Sentencia CP-96-19 — Registro 19452
Resumen
En primera instancia el Tribunal de Sentencia condenó a los acusados por el delito de asesinato, resolviendo la Sala de lo Penal No Ha Lugar el recurso de casación y se declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. El segundo motivo no es de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. El recurrente confunde el alcance de la incorporación ilegal al juicio de un medio de prueba y se sumerge en aspectos redundantes, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado. Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba. Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio antes descrito, que no ocurre con el medio de prueba referido por el recurrente, pues el mismo estuvo en cada etapa del proceso probatorio, por lo cual devine ser improcedente el motivo invocado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...e la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación; dandole razón a la representación del Ministerio Público, cuando describe que el censor se ha apartado del principio de debida técnica; conforme se ha explicado claramente en el apartado de la fundamentación jurídica, acerca de los principios y técnicas necesarias para la conformación y desarrollo de un recurso de casación, al hacer una lectura del recurso presentado por el censor, es posible detectar en su impugnación que ha faltado a la técnica recursiva necesaria para que esta Sala de lo Penal proceda a dar una respuesta adecuada a sus cuestionamientos. El recurrente, invoca en un solo pronunciamiento dos recursos casacionales, volviendo sus alegatos confusos y falto de claridad; por una parte denuncia violación de derechos fundamentales como ser el derecho de un estado de inocencia y por otra violación de las reglas de la sana crítica, luego trata de explicar que en el resultado de la evacuación de los medios de prueba es contradictoria y que sin embargo el juzgador da plena credibilidad; la Sala de lo Penal, sustrae del desarrollo recursivo, que el recurrente lo que realizó fue una revaloración del material probatorio, es decir externó criterios subjetivos de cómo se debió valorar la prueba, ejercicio mental que no es permitido en esta etapa casacional, sino que dicha tarea compete únicamente al sentenciador, quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo, esa es una de los principios básicos en la casación donde se aleguen quebranto en la formas de procedimiento; la simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación al derecho de estado de inocencia, de las reglas de la sana crítica y aquejar la valoración de la prueba en los términos analizados, meya negativamente en la suerte del recurso; por tanto, su recurso se vuelve confuso y falto de claridad no cumpliendo con los requerimientos mínimos para técnica en casación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011)..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, la pena principal de veinte (20) años de reclusión, como autores responsable penalmente de un delito de Asesinato en perjuicio Ruben Mejia Perez. Además, la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; II. Pena accesoria de interdicción civil; III. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; IV. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los acusados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de asesinato (Art. 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-96-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP-96-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, como autores responsables del delito de Asesinato en perjuicio Ruben Mejia Perez a la pena de veinte (20) años de reclusión. Segundo: Condenó a Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, como consecuencia de la condena de reclusión, penas que tendrán la misma duración que la condena por la pena principal, así mismo y por el mismo tiempo, se les condena a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró a los condenados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, responsables civilmente de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por los que son condenados, la que podrá ser objeto de tasación en la fase de ejecución. Cuarto: No procedió condenar en costas a los acusados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Quinto: No procedió declarar el comiso, por no haberse presentado piezas de convicción. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Juan Ángel Lanza Sabillon, en su condición de defensor privado de los encartados Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Por Quebrantamiento de Forma, el Abogado José Adalberto Mendoza Díaz, en su condición de defensor privado del encartado Rubén Roberto Mejía Castellanos. Son partes en única instancia: Los abogados José Adalberto Mendoza Díaz y Juan Ángel Lanza Sabillon, Defensores Privados, en sus condiciones de recurrentes. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: El día Lunes nueve de Noviembre del año dos mil quince como a eso de las doce y veinte minutos de la tarde en la propiedad del hoy occiso Rubén Mejía Pérez, ubicada en la orilla de la carretera que comunica las aldeas de San Fernando, municipio de Santa Rita, y la aldea San Isidro del municipio de San Francisco de Ojuera, de este departamento de Santa Bárbara los hoy encausados ARNOLD ANTONIO MEJIA CASTELLANOS, ARNALDO CASTELLANOS CASTELLANOS, ADIEL CASTELLANOS CASTELLANOS, RUDY ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, RUBEN ROBERTO MEJIA CASTELLANOS Y LEVIN RUBEN CASTELLANOS CASTELLANOS, con armas de fuego salen de la orilla de la carretera y sin mediar palabra comienzan a disparar contra la humanidad de RUBÉN MEJÍA PÉREZ, asestándole múltiples heridas, ubicadas en la forma siguiente: 1) estallamiento de cabeza, 2) orificio de bordes irregulares en tórax anterior derecho 3) ocho orificios bordes irregulares en tórax anterior izquierdo, 4) dos orificios borde irregular en tórax anterior 5) orificios bordes regulares y uno en borde de ojal en línea media axila derecha a nivel de borde sub costal 6) protucion en región columna taraco lumbar a la derecha y 7) orificio bordes irregulares en región lumbar izquierda, las que le causaron la muerte en forma inmediata en el mismo lugar de los hechos..” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS El Abogado Juan Ángel lanza Sabillon, en su condición de defensor privado de Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “RECURSO POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN: Infracción del Precepto Constitucional contenido en el Artículo 89 (Presunción de Inocencia) en relación con los Artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN: POR CONTENER LA SENTENCIA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA. Precepto Autorizante: Artículo 362 (Numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS Primero.