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Sentencia CP-116-22 — Registro 20376

Resumen

El Tribunal de Sentencia resolvió absolviendo a los acusados por el delito de asesinato; posteriormente, la Sala de lo Penal declaró Ha Lugar el recurso de casación y falló que se proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. El recurrente denuncia infringida la regla de la lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de veracidad y suficiencia, en virtud que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria resultan ajenas a lo vertido por las propias pruebas aportadas a juicio. En el presente caso, el censor centra su reproche recursivo en la valoración del medio de prueba Declaración Testifical consistente en: a) Testigo Protegido con clave número 1; b) Testigo Protegido con clave número 2 y, c) Testigo Protegido con clave número A-1; todas evacuada mediante lectura autorizada; asimismo, también formó parte del andamiaje probatorio Documental y Pericial que fueron de crédito positivo para acreditar la muerte violenta de dos personas. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador erróneamente no logra vincular a los acusados Kelvin Eduviges Funes Funes y Rubén Darío Castro Ruiz, como participes en el delito de Asesinato en perjuicio de la vida de Santos Sebastián Montoya y Santos Ernesto Martínez Valladares; por razón, que a entender del sentenciador, la declaración de los testigos protegidos denotó inexistencia de concordancias y de la existencia de contradicciones entre cada declaración testifical, por manifestar el testigo clave 1 que iba con un amigo para Las Crucitas y que al ver el hecho salió corriendo hacia adelante, que por su parte el testigo clave 2 manifestó dirigirse para la comunidad de Las Pozas, y que al ver el hecho se dirigió hacia abajo, no siéndole creíble al juzgador que ambos testigos corrieran y luego se subieron al mismo bus al mismo tiempo que corre de la Unión hacia Olanchito, porque refirieron en su declaración que uno corrió hacia adelante y el otro hacia abajo. Es preciso señalar las valoraciones subjetivas del Juzgador que no deriva de prueba alguna, como ser “según la lógica al ver un suceso donde esta una persona que se conoce en el caso del Alcalde del Municipio de Esquipulas, las personas que venían en el bus tuvieron que haber procedido a auxiliarlo”. En cuanto testigo con clave A-1, el sentenciador igual desacredita su declaración, por expresar que vio los cuerpos cerca de la paila y otro cuerpo estaba retirado y que en la parte de enfrente del carro habían 4 hombres armados y que en el otro lado habían dos; nuevamente con valoraciones subjetivas refieren “según la Lógica si llego en un vehículo al lugar de los hechos haciendo ruido, es una persona que también hubiera sufrido alguna consecuencia de parte de las 6 personas que estaban fuertemente armadas, ya que si conocía a los hechores, estos no lo hubieran dejado ir ya que era testigo presencial que también hubieran procedido contra él”. Por lo anterior, a los juzgadores les resulta una declaración inverosímil y que no aportan elementos suficientes para acreditar verdaderamente de la participación de los señores Kelvin Eduviges Funes Funes y Ruben Darío Castro Ruiz, en el hecho violento; concluyendo que si bien con el resto de medios probatorios se ha acreditado la muerte de dos personas, pero no así, los autores directos ya que existieron 6 personas pero no se individualizo la participación que pudiera tener cada uno de ellos, que no ha tenido la certeza en cuanto a la participación de los acusados en los hechos que les han sido señalados, no contando con prueba suficiente y eficaz para quebrantar el principio de inocencia. Reitera esta Sala de lo Penal, lo errado del juzgador, pues cada uno de los testigos protegidos al momento de su declaración fueron claros para identificar a los hoy acusados en la escena del hecho violento, que los aspectos periféricos detallados por los testigos que para el juzgador son contradictorios y no concordantes, resultan ser valoraciones débiles para restarles credibilidad, cuando el resto de medios probatorios concatenan parte de sus dichos, como ser lugar, fecha y escena; no bastando con ello, los juzgadores todavía hacen valoraciones subjetivas ajenas a las reglas