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Sentencia CP-83-20 — Registro 19111

Resumen

El Tribunal de Sentencia en primera instancia absolvió al imputado del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego. resolviendo la Sala de lo Penal Ha lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la Procedencia de los Recursos. Los Motivos de los recurrentes N°1 y Recurrente N°2 son de Recibo. Los motivos de casación por infracción de ley, interpuesto por los recurrentes, denuncian que: “El ente juzgador establece lo siguiente del análisis de la prueba evacuada, se evidencia que el delito de Portación de arma de fuego de uso comercial, la no punibilidad de la conducta del señor Oscar Armando Rápalo Lopez, y esto es así, por estimar estos Juzgadores que de conformidad al Decreto Ley 52-2017, mismo que faculta a los particulares acudir al Registro Balístico Nacional a realizar la inscripción de armas de fuego de calibre comercial, de las que no poseen facturas, por un periodo de seis mesas, beneficio conocido como veda y que para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto del presente estaba vigente el derecho antes aludido lo que constituye a nuestro criterio una suspensión tacita de la eficacia del artículo 332- b del Código Penal”. Del análisis de los hechos fijados por el Tribunal, el mismo ha establecido: “ÚNICO. - El día jueves siete del mes de diciembre del año dos mil diecisiete a las cuatro de la mañana, agentes de la Policía Nacional de la posta policial de Trinidad Santa Bárbara, recibieron una denuncia de 911. Trasladándose a la aldea El Tigre, municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, llegando a la vivienda donde se encontraba Oscar Edgardo Rápalo López, quien fue requerido para que saliera de la misma, este accedió a lo solicitado, llevando en su mano un arma de fuego tipo revolver, marca Taurus, calibre 22 mágnum, serie AP38587, con seis cartuchos percutidos, decomisándole dicha arma, misma que tiene buen funcionamiento mecánico operativo y Oscar Edgardo Rápalo López no tenía el permiso de portación correspondiente.” Del análisis de los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Oscar Edgardo Rápalo López, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal 144-83, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el factum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por el acusado Oscar Edgardo Rápalo López, es el decreto 184-13, en su artículo 2 establece a partir de su vigencia y por el término de un año. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal 144-83, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1: “Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la ley” Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado Oscar Edgardo Rápalo López, en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal 144-83, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. 5. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el a quo ha incurrido en el vicio, por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado Oscar Edgardo Rápalo López, fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, en perfecto estado de funcionamiento; por ende, resulta que el fallo emitido por el juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. La Sala Constitucional en relación a esto, en los Recursos de Amparo AP-SCO-241, 351, 365, y 370-2015, en el considerando número diez de la sentencia establece: “Que la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el despenalizar los artículos correlativos del Código Penal: a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el estado de obtener control del parque de arma de fuego circulante en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y la seguridad como valor constitucional fundante del estado de derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el estado de Honduras...” De igual manera, la sala Constitucional en el Amparo Penal 1104-14, en su Considerando número catorce establece: “Que en resumen la Sala Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal. Pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; observando la Sala más bien que la puesta de la referida veda por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras, por lo que se declara con lugar el motivo de casación por infracción de ley invocado por los recurrentes..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 83-2020 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-83-2020 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Oscar Edgardo Rápalo López, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego. SEGUNDO: No procedió condenar en costas Procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. TERCERO: No procedió el comiso y se ordena la devolución del arma de fuego tipo revolver, marca Taurus, modelo 941, calibre 22 Magnum, serie AP38587, a quien acredite ser su legítimo dueño. Son partes en única instancia: La abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea en su condición de Fiscal del Ministerio Público, el abogado Edvin Iván Trejo Amaya en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la Republica como parte recurrente y la abogada Ada Yorleny Velásquez Garcia en su condición de defensora privada de Oscar Edgardo Rápalo Lopez. HECHOS PROBADOS “ÚNICO. - El día jueves siete del mes de diciembre del año dos mil diecisiete a las cuatro de la mañana, agentes de la Policía Nacional de la posta policial de Trinidad Santa Bárbara, recibieron una denuncia de 911. Trasladándose a la aldea El Tigre, municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, llegando a la vivienda donde se encontraba Oscar Edgardo Rápalo López, quien fue requerido para que saliera de la misma, este accedió a lo solicitado, llevando en su mano un arma de fuego tipo revolver, marca Taurus, calibre 22 mágnum, serie AP38587, con seis cartuchos percutidos, decomisándole dicha arma, misma que tiene buen funcionamiento mecánico operativo y Oscar Edgardo Rápalo López no tenía el permiso de portación correspondiente.