sentencia, para que éstos dicten fallos que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en el articulo 338 del Código Procesal Penal y subsanen los hierros que a continuación se señalarán, ya que sentencias de este tipo, constituyen un retroceso en el proceso de impartición de justicia. Sobre la redacción de hechos probados la Honorable Sala de lo Penal, ha estabelcido lo siguiente: "Esta Sala de lo Penal considera pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, Provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la "quaestio facti" debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o "quaestio iuris". (Lo subrayado es nuestro) Al examinar el fallo ahora censurado se puede apreciar que el mismo no cuenta con un cuadro fáctico que describa cual es la verdad a la que ha arribado el juzgador luego de concluido el presente proceso, ya que únicamente a establecido como hechos probados de la sentencia, los siguientes: PRIMERO: En el año 2017 Agentes de la Policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilicito de droga y lavado de activos provenientes de la narcoactividad, que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad entre ellos a su propio hermano el señor Francisco Javier Castillo Velásquez, así como a un hijo del señor José Adán Castillo Velásquez, de nombre José Adán Castillo Escalante, quienes eran los encargados del traslado y custodia de los cargamentos de droga, así como de otros individuos quienes, para llevar a cabo sus actividades ilícitas, hacían uso de líneas telefónicas. SEGUNDO: A raíz de esta denuncia los agentes asignados al caso realizaron las investigaciones de campo, obteniendo por fuentes humanas los números utilizados por los sospechosos y solicitaron a la Fiscalía del Ministerio Público que gestionaran la interceptación de las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos ante el órgano judicial competente, en el mes de febrero del año 2018. Ante la solicitud del Ministerio Público el Juzgado de Garantías Penal autorizó la interceptación de las comunicaciones de varios números telefónicos utilizados por los miembros de la estructura criminal que habían sido enunciados por medio de personal adscrito a la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, quienes durante el procedimiento de interceptación se percataron que los señores José Adán Castillo Velásquez Dimas Arturo Castillo Velásquez, efectivamente coordinaban transacciones de droga y giraban instrucciones precisas sobre las rutas que deberían utilizarse, los precios de los cargamentos, el lugar debían esconderse las ganancias; asimismo manifestaban que el encargado de monitorear la rutas para evitar ser descubiertos por los puestos de control de los policías, lo que se conoce como banderear era el joven José Adán Castillo Escalante, y que en la coordinación de movimientos de droga participaría un hermano de ellos identificado como Francisco Javier Castillo, que además era uno de los encargados de recolectar el dinero producto de la venta de droga, específicamente se interceptaron comunicaciones de fecha 15 y 24 de marzo del año 2018, en las cuales se estaba coordinando movimientos de droga a cambio de dinero en las que participarían entre otros los señores Francisco Javier Castillo y Danilo Pineda Velásquez, quienes efectivamente fueron requeridos por la policía cuando realizaban labores de recorrido de la ruta para alertar a las personas que iban ejecutando la transacción sin embargo fueron dejados en libertad y posteriormente ellos se comunicaron con los otros miembros de la organización para que evadieran los retenes policiales. Asimismo, en fecha primero de junio de 2018, se intercepto otra comunicación donde se estaba coordinando otra transacción de droga en la cual participaría una persona de dicha estructura por lo que se dio alerta a los agentes del caso para que realizaran los operativos de rutina, dejando como resultado la detención del señor Pedro Pablo Escalante Pineda, a la altura de Namacigue Choluteca, a quien se le decomiso una sustancia de color blanco presuntamente cocaína. Posteriormente en fecha 03 de julio del año 2018, se interceptaron comunicaciones sobre otra transacción de droga cuyo comprador era una persona extranjera que inclusive se estaba quedando hospedado en la casa de los señores Dimas Castillo y Adán Castillo, lo que también fue informado a los agentes del caso quienes en fecha 06 de julio del año 2018, a la altura del puesto de control de Pavana Choluteca procedieron a la detención del señor Alejandro Javier Moya Cruz, quien se trasladaba a bordo de un vehiculo marca Tacoma, color verde, cabina y media, placa PCS 7308, portando cuatro kilos de cocaína y dinero en efectivo tanto en denominaciones de dólares, quetzales y lempiras, dicha detención fue informada por los medios de comunicación, siendo puesto en conocimiento al señor José Adán Castillo Velásquez, por vía telefónica de lo cual También quedo registro en las interceptaciones. TERCERO: Además de los sucesos ya referidos se pudo determinar que a pesar de las capturas mencionadas la organización continuo operando durante todo el año 2018; asimismo que la pareja del señor Dimas Castillo Velásquez, la señora Edith Oneyda Fúnez Salinas, era otra miembro de la organización encargada de coordinar la logistica, del traslado de la droga; asimismo llevar y traer dinero desde y hacia el centro penal donde estaba su compañero de hogar y cónyuge y que los señores Henry Yovany Ríos Lagos, y su compañera de hogar Abigail López Hernández, se encargaban de trasladar la droga, entregar droga, cobrar dinero producto de la venta, llegando inclusive el señor Adán Castillo, a manifestarle a una persona con la cual estaba coordinando una transacción de droga vía telefónica que la fuera a traer a la casa de Abigail López Hernández, asimismo se estableció a través de las mismas escuchas telefónicas que el señor Adán Castillo Velásquez, remitía sus clientes donde la señora Consuelo Silva Soriano, ya que ella también se encargaba de guardar droga y distribuirla en su casa de habitación ubicada en el Barrio Venecia de la ciudad de Choluteca, mientras que la señora Wendy Carmelina Álvarez, también recolectaba dinero de la organización producto de la venta, recibia y hacia las llamadas de advertencia a los encargados de banderear, para que las personas que transportaban la droga cambiaran de ruta y así poder evitar ser detectados en los operativos policiales. CUARTO: A raíz del resultado del método de investigación de interceptación de comunicaciones, la Fiscalía del Ministerio Público, solicitó ante el órgano judicial competente la realización de varios allanamientos que tuvieron lugar en fecha 31 de enero del año 2019, entre ellos a la casa de la señora Abigail López Hernández, ubicada en Barrio San Miguel, la casa de Francisco Javier Castillo Velásquez, ubicada en la Aldea Nance Dulce, a la casa de Edith Oneyda Fúnez Salinas, en Barrio Araujo, la casa dela señora Wendy Carmelina Álvarez, ubicada en Barrio Araujo, todas ellas ubicada en el Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, como a las casas de los señores Carlos Fabricio Pleytes Ayala, ubicada en la Colonia La Libertad de la ciudad de Choluteca y la casa de la señora Consuelo Silva Soriano, ubicada en la Barrio Venecia, de la ciudad de Choluteca, también se ejecutaron allanamientos en casa de habitación de los señores José Adán Castillo Velásquez, Victorino Castillo Velásquez, José Adán Castillo Velásquez, de su hermana Maximiliana Reyes, ubicadas en jurisdicción del Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, en ninguna de ellas se encontró droga, sin embargo se decomisaron vehículos, motocicletas, celulares y documentos para efecto de ser analizados y determinar si tenían alguna relación con la investigación, procediéndose asimismo a la detención de los señores Francisco Javier Castillo Velásquez, José Adán Castillo Escalante, Edith Oneyda Fúnez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Edith Yulisa Gomenz Manzanares, Henry Yovany Ríos Lagos, Abigail López Hernández, CONSUELO SILVA SORIANO, quienes fueron puestos a la orden de la autoridad competente". Que esta Sala de lo Penal, ha establecido los requisitos mínimos que debe contener un Hecho declarado como probado, siendo estos: "Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: "... la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión" (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), "...supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho" (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: "...Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como "posiblemente", "casi seguro" u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido..." (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); у c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia "...implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos...". (Sentencia de fecha 25 de Noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera, esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencías absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. Que de acuerdo a lo establecido por esta Sala de lo Penal y de conformidad a la simple lectura de la sentencia, se evidencia que la misma no cuenta con una declaratoria de hechos probados que cumpla con los requisitos enunciados anteriormente, pues los mismos no son claros, precisos ni coherentes incurriendo en un grave vicio que produce la imposibilidad de poder dar fundamento jurídico a la decisión judicial, en vista que estamos ante una verdad desconocida a la cual no se puede asignar la norma correspondiente que resuelva el caso. Llama la atención a esta defensa que el hecho declarado como probado no es coherente en ninguna de sus partes, pues comienza diciendo que " En el año 2017 Agentes de la Policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de droga y lavado de activos provenientes de la narcoactividad, que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad entre ellos a su propio hermano el señor Francisco Javier Castillo Velásquez, asícomo a un hijo del señor José Adán Castillo Velásquez, de nombre José Adán Castillo Escalante, quienes eran los encargados del traslado y custodia de los cargamentos de droga, así como de otros individuos quienes, para llevar a cabo sus actividades ilícitas, hacían uso de lineas telefónicas". Narran una serie de hechos, inclusive mencionan nombre de personas que no son nuestros representados, que fueron detenidos en posesión de droga y dinero, sin embargo, en el mismo hecho declarado como probado en su numeral Cuarto, dice "A raíz del resultado del método de investigación de interceptación de comunicaciones, la Fiscalía del Ministerio Público, solicitó ante el órgano judicial competente la realización de varios allanamientos que tuvieron lugar en fecha 31 de enero del año 2019, entre ellos a la casa de la señora Abigail López Hernández, ubicada en Barrio San Miguel, la casa de Francisco Javier Castillo Velásquez, ubicada en la Aldea Nance Dulce, a la casa de Edith Oneyda Fúnez Salinas, en Barrio Araujo, la casa de la señora Wendy Carmelina Álvarez, ubicada en Barrio Araujo, todas ellas ubicada en el Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, como a las casas de los señores Carlos Fabricio Pleytes Ayala, ubicada en la Colonia La Libertad de la ciudad de Choluteca y la casa de la señora CONSUELO SILVA SORIANO, ubicada en la Barrio Venecia, de la ciudad de Choluteca, también se ejecutaron allanamientos en casa de habitación de los señores José Adán Castillo Velásquez, Victorino Castillo Velásquez, José Adán Castillo Velásquez, de su hermana Maximiliana Reyes, ubicadas en jurisdicción del Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, en ninguna de ellas se encontró droga, sin embargo se decomisaron vehículos, motocicletas, celulares y documentos para efecto de ser analizados y determinar si tenían alguna relación con la investigación, procediéndose asimismo a la detención de los señores Francisco Javier Castillo Velásquez, José Adán Castillo Escalante, Edith Oneyda Fúnez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Edith Yulisa Gómez Manzanares, Henry Yovany Ríos Lagos, Abigail López Hernández Consuelo Silva Soriano, quienes fueron puestos a la orden dela autoridad competente" lo resaltado es nuestro. Resulta tan confuso dicho hecho declarado como probado, que primero dice que nuestros defendidos pertenecen a una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos, que operan en la zona sur del país, narra unas intervenciones telefónicas que se hicieron, supuestamente a nuestros representados y lo mas insólito que establece en el mismo hecho declarado probado, que se allanaron varias casas, incluida la de mi defendida y establece que en ninguna de ellas se encontró droga, entonces nos preguntamos, como es posible que declaren a la señora CONSUELO SILVA SORIANO responsable de la comisión del delito de Tráfico de Drogas Agravados, sin haberle encontrado en su casa o a ella misma, un tan solo gramo de Droga. Por lo tanto, del hecho probado, no se desprende que a mi representado se le haya decomisado ni un tan solo gramo de droga, aun habiendo realizado allanamientos en su casa, lo cual lo convierte en un hecho probado no claro ni preciso. Y lo mas grave aún que en el numeral segundo, párrafo cuarto el Tribunal establece que Asimismo, en fecha primero de junio de 2018, se intercepto otra comunicación donde se estaba coordinando otra transacción de droga en la cual participaría una persona de dicha estructura por lo que se dio alerta a los agentes del caso para que realizaran los operativos de rutina, dejando como resultado la detención del señor Pedro Pablo Escalante Pineda, a la altura de Namacigue Choluteca, a quien se le decomiso una sustancia de color blanco presuntamente cocaína"... el Tribunal utiliza la palabra presuntamente cocaína, lo que hace que el mismo no sea terminante, incumpliendo un requisito fundamental, que los mismos sean Terminantes: " hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como "posiblemente", "casi seguro" u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido..." (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); Prácticamente los hechos que el Tribunal de Sentencia declaró como probados, lo constituyen la formalización de acusación que realizó el Ministerio Público, el Tribunal solo se limitó a transcribir los mismos, lo cual le esta prohibido por la Ley, pues no redactaron los mismos de conformidad a los requisitos que anteriormente citamos, donde se describen los requisitos de forma y fondo que deben de reunir los mismos, por lo tanto estos hechos declarados probados no son claros, coherentes ni terminantes. Sobre los Hechos declarados como probados por el Tribunal, la Sala de lo Penal, se ha pronunciado de la manera siguiente " El Jurista Español José María Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos probados, considera que: "conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarios en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen dificil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga dificil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la "quaestio facti debe servir de apoyo y sustento a la calificación juridica o quaestio iuris" En casos similares al presente, Sala de lo penal, ha establecido lo siguiente: "La Sala considera que la narración es oscura o ininteligible, en términos de ambigüedad e imprecisión lo que dificulta su comprensión, y tal defecto provoca una laguna o vacío en la descripción histórica, tanto que determina la omisión o falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo. El juzgador de instancia, narra el hecho probado en forma oscura e imprecisa, al no hacer un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. En el factum de la sentencia recurrida no se determinan aspectos Básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. Por lo anterior, la sentencia recurrida adolece del defectos o vicio de forma alegados por el recurrente". Por lo cual pedimos se declare con lugar este motivo citado, y se anule la sentencia condenatoria dictada contra mi defendida.” “SEGUNDO MOTIVO: Adolecer la Sentencia de Motivaciones Fácticas Insuficientes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El artículo 141 del Código Procesal Penal ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, y precisamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto dicen: "Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos". Siendo que la motivación puede ser de hecho y de derecho, así como de forma absoluta o parcial, del estudio de los antecedes observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de valoración probatoria de la misma, al realizar el juzgador un análisis meramente descriptivo de la prueba sin acompañarse de valoración alguna a la conclusión, lo que limita la posibilidad de verificar la corrección del razonamiento que determina la condena de mi representada CONSUELO SILVA SORIANO a quien se le supone responsable de la comisión del delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO. Pues de la lectura de dicha valoración de la prueba se puede apreciar que los jueces solo se limitaron a describir todos y cada uno de los medios de prueba evacuados, sin embargo, no fueron capaces de hacer la valoración intelectiva de los mismos. Establecen en la página 110 de la sentencia impugnada, lo siguiente "En relación a la prueba de descargo de la defensa número uno.- A los anteriores medios de prueba documentales estos Juzgadores le concedemos toda la credibilidad pues los mismos fueron elaborados por funcionarios autorizados para realizar dichas diligencias y son documentos expedidos autorizados. Respecto Registro Personal, de fecha 03 de noviembre del año 2018, realizado en el Municipio del El Triunfo, Departamento de Choluteca, practicado a la señora Iveth Julissa Gómez Manzanares, donde manifiesta que a la misma solo se le encontró un teléfono celular el cual no es un indicio relevante para el esclarecimiento de la verdad puesto que no se le realizó la respectiva pericia, pero aunado a lo anterior se puede establecer que este hecho no sustrae a la acusada de la comisión de algún ilícito penal, ya que deben analizarse todas las pruebas aportadas en el proceso para poder establecer la participación o no de la imputada. Sin embargo, el Tribunal no es claro ni preciso en señalar cuales son todas las pruebas que deben analizarse y que se aportaron al proceso, lo que convierte su valoración en insuficientes, faltando a la valoración intelectiva, y esta falencia se da en toda la valoración de la prueba, pues solo se limitó el Tribunal a describir los medios de prueba aportados mas no se preocupó por la valoración intelectiva de la misma es decir el Tribunal se limitó a enunciar estas probanzas, por lo que se cumplió con el requerimiento de valoración fáctica, pero parcialmente porque se efectuó de manera descriptiva, no intelectiva ya que no emitió pronunciamiento alguno respecto del valor que las probanzas le merece. pues la labor jurisdiccional en referencia exige la necesaria valoración conjunta y armónica de toda la prueba producida con arreglo a las reglas de la Sana Crítica, además de que el fallo debe de contar con la motivación necesaria para que las partes intervinientes comprendan las razones de su decisión, por lo que el vicio in procedendo nos lleva a desconocer objetivamente como el A-quo ha formado su convicción. Los argumentos antes señalados nos conducen a afirmar que en el presente caso, se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el juzgador y que se ve reflejada en la valoración de la prueba, al haber omitido señalar cual es la apreciación de las mismas, las razones o motivos que lo llevaron a determinada conclusión sobre cada una de las pruebas introducidas al debate, así como si las mismas lo conducen al hecho investigado, ya sea estableciendo una conclusión afirmativa o negativa, limitándose a realizar un resumen meramente descriptivo de la probanza incorporadas. En lo que respecta a la motivación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido: "Que en el ámbito del Derecho Procesal la motivación puede ser definida como: "la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión." Esto es, la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de <TERCER MOTIVO: El Tribunal no valoró las Pruebas conforme a las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la via recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que "el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.". - Al respecto, se ha señalado que: "... La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva...". (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 у de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo "... las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza..." (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraria las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera asi. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGIA: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la "Lógica no formal", llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre si. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre síse anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser "Y" ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones "A" es igual que "B", y "A" no es igual de "B", se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre si una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando cómo caracteristica: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Se evacuaron en el juicio unas escuchas o llamadas telefónicas de unos teléfonos supuestamente de mis defendidos, pero no se acreditó con documentación de las empresas de telefonía ya se de Tigo o Claro, que dichos números intervenidos sean o pertenezcan a nuestros defendidos, por lo tanto, no merecen credibilidad. Aunado a ello cómo es posible que los hayan declarado culpables de un delito de Tráfico de Drogas, si en los allanamientos realizados en sus casas de habitación no se encontró ni un solo gramo de cocaina, ni tampoco a ellos portándola. Eso está como que se declarare culpable a una persona por un delito de Homicidio y no se acredité la muerte real del occiso, así esta causa. Por lo que el Tribunal al haber dictado una sentencia condenatoria, violentó las reglas de la sana critica en su postulado de derivación, pues de los allanamientos realizados en las casas de mi defendida no se encontró evidencia alguna que los vincule a tal delito. Por lo que solicitamos se declare con lugar este recurso y se anule el fallo dado.” La Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora, en su condición de defensora privada de Henry Yobany Ríos Lagos, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado HENRY YOVANY RIOS LAGOS, cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, al PREDETERMINAR EL FALLO, vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: En el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso: "Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria". PRECEPTO INFRINGIDO: Artículo 338 del Código Penal que expresa: "ARTICULO 338.- Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:..... Segunda.... Tercera:...Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de Los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Para comenzar a desarrollar la exposición del motivo de casación, resulta primordial razonar que el motivo interpuesto por el recurrente implica, como se ha dicho en nuestra Jurisprudencia, el respeto a la integridad o santidad de la sentencia, o que es lo mismo a los Hechos Probados que la fundamentan. Mas el estudio de la cuestión traída aquí a colación, es la consideración que en la construcción de esos Hechos Probados asumieron intelectivamente los jueces de sentencia, al predeterminar el fallo, por ellos emitido; es decir, que el núcleo de la cuestión impugnativa por Quebrantamiento de forma, estriba en el empleo en la sentencia recurrida por parte de los jueces de expresiones, conceptos y términos jurídicos en el relato fáctico, que no son compartidas por el recurrente, ya que no corresponden al lenguaje más común que deben ser utilizados seriamente por funcionarios judiciales que tienen en su haber tan seria responsabilidad de administrar justicia, ya que por el contrario han utilizado expresiones, conceptos y términos jurídicos en el relato fáctico propios de las normas penales que corresponde a los delitos de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS, conductas comprendidas en los artículos 311 y 439 del Código Penal, Decreto 130-2017. En primer lugar, la razón de ser del vicio procesal, es precisamente el uso de los términos en el Primer Hecho Probado que contiene la sentencia recurrida, notemos: "PRIMERO: En el año 2017 Agentes de la policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas y lavado de activos provenientes de la narcoactividad que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad.... A nuestro criterio, los jueces de sentencia, al confeccionar la sentencia definitiva, no evitando la sustitución en los hechos del factum de los conceptos jurídicos acreditados, significa una irrazonable anticipación conceptual del criterio jurídico, que en el silogismo judicial debía realizarse materialmente después de la exposición que sobre los sucesos acaecidos, según la prueba valorada, se consigna previamente. El vicio implica no sólo un menosprecio a la persona de los imputado y en el caso específico de mi representado el señor HENRY YOBANY RIOS LAGOS, porque evidentemente, los jueces de sentencia anticiparon indebidamente la toma de su postura decisoria del caso de maras, sino que también, provocaron una grave indefensión al aminorar, coartar y limitar las posibilidades de su defensa. El defecto formal, al cual nos referimos, lo constituye el hecho palmario, que para los jueces de sentencia mi representado sería condenado por Tráfico Ilicito de Drogas, ya que concurren en su razonamiento jurídico, términos jurídicos establecidos en el artículo 311 del Código Penal Decreto 130-2017, Quebrantando así la forma de la sentencia, precisamente su fundamentación establecida en la regla cuarta numeral primero del artículo 338 del Código Procesal Penal, ya que posiblemente la insuficiencia científica de los operadores de justicia y su prejuzgamiento al caso de maras lo hicieron incurrir en este vicio o defecto, proscrito en la línea de pensamiento adjetivo arriba indicado, ya que las expresiones y conceptos jurídicos citados en el presente caso, son causalmente determinantes del fallo condenatorio dictado en la sentencia judicial, debido a que estos jueces de sentencia al actuar en la función pública en forma arbitraria al adelantar su fallo, convierten su sentencia en un desorden mayúsculo, dado que el vicio afecta la supuesta explicación de su razonamiento y su pensamiento, destruyendo también el supuesto enlace de los distintos aspectos o distintas formas de todo ese proceso penal, hasta el punto de incidir en lo que el vicio formal relatado representa.-En concreto, he acreditado que el vicio a la sentencia recurrida acontece en el presente caso ya que: 1. Se trata de expresiones y conceptos técnicamente jurídicos que definen y dan nombre a la esencia del tipo penal; 2. Que las incorrectas expresiones y conceptos usados por los jueces de sentencia, son asequibles tan solo a los juristas por resultar además impropias del lenguaje más común:3. Que las frases o palabras tienen un manifiesto valor causal respecto del fallo; Para concluir, la parte recurrente es del criterio, que la inclusión en el relato histórico de conceptos, expresiones, términos o razonamientos jurídicos relatados en este motivo de casación por quebrantamiento de forma inciden definitivamente en la sentencia recurrida ya que su inclusión hace innecesaria cualquier argumentación jurídica, rompiendo por completo la formulación del silogismo judicial. Otro aspecto que refuerza a criterio de esta parte recurrente el presente motivo de casación es la redacción del numeral tercero de los hechos probados el cual a continuación procederemos a transcribir literalmente para después explicar en que se centra el reproche: "TERCERO: Además de los sucesos ya referidos se pudo determinar que a pesar de las capturas mencionadas la organización continuo operando durante todo el año 2018; asimismo que la pareja del señor Dimas Castillo Velásquez, la señora Edith Oneyda Funez Salinas, era otro miembro de la organización encargada de coordinar la logística, del traslado de la droga; asimismo llevar y traer dinero desde y hacia el centro penal donde estaba su compañero de hogar y cónyuge y que los señores Henry Yovany Rios Lagos, y su compañera de hogar Abigail López Hernández, se encargaban de trasladar la droga, entregar droga, cobrar dinero producto de la venta, llegando inclusive el señor Adan Castillo, a manifestarle a una persona con la cual estaba coordinado una transacción de droga vía telefónica que le fuera a traer a la casa de Abigail López Hernández..." En el hecho probado que específicamente refiere a mi representado, se hace referencia de que el se encargaba de trasladar la droga, entregar la droga, pero dichos hechos no son claros ni determinantes pues no se establece que tipo de droga era objeto de la transacción, es decir no se puede establecer si dichas drogas son de las que causan un grave daño a la salud o no, aun así se condena mi poderdante a la pena de 15 años de prisión, por un delito de tráfico de drogas agravado, lo cual con el cuadro factico establecido por el sentenciador no es posible de establecer.” “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal, que contiene "La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del Juicio Oral y Público" “EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: El Tribunal de Sentencia en el Juicio Oral y Público que se adelantó contra el señor HENRY YOBANY RIOS LAGOS a quien se le condenó por el delito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; emitió una sentencia definitiva indiscutiblemente "motivada" en prueba espuria, es decir, Prohibida e ilícita, lo cual produce un fraude de ley, al utilizarla el Tribunal de Sentencia en su fallo para enervar el Estado de Inocencia de mi patrocinado, en consecuencia no observó las reglas de la sana critica. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de la Ciudad de Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán, del juicio que se llevó a cabo en fecha treinta (30) del mes de Agosto del año dos mil veintitrés (2023), contiene en su apartado de la VALORACION DE LA PRUEBA, una innegable motivación violatoria a las reglas concernientes a la sana critica, ya que trae como prueba válida para enervar el estado de inocencia de mi patrocinado, declaraciones "testificales" y Prueba "Documental contaminadas y viciadas de infracciones a Tratados y Convenios Internacionales, normas Constitucionales y procedimientos regulados en la ley procesal, convirtiéndolas en pruebas nulas por constituir prueba ilícita y prohibida, con lo cual violenta el principio de legalidad. Al respecto el recurrente es del firme criterio, que en todo Juicio Criminal el Legislador consideró como parte del Debido Proceso, que los Tribunales de Sentencia, debían razonar el rechazo de todas aquellas pruebas que fueran de corte ilegal y prohibida, con ello, se pretende proscribir la costumbre inveterada de algunos Funcionarios Públicos, que mediante maniobras que constituyen fraude de ley sustantiva y adjetiva, se empecinan en acusar y condenar a cualquier ciudadano bajo las prácticas de estas "modalidades probatorias". En el caso que nos ocupa, son dos los aspectos a considerar que fundamenten el presente motivo de Casación: A) Pruebas periciales mutadas a pruebas testificales. Cuando nos referimos a las pruebas periciales como parte de la garantía jurisdiccional, nos encontramos frente a la actividad de una persona, que teniendo conocimientos especiales no jurídicos, de naturaleza técnica, científica o artística, resulta necesario e indispensable oirlo, para que conforme a esos conocimientos ilustre a un Tribunal de Sentencia en los conceptos básicos a que arribe en la aplicación de la llamada Sana Crítica, es decir, que la existencia del delito y la imposición de una pena, se determinen por el procedimiento de valoración de la prueba pericial establecido en los artículos 198, 199, 200, 202, 239, 240, 241 numeral 2, 242 y 243 del Código Procesal Penal; La Sana Critica, impone la obligación ineludible, de que la prueba a estudiar o a analizar, debe reunir ciertos requisitos o presupuestos de legitimación, de no ser así, estaríamos frente a la exposición de argumentos técnicos, científicos o artísticos, argumentados bajo ningún control legal; situación está, imposible de aceptar en un Estado de Derecho. Pero, esos son los ideales que se esperan en un verdadero Debido Proceso, lo que no acontece en el caso que nos ocupa, ya que tenemos un Tribunal de Sentencia que hizo cuanto estuvo a su alcance, para ayudar al Ministerio Público, aceptándole cualquier fraude de ley adjetiva para evacuar su prueba y esto se puede afirmar sin lugar a dudas. Ya que con la declaración del Agente JUAN CARLOS GONZALES, Agente Adscrito a la Dirección Nacional Anti Drogas DNPA, quien pues dio testimonio en base al informe que se encuentra en el expediente judicial de mérito donde según fundamente su investigación, estudiando y analizando las comunicaciones telefónicas donde según se menciona a mi representado, hecho que no se comprobó que se trataba de HENRY YOBANI RIOS LAGOS, ya que solamente se menciona "HENRY O GEOVANY" como es posible que en un Tribunal Acepten este tipo de pruebas basándose en supuestos y no corroborando que la mención que se realiza se trate de la persona que actualmente se acusa, ya que es importante resaltar que a mi representado no se le encontró en ningún momento un indicio de la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO, al determinar que la fiscalía introdujo al Debate como testigo, a sabiendas que tomó conocimiento de los hechos en su condición de perito; en base a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 240, ya que el actúa como agente y es quien brinda su declaración en base a sus conocimiento TECNICOS, en pocas palabras como PERITO por que participo en las intervenciones telefónicas, en consecuencia fue designada por el Juez de Letras para actuar bajo esa condición y sobre esta base tomó conocimiento de todas las intervenciones telefónicas y trascripciones telefónicas que el mismo elaboró. NO obstante lo anterior, la fiscalía en el Debate de Juicio Oral y Público, muta o transfigura la figura del señor JUAN CARLOS GONZALES de PERITO a TESTIGO, y ello, se debió a que la fiscalía, al estudiar el caso, se percata que el señor JUAN CARLOS GONZALES a pesar de haber sido designado por el Juez para actuar como perito, sus funciones estaban viciadas de nulidad, porque NUNCA, fue juramentado para ejercer la función de PERITO, entonces la fiscalía se juega la carta de proponerlo como TESTIGO, a sabiendas, que por el hecho de haber sido designado por el juez y haber tomado conocimiento de los hechos bajo esa figura, no podía ser TESTIGO, incomprensiblemente, El Tribunal de Sentencia, además también se presentó como TESTIGO JOSE AMILCAR COREA MENDOZA, quien en el año 2018 estaba asignado en Antiextorsión en la Ciudad de Choluteca, donde según el investigo una estructura denominada Los Castillos, es de aclarar como un Agente policial pasa al estrado a brindar una declaración donde el actúa o declara según las investigación practicada, según lo que observo y si se analiza bien las pruebas no existe una prueba fehaciente o coherente en el momento de la supuesta participación del señor HENRY YOBANI RIOS LAGOS, basándose únicamente en los audios donde se la hace la mención de "HENRY", pero no que Henry. El hecho incuestionable que los peritos ahora convertidos en testigos NO FUE JURAMENTADA, no importándole el principio de Legalidad, sino que, para proteger la acción punitiva de la fiscalía, en consecuencia, tenía que remozar tal vicio procesal del impreciso y viciado medio probatorio. Deseo concluir sobre este punto, utilizando los criterios jurisprudenciales que la Corte Suprema de Justicia emitió al declarar HA LUGAR un motivo de casación que interpuso el Ministerio Público en el expediente CP-1891-2003, precisamente trascribiré ese precedente jurisprudencial relativo a lo que debe entenderse por principio de legalidad ...... Los jueces no tienen más facultades que aplicar la ley al caso concreto, debiendo hacerlo dentro de los parámetros señalados en las mismas, hacerlo de otra manera implicaría sembrar la incertidumbre e inseguridad jurídica basadas en subjetividades o realidades, apreciadas por el juzgador de manera intuitiva, no científica ni uniforme, situación improcedente y no posible en un Estado de Derecho...." B) Declaración Testifical de JUAN CARLOS GONZALES: Siempre se ha dicho en todos los medios de comunicación por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Seguridad, que en la actividad de administrar justicia, todos los sectores involucrados en la persecución penal, deben unir criterios, reforzar posiciones jurídicas y unirse contra el delito etc., pero nunca se ha dicho, que en ese combate debe sacrificarse los Derechos constitucionales de los imputados con una invención para condenarlos, porque parece que ese es el entendimiento de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al momento de argumentar lo siguiente cuando valora la prueba del Testigo con JUAN CARLOS GONZALES "Algo muy importante en la declaración es que el manifiesta que el saco del sistema y ahí busco nombres y que lograron obtener una foto al INFORMANTE y les dijo que quien era HENRY" en ningún momento se presentó ante el tribunal una declaración de un informante o que corroborar la investigación que según realizaron, no presentaron ningún indicio que comprobara la comisión del Delito que hoy se le acusa, y por el cual aptamente se encuentra sentenciado, sin tener una prueba que conlleve a la conclusión que el cometió dicho delito. Nos encontramos frente a una sentencia que se ha proferido en términos inexistentes, en la búsqueda de elementos probatorios que no existen acreditados fehacientemente en el Debate de Juicio Oral y Público, solamente me resta decir al respecto, que resulta muy dificil, someterse al sistema de justicia hondureño, cuando a sabiendas nos enfrentamos a un Tribunal de Sentencia, que se convierte en una extensión del Ministerio Público; en consecuencia mi representado de antemano ya estaba condenado y no importando cuanto esfuerzo hiciera su defensa técnica para acreditar su inocencia, ante todas