de la sana crítica, pues, dos personas pueden tomar en un momento rumbos diferentes, pero luego pueden coincidir en otro punto, como cuando se subieron al mismo autobús. En el caso actual, al remitirnos a la fundamentación probatoria de la sentencia, se identifica tal y como lo denuncia el recurrente, la infracción a la regla lógica de derivación en el principio de razón suficiente, en lo que respecta a la valoración intelectiva de las declaraciones testificales de los testigos protegidos. Este ejercicio lógico de identificar las premisas probatorias, las premisas valorativas y posterior conclusión de construcción de hechos probados, permite identificar la violación a la regla de la lógica de derivación, pues las premisas no se corresponden con la posterior conclusión por falta de concordancia derivacional; pues, como resultado de la evacuación de la prueba de cargo cuestionada, puede ser corroborado al contrastarlo con el andamiaje probatorio. La Sala de lo Penal, ha advertido en varias sentencias, que las imprecisiones en declaraciones no significan que sean falsas, no significa que los hechos relatados carezcan de veracidad, el sentenciador debe al momento de valorar los testimonio “la percepción de los hechos”, desde su propia experiencia y percepción de la realidad, no pudiendo exigir el mismo nivel de precisión en todos los testigos; por lo que la conclusión del sentenciador de desacreditar la declaración de los testigos protegidos, por aspectos periféricos aislados de la esencia del relato, no es suficiente, resultando una argumentación intelectiva débil para su descredito. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración probatoria que ciertamente transgrede la regla lógica de derivación, debido a que toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 116-2022, que literalmente dice: “ Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 116-2022, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Kelvin Eduviges Funes Funes, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Santos Sebastián Montoya y Santos Ernesto Martínez Valladares. Segundo: Absolvió a Rubén Darío Castro Ruiz, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Santos Sebastián Montoya y Santos Ernesto Martínez Valladares. Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. Cuarto: No se decretó el comiso. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Fernando Canales, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Karla Marcela Roque Gómez, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “ÚNICO: Que el día sábado dieciséis (16) del mes de diciembre del año dos mil siete (2007) entre las tres y cuatro de la tarde los señores SANTOS SEBASTIAN MONTOYA y SANTOS ERNESTO MARTINEZ VALLADARES, se conducían a bordo de un vehículo tipo pickup, doble cabina, color azul, marca Nissan Frontier, del Municipio de Jano hacia el Municipio de Esquipulas del Norte, cuando a la altura del lugar conocido como la Cuesta de la Doble, Jurisdicción del Municipio de Jano, Departamento de Olancho, fueron interceptados por seis individuos desconocidos, quienes les dispararon en reiteradas ocasiones con armas de fuego de diferentes calibres causándoles la muerte de manera inmediata.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Fernando Canales, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El sistema de valoración de prueba en el proceso penal hondureño, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de las probanzas que le son ofertadas, para alcanzar determinado convencimiento; en virtud de lo cual está obligado a aplicar las reglas de la lógica, la psicología y el sentido común, asegurando el más certero juicio en su decisión. Voluntad del legislador establecida en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. De esa forma, al analizar los razonamientos que el Tribunal plasmó para arribar al fallo que hoy se cuestiona por esta vía recursiva, se advierte que efectúa una apreciación intelectiva ineficaz, dado que la probanza que se le ha allegado, no fue valorada de forma integral o conjunta, en desapego al principio básico de razón suficiente, componente de la Regla de la Lógica, lo que lo llevó a concluir erróneamente, que existe insuficiencia probatoria, a favor de los ciudadanos Kelvin Eduviges Funes