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Iliana Flores en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: "Articulo 332-B: "Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial". (Lo resaltado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: "UNICO: "El día jueves siete del mes de diciembre del año dos mil diecisiete a las cuatro de la mañana, agentes de la Policía Nacional de la posta policial de Trinidad Santa Barbará, recibieron una denuncia del 911 trasladándose a la aldea el Tigre, municipio de Trinidad, departamento de Santa Barbará, llegando a la vivienda donde se encontraba OSCAR EDGARDO RAPALO LOPEZ, quien fue requerido para que saliera de la misma, este accedió a lo solicitado llevando en su mano un arma de fuego tipo revolver, marca taurus, calibre 22 magnum, serie AP38587, con seis cartuchos percutidos, decomisándole dicha arma, misma que tiene buen funcionamiento mecánico operativo y OSCAR EDGARDO RAPALO LOPEZ no tenía el permiso de portación correspondiente". Al examinar el factum, se evidencia que concurre una falta de aplicación del artículo 332 del Código Penal, ya que se describe en el mismo, todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado OSCAR EDGARDO RAPALO LOPEZ participaron a título de Autor en el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, pues, cuando fue requerido por agentes de la policía este accedió a lo solicitado llevando en su mano un arma de fuego tipo revolver, marca taurus, calibre 22 magnum, serie AP38587, con seis cartuchos percutidos, decomisándole dicha arma, misma que tiene buen funcionamiento mecánico operativo y sin contar el encausado al momento de su detención con el permiso de portación legal correspondiente". No obstante, que el recurso de Infracción de Ley debe apegarse de manera absoluta al relato fáctico, debemos hacer alusión al apartado primero de fundamentación jurídica, cuando el juzgador establece lo siguiente; "Del análisis de la prueba evacuada, se evidencia que el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, la no punibilidad de la conducta del señor OSCAR EDGARDO RAPALO LOPEZ, Y esto es así, por estimar estos juzgadores que de conformidad al DECRETO LEY 52-2017, mismo que faculta a los particulares acudir al Registro Balístico Nacional a realizar la inscripción de armas de fuego de calibre comercial, de las que no poseen facturas, por un periodo de seis meses, beneficio conocido como veda y que para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto del presente estaba vigente el decreto antes aludido lo que constituye a nuestro criterio una suspensión tacita de la eficacia del artículo 332 "B" del Código Penal..." Consideramos que dichos decreto no es una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos en el artículo 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que el ciudadano, por un período de tiempo establecido, al acudir voluntariamente a registrar su arma". Es por ello, que en los casos donde se encuentre a un sujeto portando un arma, y en este caso específico, un arma de fuego comercial sin el permiso respectivo emitido por la autoridad competente, a fin de analizar si existió una intención dirigida a la entrega del arma. De no concurrir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la presencia del delito correspondiente, a la Portación Ilegal de Arma comercial, pues el precepto en mención, no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal, En la presente causa, se tuvo como un hecho probado, que el enjuiciado OSCAR EDGARDO RAPALO, participo a título de Autor en el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, pues, al ser requerido y portando su arma de fuego, tipo revolver, marca taurus, calibre 22 magnum, serie AP38587, con seis cartuchos no contaba con la autorización legal correspondiente. Decomisándole al encausado la mencionada arma de fuego que conforme al dictamen de Balística se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico- operativo, relato que no evidencia que el imputado en cuestión, tuviere la voluntad de entregar el arma o registrarla pues, momentos antes la había utilizado al hacerle disparos a su hermano SERGIO ISAIAS RAPALO, situación que causo interponer la denuncia al 911 y seguidamente agentes de policía llegaron al lugar y efectivamente se encontraba el encausado en posesión de la referida arma de fuego sin el permiso legal respectivo autorizado por la autoridad competente. Por lo que esta evidenciado que la conducta del encausado, no demostró en ningún momento la intención de hacer entrega del arma, ya sea para su registro o destrucción a la autoridad competente. Es por ello que en relación al Decreto 184-2013, ampliado mediante los decretos 63-2014 y 60-2015, y 52-2017 que comprende lo referente a la veda, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido…. "El espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos al Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada "veda" por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar a la ciudadanía haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor indice de impunidad en el Estado de Honduras..."