las imputaciones impregnadas de suposiciones y conjeturas relativas al tráfico ilícito de drogas argumentadas por los agentes de la Antiextorsión, estas por si solas ya gozaban de credibilidad y certeza según el Tribunal (y ello en peligrosa transgresión a lo establecido en el párrafo último del artículo 15 de la ley Procesal Penal), pero tener que rellenar esas declaraciones de testigos protegidos, donde no se presentó dicha declaración del según INFORMANTE, tergiversaciones e invenciones que haga el propio Tribunal como ha quedado evidenciado, al momento de valorar la prueba del testigo JUAN CARLOS GONZALES, constituye una afrenta a la justicia. Lo anterior rebasa cualquier concepto doctrinal y jurídico que el recurrente exponga sobre la Sana Critica, ya que el razonamiento de los juzgadores es contrario a las reglas de la sana crítica, pues se incumple un razonamiento lógico o con apego a las reglas del correcto entendimiento humano, cuando se parte de circunstancias inciertas, como son las supuestamente acreditadas en el fallo y de remate deduce de ellas una conclusión meramente conjetural, pues esas circunstancias no permiten sostener lo que se pretende demostrar, ya que en estos casos no estamos hablando de Sana Crítica, sino de Proterva Crítica, por lo cual le dejamos al Ministerio Público, la palabra, para que salga a la defensa de su ramificación con carácter jurisdiccional. C) Medio de Prueba Documental: "Acta de Allanamiento e Inspección Ocular": Cuando hablamos de medios de prueba documental estamos frente a un medio donde se corrobora y se comprueba la participación de un delito de manera documentada y clara, según lo establecido en el articulo 199 párrafo tres que literalmente dice lo siguiente: "Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación, resultan útiles para la averiguación de la verdad, y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir”, En este caso en el Acta de Allanamiento de Inspección ocular, que se le realizo al señor HENRY YOBANI RIOS LAGOS, solo se le encontró documentos que no tienen nada que ver con el DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO, no se encontró ningún indicio que lleve a la conclusión la comisión de dicho delito. Para concluir, me resulta imprescindible citar El libro de BECCARIA que contiene el alegato histórico más emotivo, posiblemente más censor también, contra la interpretación judicial de las leyes: -- Sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad debe residir únicamente en el legislador, que representa toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado (que es parte de ella) puede con justicia decretar a su voluntad penas contra otro individuo de la misma sociedad (Cáp. 3) Tampoco la autoridad de interpretar las leyes penales puede residir en los jueces criminales, por la misma razón que no son legisladores... En todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. Póngase como mayor la ley general; por menor, la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o la pena... No hay cosa tan peligrosa como aquel axioma común que propone por necesario consultar el espíritu de la ley. Es un dique roto al torrente de las opiniones... El espíritu de la ley sería, pues, la resulta de la buena o mala lógica de un juez, de su buena o mala digestión; dependería de la violencia de sus pasiones, de la flaqueza de que sufre, de las relaciones que tuviese con el ofendido, y de todas aquellas fuerzas que cambian las apariencias de los objetos en el ánimo fluctuante del hombre... ¿Cuántas veces vemos los mismos delitos diversamente castigados por los mismos Tribunales en diversos tiempos, por haber consultado, no la constante y fija voz de la ley, sino la errante inestabilidad de las interpretaciones ? Un desorden que nace de la rigorosa y literal observancia de una ley penal no puede compararse con los desórdenes que nacen de la interpretación. (Pero) un código fijo de leyes, que se deben observar a la letra, no deja más facultad al juez que la de examinar y juzgar en las acciones de los ciudadanos si son conformes o no a la ley escrita.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Considera esta Sala de lo Penal, que la respuesta a cada motivo planteado por los recurrentes, debe de realizarse en consideración a su naturaleza y principalmente en razón de su incidencia en la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Es por ello que el orden de respuesta, haciendo pronunciamiento de cada motivo, será en el siguiente orden: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por defensa privada del Imputado Henry Yobany Ríos Lagos. Primer motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículos 362 numeral 1 del Código Procesal Penal; • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: La declaración de los hechos probados no es clara ni terminante por predeterminación del fallo; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Declarar ha lugar el motivo y por ende se anule el fallo recurrido. Aqueja la recurrente, en su primer motivo que las sentencias deben contener una declaración expresa y terminante de los hechos considerados probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, lo cual según ella no se produce en el caso subjudice, continuó manifestando en su desarrollo recursivo, que el hecho probado no se expresa de forma conclusiva, imperativa, terminante y categórica, pues considera que los jueces de sentencia predeterminaron el fallo, pues al momento de establecer la redacción de los hechos probados emplearon expresiones, conceptos y términos jurídicos, que corresponden a los delitos de Tráfico de Drogas y Lavado de Activos, comprendidos en los artículos 311 y 349 del Código Penal, Decreto 130-2017. Manifiesta además la impetrante que los jueces al confeccionar la Sentencia Definitiva, no evitando la sustitución en los hechos del factum de los conceptos jurídicos acreditados, significa una irrazonable anticipación conceptual del criterio jurídico, que en el silogismo judicial debía realizarse materialmente después de la exposición sobre los sucesos acaecidos, según la prueba valorada. De los Hechos Probados de la SentenciaLos hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que fueron debatidos; es una realidad existente que ha sido reconstruida por el juzgador. Como lo señala Murena (Murena, Maximiliano, en “Acerca de la Motivación de los Hechos en la Sentencia Penal”, contenido en La Sentencia Penal, Madrid 1002, pág. 133): es “el intento de determinación de los hechos probados del pasado, a través del análisis de hechos probatorios del presente”. Los hechos probados es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Los hechos probados, junto con la motivación probatoria y la motivación jurídica integran la “jugement motive” (sentencia motivada), garantía ante el arbitrio judicial; motivar una sentencia no solo es una manifestación de respeto ante el poder delegado de juzgar sino un instrumento contra su abuso. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. En los hechos probados el juzgador deberá de evitar plasmar resultados aislados de prueba, mucho menos sus valoraciones, pues esto le atañe al apartado de valoración de la prueba, así pues, el relato fáctico debe de ser neutral, ajeno de valoraciones, debe de ser una verdad cuya justificación no está en si misma, sino en el apartado donde se valore la prueba (descriptiva e intelectivamente). La significancia de los hechos declarados probados tiene especial trascendencia no solo respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado, sino que además como base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva; así entonces dentro de la sentencia los hechos probados cumplen dos funciones: 1. Función Descriptiva: Fijar cuales fueron las conclusiones fácticas arribadas por el tribunal producto de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica; Es la reconstrucción del hecho histórico objeto de debate, cuyo esclarecimiento fue el propósito de la actividad probatoria; y 2. Función Justificativa: Es a partir de los hechos probados que los/as juzgadores/as determinan la norma sustantiva aplicable al caso. Su contenido, tomado como una verdad absoluta, autoriza a los juzgadores a aplicar las normas sustantivas, y en su caso, a imponer las consecuencias que éstas prevén a las personas responsables del delito. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009); y d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores deben de ser capaz de suministrar un relato neutro, con la debida distancia respecto del derecho sustantivo de eventual aplicación, evitando caer en el riesgo fácil de producir un caso; por tanto no deben los juzgadores hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El Código Procesal Penal prevé como defecto por quebrantamiento de forma una indebida construcción del relato fáctico, aglutinando en el artículo 362.1 los diferentes motivos oponibles al referirse: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. Es importante resaltar que este primer numeral recoge únicamente los defectos que pueden plantearse como motivos exclusivamente de los hechos declarados probados. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011. pág. 118), esta Sala de lo Penal determina que en el planteamiento de un recurso de casación por quebrantamiento de forma en donde se señale como motivo una mala construcción de los hechos probados, el Censor deberá de acreditar los siguientes requisitos: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que quisieron manifestar los juzgadores debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o colisionantes o por ser los hechos probados la mera enumeración de actuaciones procesales o la mera descripción de medios probatorios; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el Censor , en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la Predeterminación del Fallo Como parte de su argumento, los censores han denunciado la existencia de predeterminación del fallo, lo que requiere como previo a hacer un pronunciamiento puntual el abordaje doctrinal del tema. A. Vía Recursiva: Como antecedente, es oportuno recordar que el Código de Procedimientos Penales, contenido en el Decreto Legislativo No. 189-04, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,556 en fecha 27 de febrero de 1985, ordenaba en el artículo 383.3 a los Jueces de Letras que en la construcción de la sentencia se debía de destinar considerandos en donde se señalase “la apreciación de los hechos que se hubiesen estimado probados, la participación que en ellos hubiere tenido cada uno de los procesados y la apreciación de las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes”; previendo además en el artículo 416, como forma de control ante una errónea construcción de los hechos declarados probados, la posibilidad de interponer el recurso de casación por quebrantamiento de forma: 2. “Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuales son los hechos que consideren probados o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico impliquen la predeterminación del fallo.”. En resumen, el Código de Rito anterior autorizaba plantear como motivos de casación por quebrantamiento de forma la denuncia de los vicios o defectos en la construcción de los hechos probados, siendo uno de ellos el conocido como “La Predeterminación del Fallo”. Ahora bien, el código procesal penal vigente, al momento de establecer cuáles son los requisitos esenciales de la sentencia, manda en el artículo 338 a los Tribunales de Justicia, entre otras cosas, que se deberán de consignar como fundamento la declaración de hechos probados, los cuales deberán de aparecer “En párrafos separados y numerados”, en los que “se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.”; Además, y de igual modo que disponía su antecesor, el Código Procesal Penal prevé como motivo de casación los defectos en la construcción de los hechos probados, señalando en el artículo 362.1 como sustento del recurso de casación por quebrantamiento de forma: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria;” Es de hacer notar que, si bien el código procesal penal previene al órgano jurisdiccional en el artículo 338, la no utilización de conceptos en la construcción de los hechos probados que predeterminen el fallo, no señala taxativamente como motivo de casación por quebrantamiento de forma aquella contravención, es decir, el uso de conceptos que predeterminen el fallo. Ello ha generado la pregunta de cuál es la vía recursiva correcta para denunciar dicho defecto en el actual modelo procesal. Al respecto la Sala de lo Penal ha tenido dos posturas, las cuales no son reconciliables: Una de esas posturas ha determinado que la vía recursiva para la denuncia del defecto “la predeterminación del fallo”, es por conducto del recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante la invocación del motivo contemplado en el artículo 362 numeral 1, entretanto la segunda postura es la que señala que la vía recursiva propia para hacer dicha denuncia es por conducto del recurso de infracción de precepto constitucional; tales posturas están plasmadas en la siguientes resoluciones: i. Primera postura: Sentencia de fecha 01 de Marzo de 2006, en el Expediente 2896-04, donde la Sala de lo Penal resolvió con lugar un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, sustentado bajo el artículo 362.1 del Código Procesal Penal, concediendo razón al Recurrente respecto a que en los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia se usaron conceptos que predeterminaron el fallo. • Sentencia de fecha 22 de enero de 2007, en el Expediente 2325-04, en el cual la Defensa Pública presento recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, citando como precepto autorizante el artículo 362.1 del Código Procesal Penal, denunciando el uso de conceptos que predeterminaron el fallo; Resolviendo esta Sala de lo Penal declarar con lugar el recurso. • Sentencia de fecha 13 de agosto de 2008, en el Expediente 290-07, donde la Defensa Privada, invocando como precepto autorizante el artículo 362-1 del Código Procesal Penal, denuncia la mala construcción de los hechos probados por el uso de conceptos que predeterminaron el fallo; Recurso que fue declarado con lugar por la Sala de lo Penal. • Sentencia de fecha 05 de abril de 2011, en el Expediente 042-09, en el cual la Sala de lo Penal resolvió fondo en un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, sustentado bajo la norma autorizante 362.1 del Código Procesal Penal, en el cual se denunció la predeterminación del fallo como consecuencia del uso de conceptos jurídicos en la construcción de los hechos probados. ii. Segunda Postura: Sentencia de fecha 18 de mayo de 2010, dictada en el expediente 219-2008, en la cual la Sala de lo Penal hace un pronunciamiento de fondo en un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alegando violación al debido proceso por inobservancia del artículo 338 del Código Procesal Penal, denunciando el Recurrente que en la construcción de los hechos probados se usaron conceptos que predeterminaron el fallo. • Sentencia del 22 de Septiembre de 2014, dictada en el Expediente 020-2012, este Tribunal de Casación señaló: “los Motivos de Casación por Quebrantamiento de Forma que nuestros Legisladores han establecido son “Numerus Clausus”, es decir de “Numero Limitado” por lo que impiden que dicho listado sea alterado añadiendo otros motivos; si analizamos detenidamente el Artículo 362 del Código Procesal Penal, podremos verificar que dentro del listado que el Sentenciador ha preestablecido, no aparece ningún motivo que refiera a la no utilización de conceptos legales en el cuadro factico. […] Estudiando a fondo dicho articulado podremos concluir que el empleo de Conceptos Jurídicos que predeterminen el fallo, no tiene ninguna relación con la ausencia del cuadro factico o con la claridad, terminancia o contradicción de los mismos; […] esta Sala de lo Penal ha re-direccionar su Opinión Jurisprudencial, en el sentido que no es posible abarcar dentro de los Motivos de Casación por Quebrantamiento de Forma que regula el ya citado Artículo 362 del CPP, los errores de los juzgadores al utilizar Conceptos Legales en la Redacción de Hechos Probados, y si bien el Artículo 338 regla cuarta numeral 1 del CPP, establece como requisito para la Redacción de la Sentencia, la no utilización de conceptos que por su exclusivo carácter jurídico predeterminen el fallo, estos yerros tendrán que ser interpuestos a través de un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante la denuncia de una Transgresión al Debido Proceso.”. • En Sentencia de fecha 03 de Marzo de 2015, dictada en el Expediente 036-2012, se dispuso: “El Motivo no es de Recibo. La Sala Penal considera importante recordar que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es un recurso extraordinario, llamado así debido a que las causas por las cuales puede interponerse el mismo están previamente determinadas en la Ley (Art. 362 1er. párrafo del CPP), siendo estas taxativas, ninguna parte podrá alegar otro motivo diferente a los enumerados (numerus clausus). El Censor ha errado en la vía recursiva ya que, a diferencia del otrora vigente Código de Procedimientos Penales, no está previsto como motivo sustentador del recurso de casación por Quebrantamiento de forma la violación de la regla cuarta del Artículo 338, que prohíbe la inclusión de conceptos que por su carácter jurídico exclusivo predeterminen el fallo (Art. 362 del CPP), siendo éste vicio propio del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional al Debido Proceso (Art. 90 de la Constitución de la República).”. iii. Postura Definitiva: Ante la adopción de dos posturas contrapuestas sobre la vía recursiva que debe de usarse para denunciar “la predeterminación del fallo”, esta Sala de lo Penal invita a partir del análisis de la significancia de los hechos declarados probados no solo como parte de la estructura de la sentencia y base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva, sino que además la trascendencia que tiene para la persona acusada y para la persona víctima, respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente. Así las cosas, la falta de claridad no solo ocurre cuando en el capítulo del factum los juzgadores hacen mano de términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión (Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), o hacen su exposición mediante una redacción dubitativa o imprecisa (Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009), sino que además cuando se utiliza términos o conceptos fuera del alcance del profano, que impiden a cualquier lector y en especial al acusado y a la víctima entender cristalinamente en que hechos basa el Tribunal su juzgamiento, así determinado por el legislador cuando manda que los hechos declarados probados deben ser dispuestos “En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.” (Art. 338 cpp). Ya sobre ello la Sala de lo Penal se había referido en la sentencia del 14 de enero de 2015, dictada en el Exp 062-2013: “Habiendo vedado el legislador que al realizarse la descripción de hechos probados se utilicen conceptos jurídicos que puedan predeterminar un fallo debiéndose relatar únicamente el relato fáctico del hecho acaecido, dejándose para la fundamentación jurídica los conceptos técnicos que establezcan la calificación jurídica de los hechos, pues se constituye el vicio de la predeterminación del fallo por la utilización en el fáctum de expresiones técnico jurídicas que definan y den nombre específico a la esencia del tipo aplicable al caso concreto, se debe realizar una descripción de hechos probados no sólo con significado jurídico, sino que permita que cualquier ciudadano común al leer los hechos probados deduzca con facilidad lo sucedido, un ciudadano que no tenga conocimientos jurídicos, no tiene por qué conocer la diferencia existente, verbigracia, entre calumnia e injuria, homicidio y asesinato, pero si entenderá el sentido de la acción cuando se describan los hechos probados con términos no jurídicos.”. Entiéndase: la sentencia ciertamente contiene conceptos ajenos al uso común por su carácter técnico/jurídico, más éstos al ser citados en la fundamentación probatoria o fundamentación jurídica van acompañados de su explicación respectiva con el objeto de hacerlos accesibles a todos y todas, más cuando son usados en la declaración de los hechos probados, tal explicación no es posible ser agregada, surgiendo el riesgo que quede inaccesible para muchas personas el sentido del discurso judicial. El uso de conceptos que por su exclusivo carácter jurídico tiene también como consecuencia la predeterminación del fallo, al encontrar identidad con los elementos de construcción del tipo penal que hace inexorable la consecuencia de su aplicación, ello como explicamos líneas adelante. El vicio de falta de claridad de los hechos probados, sea por una exposición oscura, confusa, dubitativa o ambivalente, sea por el uso de conceptos que por su carácter jurídico están fuera del alcance del profano, es un vicio que debe de ser denunciado por la vía recursiva que se dispone en el artículo 362.1 del Código Procesal Penal. 2. La Predeterminación del fallo por mala construcción de los hechos probados Esta Sala de lo Penal en las sentencias de fecha 15 de junio de 2016 en Exp 181-2013; de fecha 02 de noviembre de 2016 en Exp 019-2015; de 09 de diciembre de 2014 en Exp. 433-2012; de 05 de abril de 2011 en Exp 042-2009, ha señalado que la predeterminación de fallo tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean “conceptos” que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico-jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, clara separación entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que no se puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo a través de su significación jurídica. Sintetizando: para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: • Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado; • Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común; • Que tengan relación causal con el fallo, y • Que, suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión dé lugar a un vacío fáctico. Es preciso advertir que los hechos probados siempre, sin excepción alguna, deben predeterminar el fallo que ha de dictarse, ya sea éste absolutorio o condenatorio, pues de otro modo no podría realizarse juicio positivo o negativo de tipicidad/antijuricidad/culpabilidad; El defecto ocurre cuando esa predeterminación es como consecuencia de la utilización del relato histórico de conceptos cuya significancia solo puede ser explicado en el plexo jurídico, de los que hacen mano los juzgadores en sustitución de una la descripción histórica, dejando en la oscuridad a toda persona ajena a ese mundo jurídico, en particular a la persona acusada y a la víctima. Se insiste que, para efectos de este motivo, se debe entender por conceptos jurídicos, aquellas palabras, frases o términos, cuyo contenido conceptual solo puede entenderse a partir de conocimientos especiales sobre la ciencia del derecho, distantes a la comprensión del hombre/mujer medio/a, (Falta de claridad) y que además encuentren identidad en alguno de los elementos (o en todos) de la norma penal sustantiva llamada a gobernar el caso concreto (Predeterminación). No tienen este carácter los juicios de inferencia, es decir las palabras o frases que revelan conocimiento y/o intencionalidad en el actuar de algunos de los protagonistas del relato histórico. Luzon Cuesta (En Luzon Cuesta, Jose Maria, en El Recurso de Casación Penal, 2ª edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148.) explica que “[…] los llamados juicios de inferencia, mediante los cuales se determina el elemento subjetivo del delito, de modo que, aunque su ubicación más acertada está entre las consideraciones jurídicas, en cuanto extraídas de los datos objetivos relatados, su inclusión en el relato de hechos (del que, por otra parte, pueden mentalmente suprimirse sin que quede afectado) no supone quebrantamiento de forma….llegando a afirmarse por ejemplo, que la expresión “a sabiendas” otras similares que con frecuencia se utilizan en los hechos probados de una sentencia penal (“a propósito”, “intencionadamente”, “con conocimiento de”, etc.…) que sintetizan así la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo delictivo, pueden utilizarse legítimamente dentro del capítulo fáctico para dar una mayor expresividad al relato, siempre que luego se explique cómo ha quedado acreditado tal elemento…”. De la Procedencia del Recurso: El Motivo primero es de Recibo, con efecto extensivo a los acusados José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Consuelo Silva Soriano, Abigail Lopez Rivera, Jose Adán Castillo Velásquez y Dimas Castillo Velásquez. Para poder dar respuesta a lo planteado por la censora tenemos que avocarnos a la declaración de hechos probados del Tribunal de Sentencia en el presente caso, los cuales están transcritos líneas atrás y que en resumen señalan: 1. En el año 2017 Agentes de la Policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos provenientes de la narcoactividad, que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad, entre ellos a su propio hermano el señor Francisco Javier Castillo Velásquez, así como a un hijo del señor José Adán Castillo Velásquez de nombre José Adán Castillo Escalante, quienes eran los encargados del traslado y custodia de los cargamentos de droga. 2. A raíz de la denuncia los agentes asignados al caso realizaron las investigaciones de campo, obteniendo por fuentes humanas los números utilizados por los sospechosos y solicitaron a la Fiscalía del Ministerio Público que gestionaran la interceptación de las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos. 3. Durante el proceso de intervención de las comunicaciones los investigadores se percataron que los señores José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, efectivamente coordinaban transacciones de droga y giraban instrucciones precisas sobre las rutas que Debian utilizarse, los precios de los cargamentos, el lugar donde debían esconderse las ganancias. 4. En fecha tres de julio del año 2018, se interceptaron comunicaciones sobre otra transacción de droga cuyo comprador era una persona extranjera que se estaba hospedando en la casa de los señores Dimas Castillo y Adán Castillo, lo que fue informado a los agentes del caso, quienes en fecha seis de julio del año 2018, a la altura del puesto de control de Pavana, Choluteca, procedieron a la detención del señor Alejandro Javier Moya Cruz. 5. A pesar de los sucesos y la captura mencionada se determinó que la organización siguió operando durante el año 2018, asimismo que la pareja del señor Dimas Castillo Velásquez, la señora Edith Oneyda Funez Salinas, era otra miembro de la organización, encargada de coordinar la logística, del traslado de droga, asimismo de llevar y traer dinero desde y hacia el centro penal donde estaba su compañero de hogar y cónyuge y que los señores Henry Yovany Ríos Lagos y su compañera de Hogar Abigail López Hernández, se encargaban de trasladar la droga, entregar droga, cobrar dinero producto de la venta. 6. Que a raíz de la intervención de las comunicaciones, el Ministerio Público, solicitó ante el Órgano Jurisdiccional competente la realización de varios allanamientos, que tuvieron lugar el 31 de enero de 2019, entre ellos a las casas de la señora Abigail López Hernández, a la casa de Edith Oneyda Funez Salinas, la casa de la señora Wendy Carmelina Alvarez, a la casa de Carlos Fabricio Pleytes Ayala, a la casa de Consuelo Silva Soriano y en ninguna de ellas se encontró droga, sin embargo se decomisaron vehículos, motocicletas, celulares y documentos para ser analizados si tenían alguna relación con la investigación. La recurrente acertó en la elección de la vía recursiva, mediante la cual hace la denuncia del defecto, tanto en no ser terminantes y que se predetermina el fallo en los hechos probados, teniendo la razón en cuanto a la existencia de éste. Hemos señalado que la declaración de hechos probados es un presupuesto necesario del fallo, mediante la cual se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento jurídico (subsunción) del caso debatido en el proceso; por ello, en su confección no es dable al Juzgador incluir en su relato, juicios apriorísticos de valor que por su exclusivo carácter jurídico puedan dar lugar a la predeterminación del fallo; se resalta que los conceptos, frases o términos censurados son aquellos de carácter jurídico que tengan identidad con la norma gobernante del caso, pues son estos los que en primer lugar mellan en la claridad del relato y por otra parte predeterminan el fallo al ser inexorable la subsunción entre el hecho y la norma penal. Es claro, que no existe una descripción bastante y suficiente en el hecho probado, cuando los juzgadores relatan “Tráfico Ilícito de Drogas” expresión que no es terminante, inclusive también solo utilizan el término “droga”, para concluir de manera categórica sobre la existencia del ilícito sobre el cual se condenó a los imputados; la redacción empleada por el sentenciador puede resultar ser distorsionadora, en la medida que permite plantearse escenarios que puedan referir a cualquier tipo de droga, inclusive aquellas que no son constitutivas de delito. Asimismo, lo increpado por la recurrente sobre la predeterminación del fallo; ésta Sala de lo Penal coincide con sus alegatos, pues de una simple lectura al hecho probado se deduce anticipadamente términos de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; de la descripción del Hecho Probado se identifica la locución “Tráfico Ilícito de Drogas”; expresión que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma, con ello, definir los grados de participación, en relación al quantum de la pena a imponer. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser, en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento. En el caso examine resulta evidente la existencia al irrespeto a lo mandado en la regla Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal; por lo que se concluye que los hechos probados que sustenta la sentencia venida en casación, no obedecen los requisitos exigidos por la legislación procesal penal; como consecuencia, es procedente declarar Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo primero. Asimismo, se abstiene de emitir pronunciamiento sobre el segundo motivo del recurso de Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora en su condición antes indicada y además del recurso planteado por el Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de Apoderado Defensor de la señora Consuelo Silva Soriano, en virtud, que con su técnica, principios y contenido se pretende la nulidad de la sentencia viciada y del proceso en que se dictó y siendo de recibo el presente motivo, se ha provocado la realización de un nuevo juicio en el cual se pueden corregir los vicios encontrados, resultando inoportuno hacer análisis del mismo, al lograrse la finalidad requerida en su interposición. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 349, 362 numeral 1 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por la Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora, en su condición de defensora privada de Henry Yobany Ríos Lagos; el cual debe ser extensivo a los imputados José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Consuelo Silva Soriano, Abigail Lopez Rivera, Jose Adán Castillo Velásquez y Dimas Castillo Velásquez. Segundo: En consecuencia Casa Parcialmente la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Henry Yobany Ríos Lagos, José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Consuelo Silva Soriano, Abigail Lopez Rivera, Jose Adán Castillo Velásquez y Dimas Castillo Velásquez, a quienes se les siguió proceso como coautores de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras; decretando parcialmente su nulidad y de la audiencia de debate que le origina de fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, asimismo de la audiencia de individualización de pena de fecha once de mayo de dos mil veintiuno. Tercero: Ante lo anterior, Declara Firme el pronunciamiento de instancia respecto al párrafo primero, en relación a la absolutoria a favor de los señores Carlos Fabricio Pleytez Ayala y Eveth Julissa Gómez Manzanares, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de La Salud Pública. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de los acusados Henry Yobany Ríos Lagos, con efecto extensivo a los imputados José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Consuelo Silva Soriano, Abigail Lopez Rivera, Jose Adán Castillo Velásquez y Dimas Castillo Velásquez, a quienes se les siguió proceso como coautores de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil veintitrés. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFIQUESE- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado, Pia Cristina Mejia Nuñez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a 06 de marzo de 2026. Certificación de la Sentencia dictada el 12 de enero de 2026, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-193-2024.Rina Koritza Sandoval Navas. Secretaria de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-193-2024, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP-193-2024, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Carlos Fabricio Pleytez Ayala y Eveth Julissa Gómez Manzanares, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de La Salud Pública. Segundo: Condenó a José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Henry Yobany Ríos Lagos, Abigail Lopez Rivera y Consuelo Silva Soriano, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de La Salud Pública, a la pena principal de quince (15) años de prisión; asimismo se les condena a la pena principal de Multa de 300 días, equivalente a veinte lempiras por cada día multa, haciendo un total de seis mil lempiras de multa (L. 6,000). Tercero: Condenó a Jose Adán Castillo Velásquez, Dimas Castillo Velásquez, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de La Salud Pública, a la pena principal de diecisiete (17) años con seis (06) meses de prisión; asimismo se les condena a la pena principal de Multa de 300 días, equivalente a veinte lempiras por cada día multa, haciendo un total de seis mil lempiras de multa. (L. 6,000). Cuarto: Condenó a José Adán Castillo Velásquez, Dimas Castillo Velásquez, José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Alvarez, Henry Yobany Ríos Lagos, Abigail Lopez Rivera y Consuelo Silva Soriano, como consecuencia de la pena de prisión. impuesta por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas agravado a la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta, por el mismo tiempo que dure la pena principal de prisión. Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: Declaró a José Adán Castillo Velásquez, Dimas Castillo Velásquez, José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Henry Yobany Ríos Lagos, Abigail Lopez Rivera Y Consuelo Silva Soriano, por su participación en un delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de La Salud Publica, responsables civilmente, como consecuencia proveniente del delito. Séptimo: No procedió declarar el comiso de ningún objeto. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de defensor privado de la acusada Consuelo Silva Soriano. Por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora, en su condición de defensora privada de Henry Yobany Ríos Lagos. Son partes en única instancia: El Abogado Marlon Duarte Amador, defensor privado; la Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora, defensora privada, en su condiciones de recurrente; y los abogados Marla Iris Cárdenas Guardado, agente fiscal del Ministerio Público, Maria Elena Amador Salmerón, Procurador Judicial del Estado de Honduras, ambos en su condición de recurridos. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En el año 2017 Agentes de la Policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de droga y lavado de activos provenientes de la narcoactividad, que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad entre ellos a su propio hermano el señor Francisco Javier Castillo Velásquez, así como a un hijo del señor José Adán Castillo Velásquez, de nombre José Adán Castillo Escalante, quienes eran los encargados del traslado y custodia de los cargamentos de droga, así como de otros individuos quienes para llevar acabo sus actividades ilícitas, hacían uso de líneas telefónicas. SEGUNDO: A raíz de esta denuncia los agentes asignados al caso realizaron las investigaciones de campo, obteniendo por fuentes humanas los números utilizados por los sospechosos y solicitaron a la Fiscalía del Ministerio Público que gestionaran la interceptación de las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos ante el órgano judicial competente, en el mes de febrero del año 2018. Ante la solicitud del Ministerio Público el Juzgado de Garantias Penal autorizó la interceptación de las comunicaciones de varios números telefónicos utilizados por los miembros de la estructura criminal que habían sido enunciados por medio de personal adscrito a la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, quienes durante el procedimiento de interceptación se percataron que los señores José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, efectivamente coordinaban transacciones de droga y giraban instrucciones precisas sobre las rutas que deberían utilizarse, los precios de los cargamentos, el lugar debían esconderse las ganancias; asimismo manifestaban que el encargado de monitorear la rutas para evitar ser descubiertos por los puestos de control de los policías, lo que se conoce como banderear era el joven José Adán Castillo Escalante, y que en la coordinación de movimientos de droga participaría un hermano de ellos identificado como Francisco Javier Castillo, que además era uno de los encargados de recolectar el dinero producto de la venta de droga, específicamente se interceptaron comunicaciones de fecha 15 y 24 de marzo del año 2018, en las cuales se estaba coordinando movimientos de droga a cambio de dinero en las que participarían entre otros los señores Francisco Javier Castillo y Danilo Pineda Velásquez, quienes efectivamente fueron requeridos por la policía cuando realizaban labores de recorrido de la ruta para alertar a las personas que iban ejecutando la transacción sin embargo fueron dejados en libertad y posteriormente ellos se comunicaron con los otros miembros de la organización para que evadieran los retenes policiales. Asimismo, en fecha primero de junio de 2018, se intercepto otra comunicación donde se estaba coordinando otra transacción de droga en la cual participaría una persona de dicha estructura por lo que se dio alerta a los agentes del caso para que realizaran los operativos de rutina, dejando como resultado la detención del señor Pedro Pablo Escalante Pineda, a la altura de Namacigue Choluteca, a quien se le decomiso una sustancia de color blanco presuntamente cocaina. Posteriormente en fecha 03 de julio del año 2018, se interceptaron comunicaciones sobre otra transacción de droga cuyo comprador era una persona extranjera que inclusive se estaba quedando hospedado en la casa de los señores Dimas Castillo y Adán Castillo, lo que también fue informado a los agentes del caso quienes en fecha 06 de julio del año 2018, a la altura del puesto de control de Pavana Choluteca procedieron a la detención del señor Alejandro Javier Moya Cruz, quien se trasladaba a bordo de un vehículo marca Tacoma, color verde, cabina y media, placa PCS 7308, portando cuatro kilos de cocaína y dinero en efectivo tanto en denominaciones de dólares, quetzales y lempiras, dicha detención fue informada por los medios de comunicación, siendo puesto en conocimiento al señor José Adán Castillo Velásquez, por via telefónica de lo cual también quedo registro en las interceptaciones. TERCERO: Además de los sucesos ya referidos se pudo determinar que a pesar de las capturas mencionadas la organización continuo operando durante todo el año 2018; asimismo que la pareja del señor Dimas Castillo Velásquez, la señora Edith Oneyda Fúnez Salinas, era otra miembro de la organización encargada de coordinar la logistica, del traslado de la droga; asimismo llevar y traer dinero desde y hacia el centro penal donde estaba su compañero de hogar y cónyuge y que los señores Henry Yovany Ríos Lagos, y su compañera de hogar Abigail López Hernández, se encargaban de trasladar la droga, entregar droga, cobrar dinero producto de la venta, llegando inclusive el señor Adán Castillo, a manifestarle a una persona con la cual estaba coordinando una transacción de droga vía telefónica que la fuera a traer a la casa de Abigail López Hernández, asimismo se estableció a través de las mismas escuchas telefónicas que el señor Adán Castillo Velásquez, remitía sus clientes donde la señora Consuelo Silva Soriano, ya que ella también se encargaba de guardar droga y distribuirla en su casa de habitación ubicada en el Barrio Venecia de la ciudad de Choluteca, mientras que la señora Wendy Carmelina Álvarez, también recolectaba dinero de la organización producto de la venta, recibía y hacia las llamadas de advertencia a los encargados de banderear, para que las personas que transportaban la droga cambiaran de ruta y asi poder evitar ser detectados en los operativos policiales. CUARTO: A raíz del resultado del método de investigación de interceptación de comunicaciones, la Fiscalía del Ministerio Público, solicitó ante el órgano judicial competente la realización de varios allanamientos que tuvieron lugar en fecha 31 de enero del año 2019, entre ellos a la casa de la señora Abigail López Hernández, ubicada en Barrio San Miguel, la casa de Francisco Javier Castillo Velásquez, ubicada en la Aldea Nance Dulce, a la casa de Edith Oneyda Fúnez Salinas, en Barrio Araujo, la casa dela señora Wendy Carmelina Álvarez, ubicada en Barrio Araujo, todas ellas ubicada en el Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, como a las casas de los señores Carlos Fabricio Pleytes Ayala, ubicada en la Colonia La Libertad de la ciudad de Choluteca y la casa de la señora Consuelo Silva Soriano, ubicada en la Barrio Venecia, de la ciudad de Choluteca, también se ejecutaron allanamientos en casa de habitación de los señores José Adán Castillo Velásquez, Victorino Castillo Velásquez, José Adán Castillo Velásquez, de su hermana Maximiliana Reyes, ubicadas en jurisdicción del Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, en ninguna de ellas se encontró droga, sin embargo se decomisaron vehiculos, motocicletas, celulares y documentos para efecto de ser analizados y determinar si tenían alguna relación con la investigación, procediéndose asimismo a la detención de los señores Francisco Javier Castillo Velásquez, José Adán Castillo Escalante, Edith Oneyda Fúnez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Edith Yulisa Gomenz Manzanares, Henry Yovany Ríos Lagos, Abigail López Hernández Consuelo Silva Soriano, quienes fueron puestos a la orden de la autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de defensor privado de Consuelo Silvia Soriano, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Los hechos declarados por el Juzgador no son claros ni terminantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1, en relación al artículo 338 numeral 4 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Lo cierto es que ésta vía impugnativa es el único medio, con que cuenta la. defensa para denunciar los desaciertos cometidos por los tribunales de sentencia y que como garantes de legalidad no podemos consentir ni permitir; y es el único medio para que esta Honorable Sala, como máximo órgano de Poder Judicial en materia penal y rector de la política jurisdiccional a nivel nacional, pueda conocer, corregir y redirigir a los tribunales de sentencia, para que éstos dicten fallos que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en el articulo 338 del Código Procesal Penal y subsanen los hierros que a continuación se señalarán, ya que sentencias de este tipo, constituyen un retroceso en el proceso de impartición de justicia. Sobre la redacción de hechos probados la Honorable Sala de lo Penal, ha estabelcido lo siguiente: "Esta Sala de lo Penal considera pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, Provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la "quaestio facti" debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o "quaestio iuris". (Lo subrayado es nuestro) Al examinar el fallo ahora censurado se puede apreciar que el mismo no cuenta con un cuadro fáctico que describa cual es la verdad a la que ha arribado el juzgador luego de concluido el presente proceso, ya que únicamente a establecido como hechos probados de la sentencia, los siguientes: PRIMERO: En el año 2017 Agentes de la Policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilicito de droga y lavado de activos provenientes de la narcoactividad, que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad entre ellos a su propio hermano el señor Francisco Javier Castillo Velásquez, así como a un hijo del señor José Adán Castillo Velásquez, de nombre José Adán Castillo Escalante, quienes eran los encargados del traslado y custodia de los cargamentos de droga, así como de otros individuos quienes, para llevar a cabo sus actividades ilícitas, hacían uso de líneas telefónicas. SEGUNDO: A raíz de esta denuncia los agentes asignados al caso realizaron las investigaciones de campo, obteniendo por fuentes humanas los números utilizados por los sospechosos y solicitaron a la Fiscalía del Ministerio Público que gestionaran la interceptación de las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos ante el órgano judicial competente, en el mes de febrero del año 2018. Ante la solicitud del Ministerio Público el Juzgado de Garantías Penal autorizó la interceptación de las comunicaciones de varios números telefónicos utilizados por los miembros de la estructura criminal que habían sido enunciados por medio de personal adscrito a la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, quienes durante el procedimiento de interceptación se percataron que los señores José Adán Castillo Velásquez Dimas Arturo Castillo Velásquez, efectivamente coordinaban transacciones de droga y giraban instrucciones precisas sobre las rutas que deberían utilizarse, los precios de los cargamentos, el lugar debían esconderse las ganancias; asimismo manifestaban que el encargado de monitorear la rutas para evitar ser descubiertos por los puestos de control de los policías, lo que se conoce como banderear era el joven José Adán Castillo Escalante, y que en la coordinación de movimientos de droga participaría un hermano de ellos identificado como Francisco Javier Castillo, que además era uno de los encargados de recolectar el dinero producto de la venta de droga, específicamente se interceptaron comunicaciones de fecha 15 y 24 de marzo del año 2018, en las cuales se estaba coordinando movimientos de droga a cambio de dinero en las que participarían entre otros los señores Francisco Javier Castillo y Danilo Pineda Velásquez, quienes efectivamente fueron requeridos por la policía cuando realizaban labores de recorrido de la ruta para alertar a las personas que iban ejecutando la transacción sin embargo fueron dejados en libertad y posteriormente ellos se comunicaron con los otros miembros de la organización para que evadieran los retenes policiales. Asimismo, en fecha primero de junio de 2018, se intercepto otra comunicación donde se estaba coordinando otra transacción de droga en la cual participaría una persona de dicha estructura por lo que se dio alerta a los agentes del caso para que realizaran los operativos de rutina, dejando como resultado la detención del señor Pedro Pablo Escalante Pineda, a la altura de Namacigue Choluteca, a quien se le decomiso una sustancia de color blanco presuntamente cocaína. Posteriormente en fecha 03 de julio del año 2018, se interceptaron comunicaciones sobre otra transacción de droga cuyo comprador era una persona extranjera que inclusive se estaba quedando hospedado en la casa de los señores Dimas Castillo y Adán Castillo, lo que también fue informado a los agentes del caso quienes en fecha 06 de julio del año 2018, a la altura del puesto de control de Pavana Choluteca procedieron a la detención del señor Alejandro Javier Moya Cruz, quien se trasladaba a bordo de un vehiculo marca Tacoma, color verde, cabina y media, placa PCS 7308, portando cuatro kilos de cocaína y dinero en efectivo tanto en denominaciones de dólares, quetzales y lempiras, dicha detención fue informada por los medios de comunicación, siendo puesto en conocimiento al señor José Adán Castillo Velásquez, por vía telefónica de lo cual También quedo registro en las interceptaciones. TERCERO: Además de los sucesos ya referidos se pudo determinar que a pesar de las capturas mencionadas la organización continuo operando durante todo el año 2018; asimismo que la pareja del señor Dimas Castillo Velásquez, la señora Edith Oneyda Fúnez Salinas, era otra miembro de la organización encargada de coordinar la logistica, del traslado de la droga; asimismo llevar y traer dinero desde y hacia el centro penal donde estaba su compañero de hogar y cónyuge y que los señores Henry Yovany Ríos Lagos, y su compañera de hogar Abigail López Hernández, se encargaban de trasladar la droga, entregar droga, cobrar dinero producto de la venta, llegando inclusive el señor Adán Castillo, a manifestarle a una persona con la cual estaba coordinando una transacción de droga vía telefónica que la fuera a traer a la casa de Abigail López Hernández, asimismo se estableció a través de las mismas escuchas telefónicas que el señor Adán Castillo Velásquez, remitía sus clientes donde la señora Consuelo Silva Soriano, ya que ella también se encargaba de guardar droga y distribuirla en su casa de habitación ubicada en el Barrio Venecia de la ciudad de Choluteca, mientras que la señora Wendy Carmelina Álvarez, también recolectaba dinero de la organización producto de la venta, recibia y hacia las llamadas de advertencia a los encargados de banderear, para que las personas que transportaban la droga cambiaran de ruta y así poder evitar ser detectados en los operativos policiales. CUARTO: A raíz del resultado del método de investigación de interceptación de comunicaciones, la Fiscalía del Ministerio Público, solicitó ante el órgano judicial competente la realización de varios allanamientos que tuvieron lugar en fecha 31 de enero del año 2019, entre ellos a la casa de la señora Abigail López Hernández, ubicada en Barrio San Miguel, la casa de Francisco Javier Castillo Velásquez, ubicada en la Aldea Nance Dulce, a la casa de Edith Oneyda Fúnez Salinas, en Barrio Araujo, la casa dela señora Wendy Carmelina Álvarez, ubicada en Barrio Araujo, todas ellas ubicada en el Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, como a las casas de los señores Carlos Fabricio Pleytes Ayala, ubicada en la Colonia La Libertad de la ciudad de Choluteca y la casa de la señora Consuelo Silva Soriano, ubicada en la Barrio Venecia, de la ciudad de Choluteca, también se ejecutaron allanamientos en casa de habitación de los señores José Adán Castillo Velásquez, Victorino Castillo Velásquez, José Adán Castillo Velásquez, de su hermana Maximiliana Reyes, ubicadas en jurisdicción del Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, en ninguna de ellas se encontró droga, sin embargo se decomisaron vehículos, motocicletas, celulares y documentos para efecto de ser analizados y determinar si tenían alguna relación con la investigación, procediéndose asimismo a la detención de los señores Francisco Javier Castillo Velásquez, José Adán Castillo Escalante, Edith Oneyda Fúnez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Edith Yulisa Gomenz Manzanares, Henry Yovany Ríos Lagos, Abigail López Hernández, CONSUELO SILVA SORIANO, quienes fueron puestos a la orden de la autoridad competente". Que esta Sala de lo Penal, ha establecido los requisitos mínimos que debe contener un Hecho declarado como probado, siendo estos: "Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: "... la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión" (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), "...supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho" (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: "...Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como "posiblemente", "casi seguro" u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido..." (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); у c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia "...implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos...". (Sentencia de fecha 25 de Noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera, esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencías absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. Que de acuerdo a lo establecido por esta Sala de lo Penal y de conformidad a la simple lectura de la sentencia, se evidencia que la misma no cuenta con una declaratoria de hechos probados que cumpla con los requisitos enunciados anteriormente, pues los mismos no son claros, precisos ni coherentes incurriendo en un grave vicio que produce la imposibilidad de poder dar fundamento jurídico a la decisión judicial, en vista que estamos ante una verdad desconocida a la cual no se puede asignar la norma correspondiente que resuelva el caso. Llama la atención a esta defensa que el hecho declarado como probado no es coherente en ninguna de sus partes, pues comienza diciendo que " En el año 2017 Agentes de la Policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de droga y lavado de activos provenientes de la narcoactividad, que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad entre ellos a su propio hermano el señor Francisco Javier Castillo Velásquez, asícomo a un hijo del señor José Adán Castillo Velásquez, de nombre José Adán Castillo Escalante, quienes eran los encargados del traslado y custodia de los cargamentos de droga, así como de otros individuos quienes, para llevar a cabo sus actividades ilícitas, hacían uso de lineas telefónicas". Narran una serie de hechos, inclusive mencionan nombre de personas que no son nuestros representados, que fueron detenidos en posesión de droga y dinero, sin embargo, en el mismo hecho declarado como probado en su numeral Cuarto, dice "A raíz del resultado del método de investigación de interceptación de comunicaciones, la Fiscalía del Ministerio Público, solicitó ante el órgano judicial competente la realización de varios allanamientos que tuvieron lugar en fecha 31 de enero del año 2019, entre ellos a la casa de la señora Abigail López Hernández, ubicada en Barrio San Miguel, la casa de Francisco Javier Castillo Velásquez, ubicada en la Aldea Nance Dulce, a la casa de Edith Oneyda Fúnez Salinas, en Barrio Araujo, la casa de la señora Wendy Carmelina Álvarez, ubicada en Barrio Araujo, todas ellas ubicada en el Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, como a las casas de los señores Carlos Fabricio Pleytes Ayala, ubicada en la Colonia La Libertad de la ciudad de Choluteca y la casa de la señora CONSUELO SILVA SORIANO, ubicada en la Barrio Venecia, de la ciudad de Choluteca, también se ejecutaron allanamientos en casa de habitación de los señores José Adán Castillo Velásquez, Victorino Castillo Velásquez, José Adán Castillo Velásquez, de su hermana Maximiliana Reyes, ubicadas en jurisdicción del Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca, en ninguna de ellas se encontró droga, sin embargo se decomisaron vehículos, motocicletas, celulares y documentos para efecto de ser analizados y determinar si tenían alguna relación con la investigación, procediéndose asimismo a la detención de los señores Francisco Javier Castillo Velásquez, José Adán Castillo Escalante, Edith Oneyda Fúnez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Edith Yulisa Gómez Manzanares, Henry Yovany Ríos Lagos, Abigail López Hernández Consuelo Silva Soriano, quienes fueron puestos a la orden dela autoridad competente" lo resaltado es nuestro. Resulta tan confuso dicho hecho declarado como probado, que primero dice que nuestros defendidos pertenecen a una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos, que operan en la zona sur del país, narra unas intervenciones telefónicas que se hicieron, supuestamente a nuestros representados y lo mas insólito que establece en el mismo hecho declarado probado, que se allanaron varias casas, incluida la de mi defendida y establece que en ninguna de ellas se encontró droga, entonces nos preguntamos, como es posible que declaren a la señora CONSUELO SILVA SORIANO responsable de la comisión del delito de Tráfico de Drogas Agravados, sin haberle encontrado en su casa o a ella misma, un tan solo gramo de Droga. Por lo tanto, del hecho probado, no se desprende que a mi representado se le haya decomisado ni un tan solo gramo de droga, aun habiendo realizado allanamientos en su casa, lo cual lo convierte en un hecho probado no claro ni preciso. Y lo mas grave aún que en el numeral segundo, párrafo cuarto el Tribunal establece que Asimismo, en fecha primero de junio de 2018, se intercepto otra comunicación donde se estaba coordinando otra transacción de droga en la cual participaría una persona de dicha estructura por lo que se dio alerta a los agentes del caso para que realizaran los operativos de rutina, dejando como resultado la detención del señor Pedro Pablo Escalante Pineda, a la altura de Namacigue Choluteca, a quien se le decomiso una sustancia de color blanco presuntamente cocaína"... el Tribunal utiliza la palabra presuntamente cocaína, lo que hace que el mismo no sea terminante, incumpliendo un requisito fundamental, que los mismos sean Terminantes: " hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como "posiblemente", "casi seguro" u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido..." (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); Prácticamente