Funes y Rubén Darío Castro Ruiz, defecto de valoración que se hace patente, a partir de las consideraciones que se exponen a continuación: Con la prueba testifical de cargo ofertada, consistente en la declaración de los testigos protegidos clave 1, 2 y A-l introducidas al debate por lectura autorizada, se logra establecer: el lugar, hora, y la manera en que ocurren los hechos, mediante el ataque sorpresivo de los imputados con armas de fuego a las víctimas, cuando estos se conducían a bordo de su vehículo. El TESTIGO PROTEGIDO identificado clave 1 manifestó: Que el día quince de diciembre como a eso de las dos de la tarde yo venía con una amigo porque andábamos buscando una vaca, y veníamos de la Costa hacia las Crucitas, cuando íbamos a llegar a una Cuesta que le dicen la Doble, alfrente de la vuelta habían seis hombres armados con fusiles y pistolas, cuando nosotros veíamos y que de largo vimos a los hombres, nosotros nos tiramos al monte, por mientras pasaban ellos, entonces como a los dos minutos, en lo que estábamos escondidos oímos cuando venía un carro azul doble cabima, cuando nosotros estábamos esperando que pasaran los hombres y oímos el carro nosotros hicimos a salir para pedir jalón, y se negaron y se pusieron a dispararle al carro, de ahí nosotros salimos de huida por el monte, salimos bien adelante por lo menos a un kilómetro, cuando salimos allá escuchamos un bus y era el bus de Sonaguera entonces nos montamos en el bus sin hacer nada de escándalo y cuando íbamos en el bus los del bus llevaban el comentario de que habían esos muertos y que era el Alcalde de Esquipulas y su guardaespaldas, cuando nosotros salimos a ver que carro era miramos los seis hombres, no los conocí a todos sino que solo como a tres, uno era alto, pelo colocho, el otro blanco alto y un bajito trigueño, en todo el sector dicen que es la banda de los Lara, yo no los conozco pero mi compañero dice que son la BANDA DE LOS LARA, que son los que asaltan en ese sector, los únicos tres que conozco talvez volviéndolos a ver, solo mirándolos podría ver si son ellos. " A preguntas de las partes respondió: "P- identifica con nombre y apellido alguna de las personas que usted vio. CONTESTA. Que si solo algunos, uno era KELVIN FUNES y RUBEN CASTRO. P- a que distancia estaba la otra persona y usted del lugar de los hechos. CONTESTA. - A cien metros. P- En qué momento se dieron cuenta ustedes del hecho. CONTESTA. Estábamos enfrente observamos el hecho. P- Como se llama el lugar donde sucedieron los hechos. - CONTESTA- Que se llama la cuesta de la Doble”. El TESTIGO PROTEGIDO clave 2 por su parte relata: "El día sábado quince de diciembre a eso de las catorce horas de la tarde yo iba con un amigo, me dirigía de la Comunidad de las Pozas hacia las Crucitas le dicen la doble ahí, cuando íbamos por ese lugar habían seis personas con armas de grueso calibre fuertemente armadas disimuladamente nos dirigimos hacia el monte a la parte de abajo, andábamos buscando un semoviente y por temor de que nos hicieran daño, nos metimos al monte y estuvimos ah por espacio de cinco minutos, cuando en eso paso un carro doble cabina, color azul y en eso los hombres lo tirotearon y nosotros corrimos por el monte a salir a la calle y en eso se aproximaba el bus y nos montamos en el bus sin saber quién era el fallecido, en el bus se comentaba que era el Alcalde del Municipio de Esquipulas, el dicho bus corría de la Unión hacia Olanchito, nos bajamos del bus y nos fuimos para nuestras casas, en dicho bus nos dimos cuenta de quién era el fallecido y que es todo lo que tengo que declarar. " A preguntas de las partes respondió: "P- de esas seis personas que pudo observar a quien identifica. - CONTESTA. - Que a KELVIN FUNES, RUBEN DARIO y LEONEL LARA. Porque conoce a KELVIN. - CONTESTA. - De pasada lo conocí, porque viven a la orilla de la calle y yo viajo a Olancho seguido por esa calle. P- Á que distancia estaban ustedes del hecho. CONTESTA. - Que cerca P- vieron el vehículo. - CONTESTA. -Que sí, era un carro color azul, doble cabina.". De dichos testimonios se desprenden, que identifican plenamente a los imputados Kelvin Eduviges Funes y Roben Darío Castro, como las personas que dispararon al carro en que se conducían las víctimas.: "P- ¿a cuantas personas reconoce de las seis