(Ver Amparos SCO-241-351-365 Y 378-2015/1104-14. En ese orden de ideas, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: "El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (articulos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que "Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (...) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (...) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (...) las descritas en la ley especial". Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; ii) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; iii) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referimos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo..."; En el caso in examiné, es claro que el cuadro factico plasmado por el sentenciador, cumple con todos estos presupuesto, los cuales se enmarcan en el artículo 332-B del Código Penal, de ahí que debió dictarse una sentencia condenatoria en contra del ahora imputado por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” El recurrente abogado Edvin Iván Trejo Amaya en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la Republica, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN RELACIÓN A LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA A FAVOR DEL IMPUTADO OSCAR EDGARDO RÁPALO LÓPEZ ÚNICO MOTIVO: Infracción de Norma Jurídica de carácter Sustantivo por Aplicación Indebida del Decreto Legislativo de Amnistía No. 52-2017. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo uno (1) del Código Procesal Penal. Seguro estamos Honorables Magistrados que se declara con lugar el Recurso de Casación por infracción de Ley en su Primer Motivo, y que se va a casar la sentencia recurrida, condenando desde luego al imputado OSCAR EDGARDO RÁPALO LÓPEZ por el delito consumado de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, pero más sin embargo en el remoto caso que fuera desestimado, permitamos hacerlo en la forma, exponiendo el Siguiente Motivo de Casación: Explicamos, y fundamentamos el MOTIVO de la siguiente manera: Para demostrar la infracción que estamos alegando, tenemos que partir de los hechos declarados probados por el Tribunal Sentenciador, los que se aceptan como verdad incontrastable para los efectos de este recurso. Veamos entonces, cuáles son los hechos que el Tribunal de Sentencia por mayoría de votos declaró probados como ya se relacionó en el motivo anterior, pero tengo a bien volver a redactar en parte: "ÚNICO: El día jueves siete del mes de diciembre del año dos mil diecisiete a las cuatro de la mañana agentes, agentes de la Policía Nacional de la posta policial de Trinidad Santa Bárbara, recibieron una denuncia de 911. Trasladándose a la aldea El Tigre, Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, llegando a la vivienda donde se encontraba Oscar Edgardo Rápalo López, quien fue requerido para que saliera de la misma, este accedió a lo solicitado, llevando en su mano un arma de fuego tipo revólver, marca Taurus, calibre 22 mágnum, serie AP38587, con seis cartuchos percutidos, decomisándole dicha arma, misma que tiene buen funcionamiento mecánico, operativo y Oscar Edgardo Rápalo López no tenía el permiso de portación correspondiente." Esta valoración del Tribunal Sentenciador es importante señalar Honorables Magistrados que hay una interpretación errónea y aplicación indebida del Decreto Legislativo No. 52-2017, cuya aplicación es de carácter administrativo y no de aplicación en el ámbito penal, "no es una ley penal" porque evidentemente el espíritu de la ley que el legislador dejó plasmado en su contenido se enmarca únicamente: "Que es imperativo para el Estado de Honduras el registro de armas en poder de particulares para efectos de control formal del Estado" como es lógico en vista de la gran cantidad de armas de fuego de uso comercial en poder de la población sin ningún control de las autoridades competentes, pero en ningún momento dicho decreto faculta a los ciudadanos que durante la amnistía de un año y medio contado a partir de la vigencia de dicho decreto pudieran portar, usar, transportar, traficar armas de fuego, etc.; Ahora bien, si la intención del legislador hubiese sido esa, expresamente lo hubiese manifestado dejando en suspenso la aplicación del artículo 332-B del Código Penal, Vacatio Legis bajo la temporalidad de la amnistía, con este tipo de sentencia evidentemente se está generando impunidad, porque ahora cualquier persona que haya ejecutado actos reñidos con la ley, durante la vigencia del decreto antes relacionado puede portar, transportar, usar, traficar armas, pues a criterio de los Juzgadores el decreto da pie para determinar que durante ese periodo nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que tenga que ver con delitos relacionados a la portación, tenencia, Uso, Transporte, Tráfico Ilegal armas de fuego pues consideran que existe atipicidad por lo tanto no se pueden cometer este tipo delitos contra seguridad Interior del Estado durante la amnistía establecida en el decreto supra indicado.