- La sentencia recurrida, en los hechos declarados probados establece: Hecho único: El día Lunes Nueve de Noviembre del año Dos Mil Quince como a eso de las doce y veinte minutos de la tarde en la propiedad del hoy occiso Rubén Mejía Pérez, ubicada en la orilla de la carretera que comunica las aldeas de San Fernando, Municipio de Santa Rita y la aldea San Isidro del Municipio de San Francisco de Ojuera, de este departamento de Santa Bárbara los hoy encausados ARNOLD ANTONIO MЕЛА CASTELLANOS, ARNALDO CASTELLANOS CASTELLANOS, ADIEL CASTELLANOS CASTELLANOS, RUDY ANTONI HERNANDEZ CASTELLANOS, RUBEN ROBERTO МЕЛА CASTELLANOS Y LEVIN RUBEN CASTELLANOS CASTELLANOS, con armas de fuego salen de la orilla de la carretera y sin mediar palabra comienzan a disparar contra la humanidad de RUBEN MEJIA PEREZ asestándole múltiples heridas, ubicadas en la forma siguiente: 1) Estallamiento de cabeza, 2) orificios de bordes irregulares en tórax anterior derecho, 3) ocho orificios bordes irregulares en toraz anterior izquierdo, 4) dos orificios borde irregular en toraz anterior, 5) orificios bordes regulares y uno en borde ojal en línea media axila derecha a nivel de borde sub costal, 6) protucion en región columna taraco lumbar a la derecha y 7) orificio bordes irregulares en región lumbar izquierda, las que le causaron la muerte en forma inmediata en el mismo lugar de los hechos. PRIMERO: Las normas Constitucionales y Legales que se denuncian como infringidas entre otras disposiciones señalan que: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y que ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de Sentencia firme dictada por el Órgano Jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un Juicio Oral y Público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. Los Juzgadores al dictar Sentencia Condenatoria en contra de mis representados Señores ARNALDO CASTELLANOS CASTELLANOS, ADIEL CASTELLANOS CASTELLANOS, RUDY ANTONI HERNANDEZ CASTELLANOS Y LEVIN RUBEN CASTELLANOS CASTELLANOS, por el delito de ASESINATO en perjuicio de RUBEN MEJIA PEREZ infringen gravemente el fundamental derecho a la Presunción de Inocencia que le asiste a los imputados por mandato constitucional. Corresponde en este motivo desarrollar a cabalidad las contradicciones y ausencia de valoración de material probatorio conforme la sana critica, esto implica utilizar la lógica, máxima de la experiencia, psicología entre otras, pues afirma El Tribunal en primer lugar que le da absoluta credibilidad a la única declaración rendida por el testigo protegido con Clave X; sin embargo esta defensa no comparte el criterio del Tribunal de Sentencia por qué dicho testimonio se introdujo como lectura autorizada, ya que el testigo protegido no compareció al Juicio Oral y Público, es decir el testimonio no fue escuchado de viva voz por los Honorables Jueces de Sentencia para que establezcan en la Valoración de la Prueba Numeral Primero "Este Tribunal a esta declaración le da la credibilidad, ya que no existen razones racionales, válidas y legales para desechar su testimonio, que por el contrario resulta contundente, veraz y completa, para extraer de la misma el relato factico, de la forma en que ocurrieron los hechos que se declaran probados". Al hacer un análisis profundo y de la simple lectura de la declaración rendida por el testigo protegido con Clave X se pueden apreciar las sendas contradicciones en las que entra, como por ejemplo: 1) Que observo de una distancia de "40 brazadas" equivalentes aproximadamente a más de 73 metros es decir casi un kilómetro de distancia, la cual nos parece una distancia considerable y retirada para apreciar con exactitud los hechos; 2) A parte de la distancia el testigo refiere que el lugar es como "vuelta, recta y dobla" un camino quebrado que imposibilita la visibilidad por las "vueltas" a que hace referencia el testigo, 3) Distancia considerable, camino quebrado y asegura el testigo que todo lo vio escondido dentro de unos matorrales, nos preguntamos ¿Cómo este testigo protegido con todas esas dificultades visuales puede asegurar con contundencia que mis representados le dieron muerte al Señor RUBEN MEJIA PEREZ? y 4) Aparte de las 3 contradicciones anteriores el testigo también se contradice en el hecho de que manifiesta que él se encontraba escondido en unos matorrales a la orilla de la calle y los hechos ocurrieron dentro de un beneficio ecológico propiedad del ahora occiso, es claro que el Tribunal de Sentencia a inobservado las Reglas de la Sana Critica, en la valoración de la prueba, como lo es, la Lógica, experiencia y sentido común, ya que es evidente y simple determinar que el testimonio del testigo protegido es acomodado con el propósito de responsabilizar a mis clientes, además Honorables Magistrados, durante el debate ninguna prueba demostró cual fue el motivo para que mis representados hayan podido darle muerte a la víctima, pues en todo hecho delictivo siempre hay un móvil o causa que lleva al sujeto a cometer un hecho delictivo, causa que corresponde al ente acusador investigarla, pero en este caso como la investigación fue muy escueta e inapropiada no se pudo establecer tal circunstancia; sin embargo el Tribunal de Sentencia, los declara responsables de esos hechos. Aparte de ser contradictoria la declaración rendida por el testigo clave X, se trata de una sola declaración, es decir una sola persona, lo cual la vuelve una exigua e irreal prueba testifical de cargo. Segundo: En este motivo señalamos de igual manera la ausencia de valoración de material probatorio conforme la sana crítica por parte del Honorable Tribunal de Sentencia, ya que en el Numeral Tercero de la Valoración de la Prueba, y haciendo referencia a la declaración de los testigos de descargo propuestos por esta defensa, señores RUBEN LORENZO RODRIGUEZ Y WILMAN ORELLANA SORTO considera "A juicio de este Tribunal de Sentencia las declaraciones de los testigos de la defensa constituye una coartada que no resiste el escrutinio de convicción y certeza, como consecuencia produce que la misma carezca de infalibilidad, condición que no le permite dar como cierto el contenido de sus declaraciones existiendo prueba directa de cargo como ser el testigo clave x, por lo que no cabe dar por ciertas dos tesis contradictorias.- Por lo tanto este Tribunal estima que los testigos antes mencionados, no le merecen credibilidad criterio que no compartimos, ya que los testigos nominados por la defensa en todo momento fueron contestes al momento de ser interrogados por esta defensa, como por parte del Ministerio Publico y de manera clara ambos testigos refieren que el día y hora en que ocurrieron los hechos mis representados señores ARNALDO CASTELLANOS CASTELLANOS, ADIEL CASTELLANOS CASTELLANOS, RUDY ANTONI HERNANDEZ CASTELLANOS Y LEVIN RUBEN CASTELLANOS CASTELLANOS se encontraban en esta Ciudad cabecera, a una distancia de más de 40 Kilómetros, y que en el caso del testigo WILMAN ORELLANA SORTO mis representados en todo momento estuvieron con él porque venían a realizar la compra de un terreno e identificó hasta el Bufete Legal donde estaban haciendo el trámite legal, lo cual consideramos que no es coartada, de igual manera no compartimos el hecho de que se considere como no creíble el contenido de las declaraciones de los testigos de esta defensa, ya que de la simple lectura de la declaración e interrogatorio de dichos testigos se puede deducir que ellos siempre contestaron de manera clara, precisa y contundente sobre el día en que ocurrieron los hechos; asimismo no compartimos el criterio del Honorable Tribunal de Sentencia al decir que existe como prueba directa de cargo la declaración del UNICO supuesto testigo denominado con clave