que miro? CONTESTA. - Que a KELVIN a RUBEN y a LEONEL". El juzgador ha concluido equívocamente, que no se encuentra demostrada la participación de los acusados en la muerte de los señores Santos Sebastián Montoya Y Santos Ernesto Martínez Valladares, restando credibilidad a los dichos de los testigos de cargo, fundamentándose esencialmente, en que no hay concordancia en sus dichos, ya que el testigo protegido clave 1 manifestó que se dirigían hacia las Crucitas y el Testigo protegido clave 2, señalo que iban a la Comunidad de las Pozas; sin considerar, que los mismos han sido congruentes en la esencia de sus relatos, pues han ubicado que el 15 de diciembre del 2007 en el lugar La Cuesta donde le dicen La Doble, ocrurrió la muerte de los ofendidos, portando Kelvin Eduviges Funes Funes y Rubén Darío Castro armas de fuego, asimismo, de sus relatos se desprende, que pudieron identificar a los acusados, porque tuvieron proximidad con ellos; consecuentemente, tal circunstancia no puede ser tomada por el juzgador para restarle credibilidad a lo narrado por los testigos, al contrario refuerza sus testimonios, en vista de que ambos coinciden la fecha, hora y lugar de los hechos. Continuando con su equivocada estimación, el Tribunal arguye, que el testigo protegido clave A-l, de haber observado lo sucedido a la distancia que dijo, hubiese sido atacado por las personas que cometieron el hecho; afirmación que infringe la característica de veracidad, propia del principio de derivación, ya que este razonamiento del juzgador, no se desprende del testimonio rendido: "me sorprendí completamente, en la parte de enfrente del carro habían cuatro personas que estaban armados y en el otro lado habían dos, recorro bastante la zona soy comerciante y pude reconocer algunos de ellos, y portaban armas largas tipo escopeta y tuve temor de que me disparan por estar cerca de ellos, la primer persona que estaba al frente era KELVIN FUNES, atrás de él estaba LA CULICHA que le dicen, llamado LEONEL LARA, después estaba BETO CASTRO, ósea RUBEN CASTRO, también estaba otro con arma larga llamado JOEL y el otro lado había otras dos personas llamadas MAURICIO y JOEL LARA"; relato que coincide en el lugar de los hechos, el vehículo que se transportaban las víctimas y las personas que perpetraron el hecho, por lo que la apreciación del Tribunal es subjetiva, pudiendo inferir que el ataque iba dirigido solamente a las víctimas y no al testigo. Por otra parte, erróneamente el Tribunal no ha estimado, que el relato de los testigos de cargo, es coherente con los medios de prueba documentales consistente en el Acta de Inspección Ocular y álbum fotográficos allegados legalmente al juicio, ya que en primer lugar, con la inspección ocular realizada en fecha 15/12/2007 al vehículo tipo pick -up color azul, en el lugar denominado La Cuesta-La Doble, vehículo en que se trasladaban los ofendidos cuando fueron atacados, presentaba 21 perforaciones de bala al lado de la puerta del conductor, vidrio trasero, vidrio delantero y retrovisor derecho; hallazgos que guarda estrecha relación a la manifestado por el testigo protegido clave 2: "en eso paso un carro doble cabina, color azul y en eso los hombres lo tirotearon; Asimismo, con el álbum fotográfico se determinó la posición en que fueron encontrados los cuerpos después del hecho, no faltando a la verdad el testigo protegido A-l cuando indico: ' . y vi que el carro tenía abierta la puerta del conductor y vi que los cuerpos estaba cerca de la paila y el otro retirado…" ; relatos que se encuentra corroborados con la prueba documental, por tanto son objetivos, cuya verosimilitud y fidelidad técnica no ha sido cuestionada por ninguna de las partes, al que el Tribunal les concede valor probatorio: "...a estos documentos se le concede total credibilidad por esos Juzgadores...” Además, el Juzgador apartándose de las máximas de la experiencia, pretende que los testigos presenciales sean totalmente coincidentes en cuanto a la individualización de cada uno de los sospechosos, sin considerar, el corto tiempo en que observaron el ataque, aunado a ello el temor que tenían de sufrir algún tipo de represalia, por ende lo verdaderamente relevante, es que observaron que se trataba de seis personas, identificando plenamente a dos de ellos, no