- Consecuentemente aplicando la lógica jurídica en este caso, que sucedería si el Congreso Nacional de la República llegara próximamente a aprobar otro decreto con las mismas similitudes del Decreto No. 52-2017?, les aseguro Honorables Magistrados que todos los ciudadanos sin excepción, portarían sus armas visibles, en su carro, en su cintura, etc. amparados en el hecho que el mismo hecho de portarlas no sería constitutivo de delito de "Portación Ilegal De Arma De Fuego De Uso Comercial" ya que les bastaría invocar el famoso decreto de "AMNISTÍA"; entonces como quedaría la aplicación del artículo 332-B del Código Penal Vigente? Me pregunto Honorables Magistrados si la aplicación indebida de la norma abarcaría también lo establecido en el artículo uno del decreto No. 52-2017 que establece "Conceder el beneficio de amnistía hasta el 31 de diciembre del año 2018, para que todas aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro"... Tiene o no responsabilidad penal las personas que posean, tengan o usen armas de fuego de uso ilegal o armas de guerra durante ese año de amnistía?... La policía pudo capturar y poner a la Orden del Ministerio Publico a individuo(s) transportando armas de uso comercial en un vehículo? Esta Conducta es típica, antijurídica, culpable pero no punible acaso?.... Puede justificarse un individuo en el periodo de amnistía su traslado o posesión de armas de guerra con la justificación que las llevaba a entregar a la Secretaria de Seguridad? Para la Procuraduría General de la Republica, la Sentencia definitiva dictada por el Tribunal Sentenciador, lesiona gravemente el principio de legalidad porque en ningún momento el artículo 332-B del Código Penal Vigente han sido derogados, reformados, dejados en suspenso o considerados como ley penal en Blanco, ni expresa, ni tácitamente, consecuentemente esto ha generado la violación del principio derecho del debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, esta representación del Estado considera que se ha desconocido el imperio de ley con la incorrecta aplicación en todos sus sentidos y alcances de la misma, tal como lo señala nuestro Código Civil en su artículo 11 que establece meridianamente que "Las Leves que interesan al orden Público y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares" y sigue profundizando nuestro Código Civil en su artículo 17 "No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador." Actuar de otra forma se estaría flagrantemente violando el principio de Legalidad de Competencia Reglada establecido en el artículo 321 y 323 de la Constitución de la República "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; y, "Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella".- Relacionado con el artículo 304 constitucional que dispone: "Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar los juzgado", en el Decreto 52-2017 de fecha 12 de Julio del año 2017 y que entrara en vigencia en fecha cuatro (4) de Agosto del mismo año 2017, señala el artículo 1 del referido Decreto que "Conceder el beneficio de amnistía hasta el 31 de Diciembre del año 2018, para que todas aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro". En el caso de marras se señala además la tipificación legal del delito de Portación Ilegal de armas contenida en el artículo 332-B del Código Penal vigente, exponiendo como se estructura el delito y sus sanciones, considerando haber acreditado el indicio racional como la plena prueba de haberse cometido un delito, ya que al señor OSCAR EDGARDO RÁPALO LÓPEZ, se les practicó un registro en el que se les encontró en posesión de armas de fuego, lo que de acuerdo a lo que establece el artículo 332-B del Código Penal constituye el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. Sin embargo en el Juicio Oral y Público la parte defensora, en la etapa de incidentes, la defensa del imputado interpuso excepción por falta de acción, la que fue declarada con lugar procediendo el Juzgado A-Quo a dictar sobreseimiento definitivo a favor de los imputados argumentando que el Ministerio Público no debió proseguir la causa por el delito de Portación Ilegal de armas, ya que tiene vedada la acción penal conforme el Decreto en referencia.- El ente Acusador expuso al igual que nuestra representación legal que del contenido del Decreto 52- 2017 precitado no constituye una cláusula despenalizadora de los delitos citados, tipificados en el artículo 332-A y B del Código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud de que el imputado fue encontrado en posesión de un arma, sin el permiso correspondiente, sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro del arma citada, es decir acción por parte del imputado que diese lugar a pensar que haya tenido la intención dirigida al registro del arma; por lo que el ente fiscal considera que se cometido el delito de Portación Ilegal de armas contenido en el artículo 332-B del Código Penal.- Reafirmamos que hay una Aplicación Indebida por parte del Tribunal Sentenciador del Decreto Legislativo No. 52-2017 que entró en vigencia el cuatro (4) de Agosto del 2017 y que en su artículo dos establece: "Conceder el beneficio de amnistía hasta el 31 de Diciembre del año 2018, para que todas aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro"... Los hechos ocurrieron un día jueves siete de diciembre del año dos mil diecisiete como a las cuatro de la mañana, en la aldea El Tigre, Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, decomisándosele al imputado OSCAR EDGARDO RÁPALO LÓPEZ un arma de fuego y objeto de evidencia consiste en un revolver, marca TAURUS, calibre .22 mágnum, serie AP38587, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, con seis cartuchos ya percutidos; acta de decomiso y de registro personal, con las cual se acreditó en la vista del juicio, por lo tanto en caso que en el mundo óntico de los juzgadores procediera la aplicación de dicho decreto, que para el recurrente no tiene aplicabilidad, el Decreto Legislativo No. 52-2017 en que se fundamentó el fallo, hay una aplicación indebida por parte del sentenciador al señalar y justificar su fallo absolutorio en dicha norma administrativa. Habiéndose establecido que los hechos son típicos, pues se ajusta perfectamente a lo dispuesto por la norma penal, debe decirse de manera concluyente que los mismos también son antijurídicos, es decir, que la conducta asumida