x, testigo que además fue señalado en las conclusiones por el apoderado legal del imputado ARNOLD ANTONIO MEJIA CASTELLANOS, como un testigo que estuvo recluido y que tenía un interés directo en afectar a nuestros representados, y que además un solo testigo hace semi plena prueba y dos testigos hacen plena prueba, razón por la cual consideramos que no cabe decir que existen dos tesis contradictorias, ya que nuestros dos testigos que son contestes en todo momento hacen plena prueba, por lo que no cabe duda que el Tribunal de Sentencia en la resolución que ahora se impugna vía casación, ha violentado el Principio de Inocencia de mis representados, al carecer el proceso de prueba mínima considerable para quebrantar dicho principio, ya que la prueba fue valorada de manera aislada sin apego con las Reglas de la Sana Critica. Así mismo a pesar de que el Honorable Tribunal intenta aplicar la lógica y sentido común al de acomodar descartando las incongruencias y sendas contradicciones del testigo de cargo, la máxima de la experiencia nos dice también, que un caso de esta naturaleza donde una persona perdió la vida, la investigación es compleja, en donde debe interrogarse a todas las personas que estaban cerca del lugar, para poder determinar si existía alguna enemistad manifiesta entre mis representados y la víctima, y así poder determinar la alevosía que es requisito sine qua non para el ilícito penal de Asesinato, pero en este caso la investigación solo abarca la declaración del único testigo que tiene interés en el caso, por esa razón esta defensa indica que no ha existido una apropiada investigación, por lo tanto no existe la certeza de que mis representados participaran en el hecho que se les imputa; estas circunstancias el Tribunal de Sentencia, no las observo, aspectos que tuvieron que ser tomados en cuenta, porque no existe otro medio de prueba que corrobore o reafirme el testimonio de este testigo. Como lo recalcamos, el Tribunal ha obviado el Principio de Inocencia y la aplicación de las reglas de la Sana Critica, pues no aplicado de forma clara, sucinta y precisa como realiza la valoración causal entre cada una de las pruebas, es decir, no ha dado una correlación lógica entre los hechos declarados probados, la valoración de la prueba y su fundamentación jurídica para llegar a esa resolución, por lo tanto al no hacer una valoración lógica omite la aplicación de las reglas de la sana critica al no advertir la existencia material probatorio que favorece a los imputados y que excluye de su valoración y solamente lo toman las partes que lo perjudican, por lo que no cabe duda que existe en esta causa la duda razonable que de acuerdo al artículo 339 del Código Procesal Penal, esto permite una sentencia absolutoria. RECLAMO Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señalamos que el vicio se produce en la Sentencia Definitiva, razón por el cual el reclamo lo constituye el presente recurso. APLICACIÓN PRETENDIDA Que con toda la contradicción señalada anteriormente, es de nuestro criterio que debe dictarse una sentencia absolutoria” El Abogado José Adalberto Mendoza Díaz, en su condición de defensor privado del encartado Rubén Roberto Mejía Castellanos, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACION. PRIMER MOTIVO. PRECECTO AUTORIZANTE se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 1 del código de Procedimientos Penales que dice " el recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida ADOLEZCA alguno de los vicios siguientes PRIMER VICIO que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictorio. CONCEPTO DE LA INFRACCION El concepto de la infracción la explico de la siguiente manera Al expresar los Jueces del Tribunal de Sentencia bajo el epígrafe valoración de la prueba.-PRIMERO El hecho único declarado probado lo ha sido principalmente por la declaración del testigo clave x quien manifiesta que el día lunes nueve de noviembre venia de San Fernando, e iba a san Francisco de Ojuera cuando observe seis individuos fuertemente armados cuando ellos se dirigieron a San Isidro, San Francisco de Ojuera, cuando los observe a ellos me hice a unos matorrales de malanga fue a las doce del mediodía en el beneficio ecológico pertenece a Rubén Mejia Pérez el difunto, observo desde 40 brasadas del ligar.... Ahora observe lo que manifiesta el testigo X cuando declara como prueba anticipada el 24 de Noviembre del año 2015 "el día lunes 9 de noviembre a las doce y veinte del mediodía, seis individuos fuertemente armados donde yo me dirigía de san Fernando a san Isidro, en el momento que los mire me hice a un lado por unos matorrales cuando se mediar palabras le abrieron fuego al señor Rubén Mejía....- Y observe el acta de levantamiento de la Doctora Matilde María Córdova Martínez en el levantamiento numero 2015160107010224 quien describe que el día ocho de noviembre del año 2015 a las doce y once del mediodía levanto el cadáver del señor Rubén Meia Pérez Podemos observar contradicción entre 1) la declaración del testigo clave x 2) la valoración que hacen de la prueba los Honorables jueces del tribunal de sentencia y 3) El levantamiento que realizo la Doctora Matilde médico forense. No concuerdan en la fecha y hora de la muerte del señor Rubén Mejía Pérez. Hay contradicción entre el medio de prueba testifical y el medio de prueba pericial. Honorables Magistrado la Sentencia recurrida adolece de vicios es una sentencia que no es clara y se contradicen los medio probatorios que presento el Honorable Fiscal.” Continua manifestando el recurrente en su recurso de casación: “ SEGUNDO VICIO: Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el titulo IV del libro segundo de este código excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. CONCEPTO DE LA INFRACCION El concepto de la infracción la explico de la siguiente manera El levantamiento que realizo la doctora Matilde María Cordova Martínez levantamiento numero 2015160107010224 fue puesto a la vista por parte de la secretaria la señora Jenny Judith Muñoz Díaz quien exhibió el acta de levantamiento de cadáver a la Doctora Matilde Córdova y le pregunto si ratificaba cada una de sus partes y manifestó la Doctora Matilde que si y que no iba ampliarla ni a modificarla.- Se incorporo al debate la acta de levantamiento cadavérico que no se había hecho la enmienda de fecha 8 de noviembre del 2015 hora 12:11.- Se debió incorporar al debate el acta de audiencia inicial donde la doctora Matilde María Córdova Martínez enmienda el levantamiento.-Por tal razón el medio probatorio pericial propuesto por el Honorable fiscal adolece de vicio y no fue incorporado legalmente violando el artículo 336 del código procesal penal que dice El tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con la regla de la sana critica. Esto quiere decir Honorables Magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia que no se probó la muerte real del señor Rubén Mejía Pérez.