encontrándose los deponentes en condiciones de detallar lo que hacía cada quien, por el contrario lo importante de resaltar es que estaban haciendo los 6 sospechosos en el lugar, como llegaron los seis a reunirse ahí, y porque deciden hacer usos de sus armas de fuego, precisamente porque tenían un concierto entre ellos, un acuerdo de voluntades en acabar con la vida de los ahora occisos y para ello buscaron el lugar idóneo, resultando irrelevante quien de los acusados fue que disparó a los occisos y causo su muerte, ya que al tener un concierto entre todos ellos todos toman parte directa en la ejecución del ilícito, como bien lo ha indicado la Sala Penal: " Son muchas las teorías que explican y desarrollan lo relativo al concurso de personas en el hecho punible, entre estas esta la Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes. Esta teoría fue propuesta por Welzel, y “…está profundamente vinculada al concepto ontológico finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa..." (Sent. Sala de lo Penal del Ex 349-09 del 17/01/13). - Esta teoría ha sido la que ha acogido esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (Ver Sent. de la Sala de lo Penal en Exp 376-09 del 11/04/2011, en 057-2010 del 11/04/2012, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría SubjetiVa), convirtiéndolo en autor.... . . En el caso particular de la Coautoría se presenta cuando dos o más personas, con base en un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común", vemos entonces que lo importante era destacar que la presencia de los seis personas en el lugar obedecía a la intención de darle muerte a SANTOS SEBASTIAN MONTOYA Y SANTOS ERNESTO MARTINEZ VALLADARES. Sumado a lo anterior, el ente jurisdiccional no ha considerado, que los relatos de los testigos de cargo, son congruentes con la prueba científica, ya que han afirmado que vieron a los acusados con armas de fuego, disparando al vehículo en que se conducían los ofendidos, extremo que es totalmente verificable con el certificado de Autopsia 1948-2007 de Santos Sebastián Montoya, describiendo las lesiones encontradas: Tres (3) herida por proyectil de arma de fuego descritas...MANERA DE MUERTE. Homicida, desde el punto de vista médico Legal. COMENTARIO MEDICO FORENSE: 1.- Las lesiones descritas en el inciso 1. según sus características fueron producidas por proyectil de arma de fuego.2- De acuerdo al desgarro producido en la ropa estos no fueron producidos de contacto..." de igual manera, la certificación de levantamiento No. 0465-2007 del cadáver de Santos Ernesto Valladares, señala: " Descripción de las lesiones: l- Herida irregular en espalda región lumbar, línea vertebral... COMENTARIO MEDICO LEGAL: agredido con proyectil de arma de fuego. Agredido en emboscada" En ese orden, dicha probanza es útil para tener por demostrado la manera y forma de la muerte de las víctimas, ya que en ambas pericias se determina que objetos se utilizaron y que heridas provocó el fallecimiento de los hoy ofendidos: "Causa de muerte: Herida por proyectil de arma de fuego”; Siendo coincidente con la deposición de los testigos de cargo: "...venia un carro azul doble cabina...se pusieron a dispararle al carro” en consecuencia, aunque no estamos frente a una prueba de cargo abundante, la misma sí es contundente para demostrar la participación de los acusados como autores en la muerte de Santos Sebastián Montoya Y Santos Ernesto Martínez. Por otra parte, el ente Jurisdiccional valora de manera aislada la prueba documental ofertada y no en conjunto, lo que lo ha conducido equívocamente a descartar la participación del imputado Kelvin Eduviges Funes en el delito que se le atribuye, ello en atención, a que días posteriores al hecho, se le encontró en posesión de un ama de fuego tipo escopeta, color negro marca AKKAR modelo Karatay serie 7551293, extremo que es totalmente verificable con la prueba documental acta de decomiso, arma que conforme al medio de prueba constancia de propiedad de arma pertenecía al ofendido Santos Sebastián Montoya, quien la portaba el 15 de diciembre del 2007, tal como lo ha referido el relato del testigo protegido clave I -A: "P- Por ser conocido del señor ALCALDE y verlo minutos antes sabe usted qué tipo de armas portaba.- CONTESTA.