por el imputado OSCAR EDGARDO RÁPALO LÓPEZ, no se encuentra cubierta por ninguna causa eximente de responsabilidad de las establecidas en el artículo 22, relacionada con el artículo 24 del vigente Código penal, y por ende excluyente de la responsabilidad penal; en razón de ello y en todo lo antes expuesto, esta representación legal del Estado de Honduras, La Procuraduría General de la República, considera que debió dictarse una sentencia condenatoria en contra del señor OSCAR EDGARDO RÁPALO LÓPEZ, por la comisión del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Así las cosas, el Tribunal de Sentencia en estricto apego al principio de legalidad, si declaró probada una conducta que configura un ilícito penal, debió consecuentemente dictar un fallo de condena, al no haberlo hecho infringió de manera clara, por aplicación indebida los preceptos jurídicos de naturaleza administrativa alejada del ámbito penal. Esa Honorable Corte Suprema de Justicia tiene ya un criterio al respecto sobre el primero de los "decretos 184-2013 de veda" emitidos por el Congreso Nacional, precisamente en el Recurso de Amparo 1104-14 de fecha 30 de Septiembre del 2016, interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, Recurso de Amparo que fuera otorgado, y dentro de sus considerandos refiere precisamente en el número doce (12): "CONSIDERANDO (12): Que, si bien es cierto el Estado creó el Decreto transitorio 184-2013 de cinco (5) de Octubre de dos mil trece (2013), el cual manda en su artículo 2 lo que denomina "Veda" a fin de que en el término de un (1) año, el poseedor de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no posea factura de la venta de Armería, proceda inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente tal Decreto no despenaliza bajo ningún concepto su portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que únicamente el fin expreso y taxativo de obtener el registro de fuego armas poder de en los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como aserta la recurrente; lo cual sin embargo no fue observado por la Corte de Alzada en el caso de mérito". De igual manera Honorables Magistrados existe VOTO PARTICULAR DISIDENTE de un miembro del Tribunal de Sentencia que dictase la sentencia absolutoria objeto de Recurso de Casación, quien comparte el criterio expuesto por esta representación legal de estado tal como se ha expuesto.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e.Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente 1 Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Norma que se denuncia infringida: Artículo 332-B del código Penal; Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora; Pretensión: Que sea declarado con lugar el recurso. Establece la recurrente que al examinar el factum se evidencia que concurre una falta de aplicación del artículo 332 B del Código Penal, ya que se describe en el mismo todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado Oscar Edgardo Rápalo Lopez participo a título de Autor en el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, Pues cuando fue requerido por agentes de la policía este accedió a lo solicitado llevando en su mano una arma de fuego tipo revolver Taurus, calibre 22 magnum, serie AP38587, con seis cartuchos percutidos, decomisándole dicha arma, misma que tiene buen funcionamiento mecánico operativo y sin contar el encausado al momento de su detención con el permiso de portación legal correspondiente. Recurrente 2 Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Procuraduría General de la República. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Norma que se denuncia infringida: Aplicación Indebida del Decreto Legislativo No 52-2017 Concepto de la infracción: Aplicación Indebida del Decreto Legislativo No 52-2017 Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora; Pretensión: Que sea declarado con lugar el recurso. Establece el recurrente que el Tribunal Sentenciador realizo una interpretación errónea y aplicación indebida del Decreto Legislativo No.52-2017, cuya aplicación es de carácter administrativo y no de aplicación en el ámbito penal, “no es una ley penal ” porque evidentemente el espíritu de la Ley que el legislador plasmó en su contenido se enmarca únicamente” Que es imperativo para el Estado de Honduras el registro de armas en poder de particulares para efectos de control de del Estado” como es lógico en vista de la gran cantidad de armas de fuego de uso comercial en poder de la población sin ningún control de las autoridades competentes, pero en ningún momento dicho decreto faculta a los ciudadanos que durante la amnistía de un año y medio contado a partir de la vigencia de dicho decreto pudieran portar, usar, transportar, traficar armas de fuego, si la intención del legislador hubiese sido sea, expresamente lo hubiese manifestando dejando en suspenso la aplicación del artículo 332-B del Código Penal, Vacatio Legis bajo la temporalidad de la amnistía, con este tipo de sentencia evidentemente se está generando impunidad, porque ahora cualquier persona que haya ejecutado actos reñidos con la ley durante la vigencia del decreto antes relacionado puede portar, usar, transportar, traficar armas, pues a criterio de los Juzgadores el decreto da pie para determinar que durante ese periodo nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que tengan que ver con delitos relacionados a la portación, tenencia, uso, transporte, tráfico ilegal de armas de fuego, pues considera que existe atipicidad por lo tanto no se pueden cometer ese tipo de delitos contra la Seguridad Interior del Estado durante la amnistía establecida en el decreto