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto -por una parte- es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al recurrente de cumplir con los requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: Elrecurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término, el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: el recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…” Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada de Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Único motivo. • Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 89 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Violación al Derecho/Principio del estado material de inocencia. • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada de Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Único motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 339 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: Por contener la sentencia inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad al producirse el vicio al momento de dictar la sentencia; • Pretensión: Se dicte Sentencia Absolutoria. El Censor plantea dos recursos de casación, uno por Infracción de Precepto Constitucional y otro por Quebrantamiento de forma, sin embargo, ambos son desarrollados de manera conjunta, señalando que se infringen gravemente el fundamental derecho a la Presunción de Inocencia que le asiste a los imputados por mandato constitucional. Luego señal que corresponde por este motivo desarrollar a cabalidad las contradicciones y ausencia de valoración de material probatorio conforme la sana crítica, utilizando la lógica, máxima de la experiencia, psicología entre otras, pues afirma según el recurrente, el Tribunal en primer lugar le da absoluta credibilidad a la única declaración rendida por el testigo protegido con Clave X; sin embargo, manifiesta el recurrente que no comparte el criterio del Tribunal de Sentencia por qué dicho testimonio se introdujo como lectura autorizada, ya que el testigo protegido no compareció al Juicio Oral y Público, es decir el testimonio no fue escuchado de viva voz; luego el censor, señala las contradicciones que encontró en dicha declaración testifical; concluyendo el recurrente, que el Tribunal de Sentencia a inobservado las Reglas de la Sana Critica, en la valoración de la prueba, como lo es, la Lógica, experiencia y sentido común, al ser evidente y simple determinar que el testimonio del testigo protegido es acomodado con el propósito de responsabilizar a sus clientes, además que durante el debate ninguna prueba demostró cual fue el motivo para que mis representados hayan podido darle muerte a la víctima. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación; dandole razón a la representación del Ministerio Público, cuando describe que el censor se ha apartado del principio de debida técnica; conforme se ha explicado claramente en el apartado de la fundamentación jurídica, acerca de los principios y técnicas necesarias para la conformación y desarrollo de un recurso de casación, al hacer una lectura del recurso presentado por el censor, es posible detectar en su impugnación que ha faltado a la técnica recursiva necesaria para que esta Sala de lo Penal proceda a dar una respuesta adecuada a sus cuestionamientos. El recurrente, invoca en un solo pronunciamiento dos recursos casacionales, volviendo sus alegatos confusos y falto de claridad; por una parte denuncia violación de derechos fundamentales como ser el derecho de un estado de inocencia y por otra violación de las reglas de la sana crítica, luego trata de explicar que en el resultado de la evacuación de los medios de prueba es contradictoria y que sin embargo el juzgador da plena credibilidad; la Sala de lo Penal, sustrae del desarrollo recursivo, que el recurrente lo que realizó fue una revaloración del material probatorio, es decir externó criterios subjetivos de cómo se debió valorar la prueba, ejercicio mental que no es permitido en esta etapa casacional, sino que dicha tarea compete únicamente al sentenciador, quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo, esa es una de los principios básicos en la casación donde se aleguen quebranto en la formas de procedimiento; la simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación al derecho de estado de inocencia, de las reglas de la sana crítica y aquejar la valoración de la prueba en los términos analizados, meya negativamente en la suerte del recurso; por tanto, su recurso se vuelve confuso y falto de claridad no cumpliendo con los requerimientos mínimos para técnica en casación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada de Rubén Roberto Mejía Castellanos. Primer motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 339 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estimo probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El Recurrente luego de describir los hechos declarados por el juzgador, señala que no concuerda la fecha y la hora de la muerte del señor Rubén Mejía Pérez, desde su punto de vista hay contradicción entre el medio de prueba testifical y el medio de prueba pericial. De la procedencia del recurso. El primer motivo no es de recibo. Luego del análisis del desarrollo recursivo, resulta para esta Sala de lo Penal, que el recurrente desconoce el alcance del motivo invocado, al contraponer lo descrito en el hecho probado con prueba evacuada en juicio, cuando la sala ha sido insistente cuando se invocan este tipo de motivos, que al hablar de contradicción, es referirnos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, y por supuesto, producirse únicamente dentro del factum de la resolución, pauta que omitiera el censor al argumentar hechos fuera del factum como lo resultado de un medio de prueba, el cual se enmarca en un motivo de Casación distinto al presentado, siendo éste el contenido en el artículo 362.3 CPP: “Si en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica” que debió haberse formalizado por separado por ser excluyente.- Es de reflexionarse que no puede formalizarse recurso de casación por quebrantamiento de forma alegando que los hechos probados no sean claros, terminante o que sean contradictorios y al mismo tiempo denunciar contradicciones con medios probatorios. En conclusión, el hecho probado que sustenta la sentencia venida en casación obedece los requisitos mínimos exigidos por la legislación procesal penal. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada de Rubén Roberto Mejía Castellanos. Segundo motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 336 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados para su lectura en violación a normas procedimentales; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se dicte Sentencia Absolutoria. El Recurrente denuncia que el acta de levantamiento número 2015160107010224 fue ratificado por la Dra. Matilde Córdova quien manifestó no ampliar meno modificarla, aun y cuando fue incorporada al debate sin la enmienda de la fecha y hora, concluye el recurrente que por ello adolece de vicio y no fue incorporado legalmente. De la procedencia del recurso. El segundo motivo no es de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. El recurrente confunde el alcance de la incorporación ilegal al juicio de un medio de prueba y se sumerge en aspectos redundantes, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado. Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba. Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio antes descrito, que no ocurre con el medio de prueba referido por el recurrente, pues el mismo estuvo en cada etapa del proceso probatorio, por lo cual devine ser improcedente el motivo invocado. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus motivos invocados. • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en cada uno de sus motivos de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa de los acusados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, la pena principal de veinte (20) años de reclusión, como autores responsable penalmente de un delito de Asesinato en perjuicio Ruben Mejia Perez. Además, la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; II. Pena accesoria de interdicción civil; III. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; IV. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los acusados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de asesinato (Art. 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma; interpuesto por el Abogado Juan Ángel Lanza Sabillon, en su condición de defensor privado de los encartados Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos; interpuesto por el Abogado José Adalberto Mendoza Díaz, en su condición de defensor privado del encartado Rubén Roberto Mejía Castellanos. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los hoy condenados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, como autores responsables del delito de Asesinato en perjuicio Ruben Mejia Perez. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Pia Cristina Mejia Nuñez. - Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”.Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-96-2019. PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-96-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP-96-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, como autores responsables del delito de Asesinato en perjuicio Ruben Mejia Perez a la pena de veinte (20) años de reclusión. Segundo: Condenó a Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, como consecuencia de la condena de reclusión, penas que tendrán la misma duración que la condena por la pena principal, así mismo y por el mismo tiempo, se les condena a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró a los condenados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, responsables civilmente de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por los que son condenados, la que podrá ser objeto de tasación en la fase de ejecución. Cuarto: No procedió condenar en costas a los acusados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Quinto: No procedió declarar el comiso, por no haberse presentado piezas de convicción. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Juan Ángel Lanza Sabillon, en su condición de defensor privado de los encartados Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Por Quebrantamiento de Forma, el Abogado José Adalberto Mendoza Díaz, en su condición de defensor privado del encartado Rubén Roberto Mejía Castellanos. Son partes en única instancia: Los abogados José Adalberto Mendoza Díaz y Juan Ángel Lanza Sabillon, Defensores Privados, en sus condiciones de recurrentes. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: El día Lunes nueve de Noviembre del año dos mil quince como a eso de las doce y veinte minutos de la tarde en la propiedad del hoy occiso Rubén Mejía Pérez, ubicada en la orilla de la carretera que comunica las aldeas de San Fernando, municipio de Santa Rita, y la aldea San Isidro del municipio de San Francisco de Ojuera, de este departamento de Santa Bárbara los hoy encausados ARNOLD ANTONIO MEJIA CASTELLANOS, ARNALDO CASTELLANOS CASTELLANOS, ADIEL CASTELLANOS CASTELLANOS, RUDY ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, RUBEN ROBERTO MEJIA CASTELLANOS Y LEVIN RUBEN CASTELLANOS CASTELLANOS, con armas de fuego salen de la orilla de la carretera y sin mediar palabra comienzan a disparar contra la humanidad de RUBÉN MEJÍA PÉREZ, asestándole múltiples heridas, ubicadas en la forma siguiente: 1) estallamiento de cabeza, 2) orificio de bordes irregulares en tórax anterior derecho 3) ocho orificios bordes irregulares en tórax anterior izquierdo, 4) dos orificios borde irregular en tórax anterior 5) orificios bordes regulares y uno en borde de ojal en línea media axila derecha a nivel de borde sub costal 6) protucion en región columna taraco lumbar a la derecha y 7) orificio bordes irregulares en región lumbar izquierda, las que le causaron la muerte en forma inmediata en el mismo lugar de los hechos..” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS El Abogado Juan Ángel lanza Sabillon, en su condición de defensor privado de Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “RECURSO POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN: Infracción del Precepto Constitucional contenido en el Artículo 89 (Presunción de Inocencia) en relación con los Artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN: POR CONTENER LA SENTENCIA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA. Precepto Autorizante: Artículo 362 (Numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS Primero.- La sentencia recurrida, en los hechos declarados probados establece: Hecho único: El día Lunes Nueve de Noviembre del año Dos Mil Quince como a eso de las doce y veinte minutos de la tarde en la propiedad del hoy occiso Rubén Mejía Pérez, ubicada en la orilla de la carretera que comunica las aldeas de San Fernando, Municipio de Santa Rita y la aldea San Isidro del Municipio de San Francisco de Ojuera, de este departamento de Santa Bárbara los hoy encausados ARNOLD ANTONIO MЕЛА CASTELLANOS, ARNALDO CASTELLANOS CASTELLANOS, ADIEL CASTELLANOS CASTELLANOS, RUDY ANTONI HERNANDEZ CASTELLANOS, RUBEN ROBERTO МЕЛА CASTELLANOS Y LEVIN RUBEN CASTELLANOS CASTELLANOS, con armas de fuego salen de la orilla de la carretera y sin mediar palabra comienzan a disparar contra la humanidad de RUBEN MEJIA PEREZ asestándole múltiples heridas, ubicadas en la forma siguiente: 1) Estallamiento de cabeza, 2) orificios de bordes irregulares en tórax anterior derecho, 3) ocho orificios bordes irregulares en toraz anterior izquierdo, 4) dos orificios borde irregular en toraz anterior, 5) orificios bordes regulares y uno en borde ojal en línea media axila derecha a nivel de borde sub costal, 6) protucion en región columna taraco lumbar a la derecha y 7) orificio bordes irregulares en región lumbar izquierda, las que le causaron la muerte en forma inmediata en el mismo lugar de los hechos. PRIMERO: Las normas Constitucionales y Legales que se denuncian como infringidas entre otras disposiciones señalan que: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y que ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de Sentencia firme dictada por el Órgano Jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un Juicio Oral y Público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. Los Juzgadores al dictar Sentencia Condenatoria en contra de mis representados Señores ARNALDO CASTELLANOS CASTELLANOS, ADIEL CASTELLANOS CASTELLANOS, RUDY ANTONI HERNANDEZ CASTELLANOS Y LEVIN RUBEN CASTELLANOS CASTELLANOS, por el delito de ASESINATO en perjuicio de RUBEN MEJIA PEREZ infringen gravemente el fundamental derecho a la Presunción de Inocencia que le asiste a los imputados por mandato constitucional. Corresponde en este motivo desarrollar a cabalidad las contradicciones y