- Siempre portaba escopetas o armas revólveres, no sé si eran 9 0 40 milímetros. "; Por ende, se acreditado que el imputado estuvo en el lugar el día de los hechos y que participo en ellos, pudiendo establecer que en el ataque armado en que resultaron muertos los señores SANTOS SEBASTIAN MONTOYA Y SANTOS ERNESTO MARTÍNEZ VALLADARES, participó Kelvin Eduviges Funes. En ese orden, los cuestionamientos que realiza el Juzgador a las declaraciones del testigo protegido 1, 2 y A-1 carecen de relevancia, por cuanto son concordantes con las pruebas documentales, siendo sus testimonios objetivos, claros y libres de contradicciones; asimismo, en el juicio no se ha acreditado o patentizado de sus declaraciones, motivos espurios para perjudicar a los imputados; consecuentemente, el razonamiento del Juzgador en ese sentido es carente de soporte, siendo evidente que el ente jurisdiccional no ha valorado la prueba en su conjunto, pues de haberlo hecho habría llegado a la ineludible conclusión, que los hechos ocurrieron como han narrado los testigos de cargo; ello, porque sus declaraciones han sido corroborados con medios probatorios objetivos. La Sala Penal en la sentencia SP-27-2015 de fecha dieciocho de septiembre del 2018, respecto a la valoración de la prueba testifical, ha establecido: "Que la declaración de un testigo protegido, congruente con prueba pericial (exhumación); aunque sea mínima actividad probatoria, es válida y suficiente para concluir, respecto a la participación de un acusado en los hechos, siempre que sea claro y contundente en el relato de los hechos". "Reconoce La Sala de lo Penal, que la credibilidad se erige en problema fundamental y complejísimo en materia testifical, donde ha de determinarse por el Juez tanto la credibilidad general del testigo (o sea, si merece crédito en principio por sus condiciones morales e intelectuales) como la especial en el asunto de que se trate (o sea, si lo conoce y será sincero). En cuanto a la credibilidad general ha de precisarse en primer término, si exista o no algunas de las causas generales que la supriman: la mitomanía o tendencia a mentir. la ausencia de lucidez mental, la falta de serenidad para declarar. En cuanto a la credibilidad especial, el juez ha de basarse en las reglas generales de la sana crítica, en los antecedentes del testigo p sobre todo, en la correlación de los testimonios con las demás pruebas". Lo resaltado es nuestro, (Ver sentencia SP-198-2008 de fecha 29 de septiembre de 2009). Consecuentemente, frente a un análisis acertado y realizado de manera conjunta y armónica de las probanzas de cargo allegadas al juicio, las censuras esgrimidas por el Tribunal, no resultan relevantes, para contrarrestar la autoría de los Señores Kelvin Eduviges Funes Funes y Rubén Darío Castro Ruiz, en los hechos que se le atribuyen. Es por ello, que el Ministerio Público reitera, que el Tribunal a-quo ha inobservado la regla lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de veracidad y suficiencia: en tanto, que ha dado razones para restarle credibilidad a la deposición rendida en juicio, por los testigos protegido clave l, 2 y 1-A; bajo consideraciones que carecen de un verdadero sustento, en vista que unas son meras apreciaciones subjetivas y otras, no corresponden al contenido de la declaración, sin rescatar la esencia de cada prueba, interrelacionándola para encontrar su concordancia y vinculación lógica, que le permitieran una reconstrucción cierta del hecho sometido a su decisión, pronunciando de manera desacertada, un fallo absolutorio. Consideramos oportuno relacionar la postura de la Sala Penal, en relación al análisis de la prueba, atendiendo las reglas de la sana crítica, misma en la que se expresa lo siguiente'. "...el Tribunal debe razonar en la sentencia, la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada, Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos sobre el comportamiento humano y no con las reglas elaboradas por esta ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables...” En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 y 338 numeral 2 regla cuarta del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; Pretensión: Se declare procedente el presente motivo. Reprocha el recurrente, analizar los razonamientos que el Tribunal plasmó para arribar