supra indicado. Observa esta Sala de lo Penal que los recurrentes N° 1 y N° 2 ha interpuesto Recurso de Casación por Infracción de Ley, ambos motivos de casación guardan estrecha relación entre sí, pues denuncian la infracción de leyes sustantivas conforme a la fundamentación fáctica del fallo, para respetar la logicidad y claridad de la sentencia penal, se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal). La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la otrora vigente Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), reconocía el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales estaban descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma; La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; pero además la ley era específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5. Documentos de identificación. Tal como ahora, el permiso era intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que hiciere del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente; igualmente debía reportar el robo o extravío de la misma en igual término (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, porque la ley de armas -durante su vigencia- contemplaba la imposición de sanciones administrativas y además el Código Penal la imposición de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infringieran dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”. Entonces incurrirán en el delito la persona que, entre otros: posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito. Decretos Legislativos de Gracia o de “Veda” o “Amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares: En el artículo 62, estableció un periodo de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El Término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de Julio del 2000 hasta el 29 de Julio del 2001; b. Decreto No. 257-2002: En el artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El periodo de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003; c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días dentro para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de Julio hasta el 08 de octubre de 2003.- Durante dicho tiempo quedo en suspenso la vigencia del artículo 4 del Decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigencia precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d.Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitido la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicas, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un periodo de gracia que no fue determinado en el Decreto, lo que llevo como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e.Decreto No. 069-2007: Este Decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; Conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, publicación que fue hecha el 29 de agosto de 2007; El termino de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de Septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche;f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “Veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. decreto No. 063-2014: El artículo 1 del Decreto concedió prorrogar de la vigencia del Decreto No. 184-2013, por un periodo de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el Decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063- partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decreto conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los Decretos Legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (No se olvide que se trata de Leyes Temporales); Controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A). - Sala de lo Constitucional. En sentencias del 09 de Agosto de 2017 emitidas en los Exp 0283-2015 y 0688-2015 y en Sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe de ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que refieran a este tema en específico; De este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B). - Sala de lo Penal La Sala de lo Penal, a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad pública sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad alguna arma de tenencia prohibida. En específico el Decreto Legislativo 183- 2013 (invocado por el Recurrente), procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados), en general no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 184-2013, se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia de los Recursos. Los Motivos de los recurrentes N°1 y Recurrente N°2 son de Recibo. Los motivos de casación por infracción de ley, interpuesto por los recurrentes, denuncian que: “El ente juzgador establece lo siguiente del análisis de la prueba evacuada, se evidencia que el delito de Portación de arma de fuego de uso comercial, la no punibilidad de la conducta del señor Oscar Armando Rápalo Lopez, y esto es así, por estimar estos Juzgadores que de conformidad al Decreto Ley 52-2017, mismo que faculta a los particulares acudir al Registro Balístico Nacional a realizar la inscripción de armas de fuego de calibre comercial, de las que no poseen facturas, por un periodo de seis mesas, beneficio conocido como veda y que para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto del presente estaba vigente el derecho antes aludido lo que constituye a nuestro criterio una suspensión tacita de la eficacia del artículo 332- b del Código Penal”. Del análisis de los hechos fijados por el Tribunal, el mismo ha establecido: “ÚNICO. - El día jueves siete del mes de diciembre del año dos mil diecisiete a las cuatro de la mañana, agentes de la Policía Nacional de la posta policial de Trinidad Santa Bárbara, recibieron