ausencia de valoración de material probatorio conforme la sana critica, esto implica utilizar la lógica, máxima de la experiencia, psicología entre otras, pues afirma El Tribunal en primer lugar que le da absoluta credibilidad a la única declaración rendida por el testigo protegido con Clave X; sin embargo esta defensa no comparte el criterio del Tribunal de Sentencia por qué dicho testimonio se introdujo como lectura autorizada, ya que el testigo protegido no compareció al Juicio Oral y Público, es decir el testimonio no fue escuchado de viva voz por los Honorables Jueces de Sentencia para que establezcan en la Valoración de la Prueba Numeral Primero "Este Tribunal a esta declaración le da la credibilidad, ya que no existen razones racionales, válidas y legales para desechar su testimonio, que por el contrario resulta contundente, veraz y completa, para extraer de la misma el relato factico, de la forma en que ocurrieron los hechos que se declaran probados". Al hacer un análisis profundo y de la simple lectura de la declaración rendida por el testigo protegido con Clave X se pueden apreciar las sendas contradicciones en las que entra, como por ejemplo: 1) Que observo de una distancia de "40 brazadas" equivalentes aproximadamente a más de 73 metros es decir casi un kilómetro de distancia, la cual nos parece una distancia considerable y retirada para apreciar con exactitud los hechos; 2) A parte de la distancia el testigo refiere que el lugar es como "vuelta, recta y dobla" un camino quebrado que imposibilita la visibilidad por las "vueltas" a que hace referencia el testigo, 3) Distancia considerable, camino quebrado y asegura el testigo que todo lo vio escondido dentro de unos matorrales, nos preguntamos ¿Cómo este testigo protegido con todas esas dificultades visuales puede asegurar con contundencia que mis representados le dieron muerte al Señor RUBEN MEJIA PEREZ? y 4) Aparte de las 3 contradicciones anteriores el testigo también se contradice en el hecho de que manifiesta que él se encontraba escondido en unos matorrales a la orilla de la calle y los hechos ocurrieron dentro de un beneficio ecológico propiedad del ahora occiso, es claro que el Tribunal de Sentencia a inobservado las Reglas de la Sana Critica, en la valoración de la prueba, como lo es, la Lógica, experiencia y sentido común, ya que es evidente y simple determinar que el testimonio del testigo protegido es acomodado con el propósito de responsabilizar a mis clientes, además Honorables Magistrados, durante el debate ninguna prueba demostró cual fue el motivo para que mis representados hayan podido darle muerte a la víctima, pues en todo hecho delictivo siempre hay un móvil o causa que lleva al sujeto a cometer un hecho delictivo, causa que corresponde al ente acusador investigarla, pero en este caso como la investigación fue muy escueta e inapropiada no se pudo establecer tal circunstancia; sin embargo el Tribunal de Sentencia, los declara responsables de esos hechos. Aparte de ser contradictoria la declaración rendida por el testigo clave X, se trata de una sola declaración, es decir una sola persona, lo cual la vuelve una exigua e irreal prueba testifical de cargo. Segundo: En este motivo señalamos de igual manera la ausencia de valoración de material probatorio conforme la sana crítica por parte del Honorable Tribunal de Sentencia, ya que en el Numeral Tercero de la Valoración de la Prueba, y haciendo referencia a la declaración de los testigos de descargo propuestos por esta defensa, señores RUBEN LORENZO RODRIGUEZ Y WILMAN ORELLANA SORTO considera "A juicio de este Tribunal de Sentencia las declaraciones de los testigos de la defensa constituye una coartada que no resiste el escrutinio de convicción y certeza, como consecuencia produce que la misma carezca de infalibilidad, condición que no le permite dar como cierto el contenido de sus declaraciones existiendo prueba directa de cargo como ser el testigo clave x, por lo que no cabe dar por ciertas dos tesis contradictorias.- Por lo tanto este Tribunal estima que los testigos antes mencionados, no le merecen credibilidad criterio que no compartimos, ya que los testigos nominados por la defensa en todo momento fueron contestes al momento de ser interrogados por esta defensa, como por parte del Ministerio Publico y de manera clara ambos testigos refieren que el día y hora en que ocurrieron los hechos mis representados señores ARNALDO CASTELLANOS CASTELLANOS, ADIEL CASTELLANOS CASTELLANOS, RUDY ANTONI HERNANDEZ CASTELLANOS Y LEVIN RUBEN CASTELLANOS CASTELLANOS se encontraban en esta Ciudad cabecera, a una distancia de más de 40 Kilómetros, y que en el caso del testigo WILMAN ORELLANA SORTO mis representados en todo momento estuvieron con él porque venían a realizar la compra de un terreno e identificó hasta el Bufete Legal donde estaban haciendo el trámite legal, lo cual consideramos que no es coartada, de igual manera no compartimos el hecho de que se considere como no creíble el contenido de las declaraciones de los testigos de esta defensa, ya que de la simple lectura de la declaración e interrogatorio de dichos testigos se puede deducir que ellos siempre contestaron de manera clara, precisa y contundente sobre el día en que ocurrieron los hechos; asimismo no compartimos el criterio del Honorable Tribunal de Sentencia al decir que existe como prueba directa de cargo la declaración del UNICO supuesto testigo denominado con clave x, testigo que además fue señalado en las conclusiones por el apoderado legal del imputado ARNOLD ANTONIO MEJIA CASTELLANOS, como un testigo que estuvo recluido y que tenía un interés directo en afectar a nuestros representados, y que además un solo testigo hace semi plena prueba y dos testigos hacen plena prueba, razón por la cual consideramos que no cabe decir que existen dos tesis contradictorias, ya que nuestros dos testigos que son contestes en todo momento hacen plena prueba, por lo que no cabe duda que el Tribunal de Sentencia en la resolución que ahora se impugna vía casación, ha violentado el Principio de Inocencia de mis representados, al carecer el proceso de prueba mínima considerable para quebrantar dicho principio, ya que la prueba fue valorada de manera aislada sin apego con las Reglas de la Sana Critica. Así mismo a pesar de que el Honorable Tribunal intenta aplicar la lógica y sentido común al de acomodar descartando las incongruencias y sendas contradicciones del testigo de cargo, la máxima de la experiencia nos dice también, que un caso de esta naturaleza donde una persona perdió la vida, la investigación es compleja, en donde debe interrogarse a todas las personas que estaban cerca del lugar, para poder determinar si existía alguna enemistad manifiesta entre mis representados y la víctima, y así poder determinar la alevosía que es requisito sine qua non para el ilícito penal de Asesinato, pero en este caso la investigación solo abarca la declaración del único testigo que tiene interés en el caso, por esa razón esta defensa indica que no ha existido una apropiada investigación, por lo tanto no existe la certeza de que mis representados participaran en el hecho que se les imputa; estas circunstancias el Tribunal de Sentencia, no las observo, aspectos que tuvieron que ser tomados en cuenta, porque no existe otro medio de