al fallo que hoy se cuestiona por esta vía recursiva, se advierte que efectúa una apreciación intelectiva ineficaz, dado que la probanza que se le ha allegado, no fue valorada de forma integral o conjunta, en desapego al principio básico de razón suficiente, componente de la Regla de la Lógica, lo que lo llevó a concluir erróneamente, que existe insuficiencia probatoria, a favor de los ciudadanos Kelvin Eduviges Funes Funes y Rubén Darío Castro Ruiz; luego el recurrente, describe fragmentos de lo declarado por cada uno de lo testigos protegidos para referir, para señalar que el juzgador ha concluido equívocamente, de valorar intelectivamente que no se encuentra demostrada la participación de los acusados en la muerte de los señores Santos Sebastián Montoya y Santos Ernesto Martínez Valladares, restando credibilidad a los dichos de los testigos de cargo, fundamentándose esencialmente, en que no hay concordancia en sus dichos, ya que el testigo protegido clave 1 manifestó que se dirigían hacia las Crucitas y el Testigo protegido clave 2, señalo que iban a la Comunidad de las Pozas; sin considerar, que los mismos han sido congruentes en la esencia de sus relatos al identificar plenamente a los hoy acusados; por ello, el Tribunal a-quo ha inobservado la regla lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de veracidad y suficiencia: en tanto, que ha dado razones para restarle credibilidad a la deposición rendida en juicio, por los testigos protegido clave l, 2 y 1-A. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. El recurrente denuncia infringida la regla de la lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de veracidad y suficiencia, en virtud que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria resultan ajenas a lo vertido por las propias pruebas aportadas a juicio. En el presente caso, el censor centra su reproche recursivo en la valoración del medio de prueba Declaración Testifical consistente en: a) Testigo Protegido con clave número 1; b) Testigo Protegido con clave número 2 y, c) Testigo Protegido con clave número A-1; todas evacuada mediante lectura autorizada; asimismo, también formó parte del andamiaje probatorio Documental y Pericial que fueron de crédito positivo para acreditar la muerte violenta de dos personas. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador erróneamente no logra vincular a los acusados Kelvin Eduviges Funes Funes y Rubén Darío Castro Ruiz, como participes en el delito de Asesinato en perjuicio de la vida de Santos Sebastián Montoya y Santos Ernesto Martínez Valladares; por razón, que a entender del sentenciador, la declaración de los testigos protegidos denotó inexistencia de concordancias y de la existencia de contradicciones entre cada declaración testifical, por manifestar el testigo clave 1 que iba con un amigo para Las Crucitas y que al ver el hecho salió corriendo hacia adelante, que por su parte el testigo clave 2 manifestó dirigirse para la comunidad de Las Pozas, y que al ver el hecho se dirigió hacia abajo, no siéndole creíble al juzgador que ambos testigos corrieran y luego se subieron al mismo bus al mismo tiempo que corre de la Unión hacia Olanchito, porque refirieron en su declaración que uno corrió hacia adelante y el otro hacia abajo. Es preciso señalar las valoraciones subjetivas del Juzgador que no deriva de prueba alguna, como ser “según la lógica al ver un suceso donde esta una persona que se conoce en el caso del Alcalde del Municipio de Esquipulas, las personas que venían en el bus tuvieron que haber procedido a auxiliarlo”. En cuanto testigo con clave A-1, el sentenciador igual desacredita su declaración, por expresar que vio los cuerpos cerca de la paila y otro cuerpo estaba retirado y que en la parte de enfrente del carro habían 4 hombres armados y que en el otro lado habían dos; nuevamente con valoraciones subjetivas refieren “según la Lógica si llego en un vehículo al lugar de los hechos haciendo ruido, es una persona que también hubiera sufrido alguna consecuencia de parte de las 6 personas que estaban fuertemente armadas, ya que si conocía a los hechores, estos no lo hubieran dejado ir ya que era testigo presencial que también hubieran procedido contra él”. Por lo anterior, a los juzgadores les resulta una declaración inverosímil y que no aportan elementos suficientes para acreditar verdaderamente de la participación de los señores Kelvin Eduviges Funes Funes y Ruben Darío Castro Ruiz, en el hecho violento; concluyendo que si bien con el resto de medios probatorios se ha acreditado la muerte de dos personas, pero no así, los autores directos ya que existieron 6 personas pero no se individualizo la participación que pudiera tener cada uno de ellos, que no ha tenido la certeza en cuanto a la participación de los acusados en los hechos que les han sido señalados, no contando con prueba suficiente y eficaz para quebrantar el principio de inocencia. Reitera esta Sala de lo Penal, lo errado del juzgador, pues cada uno de los testigos protegidos al momento de su declaración fueron claros para identificar a los hoy acusados en la escena del hecho violento, que los aspectos periféricos detallados por los testigos que para el juzgador son contradictorios y no concordantes, resultan ser valoraciones débiles para restarles credibilidad, cuando el resto de medios probatorios concatenan parte de sus dichos, como ser lugar, fecha y escena; no bastando con ello, los juzgadores todavía hacen valoraciones subjetivas ajenas a las reglas de la sana crítica, pues, dos personas pueden tomar en un momento rumbos diferentes, pero luego pueden coincidir en otro punto, como cuando se subieron al mismo autobús. En el caso actual, al remitirnos a la fundamentación probatoria de la sentencia, se identifica tal y como lo denuncia el recurrente, la infracción a la regla lógica de derivación en el principio de razón suficiente, en lo que respecta a la valoración intelectiva de las declaraciones testificales de los testigos protegidos. Este ejercicio lógico de identificar las premisas probatorias, las premisas valorativas y posterior conclusión de construcción de hechos probados, permite identificar la violación a la regla de la lógica de derivación, pues las premisas no se corresponden con la posterior conclusión por falta de concordancia derivacional; pues, como resultado de la evacuación de la prueba de cargo cuestionada, puede ser corroborado al contrastarlo con el andamiaje probatorio. La Sala de lo Penal, ha advertido en varias sentencias, que las imprecisiones en declaraciones no significan que sean falsas, no significa que los hechos relatados carezcan de veracidad, el sentenciador debe al momento de valorar los testimonio “la percepción de los hechos”, desde su propia experiencia y percepción de la realidad, no pudiendo exigir el mismo nivel de precisión en todos los testigos; por lo que la conclusión del sentenciador de desacreditar la declaración de los testigos protegidos, por aspectos periféricos aislados de la esencia del relato, no es suficiente, resultando una argumentación intelectiva débil para su descredito. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración probatoria que ciertamente transgrede la regla lógica de derivación, debido a que toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado. DECISIÓN Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Fernando Canales, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Segundo: En consecuencia Casa la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, que contiene el pronunciamiento absolutorio en favor de los señores Kelvin Eduviges Funes Funes y Rubén Darío Castro Ruiz, a quienes se les siguió proceso como coautores de dos delitos de Asesinato, en perjuicio de la vida de Santos Sebastián Montoya y Santos Ernesto Martínez Valladares; decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de los acusados Kelvin Eduviges Funes Funes y Rubén Darío Castro Ruiz,, como coautores de dos delitos de Asesinato, en perjuicio de la vida de Santos Sebastián Montoya y Santos Ernesto Martínez Valladares, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma Y Sello. – Lety Emelda Posadas. Receptora Adscrita Sala De Lo Penal.”Extendida En La Ciudad De Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, A Los Diecinueve Del Mes De Mayo De Dos Mil Veintiséis. Certificación De La Sentencia Dictada A Los Trece Días Del Mes De Febrero De Dos Mil Veintiséis, Recaída En El Expediente De Casación Con Número De Ingreso SP-116-2022.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

SECRETARIA SALA DE LO PENAL