una denuncia de 911. Trasladándose a la aldea El Tigre, municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, llegando a la vivienda donde se encontraba Oscar Edgardo Rápalo López, quien fue requerido para que saliera de la misma, este accedió a lo solicitado, llevando en su mano un arma de fuego tipo revolver, marca Taurus, calibre 22 mágnum, serie AP38587, con seis cartuchos percutidos, decomisándole dicha arma, misma que tiene buen funcionamiento mecánico operativo y Oscar Edgardo Rápalo López no tenía el permiso de portación correspondiente.” Del análisis de los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Oscar Edgardo Rápalo López, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal 144-83, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el factum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por el acusado Oscar Edgardo Rápalo López, es el decreto 184-13, en su artículo 2 establece a partir de su vigencia y por el término de un año. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal 144-83, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1: “Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la ley” Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado Oscar Edgardo Rápalo López, en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal 144-83, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. 5. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el a quo ha incurrido en el vicio, por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado Oscar Edgardo Rápalo López, fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, en perfecto estado de funcionamiento; por ende, resulta que el fallo emitido por el juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. La Sala Constitucional en relación a esto, en los Recursos de Amparo AP-SCO-241, 351, 365, y 370-2015, en el considerando número diez de la sentencia establece: “Que la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el despenalizar los artículos correlativos del Código Penal: a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el estado de obtener control del parque de arma de fuego circulante en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y la seguridad como valor constitucional fundante del estado de derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el estado de Honduras...” De igual manera, la sala Constitucional en el Amparo Penal 1104-14, en su Considerando número catorce establece: “Que en resumen la Sala Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal. Pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; observando la Sala más bien que la puesta de la referida veda por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras, por lo que se declara con lugar el motivo de casación por infracción de ley invocado por los recurrentes. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa Privada del acusado Oscar Edgardo Rápalo Lopez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se absolvió al señor Oscar Edgardo Rápalo López, del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. La sanción que le corresponde es de 03 años de reclusión por un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta y Especial e Interdicción Civil por el tiempo que duren las penas principales, conforme los artículos 332-B y 32 del CN 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: Porte Ilegal de Arma de Fuego. (art. 580), la pena de (4) a (5) años (4) meses de prisión, más localización permanente durante (2) años por un delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego, Contra el Orden Público. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones más graves que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 363 y 364 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único del recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Declara Ha Lugar el motivo único del recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por el Procurador Judicial de la Procuraduría General de la Republica.- TERCERO: Casa parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, en fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve (f. 54), y como consecuencia, reforma el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: Se debe condenar y se condena al señor Oscar Edgardo Rápalo López, de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión, a la que deberá deducírsele el tiempo en que haya estado privado de libertad preventivamente exclusivamente por esta causa; asimismo, se le condena al señor Oscar Edgardo Rápalo López, a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, así como la obligación del ahora condenado a trabajar dentro del establecimiento penitenciario o en obras públicas bajo la dirección de éste, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme las regulaciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento respectivo; finalmente, se declara la responsabilidad civil del condenado, la cual deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por la víctima del delito, que en este caso es el Estado de Honduras. Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Cuarto: Declara Firme el pronunciamiento segundo de la parte resolutiva de la sentencia. QUINTO: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Oscar Edgardo Rápalo López. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor Oscar Edgardo Rápalo López. (Artículo 06 del Código Procesal Penal). Redactó el Magistrado Miranda Sabio. - NOTIFÍQUESE. Firmas y Sellos. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 83-2020.

LETY EMELDA POSADAS RODRÌGUEZ

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL