Sentencia CP-98-21 — Registro 19345
Resumen
En primera instancia el Tribunal de Sentencia condenó a los acusados por el delito de asesinato y tentativa de asesinato, resolviendo la Sala de lo Penal no ha Lugar el Recurso de Casación y la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal, Decreto130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Recurso. El Segundo Motivo No Es De Recibo. En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciado; En otras palabras la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que, como se ha mencionado previo, por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Se insiste que la sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso Legal que se ha explicado ut supra, siendo uno de ellos el Principio de Concentración y el de Inmediación. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Ahora bien, siguiendo el reclamo formulado por el Recurrente, corresponde centrarnos en la Garantía de Concentración que dicta que la sustanciación del proceso sea en el menor número de actos y a su vez en el menor tiempo posible entre cada uno de los actos, constituyendo todo el proceso en una unidad, para efectiva justicia en un plazo razonable (Art. 8 del Código Procesal Penal). La Garantía de Concentración debe de observarse durante todo el proceso penal (Art. 20, 143 último párrafo, 160 y 161 del Código Procesal Penal), pero ella adquiere una relevancia significativa en la etapa de juicio (Art. 306, 312 y 313 del Código Procesal Penal), en especial en la continuidad que debe de existir entre el debate y el fallo (no la sentencia), esto es porque como consecuencia del primero, se produce el segundo, de este modo la garantía de concentración proporciona una plataforma para que la inmediación sea efectiva para la valoración de la prueba. En el caso que nos ocupa, el Censor denuncia que desde la fecha en que el Tribunal de Sentencia emitió el veredicto de culpabilidad (28 de abril de 2019) y la notificación de la sentencia transcurrió un período de tiempo de más de un año y medio que el Tribunal de Sentencia hizo caso omiso de la obligación que le impone el artículo 306 del Código Procesal Penal el cual establece; “Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo. El retiro momentáneo de los miembros del Tribunal o de cualquiera de las partes, dará lugar a la suspensión del procedimiento, salvo si se trata del imputado, quien podrá retirarse con permiso del Tribunal, a cuya disposición deberá quedar hasta que se adopte otro acuerdo. Si el Defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del Tribunal, se tendrá por abandonada la defensa. Si el imputado no designa de inmediato otro Defensor de su confianza, el Tribunal de Sentencia le nombrará un Defensor Público. Cuando el abandono ocurra dentro de los tres (3) días anteriores al debate o durante el desarrollo de éste, el Tribunal podrá aplazar su inicio o suspender por una sola vez el que ya haya comenzado, por un término máximo de cinco (5) días calendario. Si el abandono de la defensa no tiene causa justificada, el Defensor será sancionado con la pena prevista en el Código Penal. Si el representante del Acusador Privado no concurre a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del tribunal, dejará de tenérsele como parte, sin perjuicio de que la persona del Acusador Privado, podrá ser obligado a comparecer cuando deba declarar como testigo. El recurrente estima que se ha vulnerado el Principio de concentración, lo que incide en la validez del fallo que ahora se impugna. Esta Sala de lo Penal considera que si bien es cierto el Juicio Oral y Público, ha de regirse por los principios de inmediatez y de concentración o unidad de acto, la inmediatez y continuidad han de ser interpretadas de acuerdo con el principio de razonabilidad. Es así como que la lectura de la sentencia puede prolongarse, tomando en consideración, la complejidad del caso, la abundancia de prueba, la cantidad de víctimas, la cantidad de imputados, peritos y demás que puede conllevar a la prolongación del dictado de una sentencia, son aspectos que deben ser considerados. El caso bajo examen, en el que se ha discutido sobre la responsabilidad penal de una persona que en compañía de otras personas ( que no forman parten del proceso), resulto responsable de cinco delitos de Asesinatos y dos delitos de Asesinato en su Grado de ejecución de Tentativa, por disparos de arma de fuego; Es por su propia naturaleza un asunto que reviste una gran complejidad en comparación con el cuantioso acervo probatorio que fue objeto de valoración por parte del Tribunal; Aunado a esto del foliado se desprende que el fallo de culpabilidad fue leído el 28 de febrero de 2019 ( f.637) ; La audiencia de individualización el 24 de abril de 2019 ( f. 642); y la sentencia se notificó hasta el 20 de agosto de 2020; Sin embargo, La Sala recuerda que el Poder Judicial, suspendió Labores a nivel nacional desde el 16 de marzo de 2020 a causa del COVID, declarando inhábiles los días y horas para efecto de actuaciones y plazos procesales, mientras estuvo en vigor la suspensión de labores; Así las cosas, La Sala ha constatado que el dictado de la sentencia se prolongó por un término de 10 meses más del tiempo establecido por el Código Procesal Penal, y no más de un año y medio como alega El Censor. Tomando en cuenta el principio de razonabilidad y por otro lado, atendiendo a que el Censor no indica con precisión que consecuencias negativas para su derecho de defensa o para la garantía genérica del debido proceso ha traído el hecho de que el Tribunal A Quo haya dictado su sentencia 10 meses después de lo establecido por la ley, La Sala de lo Penal considera que en las circunstancias apuntadas dicho órgano jurisdiccional no ha vulnerado en su esencia las normas legales invocadas ni mucho menos los derechos fundamentales antes relacionados, y que por lo tanto debe descartarse que la situación denunciada por el casacionista haya incidido en una relación causa-efecto en la validez de la sentencia recurrida. En conclusión el Principio de Concentración es, por decirlo de alguna manera, escudo protector de la inmediación respecto al pronunciamiento del fallo, evitando así la disolución de los efectos de la inmediación de la prueba y, por ende, permitiendo a los Jueces y Juezas tener presente en su memoria todas las incidencias que pudieron presenciar durante la evacuación de la prueba al momento en que corresponda hacer la deliberación del caso, en donde una de las tareas más importantes es la valoración de la prueba; pero además el Principio de Concentración permite el fiel cumplimiento de la obligación del Estado de Honduras de hacer pronunciamientos judiciales de manera oportuna, en plazo razonable, dando respuesta a los intereses subjetivos en disputa, cumpliendo así lo ordenado por el artículo 9.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Artículo 7.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Los efectos de la inobservancia del Principio de Concentración serán particulares a depender del momento procesal en que se produzca, pues la dilación indebida en irrespeto de los plazos legales entre el debate y la deliberación produce el mismo efecto señalado por la ley procesal para los casos de suspensión de la audiencia de debate por un término mayor a los 15 días: la nulidad del debate (Artículo 312 y 313 del Código Procesal Penal); empero si el quebrantamiento se encuentra por dilación en el señalamiento de la audiencia de debate o en el pronunciamiento de la sentencia después de la deliberación y notificación de decisión, en donde no existe ofensa a la inmediación, tiene como consecuencia la deducción de responsabilidad a los funcionarios/as judiciales cuando por acción u omisión injustificable hayan dado a lugar el incumplimiento de los plazos legales o un plazo razonable de juzgamiento, pues su nulidad en estos casos solo produciría más dilación en dar respuesta a lo debatido.Por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo de casación por Infracción desarrollado en el presente apartado, debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa de los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodriguez Henríquez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concretoEn la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real de delitos; se impuso a los acusados Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodriguez Henríquez, a las siguientes penas: • Veintidós (22) años de reclusión como autores materiales directos del delito de asesinato, en perjuicio de José Alexis Salas Caballero, Linda Mercedes Moreno Enamorado, Wilmer Daniel Vindel Canales, Wilmer Geovany Vindel Cribas y José Alejandro Fajardo Urrutia. • Diecisiete (17) años de reclusión como autores material directo del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido “XS-1” y Testigo Protegido “O”. • Mas las Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil y las de Responsabilidad Civil. En suma, la pena concreta impuesta a los acusados es de 144 años de reclusión, de los que cumplirá solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato (Art.193) tiene un tipo penal básico con una pena principal de 20 a 25 años de prisión, un tipo agravado con una pena de 25 a 30 años de prisión, cuando concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, aspecto que no se contempla en la presente causa; en cuanto a los delitos de asesinato tentados, en base a los artículos 21 y 62 y tratándose de dos tentativas acabada, la pena deberá rebajarse en un cuarto (1/4), resultando una nueva pena abstracta de 15 a 20 años de prisión: Del hecho probado se desprende la circunstancia agravante estipulada en el articulo 32 numeral 4 del Código Penal; Al portar los acusados vestimenta alusiva a la Policía Nacional, así como aprovechar el momento que el semáforo indicaba luz roja, para anteponerse al vehículo de las victimas y así asegurar el resultado; por lo que correspondería imponerles la pena media hasta el límite máximo, resultando una nueva pena abstracta de 22 años 6 meses 25 años de prisión, para el delito de asesinato y de 17 años 6 meses a 20 años de prisión para el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Como penas accesorias; Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión, Como penas accesorias; La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena y responsabilidad civil. Al apreciarse un concurso real, el límite objetivo ordinario de cumplimiento material de las penas es de 30 años de prisión, lo que resulta igual al único límite de cumplimiento de pena establecido en el decreto 144-83, para los delitos de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa; En el caso del delito de Asesinato el límite objetivo extraordinario de cumplimiento sería de 40 años, por exceder la pena del Asesinato los 20 años de prisión; lo que resulta igual al único límite de cumplimiento de pena establecido en el decreto 144-83; el límite subjetivo de cumplimiento sería de 75 años de prisión; En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos de asesinato cometidos por los acusados, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 112 años 6 meses a 125 años de prisión; El marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa cometidos por los acusados, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 35 años a 40 años de prisión, haciendo un total de 146 años 6 meses a 165 años de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la suma de las penas impuestas en la sentencia recurrida de 144 años de reclusión, es más beneficiosa para los acusados, al representar penas de menor cuantía en comparación a las penas del NCP decreto 130-2017; Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Segundo Argumento Recursivo. El Argumento No es de recibo. El Recurrente alega que al haberse declarado culpable a su representado con las declaraciones de los testigos Protegidos “Tom” y “Jerry”, de los cuales la defensa desconoce su identidad por ser testigos de identidad reservada, le ha imposibilitado ejercer plenamente el principio de contradicción y, con ello el ejercicio del derecho de defensa. Pero de nueva cuenta esta Sala de lo Penal nota que este alegato es apenas planteado en el recurso de casación y que sobre ello la defensa hizo silencio en todas las etapas previas del proceso, develando conformidad por omisión.- Se resalta que la defensa hizo silencio, no solo respecto a si la medida de protección de la identidad de los testigos era proporcional o no, a un posible riesgo, sino que además sobre la existencia de una posible restricción al ejercicio de defensa como consecuencia de dicha reserva.- El Ministerio Público dio a conocer la existencia de los testigos protegidos desde la presentación del requerimiento fiscal, sin que la defensa se pronunciara sobre la medida de la reserva de identidad en la audiencia de prueba anticipada (f.52); Tampoco hizo pronunciamiento de ésta o de la existencia de disminución al ejercicio del derecho de defensa al término de la audiencia inicial (f.73) en donde la defensa estuvo presente y tuvo la oportunidad de interrogar plenamente sin restricción alguna a ambos Testigos Protegidos, por lo que el Principio de Contradicción no se vio menoscabado ; En la audiencia de proposición de medios de prueba, celebrada en fecha 4 de septiembre de 2018, la Defensa mas allá de presentar oposición a los testigos protegidos, también hizo suya la prueba proponiéndolos como testigo de la defensa técnica (f.548); Al término de la audiencia de debate, no presento oposición en la etapa incidental ni durante el desarrollo del mismo (f.637); Por tanto, plantear como argumento recursivo contra la sentencia, la violación al Derecho de Defensa por la presentación de dos testigos de identidad reservada, sin que ello haya sido tema contradictorio en ninguna de las tres etapas del proceso penal, y en específico en la audiencia de debate, ni siquiera en conclusiones como petición final a considerar por los jueces de sentencia previo a su deliberación, provoca la subsanación del vicio alegado, y conforme al tercer párrafo del artículo 363 del Código Procesal Penal acarrea la desestimación del recurso. También suma a sus alegatos el Censor, que el fallo se sustenta en la declaración de dichos testigos protegidos, (ocultos, con identidad reservada, y rendida en audiencia previa; las cuales aparecen huérfanas, al no existir mas prueba que la respalden lo dicho por estos por lo tanto también resultan insuficientes para justificar, válidamente, un fallo de condena. La Sala al examen de la sentencia recurrida, ha constatado que EL Juzgador además de los testimonios de los testigos protegidos “Tom” y “Jerry” también se recibió la siguiente; Prueba Testifical; Testigo Protegido “ XS” ( uno de los ofendidos), Enrique Membreño Benítez: Prueba Documental;1.- Acta de Levantamiento de Cadáver y Recolección de indicios, 2.- Acta de inspecciones oculares número 673-2016 3 (f.10-11), 4.- Copia Certificada de Acta de allanamiento de fecha 12 de julio de 2016 (f.437), 5.- álbum Fotográfico de vehículos (f.100-278) 6.-Acta de Decomiso o Secuestro de fecha 2 de mayo de 2016 (f.555),, 7.- Acta de Decomiso o Secuestro de fecha 2 de mayo de 2016 (f.557) 8.- Acta de Decomiso o Secuestro de fecha 2 de mayo de 2016 (f.558); Prueba Pericial; 1.- Dictamen de Autopsia numero 0939-2016 realizada al occiso José Alexis Salas Caballero (f.442-443), 2.- Dictamen de Autopsia número 0940-2016 realizada al occiso Linda mercedes Moreno Enamorado (f.444-445), 3.- Dictamen de Autopsia número 0941-2016 realizada al occiso José Alejandro Fajardo Urrutia (f.446-447), 4.- Dictamen de Autopsia número 0942-2016 realizada al occiso Wilmer Geovani Vindel Cribas (f.449-450), 5.- Dictamen de Autopsia número 0943-2016 realizada al occiso Wilmer Daniel Vindel Canales (f.83) 6.- Dictamen de Evaluación Médica número 2017-0501-0101-0304 de fecha 1 de agosto de 2018, practicado al Testigo Protegido “XS,” 7.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8777 practicado al vehículo Pick Up placas; PDC6987, 8.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8789 practicado al vehículo Pick Up placas; PDR3187. 9.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8788 practicado al vehículo Pick Up placas; PDS 7111, 10.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8785 practicado al vehículo Pick Up placas; PCE 9457, 11.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8786 practicado al vehículo Pick Up placas; PCV 1754. 12.- Dictamen de Análisis Balístico número 2016-0801-0502-3853, realizado al arma de fuego tipo pistola, marca GLOCK, con serieAAAN970. 13.- Dictamen de Análisis Balístico número 2016-0801-0502-3854, realizado a los casquillos recolectados en el lugar de los hechos, 14.- Dictamen de Análisis Balístico número 2016-0801-0502-7902, de análisis comparativo de indicios recolectados y el arma decomisada. Así entonces, a las declaraciones de los testigos protegidos se sumaron a un extenso acervo probatorio que en conjunto destruyen el estado de inocencia del acusado, convirtiéndolo en responsable del delito y siendo objeto de sanción penal como su consecuencia. De lo anterior se desprende que no ha existido violación a derechos fundamentales o derechos humanos, en particular al debido proceso, Derecho de Defensa y estado de inocencia alegado; ya que la prueba en mención es de carácter lícito, y en conjunto con la demás prueba evacuada en el juicio oral, ha sido suficiente para enervar el estado de inocencia del Acusado. Además, la Sala ha revisado el proceso de presentación y evacuación, en la audiencia de debate, de la lectura autorizada advirtiendo la estricta observancia de las normas procesales vigentes, por lo que reitera su carácter legal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-98-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días de mayo de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-98-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de abril del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodríguez Henríquez, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: Condenó a los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodríguez Henríquez, como autores de cinco delitos de Asesinato, en perjuicio de José Alexis Salas Caballero, Linda Mercedes Moreno Enamorado, Wilmer Daniel Vindel Canales, Wilmer Geovani Vindel Cribas y José Alejandro Fajardo Urrutia, a la pena de veintidós años de reclusión por cada delito; haciendo un total de ciento diez años de reclusión; asimismo, se les condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. TERCERO: Condenó a los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodríguez Henríquez, como autores de dos delitos de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido “XS-1” y Testigo Protegido “O”, a la pena de diecisiete de reclusión por cada delito; haciendo un total de treinta y cuatro años de reclusión; asimismo, se les condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. CUARTO: Declaró la responsabilidad civil de los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodríguez Henríquez, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. QUINTO: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: No Procedió el comiso. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: El Abogado Augusto Rafael Fletes, en su condición de Defensor Privado del señor Gerson Javier Rodríguez Henríquez, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO. - El día treinta (30) de abril del año dos mil dieciséis, siendo la 01:40 minutos de la tarde, los señores JOSÉ ALEXIS SALAS CABALLERO, LINDA MERCEDES MORENO ENAMORADO, WILMER DANIEL VINDEL CANALES, WILMER GEOVANI VINDEL CRIBAS y JOSÉ ALEJANDRO FAJARDO URRUTIA, TESTIGO PROTEGIDO "O” Y TESTIGO PROTEGIDO "XS-1" salieron del Centro Penal de la ciudad de San Pedro Sula conduciéndose en tres vehículos y a la altura de la 15 avenida, del Barrio Cabañas de la ciudad de San Pedro Sula, al hacer un alto en un semáforo, un camioncito color blanco se encontraba delante de dichos vehículos obstaculizándoles el trayecto, por lo que aprovechando tal situación, sujetos fuertemente armados se les acercaron sorpresivamente, conduciéndose en tres vehículos: una camioneta color negro, un Toyota Hilux 3.0 color gris, en el cual iba ENRIQUE SACARIAS AGUILAR LÓPEZ y otro sujeto conocido como Cangri y el Zarquito, y en el tercer vehículo marca Nissan, modelo Navara, color gris, en el cual se conducía GERSON JAVIER RÓDRIGUEZ HENRIQUEZ y otras personas, quienes inmediatamente se bajaron de los vehículos en un total de nueve sujetos, quedando tres en el interior del vehículo porque los conducían; entre los que se bajaron estaban ENRIQUE SACARIAS AGUILAR LÓPEZ y GERSON JAVIER RÓDRIGUEZ HENRÌQUEZ, todos portando armas de fuego cortas y de grueso calibre y algunos con vestimenta alusiva a la Policía Nacional, disparando contra la humanidad de las víctimas, LINDA MERCEDES MORENO ENAMORADO, JOSÉ ALEXIS SALAS CABALLERO Y TESTIGO PROTEGIDO "O“ quienes se conducían en el vehículo Nissan Xterra color rojo, placa PDS7111; WILMER DANIEL VINDEL CANALES, JOSÉ ALEJANDRO FA]ARDO URRUTIA y WILMER GEOVANI VINDEL CRIBAS quienes se conducían en el Nissan Frontier pick-up doble cabina, color rojo, placa PDR3187 y TESTIGO PROTEGIDO "XS-1” se conducía en el automotor marca Pontiac, ofendidos que lograron repeler el ataque, sin embargo no fue suficiente debido a la cantidad de disparos que les impactaron, no pudiendo salir con vida, pues murieron de manera inmediata JOSÉ ALEXIS SALAS CABALLERO, LINDA MERCEDES MORENO ENAMORADO, WILMER DANIEL VINDEL CANALES, WILMER GEOVANI VINDEL CRIBAS, resultando gravemente heridos TESTIGOS PROTEGIDOS "XS-1'’ y TESTIGO PROTEGIDO "O“ debido a la inmediata intervención médica, sobreviviendo a este suceso.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Augusto Rafael Fletes, en su condición de Defensor Privado del señor Gerson Javier Rodríguez Henríquez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO INVOCADO: La infracción por parte del Juzgador de lo dispuesto en los preceptos Constitucionales contenido en los artículos 82 y 90 (DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO) en relación a los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 14.3.e del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 del Código procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE.- El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO SOBRE LA VIOALCION AL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentado la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionahdad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. En el juicio oral y Público el ente acusador solicitó que se incorporara por lectura las declaraciones de los testigos protegidos TOM y JERRY, resolviendo el Tribunal sin empacho alguno, y sin haber presentado en ente acusador un documento legal que avalara su petición, (ver acta de debate, en incidentes) a lo que las partes en el proceso nos opusimos; Es en la valoraci6n de la prueba testifical antes referida en donde el Juzgador flagrantemente viola los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso de los que goza nuestro representado German Javier Rodríguez Henríquez las declaraciones de los Testigos Protegidos TOM y JERRY no fueron evacuadas bajo los fundamentales principios de inmediación y oralidad, al haberla incorporado por lectura violentando además el principio de contradicción y el de defensa. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio.,. ”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14. 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia. Entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, que autoriza la introducción al debate por lectura de: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”.- Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP) 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b.Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, o cuando no sea posible tomar su declaración en el domicilio o lugar en donde se encuentre recluido, internado o retenido; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura deberá de ser conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical. De lo anterior se desprende que El Tribunal de Sentencia, al haber permitido la introducción por Lectura la declaración de los testigos protegidos denominados TOM Y JERRY, sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley, violentó los derechos fundamentales del Derecho de Defensa, Legalidad, Contradicción e Inmediación. Razón por la cual se pide se admita el presente motivo de casación, se declare con lugar el mismo y se anule el fallo condenatorio y se absuelva a mi defendido de toda responsabilidad. SOBRE LA VIOLACION AL DERECHO DE DEFENSA Las normas Constitucionales y Legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1.-El derecho de defensa es inviolable; Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público, el cual debe de realizarse con todas las garantías legales correspondientes. Que al haberse declarado culpable a mi representado con la declaración de testigos protegidos (anónimos) de los cuales la defensa desconoce su verdadera identidad, no permite a la misma, poder determinar posibles causas espurias que pudieran motivar sus declaraciones, impidiendo evaluar la fiabilidad de su testimonio que pudo estar influenciado por simple animadversión, enemistad, hostilidad etc, Hacia el imputado y que lo hacían digno de crédito, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica, la posibilidad del inculpado de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta en ente acusador, pero la ausencia en juicio y el anonimato de los decisivos testigos dejó al imputado y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos fundamentales de defensa y del debido proceso. Enlas condiciones referidas la decisión de condena quebranta los derechos de mi defendido, Gerson Javier Rodríguez Henríquez, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de oralidad (introducción por lectura de las cuestionadas declaraciones) y Contradicción (imposibilidad de contrainterrogatorio), infringiendo los Derechos de defensa, y debido proceso de mi representado, pues su fallo se sustenta en la declaración de dichos testigos protegidos, (ocultos, con identidad reservada, y rendida en audiencia previa; misma que además aparece huérfana de corroboradores objetivos que la respalden y por tanto, insuficiente para justificar, válidamente, un falo de condena, Sobre éste particular, la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que: “le preocupa a la Sala de lo Penal, la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable, en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifícal, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... la ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables, como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia, a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corrobación alguna, insiste esta Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basado en declaraciones de testigos anónimos, debe implicar que ese medio de prueba, debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna. La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto lo siguiente: “ . .. incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en los que los derechos de los acusados han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución... b)... la condena penal del señor Pichón Pai11alao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista. .. estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de testigos de identidad reservada, pues si se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto... por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de testigos con identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao” “... este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preventas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener el anonimato la identidad del declarante... en tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protecciòn de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido declara que es deber garantizar el derecho a la vida, la integridad, la libertad, y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopciòn de medidas de protecciòn, pero ello no debe de traducirse en menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2 h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, a mi defendido Gerson Javier Rodríguez Henríquez, porque se le condenó con declaración de testigos protegidos (ocultos, con identidad reservada y no presentes en el juicio) frente a quien, por esa condición de anonimato y no presente en el Tribunal, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero los mismos no aportaron datos que incriminen a mi defendido, por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor de mi representado. El artículo 339 del Código Procesal penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria, así mismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.-La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere “ ver sentencia cp-02-2009. Ante la deficiente actividad probatoria y ausencia de prueba confiable en este caso, se decreta una sentencia condenatoria sin que haya una carga probatoria suficiente para destruir el Estado de Inocencia del cual goza mi defendido. *MOTIVO INVOCADO: “Por violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los 306 y 340 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Juzgador aI dictar la sentencia censurada, ha transgredido el derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, que indica: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; en el caso sub judice se ha infringido el Principio de Concentración del juicio oral y público señalado en el artículo 306 de nuestra normativa procesal que señala: “Concentración, El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo”, “En el presente proceso, la Vulneración del Principio de Concentración se produce, en virtud de haberse redactado la sentencia a más de un año y medio, después de celebrada la Audiencia de Debate,” (18-02-2019) ); procediéndose a su firma a los 12 días del mes de abril del 2020 y notificándose el 20 de agosto del presente año, cuando legalmente debió ser redactada y firmada tan pronto como haya sido votada, o como bien lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal, “....si por razones de tiempo o por complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes...” no obstante la citada exigencia, en el caso in examine se hizo año y medio después; esto es así, ya que el debate finaliza el 18 de febrero del año 2019, se firma y notifica el 20 de agosto del presente año 2020. De lo expuesto, se evidencia una flagrante violación al Debido Proceso, siendo que tanto las actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses de las personas sometidas a un proceso judicial, su inobservancia constituye una violación a ese Principio Fundamental por alejarse del mandato constitucional, es así que, el Debido Proceso lo constituye la observancia de las formas propias de cada juicio, es decir, las que están previamente establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para el procedimiento respectivo. A la razón, de haber estudiado la afectación de las garantías mínimas que establece la Constitución o la ley para los actos procesales, concluimos que la circunstancia antes descrita, atenta de manera grave contra las actuaciones de este ente objetivo defensor de los intereses de la sociedad; en definitiva desconoce la garantía de los derechos e intereses de las personas que intervienen en el mismo, en especial, imputado y víctima, de tal forma, que el derecho de cada ciudadano a ser juzgado por un Juez o Tribunal competente con las formalidades legales está incluido, en el Artículo 8. 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, materializado en el Artículo 90 de nuestra Constitución de la República. En virtud de lo anterior, lo correcto hubiese sido, que una vez redactada y firmada la sentencia, conforme al artículo 340 Código Procesal Penal: “el Tribunal se constituyera nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, diera a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secretario procediera a entregar a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta “, por lo que en aplicación irrestricta de lo que establece dicha norma procesal, es obligación del Tribunal de realizar las diligencias encaminadas a la notificación oportuna de la sentencia, al no hacerlo, ha ocasionado que la defensa tenga que recurrir una sentencia que agravio sus pretensiones, año y medio después de haberse realizado la vista de la causa, lo que ocasiono un perjuicio grave no sólo para la defensa y el acusado, sino para todo el sistema de justicia. En este orden, y a los fines de fundamentar lo expuesto, cabe destacar que el Estado debe garantizar al ciudadano el conjunto mínimo de garantías procesales sin lo cual el proceso judicial no será justo, razonable y confiable, garantías éstas que permiten la efectividad de la justicia, que aseguran el derecho material de los ciudadanos frente a los órganos de administración de justicia y que le establecen limitaciones al poder ejercido por el Estado por conducto de los Tribunales de justicia. De tal forma que, el procedimiento procesal penal, no es convencional, por el contrario su estructura, secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley y no es discrecional de las partes o del juez, Por esa razón consideramos, que no es potestativo del ente Jurisdiccional alterar las reglas con las que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia está íntimamente ligada al orden público, en el caso sub judice el Tribunal debió actuar con diligencia y subsanar oportunamente el vicio identificado, de conformidad al procedimiento establecido, pero hacerlo año y medio después es totalmente inaceptable,. Atendiendo lo anteriormente expuesto, solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. Sobre peticiones como esta, la Sala de lo Penal ha dicho lo siguiente: “Artículo 306.Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo. El retiro momentáneo de los miembros del Tribunal o de cualquiera de las partes, dará lugar a la suspensión del procedimiento, salvo si se trata del imputado, quien podrá retirarse con permiso del Tribunal, a cuya disposición deberá quedar hasta que se adopte otro acuerdo. Si el defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del Tribunal, se tendrá por abandonada la defensa. Si el imputado no designa de inmediato otro defensor de su confianza, el Tribunal de Sentencia le nombrará un Defensor Público. Cuando el abandono ocurra dentro de los tres (3) días anteriores al debate o durante el desanollo de éste, el Tribunal podrá aplazar su inicio o suspender por una sola vez el que ya haya comenzado, por un término máximo de cinco (5) días calendario. Si el abandono de la defensa no tiene causa justificada, el defensor será sancionado con la pena prevista en el Código Penal. Si el representante del Acusador Privado no concurre a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del tribunal, dejará de tenérsele como parte, sin perjuicio de que la persona del Acusador Privado, podrá ser obligado a comparecer cuando deba declarar como testigo. “El principio de concentración de los actos procesales evita la dispersión de éstos como acontecía en el sistema inquisitivo. El propósito de la continuidad de las actuaciones es el de evitar la deformación de los actos cumplidos en cuanto a su recurso por los jueces, fiscales, defensores y demás intervinientes, debido al intervalo de tiempo transcurrido desde su realización hasta el momento de la reanudación del debate. La concentración impone la necesaria presencia física de los intervinientes. La simple ausencia momentánea de cualquiera de estos implicará la suspensión de las sesiones del juicio, todo ello para evitar la deformación de los actos. En cuanto al imputado se refiere, si bien es obligatoria su presencia en los debates como consecuencia del derecho a estar presente en los actos de producción de medios de prueba, por muchas razones puede producirse su ausencia voluntaria o involuntaria, sin que ello sea causa para la suspensión de las sesiones del debate.” “El Tribunal tiene la obligación de redactar la sentencia absolutoria tan pronto como haya decidido absolver al imputado. La experiencia nos dice que la redacción de la sentencia penal es una tarea nada fácil, por lo que no es posible su redacción en poco tiempo, a menos que se trate de un asunto de poca complejidad.... He tenido la ocasión de conocer muchos casos, incluso en algunos he sido parte, en los cuales la redacción de la sentencia la han demorado más de un año. Por muy difícil que pueda tornarse la redacción de una sentencia, cualquiera que sea la complejidad del caso, es inadmisible una demora de tal magnitud. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia debería dictar, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 del Código, instructivos claros sobre el cumplimiento de las funciones de los jueces penales, con las advertencias en caso de violación”. De la Procedencia Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente sostiene que la sentencia recurrida infringe la garantía del debido proceso dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 306 y 340 del Código Procesal Penal. El artículo 90 de la Constitución de la República indica que: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Se ha infringido el principio de concentración del juicio oral y público señalado en el artículo 306 de nuestra normativa procesal que señala: “Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo”. La vulneración del principio de concentración se produce, en virtud de haberse redactado la sentencia cuatro años después de celebrada la audiencia de debate, (2013); procediéndose a su firma y notificación dos años más tarde (2015), cuando legalmente debió ser redactada y firmada tan pronto como haya sido votada, o como bien lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal. Esta Sala aprecia que el artículo 340 del Código Procesal Penal dispone: “Redacción y Lectura de la Sentencia. La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada. – Cumplido lo anterior, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secretario entregará a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta. - Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes- En tal caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación. Si alguna de las partes se hallare ausente, la notiñcación se le hará en la forma prevista en el Capítulo IV del Título IV del Libro Primero de este Código”. En el presente caso se alega como motivo de infracción el derecho fundamental del debido proceso, la infracción al principio de concentración de los actos del juicio o audiencia de debate consignados en el artículo 306 del Código Procesal penal, por el incumplimiento de los plazos legales para redactar, elaborar y notificar el fallo absolutorio a las partes procesales. Aunque en ocasiones no es posible la redacción de la sentencia dentro de los plazos, esta sala aprecia que, en el presente caso, no se trata de un asunto complejo, dado la difícil obtención de prueba, número de acusados, víctimas o el tipo de delitos. No se justifica que se haya redactado la sentencia cuatro años después de celebrada la audiencia de debate ni que la firma y notificación de la misma que haya llevado a cabo hasta dos años después del momento de su redacción, pues la ley procesal penal en su artículo 340 ordena que sea firmada tan pronto como haya sido votada. Dado que el debate finalizó el diecinueve de noviembre del dos mil nueve, la sentencia se redactó el nueve de diciembre del dos mil trece, y se firmó y notificó hasta el doce de agosto del dos mil quince, es decir seis años después de haber concluido la audiencia de debate, tiempo que resulta ser inadmisible, en que el juzgador ha dictado sentencia absolutoria, en un caso de Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas y Municiones en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. En este caso, el tribunal de juicio ha dilatado en forma excesiva e inexcusable el término establecido para dictar y notificar la sentencia, con lo cual se ha infringido en forma flagrante eI Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, por violación grave al principio de concentración de los actos del debate, invocado por el recurrente” ver sentencia SP 477-2015. Con fundamento en los antecedentes antes citados, esta defensa solicita que se declare con lugar este motivo y que se anule el fallo condenatorio y se absuelva a mí defendido de los delitos a él imputados.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo numerus apertus, son: 1. Negación de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. primer motivo. • Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian infringidas: ° Artículos 82, y 90 de la Constitución de la República; • Concepto de la infracción: ° Violación al Debido Proceso; ° Violación Al Derecho de Defensa • Motivo: ° La declaración de Testigos Protegidos, se introdujo mediante lectura en violación al principio de Oralidad; y ° La declaración de testigos con identidad reservada, limito el principio de contradicción que rige al debate. • Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se declare con lugar el recurso, se case la sentencia impugnada y se proceda conforme a derecho. Se queja el Censor, que la sentencia hoy recurrida violenta los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que contienen los derechos fundamentales de: derecho a la defensa, y derecho a un debido proceso judicial, en cuanto al Debido Proceso; Alega el censor, que el ente acusador solicitó que se incorporara por lectura las declaraciones de los testigos protegidos Tom y Jerry, resolviendo el Tribunal sin empacho alguno, y sin haber presentado en ente acusador un documento legal que avalara su petición, (ver acta de debate, en incidentes) a lo que las partes en el proceso nos opusimos; Es en la valoración de la prueba testifical antes referida, el Juzgador flagrantemente viola los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso de los que goza su representado German Javier Rodríguez Henríquez, las declaraciones de los Testigos Protegidos “Tom” y “Jerry”, no fueron evacuadas bajo los fundamentales principios de inmediación y oralidad, al haberla incorporado por lectura violentando además el principio de contradicción y el de defensa. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- De lo anterior se desprende que El Tribunal de Sentencia, al haber permitido la introducción por Lectura la declaración de los testigos protegidos denominados TOM Y JERRY, sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley, violentó los derechos fundamentales del Derecho de Defensa, Legalidad, Contradicción e Inmediación. En cuanto al Derecho de Defensa: Alega el Censor, El derecho de defensa es inviolable; Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público, el cual debe de realizarse con todas las garantías legales correspondientes. Que al haberse declarado culpable a mi representado con la declaración de testigos protegidos (anónimos) de los cuales la defensa desconoce su verdadera identidad, no permite a la misma, poder determinar posibles causas espurias que pudieran motivar sus declaraciones, impidiendo evaluar la fiabilidad de su testimonio que pudo estar influenciado por simple animadversión, enemistad, hostilidad etc, hacia el imputado y que lo hacían digno de crédito, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica, la posibilidad del inculpado de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta en ente acusador, pero la ausencia en juicio y el anonimato de los decisivos testigos dejó al imputado y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos fundamentales de defensa y del debido proceso. En las condiciones referidas la decisión de condena quebranta los derechos de mi defendido, Gerson Javier Rodríguez Henríquez, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de oralidad (introducción por lectura de las cuestionadas declaraciones) y Contradicción (imposibilidad de contrainterrogatorio), infringiendo los Derechos de defensa, y debido proceso de mi representado, pues su fallo se sustenta en la declaración de dichos testigos protegidos, (ocultos, con identidad reservada, y rendida en audiencia previa; misma que además aparece huérfana de corroboradores objetivos que la respalden y por tanto, insuficiente para justificar, válidamente, un falo de condena. Primer Argumento Recursivo; Violación al Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- A una justicia gratuita; ii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; iii.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi.- A la imparcialidad del juez; vii.- A la independencia del juez; viii.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix.- A la igualdad de armas procesales; x.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó:“67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión. la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; Entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311. Señala el segundo numeral que se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”. - Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 1. Que el testigo haya rendido su declaración o que la pericia haya sido practicada en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 2. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 3. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. De la Prueba Anticipada y las Lecturas Autorizadas A) Prueba Anticipada Como regla general para que el Tribunal de Sentencia pueda valorar un medio de prueba, éste debió haber sido presentado y reproducido en la audiencia de debate (Art. 342 del CPP), ello con el afán de que en ese acto se observen los principios informadores del proceso como ser la publicidad, inmediación, concentración, contradicción, defensa y oralidad; Sin embargo existen casos que para su preservación o aseguramiento es necesario que el medio de prueba sea recibido de manera previa a la audiencia de debate, para ser presentado en éste mediante un formato de registro ya sea video, audio o acta escrita. Establece el artículo 277 del Código Procesal Penal lo relativo a la prueba anticipada: 1).- Casos en que procede: Además de los requisitos de utilidad, pertinencia y proporcionalidad relacionados con el thema probandi (Art. 199 del CPP), la prueba anticipada deberá de ser ordenada en los casos donde exista peligro que la prueba este expuesta a deterioro, a posibles contaminantes, en los casos de pruebas irrepetibles o incompatibles con la concentración del debate: A) Son Ejemplo de causas por el Objeto de Prueba: i) cuando la Prueba por su naturaleza perecedera pueda destruirse o dañarse en el tiempo en que tome la celebración de la audiencia de debate; ii) Cuando exista riesgo que el objeto de prueba pueda ser destruido u ocultado; iii) Cuando se trate de medios de prueba cuya realización no pueda ser llevada a cabo en las instalaciones físicas del Tribunal, como ser exhumaciones de cadáver, autopsias, evaluaciones y exámenes clínicos, exámenes de laboratorio incluyendo los toxicológicos, pericias balísticas, etc.; iv) Cuando se trate de Objetos de prueba que deban de ser analizados en un lugar diferente al asiento del Órgano Jurisdiccional, incluyendo aquellos que deban de ser analizados fuera del territorio nacional; entre otros ejemplos. B).- Son Ejemplo de causas por la Fuente de Prueba: i) Cuando un testigo o perito se encuentre padeciendo de enfermedad que le pueda incapacitar para participar en el debate o le pueda privar de la vida; ii) Cuando penda sobre un testigo o perito amenaza grave en contra de su vida o la de un familiar y éste deba de ser sometido a un régimen de protección que le impida presentarse a la audiencia de debate; iii) Cuando exista indicio racional que el perito o testigo pueda ser influido en su ánimo de decir verdad mediante presiones, amenazas, pago o promesa remuneratoria; iv) Cuando el perito o testigo deba de abandonar el país sin fecha conocida de retorno o cuando ésta supere el tiempo en que deba celebrarse la audiencia de debate.- C). - Es Ejemplo de causa por el carácter irrepetible de la prueba: Cuando sea necesario el reconocimiento en rueda de una persona (Art. 256 del CPP). Es de tener en cuenta que los casos que contempla el artículo 277 del Código Procesal Penal son ejemplificativos y no taxativos, por lo que cualquier otro motivo que la casuística presente podrá ser considerado siempre que éste represente peligro de pérdida del medio de prueba. - 2).- Parte Solicitante: Cualquiera de las partes podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente el recibimiento de un medio de prueba de manera anticipada; Es importante resaltar que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, en su caso, solicitaran el recibimiento de la prueba anticipada antes de la presentación del requerimiento fiscal cuando se trate de diligencias de investigación distintas a las que les autoriza practicar el Código Procesal Penal en la etapa de la Investigación Preliminar (Art. 264.2 y 273 del CPP), en especial aquellas donde la ley ordena el ineludible control judicial (Intervención Telefónica, Intervenciones Corporales en Zonas Intimas, Allanamientos de Moradas, Etc.,). 3).- Órgano Jurisdiccional Competente: Será componente para resolver y recibir la prueba anticipada el Tribunal de Primera Instancia conforme a la etapa del proceso que se esté cursando, por tanto corresponderá al Juzgado de Letras o el Tribunal de Sentencia que éste conociendo de la causa Criminal; Cuando la solicitud de prueba anticipada sea presentada previo a la presentación del requerimiento fiscal será competente de conocer ésta el Órgano Jurisdiccional que eventualmente le competa conocer del Requerimiento Fiscal sobre la causa conforme a las reglas que establecen los artículos 19 del Código Penal y, 61, 62, 63, 64, 66, 67 y 69 del Código Procesal Penal. 4).- Momento Procesal de la Solicitud: El Recibimiento de prueba anticipada podrá realizarse en cualquier etapa del proceso siempre que sea antes de la audiencia de debate, incluso, como ya se ha mencionado, previo al inicio del proceso penal como acto de investigación que amerite control judicial. 5).- Procedimiento: Comprobado que sea que la petición se base en una causa legítima de recepción de prueba anticipada, el Juzgado de Letras Competente, admitida que sea la solicitud, ordenara la práctica de la diligencia de prueba de la forma prevista para la audiencia de debate y si éste no se encuentra expresamente reglado, se ordenara su práctica siguiendo las formas del medio de prueba que más se le asemeje con estricto cumplimiento de los principios informadores del proceso, líneas atrás enumerados y conforme al Principio de Libertad Probatoria. 6).- Personas que Intervendrán en la Prueba Anticipada: A).- Solicitud de Prueba Anticipada previo al Requerimiento Fiscal: Como regla general a la diligencia deberán de comparecer el Juez(a) acompañado de su respectivo ministro de fe, el fiscal del Ministerio público y un defensor público que controle el acto, además las partes podrán ir acompañadas de su respectivo consultor técnico previa autorización del Tribunal; Es importante señalar que para este momento procesal no existe aún una persona imputada dado que aún no se ha presentado requerimiento fiscal (Art. 101 primer párrafo del CPP), y que muchas veces las pruebas anticipadas en esta etapa además de perseguir asegurar el medio de prueba para el debate sirven para efectos de investigación y poder determinar qué persona es la posible responsable del delito, por lo que el Tribunal solo tendrá la obligación de citar para su intervención a las personas que hasta el momento se hayan identificado como sospechosas de una línea de investigación firme, en caso de haberlas, en todo caso los intereses de la persona que eventualmente figure como imputada si se presentase requerimiento fiscal, estarán representados y defendidos anticipadamente por un Defensor Público, o eventualmente, por un Defensor de Oficio (Art. 112, 115 y 119 del CPP). B).- Solicitud de Prueba Anticipada después es de la Presentación del Requerimiento Fiscal: Igualmente como regla general deberá de intervenir el Órgano jurisdiccional, llámese Juez de Letras o Tribunal de Sentencia, el Fiscal del Ministerio Público, el imputado con su defensor público o privado, y los consultores técnicos que tengan a bien las partes.- En cuanto al imputado que se encuentre en libertad, éste deberá de ser citado debidamente por el órgano jurisdiccional para que se presente en la diligencia, más su ausencia no será causa para reprogramar la práctica de la prueba; En caso de que la persona imputada se encuentre privada de su libertad por resolución judicial, el órgano jurisdiccional se asegurara de su participación, salvo que el propio imputado solicite no intervenir o porque exista riesgo fundado de que pueda aprovechar la diligencia para tratar de fugarse.- En cuanto al Agente Fiscal y al defensor Público o Privado su presencia es de carácter obligatoria, por lo que su ausencia causara la suspensión de la diligencia por el tiempo estrictamente necesario, pudiendo el órgano jurisdiccional ordenar la intervención de otro agente Fiscal o de un Defensor Público cuando la urgencia del caso lo amerite, sin perjuicio de las sanciones procesales para los profesionales del derecho que sin justa causa no hayan atendido el llamamiento judicial.- Como excepción el Tribunal podrá ordenar que a la diligencia de prueba anticipada solicitada previo a la presentación del requerimiento fiscal o después de su presentación, no intervengan las partes cuando exista riesgo de que su participación, presencia o conocimiento pueda influir negativamente en el resultado, como por ejemplo los actos de investigación de intervención telefónica o allanamiento de morada, cuando la presencia de las partes carezca de utilidad procesal o cuando pueda perjudicar el ééxito de la diligencia (Art. 242 último párrafo del CPP).- 7).- Presentación de la Prueba Anticipada al Debate: La prueba anticipada será presentada para su examen conforme el formato en que se haya registrado (video, audio o acta), en caso que conste por escrito, deberá de dársele lectura integra por el Secretario/a del Tribunal (Art. 311 del CPP); No se deberán de recibir en la audiencia de debate la prueba anticipada cuando ésta pueda ser presentada directamente, así pues el testigo o perito del que se temía por su vida o que se había previsto saldría de viaje, deberán de ser llamados y escuchados directamente en la audiencia de debate en caso de que sea posible y solo cuando no sea así es que se procederá a la reproducción de la prueba anticipada. 8).- Valoración de la Prueba Anticipada: El tribunal de Sentencia deberá de valorar la prueba anticipada conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 del CPP), tomando siempre en consideración que éste tipo de medios de prueba son la excepción al Principio de Inmediación, por lo que dentro del razonamiento el Tribunal deberá de ocupar espacio para contemplar las limitantes del medio de prueba provocada por la falta de inmediación. Lecturas Autorizadas La figura de las lecturas autorizadas es distinta a la de la prueba anticipada y por tanto difiere en sus características, a pesar de que usualmente una (lecturas autorizadas) es el medio para evacuar la otra (prueba anticipada) en el debate del juicio oral. Sin embargo, se tratan de dos figuras con sus propias particularidades, alcances y limitaciones. Si bien la prueba anticipada busca preservar la prueba para su reproducción posterior, las lecturas autorizadas buscan evacuar prueba que de otra manera no sería posible reproducir en el debate del juicio oral, o bien, contradecir alguna prueba rendida previamente con alguna otra prueba evacuada al momento del debate, siempre dentro de los límites que establece la normativa procesal en cuanto a las lecturas autorizadas. Es así que el artículo 311 del Código Procesal Penal contempla cinco supuestos (numerales 1, 2, 3, 4 y 7), mediante los cuales es permitido, de manera excepcional, la introducción por lectura de medios de prueba para efectos de ser valorados por el Tribunal de Sentencia; Cada uno de los supuestos establece que tipo de medio de prueba y las condiciones materiales que deben de presentarse para que dicha introducción sea válida.- En el caso de los numerales cinco (5) y seis (6), si bien está contenido en el mismo artículo, no constituyen excepciones a la oralidad e inmediación, sino herramientas de valoración de prueba. Indican estos dos últimos numerales mencionados (5 y 6) que a petición de parte interesada, el Tribunal de Sentencia ordenara la introducción por lectura de tres (3) tipos de medios de prueba: 1).- Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria; 2) las declaraciones que antes de la audiencia de debate haya rendido la persona acusada; y 3).- Las declaraciones testificales rendidas en etapas previas al debate; el objeto es hacer una comparación entre la declaración previa dada por el perito, acusado/a, perito o testigo con la hecha en la audiencia de debate y confrontar al compareciente para que explique sobre alguna contradicción en la que haya incurrido; significa que son requisitos para que tal confrontación se realice: 1).- Que el perito, imputado/a o testigo se encuentre en la audiencia de debate deponiendo; 2).- Que haya rendido informe en el caso del perito, o declaración en el caso de testigos e imputado, de manera previa en una etapa anterior al proceso; y 3).- Que entre la información dada previamente por el compareciente con la dicha en el acto del debate se adviertan contradicciones de importancia para el caso que se Juzga y que sea necesario que sean aclaradas. La confrontación permite a los Juzgadores poder tener un instrumento más para valorar la credibilidad del testimonio que está presenciando en el debate; La información o declaración introducida por lectura prevista en estos dos numerales (5 y 6) no constituye medio de prueba, no puede ser objeto de valoración independiente, puesto que ésta solo es para efectos de confrontación, siendo la declaración que el compareciente realiza en la audiencia de debate y, en específico, las explicaciones que dé respecto a las contradicciones incurridas, lo que debe de ser analizado y valorado por el Tribunal de Sentencia. En cuanto a los numerales 1, 2, 3, 4 y 7 que cita el artículo 311, estos sí conllevan una valoración de cada uno de ellos de manera independiente conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 del CPP), tomando siempre en consideración que éste tipo de medios de prueba son la excepción al Principio de Inmediación y al de Oralidad, por lo que dentro del razonamiento el Tribunal deberá de ocupar espacio para contemplar las limitantes del medio de prueba provocada por la falta de inmediación. Los tipos de prueba que pueden ser evacuados conforme a lo que contemplan estos numerales son: 1) La Prueba Anticipada (misma que ha sido descrita extensamente previamente).- 2) Los testimonios y pericias que se hayan rendido en la etapa preparatoria cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el juicio oral (sin que estos constituyan prueba anticipada).- 3) Los testimonios rendidos por las personas sordomudas en juicio (excepción al principio de oralidad, pero no al de inmediación) o las declaraciones de las personas sordomudas rendidas en la etapa preparatoria cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en juicio oral(excepción al principio de oralidad e inmediación), cuando estas personas solo se puedan comunicar por escrito.- 4) Las actas que documentan inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal y que deberán ser ratificadas en el juicio oral por quienes hayan levantado dichas actas siempre que sea posible. Es así que esta Sala de lo Penal subraya que ambas figuras son distintas (prueba anticipada y lecturas autorizadas) y no deberán confundirse, aunque una sea el canal por el cual usualmente se evacúa otra durante el juicio oral. De esta manera, la introducción de lecturas autorizadas contempla la evacuación de otras formas de prueba rendida en las etapas previas al debate que no necesariamente constituyen prueba anticipada, pero que sí mantienen su validez y su capacidad de ser valoradas y apreciadas como prueba independiente por el Tribunal de Sentencia siempre que se den los supuestos que contempla el Código de Rito y bajo las consideraciones que ha establecido esta Sala supra. De la procedencia del Primer Argumento Recursivo. El Argumento No es de recibo. La Sala ha constatado, que el Ministerio Público solicito en la etapa preparatoria y ante Juez de garantías que se recibiera las declaraciones tanto como la del Testigo Protegido “Tom” como la del Testigo Protegido “Jerry”, con las formalidades de la prueba anticipada (f.32); solicitud que fue resuelta por el juez de garantías admitiendo dicha solicitud, sin que la defensa de Gerson Javier Rodriguez Henríquez, presentara oposición ante tal resolución ( f.50); En fecha 1 de julio de 2016 se tomó las declaraciones de los Testigos Protegidos “Tom” y “Jerry” (f.52); en consecuencia, ambas declaraciones se evacuaron, de manera válida ya que la introducción de prueba anticipada, de lecturas autorizadas al juicio oral es permitida por la normativa procesal penal. Esta figura del Código Procesal Penal, contempla que de forma excepcional se podrán introducir al debate del juicio oral, para una valoración independiente conforme a las reglas de la sana crítica, las declaraciones testificales que se hayan rendido en la etapa preparatoria conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio oral (Art. 311, numeral 1 del Código Procesal Penal). Lo anterior constituye una excepción al principio de oralidad e inmediación prevista en el Código Procesal Penal, y, por tanto, las lecturas autorizadas evacuadas de acuerdo con lo establecido por esta normativa procesal no vulneran la garantía del debido proceso. De lo anterior se desprende que no ha existido violación a derechos fundamentales o derechos humanos, en particular al debido proceso alegado; ya que la prueba en mención es de carácter lícito, y en conjunto con la demás prueba evacuada en el juicio oral, ha sido suficiente para enervar el estado de inocencia del Acusado. Además, la Sala ha revisado el proceso de presentación y evacuación, en la audiencia de debate, de la lectura autorizada advirtiendo la estricta observancia de las normas procesales vigentes, por lo que reitera su carácter legal. Segundo Argumento Recursivo: Violación al Derecho a la Defensa La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Derecho de Defensa “obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (Ver casi Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de Noviembre de 2009, párrafo 29 y caso López Mendoza Vs Venezuela, sentencia del 01 de septiembre de 2011, párrafo 117), señalando además que “es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (Ver caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de Junio del 2002, párrafo 146). Por su parte la Sala de lo Penal en Sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09). - El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de Defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El Derecho General a la Defensa está compuesto por varios derechos que lo convierten, de un simple enunciado a un derecho eficaz, a saber: i.- Derecho a ser informado del contenido de la acusación desde los primeros momentos del proceso; ii.- Derecho a un intérprete o traductor si no conoce bien el idioma español; iii.- Derecho a tener el tiempo necesario para la preparación de la Defensa y además contar con los medios adecuados para ello; iv.- Derecho a requerir a los entes de investigación del Estado, la práctica y/o aseguramiento de prueba que sea de interés; v.- Derecho a la defensa material libre y a una debida defensa técnica en todo momento del proceso, de elección libre o, en su caso por designación gratuita; vi.- Derecho a proponer los medios de prueba que considere necesarios para realizar descargo de la acusación en cualquier momento del proceso; vii.- Derecho a conocer con antelación la carga probatoria que sustenta la acusación, previo a la celebración del debate; viii.- Derecho de la persona acusada a estar presente en todos los actos que impliquen evacuación de medios de prueba, salvo excepciones establecidas en la ley; ix.- Derecho a controvertir la prueba mediante su examen directo; x.- Derecho a que toda decisión judicial que no sea de mero trámite esté debidamente motivada; xi.- Derecho a recurrir la decisión judicial. Del Testigo Protegido A. Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: • Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; • Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); • Aprehensión por riesgo de Ocultamiento o Fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público hasta por 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); • Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y • Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B. Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos. Son medidas de protección, entre otras: • Que no conste en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el exp 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); • Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; • Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; • Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en la sala de juicio (ver art. 308.2 CPP); o • Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están: • Medidas de Protección Personal: i. Alejamiento del lugar del riesgo; ii. Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii. Cambio de identidad; iv. Modificación de rasgos físicos; • Medidas Policiales: i.- Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y iv. 4) Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); • Medidas Penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o • Medidas de Protección en el Proceso Penal: i. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii. Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv. Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C. Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.” Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este ad-quem recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando las medidas de protección sean de carácter excepcional, ante la duda de su procedencia lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. D. Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. Conforme la legislación hondureña, pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones distintas al derecho fundamental a la Defensa: Primer Supuesto: Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo Protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia. El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate.- La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber dónde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce. Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, rendida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. Segundo Supuesto: Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i. Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii. Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada, introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica; teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad. Considera esta Sala de lo Penal que tal introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i. Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii. Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: • Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; • Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y • Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada. • En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i. Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; ii. Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo; ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo. Tercer Supuesto: Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate. En este caso la, la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. En este caso persiste la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. Consideraciones Comunes: Independientemente que se trate del segundo supuesto o tercer supuesto, ha advertido la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). La Sala de lo Penal, reconoce como derecho inquebrantable lo preceptuado en los artículos 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cago en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal; además reconoce como obligatorio el criterio fijado por la Corte IDH en las sentencias: i. Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); ii. Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); iii. García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y en especial iv. Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253), a partir de lo cual se fijan las siguientes premisas: i. La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; ii. Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; iii. En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; iv. El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; v. Como consecuencia de lo señalado en el numeral v y iv, convencionalmente se ha dispuesto que un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración de un testigo de identidad reservada, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Por ello, la Sala de lo Penal declara que una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración, siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial que ha sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho que hoy ocupa la argumentación de la Defensa Pública y del que se ha pronunciado esta Sala de lo Penal es de carácter renunciable, criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo, en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. De la procedencia del Segundo Argumento Recursivo. El Argumento No es de recibo. El Recurrente alega que al haberse declarado culpable a su representado con las declaraciones de los testigos Protegidos “Tom” y “Jerry”, de los cuales la defensa desconoce su identidad por ser testigos de identidad reservada, le ha imposibilitado ejercer plenamente el principio de contradicción y, con ello el ejercicio del derecho de defensa. Pero de nueva cuenta esta Sala de lo Penal nota que este alegato es apenas planteado en el recurso de casación y que sobre ello la defensa hizo silencio en todas las etapas previas del proceso, develando conformidad por omisión.- Se resalta que la defensa hizo silencio, no solo respecto a si la medida de protección de la identidad de los testigos era proporcional o no, a un posible riesgo, sino que además sobre la existencia de una posible restricción al ejercicio de defensa como consecuencia de dicha reserva.- El Ministerio Público dio a conocer la existencia de los testigos protegidos desde la presentación del requerimiento fiscal, sin que la defensa se pronunciara sobre la medida de la reserva de identidad en la audiencia de prueba anticipada (f.52); Tampoco hizo pronunciamiento de ésta o de la existencia de disminución al ejercicio del derecho de defensa al término de la audiencia inicial (f.73) en donde la defensa estuvo presente y tuvo la oportunidad de interrogar plenamente sin restricción alguna a ambos Testigos Protegidos, por lo que el Principio de Contradicción no se vio menoscabado ; En la audiencia de proposición de medios de prueba, celebrada en fecha 4 de septiembre de 2018, la Defensa mas allá de presentar oposición a los testigos protegidos, también hizo suya la prueba proponiéndolos como testigo de la defensa técnica (f.548); Al término de la audiencia de debate, no presento oposición en la etapa incidental ni durante el desarrollo del mismo (f.637); Por tanto, plantear como argumento recursivo contra la sentencia, la violación al Derecho de Defensa por la presentación de dos testigos de identidad reservada, sin que ello haya sido tema contradictorio en ninguna de las tres etapas del proceso penal, y en específico en la audiencia de debate, ni siquiera en conclusiones como petición final a considerar por los jueces de sentencia previo a su deliberación, provoca la subsanación del vicio alegado, y conforme al tercer párrafo del artículo 363 del Código Procesal Penal acarrea la desestimación del recurso. También suma a sus alegatos el Censor, que el fallo se sustenta en la declaración de dichos testigos protegidos, (ocultos, con identidad reservada, y rendida en audiencia previa; las cuales aparecen huérfanas, al no existir mas prueba que la respalden lo dicho por estos por lo tanto también resultan insuficientes para justificar, válidamente, un fallo de condena. La Sala al examen de la sentencia recurrida, ha constatado que EL Juzgador además de los testimonios de los testigos protegidos “Tom” y “Jerry” también se recibió la siguiente; Prueba Testifical; Testigo Protegido “ XS” ( uno de los ofendidos), Enrique Membreño Benítez: Prueba Documental;1.- Acta de Levantamiento de Cadáver y Recolección de indicios, 2.- Acta de inspecciones oculares número 673-2016 3 (f.10-11), 4.- Copia Certificada de Acta de allanamiento de fecha 12 de julio de 2016 (f.437), 5.- álbum Fotográfico de vehículos (f.100-278) 6.-Acta de Decomiso o Secuestro de fecha 2 de mayo de 2016 (f.555),, 7.- Acta de Decomiso o Secuestro de fecha 2 de mayo de 2016 (f.557) 8.- Acta de Decomiso o Secuestro de fecha 2 de mayo de 2016 (f.558); Prueba Pericial; 1.- Dictamen de Autopsia numero 0939-2016 realizada al occiso José Alexis Salas Caballero (f.442-443), 2.- Dictamen de Autopsia número 0940-2016 realizada al occiso Linda mercedes Moreno Enamorado (f.444-445), 3.- Dictamen de Autopsia número 0941-2016 realizada al occiso José Alejandro Fajardo Urrutia (f.446-447), 4.- Dictamen de Autopsia número 0942-2016 realizada al occiso Wilmer Geovani Vindel Cribas (f.449-450), 5.- Dictamen de Autopsia número 0943-2016 realizada al occiso Wilmer Daniel Vindel Canales (f.83) 6.- Dictamen de Evaluación Médica número 2017-0501-0101-0304 de fecha 1 de agosto de 2018, practicado al Testigo Protegido “XS,” 7.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8777 practicado al vehículo Pick Up placas; PDC6987, 8.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8789 practicado al vehículo Pick Up placas; PDR3187. 9.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8788 practicado al vehículo Pick Up placas; PDS 7111, 10.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8785 practicado al vehículo Pick Up placas; PCE 9457, 11.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8786 practicado al vehículo Pick Up placas; PCV 1754. 12.- Dictamen de Análisis Balístico número 2016-0801-0502-3853, realizado al arma de fuego tipo pistola, marca GLOCK, con serieAAAN970. 13.- Dictamen de Análisis Balístico número 2016-0801-0502-3854, realizado a los casquillos recolectados en el lugar de los hechos, 14.- Dictamen de Análisis Balístico número 2016-0801-0502-7902, de análisis comparativo de indicios recolectados y el arma decomisada. Así entonces, a las declaraciones de los testigos protegidos se sumaron a un extenso acervo probatorio que en conjunto destruyen el estado de inocencia del acusado, convirtiéndolo en responsable del delito y siendo objeto de sanción penal como su consecuencia. De lo anterior se desprende que no ha existido violación a derechos fundamentales o derechos humanos, en particular al debido proceso, Derecho de Defensa y estado de inocencia alegado; ya que la prueba en mención es de carácter lícito, y en conjunto con la demás prueba evacuada en el juicio oral, ha sido suficiente para enervar el estado de inocencia del Acusado. Además, la Sala ha revisado el proceso de presentación y evacuación, en la audiencia de debate, de la lectura autorizada advirtiendo la estricta observancia de las normas procesales vigentes, por lo que reitera su carácter legal. Recurso por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. • Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian infringidas: ° Artículo 90 de la Constitución de la República; ° Articulo 306 y 340 Del Código Procesal Penal • Concepto de la infracción: ° Violación al Debido Proceso; • Motivo: ° Haber infringido el Principio de Concentración el Juzgador al momento de dictar la sentencia recurrida. • Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se declare con lugar el recurso, se case la sentencia impugnada y se absuelva a su representado. El Juzgador aI dictar la sentencia censurada, ha transgredido el derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, que indica: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; en el caso sub judice se ha infringido el Principio de Concentración del juicio oral y público señalado en el artículo 306 de nuestra normativa procesal que señala: “Concentración, El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo”, “En el presente proceso, la Vulneración del Principio de Concentración se produce, en virtud de haberse redactado la sentencia a más de un año y medio, después de celebrada la Audiencia de Debate,” (18-02-2019) ); procediéndose a su firma a los 12 días del mes de abril del 2020 y notificándose el 20 de agosto del presente año, cuando legalmente debió ser redactada y firmada tan pronto como haya sido votada, o como bien lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal, “....si por razones de tiempo o por complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes...” no obstante la citada exigencia, en el caso in examine se hizo año y medio después; esto es así, ya que el debate finaliza el 18 de febrero del año 2019, se firma y notifica el 20 de agosto del presente año 2020. De lo expuesto, se evidencia una flagrante violación al Debido Proceso, Del Debido Proceso Judicial La Garantía del debido Proceso, invocada por el Recurrente como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza predeterminado/a por la ley, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, mismas que son de observancia obligatoria y que no pueden eludirse por convención de las partes, abanderando otros principios como el de Economía Procesal, pues éste no puede ser base para la inobservancia de la debida legalidad procesal; ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Como conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Concentración del Debate Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que, como se ha mencionado previo, por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Se insiste que la sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso Legal que se ha explicado ut supra, siendo uno de ellos el Principio de Concentración y el de Inmediación. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Conforme a las normas procesales vigentes para el año 2019 la Etapa de juicio debía de sustanciarse observando los siguientes plazos legales: Recibidos que eran las diligencias de parte del Juzgado de Letras, y personadas las partes, el Tribunal de Sentencia las debía emplazar para que procedan examinar las diligencias por diez días hábiles, y siempre dentro de dicho plazo, a solicitar audiencia de saneamiento, audiencia que debía de celebrarse dentro de los cinco días (Art. 316 cpp); En caso de que ninguna de las partes presentase solicitud de audiencia de saneamiento o habiéndose celebrado esta y resuelto lo planteado, el Tribunal de Sentencia procedería a fijar audiencia de proposición de medios de prueba, a celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes (Art. 317 cpp), resolviendo lo relativo a la admisión de medios de prueba en la misma audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes; Firme que sea ésta última resolución el Tribunal de Sentencia emitiría resolución citando a las partes para la celebración de la audiencia de debate, en una fecha que no podía ser antes de diez días ni después de treinta días, todos ellos hábiles (Art. 318 cpp), siendo importante mencionar que la práctica forense nos enseña que dichos términos por lo general no podían ser observados por los Tribunales de Sentencia como consecuencia de una muy saturada agenda, señalando fecha para debate en las fechas disponibles, llegando a casos en donde el señalamiento de la audiencia de debate se realizaba (y aun hoy es así) para dentro de muchos meses, constituyéndose esto en una imposibilidad material justificable siempre que sea, como se indicó, por la alta demanda de audiencias de debate pendientes de celebrar. El artículo 312 del Código Procesal Penal disponía en ese tiempo (y aun dispone a la fecha) en numerus clausus las causas por las cuales de manera excepcional podrá suspenderse una audiencia de debate por un máximo de 15 días, obligando el artículo 313 según párrafo del Código de Rito de iniciar un nuevo debate cuando la suspensión se extienda más allá de dicho termino. El artículo 312 del Código Procesal Penal permite llegar a varias conclusiones en relación a la suspensión del debate: a. Las causas de suspensión de las sesiones del debate son taxativas, por lo que no podrá suspenderse el debate por causas distintas a las enumeradas en el artículo 312 del Código Procesal Penal; b. La suspensión del debate se realizará por el termino estrictamente necesario y siempre que no exista más medios de prueba que puedan ser reproducidos en la sesión del debate; c. El termino de 15 días para la suspensión es uno solo y es un término máximo, de modo que las diversas suspensiones que pudieran darse en la celebración de las diferentes sesiones del debate en total no podrán sumar más de 15 días por disposición del legislador ya que lo relevante es la no disolución de la continuidad del inicio de la recepción de la prueba en el debate hasta el momento de la deliberación como momento de la valoración de la prueba; d. El termino de 15 días dispuesto por el artículo 312 para la suspensión de la audiencia de debate es un término en días naturales y no en días hábiles, la intención del legislador es que transcurra el menor tiempo posible entre el inicio del debate y el acto de deliberación, ello para que los Jueces, como personas que son, no pierdan de su memoria los detalles de los medios de prueba que han presenciado y así poder realizar un proceso de valoración más certero; De este modo el sentido del principio se perdería si se considerara que los 15 días son aquellos llamados hábiles; Consideremos como ejemplo las vacaciones judiciales (dispuestas dos veces por año por 15 días hábiles) que en promedio son en suma entre días hábiles e inhábiles de 20 a 21 días naturales, dentro de los cuales no serían contabilizados los días en los que el debate estaría suspendido, lo que provocaría una discontinuidad de la audiencia por más de 35 días (sumado los 20 a 21 días naturales por vacaciones judiciales y los 15 días hábiles de suspensión en medio de los cuales hay entre 02 a 04 días inhábiles), contrariando todo sentido de los artículos 312 y 313 del Código Procesal Penal; Igual ocurre cuando la suspensión ocurre por caso fortuito o fuerza mayor, tiempo que debe entrar dentro de la contabilización de los 15 días naturales de suspensión que autoriza el código procesal penal, porque se insiste lo que se desea proteger es la inmediación y con ella la posibilidad de que los Jueces/as puedan hacer una óptima valoración del material probatorio, lo cual se diluiría en el caso que entre la recepción de la prueba y su valoración transcurriere mucho tiempo; En estos casos no es aplicable el artículo 162 del Código Procesal Penal respecto a la reposición de los plazos, tanto por lo antes señalado como por el hecho de que la norma citada refiere a plazos a favor de las partes, lo que no ocurre con el plazo de 15 días que prevé el artículo 312 dispuesto, no a favor de las partes, sino como disposición imperativa hecha al Tribunal de Justicia; y e. En caso de que el debate haya sufrido una suspensión que supere los 15 días naturales, el debate deberá de reiniciarse, pudiendo participar en él los mismos Jueces de Sentencia que concurrieron en aquel que se suspendió, ello debido a que el reinicio del debate es como consecuencia de una disolución de la inmediación de la prueba, sin que esto comprometa la imparcialidad de los Jueces y Juezas al no haber alcanzado la etapa de valoración de la prueba, mucho menos pronunciamiento judicial sobre el caso concreto, precisamente a consecuencia de la suspensión del debate. Una vez cerrado el debate, el artículo 335 del Código Procesal Penal, indica que los miembros del Tribunal se reunirán de manera privada a efecto de realizar la deliberación, en un acto continuo y que no puede ser interrumpido, salvo por fuerza mayor o causa fortuita; en acto de deliberación, indica el artículo 336, los Jueces y Juezas de Sentencia deberán de decidir respecto a: a. Procedencia de la acción penal y las relacionadas con los incidentes cuya decisión haya sido diferida para la sentencia; b. Análisis y valoración de los medios de prueba que han presenciado conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 del Código Procesal Penal); c. Determinación de los hechos probados con base a la prueba analizada; y d. Análisis sobre la calificación legal del hecho y de las circunstancias que le rodean, incluyendo las causas eximentes de responsabilidad (Art 22 del Código Penal); en caso de pronunciamiento condenatorio, además el Tribunal de Sentencia deberá de decidir sobre: i. Grado de participación de los imputados (as); ii. Cuando exista más de un delito, determinación respecto al concurso de delitos existente; iii. Determinación de la pena abstracta aplicable, y iv. Pronunciamiento de las medidas cautelares pertinentes. Habiendo llegado los Jueces y Juezas de Sentencia a un acuerdo –por unanimidad o por mayoría- respecto a los puntos de la acusación, procederán a instalar audiencia en donde darán a conocer a las personas acusadas y a los Abogados/as de las partes las decisiones tomadas. Si el fallo solo tiene pronunciamientos absolutorios, ordena el artículo 340 que el Tribunal de Sentencia en ese mismo acto deberá de dar a conocer la sentencia respectiva o, por causa complejidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes; entre tanto, si se trata de un pronunciamiento de culpabilidad, señalan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal, se continuara con la segunda fase consistente en la audiencia de determinación de la pena concreta que debía celebrarse en un plazo no mayor de 30 días (ello conforme a las normas vigentes en aquel tiempo) y al término de ésta, los jueces y juezas de sentencia debían de reunirse nuevamente a efecto de deliberar sobre las circunstancias previstas en el artículo 69 en relación con los artículos 26 y 27 del Código Penal,, dictando de manera posterior la sentencia ya sea en esa misma fecha o, igualmente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, ten caso de complejidad. De la procedencia del Recurso. El Segundo Motivo No Es De Recibo. En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciado; En otras palabras la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que, como se ha mencionado previo, por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Se insiste que la sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso Legal que se ha explicado ut supra, siendo uno de ellos el Principio de Concentración y el de Inmediación. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Ahora bien, siguiendo el reclamo formulado por el Recurrente, corresponde centrarnos en la Garantía de Concentración que dicta que la sustanciación del proceso sea en el menor número de actos y a su vez en el menor tiempo posible entre cada uno de los actos, constituyendo todo el proceso en una unidad, para efectiva justicia en un plazo razonable (Art. 8 del Código Procesal Penal). La Garantía de Concentración debe de observarse durante todo el proceso penal (Art. 20, 143 último párrafo, 160 y 161 del Código Procesal Penal), pero ella adquiere una relevancia significativa en la etapa de juicio (Art. 306, 312 y 313 del Código Procesal Penal), en especial en la continuidad que debe de existir entre el debate y el fallo (no la sentencia), esto es porque como consecuencia del primero, se produce el segundo, de este modo la garantía de concentración proporciona una plataforma para que la inmediación sea efectiva para la valoración de la prueba. En el caso que nos ocupa, el Censor denuncia que desde la fecha en que el Tribunal de Sentencia emitió el veredicto de culpabilidad (28 de abril de 2019) y la notificación de la sentencia transcurrió un período de tiempo de más de un año y medio que el Tribunal de Sentencia hizo caso omiso de la obligación que le impone el artículo 306 del Código Procesal Penal el cual establece; “Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo. El retiro momentáneo de los miembros del Tribunal o de cualquiera de las partes, dará lugar a la suspensión del procedimiento, salvo si se trata del imputado, quien podrá retirarse con permiso del Tribunal, a cuya disposición deberá quedar hasta que se adopte otro acuerdo. Si el Defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del Tribunal, se tendrá por abandonada la defensa. Si el imputado no designa de inmediato otro Defensor de su confianza, el Tribunal de Sentencia le nombrará un Defensor Público. Cuando el abandono ocurra dentro de los tres (3) días anteriores al debate o durante el desarrollo de éste, el Tribunal podrá aplazar su inicio o suspender por una sola vez el que ya haya comenzado, por un término máximo de cinco (5) días calendario. Si el abandono de la defensa no tiene causa justificada, el Defensor será sancionado con la pena prevista en el Código Penal. Si el representante del Acusador Privado no concurre a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del tribunal, dejará de tenérsele como parte, sin perjuicio de que la persona del Acusador Privado, podrá ser obligado a comparecer cuando deba declarar como testigo. El recurrente estima que se ha vulnerado el Principio de concentración, lo que incide en la validez del fallo que ahora se impugna. Esta Sala de lo Penal considera que si bien es cierto el Juicio Oral y Público, ha de regirse por los principios de inmediatez y de concentración o unidad de acto, la inmediatez y continuidad han de ser interpretadas de acuerdo con el principio de razonabilidad. Es así como que la lectura de la sentencia puede prolongarse, tomando en consideración, la complejidad del caso, la abundancia de prueba, la cantidad de víctimas, la cantidad de imputados, peritos y demás que puede conllevar a la prolongación del dictado de una sentencia, son aspectos que deben ser considerados. El caso bajo examen, en el que se ha discutido sobre la responsabilidad penal de una persona que en compañía de otras personas ( que no forman parten del proceso), resulto responsable de cinco delitos de Asesinatos y dos delitos de Asesinato en su Grado de ejecución de Tentativa, por disparos de arma de fuego; Es por su propia naturaleza un asunto que reviste una gran complejidad en comparación con el cuantioso acervo probatorio que fue objeto de valoración por parte del Tribunal; Aunado a esto del foliado se desprende que el fallo de culpabilidad fue leído el 28 de febrero de 2019 ( f.637) ; La audiencia de individualización el 24 de abril de 2019 ( f. 642); y la sentencia se notificó hasta el 20 de agosto de 2020; Sin embargo, La Sala recuerda que el Poder Judicial, suspendió Labores a nivel nacional desde el 16 de marzo de 2020 a causa del COVID, declarando inhábiles los días y horas para efecto de actuaciones y plazos procesales, mientras estuvo en vigor la suspensión de labores; Así las cosas, La Sala ha constatado que el dictado de la sentencia se prolongó por un término de 10 meses más del tiempo establecido por el Código Procesal Penal, y no más de un año y medio como alega El Censor. Tomando en cuenta el principio de razonabilidad y por otro lado, atendiendo a que el Censor no indica con precisión que consecuencias negativas para su derecho de defensa o para la garantía genérica del debido proceso ha traído el hecho de que el Tribunal A Quo haya dictado su sentencia 10 meses después de lo establecido por la ley, La Sala de lo Penal considera que en las circunstancias apuntadas dicho órgano jurisdiccional no ha vulnerado en su esencia las normas legales invocadas ni mucho menos los derechos fundamentales antes relacionados, y que por lo tanto debe descartarse que la situación denunciada por el casacionista haya incidido en una relación causa-efecto en la validez de la sentencia recurrida. En conclusión el Principio de Concentración es, por decirlo de alguna manera, escudo protector de la inmediación respecto al pronunciamiento del fallo, evitando así la disolución de los efectos de la inmediación de la prueba y, por ende, permitiendo a los Jueces y Juezas tener presente en su memoria todas las incidencias que pudieron presenciar durante la evacuación de la prueba al momento en que corresponda hacer la deliberación del caso, en donde una de las tareas más importantes es la valoración de la prueba; pero además el Principio de Concentración permite el fiel cumplimiento de la obligación del Estado de Honduras de hacer pronunciamientos judiciales de manera oportuna, en plazo razonable, dando respuesta a los intereses subjetivos en disputa, cumpliendo así lo ordenado por el artículo 9.