Sentencia CP-81-21 — Registro 19347
Resumen
En primera instancia se condenó al acusado por el delito de homicidio y la Sala de lo Penal resolvió No Ha Lugar el recurso de casación y la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Para esta Sala de lo Penal las probanzas allegadas a juicio y los razonamientos vertidos por el Juzgador para valorarla, son suficientes para enervar legalmente el estado de inocencia del acusado, pues la declaración de la esposa de del occiso Marixa Estelina Pérez Rivera, es contundente al señalar como responsable de los hechos, al imputado Julio Cesar López Pineda, a quien identificó plenamente debido a que andaba su rostro cubierto, pues el acusado era empleado a quien buscaban regularmente para que trabajaran con su esposo y ella, por tanto no le era una persona desconocida, el ser humano es capaz de reconocer a otra aun con dificultades visuales cuando le conoce desde hace mucho tiempo; su testimonio es confirmado con el dictamen médico, el cual válida la declaración de la testigo al afirmar la ubicación del disparo por proyectil de arma de fuego provocadas por el acusado al señor Héctor Francisco Paz Paz que le causó la muerte; todo este razonamiento fue debidamente externado por el Sentenciador y con ellas es posible llegar a la misma conclusión que llegó el Tribunal A-quo, siendo posible conculcar legalmente su estado de inocencia; por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseían el señor Julio Cesar López Pineda; en ese sentido no es cierta la posición del recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Julio Cesar López Pineda, la pena de 15 años de reclusión por un delito de Homicidio Simple en perjuicio de Héctor Francisco Paz Paz, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y la responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio, se penaliza en el artículo 192, cuya pena es de 15 a 20 años de prisión como penas accesorias; Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión, Como penas accesorias; La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena y responsabilidad civil. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena concreta impuesta en la sentencia recurrida de 15 años de reclusión, se encuentra dentro del marco abstracto de pena de 15 a 20 años de prisión del NCP decreto 130-2017; Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. .."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-81-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho del mes de mayo de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-81-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Julio Cesar López Pineda, por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Héctor Francisco Paz Paz, a la pena de quince años de reclusión; Asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Declaró la responsabilidad civil del señor Julio Cesar López Pineda, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Tercero: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No Procedió el comiso. Son partes en única instancia: Las Abogadas Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de Defensora Pública del señor Julio Cesar López Pineda, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: El día once de mayo del dos mil diecinueve en el desvió hacia la aldea El Corozal, del municipio de Trinidad, departamento de Santa Barbara, como a eso de las cuatro y cincuenta minutos de la tarde el señor HECTOR FRANCISCO PAZ PAZ, conducía su vehículo en dirección a su casa de habitación ubicada en la aldea El Tigre del mismo municipio cuando el hoy imputado JULIO CESAR LOPEZ PINEDA, le saliò al encuentro portando un arma de fuego, diciéndole que era un asalto que le entregara la cartera y cuando HECTOR FRANCISCO PAZ PAZ hizo un movimiento para sacar su cartera, el imputado le manifestó "a matarte vengo" y acto seguido le disparo a la altura del tórax, y luego salió corriendo del lugar falleciendo HECTOR FRANCISCO PAZ PAZ mientras recibía asistencia médica.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Wilmer Candelario Hernàndez Erazo, en su condición de Defensor Público del señor Julio Cesar López Pineda, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO-. Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Articulo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente y de conformidad con las normas de este código…”. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Julio Cesar López Pineda, por el delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor HECTOR Francisco Paz Paz, infringiendo gravemente los derechos fundamentales referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de mi representado, produjo un mínimo de actividad probatoria. TERCERO: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro factico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo como ser la declaración de un testigo señora MARIXA ESTELINA PEREZ PINEDA, donde manifiesta el juzgador que el testigo anteriormente mencionado en una declaración creíbles, ya que sin dudas ni reticencias sostiene que fue el imputado Julio Cesar López Pineda, quien le dio muerte al señor Hector Francisco Paz Paz, ya que fue testigo presencial y lo percibió por sus sentidos, no tiendo duda alguna en señalar a Julio Cesar López Pineda, como participante de los mismos a titulo de autor y a Hector Francisco Paz Paz como victima por ser conocidos, estableciendo con su narración la secuencia de los hechos, el lugar, día y hora de su acaecimientos, por lo tanto este tribunal le dio absoluta credibilidad a su deposición. Sin embargo, dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, esta deposicion no pueden ser corroboradas por ninguna otra prueba periférica científica que establezca que sus dichos sean ciertos, solo son suposiciones, pues no existe en el presente juicio acta de decomiso de arma, prueba fundamental que hubieran aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho que se investiga. El resto de medios de prueba como ser el Acta de Reconocimiento cadavérico y recolección de indicios con su álbum fotográfico y acta de inspección ocular y recolección de indios con su álbum fotográfico realizados por el policía Juan Javier Paz Hernández y Dictamen de levantamiento Cadavérico elaborado por el Dr. Hugo Lenin Ramos, no prueban que mi defendido haya cometido el delito de mérito. En consecuencia, resulta imposible quebrantar la Presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violento en la sentencia recurrida, esa norma constitucional, así como el debido proceso, por no seguir el juicio de nuestro representado conforme a las normas y procesos que la ley establece. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. CUARTO: Considera esta defensa que la prueba es insuficiente para revertir la presunción de inocencia que favorece a todo ciudadano conforme a las garantías que establece la Constitución de la República, porque el Ministerio Publico viene a pedir sentencia condenatoria únicamente con prueba testifical, no existiendo otro elemento de prueba que pueda ser valorado en forma conjunta y armónica con la misma, no existe prueba científica pueda involucrar a mi representado en el hecho de merito, por tanto en base al artículo 339 que establece que cuando no hay prueba suficiente para condenar, el Tribunal debe dictar una sentencia absolutoria al encausado. Hay ausencia de prueba científica, objetiva y confiable en este proceso penal, la cual ha sido sustituida en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece todas las garantías que las pruebas científicas, aun cuando el testigo este convencido de que está diciendo la verdad, ellos muchas veces no constituye una verdad real sino una subjetiva, como producto de muchas variables que hacen al testigo no solo percibir los hechos de una forma errónea, sino entenderlos memorizarlos y trasmitirlos alejándose de lo ocurrido, lo que hace que su valoración sea uno de los procesos más complejos en la tarea del juzgamiento de todo juez. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en si mismo, ni en los restantes medios de prueba, evacuados en el juicio. QUINTO: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art.11.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para adquirir certeza de culpabilidad, ya que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representado, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el censor entienda que han sido conculcados en el caso concreto.”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el censor debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo único •Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; •Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1,2 y 2020 Y 361 del código procesal penal; •Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia y al Debido Proceso; •Motivo: Insuficiencia Probatoria; •Pretensión: Se case la sentencia y se dicte otra apegada a la normativa penal citada. El Censor plantea la inobservancia del precepto constitucional que reconoce el derecho fundamental al estado natural de inocencia y el debido proceso del acusado Julio Cesar López Pineda, dado que considera que en base a la prueba evacuada en juicio no es posible alcanzar certeza sobre su participación en el hecho atribuido. Alega el Censor el Tribunal le dio absoluta credibilidad al testimonio de la señora Marixa Estelina Pérez Rivera. Sin embargo, dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, esta deposición no puede ser corroboradas por ninguna otra prueba periférica científica que establezca que sus dichos sean ciertos, solo son suposiciones, pues no existe en el presente juicio acta de decomiso de arma, prueba fundamental que hubieran aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho que se investiga. El resto de medios de prueba como ser el Acta de Reconocimiento cadavérico y recolección de indicios con su álbum fotográfico y acta de inspección ocular y recolección de indios con su álbum fotográfico realizados por el policía Juan Javier Paz Hernández y Dictamen de levantamiento Cadavérico elaborado por el Dr. Hugo Lenin Ramos, no prueban que mi defendido haya cometido el delito de mérito. En consecuencia, resulta imposible quebrantar la presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violento en la sentencia recurrida, esa norma constitucional, así como el debido proceso, por no seguir el juicio de nuestro representado conforme a las normas y procesos que la ley establece Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, reglado en el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. El derecho que estudiamos es un derecho fundamental de carácter general que tiene las siguientes características: •Es una presunción legal, preordenada por la norma constitucional, no sujeta a acreditación por parte de la persona sospechosa o imputada; •Es un derecho fundamental de carácter personal, que obliga a los representantes del Estado a tratar de una manera específica (como inocente) a aquella persona sospechosa o imputada; •Es una presunción Iuris Tantum, que puede destruirse a razón de prueba en contrario; y •Es un derecho que opera dentro de los límites del derecho probatorio, no teniendo vinculación con la calificación jurídica o la pena que debe de imponerse. El derecho tiene implicaciones en todo el sistema legal, y por supuesto tanto en la aplicación del derecho sustantivo penal como derecho procesal penal. La presunción de inocencia (Iuris Tantum) solo puede ser destruida como consecuencia de una declaratoria de culpabilidad emitida por un tribunal, emitida como consecuencia de una actividad probatoria de cargo que cubra los elementos que configuran el tipo penal sancionable, con suficiente entidad y practicada con las garantías legales. Este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando al derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este tribunal de casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Ahora bien, específicamente dentro del derecho procesal el Derecho/Principio de Inocencia es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). - Entonces, desde esa perspectiva del derecho procesal probatorio está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado o el infractor, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada. Recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. Al ser una condición presuntiva, el estado material de inocencia puede revertirse en una condición de culpabilidad, siempre que la actividad probatoria cumpla con requisitos formales y materiales (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a. Requisitos Formales: i. Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas evacuadas en el debate fueron propuestas en los momentos oportunos y debidamente admitidas; además que la prueba fue practicada con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad. Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; ii. Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 cpp); y iii. Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, es decir si se ajustan a las reglas de la sana critica. El derecho fundamental al estado de inocencia no se opone a la convicción judicial de culpabilidad formada a partir de prueba indiciaria, siempre que su apreciación sea dibujada de manera correcta y completa por el órgano sentenciador, señalando cual es el hecho indicador, la inferencia y el hecho indicado. El tribunal entonces no solo deberá de dejar claro cuáles son los hechos que estima probados indirectamente sino el proceso de inferencia que derivó de aquellos hechos que si fueron probados directamente. Además, y bajo los términos del derecho fundamental a la inocencia, la declaratoria de culpabilidad por prueba indiciaria deberá de ser como consecuencia de una pluralidad de indicios, de fuentes distintas, que se relacionen material y directamente con el hecho criminal y su responsable, de modo que entre los indicios y las consecuencias que de ellos se extraigan exista una clara y lógica concomitancia en términos tales que no pueda ser negada la razonabilidad de la convicción judicial. Por otra parte, el tribunal sentenciador no puede eludir enlistar todos aquellos contraindicios que hayan sido alegados por las partes o que aparezcan por el razonable desarrollo de ideas, comprobando uno a uno que no permean en la solidez del juicio de culpabilidad. b. Requisitos Materiales: i. Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; y ii. Suficiente Prueba de Cargo: Existencia de prueba de cargo, entendiéndose como tal la actividad probatoria debidamente ofertada, admitida y evacuada en la audiencia de debate, y que posteriormente valorada por el tribunal de sentencia, arroje información que determine la existencia del hecho delictivo y la vinculación de la persona juzgada con éste.- La prueba de cargo debe de cubrir los elementos objetivos y subjetivos del delito juzgado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. En consideración a lo anterior, cuando se alega como motivo en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional la violación al estado de inocencia, se le impone la tarea a la Sala de lo Penal de revisar que la condena proferida contra una persona acusada de delito, se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. Ante este tipo de recursos la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente (pero nunca a una revalorización del material probatorio); por ello la revisión recae en determinar si el convencimiento arribado responde a actividad probatoria que aunque mínima, haya sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica. Los requisitos formales y materiales que se han detallado constituyen conceptos de infracción que deben de ser especificados por el censor del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en el que se alegue la violación al estado material de inocencia; ergo el alegar violación al estado de inocencia sin determinar el concepto de la infracción (formal o material) es un defecto de técnica recursiva insalvable, que condena la suerte del recurso. En todos los casos y aun puntualizando el motivo y el concepto de la infracción, el censor deberá de tener presente que escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al tribunal de sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana critica. No puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Del Debido Proceso. La garantía del Debido Proceso, invocada por el Ministerio Público como aquella que ha sufrido inobservancia por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, pues la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Insuficiencia Probatoria como causa de la Transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición natural, interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República o al acusador privado, en su caso. Entonces en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la verificación de la existencia de datos necesarios que fueron fundamento en la decisión judicial mediante la cual se declaró la culpabilidad de la persona acusada, que deriven de auténticos actos de prueba que pongan en relieve la realización de hechos concretos y la responsabilidad de la persona acusada; como se señaló líneas antes: la constatación de que todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal fueron identificados en la información que arrojó la actividad probatoria, y además la participación de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que proyecte la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben de haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. El Censor debe de plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. La Sala de lo Penal declarara la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el tribunal de sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. Cabe advertir que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por supuesto quebranto al estado de inocencia a causa de insuficiencia probatoria no debe de convertirse en una instancia revisora de prueba, pues su valoración es exclusiva del órgano jurisdiccional frente al cual se ha evacuado, siendo entonces la función del órgano de casación la comprobación de la existencia de prueba de cargo suficiente, obtenida de forma regular; es decir la constatación de datos objetivados de cargo que reviertan la verdad interina de inocencia. El derecho fundamental al estado de inocencia entonces se verá violentado cuando se profiera una sentencia condenatoria a pesar de la ausencia de pruebas, es decir ante un caso concreto de carencia total de cargo probatoria; por lo que, de existir una actividad de cargo, aun sea mínima, volvería inoperante el recurso, incluso si con éste también se alegue errónea apreciación de la prueba, pues como se ha señalado ya, la valoración es tarea exclusiva del tribunal sentenciador. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación ante el recurso interpuesto ha realizado una revisión exhaustiva del fallo recurrido y no encuentra que en las actuaciones y argumentos del sentenciador se haya conculcado derecho alguno que merezca reproche casacional. En audiencia de proposición de prueba (F. 11) se propuso por parte del Ministerio Publico los siguientes medios de prueba; Prueba Testifical; Marixa Estelina Pérez Rivera; Prueba Documental; 1.