los hechos que el Tribunal de Sentencia declaró como probados, lo constituyen la formalización de acusación que realizó el Ministerio Público, el Tribunal solo se limitó a transcribir los mismos, lo cual le esta prohibido por la Ley, pues no redactaron los mismos de conformidad a los requisitos que anteriormente citamos, donde se describen los requisitos de forma y fondo que deben de reunir los mismos, por lo tanto estos hechos declarados probados no son claros, coherentes ni terminantes. Sobre los Hechos declarados como probados por el Tribunal, la Sala de lo Penal, se ha pronunciado de la manera siguiente " El Jurista Español José María Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos probados, considera que: "conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarios en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen dificil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga dificil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la "quaestio facti debe servir de apoyo y sustento a la calificación juridica o quaestio iuris" En casos similares al presente, Sala de lo penal, ha establecido lo siguiente: "La Sala considera que la narración es oscura o ininteligible, en términos de ambigüedad e imprecisión lo que dificulta su comprensión, y tal defecto provoca una laguna o vacío en la descripción histórica, tanto que determina la omisión o falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo. El juzgador de instancia, narra el hecho probado en forma oscura e imprecisa, al no hacer un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. En el factum de la sentencia recurrida no se determinan aspectos Básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. Por lo anterior, la sentencia recurrida adolece del defectos o vicio de forma alegados por el recurrente". Por lo cual pedimos se declare con lugar este motivo citado, y se anule la sentencia condenatoria dictada contra mi defendida.” “SEGUNDO MOTIVO: Adolecer la Sentencia de Motivaciones Fácticas Insuficientes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El artículo 141 del Código Procesal Penal ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, y precisamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto dicen: "Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos". Siendo que la motivación puede ser de hecho y de derecho, así como de forma absoluta o parcial, del estudio de los antecedes observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de valoración probatoria de la misma, al realizar el juzgador un análisis meramente descriptivo de la prueba sin acompañarse de valoración alguna a la conclusión, lo que limita la posibilidad de verificar la corrección del razonamiento que determina la condena de mi representada CONSUELO SILVA SORIANO a quien se le supone responsable de la comisión del delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO. Pues de la lectura de dicha valoración de la prueba se puede apreciar que los jueces solo se limitaron a describir todos y cada uno de los medios de prueba evacuados, sin embargo, no fueron capaces de hacer la valoración intelectiva de los mismos. Establecen en la página 110 de la sentencia impugnada, lo siguiente "En relación a la prueba de descargo de la defensa número uno.- A los anteriores medios de prueba documentales estos Juzgadores le concedemos toda la credibilidad pues los mismos fueron elaborados por funcionarios autorizados para realizar dichas diligencias y son documentos expedidos autorizados. Respecto Registro Personal, de fecha 03 de noviembre del año 2018, realizado en el Municipio del El Triunfo, Departamento de Choluteca, practicado a la señora Iveth Julissa Gómez Manzanares, donde manifiesta que a la misma solo se le encontró un teléfono celular el cual no es un indicio relevante para el esclarecimiento de la verdad puesto que no se le realizó la respectiva pericia, pero aunado a lo anterior se puede establecer que este hecho no sustrae a la acusada de la comisión de algún ilícito penal, ya que deben analizarse todas las pruebas aportadas en el proceso para poder establecer la participación o no de la imputada. Sin embargo, el Tribunal no es claro ni preciso en señalar cuales son todas las pruebas que deben analizarse y que se aportaron al proceso, lo que convierte su valoración en insuficientes, faltando a la valoración intelectiva, y esta falencia se da en toda la valoración de la prueba, pues solo se limitó el Tribunal a describir los medios de prueba aportados mas no se preocupó por la valoración intelectiva de la misma es decir el Tribunal se limitó a enunciar estas probanzas, por lo que se cumplió con el requerimiento de valoración fáctica, pero parcialmente porque se efectuó de manera descriptiva, no intelectiva ya que no emitió pronunciamiento alguno respecto del valor que las probanzas le merece. pues la labor jurisdiccional en referencia exige la necesaria valoración conjunta y armónica de toda la prueba producida con arreglo a las reglas de la Sana Crítica, además de que el fallo debe de contar con la motivación necesaria para que las partes intervinientes comprendan las razones de su decisión, por lo que el vicio in procedendo nos lleva a desconocer objetivamente como el A-quo ha formado su convicción. Los argumentos antes señalados nos conducen a afirmar que en el presente caso, se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el juzgador y que se ve reflejada en la valoración de la prueba, al haber omitido señalar cual es la apreciación de las mismas, las razones o motivos que lo llevaron a determinada conclusión sobre cada una de las pruebas introducidas al debate, así como si las mismas lo conducen al hecho investigado, ya sea estableciendo una conclusión afirmativa o negativa, limitándose a realizar un resumen meramente descriptivo de la probanza incorporadas. En lo que respecta a la motivación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido: "Que en el ámbito del Derecho Procesal la motivación puede ser definida como: "la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión." Esto es, la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de <TERCER MOTIVO: El Tribunal no valoró las Pruebas conforme a las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la via recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que "el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.". - Al respecto, se ha señalado que: "... La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva...". (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 у de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo "... las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza..." (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraria las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera asi. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGIA: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la "Lógica no formal", llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre si. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre síse anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser "Y" ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones "A" es igual que "B", y "A" no es igual de "B", se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre si una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando cómo caracteristica: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Se evacuaron en el juicio unas escuchas o llamadas telefónicas de unos teléfonos supuestamente de mis defendidos, pero no se acreditó con documentación de las empresas de telefonía ya se de Tigo o Claro, que dichos números intervenidos sean o pertenezcan a nuestros defendidos, por lo tanto, no merecen credibilidad. Aunado a ello cómo es posible que los hayan declarado culpables de un delito de Tráfico de Drogas, si en los allanamientos realizados en sus casas de habitación no se encontró ni un solo gramo de cocaina, ni tampoco a ellos portándola. Eso está como que se declarare culpable a una persona por un delito de Homicidio y no se acredité la muerte real del occiso, así esta causa. Por lo que el Tribunal al haber dictado una sentencia condenatoria, violentó las reglas de la sana critica en su postulado de derivación, pues de los allanamientos realizados en las casas de mi defendida no se encontró evidencia alguna que los vincule a tal delito. Por lo que solicitamos se declare con lugar este recurso y se anule el fallo dado.” La Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora, en su condición de defensora privada de Henry Yobany Ríos Lagos, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado HENRY YOVANY RIOS LAGOS, cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, al PREDETERMINAR EL FALLO, vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: En el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso: "Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria". PRECEPTO INFRINGIDO: Artículo 338 del Código Penal que expresa: "ARTICULO 338.- Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:..... Segunda.... Tercera:...Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de Los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Para comenzar a desarrollar la exposición del motivo de casación, resulta primordial razonar que el motivo interpuesto por el recurrente implica, como se ha dicho en nuestra Jurisprudencia, el respeto a la integridad o santidad de la sentencia, o que es lo mismo a los Hechos Probados que la fundamentan. Mas el estudio de la cuestión traída aquí a colación, es la consideración que en la construcción de esos Hechos Probados asumieron intelectivamente los jueces de sentencia, al predeterminar el fallo, por ellos emitido; es decir, que el núcleo de la cuestión impugnativa por Quebrantamiento de forma, estriba en el empleo en la sentencia recurrida por parte de los jueces de expresiones, conceptos y términos jurídicos en el relato fáctico, que no son compartidas por el recurrente, ya que no corresponden al lenguaje más común que deben ser utilizados seriamente por funcionarios judiciales que tienen en su haber tan seria responsabilidad de administrar justicia, ya que por el contrario han utilizado expresiones, conceptos y términos jurídicos en el relato fáctico propios de las normas penales que corresponde a los delitos de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS, conductas comprendidas en los artículos 311 y 439 del Código Penal, Decreto 130-2017. En primer lugar, la razón de ser del vicio procesal, es precisamente el uso de los términos en el Primer Hecho Probado que contiene la sentencia recurrida, notemos: "PRIMERO: En el año 2017 Agentes de la policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas y lavado de activos provenientes de la narcoactividad que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad.... A nuestro criterio, los jueces de sentencia, al confeccionar la sentencia definitiva, no evitando la sustitución en los hechos del factum de los conceptos jurídicos acreditados, significa una irrazonable anticipación conceptual del criterio jurídico, que en el silogismo judicial debía realizarse materialmente después de la exposición que sobre los sucesos acaecidos, según la prueba valorada, se consigna previamente. El vicio implica no sólo un menosprecio a la persona de los imputado y en el caso específico de mi representado el señor HENRY YOBANY RIOS LAGOS, porque evidentemente, los jueces de sentencia anticiparon indebidamente la toma de su postura decisoria del caso de maras, sino que también, provocaron una grave indefensión al aminorar, coartar y limitar las posibilidades de su defensa. El defecto formal, al cual nos referimos, lo constituye el hecho palmario, que para los jueces de sentencia mi representado sería condenado por Tráfico Ilicito de Drogas, ya que concurren en su razonamiento jurídico, términos jurídicos establecidos en el artículo 311 del Código Penal Decreto 130-2017, Quebrantando así la forma de la sentencia, precisamente su fundamentación establecida en la regla cuarta numeral primero del artículo 338 del Código Procesal Penal, ya que posiblemente la insuficiencia científica de los operadores de justicia y su prejuzgamiento al caso de maras lo hicieron incurrir en este vicio o defecto, proscrito en la línea de pensamiento adjetivo arriba indicado, ya que las expresiones y conceptos jurídicos citados en el presente caso, son causalmente determinantes del fallo condenatorio dictado en la sentencia judicial, debido a que estos jueces de sentencia al actuar en la función pública en forma arbitraria al adelantar su fallo, convierten su sentencia en un desorden mayúsculo, dado que el vicio afecta la supuesta explicación de su razonamiento y su pensamiento, destruyendo también el supuesto enlace de los distintos aspectos o distintas formas de todo ese proceso penal, hasta el punto de incidir en lo que el vicio formal relatado representa.-En concreto, he acreditado que el vicio a la sentencia recurrida acontece en el presente caso ya que: 1. Se trata de expresiones y conceptos técnicamente jurídicos que definen y dan nombre a la esencia del tipo penal; 2. Que las incorrectas expresiones y conceptos usados por los jueces de sentencia, son asequibles tan solo a los juristas por resultar además impropias del lenguaje más común:3. Que las frases o palabras tienen un manifiesto valor causal respecto del fallo; Para concluir, la parte recurrente es del criterio, que la inclusión en el relato histórico de conceptos, expresiones, términos o razonamientos jurídicos relatados en este motivo de casación por quebrantamiento de forma inciden definitivamente en la sentencia recurrida ya que su inclusión hace innecesaria cualquier argumentación jurídica, rompiendo por completo la formulación del silogismo judicial. Otro aspecto que refuerza a criterio de esta parte recurrente el presente motivo de casación es la redacción del numeral tercero de los hechos probados el cual a continuación procederemos a transcribir literalmente para después explicar en que se centra el reproche: "TERCERO: Además de los sucesos ya referidos se pudo determinar que a pesar de las capturas mencionadas la organización continuo operando durante todo el año 2018; asimismo que la pareja del señor Dimas Castillo Velásquez, la señora Edith Oneyda Funez Salinas, era otro miembro de la organización encargada de coordinar la logística, del traslado de la droga; asimismo llevar y traer dinero desde y hacia el centro penal donde estaba su compañero de hogar y cónyuge y que los señores Henry Yovany Rios Lagos, y su compañera de hogar Abigail López Hernández, se encargaban de trasladar la droga, entregar droga, cobrar dinero producto de la venta, llegando inclusive el señor Adan Castillo, a manifestarle a una persona con la cual estaba coordinado una transacción de droga vía telefónica que le fuera a traer a la casa de Abigail López Hernández..." En el hecho probado que específicamente refiere a mi representado, se hace referencia de que el se encargaba de trasladar la droga, entregar la droga, pero dichos hechos no son claros ni determinantes pues no se establece que tipo de droga era objeto de la transacción, es decir no se puede establecer si dichas drogas son de las que causan un grave daño a la salud o no, aun así se condena mi poderdante a la pena de 15 años de prisión, por un delito de tráfico de drogas agravado, lo cual con el cuadro factico establecido por el sentenciador no es posible de establecer.” “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal, que contiene "La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del Juicio Oral y Público" “EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: El Tribunal de Sentencia en el Juicio Oral y Público que se adelantó contra el señor HENRY YOBANY RIOS LAGOS a quien se le condenó por el delito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; emitió una sentencia definitiva indiscutiblemente "motivada" en prueba espuria, es decir, Prohibida e ilícita, lo cual produce un fraude de ley, al utilizarla el Tribunal de Sentencia en su fallo para enervar el Estado de Inocencia de mi patrocinado, en consecuencia no observó las reglas de la sana critica. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de la Ciudad de Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán, del juicio que se llevó a cabo en fecha treinta (30) del mes de Agosto del año dos mil veintitrés (2023), contiene en su apartado de la VALORACION DE LA PRUEBA, una innegable motivación violatoria a las reglas concernientes a la sana critica, ya que trae como prueba válida para enervar el estado de inocencia de mi patrocinado, declaraciones "testificales" y Prueba "Documental contaminadas y viciadas de infracciones a Tratados y Convenios Internacionales, normas Constitucionales y procedimientos regulados en la ley procesal, convirtiéndolas en pruebas nulas por constituir prueba ilícita y prohibida, con lo cual violenta el principio de legalidad. Al respecto el recurrente es del firme criterio, que en todo Juicio Criminal el Legislador consideró como parte del Debido Proceso, que los Tribunales de Sentencia, debían razonar el rechazo de todas aquellas pruebas que fueran de corte ilegal y prohibida, con ello, se pretende proscribir la costumbre inveterada de algunos Funcionarios Públicos, que mediante maniobras que constituyen fraude de ley sustantiva y adjetiva, se empecinan en acusar y condenar a cualquier ciudadano bajo las prácticas de estas "modalidades probatorias". En el caso que nos ocupa, son dos los aspectos a considerar que fundamenten el presente motivo de Casación: A) Pruebas periciales mutadas a pruebas testificales. Cuando nos referimos a las pruebas periciales como parte de la garantía jurisdiccional, nos encontramos frente a la actividad de una persona, que teniendo conocimientos especiales no jurídicos, de naturaleza técnica, científica o artística, resulta necesario e indispensable oirlo, para que conforme a esos conocimientos ilustre a un Tribunal de Sentencia en los conceptos básicos a que arribe en la aplicación de la llamada Sana Crítica, es decir, que la existencia del delito y la imposición de una pena, se determinen por el procedimiento de valoración de la prueba pericial establecido en los artículos 198, 199, 200, 202, 239, 240, 241 numeral 2, 242 y 243 del Código Procesal Penal; La Sana Critica, impone la obligación ineludible, de que la prueba a estudiar o a analizar, debe reunir ciertos requisitos o presupuestos de legitimación, de no ser así, estaríamos frente a la exposición de argumentos técnicos, científicos o artísticos, argumentados bajo ningún control legal; situación está, imposible de aceptar en un Estado de Derecho. Pero, esos son los ideales que se esperan en un verdadero Debido Proceso, lo que no acontece en el caso que nos ocupa, ya que tenemos un Tribunal de Sentencia que hizo cuanto estuvo a su alcance, para ayudar al Ministerio Público, aceptándole cualquier fraude de ley adjetiva para evacuar su prueba y esto se puede afirmar sin lugar a dudas. Ya que con la declaración del Agente JUAN CARLOS GONZALES, Agente Adscrito a la Dirección Nacional Anti Drogas DNPA, quien pues dio testimonio en base al informe que se encuentra en el expediente judicial de mérito donde según fundamente su investigación, estudiando y analizando las comunicaciones telefónicas donde según se menciona a mi representado, hecho que no se comprobó que se trataba de HENRY