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Artículo 7.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Los efectos de la inobservancia del Principio de Concentración serán particulares a depender del momento procesal en que se produzca, pues la dilación indebida en irrespeto de los plazos legales entre el debate y la deliberación produce el mismo efecto señalado por la ley procesal para los casos de suspensión de la audiencia de debate por un término mayor a los 15 días: la nulidad del debate (Artículo 312 y 313 del Código Procesal Penal); empero si el quebrantamiento se encuentra por dilación en el señalamiento de la audiencia de debate o en el pronunciamiento de la sentencia después de la deliberación y notificación de decisión, en donde no existe ofensa a la inmediación, tiene como consecuencia la deducción de responsabilidad a los funcionarios/as judiciales cuando por acción u omisión injustificable hayan dado a lugar el incumplimiento de los plazos legales o un plazo razonable de juzgamiento, pues su nulidad en estos casos solo produciría más dilación en dar respuesta a lo debatido.Por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo de casación por Infracción desarrollado en el presente apartado, debe ser desestimado. “Decisión: Declarar No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en sus dos motivos interpuestos por las Defensa Privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa de los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodriguez Henríquez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concretoEn la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real de delitos; se impuso a los acusados Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodriguez Henríquez, a las siguientes penas: • Veintidós (22) años de reclusión como autores materiales directos del delito de asesinato, en perjuicio de José Alexis Salas Caballero, Linda Mercedes Moreno Enamorado, Wilmer Daniel Vindel Canales, Wilmer Geovany Vindel Cribas y José Alejandro Fajardo Urrutia. • Diecisiete (17) años de reclusión como autores material directo del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido “XS-1” y Testigo Protegido “O”. • Mas las Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil y las de Responsabilidad Civil. En suma, la pena concreta impuesta a los acusados es de 144 años de reclusión, de los que cumplirá solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato (Art.193) tiene un tipo penal básico con una pena principal de 20 a 25 años de prisión, un tipo agravado con una pena de 25 a 30 años de prisión, cuando concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, aspecto que no se contempla en la presente causa; en cuanto a los delitos de asesinato tentados, en base a los artículos 21 y 62 y tratándose de dos tentativas acabada, la pena deberá rebajarse en un cuarto (1/4), resultando una nueva pena abstracta de 15 a 20 años de prisión: Del hecho probado se desprende la circunstancia agravante estipulada en el articulo 32 numeral 4 del Código Penal; Al portar los acusados vestimenta alusiva a la Policía Nacional, así como aprovechar el momento que el semáforo indicaba luz roja, para anteponerse al vehículo de las victimas y así asegurar el resultado; por lo que correspondería imponerles la pena media hasta el límite máximo, resultando una nueva pena abstracta de 22 años 6 meses 25 años de prisión, para el delito de asesinato y de 17 años 6 meses a 20 años de prisión para el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Como penas accesorias; Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión, Como penas accesorias; La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena y responsabilidad civil. Al apreciarse un concurso real, el límite objetivo ordinario de cumplimiento material de las penas es de 30 años de prisión, lo que resulta igual al único límite de cumplimiento de pena establecido en el decreto 144-83, para los delitos de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa; En el caso del delito de Asesinato el límite objetivo extraordinario de cumplimiento sería de 40 años, por exceder la pena del Asesinato los 20 años de prisión; lo que resulta igual al único límite de cumplimiento de pena establecido en el decreto 144-83; el límite subjetivo de cumplimiento sería de 75 años de prisión; En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos de asesinato cometidos por los acusados, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 112 años 6 meses a 125 años de prisión; El marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa cometidos por los acusados, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 35 años a 40 años de prisión, haciendo un total de 146 años 6 meses a 165 años de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la suma de las penas impuestas en la sentencia recurrida de 144 años de reclusión, es más beneficiosa para los acusados, al representar penas de menor cuantía en comparación a las penas del NCP decreto 130-2017; Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; ; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217; 116 del Código Penal decreto 144-83. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Augusto Rafael Fletes, en su condición de Defensor Privado del señor Gerson Javier Rodriguez Henríquez, a quien se le condenó por un cinco delitos de Asesinato, en perjuicio de José Alexis Salas Caballero, Linda Mercedes Moreno Enamorado, Wilmer Daniel Vindel Canales, Wilmer Geovani Vindel Cribas y José Alejandro Fajardo Urrutia, y por dos delitos de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Testigo Protegido “XS-1” y Testigo Protegido “O”. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal, Decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha doce de abril de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Mairena Franco.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-98-2021.LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-98-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días de mayo de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-98-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de abril del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodríguez Henríquez, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: Condenó a los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodríguez Henríquez, como autores de cinco delitos de Asesinato, en perjuicio de José Alexis Salas Caballero, Linda Mercedes Moreno Enamorado, Wilmer Daniel Vindel Canales, Wilmer Geovani Vindel Cribas y José Alejandro Fajardo Urrutia, a la pena de veintidós años de reclusión por cada delito; haciendo un total de ciento diez años de reclusión; asimismo, se les condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. TERCERO: Condenó a los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodríguez Henríquez, como autores de dos delitos de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido “XS-1” y Testigo Protegido “O”, a la pena de diecisiete de reclusión por cada delito; haciendo un total de treinta y cuatro años de reclusión; asimismo, se les condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. CUARTO: Declaró la responsabilidad civil de los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodríguez Henríquez, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. QUINTO: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: No Procedió el comiso. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: El Abogado Augusto Rafael Fletes, en su condición de Defensor Privado del señor Gerson Javier Rodríguez Henríquez, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO. - El día treinta (30) de abril del año dos mil dieciséis, siendo la 01:40 minutos de la tarde, los señores JOSÉ ALEXIS SALAS CABALLERO, LINDA MERCEDES MORENO ENAMORADO, WILMER DANIEL VINDEL CANALES, WILMER GEOVANI VINDEL CRIBAS y JOSÉ ALEJANDRO FAJARDO URRUTIA, TESTIGO PROTEGIDO "O” Y TESTIGO PROTEGIDO "XS-1" salieron del Centro Penal de la ciudad de San Pedro Sula conduciéndose en tres vehículos y a la altura de la 15 avenida, del Barrio Cabañas de la ciudad de San Pedro Sula, al hacer un alto en un semáforo, un camioncito color blanco se encontraba delante de dichos vehículos obstaculizándoles el trayecto, por lo que aprovechando tal situación, sujetos fuertemente armados se les acercaron sorpresivamente, conduciéndose en tres vehículos: una camioneta color negro, un Toyota Hilux 3.0 color gris, en el cual iba ENRIQUE SACARIAS AGUILAR LÓPEZ y otro sujeto conocido como Cangri y el Zarquito, y en el tercer vehículo marca Nissan, modelo Navara, color gris, en el cual se conducía GERSON JAVIER RÓDRIGUEZ HENRIQUEZ y otras personas, quienes inmediatamente se bajaron de los vehículos en un total de nueve sujetos, quedando tres en el interior del vehículo porque los conducían; entre los que se bajaron estaban ENRIQUE SACARIAS AGUILAR LÓPEZ y GERSON JAVIER RÓDRIGUEZ HENRÌQUEZ, todos portando armas de fuego cortas y de grueso calibre y algunos con vestimenta alusiva a la Policía Nacional, disparando contra la humanidad de las víctimas, LINDA MERCEDES MORENO ENAMORADO, JOSÉ ALEXIS SALAS CABALLERO Y TESTIGO PROTEGIDO "O“ quienes se conducían en el vehículo Nissan Xterra color rojo, placa PDS7111; WILMER DANIEL VINDEL CANALES, JOSÉ ALEJANDRO FA]ARDO URRUTIA y WILMER GEOVANI VINDEL CRIBAS quienes se conducían en el Nissan Frontier pick-up doble cabina, color rojo, placa PDR3187 y TESTIGO PROTEGIDO "XS-1” se conducía en el automotor marca Pontiac, ofendidos que lograron repeler el ataque, sin embargo no fue suficiente debido a la cantidad de disparos que les impactaron, no pudiendo salir con vida, pues murieron de manera inmediata JOSÉ ALEXIS SALAS CABALLERO, LINDA MERCEDES MORENO ENAMORADO, WILMER DANIEL VINDEL CANALES, WILMER GEOVANI VINDEL CRIBAS, resultando gravemente heridos TESTIGOS PROTEGIDOS "XS-1'’ y TESTIGO PROTEGIDO "O“ debido a la inmediata intervención médica, sobreviviendo a este suceso.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Augusto Rafael Fletes, en su condición de Defensor Privado del señor Gerson Javier Rodríguez Henríquez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO INVOCADO: La infracción por parte del Juzgador de lo dispuesto en los preceptos Constitucionales contenido en los artículos 82 y 90 (DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO) en relación a los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 14.3.e del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 del Código procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE.- El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO SOBRE LA VIOALCION AL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentado la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionahdad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. En el juicio oral y Público el ente acusador solicitó que se incorporara por lectura las declaraciones de los testigos protegidos TOM y JERRY, resolviendo el Tribunal sin empacho alguno, y sin haber presentado en ente acusador un documento legal que avalara su petición, (ver acta de debate, en incidentes) a lo que las partes en el proceso nos opusimos; Es en la valoraci6n de la prueba testifical antes referida en donde el Juzgador flagrantemente viola los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso de los que goza nuestro representado German Javier Rodríguez Henríquez las declaraciones de los Testigos Protegidos TOM y JERRY no fueron evacuadas bajo los fundamentales principios de inmediación y oralidad, al haberla incorporado por lectura violentando además el principio de contradicción y el de defensa. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio.,. ”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14. 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia. Entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, que autoriza la introducción al debate por lectura de: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”.- Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP) 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b.Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, o cuando no sea posible tomar su declaración en el domicilio o lugar en donde se encuentre recluido, internado o retenido; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura deberá de ser conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical. De lo anterior se desprende que El Tribunal de Sentencia, al haber permitido la introducción por Lectura la declaración de los testigos protegidos denominados TOM Y JERRY, sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley, violentó los derechos fundamentales del Derecho de Defensa, Legalidad, Contradicción e Inmediación. Razón por la cual se pide se admita el presente motivo de casación, se declare con lugar el mismo y se anule el fallo condenatorio y se absuelva a mi defendido de toda responsabilidad. SOBRE LA VIOLACION AL DERECHO DE DEFENSA Las normas Constitucionales y Legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1.-El derecho de defensa es inviolable; Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público, el cual debe de realizarse con todas las garantías legales correspondientes. Que al haberse declarado culpable a mi representado con la declaración de testigos protegidos (anónimos) de los cuales la defensa desconoce su verdadera identidad, no permite a la misma, poder determinar posibles causas espurias que pudieran motivar sus declaraciones, impidiendo evaluar la fiabilidad de su testimonio que pudo estar influenciado por simple animadversión, enemistad, hostilidad etc, Hacia el imputado y que lo hacían digno de crédito, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica, la posibilidad del inculpado de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta en ente acusador, pero la ausencia en juicio y el anonimato de los decisivos testigos dejó al imputado y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos fundamentales de defensa y del debido proceso. Enlas condiciones referidas la decisión de condena quebranta los derechos de mi defendido, Gerson Javier Rodríguez Henríquez, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de oralidad (introducción por lectura de las cuestionadas declaraciones) y Contradicción (imposibilidad de contrainterrogatorio), infringiendo los Derechos de defensa, y debido proceso de mi representado, pues su fallo se sustenta en la declaración de dichos testigos protegidos, (ocultos, con identidad reservada, y rendida en audiencia previa; misma que además aparece huérfana de corroboradores objetivos que la respalden y por tanto, insuficiente para justificar, válidamente, un falo de condena, Sobre éste particular, la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que: “le preocupa a la Sala de lo Penal, la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable, en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifícal, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... la ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables, como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia, a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corrobación alguna, insiste esta Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basado en declaraciones de testigos anónimos, debe implicar que ese medio de prueba, debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna. La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto lo siguiente: “ . .. incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en los que los derechos de los acusados han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución... b)... la condena penal del señor Pichón Pai11alao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista. .. estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de testigos de identidad reservada, pues si se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto... por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de testigos con identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao” “... este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preventas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener el anonimato la identidad del declarante... en tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protecciòn de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido declara que es deber garantizar el derecho a la vida, la integridad, la libertad, y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopciòn de medidas de protecciòn, pero ello no debe de traducirse en menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2 h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, a mi defendido Gerson Javier Rodríguez Henríquez, porque se le condenó con declaración de testigos protegidos (ocultos, con identidad reservada y no presentes en el juicio) frente a quien, por esa condición de anonimato y no presente en el Tribunal, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero los mismos no aportaron datos que incriminen a mi defendido, por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor de mi representado. El artículo 339 del Código Procesal penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria, así mismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.-La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere “ ver sentencia cp-02-2009. Ante la deficiente actividad probatoria y ausencia de prueba confiable en este caso, se decreta una sentencia condenatoria sin que haya una carga probatoria suficiente para destruir el Estado de Inocencia del cual goza mi defendido. *MOTIVO INVOCADO: “Por violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los 306 y 340 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Juzgador aI dictar la sentencia censurada, ha transgredido el derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, que indica: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; en el caso sub judice se ha infringido el Principio de Concentración del juicio oral y público señalado en el artículo 306 de nuestra normativa procesal que señala: “Concentración, El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo”, “En el presente proceso, la Vulneración del Principio de Concentración se produce, en virtud de haberse redactado la sentencia a más de un año y medio, después de celebrada la Audiencia de Debate,” (18-02-2019) ); procediéndose a su firma a los 12 días del mes de abril del 2020 y notificándose el 20 de agosto del presente año, cuando legalmente debió ser redactada y firmada tan pronto como haya sido votada, o como bien lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal, “....si por razones de tiempo o por complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes...” no obstante la citada exigencia, en el caso in examine se hizo año y medio después; esto es así, ya que el debate finaliza el 18 de febrero del año 2019, se firma y notifica el 20 de agosto del presente año 2020. De lo expuesto, se evidencia una flagrante violación al Debido Proceso, siendo que tanto las actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses de las personas sometidas a un proceso judicial, su inobservancia constituye una violación a ese Principio Fundamental por alejarse del mandato constitucional, es así que, el Debido Proceso lo constituye la observancia de las formas propias de cada juicio, es decir, las que están previamente establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para el procedimiento respectivo. A la razón, de haber estudiado la afectación de las garantías mínimas que establece la Constitución o la ley para los actos procesales, concluimos que la circunstancia antes descrita, atenta de manera grave contra las actuaciones de este ente objetivo defensor de los intereses de la sociedad; en definitiva desconoce la garantía de los derechos e intereses de las personas que intervienen en el mismo, en especial, imputado y víctima, de tal forma, que el derecho de cada ciudadano a ser juzgado por un Juez o Tribunal competente con las formalidades legales está incluido, en el Artículo 8. 