-Acta de Reconocimiento de Cadáver 2.- Acta de Inspección Ocular y Álbum Fotográfico 3.- Dictamen de Levantamiento de Cadáver: la defensa no objeto los medios de prueba del Ministerio Público; La defensa por su parte propuso la siguiente; Prueba Testifical: 1.- Noe Oliver Fernández Paz 2.- Martiniano Mendoza: Durante la audiencia de juicio oral y público, celebrado en fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, se evacuaron la totalidad de los medios de pruebas del Ministerio Público y por parte de la Defensa solo se evacuo el testimonio del señor Martiniano Mendoza; Ambas partes tuvieron la posibilidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos y peritos. En virtud del motivo invocado por el recurrente, esta Sala de lo Penal ha efectuado una revisión exhaustiva de la prueba allegada al juicio y encuentra que la misma, si bien no es abundante, si es contundente y suficiente para enervar el Estado de Inocencia del acusado. Se evacuó en el juicio la declaración de la esposa de la victima la señora Marixa Estelina Pérez Rivera, quien manifestó; “ el once de mayo del dos mil diecinueve nosotros veníamos de San Pedro Sula, de vender calzado, por la calle de Corozal, Julio López Pineda le sale a mi esposo a asaltarlo Julio López Pineda le salió por el lado que conducía, con un arma de fuego para asaltarlo le dijo "es un asalto" y él se paró y le dijo "sácate la billetera" y cuando él quiso sacarla le dijo "a matarte vengo viejo hijo de p...", y le hizo un disparo, y se fue corriendo, su esposo fue llevado al centro de salud y allí falleció, el salió con una chamarra color mostaza y pantalón azul, eran cuatro y cincuenta minutos de la tarde, veníamos en una frontier roja, veníamos de regreso fue en el desvió de Corozal, venia despacio en la calle de tierra el salió del monte del lado que conducía, dijo que era un asalto salió cerca, le dijo que sacara la billetera al querer sacarla le disparo un disparo al pulmón luego salió corriendo lo llevo al Centro de Salud, ahí murió, el trabajo con nosotros que estaba haciendo un plantel, sabía que vendíamos zapatos no tenían problemas no hubo discusión antes del hecho, es ojos y pelo café, delgado, al llegar al desvió hizo un alto, y tuvo que detenerlo a cambiar la fuerza, veníamos él y yo a él lo capturaron después, solo le disparó un tiro, no habían más personas, está segura que él fue y lo pudo ver bien, lo conoce bien, trabajo con ellos salió a las cuatro p.m. se tarda de su casa al lugar diez minutos, no tenía el rostro cubierto.- Dicha testigo en forma clara, sin dudas ni reticencias sostiene que fue el imputado Julio Cesar López Pineda, quien le dio muerte al señor Héctor Francisco Paz Paz ya que fue testigo presencial de los hechos y los percibió por sus sentidos, no teniendo duda alguna en señalar a Julio Cesar López Pineda, como participante en los mismos a título de autor y a Héctor Francisco Paz Paz como víctima por ser conocidos, estableciendo con su narración la secuencia de los hechos, el lugar, día y hora de su acaecimiento, por lo tanto este Tribunal le da absoluta credibilidad a su deposición y en conjunto con el resto de prueba documental y pericial traída a juicio la valora por ser útil para establecer los hechos probados. Se presentó a juicio, la prueba pericial siguiente; Levantamiento Cadavérico realizado por Dirección General de Medicina Forense, clínica los cal de Santa Barbara, practicado al occiso Héctor Francisco Paz Paz, en fecha 11 de mayo de 2019 a las 8: 30 de la noche por el médico forense Hugo Lenin Ramos Rivera, a en el cual se establecen en sus conclusiones la evidencia externa de trauma: orificio de bordes regulares escapular izquierda, sin zona de tatuaje de pólvora ni zona de ahusamiento; Orificio de bordes irregulares en la región infra-axilar derecha, sin zona de ahusamiento ni tatuaje de pólvora, estableciendo como causa de muerte por herida penetrante en tórax, quedando establecida para el Juzgador la manera de muerte homicida por proyectil de arma de fuego. Como medio de prueba documental; Acta de Reconocimiento Cadavérico y Recolección de Indicios con su Álbum Fotográfico Y Acta de inspección ocular y Recolección de Indicios con su respectivo álbum fotográfico; Con los cuales el Juzgador tuvo como establecido el Lugar, hora y la dinámica de la escena donde se quedó el cuerpo sin vida del señor Héctor Francisco Paz Paz, tal y como lo dejo ver en el acápite valoración de prueba de la sentencia recurrida; Medios de prueba que al relacionarlos el Juzgador, con el testimonio de la señor Marixa Estelina Pérez Rivera, sirvieron de fundamento para fijar los hechos probados de la sentencia y así su fallo de culpabilidad Para esta Sala de lo Penal las probanzas allegadas a juicio y los razonamientos vertidos por el Juzgador para valorarla, son suficientes para enervar legalmente el estado de inocencia del acusado, pues la declaración de la esposa de del occiso Marixa Estelina Pérez Rivera, es contundente al señalar como responsable de los hechos, al imputado Julio Cesar López Pineda, a quien identificó plenamente debido a que andaba su rostro cubierto, pues el acusado era empleado a quien buscaban regularmente para que trabajaran con su esposo y ella, por tanto no le era una persona desconocida, el ser humano es capaz de reconocer a otra aun con dificultades visuales cuando le conoce desde hace mucho tiempo; su testimonio es confirmado con el dictamen médico, el cual válida la declaración de la testigo al afirmar la ubicación del disparo por proyectil de arma de fuego provocadas por el acusado al señor Héctor Francisco Paz Paz que le causó la muerte; todo este razonamiento fue debidamente externado por el Sentenciador y con ellas es posible llegar a la misma conclusión que llegó el Tribunal A-quo, siendo posible conculcar legalmente su estado de inocencia; por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseían el señor Julio Cesar López Pineda; en ese sentido no es cierta la posición del recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión. Se declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Publica del señor Julio Cesar López Pineda, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Julio Cesar López Pineda, la pena de 15 años de reclusión por un delito de Homicidio Simple en perjuicio de Héctor Francisco Paz Paz, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y la responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio, se penaliza en el artículo 192, cuya pena es de 15 a 20 años de prisión como penas accesorias; Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión, Como penas accesorias; La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena y responsabilidad civil. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena concreta impuesta en la sentencia recurrida de 15 años de reclusión, se encuentra dentro del marco abstracto de pena de 15 a 20 años de prisión del NCP decreto 130-2017; Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su Único Motivo interpuesto por el Abogado Wilmer Candelario Hernández Erazo, en su condición de Defensor Público del señor Julio Cesar López Pineda, a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Héctor Francisco Paz Paz. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”.Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-81-2021.LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-81-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho del mes de mayo de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-81-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Julio Cesar López Pineda, por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Héctor Francisco Paz Paz, a la pena de quince años de reclusión; Asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Declaró la responsabilidad civil del señor Julio Cesar López Pineda, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Tercero: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No Procedió el comiso. Son partes en única instancia: Las Abogadas Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de Defensora Pública del señor Julio Cesar López Pineda, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: El día once de mayo del dos mil diecinueve en el desvió hacia la aldea El Corozal, del municipio de Trinidad, departamento de Santa Barbara, como a eso de las cuatro y cincuenta minutos de la tarde el señor HECTOR FRANCISCO PAZ PAZ, conducía su vehículo en dirección a su casa de habitación ubicada en la aldea El Tigre del mismo municipio cuando el hoy imputado JULIO CESAR LOPEZ PINEDA, le saliò al encuentro portando un arma de fuego, diciéndole que era un asalto que le entregara la cartera y cuando HECTOR FRANCISCO PAZ PAZ hizo un movimiento para sacar su cartera, el imputado le manifestó "a matarte vengo" y acto seguido le disparo a la altura del tórax, y luego salió corriendo del lugar falleciendo HECTOR FRANCISCO PAZ PAZ mientras recibía asistencia médica.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Wilmer Candelario Hernàndez Erazo, en su condición de Defensor Público del señor Julio Cesar López Pineda, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO-. Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Articulo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente y de conformidad con las normas de este código…”. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Julio Cesar López Pineda, por el delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor HECTOR Francisco Paz Paz, infringiendo gravemente los derechos fundamentales referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de mi representado, produjo un mínimo de actividad probatoria. TERCERO: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro factico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo como ser la declaración de un testigo señora MARIXA ESTELINA PEREZ PINEDA, donde manifiesta el juzgador que el testigo anteriormente mencionado en una declaración creíbles, ya que sin dudas ni reticencias sostiene que fue el imputado Julio Cesar López Pineda, quien le dio muerte al señor Hector Francisco Paz Paz, ya que fue testigo presencial y lo percibió por sus sentidos, no tiendo duda alguna en señalar a Julio Cesar López Pineda, como participante de los mismos a titulo de autor y a Hector Francisco Paz Paz como victima por ser conocidos, estableciendo con su narración la secuencia de los hechos, el lugar, día y hora de su acaecimientos, por lo tanto este tribunal le dio absoluta credibilidad a su deposición. Sin embargo, dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, esta deposicion no pueden ser corroboradas por ninguna otra prueba periférica científica que establezca que sus dichos sean ciertos, solo son suposiciones, pues no existe en el presente juicio acta de decomiso de arma, prueba fundamental que hubieran aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho que se investiga. El resto de medios de prueba como ser el Acta de Reconocimiento cadavérico y recolección de indicios con su álbum fotográfico y acta de inspección ocular y recolección de indios con su álbum fotográfico realizados por el policía Juan Javier Paz Hernández y Dictamen de levantamiento Cadavérico elaborado por el Dr. Hugo Lenin Ramos, no prueban que mi defendido haya cometido el delito de mérito. En consecuencia, resulta imposible quebrantar la Presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violento en la sentencia recurrida, esa norma constitucional, así como el debido proceso, por no seguir el juicio de nuestro representado conforme a las normas y procesos que la ley establece. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. CUARTO: Considera esta defensa que la prueba es insuficiente para revertir la presunción de inocencia que favorece a todo ciudadano conforme a las garantías que establece la Constitución de la República, porque el Ministerio Publico viene a pedir sentencia condenatoria únicamente con prueba testifical, no existiendo otro elemento de prueba que pueda ser valorado en forma conjunta y armónica con la misma, no existe prueba científica pueda involucrar a mi representado en el hecho de merito, por tanto en base al artículo 339 que establece que cuando no hay prueba suficiente para condenar, el Tribunal debe dictar una sentencia absolutoria al encausado. Hay ausencia de prueba científica, objetiva y confiable en este proceso penal, la cual ha sido sustituida en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece todas las garantías que las pruebas científicas, aun cuando el testigo este convencido de que está diciendo la verdad, ellos muchas veces no constituye una verdad real sino una subjetiva, como producto de muchas variables que hacen al testigo no solo percibir los hechos de una forma errónea, sino entenderlos memorizarlos y trasmitirlos alejándose de lo ocurrido, lo que hace que su valoración sea uno de los procesos más complejos en la tarea del juzgamiento de todo juez. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en si mismo, ni en los restantes medios de prueba, evacuados en el juicio. QUINTO: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art.11.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para adquirir certeza de culpabilidad, ya que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representado, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el censor entienda que han sido conculcados en el caso concreto.”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el censor debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo único •Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; •Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1,2 y 2020 Y 361 del código procesal penal; •Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia y al Debido Proceso; •Motivo: Insuficiencia Probatoria; •Pretensión: Se case la sentencia y se dicte otra apegada a la normativa penal citada. El Censor plantea la inobservancia del precepto constitucional que reconoce el derecho fundamental al estado natural de inocencia y el debido proceso del acusado Julio Cesar López Pineda, dado que considera que en base a la prueba evacuada en juicio no es posible alcanzar certeza sobre su participación en el hecho atribuido. Alega el Censor el Tribunal le dio absoluta credibilidad al testimonio de la señora Marixa Estelina Pérez Rivera. Sin embargo, dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, esta deposición no puede ser corroboradas por ninguna otra prueba periférica científica que establezca que sus dichos sean ciertos, solo son suposiciones, pues no existe en el presente juicio acta de decomiso de arma, prueba fundamental que hubieran aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho que se investiga. El resto de medios de prueba como ser el Acta de Reconocimiento cadavérico y recolección de indicios con su álbum fotográfico y acta de inspección ocular y recolección de indios con su álbum fotográfico realizados por el policía Juan Javier Paz Hernández y Dictamen de levantamiento Cadavérico elaborado por el Dr. Hugo Lenin Ramos, no prueban que mi defendido haya cometido el delito de mérito. En consecuencia, resulta imposible quebrantar la presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violento en la sentencia recurrida, esa norma constitucional, así como el debido proceso, por no seguir el juicio de nuestro representado conforme a las normas y procesos que la ley establece Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, reglado en el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. El derecho que estudiamos es un derecho fundamental de carácter general que tiene las siguientes características: •Es una presunción legal, preordenada por la norma constitucional, no sujeta a acreditación por parte de la persona sospechosa o imputada; •Es un derecho fundamental de carácter personal, que obliga a los representantes del Estado a tratar de una manera específica (como inocente) a aquella persona sospechosa o imputada; •Es una presunción Iuris Tantum, que puede destruirse a razón de prueba en contrario; y •Es un derecho que opera dentro de los límites del derecho probatorio, no teniendo vinculación con la calificación jurídica o la pena que debe de imponerse. El derecho tiene implicaciones en todo el sistema legal, y por supuesto tanto en la aplicación del derecho sustantivo penal como derecho procesal penal. La presunción de inocencia (Iuris Tantum) solo puede ser destruida como consecuencia de una declaratoria de culpabilidad emitida por un tribunal, emitida como consecuencia de una actividad probatoria de cargo que cubra los elementos que configuran el tipo penal sancionable, con suficiente entidad y practicada con las garantías legales. Este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando al derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este tribunal de casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Ahora bien, específicamente dentro del derecho procesal el Derecho/Principio de Inocencia es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). - Entonces, desde esa perspectiva del derecho procesal probatorio está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado o el infractor, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada. Recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. Al ser una condición presuntiva, el estado material de inocencia puede revertirse en una condición de culpabilidad, siempre que la actividad probatoria cumpla con requisitos formales y materiales (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a. Requisitos Formales: i. Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas evacuadas en el debate fueron propuestas en los momentos oportunos y debidamente admitidas; además que la prueba fue practicada con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad. Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; ii. Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 cpp); y iii. Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, es decir si se ajustan a las reglas de la sana critica. El derecho fundamental al estado de inocencia no se opone a la convicción judicial de culpabilidad formada a partir de prueba indiciaria, siempre que su apreciación sea dibujada de manera correcta y completa por el órgano sentenciador, señalando cual es el hecho indicador, la inferencia y el hecho indicado. El tribunal entonces no solo deberá de dejar claro cuáles son los hechos que estima probados indirectamente sino el proceso de inferencia que derivó de aquellos hechos que si fueron probados directamente. Además, y bajo los términos del derecho fundamental a la inocencia, la declaratoria de culpabilidad por prueba indiciaria deberá de ser como consecuencia de una pluralidad de indicios, de fuentes distintas, que se relacionen material y directamente con el hecho criminal y su responsable, de modo que entre los indicios y las consecuencias que de ellos se extraigan exista una clara y lógica concomitancia en términos tales que no pueda ser negada la razonabilidad de la convicción judicial. Por otra parte, el tribunal sentenciador no puede eludir enlistar todos aquellos contraindicios que hayan sido alegados por las partes o que aparezcan por el razonable desarrollo de ideas, comprobando uno a uno que no permean en la solidez del juicio de culpabilidad. b. Requisitos Materiales: i. Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; y ii. Suficiente Prueba de Cargo: Existencia de prueba de cargo, entendiéndose como tal la actividad probatoria debidamente ofertada, admitida y evacuada en la audiencia de debate, y que posteriormente valorada por el tribunal de sentencia, arroje información que determine la existencia del hecho delictivo y la vinculación de la persona juzgada con éste.- La prueba de cargo debe de cubrir los elementos objetivos y subjetivos del delito juzgado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. En consideración a lo anterior, cuando se alega como motivo en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional la violación al estado de inocencia, se le impone la tarea a la Sala de lo Penal de revisar que la condena proferida contra una persona acusada de delito, se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. Ante este tipo de recursos la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente (pero nunca a una revalorización del material probatorio); por ello la revisión recae en determinar si el convencimiento arribado responde a actividad probatoria que aunque mínima, haya sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica. Los requisitos formales y materiales que se han detallado constituyen conceptos de infracción que deben de ser especificados por el censor del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en el que se alegue la violación al estado material de inocencia; ergo el alegar violación al estado de inocencia sin determinar el concepto de la infracción (formal o material) es un defecto de técnica recursiva insalvable, que condena la suerte del recurso. En todos los casos y aun puntualizando el motivo y el concepto de la infracción, el censor deberá de tener presente que escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al tribunal de sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana critica. No puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Del Debido Proceso. La garantía del Debido Proceso, invocada por el Ministerio Público como aquella que ha sufrido inobservancia por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, pues la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Insuficiencia Probatoria como causa de la Transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición natural, interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República o al acusador privado, en su caso. Entonces en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la verificación de la existencia de datos necesarios que fueron fundamento en la decisión judicial mediante la cual se declaró la culpabilidad de la persona acusada, que deriven de auténticos actos de prueba que pongan en relieve la realización de hechos concretos y la responsabilidad de la persona acusada; como se señaló líneas antes: la constatación de que todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal fueron identificados en la información que arrojó la actividad probatoria, y además la participación de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que proyecte la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben de haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. El Censor debe de plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. La Sala de lo Penal declarara la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el tribunal de sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. Cabe advertir que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por supuesto quebranto al estado de inocencia a causa de insuficiencia probatoria no debe de convertirse en una instancia revisora de prueba, pues su valoración es exclusiva del órgano jurisdiccional frente al cual se ha evacuado, siendo entonces la función del órgano de casación la comprobación de la existencia de prueba de cargo suficiente, obtenida de forma regular; es decir la constatación de datos objetivados de cargo que reviertan la verdad interina de inocencia. El derecho fundamental al estado de inocencia entonces se verá violentado cuando se profiera una sentencia condenatoria a pesar de la ausencia de pruebas, es decir ante un caso concreto de carencia total de cargo probatoria; por lo que, de existir una actividad de cargo, aun sea mínima, volvería inoperante el recurso, incluso si con éste también se alegue errónea apreciación de la prueba, pues como se ha señalado ya, la valoración es tarea exclusiva del tribunal sentenciador. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación ante el recurso interpuesto ha realizado una revisión exhaustiva del fallo recurrido y no encuentra que en las actuaciones y argumentos del sentenciador se haya conculcado derecho alguno que merezca reproche casacional. En audiencia de proposición de prueba (F. 11) se propuso por parte del Ministerio Publico los siguientes medios de prueba; Prueba Testifical; Marixa Estelina Pérez Rivera; Prueba Documental; 1.-Acta de Reconocimiento de Cadáver 2.- Acta de Inspección Ocular y Álbum Fotográfico 3.- Dictamen de Levantamiento de Cadáver: la defensa no objeto los medios de prueba del Ministerio Público; La defensa por su parte propuso la siguiente; Prueba Testifical: 1.- Noe Oliver Fernández Paz 2.