prueba que corrobore o reafirme el testimonio de este testigo. Como lo recalcamos, el Tribunal ha obviado el Principio de Inocencia y la aplicación de las reglas de la Sana Critica, pues no aplicado de forma clara, sucinta y precisa como realiza la valoración causal entre cada una de las pruebas, es decir, no ha dado una correlación lógica entre los hechos declarados probados, la valoración de la prueba y su fundamentación jurídica para llegar a esa resolución, por lo tanto al no hacer una valoración lógica omite la aplicación de las reglas de la sana critica al no advertir la existencia material probatorio que favorece a los imputados y que excluye de su valoración y solamente lo toman las partes que lo perjudican, por lo que no cabe duda que existe en esta causa la duda razonable que de acuerdo al artículo 339 del Código Procesal Penal, esto permite una sentencia absolutoria. RECLAMO Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señalamos que el vicio se produce en la Sentencia Definitiva, razón por el cual el reclamo lo constituye el presente recurso. APLICACIÓN PRETENDIDA Que con toda la contradicción señalada anteriormente, es de nuestro criterio que debe dictarse una sentencia absolutoria” El Abogado José Adalberto Mendoza Díaz, en su condición de defensor privado del encartado Rubén Roberto Mejía Castellanos, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACION. PRIMER MOTIVO. PRECECTO AUTORIZANTE se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 1 del código de Procedimientos Penales que dice " el recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida ADOLEZCA alguno de los vicios siguientes PRIMER VICIO que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictorio. CONCEPTO DE LA INFRACCION El concepto de la infracción la explico de la siguiente manera Al expresar los Jueces del Tribunal de Sentencia bajo el epígrafe valoración de la prueba.-PRIMERO El hecho único declarado probado lo ha sido principalmente por la declaración del testigo clave x quien manifiesta que el día lunes nueve de noviembre venia de San Fernando, e iba a san Francisco de Ojuera cuando observe seis individuos fuertemente armados cuando ellos se dirigieron a San Isidro, San Francisco de Ojuera, cuando los observe a ellos me hice a unos matorrales de malanga fue a las doce del mediodía en el beneficio ecológico pertenece a Rubén Mejia Pérez el difunto, observo desde 40 brasadas del ligar.... Ahora observe lo que manifiesta el testigo X cuando declara como prueba anticipada el 24 de Noviembre del año 2015 "el día lunes 9 de noviembre a las doce y veinte del mediodía, seis individuos fuertemente armados donde yo me dirigía de san Fernando a san Isidro, en el momento que los mire me hice a un lado por unos matorrales cuando se mediar palabras le abrieron fuego al señor Rubén Mejía....- Y observe el acta de levantamiento de la Doctora Matilde María Córdova Martínez en el levantamiento numero 2015160107010224 quien describe que el día ocho de noviembre del año 2015 a las doce y once del mediodía levanto el cadáver del señor Rubén Meia Pérez Podemos observar contradicción entre 1) la declaración del testigo clave x 2) la valoración que hacen de la prueba los Honorables jueces del tribunal de sentencia y 3) El levantamiento que realizo la Doctora Matilde médico forense. No concuerdan en la fecha y hora de la muerte del señor Rubén Mejía Pérez. Hay contradicción entre el medio de prueba testifical y el medio de prueba pericial. Honorables Magistrado la Sentencia recurrida adolece de vicios es una sentencia que no es clara y se contradicen los medio probatorios que presento el Honorable Fiscal.” Continua manifestando el recurrente en su recurso de casación: “ SEGUNDO VICIO: Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el titulo IV del libro segundo de este código excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. CONCEPTO DE LA INFRACCION El concepto de la infracción la explico de la siguiente manera El levantamiento que realizo la doctora Matilde María Cordova Martínez levantamiento numero 2015160107010224 fue puesto a la vista por parte de la secretaria la señora Jenny Judith Muñoz Díaz quien exhibió el acta de levantamiento de cadáver a la Doctora Matilde Córdova y le pregunto si ratificaba cada una de sus partes y manifestó la Doctora Matilde que si y que no iba ampliarla ni a modificarla.- Se incorporo al debate la acta de levantamiento cadavérico que no se había hecho la enmienda de fecha 8 de noviembre del 2015 hora 12:11.- Se debió incorporar al debate el acta de audiencia inicial donde la doctora Matilde María Córdova Martínez enmienda el levantamiento.-Por tal razón el medio probatorio pericial propuesto por el Honorable fiscal adolece de vicio y no fue incorporado legalmente violando el artículo 336 del código procesal penal que dice El tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con la regla de la sana critica. Esto quiere decir Honorables Magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia que no se probó la muerte real del señor Rubén Mejía Pérez.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto -por una parte- es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al recurrente de cumplir con los requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: Elrecurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término, el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: el recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…” Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada de Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Único motivo. • Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 89 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Violación al Derecho/Principio del estado material de inocencia. • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada de Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Único motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 339 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: Por contener la sentencia inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad al producirse el vicio al momento de dictar la sentencia; • Pretensión: Se dicte Sentencia Absolutoria. El Censor plantea dos recursos de casación, uno por Infracción de Precepto Constitucional y otro por Quebrantamiento de forma, sin embargo, ambos son desarrollados de manera conjunta, señalando que se infringen gravemente el fundamental derecho a la Presunción de Inocencia que le asiste a los imputados por mandato constitucional. Luego señal que corresponde por este motivo desarrollar a cabalidad las contradicciones y ausencia de valoración de material probatorio conforme la sana crítica, utilizando la lógica, máxima de la experiencia, psicología entre otras, pues afirma según el recurrente, el Tribunal en primer lugar le da absoluta credibilidad a la única declaración rendida por el testigo protegido con Clave X; sin embargo, manifiesta el recurrente que no comparte el criterio del Tribunal de Sentencia por qué dicho testimonio se introdujo como lectura autorizada, ya que el testigo protegido no compareció al Juicio Oral y Público, es decir el testimonio no fue escuchado de viva voz; luego el censor, señala las contradicciones que encontró en dicha declaración testifical; concluyendo el recurrente, que el Tribunal de Sentencia a inobservado las Reglas de la Sana Critica, en la valoración de la prueba, como lo es, la Lógica, experiencia y sentido común, al ser evidente y simple determinar que el testimonio del testigo protegido es acomodado con el propósito de responsabilizar a sus clientes, además que durante el debate ninguna prueba demostró cual fue el motivo para que mis representados hayan podido darle muerte a la víctima. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación; dandole razón a la representación del Ministerio Público, cuando describe que el censor se ha apartado del principio de debida técnica; conforme se ha explicado claramente en el apartado de la fundamentación jurídica, acerca de los principios y técnicas necesarias para la conformación y desarrollo de un recurso de casación, al hacer una lectura del recurso presentado por el censor, es posible detectar en su impugnación que ha faltado a la técnica recursiva necesaria para que esta Sala de lo Penal proceda a dar una respuesta adecuada a sus cuestionamientos. El recurrente, invoca en un solo pronunciamiento dos recursos casacionales, volviendo sus alegatos confusos y falto de claridad; por una parte denuncia violación de derechos fundamentales como ser el derecho de un estado de inocencia y por otra violación de las reglas de la sana crítica, luego trata de explicar que en el resultado de la evacuación de los medios de prueba es contradictoria y que sin embargo el juzgador da plena credibilidad; la Sala de lo Penal, sustrae del desarrollo recursivo, que el recurrente lo que realizó fue una revaloración del material probatorio, es decir externó criterios subjetivos de cómo se debió valorar la prueba, ejercicio mental que no es permitido en esta etapa casacional, sino que dicha tarea compete únicamente al sentenciador, quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo, esa es una de los principios básicos en la casación donde se aleguen quebranto en la formas de procedimiento; la simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación al derecho de estado de inocencia, de las reglas de la sana crítica y aquejar la valoración de la prueba en los términos analizados, meya negativamente en la suerte del recurso; por tanto, su recurso se vuelve confuso y falto de claridad no cumpliendo con los requerimientos mínimos para técnica en casación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada de Rubén Roberto Mejía Castellanos. Primer motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 339 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estimo probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El Recurrente luego de describir los hechos declarados por el juzgador, señala que no concuerda la fecha y la hora de la muerte del señor Rubén Mejía Pérez, desde su punto de vista hay contradicción entre el medio de prueba testifical y el medio de prueba pericial. De la procedencia del recurso. El primer motivo no es de recibo. Luego del análisis del desarrollo recursivo, resulta para esta Sala de lo Penal, que el recurrente desconoce el alcance del motivo invocado, al contraponer lo descrito en el hecho probado con prueba evacuada en juicio, cuando la sala ha sido insistente cuando se invocan este tipo de motivos, que al hablar de contradicción, es referirnos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, y por supuesto, producirse únicamente dentro del factum de la resolución, pauta que omitiera el censor al argumentar hechos fuera del factum como lo resultado de un medio de prueba, el cual se enmarca en un motivo de Casación distinto al presentado, siendo éste el contenido en el artículo 362.3 CPP: “Si en la valoración de la prueba no se observan las reglas de la sana crítica” que debió haberse formalizado por separado por ser excluyente.- Es de reflexionarse que no puede formalizarse recurso de casación por quebrantamiento de forma alegando que los hechos probados no sean claros, terminante o que sean contradictorios y al mismo tiempo denunciar contradicciones con medios probatorios. En conclusión, el hecho probado que sustenta la sentencia venida en casación obedece los requisitos mínimos exigidos por la legislación procesal penal. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada de Rubén Roberto Mejía Castellanos. Segundo motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 336 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados para su lectura en violación a normas procedimentales; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se dicte Sentencia Absolutoria. El Recurrente denuncia que el acta de levantamiento número 2015160107010224 fue ratificado por la Dra. Matilde Córdova quien manifestó no ampliar meno modificarla, aun y cuando fue incorporada al debate sin la enmienda de la fecha y hora, concluye el recurrente que por ello adolece de vicio y no fue incorporado legalmente. De la procedencia del recurso. El segundo motivo no es de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. El recurrente confunde el alcance de la incorporación ilegal al juicio de un medio de prueba y se sumerge en aspectos redundantes, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado. Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba. Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio antes descrito, que no ocurre con el medio de prueba referido por el recurrente, pues el mismo estuvo en cada etapa del proceso probatorio, por lo cual devine ser improcedente el motivo invocado. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus motivos invocados. • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en cada uno de sus motivos de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa de los acusados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, la pena principal de veinte (20) años de reclusión, como autores responsable penalmente de un delito de Asesinato en perjuicio Ruben Mejia Perez. Además, la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; II. Pena accesoria de interdicción civil; III. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; IV. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los acusados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de asesinato (Art. 193), cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma; interpuesto por el Abogado Juan Ángel Lanza Sabillon, en su condición de defensor privado de los encartados Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos; interpuesto por el Abogado José Adalberto Mendoza Díaz, en su condición de defensor privado del encartado Rubén Roberto Mejía Castellanos. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los hoy condenados Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de Arnold Antonio Mejía Castellanos, Arnaldo Castellanos Castellanos, Adiel Castellanos Castellanos, Rudy Antonio Hernández Castellanos, Rubén Roberto Mejía Castellanos y Levin Rubén Castellanos Castellanos, como autores responsables del delito de Asesinato en perjuicio Ruben Mejia Perez. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Pia Cristina Mejia Nuñez. - Receptora Adscrita de la sala de lo penal. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-96-2019.
PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ.
Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal.”.