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, materializado en el Artículo 90 de nuestra Constitución de la República. En virtud de lo anterior, lo correcto hubiese sido, que una vez redactada y firmada la sentencia, conforme al artículo 340 Código Procesal Penal: “el Tribunal se constituyera nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, diera a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secretario procediera a entregar a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta “, por lo que en aplicación irrestricta de lo que establece dicha norma procesal, es obligación del Tribunal de realizar las diligencias encaminadas a la notificación oportuna de la sentencia, al no hacerlo, ha ocasionado que la defensa tenga que recurrir una sentencia que agravio sus pretensiones, año y medio después de haberse realizado la vista de la causa, lo que ocasiono un perjuicio grave no sólo para la defensa y el acusado, sino para todo el sistema de justicia. En este orden, y a los fines de fundamentar lo expuesto, cabe destacar que el Estado debe garantizar al ciudadano el conjunto mínimo de garantías procesales sin lo cual el proceso judicial no será justo, razonable y confiable, garantías éstas que permiten la efectividad de la justicia, que aseguran el derecho material de los ciudadanos frente a los órganos de administración de justicia y que le establecen limitaciones al poder ejercido por el Estado por conducto de los Tribunales de justicia. De tal forma que, el procedimiento procesal penal, no es convencional, por el contrario su estructura, secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley y no es discrecional de las partes o del juez, Por esa razón consideramos, que no es potestativo del ente Jurisdiccional alterar las reglas con las que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia está íntimamente ligada al orden público, en el caso sub judice el Tribunal debió actuar con diligencia y subsanar oportunamente el vicio identificado, de conformidad al procedimiento establecido, pero hacerlo año y medio después es totalmente inaceptable,. Atendiendo lo anteriormente expuesto, solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. Sobre peticiones como esta, la Sala de lo Penal ha dicho lo siguiente: “Artículo 306.Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo. El retiro momentáneo de los miembros del Tribunal o de cualquiera de las partes, dará lugar a la suspensión del procedimiento, salvo si se trata del imputado, quien podrá retirarse con permiso del Tribunal, a cuya disposición deberá quedar hasta que se adopte otro acuerdo. Si el defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del Tribunal, se tendrá por abandonada la defensa. Si el imputado no designa de inmediato otro defensor de su confianza, el Tribunal de Sentencia le nombrará un Defensor Público. Cuando el abandono ocurra dentro de los tres (3) días anteriores al debate o durante el desanollo de éste, el Tribunal podrá aplazar su inicio o suspender por una sola vez el que ya haya comenzado, por un término máximo de cinco (5) días calendario. Si el abandono de la defensa no tiene causa justificada, el defensor será sancionado con la pena prevista en el Código Penal. Si el representante del Acusador Privado no concurre a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del tribunal, dejará de tenérsele como parte, sin perjuicio de que la persona del Acusador Privado, podrá ser obligado a comparecer cuando deba declarar como testigo. “El principio de concentración de los actos procesales evita la dispersión de éstos como acontecía en el sistema inquisitivo. El propósito de la continuidad de las actuaciones es el de evitar la deformación de los actos cumplidos en cuanto a su recurso por los jueces, fiscales, defensores y demás intervinientes, debido al intervalo de tiempo transcurrido desde su realización hasta el momento de la reanudación del debate. La concentración impone la necesaria presencia física de los intervinientes. La simple ausencia momentánea de cualquiera de estos implicará la suspensión de las sesiones del juicio, todo ello para evitar la deformación de los actos. En cuanto al imputado se refiere, si bien es obligatoria su presencia en los debates como consecuencia del derecho a estar presente en los actos de producción de medios de prueba, por muchas razones puede producirse su ausencia voluntaria o involuntaria, sin que ello sea causa para la suspensión de las sesiones del debate.” “El Tribunal tiene la obligación de redactar la sentencia absolutoria tan pronto como haya decidido absolver al imputado. La experiencia nos dice que la redacción de la sentencia penal es una tarea nada fácil, por lo que no es posible su redacción en poco tiempo, a menos que se trate de un asunto de poca complejidad.... He tenido la ocasión de conocer muchos casos, incluso en algunos he sido parte, en los cuales la redacción de la sentencia la han demorado más de un año. Por muy difícil que pueda tornarse la redacción de una sentencia, cualquiera que sea la complejidad del caso, es inadmisible una demora de tal magnitud. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia debería dictar, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 del Código, instructivos claros sobre el cumplimiento de las funciones de los jueces penales, con las advertencias en caso de violación”. De la Procedencia Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente sostiene que la sentencia recurrida infringe la garantía del debido proceso dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 306 y 340 del Código Procesal Penal. El artículo 90 de la Constitución de la República indica que: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Se ha infringido el principio de concentración del juicio oral y público señalado en el artículo 306 de nuestra normativa procesal que señala: “Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo”. La vulneración del principio de concentración se produce, en virtud de haberse redactado la sentencia cuatro años después de celebrada la audiencia de debate, (2013); procediéndose a su firma y notificación dos años más tarde (2015), cuando legalmente debió ser redactada y firmada tan pronto como haya sido votada, o como bien lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal. Esta Sala aprecia que el artículo 340 del Código Procesal Penal dispone: “Redacción y Lectura de la Sentencia. La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada. – Cumplido lo anterior, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secretario entregará a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta. - Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes- En tal caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación. Si alguna de las partes se hallare ausente, la notiñcación se le hará en la forma prevista en el Capítulo IV del Título IV del Libro Primero de este Código”. En el presente caso se alega como motivo de infracción el derecho fundamental del debido proceso, la infracción al principio de concentración de los actos del juicio o audiencia de debate consignados en el artículo 306 del Código Procesal penal, por el incumplimiento de los plazos legales para redactar, elaborar y notificar el fallo absolutorio a las partes procesales. Aunque en ocasiones no es posible la redacción de la sentencia dentro de los plazos, esta sala aprecia que, en el presente caso, no se trata de un asunto complejo, dado la difícil obtención de prueba, número de acusados, víctimas o el tipo de delitos. No se justifica que se haya redactado la sentencia cuatro años después de celebrada la audiencia de debate ni que la firma y notificación de la misma que haya llevado a cabo hasta dos años después del momento de su redacción, pues la ley procesal penal en su artículo 340 ordena que sea firmada tan pronto como haya sido votada. Dado que el debate finalizó el diecinueve de noviembre del dos mil nueve, la sentencia se redactó el nueve de diciembre del dos mil trece, y se firmó y notificó hasta el doce de agosto del dos mil quince, es decir seis años después de haber concluido la audiencia de debate, tiempo que resulta ser inadmisible, en que el juzgador ha dictado sentencia absolutoria, en un caso de Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas y Municiones en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. En este caso, el tribunal de juicio ha dilatado en forma excesiva e inexcusable el término establecido para dictar y notificar la sentencia, con lo cual se ha infringido en forma flagrante eI Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, por violación grave al principio de concentración de los actos del debate, invocado por el recurrente” ver sentencia SP 477-2015. Con fundamento en los antecedentes antes citados, esta defensa solicita que se declare con lugar este motivo y que se anule el fallo condenatorio y se absuelva a mí defendido de los delitos a él imputados.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo numerus apertus, son: 1. Negación de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. primer motivo. • Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian infringidas: ° Artículos 82, y 90 de la Constitución de la República; • Concepto de la infracción: ° Violación al Debido Proceso; ° Violación Al Derecho de Defensa • Motivo: ° La declaración de Testigos Protegidos, se introdujo mediante lectura en violación al principio de Oralidad; y ° La declaración de testigos con identidad reservada, limito el principio de contradicción que rige al debate. • Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se declare con lugar el recurso, se case la sentencia impugnada y se proceda conforme a derecho. Se queja el Censor, que la sentencia hoy recurrida violenta los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que contienen los derechos fundamentales de: derecho a la defensa, y derecho a un debido proceso judicial, en cuanto al Debido Proceso; Alega el censor, que el ente acusador solicitó que se incorporara por lectura las declaraciones de los testigos protegidos Tom y Jerry, resolviendo el Tribunal sin empacho alguno, y sin haber presentado en ente acusador un documento legal que avalara su petición, (ver acta de debate, en incidentes) a lo que las partes en el proceso nos opusimos; Es en la valoración de la prueba testifical antes referida, el Juzgador flagrantemente viola los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso de los que goza su representado German Javier Rodríguez Henríquez, las declaraciones de los Testigos Protegidos “Tom” y “Jerry”, no fueron evacuadas bajo los fundamentales principios de inmediación y oralidad, al haberla incorporado por lectura violentando además el principio de contradicción y el de defensa. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- De lo anterior se desprende que El Tribunal de Sentencia, al haber permitido la introducción por Lectura la declaración de los testigos protegidos denominados TOM Y JERRY, sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley, violentó los derechos fundamentales del Derecho de Defensa, Legalidad, Contradicción e Inmediación. En cuanto al Derecho de Defensa: Alega el Censor, El derecho de defensa es inviolable; Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público, el cual debe de realizarse con todas las garantías legales correspondientes. Que al haberse declarado culpable a mi representado con la declaración de testigos protegidos (anónimos) de los cuales la defensa desconoce su verdadera identidad, no permite a la misma, poder determinar posibles causas espurias que pudieran motivar sus declaraciones, impidiendo evaluar la fiabilidad de su testimonio que pudo estar influenciado por simple animadversión, enemistad, hostilidad etc, hacia el imputado y que lo hacían digno de crédito, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica, la posibilidad del inculpado de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta en ente acusador, pero la ausencia en juicio y el anonimato de los decisivos testigos dejó al imputado y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos fundamentales de defensa y del debido proceso. En las condiciones referidas la decisión de condena quebranta los derechos de mi defendido, Gerson Javier Rodríguez Henríquez, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de oralidad (introducción por lectura de las cuestionadas declaraciones) y Contradicción (imposibilidad de contrainterrogatorio), infringiendo los Derechos de defensa, y debido proceso de mi representado, pues su fallo se sustenta en la declaración de dichos testigos protegidos, (ocultos, con identidad reservada, y rendida en audiencia previa; misma que además aparece huérfana de corroboradores objetivos que la respalden y por tanto, insuficiente para justificar, válidamente, un falo de condena. Primer Argumento Recursivo; Violación al Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- A una justicia gratuita; ii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; iii.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi.- A la imparcialidad del juez; vii.- A la independencia del juez; viii.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix.- A la igualdad de armas procesales; x.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó:“67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión. la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; Entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311. Señala el segundo numeral que se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”. - Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 1. Que el testigo haya rendido su declaración o que la pericia haya sido practicada en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 2. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 3. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. De la Prueba Anticipada y las Lecturas Autorizadas A) Prueba Anticipada Como regla general para que el Tribunal de Sentencia pueda valorar un medio de prueba, éste debió haber sido presentado y reproducido en la audiencia de debate (Art. 342 del CPP), ello con el afán de que en ese acto se observen los principios informadores del proceso como ser la publicidad, inmediación, concentración, contradicción, defensa y oralidad; Sin embargo existen casos que para su preservación o aseguramiento es necesario que el medio de prueba sea recibido de manera previa a la audiencia de debate, para ser presentado en éste mediante un formato de registro ya sea video, audio o acta escrita. Establece el artículo 277 del Código Procesal Penal lo relativo a la prueba anticipada: 1).- Casos en que procede: Además de los requisitos de utilidad, pertinencia y proporcionalidad relacionados con el thema probandi (Art. 199 del CPP), la prueba anticipada deberá de ser ordenada en los casos donde exista peligro que la prueba este expuesta a deterioro, a posibles contaminantes, en los casos de pruebas irrepetibles o incompatibles con la concentración del debate: A) Son Ejemplo de causas por el Objeto de Prueba: i) cuando la Prueba por su naturaleza perecedera pueda destruirse o dañarse en el tiempo en que tome la celebración de la audiencia de debate; ii) Cuando exista riesgo que el objeto de prueba pueda ser destruido u ocultado; iii) Cuando se trate de medios de prueba cuya realización no pueda ser llevada a cabo en las instalaciones físicas del Tribunal, como ser exhumaciones de cadáver, autopsias, evaluaciones y exámenes clínicos, exámenes de laboratorio incluyendo los toxicológicos, pericias balísticas, etc.; iv) Cuando se trate de Objetos de prueba que deban de ser analizados en un lugar diferente al asiento del Órgano Jurisdiccional, incluyendo aquellos que deban de ser analizados fuera del territorio nacional; entre otros ejemplos. B).- Son Ejemplo de causas por la Fuente de Prueba: i) Cuando un testigo o perito se encuentre padeciendo de enfermedad que le pueda incapacitar para participar en el debate o le pueda privar de la vida; ii) Cuando penda sobre un testigo o perito amenaza grave en contra de su vida o la de un familiar y éste deba de ser sometido a un régimen de protección que le impida presentarse a la audiencia de debate; iii) Cuando exista indicio racional que el perito o testigo pueda ser influido en su ánimo de decir verdad mediante presiones, amenazas, pago o promesa remuneratoria; iv) Cuando el perito o testigo deba de abandonar el país sin fecha conocida de retorno o cuando ésta supere el tiempo en que deba celebrarse la audiencia de debate.- C). - Es Ejemplo de causa por el carácter irrepetible de la prueba: Cuando sea necesario el reconocimiento en rueda de una persona (Art. 256 del CPP). Es de tener en cuenta que los casos que contempla el artículo 277 del Código Procesal Penal son ejemplificativos y no taxativos, por lo que cualquier otro motivo que la casuística presente podrá ser considerado siempre que éste represente peligro de pérdida del medio de prueba. - 2).- Parte Solicitante: Cualquiera de las partes podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente el recibimiento de un medio de prueba de manera anticipada; Es importante resaltar que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, en su caso, solicitaran el recibimiento de la prueba anticipada antes de la presentación del requerimiento fiscal cuando se trate de diligencias de investigación distintas a las que les autoriza practicar el Código Procesal Penal en la etapa de la Investigación Preliminar (Art. 264.2 y 273 del CPP), en especial aquellas donde la ley ordena el ineludible control judicial (Intervención Telefónica, Intervenciones Corporales en Zonas Intimas, Allanamientos de Moradas, Etc.,). 3).- Órgano Jurisdiccional Competente: Será componente para resolver y recibir la prueba anticipada el Tribunal de Primera Instancia conforme a la etapa del proceso que se esté cursando, por tanto corresponderá al Juzgado de Letras o el Tribunal de Sentencia que éste conociendo de la causa Criminal; Cuando la solicitud de prueba anticipada sea presentada previo a la presentación del requerimiento fiscal será competente de conocer ésta el Órgano Jurisdiccional que eventualmente le competa conocer del Requerimiento Fiscal sobre la causa conforme a las reglas que establecen los artículos 19 del Código Penal y, 61, 62, 63, 64, 66, 67 y 69 del Código Procesal Penal. 4).- Momento Procesal de la Solicitud: El Recibimiento de prueba anticipada podrá realizarse en cualquier etapa del proceso siempre que sea antes de la audiencia de debate, incluso, como ya se ha mencionado, previo al inicio del proceso penal como acto de investigación que amerite control judicial. 5).- Procedimiento: Comprobado que sea que la petición se base en una causa legítima de recepción de prueba anticipada, el Juzgado de Letras Competente, admitida que sea la solicitud, ordenara la práctica de la diligencia de prueba de la forma prevista para la audiencia de debate y si éste no se encuentra expresamente reglado, se ordenara su práctica siguiendo las formas del medio de prueba que más se le asemeje con estricto cumplimiento de los principios informadores del proceso, líneas atrás enumerados y conforme al Principio de Libertad Probatoria. 6).- Personas que Intervendrán en la Prueba Anticipada: A).- Solicitud de Prueba Anticipada previo al Requerimiento Fiscal: Como regla general a la diligencia deberán de comparecer el Juez(a) acompañado de su respectivo ministro de fe, el fiscal del Ministerio público y un defensor público que controle el acto, además las partes podrán ir acompañadas de su respectivo consultor técnico previa autorización del Tribunal; Es importante señalar que para este momento procesal no existe aún una persona imputada dado que aún no se ha presentado requerimiento fiscal (Art. 101 primer párrafo del CPP), y que muchas veces las pruebas anticipadas en esta etapa además de perseguir asegurar el medio de prueba para el debate sirven para efectos de investigación y poder determinar qué persona es la posible responsable del delito, por lo que el Tribunal solo tendrá la obligación de citar para su intervención a las personas que hasta el momento se hayan identificado como sospechosas de una línea de investigación firme, en caso de haberlas, en todo caso los intereses de la persona que eventualmente figure como imputada si se presentase requerimiento fiscal, estarán representados y defendidos anticipadamente por un Defensor Público, o eventualmente, por un Defensor de Oficio (Art. 112, 115 y 119 del CPP). B).- Solicitud de Prueba Anticipada después es de la Presentación del Requerimiento Fiscal: Igualmente como regla general deberá de intervenir el Órgano jurisdiccional, llámese Juez de Letras o Tribunal de Sentencia, el Fiscal del Ministerio Público, el imputado con su defensor público o privado, y los consultores técnicos que tengan a bien las partes.- En cuanto al imputado que se encuentre en libertad, éste deberá de ser citado debidamente por el órgano jurisdiccional para que se presente en la diligencia, más su ausencia no será causa para reprogramar la práctica de la prueba; En caso de que la persona imputada se encuentre privada de su libertad por resolución judicial, el órgano jurisdiccional se asegurara de su participación, salvo que el propio imputado solicite no intervenir o porque exista riesgo fundado de que pueda aprovechar la diligencia para tratar de fugarse.- En cuanto al Agente Fiscal y al defensor Público o Privado su presencia es de carácter obligatoria, por lo que su ausencia causara la suspensión de la diligencia por el tiempo estrictamente necesario, pudiendo el órgano jurisdiccional ordenar la intervención de otro agente Fiscal o de un Defensor Público cuando la urgencia del caso lo amerite, sin perjuicio de las sanciones procesales para los profesionales del derecho que sin justa causa no hayan atendido el llamamiento judicial.- Como excepción el Tribunal podrá ordenar que a la diligencia de prueba anticipada solicitada previo a la presentación del requerimiento fiscal o después de su presentación, no intervengan las partes cuando exista riesgo de que su participación, presencia o conocimiento pueda influir negativamente en el resultado, como por ejemplo los actos de investigación de intervención telefónica o allanamiento de morada, cuando la presencia de las partes carezca de utilidad procesal o cuando pueda perjudicar el ééxito de la diligencia (Art. 242 último párrafo del CPP).- 7).