- Martiniano Mendoza: Durante la audiencia de juicio oral y público, celebrado en fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, se evacuaron la totalidad de los medios de pruebas del Ministerio Público y por parte de la Defensa solo se evacuo el testimonio del señor Martiniano Mendoza; Ambas partes tuvieron la posibilidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos y peritos. En virtud del motivo invocado por el recurrente, esta Sala de lo Penal ha efectuado una revisión exhaustiva de la prueba allegada al juicio y encuentra que la misma, si bien no es abundante, si es contundente y suficiente para enervar el Estado de Inocencia del acusado. Se evacuó en el juicio la declaración de la esposa de la victima la señora Marixa Estelina Pérez Rivera, quien manifestó; “ el once de mayo del dos mil diecinueve nosotros veníamos de San Pedro Sula, de vender calzado, por la calle de Corozal, Julio López Pineda le sale a mi esposo a asaltarlo Julio López Pineda le salió por el lado que conducía, con un arma de fuego para asaltarlo le dijo "es un asalto" y él se paró y le dijo "sácate la billetera" y cuando él quiso sacarla le dijo "a matarte vengo viejo hijo de p...", y le hizo un disparo, y se fue corriendo, su esposo fue llevado al centro de salud y allí falleció, el salió con una chamarra color mostaza y pantalón azul, eran cuatro y cincuenta minutos de la tarde, veníamos en una frontier roja, veníamos de regreso fue en el desvió de Corozal, venia despacio en la calle de tierra el salió del monte del lado que conducía, dijo que era un asalto salió cerca, le dijo que sacara la billetera al querer sacarla le disparo un disparo al pulmón luego salió corriendo lo llevo al Centro de Salud, ahí murió, el trabajo con nosotros que estaba haciendo un plantel, sabía que vendíamos zapatos no tenían problemas no hubo discusión antes del hecho, es ojos y pelo café, delgado, al llegar al desvió hizo un alto, y tuvo que detenerlo a cambiar la fuerza, veníamos él y yo a él lo capturaron después, solo le disparó un tiro, no habían más personas, está segura que él fue y lo pudo ver bien, lo conoce bien, trabajo con ellos salió a las cuatro p.m. se tarda de su casa al lugar diez minutos, no tenía el rostro cubierto.- Dicha testigo en forma clara, sin dudas ni reticencias sostiene que fue el imputado Julio Cesar López Pineda, quien le dio muerte al señor Héctor Francisco Paz Paz ya que fue testigo presencial de los hechos y los percibió por sus sentidos, no teniendo duda alguna en señalar a Julio Cesar López Pineda, como participante en los mismos a título de autor y a Héctor Francisco Paz Paz como víctima por ser conocidos, estableciendo con su narración la secuencia de los hechos, el lugar, día y hora de su acaecimiento, por lo tanto este Tribunal le da absoluta credibilidad a su deposición y en conjunto con el resto de prueba documental y pericial traída a juicio la valora por ser útil para establecer los hechos probados. Se presentó a juicio, la prueba pericial siguiente; Levantamiento Cadavérico realizado por Dirección General de Medicina Forense, clínica los cal de Santa Barbara, practicado al occiso Héctor Francisco Paz Paz, en fecha 11 de mayo de 2019 a las 8: 30 de la noche por el médico forense Hugo Lenin Ramos Rivera, a en el cual se establecen en sus conclusiones la evidencia externa de trauma: orificio de bordes regulares escapular izquierda, sin zona de tatuaje de pólvora ni zona de ahusamiento; Orificio de bordes irregulares en la región infra-axilar derecha, sin zona de ahusamiento ni tatuaje de pólvora, estableciendo como causa de muerte por herida penetrante en tórax, quedando establecida para el Juzgador la manera de muerte homicida por proyectil de arma de fuego. Como medio de prueba documental; Acta de Reconocimiento Cadavérico y Recolección de Indicios con su Álbum Fotográfico Y Acta de inspección ocular y Recolección de Indicios con su respectivo álbum fotográfico; Con los cuales el Juzgador tuvo como establecido el Lugar, hora y la dinámica de la escena donde se quedó el cuerpo sin vida del señor Héctor Francisco Paz Paz, tal y como lo dejo ver en el acápite valoración de prueba de la sentencia recurrida; Medios de prueba que al relacionarlos el Juzgador, con el testimonio de la señor Marixa Estelina Pérez Rivera, sirvieron de fundamento para fijar los hechos probados de la sentencia y así su fallo de culpabilidad Para esta Sala de lo Penal las probanzas allegadas a juicio y los razonamientos vertidos por el Juzgador para valorarla, son suficientes para enervar legalmente el estado de inocencia del acusado, pues la declaración de la esposa de del occiso Marixa Estelina Pérez Rivera, es contundente al señalar como responsable de los hechos, al imputado Julio Cesar López Pineda, a quien identificó plenamente debido a que andaba su rostro cubierto, pues el acusado era empleado a quien buscaban regularmente para que trabajaran con su esposo y ella, por tanto no le era una persona desconocida, el ser humano es capaz de reconocer a otra aun con dificultades visuales cuando le conoce desde hace mucho tiempo; su testimonio es confirmado con el dictamen médico, el cual válida la declaración de la testigo al afirmar la ubicación del disparo por proyectil de arma de fuego provocadas por el acusado al señor Héctor Francisco Paz Paz que le causó la muerte; todo este razonamiento fue debidamente externado por el Sentenciador y con ellas es posible llegar a la misma conclusión que llegó el Tribunal A-quo, siendo posible conculcar legalmente su estado de inocencia; por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseían el señor Julio Cesar López Pineda; en ese sentido no es cierta la posición del recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión. Se declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Publica del señor Julio Cesar López Pineda, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Julio Cesar López Pineda, la pena de 15 años de reclusión por un delito de Homicidio Simple en perjuicio de Héctor Francisco Paz Paz, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y la responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio, se penaliza en el artículo 192, cuya pena es de 15 a 20 años de prisión como penas accesorias; Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión, Como penas accesorias; La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena y responsabilidad civil. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena concreta impuesta en la sentencia recurrida de 15 años de reclusión, se encuentra dentro del marco abstracto de pena de 15 a 20 años de prisión del NCP decreto 130-2017; Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su Único Motivo interpuesto por el Abogado Wilmer Candelario Hernández Erazo, en su condición de Defensor Público del señor Julio Cesar López Pineda, a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Héctor Francisco Paz Paz. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado.
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Receptora Adscrita de la sala de lo penal.