YOBANI RIOS LAGOS, ya que solamente se menciona "HENRY O GEOVANY" como es posible que en un Tribunal Acepten este tipo de pruebas basándose en supuestos y no corroborando que la mención que se realiza se trate de la persona que actualmente se acusa, ya que es importante resaltar que a mi representado no se le encontró en ningún momento un indicio de la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO, al determinar que la fiscalía introdujo al Debate como testigo, a sabiendas que tomó conocimiento de los hechos en su condición de perito; en base a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 240, ya que el actúa como agente y es quien brinda su declaración en base a sus conocimiento TECNICOS, en pocas palabras como PERITO por que participo en las intervenciones telefónicas, en consecuencia fue designada por el Juez de Letras para actuar bajo esa condición y sobre esta base tomó conocimiento de todas las intervenciones telefónicas y trascripciones telefónicas que el mismo elaboró. NO obstante lo anterior, la fiscalía en el Debate de Juicio Oral y Público, muta o transfigura la figura del señor JUAN CARLOS GONZALES de PERITO a TESTIGO, y ello, se debió a que la fiscalía, al estudiar el caso, se percata que el señor JUAN CARLOS GONZALES a pesar de haber sido designado por el Juez para actuar como perito, sus funciones estaban viciadas de nulidad, porque NUNCA, fue juramentado para ejercer la función de PERITO, entonces la fiscalía se juega la carta de proponerlo como TESTIGO, a sabiendas, que por el hecho de haber sido designado por el juez y haber tomado conocimiento de los hechos bajo esa figura, no podía ser TESTIGO, incomprensiblemente, El Tribunal de Sentencia, además también se presentó como TESTIGO JOSE AMILCAR COREA MENDOZA, quien en el año 2018 estaba asignado en Antiextorsión en la Ciudad de Choluteca, donde según el investigo una estructura denominada Los Castillos, es de aclarar como un Agente policial pasa al estrado a brindar una declaración donde el actúa o declara según las investigación practicada, según lo que observo y si se analiza bien las pruebas no existe una prueba fehaciente o coherente en el momento de la supuesta participación del señor HENRY YOBANI RIOS LAGOS, basándose únicamente en los audios donde se la hace la mención de "HENRY", pero no que Henry. El hecho incuestionable que los peritos ahora convertidos en testigos NO FUE JURAMENTADA, no importándole el principio de Legalidad, sino que, para proteger la acción punitiva de la fiscalía, en consecuencia, tenía que remozar tal vicio procesal del impreciso y viciado medio probatorio. Deseo concluir sobre este punto, utilizando los criterios jurisprudenciales que la Corte Suprema de Justicia emitió al declarar HA LUGAR un motivo de casación que interpuso el Ministerio Público en el expediente CP-1891-2003, precisamente trascribiré ese precedente jurisprudencial relativo a lo que debe entenderse por principio de legalidad ...... Los jueces no tienen más facultades que aplicar la ley al caso concreto, debiendo hacerlo dentro de los parámetros señalados en las mismas, hacerlo de otra manera implicaría sembrar la incertidumbre e inseguridad jurídica basadas en subjetividades o realidades, apreciadas por el juzgador de manera intuitiva, no científica ni uniforme, situación improcedente y no posible en un Estado de Derecho...." B) Declaración Testifical de JUAN CARLOS GONZALES: Siempre se ha dicho en todos los medios de comunicación por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Seguridad, que en la actividad de administrar justicia, todos los sectores involucrados en la persecución penal, deben unir criterios, reforzar posiciones jurídicas y unirse contra el delito etc., pero nunca se ha dicho, que en ese combate debe sacrificarse los Derechos constitucionales de los imputados con una invención para condenarlos, porque parece que ese es el entendimiento de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al momento de argumentar lo siguiente cuando valora la prueba del Testigo con JUAN CARLOS GONZALES "Algo muy importante en la declaración es que el manifiesta que el saco del sistema y ahí busco nombres y que lograron obtener una foto al INFORMANTE y les dijo que quien era HENRY" en ningún momento se presentó ante el tribunal una declaración de un informante o que corroborar la investigación que según realizaron, no presentaron ningún indicio que comprobara la comisión del Delito que hoy se le acusa, y por el cual aptamente se encuentra sentenciado, sin tener una prueba que conlleve a la conclusión que el cometió dicho delito. Nos encontramos frente a una sentencia que se ha proferido en términos inexistentes, en la búsqueda de elementos probatorios que no existen acreditados fehacientemente en el Debate de Juicio Oral y Público, solamente me resta decir al respecto, que resulta muy dificil, someterse al sistema de justicia hondureño, cuando a sabiendas nos enfrentamos a un Tribunal de Sentencia, que se convierte en una extensión del Ministerio Público; en consecuencia mi representado de antemano ya estaba condenado y no importando cuanto esfuerzo hiciera su defensa técnica para acreditar su inocencia, ante todas las imputaciones impregnadas de suposiciones y conjeturas relativas al tráfico ilícito de drogas argumentadas por los agentes de la Antiextorsión, estas por si solas ya gozaban de credibilidad y certeza según el Tribunal (y ello en peligrosa transgresión a lo establecido en el párrafo último del artículo 15 de la ley Procesal Penal), pero tener que rellenar esas declaraciones de testigos protegidos, donde no se presentó dicha declaración del según INFORMANTE, tergiversaciones e invenciones que haga el propio Tribunal como ha quedado evidenciado, al momento de valorar la prueba del testigo JUAN CARLOS GONZALES, constituye una afrenta a la justicia. Lo anterior rebasa cualquier concepto doctrinal y jurídico que el recurrente exponga sobre la Sana Critica, ya que el razonamiento de los juzgadores es contrario a las reglas de la sana crítica, pues se incumple un razonamiento lógico o con apego a las reglas del correcto entendimiento humano, cuando se parte de circunstancias inciertas, como son las supuestamente acreditadas en el fallo y de remate deduce de ellas una conclusión meramente conjetural, pues esas circunstancias no permiten sostener lo que se pretende demostrar, ya que en estos casos no estamos hablando de Sana Crítica, sino de Proterva Crítica, por lo cual le dejamos al Ministerio Público, la palabra, para que salga a la defensa de su ramificación con carácter jurisdiccional. C) Medio de Prueba Documental: "Acta de Allanamiento e Inspección Ocular": Cuando hablamos de medios de prueba documental estamos frente a un medio donde se corrobora y se comprueba la participación de un delito de manera documentada y clara, según lo establecido en el articulo 199 párrafo tres que literalmente dice lo siguiente: "Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación, resultan útiles para la averiguación de la verdad, y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir”, En este caso en el Acta de Allanamiento de Inspección ocular, que se le realizo al señor HENRY YOBANI RIOS LAGOS, solo se le encontró documentos que no tienen nada que ver con el DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO, no se encontró ningún indicio que lleve a la conclusión la comisión de dicho delito. Para concluir, me resulta imprescindible citar El libro de BECCARIA que contiene el alegato histórico más emotivo, posiblemente más censor también, contra la interpretación judicial de las leyes: -- Sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad debe residir únicamente en el legislador, que representa toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado (que es parte de ella) puede con justicia decretar a su voluntad penas contra otro individuo de la misma sociedad (Cáp. 3) Tampoco la autoridad de interpretar las leyes penales puede residir en los jueces criminales, por la misma razón que no son legisladores... En todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. Póngase como mayor la ley general; por menor, la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o la pena... No hay cosa tan peligrosa como aquel axioma común que propone por necesario consultar el espíritu de la ley. Es un dique roto al torrente de las opiniones... El espíritu de la ley sería, pues, la resulta de la buena o mala lógica de un juez, de su buena o mala digestión; dependería de la violencia de sus pasiones, de la flaqueza de que sufre, de las relaciones que tuviese con el ofendido, y de todas aquellas fuerzas que cambian las apariencias de los objetos en el ánimo fluctuante del hombre... ¿Cuántas veces vemos los mismos delitos diversamente castigados por los mismos Tribunales en diversos tiempos, por haber consultado, no la constante y fija voz de la ley, sino la errante inestabilidad de las interpretaciones ? Un desorden que nace de la rigorosa y literal observancia de una ley penal no puede compararse con los desórdenes que nacen de la interpretación. (Pero) un código fijo de leyes, que se deben observar a la letra, no deja más facultad al juez que la de examinar y juzgar en las acciones de los ciudadanos si son conformes o no a la ley escrita.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Considera esta Sala de lo Penal, que la respuesta a cada motivo planteado por los recurrentes, debe de realizarse en consideración a su naturaleza y principalmente en razón de su incidencia en la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Es por ello que el orden de respuesta, haciendo pronunciamiento de cada motivo, será en el siguiente orden: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por defensa privada del Imputado Henry Yobany Ríos Lagos. Primer motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículos 362 numeral 1 del Código Procesal Penal; • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: La declaración de los hechos probados no es clara ni terminante por predeterminación del fallo; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Declarar ha lugar el motivo y por ende se anule el fallo recurrido. Aqueja la recurrente, en su primer motivo que las sentencias deben contener una declaración expresa y terminante de los hechos considerados probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, lo cual según ella no se produce en el caso subjudice, continuó manifestando en su desarrollo recursivo, que el hecho probado no se expresa de forma conclusiva, imperativa, terminante y categórica, pues considera que los jueces de sentencia predeterminaron el fallo, pues al momento de establecer la redacción de los hechos probados emplearon expresiones, conceptos y términos jurídicos, que corresponden a los delitos de Tráfico de Drogas y Lavado de Activos, comprendidos en los artículos 311 y 349 del Código Penal, Decreto 130-2017. Manifiesta además la impetrante que los jueces al confeccionar la Sentencia Definitiva, no evitando la sustitución en los hechos del factum de los conceptos jurídicos acreditados, significa una irrazonable anticipación conceptual del criterio jurídico, que en el silogismo judicial debía realizarse materialmente después de la exposición sobre los sucesos acaecidos, según la prueba valorada. De los Hechos Probados de la SentenciaLos hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que fueron debatidos; es una realidad existente que ha sido reconstruida por el juzgador. Como lo señala Murena (Murena, Maximiliano, en “Acerca de la Motivación de los Hechos en la Sentencia Penal”, contenido en La Sentencia Penal, Madrid 1002, pág. 133): es “el intento de determinación de los hechos probados del pasado, a través del análisis de hechos probatorios del presente”. Los hechos probados es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Los hechos probados, junto con la motivación probatoria y la motivación jurídica integran la “jugement motive” (sentencia motivada), garantía ante el arbitrio judicial; motivar una sentencia no solo es una manifestación de respeto ante el poder delegado de juzgar sino un instrumento contra su abuso. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. En los hechos probados el juzgador deberá de evitar plasmar resultados aislados de prueba, mucho menos sus valoraciones, pues esto le atañe al apartado de valoración de la prueba, así pues, el relato fáctico debe de ser neutral, ajeno de valoraciones, debe de ser una verdad cuya justificación no está en si misma, sino en el apartado donde se valore la prueba (descriptiva e intelectivamente). La significancia de los hechos declarados probados tiene especial trascendencia no solo respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado, sino que además como base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva; así entonces dentro de la sentencia los hechos probados cumplen dos funciones: 1. Función Descriptiva: Fijar cuales fueron las conclusiones fácticas arribadas por el tribunal producto de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica; Es la reconstrucción del hecho histórico objeto de debate, cuyo esclarecimiento fue el propósito de la actividad probatoria; y 2. Función Justificativa: Es a partir de los hechos probados que los/as juzgadores/as determinan la norma sustantiva aplicable al caso. Su contenido, tomado como una verdad absoluta, autoriza a los juzgadores a aplicar las normas sustantivas, y en su caso, a imponer las consecuencias que éstas prevén a las personas responsables del delito. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009); y d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores deben de ser capaz de suministrar un relato neutro, con la debida distancia respecto del derecho sustantivo de eventual aplicación, evitando caer en el riesgo fácil de producir un caso; por tanto no deben los juzgadores hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El Código Procesal Penal prevé como defecto por quebrantamiento de forma una indebida construcción del relato fáctico, aglutinando en el artículo 362.1 los diferentes motivos oponibles al referirse: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. Es importante resaltar que este primer numeral recoge únicamente los defectos que pueden plantearse como motivos exclusivamente de los hechos declarados probados. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011. pág. 118), esta Sala de lo Penal determina que en el planteamiento de un recurso de casación por quebrantamiento de forma en donde se señale como motivo una mala construcción de los hechos probados, el Censor deberá de acreditar los siguientes requisitos: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que quisieron manifestar los juzgadores debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o colisionantes o por ser los hechos probados la mera enumeración de actuaciones procesales o la mera descripción de medios probatorios; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el Censor , en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la Predeterminación del Fallo Como parte de su argumento, los censores han denunciado la existencia de predeterminación del fallo, lo que requiere como previo a hacer un pronunciamiento puntual el abordaje doctrinal del tema. A. Vía Recursiva: Como antecedente, es oportuno recordar que el Código de Procedimientos Penales, contenido en el Decreto Legislativo No. 189-04, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,556 en fecha 27 de febrero de 1985, ordenaba en el artículo 383.3 a los Jueces de Letras que en la construcción de la sentencia se debía de destinar considerandos en donde se señalase “la apreciación de los hechos que se hubiesen estimado probados, la participación que en ellos hubiere tenido cada uno de los procesados y la apreciación de las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes”; previendo además en el artículo 416, como forma de control ante una errónea construcción de los hechos declarados probados, la posibilidad de interponer el recurso de casación por quebrantamiento de forma: 2. “Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuales son los hechos que consideren probados o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico impliquen la predeterminación del fallo.”. En resumen, el Código de Rito anterior autorizaba plantear como motivos de casación por quebrantamiento de forma la denuncia de los vicios o defectos en la construcción de los hechos probados, siendo uno de ellos el conocido como “La Predeterminación del Fallo”. Ahora bien, el código procesal penal vigente, al momento de establecer cuáles son los requisitos esenciales de la sentencia, manda en el artículo 338 a los Tribunales de Justicia, entre otras cosas, que se deberán de consignar como fundamento la declaración de hechos probados, los cuales deberán de aparecer “En párrafos separados y numerados”, en los que “se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.”; Además, y de igual modo que disponía su antecesor, el Código Procesal Penal prevé como motivo de casación los defectos en la construcción de los hechos probados, señalando en el artículo 362.1 como sustento del recurso de casación por quebrantamiento de forma: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria;” Es de hacer notar que, si bien el código procesal penal previene al órgano jurisdiccional en el artículo 338, la no utilización de conceptos en la construcción de los hechos probados que predeterminen el fallo, no señala taxativamente como motivo de casación por quebrantamiento de forma aquella contravención, es decir, el uso de conceptos que predeterminen el fallo. Ello ha generado la pregunta de cuál es la vía recursiva correcta para denunciar dicho defecto en el actual modelo procesal. Al respecto la Sala de lo Penal ha tenido dos posturas, las cuales no son reconciliables: Una de esas posturas ha determinado que la vía recursiva para la denuncia del defecto “la predeterminación del fallo”, es por conducto del recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante la invocación del motivo contemplado en el artículo 362 numeral 1, entretanto la segunda postura es la que señala que la vía recursiva propia para hacer dicha denuncia es por conducto del recurso de infracción de precepto constitucional; tales posturas están plasmadas en la siguientes resoluciones: i. Primera postura: Sentencia de fecha 01 de Marzo de 2006, en el Expediente 2896-04, donde la Sala de lo Penal resolvió con lugar un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, sustentado bajo el artículo 362.1 del Código Procesal Penal, concediendo razón al Recurrente respecto a que en los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia se usaron conceptos que predeterminaron el fallo. • Sentencia de fecha 22 de enero de 2007, en el Expediente 2325-04, en el cual la Defensa Pública presento recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, citando como precepto autorizante el artículo 362.1 del Código Procesal Penal, denunciando el uso de conceptos que predeterminaron el fallo; Resolviendo esta Sala de lo Penal declarar con lugar el recurso. • Sentencia de fecha 13 de agosto de 2008, en el Expediente 290-07, donde la Defensa Privada, invocando como precepto autorizante el artículo 362-1 del Código Procesal Penal, denuncia la mala construcción de los hechos probados por el uso de conceptos que predeterminaron el fallo; Recurso que fue declarado con lugar por la Sala de lo Penal. • Sentencia de fecha 05 de abril de 2011, en el Expediente 042-09, en el cual la Sala de lo Penal resolvió fondo en un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, sustentado bajo la norma autorizante 362.1 del Código Procesal Penal, en el cual se denunció la predeterminación del fallo como consecuencia del uso de conceptos jurídicos en la construcción de los hechos probados. ii. Segunda Postura: Sentencia de fecha 18 de mayo de 2010, dictada en el expediente 219-2008, en la cual la Sala de lo Penal hace un pronunciamiento de fondo en un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alegando violación al debido proceso por inobservancia del artículo 338 del Código Procesal Penal, denunciando el Recurrente que en la construcción de los hechos probados se usaron conceptos que predeterminaron el fallo. • Sentencia del 22 de Septiembre de 2014, dictada en el Expediente 020-2012, este Tribunal de Casación señaló: “los Motivos de Casación por Quebrantamiento de Forma que nuestros Legisladores han establecido son “Numerus Clausus”, es decir de “Numero Limitado” por lo que impiden que dicho listado sea alterado añadiendo otros motivos; si analizamos detenidamente el Artículo 362 del Código Procesal Penal, podremos verificar que dentro del listado que el Sentenciador ha preestablecido, no aparece ningún motivo que refiera a la no utilización de conceptos legales en el cuadro factico. […] Estudiando a fondo dicho articulado podremos concluir que el empleo de Conceptos Jurídicos que predeterminen el fallo, no tiene ninguna relación con la ausencia del cuadro factico o con la claridad, terminancia o contradicción de los mismos; […] esta Sala de lo Penal ha re-direccionar su Opinión Jurisprudencial, en el sentido que no es posible abarcar dentro de los Motivos de Casación por Quebrantamiento de Forma que regula el ya citado Artículo 362 del CPP, los errores de los juzgadores al utilizar Conceptos Legales en la Redacción de Hechos Probados, y si bien el Artículo 338 regla cuarta numeral 1 del CPP, establece como requisito para la Redacción de la Sentencia, la no utilización de conceptos que por su exclusivo carácter jurídico predeterminen el fallo, estos yerros tendrán que ser interpuestos a través de un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante la denuncia de una Transgresión al Debido Proceso.”. • En Sentencia de fecha 03 de Marzo de 2015, dictada en el Expediente 036-2012, se dispuso: “El Motivo no es de Recibo. La Sala Penal considera importante recordar que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es un recurso extraordinario, llamado así debido a que las causas por las cuales puede interponerse el mismo están previamente determinadas en la Ley (Art. 362 1er. párrafo del CPP), siendo estas taxativas, ninguna parte podrá alegar otro motivo diferente a los enumerados (numerus clausus). El Censor ha errado en la vía recursiva ya que, a diferencia del otrora vigente Código de Procedimientos Penales, no está previsto como motivo sustentador del recurso de casación por Quebrantamiento de forma la violación de la regla cuarta del Artículo 338, que prohíbe la inclusión de conceptos que por su carácter jurídico exclusivo predeterminen el fallo (Art. 362 del CPP), siendo éste vicio propio del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional al Debido Proceso (Art. 90 de la Constitución de la República).”. iii. Postura Definitiva: Ante la adopción de dos posturas contrapuestas sobre la vía recursiva que debe de usarse para denunciar “la predeterminación del fallo”, esta Sala de lo Penal invita a partir del análisis de la significancia de los hechos declarados probados no solo como parte de la estructura de la sentencia y base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva, sino que además la trascendencia que tiene para la persona acusada y para la persona víctima, respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente. Así las cosas, la falta de claridad no solo ocurre cuando en el capítulo del factum los juzgadores hacen mano de términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión (Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), o hacen su exposición mediante una redacción dubitativa o imprecisa (Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009), sino que además cuando se utiliza términos o conceptos fuera del alcance del profano, que impiden a cualquier lector y en especial al acusado y a la víctima entender cristalinamente en que hechos basa el Tribunal su juzgamiento, así determinado por el legislador cuando manda que los hechos declarados probados deben ser dispuestos “En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.” (Art. 338 cpp). Ya sobre ello la Sala de lo Penal se había referido en la sentencia del 14 de enero de 2015, dictada en el Exp 062-2013: “Habiendo vedado el legislador que al realizarse la descripción de hechos probados se utilicen conceptos jurídicos que puedan predeterminar un fallo debiéndose relatar únicamente el relato fáctico del hecho acaecido, dejándose para la fundamentación jurídica los conceptos técnicos que establezcan la calificación jurídica de los hechos, pues se constituye el vicio de la predeterminación del fallo por la utilización en el fáctum de expresiones técnico jurídicas que definan y den nombre específico a la esencia del tipo aplicable al caso concreto, se debe realizar una descripción de hechos probados no sólo con significado jurídico, sino que permita que cualquier ciudadano común al leer los hechos probados deduzca con facilidad lo sucedido, un ciudadano que no tenga conocimientos jurídicos, no tiene por qué conocer la diferencia existente, verbigracia, entre calumnia e injuria, homicidio y asesinato, pero si entenderá el sentido de la acción cuando se describan los hechos probados con términos no jurídicos.”. Entiéndase: la sentencia ciertamente contiene conceptos ajenos al uso común por su carácter técnico/jurídico, más éstos al ser citados en la fundamentación probatoria o fundamentación jurídica van acompañados de su explicación respectiva con el objeto de hacerlos accesibles a todos y todas, más cuando son usados en la declaración de los hechos probados, tal explicación no es posible ser agregada, surgiendo el riesgo que quede inaccesible para muchas personas el sentido del discurso judicial. El uso de conceptos que por su exclusivo carácter jurídico tiene también como consecuencia la predeterminación del fallo, al encontrar identidad con los elementos de construcción del tipo penal que hace inexorable la consecuencia de su aplicación, ello como explicamos líneas adelante. El vicio de falta de claridad de los hechos probados, sea por una exposición oscura, confusa, dubitativa o ambivalente, sea por el uso de conceptos que por su carácter jurídico están fuera del alcance del profano, es un vicio que debe de ser denunciado por la vía recursiva que se dispone en el artículo 362.1 del Código Procesal Penal. 2. La Predeterminación del fallo por mala construcción de los hechos probados Esta Sala de lo Penal en las sentencias de fecha 15 de junio de 2016 en Exp 181-2013; de fecha 02 de noviembre de 2016 en Exp 019-2015; de 09 de diciembre de 2014 en Exp. 433-2012; de 05 de abril de 2011 en Exp 042-2009, ha señalado que la predeterminación de fallo tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean “conceptos” que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico-jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, clara separación entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que no se puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo a través de su significación jurídica. Sintetizando: para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: • Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado; • Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común; • Que tengan relación causal con el fallo, y • Que, suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión dé lugar a un vacío fáctico. Es preciso advertir que los hechos probados siempre, sin excepción alguna, deben predeterminar el fallo que ha de dictarse, ya sea éste absolutorio o condenatorio, pues de otro modo no podría realizarse juicio positivo o negativo de tipicidad/antijuricidad/culpabilidad; El defecto ocurre cuando esa predeterminación es como consecuencia de la utilización del relato histórico de conceptos cuya significancia solo puede ser explicado en el plexo jurídico, de los que hacen mano los juzgadores en sustitución de una la descripción histórica, dejando en la oscuridad a toda persona ajena a ese mundo jurídico, en particular a la persona acusada y a la víctima. Se insiste que, para efectos de este motivo, se debe entender por conceptos jurídicos, aquellas palabras, frases o términos, cuyo contenido conceptual solo puede entenderse a partir de conocimientos especiales sobre la ciencia del derecho, distantes a la comprensión del hombre/mujer medio/a, (Falta de claridad) y que además encuentren identidad en alguno de los elementos (o en todos) de la norma penal sustantiva llamada a gobernar el caso concreto (Predeterminación). No tienen este carácter los juicios de inferencia, es decir las palabras o frases que revelan conocimiento y/o intencionalidad en el actuar de algunos de los protagonistas del relato histórico. Luzon Cuesta (En Luzon Cuesta, Jose Maria, en El Recurso de Casación Penal, 2ª edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, págs. 147-148.) explica que “[…] los llamados juicios de inferencia, mediante los cuales se determina el elemento subjetivo del delito, de modo que, aunque su ubicación más acertada está entre las consideraciones jurídicas, en cuanto extraídas de los datos objetivos relatados, su inclusión en el relato de hechos (del que, por otra parte, pueden mentalmente suprimirse sin que quede afectado) no supone quebrantamiento de forma….llegando a afirmarse por ejemplo, que la expresión “a sabiendas” otras similares que con frecuencia se utilizan en los hechos probados de una sentencia penal (“a propósito”, “intencionadamente”, “con conocimiento de”, etc.…) que sintetizan así la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo delictivo, pueden utilizarse legítimamente dentro del capítulo fáctico para dar una mayor expresividad al relato, siempre que luego se explique cómo ha quedado acreditado tal elemento…”. De la Procedencia del Recurso: El Motivo primero es de Recibo, con efecto extensivo a los acusados José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Consuelo Silva Soriano, Abigail Lopez Rivera, Jose Adán Castillo Velásquez y Dimas Castillo Velásquez. Para poder dar respuesta a lo planteado por la censora tenemos que avocarnos a la declaración de hechos probados del Tribunal de Sentencia en el presente caso, los cuales están transcritos líneas atrás y que en resumen señalan: 1. En el año 2017 Agentes de la Policía Nacional, recibieron información de fuentes humanas acerca de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos provenientes de la narcoactividad, que operaba en la zona sur del país, dirigida por los hermanos José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, quienes a pesar de encontrarse privados de su libertad continuaban girando instrucciones a sus cómplices que aún estaban en libertad, entre ellos a su propio hermano el señor Francisco Javier Castillo Velásquez, así como a un hijo del señor José Adán Castillo Velásquez de nombre José Adán Castillo Escalante, quienes eran los encargados del traslado y custodia de los cargamentos de droga. 2. A raíz de la denuncia los agentes asignados al caso realizaron las investigaciones de campo, obteniendo por fuentes humanas los números utilizados por los sospechosos y solicitaron a la Fiscalía del Ministerio Público que gestionaran la interceptación de las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos. 3. Durante el proceso de intervención de las comunicaciones los investigadores se percataron que los señores José Adán Castillo Velásquez y Dimas Arturo Castillo Velásquez, efectivamente coordinaban transacciones de droga y giraban instrucciones precisas sobre las rutas que Debian utilizarse, los precios de los cargamentos, el lugar donde debían esconderse las ganancias. 4. En fecha tres de julio del año 2018, se interceptaron comunicaciones sobre otra transacción de droga cuyo comprador era una persona extranjera que se estaba hospedando en la casa de los señores Dimas Castillo y Adán Castillo, lo que fue informado a los agentes del caso, quienes en fecha seis de julio del año 2018, a la altura del puesto de control de Pavana, Choluteca, procedieron a la detención del señor Alejandro Javier Moya Cruz. 5. A pesar de los sucesos y la captura mencionada se determinó que la organización siguió operando durante el año 2018, asimismo que la pareja del señor Dimas Castillo Velásquez, la señora Edith Oneyda Funez Salinas, era otra miembro de la organización, encargada de coordinar la logística, del traslado de droga, asimismo de llevar y traer dinero desde y hacia el centro penal donde estaba su compañero de hogar y cónyuge y que los señores Henry Yovany Ríos Lagos y su compañera de Hogar Abigail López Hernández, se encargaban de trasladar la droga, entregar droga, cobrar dinero producto de la venta. 6. Que a raíz de la intervención de las comunicaciones, el Ministerio Público, solicitó ante el Órgano Jurisdiccional competente la realización de varios allanamientos, que tuvieron lugar el 31 de enero de 2019, entre ellos a las casas de la señora Abigail López Hernández, a la casa de Edith Oneyda Funez Salinas, la casa de la señora Wendy Carmelina Alvarez, a la casa de Carlos Fabricio Pleytes Ayala, a la casa de Consuelo Silva Soriano y en ninguna de ellas se encontró droga, sin embargo se decomisaron vehículos, motocicletas, celulares y documentos para ser analizados si tenían alguna relación con la investigación. La recurrente acertó en la elección de la vía recursiva, mediante la cual hace la denuncia del defecto, tanto en no ser terminantes y que se predetermina el fallo en los hechos probados, teniendo la razón en cuanto a la existencia de éste. Hemos señalado que la declaración de hechos probados es un presupuesto necesario del fallo, mediante la cual se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento jurídico (subsunción) del caso debatido en el proceso; por ello, en su confección no es dable al Juzgador incluir en su relato, juicios apriorísticos de valor que por su exclusivo carácter jurídico puedan dar lugar a la predeterminación del fallo; se resalta que los conceptos, frases o términos censurados son aquellos de carácter jurídico que tengan identidad con la norma gobernante del caso, pues son estos los que en primer lugar mellan en la claridad del relato y por otra parte predeterminan el fallo al ser inexorable la subsunción entre el hecho y la norma penal. Es claro, que no existe una descripción bastante y suficiente en el hecho probado, cuando los juzgadores relatan “Tráfico Ilícito de Drogas” expresión que no es terminante, inclusive también solo utilizan el término “droga”, para concluir de manera categórica sobre la existencia del ilícito sobre el cual se condenó a los imputados; la redacción empleada por el sentenciador puede resultar ser distorsionadora, en la medida que permite plantearse escenarios que puedan referir a cualquier tipo de droga, inclusive aquellas que no son constitutivas de delito. Asimismo, lo increpado por la recurrente sobre la predeterminación del fallo; ésta Sala de lo Penal coincide con sus alegatos, pues de una simple lectura al hecho probado se deduce anticipadamente términos de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; de la descripción del Hecho Probado se identifica la locución “Tráfico Ilícito de Drogas”; expresión que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma, con ello, definir los grados de participación, en relación al quantum de la pena a imponer. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser, en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento. En el caso examine resulta evidente la existencia al irrespeto a lo mandado en la regla Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal; por lo que se concluye que los hechos probados que sustenta la sentencia venida en casación, no obedecen los requisitos exigidos por la legislación procesal penal; como consecuencia, es procedente declarar Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo primero. Asimismo, se abstiene de emitir pronunciamiento sobre el segundo motivo del recurso de Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora en su condición antes indicada y además del recurso planteado por el Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de Apoderado Defensor de la señora Consuelo Silva Soriano, en virtud, que con su técnica, principios y contenido se pretende la nulidad de la sentencia viciada y del proceso en que se dictó y siendo de recibo el presente motivo, se ha provocado la realización de un nuevo juicio en el cual se pueden corregir los vicios encontrados, resultando inoportuno hacer análisis del mismo, al lograrse la finalidad requerida en su interposición. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 349, 362 numeral 1 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por la Abogada Melissa Alejandra Portillo Tabora, en su condición de defensora privada de Henry Yobany Ríos Lagos; el cual debe ser extensivo a los imputados José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Consuelo Silva Soriano, Abigail Lopez Rivera, Jose Adán Castillo Velásquez y Dimas Castillo Velásquez. Segundo: En consecuencia Casa Parcialmente la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Henry Yobany Ríos Lagos, José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Consuelo Silva Soriano, Abigail Lopez Rivera, Jose Adán Castillo Velásquez y Dimas Castillo Velásquez, a quienes se les siguió proceso como coautores de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras; decretando parcialmente su nulidad y de la audiencia de debate que le origina de fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, asimismo de la audiencia de individualización de pena de fecha once de mayo de dos mil veintiuno. Tercero: Ante lo anterior, Declara Firme el pronunciamiento de instancia respecto al párrafo primero, en relación a la absolutoria a favor de los señores Carlos Fabricio Pleytez Ayala y Eveth Julissa Gómez Manzanares, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado en perjuicio de La Salud Pública. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de los acusados Henry Yobany Ríos Lagos, con efecto extensivo a los imputados José Adán Castillo Escalante, Francisco Javier Castillo Velásquez, Edith Oneyda Funez Salinas, Wendy Carmelina Álvarez, Consuelo Silva Soriano, Abigail Lopez Rivera, Jose Adán Castillo Velásquez y Dimas Castillo Velásquez, a quienes se les siguió proceso como coautores de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil veintitrés. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFIQUESE- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado, Pia Cristina Mejia Nuñez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a 06 de marzo de 2026. Certificación de la Sentencia dictada el 12 de enero de 2026, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-193-2024.

Rina Koritza Sandoval Navas

Secretaria de la Sala de lo Penal