- Presentación de la Prueba Anticipada al Debate: La prueba anticipada será presentada para su examen conforme el formato en que se haya registrado (video, audio o acta), en caso que conste por escrito, deberá de dársele lectura integra por el Secretario/a del Tribunal (Art. 311 del CPP); No se deberán de recibir en la audiencia de debate la prueba anticipada cuando ésta pueda ser presentada directamente, así pues el testigo o perito del que se temía por su vida o que se había previsto saldría de viaje, deberán de ser llamados y escuchados directamente en la audiencia de debate en caso de que sea posible y solo cuando no sea así es que se procederá a la reproducción de la prueba anticipada. 8).- Valoración de la Prueba Anticipada: El tribunal de Sentencia deberá de valorar la prueba anticipada conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 del CPP), tomando siempre en consideración que éste tipo de medios de prueba son la excepción al Principio de Inmediación, por lo que dentro del razonamiento el Tribunal deberá de ocupar espacio para contemplar las limitantes del medio de prueba provocada por la falta de inmediación. Lecturas Autorizadas La figura de las lecturas autorizadas es distinta a la de la prueba anticipada y por tanto difiere en sus características, a pesar de que usualmente una (lecturas autorizadas) es el medio para evacuar la otra (prueba anticipada) en el debate del juicio oral. Sin embargo, se tratan de dos figuras con sus propias particularidades, alcances y limitaciones. Si bien la prueba anticipada busca preservar la prueba para su reproducción posterior, las lecturas autorizadas buscan evacuar prueba que de otra manera no sería posible reproducir en el debate del juicio oral, o bien, contradecir alguna prueba rendida previamente con alguna otra prueba evacuada al momento del debate, siempre dentro de los límites que establece la normativa procesal en cuanto a las lecturas autorizadas. Es así que el artículo 311 del Código Procesal Penal contempla cinco supuestos (numerales 1, 2, 3, 4 y 7), mediante los cuales es permitido, de manera excepcional, la introducción por lectura de medios de prueba para efectos de ser valorados por el Tribunal de Sentencia; Cada uno de los supuestos establece que tipo de medio de prueba y las condiciones materiales que deben de presentarse para que dicha introducción sea válida.- En el caso de los numerales cinco (5) y seis (6), si bien está contenido en el mismo artículo, no constituyen excepciones a la oralidad e inmediación, sino herramientas de valoración de prueba. Indican estos dos últimos numerales mencionados (5 y 6) que a petición de parte interesada, el Tribunal de Sentencia ordenara la introducción por lectura de tres (3) tipos de medios de prueba: 1).- Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria; 2) las declaraciones que antes de la audiencia de debate haya rendido la persona acusada; y 3).- Las declaraciones testificales rendidas en etapas previas al debate; el objeto es hacer una comparación entre la declaración previa dada por el perito, acusado/a, perito o testigo con la hecha en la audiencia de debate y confrontar al compareciente para que explique sobre alguna contradicción en la que haya incurrido; significa que son requisitos para que tal confrontación se realice: 1).- Que el perito, imputado/a o testigo se encuentre en la audiencia de debate deponiendo; 2).- Que haya rendido informe en el caso del perito, o declaración en el caso de testigos e imputado, de manera previa en una etapa anterior al proceso; y 3).- Que entre la información dada previamente por el compareciente con la dicha en el acto del debate se adviertan contradicciones de importancia para el caso que se Juzga y que sea necesario que sean aclaradas. La confrontación permite a los Juzgadores poder tener un instrumento más para valorar la credibilidad del testimonio que está presenciando en el debate; La información o declaración introducida por lectura prevista en estos dos numerales (5 y 6) no constituye medio de prueba, no puede ser objeto de valoración independiente, puesto que ésta solo es para efectos de confrontación, siendo la declaración que el compareciente realiza en la audiencia de debate y, en específico, las explicaciones que dé respecto a las contradicciones incurridas, lo que debe de ser analizado y valorado por el Tribunal de Sentencia. En cuanto a los numerales 1, 2, 3, 4 y 7 que cita el artículo 311, estos sí conllevan una valoración de cada uno de ellos de manera independiente conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 del CPP), tomando siempre en consideración que éste tipo de medios de prueba son la excepción al Principio de Inmediación y al de Oralidad, por lo que dentro del razonamiento el Tribunal deberá de ocupar espacio para contemplar las limitantes del medio de prueba provocada por la falta de inmediación. Los tipos de prueba que pueden ser evacuados conforme a lo que contemplan estos numerales son: 1) La Prueba Anticipada (misma que ha sido descrita extensamente previamente).- 2) Los testimonios y pericias que se hayan rendido en la etapa preparatoria cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el juicio oral (sin que estos constituyan prueba anticipada).- 3) Los testimonios rendidos por las personas sordomudas en juicio (excepción al principio de oralidad, pero no al de inmediación) o las declaraciones de las personas sordomudas rendidas en la etapa preparatoria cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en juicio oral(excepción al principio de oralidad e inmediación), cuando estas personas solo se puedan comunicar por escrito.- 4) Las actas que documentan inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal y que deberán ser ratificadas en el juicio oral por quienes hayan levantado dichas actas siempre que sea posible. Es así que esta Sala de lo Penal subraya que ambas figuras son distintas (prueba anticipada y lecturas autorizadas) y no deberán confundirse, aunque una sea el canal por el cual usualmente se evacúa otra durante el juicio oral. De esta manera, la introducción de lecturas autorizadas contempla la evacuación de otras formas de prueba rendida en las etapas previas al debate que no necesariamente constituyen prueba anticipada, pero que sí mantienen su validez y su capacidad de ser valoradas y apreciadas como prueba independiente por el Tribunal de Sentencia siempre que se den los supuestos que contempla el Código de Rito y bajo las consideraciones que ha establecido esta Sala supra. De la procedencia del Primer Argumento Recursivo. El Argumento No es de recibo. La Sala ha constatado, que el Ministerio Público solicito en la etapa preparatoria y ante Juez de garantías que se recibiera las declaraciones tanto como la del Testigo Protegido “Tom” como la del Testigo Protegido “Jerry”, con las formalidades de la prueba anticipada (f.32); solicitud que fue resuelta por el juez de garantías admitiendo dicha solicitud, sin que la defensa de Gerson Javier Rodriguez Henríquez, presentara oposición ante tal resolución ( f.50); En fecha 1 de julio de 2016 se tomó las declaraciones de los Testigos Protegidos “Tom” y “Jerry” (f.52); en consecuencia, ambas declaraciones se evacuaron, de manera válida ya que la introducción de prueba anticipada, de lecturas autorizadas al juicio oral es permitida por la normativa procesal penal. Esta figura del Código Procesal Penal, contempla que de forma excepcional se podrán introducir al debate del juicio oral, para una valoración independiente conforme a las reglas de la sana crítica, las declaraciones testificales que se hayan rendido en la etapa preparatoria conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio oral (Art. 311, numeral 1 del Código Procesal Penal). Lo anterior constituye una excepción al principio de oralidad e inmediación prevista en el Código Procesal Penal, y, por tanto, las lecturas autorizadas evacuadas de acuerdo con lo establecido por esta normativa procesal no vulneran la garantía del debido proceso. De lo anterior se desprende que no ha existido violación a derechos fundamentales o derechos humanos, en particular al debido proceso alegado; ya que la prueba en mención es de carácter lícito, y en conjunto con la demás prueba evacuada en el juicio oral, ha sido suficiente para enervar el estado de inocencia del Acusado. Además, la Sala ha revisado el proceso de presentación y evacuación, en la audiencia de debate, de la lectura autorizada advirtiendo la estricta observancia de las normas procesales vigentes, por lo que reitera su carácter legal. Segundo Argumento Recursivo: Violación al Derecho a la Defensa La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Derecho de Defensa “obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (Ver casi Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de Noviembre de 2009, párrafo 29 y caso López Mendoza Vs Venezuela, sentencia del 01 de septiembre de 2011, párrafo 117), señalando además que “es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (Ver caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de Junio del 2002, párrafo 146). Por su parte la Sala de lo Penal en Sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09). - El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de Defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El Derecho General a la Defensa está compuesto por varios derechos que lo convierten, de un simple enunciado a un derecho eficaz, a saber: i.- Derecho a ser informado del contenido de la acusación desde los primeros momentos del proceso; ii.- Derecho a un intérprete o traductor si no conoce bien el idioma español; iii.- Derecho a tener el tiempo necesario para la preparación de la Defensa y además contar con los medios adecuados para ello; iv.- Derecho a requerir a los entes de investigación del Estado, la práctica y/o aseguramiento de prueba que sea de interés; v.- Derecho a la defensa material libre y a una debida defensa técnica en todo momento del proceso, de elección libre o, en su caso por designación gratuita; vi.- Derecho a proponer los medios de prueba que considere necesarios para realizar descargo de la acusación en cualquier momento del proceso; vii.- Derecho a conocer con antelación la carga probatoria que sustenta la acusación, previo a la celebración del debate; viii.- Derecho de la persona acusada a estar presente en todos los actos que impliquen evacuación de medios de prueba, salvo excepciones establecidas en la ley; ix.- Derecho a controvertir la prueba mediante su examen directo; x.- Derecho a que toda decisión judicial que no sea de mero trámite esté debidamente motivada; xi.- Derecho a recurrir la decisión judicial. Del Testigo Protegido A. Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: • Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; • Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); • Aprehensión por riesgo de Ocultamiento o Fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público hasta por 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); • Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y • Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B. Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos. Son medidas de protección, entre otras: • Que no conste en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el exp 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); • Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; • Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; • Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en la sala de juicio (ver art. 308.2 CPP); o • Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están: • Medidas de Protección Personal: i. Alejamiento del lugar del riesgo; ii. Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii. Cambio de identidad; iv. Modificación de rasgos físicos; • Medidas Policiales: i.- Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y iv. 4) Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); • Medidas Penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o • Medidas de Protección en el Proceso Penal: i. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii. Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv. Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C. Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.” Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este ad-quem recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando las medidas de protección sean de carácter excepcional, ante la duda de su procedencia lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. D. Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. Conforme la legislación hondureña, pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones distintas al derecho fundamental a la Defensa: Primer Supuesto: Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo Protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia. El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate.- La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber dónde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce. Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, rendida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. Segundo Supuesto: Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i. Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii. Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada, introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica; teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad. Considera esta Sala de lo Penal que tal introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i. Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii. Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: • Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; • Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y • Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada. • En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i. Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; ii. Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo; ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo. Tercer Supuesto: Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate. En este caso la, la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. En este caso persiste la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. Consideraciones Comunes: Independientemente que se trate del segundo supuesto o tercer supuesto, ha advertido la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). La Sala de lo Penal, reconoce como derecho inquebrantable lo preceptuado en los artículos 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cago en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal; además reconoce como obligatorio el criterio fijado por la Corte IDH en las sentencias: i. Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); ii. Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); iii. García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y en especial iv. Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253), a partir de lo cual se fijan las siguientes premisas: i. La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; ii. Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; iii. En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; iv. El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; v. Como consecuencia de lo señalado en el numeral v y iv, convencionalmente se ha dispuesto que un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración de un testigo de identidad reservada, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Por ello, la Sala de lo Penal declara que una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración, siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial que ha sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho que hoy ocupa la argumentación de la Defensa Pública y del que se ha pronunciado esta Sala de lo Penal es de carácter renunciable, criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo, en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. De la procedencia del Segundo Argumento Recursivo. El Argumento No es de recibo. El Recurrente alega que al haberse declarado culpable a su representado con las declaraciones de los testigos Protegidos “Tom” y “Jerry”, de los cuales la defensa desconoce su identidad por ser testigos de identidad reservada, le ha imposibilitado ejercer plenamente el principio de contradicción y, con ello el ejercicio del derecho de defensa. Pero de nueva cuenta esta Sala de lo Penal nota que este alegato es apenas planteado en el recurso de casación y que sobre ello la defensa hizo silencio en todas las etapas previas del proceso, develando conformidad por omisión.- Se resalta que la defensa hizo silencio, no solo respecto a si la medida de protección de la identidad de los testigos era proporcional o no, a un posible riesgo, sino que además sobre la existencia de una posible restricción al ejercicio de defensa como consecuencia de dicha reserva.- El Ministerio Público dio a conocer la existencia de los testigos protegidos desde la presentación del requerimiento fiscal, sin que la defensa se pronunciara sobre la medida de la reserva de identidad en la audiencia de prueba anticipada (f.52); Tampoco hizo pronunciamiento de ésta o de la existencia de disminución al ejercicio del derecho de defensa al término de la audiencia inicial (f.73) en donde la defensa estuvo presente y tuvo la oportunidad de interrogar plenamente sin restricción alguna a ambos Testigos Protegidos, por lo que el Principio de Contradicción no se vio menoscabado ; En la audiencia de proposición de medios de prueba, celebrada en fecha 4 de septiembre de 2018, la Defensa mas allá de presentar oposición a los testigos protegidos, también hizo suya la prueba proponiéndolos como testigo de la defensa técnica (f.548); Al término de la audiencia de debate, no presento oposición en la etapa incidental ni durante el desarrollo del mismo (f.637); Por tanto, plantear como argumento recursivo contra la sentencia, la violación al Derecho de Defensa por la presentación de dos testigos de identidad reservada, sin que ello haya sido tema contradictorio en ninguna de las tres etapas del proceso penal, y en específico en la audiencia de debate, ni siquiera en conclusiones como petición final a considerar por los jueces de sentencia previo a su deliberación, provoca la subsanación del vicio alegado, y conforme al tercer párrafo del artículo 363 del Código Procesal Penal acarrea la desestimación del recurso. También suma a sus alegatos el Censor, que el fallo se sustenta en la declaración de dichos testigos protegidos, (ocultos, con identidad reservada, y rendida en audiencia previa; las cuales aparecen huérfanas, al no existir mas prueba que la respalden lo dicho por estos por lo tanto también resultan insuficientes para justificar, válidamente, un fallo de condena. La Sala al examen de la sentencia recurrida, ha constatado que EL Juzgador además de los testimonios de los testigos protegidos “Tom” y “Jerry” también se recibió la siguiente; Prueba Testifical; Testigo Protegido “ XS” ( uno de los ofendidos), Enrique Membreño Benítez: Prueba Documental;1.- Acta de Levantamiento de Cadáver y Recolección de indicios, 2.- Acta de inspecciones oculares número 673-2016 3 (f.10-11), 4.- Copia Certificada de Acta de allanamiento de fecha 12 de julio de 2016 (f.437), 5.- álbum Fotográfico de vehículos (f.100-278) 6.-Acta de Decomiso o Secuestro de fecha 2 de mayo de 2016 (f.555),, 7.- Acta de Decomiso o Secuestro de fecha 2 de mayo de 2016 (f.557) 8.- Acta de Decomiso o Secuestro de fecha 2 de mayo de 2016 (f.558); Prueba Pericial; 1.- Dictamen de Autopsia numero 0939-2016 realizada al occiso José Alexis Salas Caballero (f.442-443), 2.- Dictamen de Autopsia número 0940-2016 realizada al occiso Linda mercedes Moreno Enamorado (f.444-445), 3.- Dictamen de Autopsia número 0941-2016 realizada al occiso José Alejandro Fajardo Urrutia (f.446-447), 4.- Dictamen de Autopsia número 0942-2016 realizada al occiso Wilmer Geovani Vindel Cribas (f.449-450), 5.- Dictamen de Autopsia número 0943-2016 realizada al occiso Wilmer Daniel Vindel Canales (f.83) 6.- Dictamen de Evaluación Médica número 2017-0501-0101-0304 de fecha 1 de agosto de 2018, practicado al Testigo Protegido “XS,” 7.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8777 practicado al vehículo Pick Up placas; PDC6987, 8.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8789 practicado al vehículo Pick Up placas; PDR3187. 9.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8788 practicado al vehículo Pick Up placas; PDS 7111, 10.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8785 practicado al vehículo Pick Up placas; PCE 9457, 11.- Dictamen de Trayectoria Balística número 2016-0801-0502-8786 practicado al vehículo Pick Up placas; PCV 1754. 12.- Dictamen de Análisis Balístico número 2016-0801-0502-3853, realizado al arma de fuego tipo pistola, marca GLOCK, con serieAAAN970. 13.- Dictamen de Análisis Balístico número 2016-0801-0502-3854, realizado a los casquillos recolectados en el lugar de los hechos, 14.- Dictamen de Análisis Balístico número 2016-0801-0502-7902, de análisis comparativo de indicios recolectados y el arma decomisada. Así entonces, a las declaraciones de los testigos protegidos se sumaron a un extenso acervo probatorio que en conjunto destruyen el estado de inocencia del acusado, convirtiéndolo en responsable del delito y siendo objeto de sanción penal como su consecuencia. De lo anterior se desprende que no ha existido violación a derechos fundamentales o derechos humanos, en particular al debido proceso, Derecho de Defensa y estado de inocencia alegado; ya que la prueba en mención es de carácter lícito, y en conjunto con la demás prueba evacuada en el juicio oral, ha sido suficiente para enervar el estado de inocencia del Acusado. Además, la Sala ha revisado el proceso de presentación y evacuación, en la audiencia de debate, de la lectura autorizada advirtiendo la estricta observancia de las normas procesales vigentes, por lo que reitera su carácter legal. Recurso por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. • Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian infringidas: ° Artículo 90 de la Constitución de la República; ° Articulo 306 y 340 Del Código Procesal Penal • Concepto de la infracción: ° Violación al Debido Proceso; • Motivo: ° Haber infringido el Principio de Concentración el Juzgador al momento de dictar la sentencia recurrida. • Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se declare con lugar el recurso, se case la sentencia impugnada y se absuelva a su representado. El Juzgador aI dictar la sentencia censurada, ha transgredido el derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, que indica: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; en el caso sub judice se ha infringido el Principio de Concentración del juicio oral y público señalado en el artículo 306 de nuestra normativa procesal que señala: “Concentración, El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo”, “En el presente proceso, la Vulneración del Principio de Concentración se produce, en virtud de haberse redactado la sentencia a más de un año y medio, después de celebrada la Audiencia de Debate,” (18-02-2019) ); procediéndose a su firma a los 12 días del mes de abril del 2020 y notificándose el 20 de agosto del presente año, cuando legalmente debió ser redactada y firmada tan pronto como haya sido votada, o como bien lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal, “....si por razones de tiempo o por complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes...” no obstante la citada exigencia, en el caso in examine se hizo año y medio después; esto es así, ya que el debate finaliza el 18 de febrero del año 2019, se firma y notifica el 20 de agosto del presente año 2020. De lo expuesto, se evidencia una flagrante violación al Debido Proceso, Del Debido Proceso JudicialLa Garantía del debido Proceso, invocada por el Recurrente como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza predeterminado/a por la ley, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, mismas que son de observancia obligatoria y que no pueden eludirse por convención de las partes, abanderando otros principios como el de Economía Procesal, pues éste no puede ser base para la inobservancia de la debida legalidad procesal; ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Como conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Concentración del Debate Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que, como se ha mencionado previo, por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Se insiste que la sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso Legal que se ha explicado ut supra, siendo uno de ellos el Principio de Concentración y el de Inmediación. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Conforme a las normas procesales vigentes para el año 2019 la Etapa de juicio debía de sustanciarse observando los siguientes plazos legales: Recibidos que eran las diligencias de parte del Juzgado de Letras, y personadas las partes, el Tribunal de Sentencia las debía emplazar para que procedan examinar las diligencias por diez días hábiles, y siempre dentro de dicho plazo, a solicitar audiencia de saneamiento, audiencia que debía de celebrarse dentro de los cinco días (Art. 316 cpp); En caso de que ninguna de las partes presentase solicitud de audiencia de saneamiento o habiéndose celebrado esta y resuelto lo planteado, el Tribunal de Sentencia procedería a fijar audiencia de proposición de medios de prueba, a celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes (Art. 317 cpp), resolviendo lo relativo a la admisión de medios de prueba en la misma audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes; Firme que sea ésta última resolución el Tribunal de Sentencia emitiría resolución citando a las partes para la celebración de la audiencia de debate, en una fecha que no podía ser antes de diez días ni después de treinta días, todos ellos hábiles (Art. 318 cpp), siendo importante mencionar que la práctica forense nos enseña que dichos términos por lo general no podían ser observados por los Tribunales de Sentencia como consecuencia de una muy saturada agenda, señalando fecha para debate en las fechas disponibles, llegando a casos en donde el señalamiento de la audiencia de debate se realizaba (y aun hoy es así) para dentro de muchos meses, constituyéndose esto en una imposibilidad material justificable siempre que sea, como se indicó, por la alta demanda de audiencias de debate pendientes de celebrar. El artículo 312 del Código Procesal Penal disponía en ese tiempo (y aun dispone a la fecha) en numerus clausus las causas por las cuales de manera excepcional podrá suspenderse una audiencia de debate por un máximo de 15 días, obligando el artículo 313 según párrafo del Código de Rito de iniciar un nuevo debate cuando la suspensión se extienda más allá de dicho termino. El artículo 312 del Código Procesal Penal permite llegar a varias conclusiones en relación a la suspensión del debate: a. Las causas de suspensión de las sesiones del debate son taxativas, por lo que no podrá suspenderse el debate por causas distintas a las enumeradas en el artículo 312 del Código Procesal Penal; b. La suspensión del debate se realizará por el termino estrictamente necesario y siempre que no exista más medios de prueba que puedan ser reproducidos en la sesión del debate; c. El termino de 15 días para la suspensión es uno solo y es un término máximo, de modo que las diversas suspensiones que pudieran darse en la celebración de las diferentes sesiones del debate en total no podrán sumar más de 15 días por disposición del legislador ya que lo relevante es la no disolución de la continuidad del inicio de la recepción de la prueba en el debate hasta el momento de la deliberación como momento de la valoración de la prueba; d. El termino de 15 días dispuesto por el artículo 312 para la suspensión de la audiencia de debate es un término en días naturales y no en días hábiles, la intención del legislador es que transcurra el menor tiempo posible entre el inicio del debate y el acto de deliberación, ello para que los Jueces, como personas que son, no pierdan de su memoria los detalles de los medios de prueba que han presenciado y así poder realizar un proceso de valoración más certero; De este modo el sentido del principio se perdería si se considerara que los 15 días son aquellos llamados hábiles; Consideremos como ejemplo las vacaciones judiciales (dispuestas dos veces por año por 15 días hábiles) que en promedio son en suma entre días hábiles e inhábiles de 20 a 21 días naturales, dentro de los cuales no serían contabilizados los días en los que el debate estaría suspendido, lo que provocaría una discontinuidad de la audiencia por más de 35 días (sumado los 20 a 21 días naturales por vacaciones judiciales y los 15 días hábiles de suspensión en medio de los cuales hay entre 02 a 04 días inhábiles), contrariando todo sentido de los artículos 312 y 313 del Código Procesal Penal; Igual ocurre cuando la suspensión ocurre por caso fortuito o fuerza mayor, tiempo que debe entrar dentro de la contabilización de los 15 días naturales de suspensión que autoriza el código procesal penal, porque se insiste lo que se desea proteger es la inmediación y con ella la posibilidad de que los Jueces/as puedan hacer una óptima valoración del material probatorio, lo cual se diluiría en el caso que entre la recepción de la prueba y su valoración transcurriere mucho tiempo; En estos casos no es aplicable el artículo 162 del Código Procesal Penal respecto a la reposición de los plazos, tanto por lo antes señalado como por el hecho de que la norma citada refiere a plazos a favor de las partes, lo que no ocurre con el plazo de 15 días que prevé el artículo 312 dispuesto, no a favor de las partes, sino como disposición imperativa hecha al Tribunal de Justicia; y e. En caso de que el debate haya sufrido una suspensión que supere los 15 días naturales, el debate deberá de reiniciarse, pudiendo participar en él los mismos Jueces de Sentencia que concurrieron en aquel que se suspendió, ello debido a que el reinicio del debate es como consecuencia de una disolución de la inmediación de la prueba, sin que esto comprometa la imparcialidad de los Jueces y Juezas al no haber alcanzado la etapa de valoración de la prueba, mucho menos pronunciamiento judicial sobre el caso concreto, precisamente a consecuencia de la suspensión del debate. Una vez cerrado el debate, el artículo 335 del Código Procesal Penal, indica que los miembros del Tribunal se reunirán de manera privada a efecto de realizar la deliberación, en un acto continuo y que no puede ser interrumpido, salvo por fuerza mayor o causa fortuita; en acto de deliberación, indica el artículo 336, los Jueces y Juezas de Sentencia deberán de decidir respecto a: a. Procedencia de la acción penal y las relacionadas con los incidentes cuya decisión haya sido diferida para la sentencia; b. Análisis y valoración de los medios de prueba que han presenciado conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 del Código Procesal Penal); c. Determinación de los hechos probados con base a la prueba analizada; y d. Análisis sobre la calificación legal del hecho y de las circunstancias que le rodean, incluyendo las causas eximentes de responsabilidad (Art 22 del Código Penal); en caso de pronunciamiento condenatorio, además el Tribunal de Sentencia deberá de decidir sobre: i. Grado de participación de los imputados (as); ii. Cuando exista más de un delito, determinación respecto al concurso de delitos existente; iii. Determinación de la pena abstracta aplicable, y iv. Pronunciamiento de las medidas cautelares pertinentes. Habiendo llegado los Jueces y Juezas de Sentencia a un acuerdo –por unanimidad o por mayoría- respecto a los puntos de la acusación, procederán a instalar audiencia en donde darán a conocer a las personas acusadas y a los Abogados/as de las partes las decisiones tomadas. Si el fallo solo tiene pronunciamientos absolutorios, ordena el artículo 340 que el Tribunal de Sentencia en ese mismo acto deberá de dar a conocer la sentencia respectiva o, por causa complejidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes; entre tanto, si se trata de un pronunciamiento de culpabilidad, señalan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal, se continuara con la segunda fase consistente en la audiencia de determinación de la pena concreta que debía celebrarse en un plazo no mayor de 30 días (ello conforme a las normas vigentes en aquel tiempo) y al término de ésta, los jueces y juezas de sentencia debían de reunirse nuevamente a efecto de deliberar sobre las circunstancias previstas en el artículo 69 en relación con los artículos 26 y 27 del Código Penal,, dictando de manera posterior la sentencia ya sea en esa misma fecha o, igualmente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, ten caso de complejidad. De la procedencia del Recurso. El Segundo Motivo No Es De Recibo. En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciado; En otras palabras la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que, como se ha mencionado previo, por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Se insiste que la sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso Legal que se ha explicado ut supra, siendo uno de ellos el Principio de Concentración y el de Inmediación. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Ahora bien, siguiendo el reclamo formulado por el Recurrente, corresponde centrarnos en la Garantía de Concentración que dicta que la sustanciación del proceso sea en el menor número de actos y a su vez en el menor tiempo posible entre cada uno de los actos, constituyendo todo el proceso en una unidad, para efectiva justicia en un plazo razonable (Art. 8 del Código Procesal Penal). La Garantía de Concentración debe de observarse durante todo el proceso penal (Art. 20, 143 último párrafo, 160 y 161 del Código Procesal Penal), pero ella adquiere una relevancia significativa en la etapa de juicio (Art. 306, 312 y 313 del Código Procesal Penal), en especial en la continuidad que debe de existir entre el debate y el fallo (no la sentencia), esto es porque como consecuencia del primero, se produce el segundo, de este modo la garantía de concentración proporciona una plataforma para que la inmediación sea efectiva para la valoración de la prueba. En el caso que nos ocupa, el Censor denuncia que desde la fecha en que el Tribunal de Sentencia emitió el veredicto de culpabilidad (28 de abril de 2019) y la notificación de la sentencia transcurrió un período de tiempo de más de un año y medio que el Tribunal de Sentencia hizo caso omiso de la obligación que le impone el artículo 306 del Código Procesal Penal el cual establece; “Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo. El retiro momentáneo de los miembros del Tribunal o de cualquiera de las partes, dará lugar a la suspensión del procedimiento, salvo si se trata del imputado, quien podrá retirarse con permiso del Tribunal, a cuya disposición deberá quedar hasta que se adopte otro acuerdo. Si el Defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del Tribunal, se tendrá por abandonada la defensa. Si el imputado no designa de inmediato otro Defensor de su confianza, el Tribunal de Sentencia le nombrará un Defensor Público. Cuando el abandono ocurra dentro de los tres (3) días anteriores al debate o durante el desarrollo de éste, el Tribunal podrá aplazar su inicio o suspender por una sola vez el que ya haya comenzado, por un término máximo de cinco (5) días calendario. Si el abandono de la defensa no tiene causa justificada, el Defensor será sancionado con la pena prevista en el Código Penal. Si el representante del Acusador Privado no concurre a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del tribunal, dejará de tenérsele como parte, sin perjuicio de que la persona del Acusador Privado, podrá ser obligado a comparecer cuando deba declarar como testigo. El recurrente estima que se ha vulnerado el Principio de concentración, lo que incide en la validez del fallo que ahora se impugna. Esta Sala de lo Penal considera que si bien es cierto el Juicio Oral y Público, ha de regirse por los principios de inmediatez y de concentración o unidad de acto, la inmediatez y continuidad han de ser interpretadas de acuerdo con el principio de razonabilidad. Es así como que la lectura de la sentencia puede prolongarse, tomando en consideración, la complejidad del caso, la abundancia de prueba, la cantidad de víctimas, la cantidad de imputados, peritos y demás que puede conllevar a la prolongación del dictado de una sentencia, son aspectos que deben ser considerados. El caso bajo examen, en el que se ha discutido sobre la responsabilidad penal de una persona que en compañía de otras personas ( que no forman parten del proceso), resulto responsable de cinco delitos de Asesinatos y dos delitos de Asesinato en su Grado de ejecución de Tentativa, por disparos de arma de fuego; Es por su propia naturaleza un asunto que reviste una gran complejidad en comparación con el cuantioso acervo probatorio que fue objeto de valoración por parte del Tribunal; Aunado a esto del foliado se desprende que el fallo de culpabilidad fue leído el 28 de febrero de 2019 ( f.637) ; La audiencia de individualización el 24 de abril de 2019 ( f. 642); y la sentencia se notificó hasta el 20 de agosto de 2020; Sin embargo, La Sala recuerda que el Poder Judicial, suspendió Labores a nivel nacional desde el 16 de marzo de 2020 a causa del COVID, declarando inhábiles los días y horas para efecto de actuaciones y plazos procesales, mientras estuvo en vigor la suspensión de labores; Así las cosas, La Sala ha constatado que el dictado de la sentencia se prolongó por un término de 10 meses más del tiempo establecido por el Código Procesal Penal, y no más de un año y medio como alega El Censor. Tomando en cuenta el principio de razonabilidad y por otro lado, atendiendo a que el Censor no indica con precisión que consecuencias negativas para su derecho de defensa o para la garantía genérica del debido proceso ha traído el hecho de que el Tribunal A Quo haya dictado su sentencia 10 meses después de lo establecido por la ley, La Sala de lo Penal considera que en las circunstancias apuntadas dicho órgano jurisdiccional no ha vulnerado en su esencia las normas legales invocadas ni mucho menos los derechos fundamentales antes relacionados, y que por lo tanto debe descartarse que la situación denunciada por el casacionista haya incidido en una relación causa-efecto en la validez de la sentencia recurrida. En conclusión el Principio de Concentración es, por decirlo de alguna manera, escudo protector de la inmediación respecto al pronunciamiento del fallo, evitando así la disolución de los efectos de la inmediación de la prueba y, por ende, permitiendo a los Jueces y Juezas tener presente en su memoria todas las incidencias que pudieron presenciar durante la evacuación de la prueba al momento en que corresponda hacer la deliberación del caso, en donde una de las tareas más importantes es la valoración de la prueba; pero además el Principio de Concentración permite el fiel cumplimiento de la obligación del Estado de Honduras de hacer pronunciamientos judiciales de manera oportuna, en plazo razonable, dando respuesta a los intereses subjetivos en disputa, cumpliendo así lo ordenado por el artículo 9.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Artículo 7.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Los efectos de la inobservancia del Principio de Concentración serán particulares a depender del momento procesal en que se produzca, pues la dilación indebida en irrespeto de los plazos legales entre el debate y la deliberación produce el mismo efecto señalado por la ley procesal para los casos de suspensión de la audiencia de debate por un término mayor a los 15 días: la nulidad del debate (Artículo 312 y 313 del Código Procesal Penal); empero si el quebrantamiento se encuentra por dilación en el señalamiento de la audiencia de debate o en el pronunciamiento de la sentencia después de la deliberación y notificación de decisión, en donde no existe ofensa a la inmediación, tiene como consecuencia la deducción de responsabilidad a los funcionarios/as judiciales cuando por acción u omisión injustificable hayan dado a lugar el incumplimiento de los plazos legales o un plazo razonable de juzgamiento, pues su nulidad en estos casos solo produciría más dilación en dar respuesta a lo debatido.Por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo de casación por Infracción desarrollado en el presente apartado, debe ser desestimado. “Decisión: Declarar No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en sus dos motivos interpuestos por las Defensa Privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa de los señores Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodriguez Henríquez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concretoEn la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real de delitos; se impuso a los acusados Enrique Sacarías Aguilar López y Gerson Javier Rodriguez Henríquez, a las siguientes penas: • Veintidós (22) años de reclusión como autores materiales directos del delito de asesinato, en perjuicio de José Alexis Salas Caballero, Linda Mercedes Moreno Enamorado, Wilmer Daniel Vindel Canales, Wilmer Geovany Vindel Cribas y José Alejandro Fajardo Urrutia. • Diecisiete (17) años de reclusión como autores material directo del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido “XS-1” y Testigo Protegido “O”. • Mas las Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil y las de Responsabilidad Civil. En suma, la pena concreta impuesta a los acusados es de 144 años de reclusión, de los que cumplirá solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato (Art.193) tiene un tipo penal básico con una pena principal de 20 a 25 años de prisión, un tipo agravado con una pena de 25 a 30 años de prisión, cuando concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, aspecto que no se contempla en la presente causa; en cuanto a los delitos de asesinato tentados, en base a los artículos 21 y 62 y tratándose de dos tentativas acabada, la pena deberá rebajarse en un cuarto (1/4), resultando una nueva pena abstracta de 15 a 20 años de prisión: Del hecho probado se desprende la circunstancia agravante estipulada en el articulo 32 numeral 4 del Código Penal; Al portar los acusados vestimenta alusiva a la Policía Nacional, así como aprovechar el momento que el semáforo indicaba luz roja, para anteponerse al vehículo de las victimas y así asegurar el resultado; por lo que correspondería imponerles la pena media hasta el límite máximo, resultando una nueva pena abstracta de 22 años 6 meses 25 años de prisión, para el delito de asesinato y de 17 años 6 meses a 20 años de prisión para el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Como penas accesorias; Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión, Como penas accesorias; La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena y responsabilidad civil. Al apreciarse un concurso real, el límite objetivo ordinario de cumplimiento material de las penas es de 30 años de prisión, lo que resulta igual al único límite de cumplimiento de pena establecido en el decreto 144-83, para los delitos de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa; En el caso del delito de Asesinato el límite objetivo extraordinario de cumplimiento sería de 40 años, por exceder la pena del Asesinato los 20 años de prisión; lo que resulta igual al único límite de cumplimiento de pena establecido en el decreto 144-83; el límite subjetivo de cumplimiento sería de 75 años de prisión; En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos de asesinato cometidos por los acusados, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 112 años 6 meses a 125 años de prisión; El marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa cometidos por los acusados, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 35 años a 40 años de prisión, haciendo un total de 146 años 6 meses a 165 años de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la suma de las penas impuestas en la sentencia recurrida de 144 años de reclusión, es más beneficiosa para los acusados, al representar penas de menor cuantía en comparación a las penas del NCP decreto 130-2017; Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; ; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217; 116 del Código Penal decreto 144-83. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Augusto Rafael Fletes, en su condición de Defensor Privado del señor Gerson Javier Rodriguez Henríquez, a quien se le condenó por un cinco delitos de Asesinato, en perjuicio de José Alexis Salas Caballero, Linda Mercedes Moreno Enamorado, Wilmer Daniel Vindel Canales, Wilmer Geovani Vindel Cribas y José Alejandro Fajardo Urrutia, y por dos delitos de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Testigo Protegido “XS-1” y Testigo Protegido “O”. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal, Decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha doce de abril de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Mairena Franco.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-98-2021.
LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.
Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal.”