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Sentencia CP-633-19 — Registro 19095

Resumen

En primera instancia el Tribunal de Sentencia se condenó a los acusados por el delito de homicidio, resolviendo en segunda instancia por parte de la Sala de lo Penal No Ha Lugar el recurso de casación y procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues le beneficia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...; para esta Sala de Casación el recurrente ha equivocado su argumento casacional, pues el hecho de que el Juzgador afirme que padece de un trastorno bipolar eso no significa que no pueda cometer un delito doloso, es decir teniendo toda la intención para hacerlo, pues tal como se suscitaron los hechos y conforme lo relató el ofendido, el imputado junto con otra persona irrumpieron en su vehículo pidiéndoles que se trasladara por cierta carretera, a lo cual se negó el ofendido, lo que provocó que lo tiraran del automotor; al analizar las acciones del acusado junto con su acompañante, no parecen para nada acciones de personas que no sabían lo que estaban realizando, sino que constituyen operaciones de individuos que tenían conciencia de sus actos y constituye un plan entre ellos; por tanto el afirmar que el acusado actuó de forma dolosa y que a la vez asevere que padece de un trastorno bipolar, para nada constituye violación al principio de no contradicción. Por todas las razones antes expuestas podemos afirmar que el Sentenciador aplicó de forma correcta y adecuada las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el primer y segundo motivo de casación por quebrantamiento interpuesto por la defensa privada del acusado.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...El motivo no es de Recibo. Analiza esta Sala de lo Penal, que el recurrente ha presentado un recurso de casación por infracción de precepto constitucional, sin embargo no ha señalado una norma constitucional infringida, sino que señaló el artículo 18 del Código Procesal Penal que refiere a la interpretación de los pasajes oscuros de la ley y al artículo 20 del mismo cuerpo legal, referente a la generalidad de las garantías y principios procesales; normas que no son constitucionales y tampoco el censor ha hecho referencia en cómo esos artículos tienen relación con alguna norma constitucional establecida en nuestra Carta Magna y que el A-quo haya infringido. Lo que el recurrente hace en su recurso de casación por infracción de precepto constitucional son meros argumentos de instancia, estableciendo situaciones que en ningún momento advirtió el Juzgador, por ejemplo afirmar que tiene duda acerca de si el acusado actuó o no bajo un trastorno mental transitorio, aseveración que no es correcta, pues lo que establece el A-quo es que las pruebas psiquiátricas no son suficientes para determinar si el encartado sabía o no que su actuación reñía con la ley; pero contrario a lo que afirma el censor, para esta Sala de Casación ha quedado claro que el Tribunal Sentenciador adquirió certeza de que el acusado Víctor Hugo Rivas Paz actuó de forma consciente e intencional para cometer el hecho por el cual está siendo acusado. Para esta Sala de Casación es difícil poder dar respuesta a todos los planteamiento del recurrente plasmados en este motivo, pues no ha sido capaz de enlazar sus argumentos con una norma constitucional que considere infringida, pues lo que realiza el censor son apreciaciones subjetivas de cómo el A-quo debió valorar la prueba; precisamente el antecedente que hace referencia el impetrante, en cuanto a la sentencia de esta Sala de lo Penal en el recurso de casación 320-2009 dictada en fecha nueve de junio de dos mil once que afirma: “Esta Sala de lo Penal, viene reiteradamente sosteniendo que si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal” De lo antes relacionado podemos concluir que el recurrente no fue capaz de establecer a que normas constitucionales se refería al enunciar un recurso de casación que se utiliza para denunciar violaciones o quebrantos a normas constitucionales o de derechos humanos; por lo que el fundamento que presenta en su recurso al referirse a un antecedente de esta Sala de Casación, es el mismo fundamento que sirve para denegar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual se declara no ha lugar. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...en el caso del nuevo código penal 130-2017, también se establece en su numeral 1 la eximente incompleta y en su último numeral refiere que se puede considerar cualquier otra análoga, que en el presente caso correspondería a no contar con antecedentes penales. Conforme el artículo 70 inciso d, cuando concurran varias circunstancias atenuantes y ninguna agravante, se aplica la pena en su límite mínimo; que en el presente caso corresponde a 4 años 8 meses de prisión. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado mediante el decreto 144-83 es mucho mayor que la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues le beneficia..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 70 N.d, 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-633-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 633-2019 por quebrantamiento de forma y por infracción de precepto constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló; Primero: Condenó a Víctor Hugo Rivas Paz, como autor responsable del delito de Robo de Vehículo en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido 11-02-07, a la pena principal de seis años, ocho meses de reclusión, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción, por el tiempo de duración de la pena principal. Segundo: Condenó a Víctor Hugo Rivas Paz, como autor responsable del delito Robo en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido 11- 02-07, a la pena principal de tres años, cuatro meses de reclusión; más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Las penas antes descritas el acusado deberá cumplirlas sucesivamente, iniciando por las de mayor gravedad, en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. Cuarto: Declaró al condenado responsable civilmente. Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: No procedió declarar el comiso. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Javier Reyes Arzú, en su condición defensor privado de Víctor Hugo Rivas Paz, como parte recurrente y la abogada Marla Iris Cárdenas Guardado en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha once de febrero de dos mil diecisiete, a la una con treinta minutos de la mañana, el testigo protegido se conducía en un vehículo tipo turismo, tipo taxi, marca Toyota, cuando a la altura del semáforo de la colonia Fesitran, dos personas ingresaron repentinamente al vehículo, entre ellos, el acusado VICTOR HUGO RIVAS PAZ, ubicándose uno en la parte de adelante y el otro en la parte de atrás, manifestándole al Testigo Protegido que los llevara al Centro Comercial Mega Plaza, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés; respondiéndole el testigo protegido que ya no andaba trabajando, por lo que en ese momento, uno de ellos lo agarró de la cabeza y le apretó el cuello, ordenándole que detuviera la marcha; mientras el otro, procedió a lanzarlo del vehículo, dándose seguidamente a la fuga. SEGUNDO: Seguidamente el testigo protegido pidió auxilio a un conductor desconocido y le dieron persecución, logrando observar que el vehículo se había detenido en la gasolinera Puma frente a la 105 Brigada de Infantería, por lo que este alertó a unos agentes policiales, quienes les dieron captura al acusado VÍCTOR HUGO RIVAS PAZ a escasos metros del lugar, encontrándole las llaves del vehículo y la billetera propiedad del testigo protegido, siendo detenido y puesto a la orden de las autoridades correspondientes.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El recurrente abogado Javier Reyes Arzú en su condición de defensor privado de Víctor Hugo Rivas Paz, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: No haberse observado en la valoración de la prueba, la Regla de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional de la lógica específicamente a la norma DE DERIVACIÓN de donde emana la ley de LA RAZÓN SUFICIENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El artículo 338 sección cuarta, numeral 2) del Código procesal Penal literalmente dice: "... Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados ..." El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: "El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: "Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Antes de entrar a explicar la contravención a la regla de la Sana Critica cometida por el Tribunal de Sentencia, es necesario exponer en que constituyen las reglas de la sana critica para la Doctrina Legal hondureña, en vista de que el ordenamiento jurídico vigente no lo revela. En ese orden de ideas, la Sala de lo Penal ya ha delimitado jurídicamente que las reglas de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional consisten en los principios del recto entendimiento humano, o que es lo mismo, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, que los Jueces y Magistrados de los Tribunales Hondureños están obligados a respetarlas. Para los efectos de exponer mi motivo de casación, me limitare a explicar cómo fue inobservada la Regla de la Sana Crítica de la lógica de Derivación de donde nace la ley de LA RAZÓN SUFICIENTE que estimo vulnerada por el Tribunal de Sentencia al momento de valorar las pruebas en su fallo condenatorio dictado en contra de mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ.- En ese sentido, la Sala de lo Penal nos ilustra, que de la norma de la lógica se produce, emanan o nacen de su interpretación dogmática y jurídica las siguientes Leyes: a) Ley de identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y la d) Ley de razón suficiente. Por tanto, debemos comprender que la Ley de Razón Suficiente, de conformidad a lo ya precisado por la Sala de lo Penal, es aquella -en donde generalmente se violenta su aplicación racional, cuando /os indicios con que se pretende fundamentar un fallo, no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir, carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica razonable, bien sea de culpabilidad o de inocencia--, implicando la Sala de lo Penal, que si los Jueces de un Tribunal de Sentencia en su fallo establecen conclusiones carentes de razón o ilógicos, la consecuencia inmediata es la infracción de la Ley de Razón Suficiente que contiene la lógica como regla de la sana crítica.-En ese sentido, el Principio de Razón Suficiente tiene su origen en la Ley de la Derivación, que postula: todo razonamiento debe ser derivado, es decir, ha de provenir de inferencias o deducciones coherentes. En virtud de este Principio, la validez de cualquier proposición debe de ser producto de suficientes fundamentos que le dan consistencia, a través de los cuales aquella se tiene por verdadera. En el caso que nos ocupa, acontece señores Magistrados, que según consta en la Sentencia condenatoria dictada en contra mi representado VICTOR HUGO RIV AS PAZ, el Tribunal de Sentencia le condena por haber realizado una ACCIÓN DOLOSA al cometer los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE 11-02-07; hecho acontecido el día 11 de febrero del año 2017 a la 1.30 am de la mañana en la altura del semáforo de la Colonia FESITRAN, de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes.- DE LA ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA RECURRIDA se establece en la parte de la Valoración de las Pruebas que se evacuaron en el Debate de Juicio Oral y Público, DOS PRUEBAS PERICIALES Y UN CERTIFICADO MÉDICO sobre el ESTADO DE SALUD MENTAL de mi patrocinado VICTOR HUGO RIVAS PAZ.- Las pruebas periciales fueron los Dictámenes Psiquiátricos Forenses números 2017-0501-0200-478 y 2013-05-0201-0353 emitidos en fecha 30 de octubre del año 2017 y 5 de julio del año 2013 en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico; El certificado Médico fue extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes. El Tribunal de Sentencia conformado por los Jueces de Sentencia GLORIS EVELIN BANEGAS, ISSA JHENIE HERNANDEZ PAZ Y GRACIA MARIA BERTRAND al momento de valorar las pruebas antes mencionadas exponen los siguientes raciocinios: VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL CONSISTENTE EN DOS DICTAMENES PSIQUIATRICOS FORENSES "...Con los dictámenes antes referidos, tenemos por acreditado que el acusado VICTOR HUGO RIVAS PAZ adolece de un trastorno afectivo Bipolar, con periodos depresivos, dependencia al consumo de alcohol, asociada al trastorno bipolar que le provocan conductas impulsivas, destructivas que ponen en riesgo la seguridad del individuo y de los demás; Sin embargo, dichos dictámenes no sirven de utilidad para poder tener por acreditado fehacientemente que el señor RIVAS PAZ al momento de cometer el hecho, estaba pasando por una fase de crisis transitoria, que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ya que no se realizaron exámenes clínicos antes, ni después del hecho que comprobaran de manera irrefutable que el mismo no estaba en plena conciencia de sus actos y por ende eximirlo de responsabilidad penal. Así las cosas, al concatenar la prueba que ha sido desplegada en la vista pública, no queda más que tener por acreditado que el acusado Víctor Rivas Paz es responsable de un hecho que merece ser sancionado y penado..." VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN CERTIFICADO MEDICO PSIQUIATRICO. "...Dicha certificación medica guarda estrecha relación con lo manifestado por el Psiquiatra y Perito Alfredo Leonardo Sosa, lo cual le damos valor por tratarse de un documento medico expedido por una especialista en la materia, que no tiene interés en el caso, más que documentar información médica que ella respalda como médico tratante del acusado Víctor Rivas paz; vemos entonces que el acusado tuvo su última cita médica el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, es decir, aproximadamente tres semanas antes del hecho, encontrándose el mismos con buen apego farmacológico, sin establecer recaídas durante el proceso y cumpliendo con su proceso psicoterapéutico. Por lo que si bien, damos por acreditado el trastorno bipolar que padece el acusado, no menos cierto es, que aún con la prueba pericial y dicho constancia médica, no ha llegado a nuestro convencimiento humano que el acusado actúo bajo un estado de Psicosis Transitoria, lo cual le impidiera medir las consecuencias de sus actos; ya que a pregustas del Tribunal, quedo constatado que el acusado no fue evaluado antes del hecho, ni después del mismo, de manera que se demuestre que obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos...." Sobre estos argumentos de valoración de prueba pericial y documental de carácter psiquiátrico que radican sobre LA SALUD MENTAL del imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ es necesario establecer la doble explicación ilógica que exponen los juzgadores para valorar los indicios donde afincan su razonamientos para condenarlo; pues primero, aceptan sin lugar a dudas que el imputado adolece de un trastorno bipolar, que de conformidad a los dictámenes periciales y al certificado médico (a los cuales les dan toda credibilidad probatoria) desde el punto de vista PSIQUIATRICO le produce al imputado "en el momento de los hechos impresiona un trastorno de disociación y que durante este periodo tiene alterada la capacidad de hacer juicios de realidad"; pero seguidamente, los jueces razonaron en la valoración de esta misma prueba que no obstante lo anteriormente explicado, no les merecen convencimiento estas pruebas a pesar de ser creíbles, objetivas y ser emitidas sin criterio para favorecer al imputado, porque al imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ no fue evaluado antes y después de cometer los hechos punibles por el cual se le adelanto juicio oral y público y se le condeno, véase como lo razonan: "...Sin embargo, dichos dictámenes no sirven de utilidad para poder tener por acreditado fehacientemente que el señor RIVAS PAZ al momento de cometer el hecho, estaba pasando por una fase de crisis transitoria, que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ya que no se realizaron exámenes clínicos antes, ni después del hecho que comprobaran de manera irrefutable que el mismo no estaba en plena conciencia de sus actos y por ende eximirlo de responsabilidad pena..." "...no fue evaluado antes del hecho, ni después del mismo, de manera que se demuestre que obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos...' En otras palabras, la lógica que utilizan los Jueces de sentencia, para derivar los indicios de condena, no radican o provienen de haber quedado en la estructura de la sentencia claramente expresados los criterios de valoración que se han utilizado para definir la prueba que se acoge o se rechaza o los mismos o que sean producto de una fundamentación Analítica o Intelectiva, de donde los jueces hayan analizado los elementos de juicio, dejando constancia de los aspectos en que consistió la coherencia, la consistencia, la veracidad de esos medios de prueba; Lo mismo tampoco esa la lógica que utilizan los Jueces de sentencia para derivar los indicios de condena, no derivan o son producto de una fundamentación descriptiva, en la que hayan expresado de forma resumida los elementos probatorios indiciarios de condena con los que se cuenta, pues es indispensable esa descripción de cada uno de ellos, mediante una referencia explícita a los aspectos más sobresalientes de su contenido, de manera que el lector pueda comprender de donde se extrae la información indiciaria que hace posible que sus apreciaciones y conclusiones de condena tengan fundamento legal en que justificarse. Al no encontrar en la estructura de la sentencia que esos indicios de condena sean respaldados en fundamentaciones analíticas, intelectivas o descriptivas, podemos aseverar que la lógica que utilizan los Jueces de sentencia, para derivar los indicios de condena radican o provienen según ellos en la falta de practicarle al imputado unos dictámenes psiquiátricos en dos momentos imprecisos, es decir, suponemos ANTES de la 1.30 am de la mañana del día 11 de febrero del año 2017 cuando el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ fue a cometer el delito y el otro momento suponemos es DESPUÉS, cuando el imputado, ya se encontraba detenido a las órdenes de los órganos persecutores del delito, es decir, la policía y el Ministerio Publico o momentos después de la 1.30 am de la mañana del día 11 de febrero del año 2017; siendo así las cosas, según la lógica que expresa el Tribunal de sentencia, no le merecen ningún convencimiento los Dictámenes Psiquiátricos Forenses números 2017-0501-0200-478 y 2013-05- 0201-0353 emitidos en fecha 30 de octubre del año 2017 y 5 de julio del año 2013 en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico; El certificado Médico fue extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, pues, los indicios que piden para valorar si encontraba o no el imputado bajo un trastorno mental transitorio al momento de cometerse los hechos se encuentran fuera de la posibilidad humana del imputado y de su defensa poder acreditar, pue la exigencia de esos hipotéticos dictámenes psiquiátricos, han tenido la fuerza de desbaratar la fuerza probatoria de aquellas pruebas periciales y documentales que si fueron evacuadas en el mundo real y de donde se extraen lo que de ellos se deriva, en ese orden de ideas, con la exigencia de la existencia de esos hipotéticos dictámenes psicológicos, solo así alcanzaría el convencimiento en grado de certeza el tribunal de sentencia para dar por acreditado que el imputado actuaba bajo una causal de inimputabilidad por tener alterado de condición mental bajo un trastorno mental transitorio, pero al no existir los mismos se le condena al estimar que el imputado al momento de cometer el delito lo hizo mediante dolo. El requisito exigido por los Jueces de Sentencia son enviados o dirigidos al imputado, cuyo incumplimiento, falta u omisión, le acarrean la presente condena, pues para estos juzgadores, no basta con los meros diagnósticos. que fueron emitidos en los Dictámenes Psiquiátricos Forenses números 2017- 0501-0200-478 у 2013-05-0201-0353 de fechas 30 de octubre del año 2017 y 5 de julio del año 2013 por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico y el Diagnostico Psiquiátrico contenido en el certificado Médico que fue extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de San Pedro Sula, Cortes; sino que para los Jueces de Sentencia la anomalía o alteración psíquica que padece el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ la ponen en relación no con el acto mismo de las características tipológicas del delictivo, sino por escenarios, condiciones o situaciones que nada tienen que ver la intensión o voluntad de cometer una acción delictiva, y a esa conclusión arriban según lo exponen por la inexistencia de evaluaciones Psiquiátricos en la persona del imputado antes y después de cometido el hecho, por lo que esta reflexión aparece ausente del debido respaldo, tanto en el proceso de la coherencia como de derivación en la lógica de la razón suficiente que debe orientar el discurso de los juzgadores, pues al encontrarse con pruebas indiciarias concordantes, convergentes, serias y ajenas a manipulaciones como lo son las pericias emitidas por el perito oficial del Ministerio Publico y el diagnóstico del Psiquiatra de cabeza del imputado, estas fueron desechadas al alegar los jueces de sentencia de manera simple y llana que nos les merecían convencimiento, destruyendo con esa sola mención, la interpretación valorativa que de manera mancomunada, Ilevan la impresión que existía la duda razonable de que al momento de los hechos el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ podía encontrarse padeciendo de un trastorno psicótico transitorio como así lo expone en su dictamen de fecha 30 de octubre del año 2017, el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, al decir: "...Al momento de los hechos pudo haber presentado, un trastorno psicótico transitorio (estado confunsional agudo), que se caracteriza por una conducta desorganizada provocada eta por el consumo excesivo de alcohol más la depresión bipolar de intensidad grave que lo vuelven vulnerable; careciendo de la capacidad de comprensión es decir dificultad para diferenciar lo apropiado de lo inapropiado. - lo anterior tomando en consideración que no se establecen conductas antisociales o delictivas cuando esta con buen apego farmacológico, o cuando su enfermedad no se asocia al consumo de drogas tales como el alcohol..." Magistrados de la Sala de lo Penal, Para establecer una relación de causalidad, entre hecho acontecido y padecimiento, los jueces de sentencia, divagan en un pensamiento ilógico e incoherente у по derivado, al imponer una condición, circunstancia o situación al imputado y a su defensa técnica que les hace imposible poder acreditar o demostrar en este mundo, su estado de salud mental en el momento de acontecer los hechos, en ese orden de ideas, la conclusión en que se funda la sentencia condenatoria en la hipotética inexistencia de peritajes antes y después del hecho criminal acontecido, convierte la conclusión del fallo condenatorio en ilógico, luego que esa reflexión no está basado en la ley lógica de la derivación, la coherencia y específicamente en la ley de la razón suficiente, esta última, que tal como lo señala la Sala de lo Penal, es aquella, en donde se violenta su aplicación racional, cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo, no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir, carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica razonable, bien sea de culpabilidad o de inocencia - Por tanto, ante tal inobservancia de la regla de la sana critica, la decisión asumida de condenar al imputado, no les permite a los Jueces de Sentencia demostrar que emiten un fallo condenatorio fundado en un silogismo instaurado en la congruencia o que es lo mismo, basado en un correcto pensamiento humano que explique o de las razones suficientes para dictar una sentencia condenatoria en contra del imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ, pues en absoluto consta acreditado que esa reflexión de la condición sino quanon que atribuyen en el sentido que ante la ausencia de evaluaciones psiquiátricas antes y después del hecho criminal en la persona del imputado, SEA RAZÓN SUFICIENTE para restarles convencimiento racional de credibilidad probatoria a las evaluaciones psiquiátricas emitidas por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico y la prueba documental consistente en el certificado Médico extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de San Pedro Sula, Cortes. En ese orden de ideas, si suprimimos hipotéticamente esa mera mención de no convencimiento por la ausencia de dictámenes psiquiátricos antes y después del hecho criminal acontecido, que les ha servido a los Jueces de Sentencia como suficiente argumento para dictar sentencia condenatoria, veremos que el fallo condenatorio pierde su argumento aunque el mismo este fundado en representaciones ilógicas fundado en la inobservancia de la ley de la lógica de la razón suficiente, ya que, la parte recurrente no está discutiendo el hecho de que el imputado no participo en el delito, sino que el imputado se encontraba bajo los efectos de un trastorno mental transitorio, condición de salud mental, que hace surgir a la vida jurídica LA DUDA RAZONABLE que así fuera lo acontecido, ya que cuando el imputado se encuentra bajo medicación no tiene comportamientos o conductas antisociales o como mejor lo indica el perito oficial Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA: "lo anterior tomando en consideración que no se establecen conductas antisociales o delictivas cuando esta con buen apego farmacológico, o cuando su enfermedad no se asocia al consumo de drogas tales como el alcohol..." La inobservancia a la regla de la sana crítica de la lógica por la vía de la razón suficiente, provoca a que los jueces de Sentencia no puedan dar razones suficientes que justifiquen no darle credibilidad con fuerza decisoria al hecho científico discutido por los expertos psiquiatras que el no tomar ansiolíticos para la depresión y tomar alcohol o drogas en su caso pueden estimular la acción delictiva, en personas que como el imputado padecen de trastornos de personalidad, y ello, que existía base probatoria que afirma esa relación, por tanto, los expertos psiquiatras aprecian anomalías o alteraciones o trastornos psíquicas transitorias en el imputado que le predisponen a reaccionar en cortocircuito que afecta a su inteligencia y voluntad llegando a anularías, pues el trastorno mental transitorio exige una irrupción en la mente del sujeto activo con pérdida consecutiva de sus facultades, de duración y curación según el tratamiento farmacológico, no existiendo ninguna prueba que haga por lo menos presumir que el imputado haya provocado por él mediante dolo o culpa, esa condición con propósito de delinquir o lograr la impunidad de sus actos ilícitos, presupuestos que tampoco concurren en el caso. Lo que si tenemos probado es que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ es una persona enferma en su salud mental, que no requiere curarse en la cárcel, sino que sea recluido en un centro de rehabilitación para enfermos mentales, hasta en cuanto y tanto, recupere de manera permanente su salud mental y no sea un peligro para él y para los demás ciudadanos, ya que el imputado no ha actuado con conciencia y voluntad de lo que estaba haciendo el día 11 de febrero del año 2017 a la 1.30 am de la mañana en la altura del semáforo de la Colonia FESITRAN, de San Pedro Sula, Cortes y sus acciones son consecuentes de una persona el cual no actuaba con DOLO por carecer de la capacidad de comprensión o dificultad para diferenciar lo apropiado de lo inapropiado-- RECLAMO REALIZADO PARA SUBSANAR EL VICIO SEÑALADO. En virtud de la naturaleza del hecho en que ocurre el vicio que se reclama, no es posible realizar un reciamo que lleve consigo el propósito de subsanario, más que el presente recurso.” “ RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. SEGUNDO MOTIVO: No haberse observado en la valoración de la prueba, la Regla de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional de la lógica específicamente la ley de LA NO CONTRADICCIÓN. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El artículo 338 sección cuarta, numeral 2) del Código procesal Penal literalmente dice: "...Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y. en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados..." El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: "El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica" Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: "Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Critica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Como lo explique en el motivo de casación que antecede, también en este Motivo antes de entrar a explicar la contravención a la regla de la Sana Critica cometida por el Tribunal de Sentencia, resulta necesario exteriorizar que para la Sala de lo Penal las reglas de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional, consisten en la obligación que tienen los Jueces y Magistrados de los Tribunales Hondureños para respetar los principios del recto entendimiento humano, o que es lo mismo, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. En este Motivo de Casación, la regla de la Sana Critica a desarrollar es la lógica y específicamente la ley de NO CONTRADICCIÓN, que implica según nuestra Doctrina Legal que es aquella que se viola cuando -el Tribunal en una sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación; es decir esta Ley se Transgrede, cuando el fallo es contradictorio lo que equivale que el sentenciador en una parte del fallo exprese que algo es y en otra parte exprese totalmente lo contrario Por lo que para explicar adecuadamente esta inobservancia a esta Ley de la lógica de no contradicción, como regla de la Sana Critica Racional, manifestare previamente que el Tribunal de Sentencia conformado por los Jueces de Sentencia GLORIS EVELIN BANEGAS, ISSA JHENIE HERNANDEZ PAZ Y GRACIA MARIA BERTRAND al momento de valorar las pruebas consistentes en PRUEBAS PERICIALES DE DOS DICTAMENES PSIQUIATRICOS FORENSES Y UNA PRUEBA DOCUMENTAL EN CERTIFICADO MÉDICO PSIQUIATRICO, expusieron las siguientes reflexiones: VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL CONSISTENTE EN DOS DICTAMENES PSIQUIATRICOS FORENSES "...Con los dictámenes antes referidos, tenemos por acreditado que el acusado VICTOR HUGO RIVAS PAZ adolece de un trastorno afectivo Bipolar, con periodos depresivos, dependencia al consumo de alcohol, asociada al trastorno bipolar que le provocan conductas impulsivas, destructivas que ponen en riesgo la seguridad del individuo y de los demás; Sin embargo, dichos dictámenes no sirven de utilidad para poder tener por acreditado fehacientemente que el señor RIVAS PAZ al momento de cometer el hecho, estaba pasando por una fase de crisis transitoria, que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ya que no se realizaron exámenes clínicos antes, ni después del hecho que comprobaran de manera irrefutable que el mismo no estaba en plena conciencia de sus actos y por ende eximirlo de responsabilidad penal. Así las cosas, al concatenar la prueba que ha sido desplegada en la vista pública, no queda más que tener por acreditado que el acusado Víctor Rivas Paz es responsable de un hecho que merece ser sancionado y penado..." VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN CERTIFICADO MEDICO PSIQUIATRICO "...Dicha certificación medica guarda estrecha relación con lo manifestado por el Psiquiatra y Perito Alfredo Leonardo Sosa, lo cual le damos valor por tratarse de un documento medico expedido por una especialista en la materia, que no tiene interés en el caso, más que documentar información médica que ella respalda como médico tratante del acusado Víctor Rivas paz; vemos entonces que el acusado tuvo su última cita médica el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, es decir, aproximadamente tres semanas antes del hecho, encontrándose el mismos con buen apego farmacológico, sin establecer recaídas durante el proceso y cumpliendo con su proceso psicoterapéutico. Por lo que si bien, damos por acreditado el trastorno bipolar que padece el acusado, no menos cierto es, que aún con la prueba pericial y dicho constancia médica, no ha llegado a nuestro convencimiento humano que el acusado actúo bajo un estado de Psicosis Transitoria, lo cual le impidiera medir las consecuencias de sus actos; ya que a pregustas del Tribunal, quedo constatado que el acusado no fue evaluado antes del hecho, ni después del mismo, de manera que se demuestre que obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos...." De la valoración de la prueba decisoria antes relacionada, el Tribunal de Sentencia condena al imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ por haber cometido DELITOS DOLOSOS y al mismo tiempo en su sentencia se contradice al establecer probatoriamente que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS.-; La inobservancia a la ley lógica de no contradicción consiste fundamentalmente en que en una sentencia no pueden expresar como válidos argumentos positivos o negativos sobre la posible estado mental del imputado fundados en la contradicción, en vista de que UNA PERSONA NO PUEDE INTENCIONAL Y VOLUNTARIAMENTE HABER COMETIDO UN DELITO DOLOSAMENTE Y AL MISMO TIEMPO ESA MISMA PERSONA CARECER DE COMPRENSIÓN DE SUS ACTOS POR PADECER DE UN TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO. Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, acontece la inobservancia de la regla de la sana critica de la lógica, cuando una sentencia definitiva condenatoria contiene una grave contradicción en sus reflexiones que hace posible romper con el todo armónico de los silogismos con los cuales está estructurada, es ese sentido, resulta imposible que DOS DEDUCCIONES O PROPOSICIONES EVIDENTEMENTE CONTRADICTORIAS, subsistían a la misma vez, porque, por un lado, se condena al imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ aduciendo que es una persona que de manera INTENCIONAL Y VOLUNTARIA HA COMETIDO DELITOS DOLOSOS y por otro lado, a esa misma persona el tribunal afirma que ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS. Ambas deducciones o proposiciones evidentemente contradictorias están debidamente comprobados y acreditados por el mismo Tribunal de Sentencia en el fallo emitido, y en cuanto a la que el imputado adolece de ese trastorno de la personalidad, este está científicamente. comprobado en base a las propias investigaciones del Ministerio Publico y así fue aceptado por el tribunal de Sentencia dándole toda la credibilidad probatoria; Ello estimula, a que nos tropecemos ante una condena penal injusta e improcedente, por ser incuestionable que se funda en una grave contradicción en el razonamiento judicial que lo así lo dicta, lo que vicia la decisión judicial al no tener base y fundamento para resolver el conflicto penal por el cual se condenó a mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ, ya que la sentencia definitiva al ser dictada dándole el mismo valor a estas dos proposiciones o deducciones contradictorias provoca que el fallo condenatorio no tenga base o derecho en que fundarse. En ese sentido, para que un funcionario judicial pueda cumplir con esa misión de emitir una sentencia judicial debidamente motivada en derecho tal cual lo ordena el artículo 141 y 336 del Código Procesal Penal, es necesario que su decisiones contengan, como ya lo exprese, el reconocimiento completo, preciso y positivo de que el la sentencia definitiva se formule por delitos que se le dirigen a una persona a título de dolo o culpa, pues solo bajo esas conductas emanadas de una acción u omisión permite nuestro ordenamiento jurídico, juzgar a nuestros ciudadanos y así determinar su responsabilidad o inocencia en el delito materia de juzgamiento. No obstante a más de las anteriores cualidades, esa Sentencia Judicial debe poseer como atributo indispensable que su motivación donde se expresa su razonamiento o pensamiento judicial NO SEA CONTRADICTORIO EN SUS TÉRMINOS, es decir, que NO ANTEPONGA PROPOSICIONES NEGATIVAS Y AFIRMATIVAS AL MISMO TIEMPO, ya que provoca que sean imposibles de conciliar en razón de no poder ser ellas verdaderas y falsas al mismo tiempo, dado que si el tribunal de Sentencia al momento de emitir su reflexión por un lado, declara como valido la deducción o proposición de que mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ejecuto una ACCIÓN DOLOSA al haber cometido los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA MEDIANTE UNA ACCIÓN INTENCIONAL Y VOLUNTARIA y por otro lado, declara como valido la deducción o proposición de que mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS En ese orden de ideas, tal violación o inobservancia al correcto entendimiento humano convierte la sentencia condenatoria en contradictoria, por consiguiente, no se cumple con los presupuestos de un Debido Proceso o un Juicio Justo, ya que los dos pensamientos de contenido diverso y contrapuesto formulados por los jueces de sentencia contra mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ hacen que estas dos proposiciones sean imposibles de descifrar, porque si se acepta que la conducta a juzgar de una persona se responsabiliza a título de haber actuado mediante DOLO, y por otro lado se niega que esa responsabilidad al imputado al aceptar en grado de credibilidad que efectivamente ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS, incita indiscutiblemente que desaparezca esa motivación racional, coherente y derivada que debe tener como naturaleza una decisión judicial, por tanto, se rompe la unidad e integridad de la motivación judicial y se tiene como consecuencia inevitable que la decisión emitida por los Jueces de Sentencia GLORIS EVELIN BANEGAS, ISSA JHENIE HERNANDEZ PAZ Y GRACIA MARIA BERTRAND en su Sentencia Definitiva de fecha 20 de marzo del año 2018, no pueda ser estimada como dictaba bajo derecho pues su decisión carece de base y fundamento en que apoyarse. Por ello no se puede dar cabida a semejante pretensión condenatoria bajo dos deducciones o proposiciones donde se reputa la decisión asumida como contradictoria y por ende inexistente, pues se envuelve a un mismo tiempo una afirmación y una negación de responsabilidad penal, AUNQUE SEA EN GRADO DE PROBABILIDAD, en ese sentido, no cabe duda que, que en el caso que nos ocupa una condena mediante esta grave contradicción que contiene proposiciones acusatorias hace imposible de poder conciliaría con el correcto entendimiento humano, pues una persona condenada no puede al mismo tiempo cometer un delito mediante una acción consciente y no consciente, dolosa y no dolosa, voluntaria y no voluntaria, intencional y no intencional, siendo ello así, una de tales proposiciones es verdadera y la otra falsa, pues ambas no pueden ser verdaderas y falsas a la vez. En un Estado de Derecho, Ningún Órgano Judicial puede, ni debe someter a condena penal a una persona cuando se ha probado científicamente (y no habiendo prueba en contrario que por lo menos ponga en duda esa circunstancia), que el suceso del cual se le acusa existe la probabilidad más allá de la duda razonable que el acusado no estaba consciente de sus actos por encontrase bajo un trastorno mental transitorio, por lo que procedía decretar la no responsabilidad penal de mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ y del mismo modo, dar curso a la aplicación de una medida de seguridad y su internamiento en un centro psiquiátrico, ya que en un centro penitenciario, no es el lugar adecuado para rehabilitar a un enfermo mental. Los jueces de sentencia, no dicen que el imputado PADECIÓ, SUFRIÓ, SOBRELLEVO, SOPORTO una enfermedad de salud mental, SINO QUE AFIRMAN EN GRADO DE CREDIBILIDAD PROBATORIA que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ de conformidad a las pruebas periciales emitidas por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA y la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN, ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS, y ello, paladinamente así lo tienen por acreditado en su sentencia, y no obstante, aunque luego impongan condiciones de que el imputado no había sido evaluado antes y después del hecho acontecido, esto solo promueve otra grave contradicción en sus deducciones y proposiciones de culpabilidad del imputado, pues aceptan en sus deducciones que adolece de una enfermedad mental en tiempo presente al tiempo de dictar sentencia condenatoria, pero no aceptan que adolece de esa enfermedad mental ya que dicen que no están convencidos que el imputado estaba bajo los efectos de esa DOLENCIA DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, y a esta conclusión arriban al instante de retrotrayéndose a los momentos antes y después de cometerse los delitos (aunque esos momentos de antes y después están perdidos en el tiempo y el espacio en la nebulosa e incertidumbre de los razonamientos de los jueces,) Porque decimos que hay contradicción en esas deducciones, porque el dictamen psiquiátrico forense número 2013-05-0201-0353 de fecha 5 de julio del año 2013 y el certificado médico psiquiátrico del Hospital San Juan de Dios, son evaluaciones psiquiátricas hechas ANTES de los hechos acontecidos a la 1.30 am de la mañana del día 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 y acreditan probatoriamente que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS, y por su lado, el dictamen psiquiátrico forense número 2017- 0501-0200-478 de fecha 30 de octubre del año 2017 es una evaluación psiquiátrica hecha DESPUES de los hechos acontecidos a la 1.30 am de la mañana del día 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 y acredita probatoriamente que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS. Por lo que resulta una grave inobservancia a la regia de la sana critica de la lógica de no contradicción, cuando en la motivación de una sentencia no se respeta la operación lógica fundada en la certeza que deviene en la obligación de observar los principios lógicos o leyes supremas del pensamiento, que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos. Las leyes. del pensamiento pues, están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Se entiende pues por la coherencia de los pensamientos la concordancia o conveniencia entre sus elementos, y por derivación el que cada pensamiento provenga de otro con el cual esta relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado, sino el punto de partida para otros. Con lo anterior, se puede constatar que los juicios emitidos por el Tribunal de Sentencia son contradictorios entre si, vulnerando la ley fundamental de la coherencia, específicamente el Principio Lógico de Contradicción, al establecer que dos juicios opuestos entre si contradictoriamente, no pueden ser ambos verdaderos. - véase como la jurisprudencia nos ilustra, al respecto "...De este modo El proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos..." (Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-04-2010) "...De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando..." (Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-12- 2013) RECLAMO REALIZADO PARA SUBSANAR EL VICIO SEÑALADO. En virtud de la naturaleza del hecho en que ocurre el vicio que se reclama, no es posible realizar un reclamo que lleve consigo el propósito de subsanarlo, más que el presente recurso.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEРТО CONSTITUCIONAL. TERCER MOTIVO: El tercer motivo del recurso de casación se centra en infracción de precepto constitucional por vulneración de precepto constitucional contenido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica De Honduras, consistente en el derecho de todo ciudadano sometido a juzgamiento a un proceso público con todas las formalidades, derechos y garantías. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El artículo 20 del Código Procesal Penal prescribe que: "General De Las Garantías Y Principios Procesales. Las garantías y principios previstos en este Código serán observados en todos los procedimientos, cuando como consecuencia de ellos, se deban aplicar sanciones penales o medidas restrictivas de la libertad a una persona." Por su parte el articulo 18 del Código Procesal Penal prescribe: "Los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal se interpretarán del modo que más favorezca a la persona imputada." La explicación del motivo de casación por infracción de precepto constitucional radica a que el Tribunal de Sentencia ha faltado a la aplicación de la garantía constitucional del PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ya que mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ según las pruebas periciales debidamente valoradas por el Tribunal de Sentencia como objetivas, creíbles y emitidas sin ningún ánimo de favorecerlo, por parte del Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico conforme a los Dictámenes Psiquiátricos Forenses números 2017-0501-0200- 478 y 2013-05-0201-0353 de fechas 30 de octubre del año 2017 y 5 de julio del año 2013, y la prueba documental consistente en el certificado Médico extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, han determinado sin lugar a dudas que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS. Visto lo anterior, el Tribunal de Sentencia desecha estas evaluaciones psiquiátricas de carácter decisorio realizadas sobre la salud mental del imputado, al reflexionar que no les da convencimiento, ya que no se practicaron evaluaciones psiquiátricas en los momentos ANTES Y DESPUÉS de haber acontecido los hechos del día 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 a la 1.30 am de la mañana en la altura del semáforo de la Colonia FESITRAN, de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en el cual el imputado fue detenido por las autoridades policiales por haber cometido los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE 11-02-07 y esto les hace reflexionar que: "...Por lo que si bien, damos por acreditado el trastorno bipolar que padece el acusado, no menos cierto es, que aún con la prueba pericial y dicho constancia médica, no ha llegado a nuestro convencimiento humano que el acusado actúo bajo un estado de Psicosis Transitoria, lo cual le impidiera medir las consecuencias de sus actos; ya que a pregustas del Tribunal, quedo constatado que el acusado no fue evaluado antes del hecho, ni después del mismo, de manera que se demuestre que obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos...." Siendo, así las cosas, y aunque no comprendemos desde el correcto entendimiento humano que es lo que quisieron expresar los Jueces de Sentencia con eso de ANTES Y DESPUES, por ser términos inconcretos y abstractos imposibles de fijar en el tiempo y el espacio, porque los Jueces no dan mayores explicaciones de lo que pretendieron razonar según el alcance de su lógica, lo ciento es que desde esa perspectiva de razonamiento que exponen los Jueces de Sentencia en la sentencia definitiva recurrida, se desprende sin lugar a dudas que en sus reflexiones tienen una grave duda sobre si el imputado al momento de los hechos estaba o no padeciendo de ese trastorno mental transitorio que le imposibilitaba tener conciencia de los hechos criminales que cometía, siendo así las cosas, los Jueces al tener esta grave duda de culpabilidad o inocencia dependiente esta decisión del estado de salud mental del imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ al momento de cometer los hechos, no se apegan a la observancia del principio del in dubio pro reo, infringiendo la normativa constitucional al no observar esta garantía constitucional, que exige que en caso de duda, la ley penal se aplica y beneficia al imputado. o que es lo mismo, la infracción a la no aplicación de este principio in dubio pro reo acontece cuando el Tribunal de Sentencia se limita a pretender constatar la existencia o no del estado de salud del imputado, tomando como argumentos condiciones que son contradictorias en relación con hechos que han sido objeto de prueba. Debe estimarse señores Magistrados, que la aplicación de este principio in dubio pro reo puede ser directamente verificada por el control de la motivación de la sentencia que debe estar intrínsecamente relacionada al principio o garantía constitucional de presunción de inocencia, pues la necesidad de certeza sobre las conclusiones fácticas a que llegue el Tribunal de Sentencia proporciona también un contenido particular al principio lógico llamado "de razón suficiente" y de "no contradicción", que en base al principio casacional de no oposición he ya desarrollado y es que, de la observancia de éste principio in dubio pro reo, en una sentencia judicial se comprende que el control casacional debe observar que este fallo este sometido a diversos requisitos, según sea el grado de convencimiento requerido por el ordenamiento respectivo para arribar a las conclusiones de hecho en que el fallo se asienta. Así, el examen de la cuestión planteada sobre la infracción constitucional el aludido principio de in dubio pro reo vinculado íntimamente a la garantía constitucional de presunción de inocencia establecido en el artículo 89 de la Constitución de la Republica, requiere traer a colación, que la Sala de lo Penal bajo control casacional está facultada para determinar que el derecho a la presunción de inocencia está emparentada con los requisitos constitucionalmente exigibles a la prueba para desvirtuar dicha presunción, en las cuales el derecho a la presunción de inocencia se configura en tanto como regla de juicio, pero desde la perspectiva constitucional, se constituye como el derecho del imputado a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente que los hechos y la participación del acusado en ellos no exista duda alguna, que el caso que nos ocupa, hemos demostrado que efectivamente para los jueces de sentencia existía esa duda razonable si al momento de cometer los hechos el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ como lo dice el Tribunal de Sentencia: "...obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos..." De modo que, para constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia no basta y sobra que haya pruebas de cargo válidas, es decir, que hayan sido valorada esa actividad probatoria, sino que también, en esa valoración no exista DUDA RAZONABLE sobre la responsabilidad o no del imputado, y que no obstante la existencia de esa duda razonable, el Tribunal de Sentencia incline el fallo condenatorio en infracción constitucional a la no aplicación del aludido principio de in dubio pro reo que está vinculado íntimamente a la garantía constitucional de presunción de inocencia. Aconteciendo ello así, la decisión de condenar es lesiva a estos derechos y garantías fundamentales que deben operar en favor del imputado y no en su contra, pues al motivar ese resultado con semejante valoración derivada de razonamiento ilógicos o insuficientes, que al no ser razonables al iter discursivo de condena, conduce a que la prueba pericial y documental contentiva de evaluaciones psiquiátricas de carácter decisorio se les reste credibilidad al hecho verdaderamente probado, y esta grave infracción a los derechos y garantías constitucionales constituye la causa legitima para exigir su control casacional por la vía de la infracción de precepto constitucional. La doctrina y el derecho comparado en general establecen que solo corresponde controlar la razonabilidad del discurso de la sentencia judicial que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta, de modo que, solo puede estimarse como insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los jueces de sentencia desde las exigencias del derecho y garantías relativas a la duda razonable, in dubio pro reo o cuando no están fielmente vinculadas al respeto del debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica y a la garantía constitucional de la a la presunción de inocencia instituida en el artículo 89 de la Constitución de la Republica. Siendo ello evidente en este caso, porque salta a la vista, sin mayor esfuerzo intelectivo que la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba pericial y documental sobre las evaluaciones psiquiátricas, de un modo indubitado y desde una perspectiva objetiva y externa se aprecia que en la decisión de condenar al imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ existía duda razonable sobre si "...obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos..."; Por lo que de la valoración de las pruebas era más improbable que probable, que el imputado estuviera consiente de los actos que cometía, y ello se desprende de la misma narrativa de los hechos probados de la sentencia, porque en tal caso, aun partiendo de las limitaciones que se tienen para volver a recrear hechos pasados en la vida de los seres humanos, se puede verificar que la conducta por el realizad responde a una persona que bajo los efectos de la euforia, ira, violencia y arrebato cometió los delitos y que esas características conductuales son propias de la dolencia de trastorno mental que padece el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ y es obvio que representa un peligro para él y otras personas, pero ese grado de peligrosidad, no deriva de una intensión o voluntad dolosa, sino de sus limitadas capacidades de salud mental que ya fueron debidamente señaladas y certificadas como creíbles al canon probatorio científico evacuado y valorado en el enjuiciamiento de que fue objeto. Por su parte los Jueces de Sentencia GLORIS EVELIN BANEGAS, ISSA JHENIE HERNANDEZ PAZ Y GRACIA MARIA BERTRAND quienes de esa posición privilegiada de gozan como órgano judicial para juzgar a sus semejantes, erraron en su decisión al condenar al imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ, luego que no cabe estimar como razonable, SU falta de "CONVENCIMIENTO" ya que existiendo DUDA RAZONABLE, en su convicción en la valoración de las pruebas para declarar la culpabilidad, infringieron los Derechos y Garantías constitucionales que emanan de la NO APLICACIÓN DEL IN DUBIO PRO REO, que constituye una garantía o derecho que está implícito al respeto del DEBIDO PROCESO Y POR VINCULACIÓN INTIMA AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA en este ámbito, además el fallo condenatorio sufre en su motivación para justificar su existencia de inferencias ilógicas e inconsecuentes, que emanan no del correcto entendimiento humano sino de la falta de un razonamiento intelectivo, descriptivo por parte de los jueces, que no les permite alcanza por más que lo hayan intentado ser concluyentes, siendo incapaces también de convencer objetivamente de la razonabilidad del porque desecharon la plena convicción judicial sobre la existencia de las evaluaciones psiquiátricas que demostraban el estado de salud mental del imputado. Honorables Magistrados, como he explicado en los alegatos sobre la infracción de precepto constitucional, no se le pide a la Sala de lo Penal proceda a realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Tribunal de Sentencia, porque esa función valorativa solo corresponde a ese Tribunal de Sentencia, sino, que lo que se pide, es que la Sala de lo Penal verifique que, efectivamente, el Tribunal de Sentencia contando con suficiente prueba de signo científico sobre el estado de salud mental del imputado, que ponía en duda razonable sobre su participación a título de DOLO en la comisión del hecho y la participación intencional y voluntaria de culpabilidad en él como acusado, el Tribunal de Sentencia al serle constatable esa duda razonable de participación del imputado al afirmar que no estaban seguros si "...obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos..."; infringieron el principio del in dubio pro reo, y por ende las garantías constitucionales del Debido Proceso y Presunción de inocencia al dictarle un fallo condenatorio en su contra, y ello a pesar de que a sabiendas se habían cerciorado mediante el principio de inmediación que esa prueba científica fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, pero al errar en la preceptiva de la motivación de la sentencia, los jueces han expresado en el proceso de su raciocinio, la infracción a los aspectos fundamentales del respeto a los derechos y garantías constitucionales ya mencionadas, que le han llevado además a decidir el fallo condenatorio transgrediendo en ellos los criterios de la lógica de la derivación de la ley de razón suficiente y de no contradicción. Solo resta establecer que de conformidad al instituto jurídico de LA DUDA RAZONABLE, este siempre debe operar en favor del imputado, en consecuencia, si existen indicios de una posible inimputabilidad de la persona acusada o imputada, el atribuir la no existencia de supuestas evaluaciones psiquiátricas en hipotéticos momentos ANTES O DESPUÉS de acontecidos los hechos criminales, según lo expresan en las deliberaciones radicados en la nebulosa racional de lo que quisieron explicar los Jueces en su fallo condenatorio, esto solo genera una grave violación del Debido Proceso, pues atribuirle a la persona del imputado o su defensa técnica, que la condena proviene por la ausencia de unas hipotéticas evaluaciones psiquiátricas que debían practicarse ANTES Y DESPUES de acontecidos los hechos, resulta ser un osadía especulativa que no se entiende que es lo trataban o quisieron decir los Jueces de Sentencia, ya que si lo que exigen es que a las primeras horas de ANTES de cometerse los delitos, el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ debía ser examinado por un psiquiatra y momentitos DESPUÉS de cometido los delitos, el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ debía ser nuevamente evaluado por un psiquiatra, para así ellos tener el CONVENCIMIENTO de saber con ambas evaluaciones que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ estaba o no consiente de sus actos al momento de cometer los delitos; Esto es caer en el grado de la especulación de lo ABSURDO, que deriva del latín absurdus, que hace referencia a aquello que carece de sentido o que es opuesto o inverso a la razón, también se refiere a lo extraño, raro, descabellado o insensato y ya en relación a la regla de la sana critica de la lógica, el absurdo aparece como una contradicción cuando una serie de proposiciones o deducciones derivan, de manera inevitable, en la negación o refutación de cada una de ellas. Solo resta establecer que lo contemplado en el artículo 13 del Código Penal se refiere que solo existe delito cuando: El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo. Igualmente, que el artículo 23 del Código Penal establece: No es imputable:1...2. Quien en el momento de la acción u omisión padezca de psicosis de retardo mental severo o de psicosis transitoria y carezca, por ello, de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa compresión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido provocado por el agente dolosa o culposamente. En tal sentido puedo concluir, que efectivamente mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ al momento de cometer los hechos se encontraba bajo un Trastorno Depresivo Recurrente, Actual Grave y Trastorno Psicótico Agudo o Transitorio lo cual antes, durante, después y actualmente sigue presentando ese cuadro psicótico y por consecuencia en el momento o durante la comisión de los hechos EXISTE LA DUDA RAZONABLE que presentaba ese cuadro psicótico y carecía de la capacidad de comprensión de lo que hacía, esto es que no existió voluntariedad, ni intención, ni conciencia al efectuar los hechos acaecidos, por todo lo cual se debió concluir en esta sentencia definitiva en un fallo absolutorio, pero imponiendo una medida de seguridad de internamiento en un centro hospitalario especializado para tratar esas dolencias de salud mental, pues una persona enferma bajo estas condiciones no puede ser sometida a ningún trato degradante e inhumano de una condena penal, que lo más seguro ni la entiende ni comprende. Por ello se pide a la Sala de lo Penal someta a control casacional el presente fallo condenatorio tal como lo ha establecido su jurisprudencia. así LO QUE SE PIDE: Asi pues, se pide a la Sala de lo Penal que debe comprobar que el Tribunal de Sentencia a pesar de haber dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, conforme a las pruebas periciales emitidas por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico conforme a los Dictámenes Psiquiátricos Forenses números 2017-0501-0200-478 y 2013- 05-0201-0353 de fechas 30 de octubre del año 2017 y 5 de julio del año 2013, y la prueba documental consistente en el certificado Médico extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, que establecían terminante y decisoriamente que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS; lo que suponía debían haberles bastado para arribar al convencimiento que efectivamente existía DUDA RAZONABLE de que el imputado cometió esos hechos bajo los efectos de esa dolencia o trastorno de salud mental, porque esas pruebas periciales y documentales se realizaron con la observancia de la legalidad en su obtención y se practicaron en el juicio oral y público bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Convencimiento de duda razonable que jamás allego al razonamiento de los jueces porque al momento de valorar esas pruebas periciales de avaluaciones psiquiátricas, el razonamiento de la convicción que exponen no obedece a los criterios lógicos y razonables que permitan considerarios que valoraron la prueba mencionada de carácter decisorio en favor del imputado, como así la normativa constitucional les obligaba hacerlo en base a la aplicación de la in dubio pro reo cuando exista duda razonable. Por lo anteriormente explicado se solicita que no acabe aqui la función de control casacional, sino que también se profundice, que en las referidos razonamientos de la convicción que exponen los jueces de sentencia se vulnero los derechos fundamentales al Debido Proceso y La Presunción De Inocencia, pues al revisar ese razonamiento que exteriorizan al valorar la actividad probatoria, existe inferencias realizada de insuficiencia de la actividad probatoria donde se nulifica con su examen la denominada disciplina de garantía de la prueba y su proceso de formación, dejando de lado los actos propios de su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. En ese orden de ideas, con esta sentencia condenatoria se ha violado todo el proceso racional, expresado en su fallo, pues a través del esa misma prueba practicada resultaba la acreditación de que el hecho y la participación del imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ fue producto de ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS; por ende no es una persona a la que se le puede imputar la comisión de un hecho delictivo a título de DOLO por no haber actuado con intensión y voluntad o que es lo mismo, por haber científicamente comprobado que "...obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos...". Se acompaña un fallo jurisprudencial donde se desarrolla la conceptualización de los preceptos constitucionales: "...Esta sala de lo penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Esta Sala de lo Penal, viene reiteradamente sosteniendo que si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser, derecho de defensa, debido proceso etc....o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal ...una manifestación del denominado derecho al debido proceso, que "supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado" Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los derechos de defensa y de debido proceso..." (Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 320-2009)” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Observa esta Sala de lo Penal que los motivos de casación por quebrantamiento de forma primero y segundo interpuestos por el recurrente, denuncia en ambos violación a las reglas de la sana crítica, por lo que, para guardar la logicidad de la Sentencia Penal, ambos motivos serán resueltos en un mismo apartado. Primer Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: en virtud de la naturaleza del hecho en que ocurre el vicio, no es posible realizar un reclamo para subsanarlo, más que el presente recurso. • Pretensión: sin determinar por el censor. El recurrente cuestiona la valoración probatoria que ha realizado el sentenciador a dos dictámenes psiquiátricos practicados al imputado, pues el A-quo afirmó que dichos dictámenes no sirven de utilidad para poder tener por acreditado fehacientemente que el señor Rivas Paz al momento de cometer el hecho, estaba pasando por una fase de crisis transitoria que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ya que no se realizaron exámenes clínicos antes ni después del hecho que comprobaran de manera irrefutable que el mismo no estaba en plena conciencia; razonamiento que para el censor violenta la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente. Segundo Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: en virtud de la naturaleza del hecho en que ocurre el vicio, no es posible realizar un reclamo para subsanarlo, más que el presente recurso. • Pretensión: sin determinar por el censor. El recurrente considera que el Sentenciador ha infringido el principio de no contradicción en el momento en que valoró los dictámenes periciales psiquiátricos practicados al imputado; pues el A-quo lo condenó por un delito doloso y al mismo tiempo en su sentencia se contradice al establecer probatoriamente, que el imputado padece de un trastorno afectivo bipolar con periodos depresivos con dependencia al consumo de alcohol. De la valoración de la prueba pericial psiquiátrica Considera este Tribunal de Casación que es oportuno referirse a la naturaleza de la prueba pericial psiquiátrica, su relación con la norma penal que determina la inimputabilidad, y referirse posteriormente al método de valoración que debe aplicarse a la misma, de tal modo que pueda concluir si el proceso de valoración hecho por el Tribunal de instancia adolece o no de los vicios denunciados por el recurrente. 1) Pericia Psiquiátrica: La peritación psiquiátrica de la persona acusada en sus aplicaciones al campo del Derecho Penal, tiene como objetivo fundamental establecer relaciones de causalidad psíquica entre el acusado y la conducta penalmente relevante, es decir servir de elemento valorativo para el establecimiento de la imputabilidad o inimputabilidad por parte del Juzgador. Gisbert Calabuig señala que como regla general, el peritaje psiquiátrico debe incluir una cuantificación de la inteligencia del sujeto explorado y una valoración de su personalidad. La pericia debe permitirle al Juzgador determinar si el autor de un delito pudo o no comprender la ilicitud de su acto y/o determinarse de acuerdo con dicha comprensión, lo cual supone de parte del perito un profundo estudio de su personalidad que permita explorar las diversas manifestaciones de la conciencia en los planos de la inteligencia, voluntad y afectividad. La pericia entonces, debe estudiar en el examinado en primer lugar el proceso de atención, que es la condición básica para cualquier manifestación de conciencia, luego el plano intelectual donde se estudia las sensaciones, las percepciones, la memoria, la representación, la imaginación, el pensamiento y el lenguaje; en el plano volitivo deben examinarse los actos voluntarios compuestos, simples o automáticos, los hábitos, las costumbres, los actos involuntarios o instintivos y finalmente, en el plano afectivo, han de explorarse las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, los afectos y las pasiones. En caso de determinarse la existencia de una enfermedad mental, el perito psiquiatra deberá de calificarla conforme a los siguientes criterios: a) Criterio Cualitativo. Naturaleza de la perturbación: es imprescindible identificar las funciones mentales afectadas y la repercusión que ello implica en la conducta del sujeto, especialmente con el hecho identificado como penalmente relevante, es decir, debe existir un nexo causal entre la perturbación y el hecho. b) Criterio Cuantitativo: referente a la intensidad o grado de perturbación, determinando si la persona al momento del hecho se encontraba en una situación de completa y absoluta perturbación de aquellas facultades que no le permitan gobernar el acto constitutivo de delito; y c) Criterio Cronológico: que se refiere a la permanencia. Determinar si se trata de un trastorno permanente, de lo contrario debe de calificarse como un trastorno mental transitorio. La calificación concluyente respecto a sí el sujeto evaluado es imputable o inimputable, es un concepto jurídico que corresponde declararlo al Juez, una vez que se observen la concurrencia de los presupuestos para ello, mismos que están contemplados en el artículo 23 del Código Penal. 2) La Inimputabilidad en el Código Penal: el perito forense en psiquiatría al momento de elaborar su dictamen ha de tener en cuenta que el Juzgador buscará en su opinión la existencia de elementos que encajen en los supuestos contemplados en el artículo 23 del Código Penal, norma que contempla las causas de inimputabilidad, no para efectos de que el perito sea quien lo declare así en forma concluyente y no controvertida, sino para dirigir su estudio a ese propósito que es en definitiva lo que se persigue cuando se solicita un criterio forense respecto a la capacidad mental del acusado. Del artículo 23 del Código Penal se desprende que son causas de inimputabilidad: a) Inmadurez Psicológica. b) Las psicosis (permanentes o transitorias), que son perturbaciones mentales en general graves, como consecuencia de enfermedades cerebrales en sentido amplio, incluyen: Psicosis Exógenas: que tienen su origen en causas orgánicas, como ser tumores cerebrales, meningitis, encefalitis, meningoencefalitis, insuficiencia pulmonar con repercusión de mal función cerebral, etc.; y Psicosis Endógenas: con origen en disfunciones la propia personalidad, como ser esquizofrenia, psicosis maniaco-depresiva, paranoia, psicosis atípicas y marginales; y c) El Retardo mental Severo (Oligofrenias). No son consideradas por el legislador hondureño como causas de inimputabilidad las Neurosis y las psicopatías, a las que se agrupa, por derivación, como anormalidades mentales que no producen inimputabilidad absoluta (Vid. Art. 85 del Código Penal); Tampoco la legislación hondureña incluye como posible causa de inimputabilidad alteraciones a la percepción (Personas Ciegas, Sordo-Mudas, etc.), cuando exista nexo causal entre el hecho y el sentido del que se carece; Por lo anterior, una revisión legislativa al respecto es aconsejable, para que el Código Penal pueda responder a las múltiples situaciones que plantea la psiquiatría de hoy en día 3) El trastorno mental transitorio: Comprende estados de perturbación pasajera de las facultades mentales. Debe de diferenciarse si el trastorno es de carácter espontáneo o provocado. Del trastorno mental transitorio provocado como antesala para ejecutar la conducta penal relevante, la doctrina penal la califica como un trastorno mental preordenado (actio libera in causa) y por lo tanto se califica al sujeto activo como imputable, descartando además dicha condición como circunstancia atenuante debe observarse lo siguiente: a) Que sea desencadenado por causa inmediata y fácilmente identificable. Es decir, una causa necesaria y fácilmente evidenciable, directa, inmediata. Un choque síquico de un agente exterior de cualquier naturaleza, concurrencia de estímulos poderosos, elementos endógenos o inherentes a la personalidad del agente o exógenos al mismo. b) Aparición repentina, sin antecedentes; c) Duración breve y coincidente con el tiempo en que se realizó el hecho constitutivo de delito; aquí se alude al elemento de la transitoriedad, es decir por su aparición brusca, súbita o fulgurante. d) Curación rápida. Este elemento hace referencia a la desaparición de toda secuela, a la posibilidad de regresar tras la perturbación, al estado de normalidad síquica. e) Intensidad del trastorno que anule completamente el libre albedrío del sujeto en relación a la acción u omisión constitutiva de delito. Es decir, una anulación completa de la conciencia y abolición de todo freno inhibitorio; privación de la capacidad de raciocinio y de la libertad de la voluntad o claudicación de las facultades volitivas. De la Procedencia del Recurso. Los motivos primero y segundo no son de Recibo. De acuerdo con lo señalado por el recurrente, en el cual su cuestionamiento radica en la valoración probatoria realizada por el A-quo a dos dictámenes periciales psiquiátricos practicados al imputado Víctor Hugo Rivas Paz, por lo resulta necesario determinar cuáles fueron esos juicios de valor y si están conformados en discrepancia o no, a las reglas del correcto pensamiento humano. En la sentencia recurrida, en el acápite “Valoración de la Prueba” numeral tercero el Juzgador realiza la fundamentación descriptiva y fáctica de los dictámenes periciales psiquiátricos practicados al imputado y afirmó: “Tercero: Como prueba pericial se evacuó el dictamen Psiquiátrico Forense número 2017-0501-0200-478 realizado y ratificado en juicio por el doctor Alfredo Leonardo Sosa perito oficial del Ministerio Publico al señor VICTOR HUGO RIVAS PAZ en fecha treinta de octubre del año dos mil diecisiete, donde como diagnostico estableció: que presenta 1. Un trastorno bipolar 1, episodio actual depresivo de intensidad moderada. 2. Trastorno Mental y del comportamiento inducido por el consumo de alcohol, síndrome de dependencia. Además en sus conclusiones finales estableció: 1) Un trastorno afectivo (bipolaridad) que se caracteriza por periodos de manías con euforia, exceso de energía, grandiosidad, hipersexualidad, irritabilidad, impulsivilidad, verborrea, poca necesidad de sueño etc. Con periodos depresivos, caracterizados por ánimo triste, fatiga, no disfruta de las cosas, ideas de minusvalía, sentimiento de culpa, con o sin causa aparente. Al momento de la evaluación presenta un trastorno bipolar en fase depresiva de intensidad moderada. 2) Dependencia al consumo de alcohol. 3) La enfermedad más frecuente asociada al trastorno bipolar es el consumo de múltiples sustancias provocando esto conductas impulsivas, destructivas que ponen en riesgo la seguridad del individuo y de la de los demás. 4) Al evaluado según de constancia médico Psiquiatra privado y notas medicas del psiquiatra del Hospital San Juan de Dios lo definen durante el tratamiento como estable funcional con buen apego farmacológico sin recaídas. Sin embargo al no tomar la medicación presenta recaídas y conductas disruptivas. 5) Al momento de los hechos pudo haber presentado, un trastorno psicótico transitorio (estado confusional agudo) que se caracteriza por una conducta desorganizada provocada esta por el consumo excesivo de alcohol más la depresión bipolar de intensidad grave que lo vuelven vulnerable; careciendo de la capacidad de comprensión es decir dificultad para diferenciar lo apropiado de lo inapropiado. Lo anterior tomando en consideración que no se establecen conductas antisociales o delictivas cuando esta con buen apego farmacológico, o cuando su enfermedad no se asocia al consumo de drogas tales como el alcohol. Dictamen Psiquiátrico Forense número 2013-0501-0201-0353 realizado y ratificado en juicio por el doctor Alfredo Leonardo sosa perito oficial del Ministerio Publico al señor VICTOR HUGO RIVAS PAZ en fecha cinco de julio del dos mil trece, en sus conclusiones finales estableció: 1) Un trastorno del afecto (bipolaridad) que se caracteriza por fluctuaciones del estado de ánimo en ocasiones mucha energía, hiperactividad e irritabilidad, y luego periodos depresivos. 2) Al momento de la evaluación el acusado presentaba una fase depresiva. 3) El trastorno depresivo de base más eventos estresantes condicionan al consumo de sustancias psicoactivas así como a la disociación. 4) Al momento de los hechos impresiona un trastorno de disociación y que durante este periodo tiene alterada la capacidad de hacer juicios de realidad.” De estos dictámenes los Sentenciadores afirmaron en su valoración probatoria: “Con los dictámenes antes referidos, tenemos por acreditado que el acusado Víctor Hugo Rivas Paz adolece de un trastorno afectivo Bipolar, con periodos depresivos, dependencia al consumo de alcohol, asociada al trastorno bipolar que le provocan conductas impulsivas, destructivas que ponen en riesgo la seguridad del individuo y de los demás; sin embargo, dichos dictámenes no sirven de utilidad para poder tener por acreditado fehacientemente que el señor Rivas Paz al momento de cometer el hecho, estaba pasando por una fase de crisis transitoria, que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ya que no se le realizaron exámenes clínicos antes ni después del hecho que comprobaran de manera irrefutable que el mismo no estaba en plena conciencia de sus actos y por ende eximirlo de responsabilidad penal. Así las cosas, al concatenar la prueba que ha sido desplegada en la vista pública, no queda más, que tener por acreditado que el acusado Víctor Rivas Paz es responsable de un hecho que merece ser sancionado y penado.” Para esta Sala de lo Penal el Sentenciador ha razonado de manera correcta y lógica los dictámenes psiquiátricos practicados al imputado, pues en ambos dictámenes no se establece de manera certera que el acusado no sabia la ilicitud de sus conductas, pues los dictámenes refieren que: “pudo haber presentado un trastorno psicótico transitorio” y en el segundo se establece “Al momento de los hechos impresiona un trastorno de disociación”, es decir en ambas opiniones psiquiátricas el togado establece una posibilidad, no pueden asegurarse fehacientemente pues precisamente para asegurarlo se necesitaría los exámenes previos, durante y posteriores para confirmarlo, lo cual es materialmente imposible. Ahora bien recuerda esta Sala de Casación que los dictámenes en general no vinculan al Juez para tomar una u otra decisión, el Sentenciador debe observar toda la prueba en su conjunto, pues de esa unida valoración debe llegar a una conclusión que debe cumplir con los estándares de la sana crítica racional, por tanto el recurrente al afirmar que hay violación al principio lógico de razón suficiente erra en su argumento, pues está viendo la valoración que hace el Tribunal únicamente de los dictámenes psiquiátricos, pero olvida que existe prueba testifical y documental que aportaron elementos que le llevaron a tener la convicción de culpabilidad del acusado; por ejemplo al declarar el ofendido testigo protegido 11-2-17, éste afirmó que el imputado no estaba solo, es decir se hacia acompañar de otra persona, es decir que los hechos se desarrollan por un plan preconcebido entre el acusado y su acompañante, lo que resulta cuestionable pues si el acusado estaba con un trastorno psicótico transitorio, como podría ponerse de acuerdo con el otro participante en los hechos; así mismo el ofendido en ningún momento manifestó que la actitud del imputado haya sido de una persona que desconocía la ilicitud de los actos que hacía, solo afirmó que estaba nervioso, lo cual es totalmente natural en personas que saben el riesgo que corren al cometer un acto reñido contra la ley; todas estas razones tomó en consideración el Sentenciador para concluir que si bien el acusado padece de un trastorno bipolar, no existían los elementos necesarios para determinar que al momento de los hechos se encontraba padeciendo de un trastorno psicótico transitorio, utilizando para el análisis y valoración de las pruebas las reglas de la sana crítica. En cuanto al segundo motivo de casación, en el que el recurrente afirmó que se violenta el principio de no contradicción, pues a su criterio el Juzgador se equivoca al valor los dictámenes psiquiátricos ya que condenó al imputado por un delito doloso y al mismo tiempo asevera el censor, que se contradice al establecer probatoriamente que el imputado padece de un trastorno afectivo bipolar con periodos depresivos con dependencia al consumo de alcohol; para esta Sala de Casación el recurrente ha equivocado su argumento casacional, pues el hecho de que el Juzgador afirme que padece de un trastorno bipolar eso no significa que no pueda cometer un delito doloso, es decir teniendo toda la intención para hacerlo, pues tal como se suscitaron los hechos y conforme lo relató el ofendido, el imputado junto con otra persona irrumpieron en su vehículo pidiéndoles que se trasladara por cierta carretera, a lo cual se negó el ofendido, lo que provocó que lo tiraran del automotor; al analizar las acciones del acusado junto con su acompañante, no parecen para nada acciones de personas que no sabían lo que estaban realizando, sino que constituyen operaciones de individuos que tenían conciencia de sus actos y constituye un plan entre ellos; por tanto el afirmar que el acusado actuó de forma dolosa y que a la vez asevere que padece de un trastorno bipolar, para nada constituye violación al principio de no contradicción. Por todas las razones antes expuestas podemos afirmar que el Sentenciador aplicó de forma correcta y adecuada las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el primer y segundo motivo de casación por quebrantamiento interpuesto por la defensa privada del acusado. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos en que se fundan (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 18 y 20 del Código Procesal Penal • Concepto de la infracción: violación al principio in dubio pro reo. • Pretensión: que se declare ha lugar y se case la sentencia recurrida. Explicó el recurrente que el Sentenciador a pesar de los dictámenes periciales psiquiátricos, en los que se establece que el imputado adolece de un trastorno afectivo bipolar con periodos depresivos con dependencia al consumo de alcohol, desecha estas evaluaciones de carácter decisivo y no les da convencimiento; de lo que se desprende sin lugar a dudas que el Juzgador en sus reflexiones tiene una grave duda sobre si el imputado al momento de los hechos estaba o no padeciendo de un trastorno mental transitorio que le imposibilitaba tener conciencia de los hechos; infringiendo con ello el principio in dubio pro reo. De la Procedencia del Recurso. El motivo no es de Recibo. Analiza esta Sala de lo Penal, que el recurrente ha presentado un recurso de casación por infracción de precepto constitucional, sin embargo no ha señalado una norma constitucional infringida, sino que señaló el artículo 18 del Código Procesal Penal que refiere a la interpretación de los pasajes oscuros de la ley y al artículo 20 del mismo cuerpo legal, referente a la generalidad de las garantías y principios procesales; normas que no son constitucionales y tampoco el censor ha hecho referencia en cómo esos artículos tienen relación con alguna norma constitucional establecida en nuestra Carta Magna y que el A-quo haya infringido. Lo que el recurrente hace en su recurso de casación por infracción de precepto constitucional son meros argumentos de instancia, estableciendo situaciones que en ningún momento advirtió el Juzgador, por ejemplo afirmar que tiene duda acerca de si el acusado actuó o no bajo un trastorno mental transitorio, aseveración que no es correcta, pues lo que establece el A-quo es que las pruebas psiquiátricas no son suficientes para determinar si el encartado sabía o no que su actuación reñía con la ley; pero contrario a lo que afirma el censor, para esta Sala de Casación ha quedado claro que el Tribunal Sentenciador adquirió certeza de que el acusado Víctor Hugo Rivas Paz actuó de forma consciente e intencional para cometer el hecho por el cual está siendo acusado. Para esta Sala de Casación es difícil poder dar respuesta a todos los planteamiento del recurrente plasmados en este motivo, pues no ha sido capaz de enlazar sus argumentos con una norma constitucional que considere infringida, pues lo que realiza el censor son apreciaciones subjetivas de cómo el A-quo debió valorar la prueba; precisamente el antecedente que hace referencia el impetrante, en cuanto a la sentencia de esta Sala de lo Penal en el recurso de casación 320-2009 dictada en fecha nueve de junio de dos mil once que afirma: “Esta Sala de lo Penal, viene reiteradamente sosteniendo que si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal” De lo antes relacionado podemos concluir que el recurrente no fue capaz de establecer a que normas constitucionales se refería al enunciar un recurso de casación que se utiliza para denunciar violaciones o quebrantos a normas constitucionales o de derechos humanos; por lo que el fundamento que presenta en su recurso al referirse a un antecedente de esta Sala de Casación, es el mismo fundamento que sirve para denegar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual se declara no ha lugar. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos e infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuestos por la defensa privada del imputado. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en sus artículos 217 y 218 relacionado con el 15, declaró responsable al acusado Víctor Hugo Rivas Paz, como autor responsable del delito de: a) Robo de Vehículo en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido 11-02-07, a la pena principal de seis (6) años, ocho (8) meses de reclusión, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción; b) Robo en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido 11- 02-07, a la pena principal de tres (3) años, cuatro (4) meses de reclusión; más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, haciendo un total de 10 años de prisión; declarando al acusado civilmente responsable; las penas antes descritas, el acusado deberá cumplirlas sucesivamente, iniciando por las de mayor gravedad, en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. Por su parte el decreto legislativo 130-2017, en su artículo 364 regula el delito de Hurto y Robo de uso de vehículo automotor, que en su último párrafo refiere que, si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas de robo con violencia e intimidación, que esta regulado en el artículo 361y que tiene señalada una pena de 4 a 8 años de prisión; pero al constituirse en una tentativa acabada conforme lo establece el artículo 21 en relación al 62, se debe rebajar ¼ quedando la nueva pena en 3 a 4 años de prisión, pero constituyen dos delitos de robo, uno respeto al vehículo automotor y otro en relación a las pertenencias personales del ofendido; por lo que, al tratarse de una idéntica ocasión, en la que el acusado realizó dos acciones que ofendieron al mismo sujeto y que infringen el mismo precepto penal, debe ser castigado como autor de un delito continuado, con la pena señalada para la infracción mas grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior a 1/3. Es decir en el caso del imputado Víctor Hugo Rivas Paz su accionar debe considerar como un delito continuado conforme lo establece el artículo 68 del nuevo código penal; quedando la nueva pena en 4 a 5 años, 4 meses de prisión, cuya mitad superior corresponde a 4 años 8 meses pudiendo llegar hasta 5 años, 4 meses de prisión. Conforme la audiencia de individualización de la pena el Sentenciador estableció que no se acreditaron agravantes, pero si la atenuante de no tener antecedentes penales y la eximente incompleta establecida en el artículo 26 numeral 1 del derogado Código Penal; en el caso del nuevo código penal 130-2017, también se establece en su numeral 1 la eximente incompleta y en su último numeral refiere que se puede considerar cualquier otra análoga, que en el presente caso correspondería a no contar con antecedentes penales. Conforme el artículo 70 inciso d, cuando concurran varias circunstancias atenuantes y ninguna agravante, se aplica la pena en su límite mínimo; que en el presente caso corresponde a 4 años 8 meses de prisión. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado mediante el decreto 144-83 es mucho mayor que la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues le beneficia. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361 y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 21, 62, 68, 70, 364, 361 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No ha Lugar los recursos de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos e infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuestos por el abogado Javier Reyes Arzú, en su condición de defensor privado del señor Víctor Hugo Rivas Paz. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, por la conducta reprochada al acusado Víctor Hugo Rivas Paz; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la presente sentencia en los siguientes términos: Primero: A) Que debemos condenar y condenamos al señor Víctor Hugo Rivas Paz, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito tentado continuado de Robo con violencia, en perjuicio de Testigo Protegido 11-02-07, imponiéndole la pena principal de cuatro (4) años, ocho (8) meses de prisión. El cumplimiento de la pena de prisión impuesta al acusado deberá ajustarse a las siguientes reglas: i) Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el señor Víctor Hugo Rivas Paz, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; ii) Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; iii) El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. Segundo: que debemos condenar y condenamos al señor Víctor Hugo Rivas Paz, a cumplir la pena accesoria por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Art. 41.2 de la Constitución de la República). Tercero: se impone al reo Víctor Hugo Rivas Paz, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de prisión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la sección VII, del capítulo IV, del título II de la ley del sistema penitenciario nacional, la ley del trabajo para personas privadas de libertad y de permanencia para reos de alta peligrosidad y agresividad y sus respectivos reglamentos. Cuarto: como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Víctor Hugo Rivas Paz, civilmente responsable por las consecuencias resultantes del delito tentado continuado de Robo con violencia; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. Quinto: no procede condenar al señor Víctor Hugo Rivas Paz costas procesales, personales, ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, que la secretaría del despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de este fallo, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintisiete de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-633-2019.Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-633-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 633-2019 por quebrantamiento de forma y por infracción de precepto constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló; Primero: Condenó a Víctor Hugo Rivas Paz, como autor responsable del delito de Robo de Vehículo en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido 11-02-07, a la pena principal de seis años, ocho meses de reclusión, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción, por el tiempo de duración de la pena principal. Segundo: Condenó a Víctor Hugo Rivas Paz, como autor responsable del delito Robo en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido 11- 02-07, a la pena principal de tres años, cuatro meses de reclusión; más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Las penas antes descritas el acusado deberá cumplirlas sucesivamente, iniciando por las de mayor gravedad, en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. Cuarto: Declaró al condenado responsable civilmente. Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: No procedió declarar el comiso. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Javier Reyes Arzú, en su condición defensor privado de Víctor Hugo Rivas Paz, como parte recurrente y la abogada Marla Iris Cárdenas Guardado en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha once de febrero de dos mil diecisiete, a la una con treinta minutos de la mañana, el testigo protegido se conducía en un vehículo tipo turismo, tipo taxi, marca Toyota, cuando a la altura del semáforo de la colonia Fesitran, dos personas ingresaron repentinamente al vehículo, entre ellos, el acusado VICTOR HUGO RIVAS PAZ, ubicándose uno en la parte de adelante y el otro en la parte de atrás, manifestándole al Testigo Protegido que los llevara al Centro Comercial Mega Plaza, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés; respondiéndole el testigo protegido que ya no andaba trabajando, por lo que en ese momento, uno de ellos lo agarró de la cabeza y le apretó el cuello, ordenándole que detuviera la marcha; mientras el otro, procedió a lanzarlo del vehículo, dándose seguidamente a la fuga. SEGUNDO: Seguidamente el testigo protegido pidió auxilio a un conductor desconocido y le dieron persecución, logrando observar que el vehículo se había detenido en la gasolinera Puma frente a la 105 Brigada de Infantería, por lo que este alertó a unos agentes policiales, quienes les dieron captura al acusado VÍCTOR HUGO RIVAS PAZ a escasos metros del lugar, encontrándole las llaves del vehículo y la billetera propiedad del testigo protegido, siendo detenido y puesto a la orden de las autoridades correspondientes.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El recurrente abogado Javier Reyes Arzú en su condición de defensor privado de Víctor Hugo Rivas Paz, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: No haberse observado en la valoración de la prueba, la Regla de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional de la lógica específicamente a la norma DE DERIVACIÓN de donde emana la ley de LA RAZÓN SUFICIENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El artículo 338 sección cuarta, numeral 2) del Código procesal Penal literalmente dice: "... Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados ..." El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: "El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: "Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Antes de entrar a explicar la contravención a la regla de la Sana Critica cometida por el Tribunal de Sentencia, es necesario exponer en que constituyen las reglas de la sana critica para la Doctrina Legal hondureña, en vista de que el ordenamiento jurídico vigente no lo revela. En ese orden de ideas, la Sala de lo Penal ya ha delimitado jurídicamente que las reglas de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional consisten en los principios del recto entendimiento humano, o que es lo mismo, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, que los Jueces y Magistrados de los Tribunales Hondureños están obligados a respetarlas. Para los efectos de exponer mi motivo de casación, me limitare a explicar cómo fue inobservada la Regla de la Sana Crítica de la lógica de Derivación de donde nace la ley de LA RAZÓN SUFICIENTE que estimo vulnerada por el Tribunal de Sentencia al momento de valorar las pruebas en su fallo condenatorio dictado en contra de mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ.- En ese sentido, la Sala de lo Penal nos ilustra, que de la norma de la lógica se produce, emanan o nacen de su interpretación dogmática y jurídica las siguientes Leyes: a) Ley de identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y la d) Ley de razón suficiente. Por tanto, debemos comprender que la Ley de Razón Suficiente, de conformidad a lo ya precisado por la Sala de lo Penal, es aquella -en donde generalmente se violenta su aplicación racional, cuando /os indicios con que se pretende fundamentar un fallo, no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir, carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica razonable, bien sea de culpabilidad o de inocencia--, implicando la Sala de lo Penal, que si los Jueces de un Tribunal de Sentencia en su fallo establecen conclusiones carentes de razón o ilógicos, la consecuencia inmediata es la infracción de la Ley de Razón Suficiente que contiene la lógica como regla de la sana crítica.-En ese sentido, el Principio de Razón Suficiente tiene su origen en la Ley de la Derivación, que postula: todo razonamiento debe ser derivado, es decir, ha de provenir de inferencias o deducciones coherentes. En virtud de este Principio, la validez de cualquier proposición debe de ser producto de suficientes fundamentos que le dan consistencia, a través de los cuales aquella se tiene por verdadera. En el caso que nos ocupa, acontece señores Magistrados, que según consta en la Sentencia condenatoria dictada en contra mi representado VICTOR HUGO RIV AS PAZ, el Tribunal de Sentencia le condena por haber realizado una ACCIÓN DOLOSA al cometer los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE 11-02-07; hecho acontecido el día 11 de febrero del año 2017 a la 1.30 am de la mañana en la altura del semáforo de la Colonia FESITRAN, de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes.- DE LA ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA RECURRIDA se establece en la parte de la Valoración de las Pruebas que se evacuaron en el Debate de Juicio Oral y Público, DOS PRUEBAS PERICIALES Y UN CERTIFICADO MÉDICO sobre el ESTADO DE SALUD MENTAL de mi patrocinado VICTOR HUGO RIVAS PAZ.- Las pruebas periciales fueron los Dictámenes Psiquiátricos Forenses números 2017-0501-0200-478 y 2013-05-0201-0353 emitidos en fecha 30 de octubre del año 2017 y 5 de julio del año 2013 en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico; El certificado Médico fue extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes. El Tribunal de Sentencia conformado por los Jueces de Sentencia GLORIS EVELIN BANEGAS, ISSA JHENIE HERNANDEZ PAZ Y GRACIA MARIA BERTRAND al momento de valorar las pruebas antes mencionadas exponen los siguientes raciocinios: VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL CONSISTENTE EN DOS DICTAMENES PSIQUIATRICOS FORENSES "...Con los dictámenes antes referidos, tenemos por acreditado que el acusado VICTOR HUGO RIVAS PAZ adolece de un trastorno afectivo Bipolar, con periodos depresivos, dependencia al consumo de alcohol, asociada al trastorno bipolar que le provocan conductas impulsivas, destructivas que ponen en riesgo la seguridad del individuo y de los demás; Sin embargo, dichos dictámenes no sirven de utilidad para poder tener por acreditado fehacientemente que el señor RIVAS PAZ al momento de cometer el hecho, estaba pasando por una fase de crisis transitoria, que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ya que no se realizaron exámenes clínicos antes, ni después del hecho que comprobaran de manera irrefutable que el mismo no estaba en plena conciencia de sus actos y por ende eximirlo de responsabilidad penal. Así las cosas, al concatenar la prueba que ha sido desplegada en la vista pública, no queda más que tener por acreditado que el acusado Víctor Rivas Paz es responsable de un hecho que merece ser sancionado y penado..." VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN CERTIFICADO MEDICO PSIQUIATRICO. "...Dicha certificación medica guarda estrecha relación con lo manifestado por el Psiquiatra y Perito Alfredo Leonardo Sosa, lo cual le damos valor por tratarse de un documento medico expedido por una especialista en la materia, que no tiene interés en el caso, más que documentar información médica que ella respalda como médico tratante del acusado Víctor Rivas paz; vemos entonces que el acusado tuvo su última cita médica el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, es decir, aproximadamente tres semanas antes del hecho, encontrándose el mismos con buen apego farmacológico, sin establecer recaídas durante el proceso y cumpliendo con su proceso psicoterapéutico. Por lo que si bien, damos por acreditado el trastorno bipolar que padece el acusado, no menos cierto es, que aún con la prueba pericial y dicho constancia médica, no ha llegado a nuestro convencimiento humano que el acusado actúo bajo un estado de Psicosis Transitoria, lo cual le impidiera medir las consecuencias de sus actos; ya que a pregustas del Tribunal, quedo constatado que el acusado no fue evaluado antes del hecho, ni después del mismo, de manera que se demuestre que obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos...." Sobre estos argumentos de valoración de prueba pericial y documental de carácter psiquiátrico que radican sobre LA SALUD MENTAL del imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ es necesario establecer la doble explicación ilógica que exponen los juzgadores para valorar los indicios donde afincan su razonamientos para condenarlo; pues primero, aceptan sin lugar a dudas que el imputado adolece de un trastorno bipolar, que de conformidad a los dictámenes periciales y al certificado médico (a los cuales les dan toda credibilidad probatoria) desde el punto de vista PSIQUIATRICO le produce al imputado "en el momento de los hechos impresiona un trastorno de disociación y que durante este periodo tiene alterada la capacidad de hacer juicios de realidad"; pero seguidamente, los jueces razonaron en la valoración de esta misma prueba que no obstante lo anteriormente explicado, no les merecen convencimiento estas pruebas a pesar de ser creíbles, objetivas y ser emitidas sin criterio para favorecer al imputado, porque al imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ no fue evaluado antes y después de cometer los hechos punibles por el cual se le adelanto juicio oral y público y se le condeno, véase como lo razonan: "...Sin embargo, dichos dictámenes no sirven de utilidad para poder tener por acreditado fehacientemente que el señor RIVAS PAZ al momento de cometer el hecho, estaba pasando por una fase de crisis transitoria, que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ya que no se realizaron exámenes clínicos antes, ni después del hecho que comprobaran de manera irrefutable que el mismo no estaba en plena conciencia de sus actos y por ende eximirlo de responsabilidad pena..." "...no fue evaluado antes del hecho, ni después del mismo, de manera que se demuestre que obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos...' En otras palabras, la lógica que utilizan los Jueces de sentencia, para derivar los indicios de condena, no radican o provienen de haber quedado en la estructura de la sentencia claramente expresados los criterios de valoración que se han utilizado para definir la prueba que se acoge o se rechaza o los mismos o que sean producto de una fundamentación Analítica o Intelectiva, de donde los jueces hayan analizado los elementos de juicio, dejando constancia de los aspectos en que consistió la coherencia, la consistencia, la veracidad de esos medios de prueba; Lo mismo tampoco esa la lógica que utilizan los Jueces de sentencia para derivar los indicios de condena, no derivan o son producto de una fundamentación descriptiva, en la que hayan expresado de forma resumida los elementos probatorios indiciarios de condena con los que se cuenta, pues es indispensable esa descripción de cada uno de ellos, mediante una referencia explícita a los aspectos más sobresalientes de su contenido, de manera que el lector pueda comprender de donde se extrae la información indiciaria que hace posible que sus apreciaciones y conclusiones de condena tengan fundamento legal en que justificarse. Al no encontrar en la estructura de la sentencia que esos indicios de condena sean respaldados en fundamentaciones analíticas, intelectivas o descriptivas, podemos aseverar que la lógica que utilizan los Jueces de sentencia, para derivar los indicios de condena radican o provienen según ellos en la falta de practicarle al imputado unos dictámenes psiquiátricos en dos momentos imprecisos, es decir, suponemos ANTES de la 1.30 am de la mañana del día 11 de febrero del año 2017 cuando el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ fue a cometer el delito y el otro momento suponemos es DESPUÉS, cuando el imputado, ya se encontraba detenido a las órdenes de los órganos persecutores del delito, es decir, la policía y el Ministerio Publico o momentos después de la 1.30 am de la mañana del día 11 de febrero del año 2017; siendo así las cosas, según la lógica que expresa el Tribunal de sentencia, no le merecen ningún convencimiento los Dictámenes Psiquiátricos Forenses números 2017-0501-0200-478 y 2013-05- 0201-0353 emitidos en fecha 30 de octubre del año 2017 y 5 de julio del año 2013 en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico; El certificado Médico fue extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, pues, los indicios que piden para valorar si encontraba o no el imputado bajo un trastorno mental transitorio al momento de cometerse los hechos se encuentran fuera de la posibilidad humana del imputado y de su defensa poder acreditar, pue la exigencia de esos hipotéticos dictámenes psiquiátricos, han tenido la fuerza de desbaratar la fuerza probatoria de aquellas pruebas periciales y documentales que si fueron evacuadas en el mundo real y de donde se extraen lo que de ellos se deriva, en ese orden de ideas, con la exigencia de la existencia de esos hipotéticos dictámenes psicológicos, solo así alcanzaría el convencimiento en grado de certeza el tribunal de sentencia para dar por acreditado que el imputado actuaba bajo una causal de inimputabilidad por tener alterado de condición mental bajo un trastorno mental transitorio, pero al no existir los mismos se le condena al estimar que el imputado al momento de cometer el delito lo hizo mediante dolo. El requisito exigido por los Jueces de Sentencia son enviados o dirigidos al imputado, cuyo incumplimiento, falta u omisión, le acarrean la presente condena, pues para estos juzgadores, no basta con los meros diagnósticos. que fueron emitidos en los Dictámenes Psiquiátricos Forenses números 2017- 0501-0200-478 у 2013-05-0201-0353 de fechas 30 de octubre del año 2017 y 5 de julio del año 2013 por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico y el Diagnostico Psiquiátrico contenido en el certificado Médico que fue extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de San Pedro Sula, Cortes; sino que para los Jueces de Sentencia la anomalía o alteración psíquica que padece el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ la ponen en relación no con el acto mismo de las características tipológicas del delictivo, sino por escenarios, condiciones o situaciones que nada tienen que ver la intensión o voluntad de cometer una acción delictiva, y a esa conclusión arriban según lo exponen por la inexistencia de evaluaciones Psiquiátricos en la persona del imputado antes y después de cometido el hecho, por lo que esta reflexión aparece ausente del debido respaldo, tanto en el proceso de la coherencia como de derivación en la lógica de la razón suficiente que debe orientar el discurso de los juzgadores, pues al encontrarse con pruebas indiciarias concordantes, convergentes, serias y ajenas a manipulaciones como lo son las pericias emitidas por el perito oficial del Ministerio Publico y el diagnóstico del Psiquiatra de cabeza del imputado, estas fueron desechadas al alegar los jueces de sentencia de manera simple y llana que nos les merecían convencimiento, destruyendo con esa sola mención, la interpretación valorativa que de manera mancomunada, Ilevan la impresión que existía la duda razonable de que al momento de los hechos el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ podía encontrarse padeciendo de un trastorno psicótico transitorio como así lo expone en su dictamen de fecha 30 de octubre del año 2017, el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, al decir: "...Al momento de los hechos pudo haber presentado, un trastorno psicótico transitorio (estado confunsional agudo), que se caracteriza por una conducta desorganizada provocada eta por el consumo excesivo de alcohol más la depresión bipolar de intensidad grave que lo vuelven vulnerable; careciendo de la capacidad de comprensión es decir dificultad para diferenciar lo apropiado de lo inapropiado. - lo anterior tomando en consideración que no se establecen conductas antisociales o delictivas cuando esta con buen apego farmacológico, o cuando su enfermedad no se asocia al consumo de drogas tales como el alcohol..." Magistrados de la Sala de lo Penal, Para establecer una relación de causalidad, entre hecho acontecido y padecimiento, los jueces de sentencia, divagan en un pensamiento ilógico e incoherente у по derivado, al imponer una condición, circunstancia o situación al imputado y a su defensa técnica que les hace imposible poder acreditar o demostrar en este mundo, su estado de salud mental en el momento de acontecer los hechos, en ese orden de ideas, la conclusión en que se funda la sentencia condenatoria en la hipotética inexistencia de peritajes antes y después del hecho criminal acontecido, convierte la conclusión del fallo condenatorio en ilógico, luego que esa reflexión no está basado en la ley lógica de la derivación, la coherencia y específicamente en la ley de la razón suficiente, esta última, que tal como lo señala la Sala de lo Penal, es aquella, en donde se violenta su aplicación racional, cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo, no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir, carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica razonable, bien sea de culpabilidad o de inocencia - Por tanto, ante tal inobservancia de la regla de la sana critica, la decisión asumida de condenar al imputado, no les permite a los Jueces de Sentencia demostrar que emiten un fallo condenatorio fundado en un silogismo instaurado en la congruencia o que es lo mismo, basado en un correcto pensamiento humano que explique o de las razones suficientes para dictar una sentencia condenatoria en contra del imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ, pues en absoluto consta acreditado que esa reflexión de la condición sino quanon que atribuyen en el sentido que ante la ausencia de evaluaciones psiquiátricas antes y después del hecho criminal en la persona del imputado, SEA RAZÓN SUFICIENTE para restarles convencimiento racional de credibilidad probatoria a las evaluaciones psiquiátricas emitidas por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico y la prueba documental consistente en el certificado Médico extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de San Pedro Sula, Cortes. En ese orden de ideas, si suprimimos hipotéticamente esa mera mención de no convencimiento por la ausencia de dictámenes psiquiátricos antes y después del hecho criminal acontecido, que les ha servido a los Jueces de Sentencia como suficiente argumento para dictar sentencia condenatoria, veremos que el fallo condenatorio pierde su argumento aunque el mismo este fundado en representaciones ilógicas fundado en la inobservancia de la ley de la lógica de la razón suficiente, ya que, la parte recurrente no está discutiendo el hecho de que el imputado no participo en el delito, sino que el imputado se encontraba bajo los efectos de un trastorno mental transitorio, condición de salud mental, que hace surgir a la vida jurídica LA DUDA RAZONABLE que así fuera lo acontecido, ya que cuando el imputado se encuentra bajo medicación no tiene comportamientos o conductas antisociales o como mejor lo indica el perito oficial Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA: "lo anterior tomando en consideración que no se establecen conductas antisociales o delictivas cuando esta con buen apego farmacológico, o cuando su enfermedad no se asocia al consumo de drogas tales como el alcohol..." La inobservancia a la regla de la sana crítica de la lógica por la vía de la razón suficiente, provoca a que los jueces de Sentencia no puedan dar razones suficientes que justifiquen no darle credibilidad con fuerza decisoria al hecho científico discutido por los expertos psiquiatras que el no tomar ansiolíticos para la depresión y tomar alcohol o drogas en su caso pueden estimular la acción delictiva, en personas que como el imputado padecen de trastornos de personalidad, y ello, que existía base probatoria que afirma esa relación, por tanto, los expertos psiquiatras aprecian anomalías o alteraciones o trastornos psíquicas transitorias en el imputado que le predisponen a reaccionar en cortocircuito que afecta a su inteligencia y voluntad llegando a anularías, pues el trastorno mental transitorio exige una irrupción en la mente del sujeto activo con pérdida consecutiva de sus facultades, de duración y curación según el tratamiento farmacológico, no existiendo ninguna prueba que haga por lo menos presumir que el imputado haya provocado por él mediante dolo o culpa, esa condición con propósito de delinquir o lograr la impunidad de sus actos ilícitos, presupuestos que tampoco concurren en el caso. Lo que si tenemos probado es que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ es una persona enferma en su salud mental, que no requiere curarse en la cárcel, sino que sea recluido en un centro de rehabilitación para enfermos mentales, hasta en cuanto y tanto, recupere de manera permanente su salud mental y no sea un peligro para él y para los demás ciudadanos, ya que el imputado no ha actuado con conciencia y voluntad de lo que estaba haciendo el día 11 de febrero del año 2017 a la 1.30 am de la mañana en la altura del semáforo de la Colonia FESITRAN, de San Pedro Sula, Cortes y sus acciones son consecuentes de una persona el cual no actuaba con DOLO por carecer de la capacidad de comprensión o dificultad para diferenciar lo apropiado de lo inapropiado-- RECLAMO REALIZADO PARA SUBSANAR EL VICIO SEÑALADO. En virtud de la naturaleza del hecho en que ocurre el vicio que se reclama, no es posible realizar un reciamo que lleve consigo el propósito de subsanario, más que el presente recurso.” “ RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. SEGUNDO MOTIVO: No haberse observado en la valoración de la prueba, la Regla de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional de la lógica específicamente la ley de LA NO CONTRADICCIÓN. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El artículo 338 sección cuarta, numeral 2) del Código procesal Penal literalmente dice: "...Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y. en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados..." El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: "El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica" Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: "Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Critica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Como lo explique en el motivo de casación que antecede, también en este Motivo antes de entrar a explicar la contravención a la regla de la Sana Critica cometida por el Tribunal de Sentencia, resulta necesario exteriorizar que para la Sala de lo Penal las reglas de la Sana Crítica o Sana Crítica Racional, consisten en la obligación que tienen los Jueces y Magistrados de los Tribunales Hondureños para respetar los principios del recto entendimiento humano, o que es lo mismo, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. En este Motivo de Casación, la regla de la Sana Critica a desarrollar es la lógica y específicamente la ley de NO CONTRADICCIÓN, que implica según nuestra Doctrina Legal que es aquella que se viola cuando -el Tribunal en una sentencia valora la prueba de tal suerte que en una de sus partes se afirma que algo es cierto y luego se niega dicha afirmación; es decir esta Ley se Transgrede, cuando el fallo es contradictorio lo que equivale que el sentenciador en una parte del fallo exprese que algo es y en otra parte exprese totalmente lo contrario Por lo que para explicar adecuadamente esta inobservancia a esta Ley de la lógica de no contradicción, como regla de la Sana Critica Racional, manifestare previamente que el Tribunal de Sentencia conformado por los Jueces de Sentencia GLORIS EVELIN BANEGAS, ISSA JHENIE HERNANDEZ PAZ Y GRACIA MARIA BERTRAND al momento de valorar las pruebas consistentes en PRUEBAS PERICIALES DE DOS DICTAMENES PSIQUIATRICOS FORENSES Y UNA PRUEBA DOCUMENTAL EN CERTIFICADO MÉDICO PSIQUIATRICO, expusieron las siguientes reflexiones: VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL CONSISTENTE EN DOS DICTAMENES PSIQUIATRICOS FORENSES "...Con los dictámenes antes referidos, tenemos por acreditado que el acusado VICTOR HUGO RIVAS PAZ adolece de un trastorno afectivo Bipolar, con periodos depresivos, dependencia al consumo de alcohol, asociada al trastorno bipolar que le provocan conductas impulsivas, destructivas que ponen en riesgo la seguridad del individuo y de los demás; Sin embargo, dichos dictámenes no sirven de utilidad para poder tener por acreditado fehacientemente que el señor RIVAS PAZ al momento de cometer el hecho, estaba pasando por una fase de crisis transitoria, que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ya que no se realizaron exámenes clínicos antes, ni después del hecho que comprobaran de manera irrefutable que el mismo no estaba en plena conciencia de sus actos y por ende eximirlo de responsabilidad penal. Así las cosas, al concatenar la prueba que ha sido desplegada en la vista pública, no queda más que tener por acreditado que el acusado Víctor Rivas Paz es responsable de un hecho que merece ser sancionado y penado..." VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN CERTIFICADO MEDICO PSIQUIATRICO "...Dicha certificación medica guarda estrecha relación con lo manifestado por el Psiquiatra y Perito Alfredo Leonardo Sosa, lo cual le damos valor por tratarse de un documento medico expedido por una especialista en la materia, que no tiene interés en el caso, más que documentar información médica que ella respalda como médico tratante del acusado Víctor Rivas paz; vemos entonces que el acusado tuvo su última cita médica el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, es decir, aproximadamente tres semanas antes del hecho, encontrándose el mismos con buen apego farmacológico, sin establecer recaídas durante el proceso y cumpliendo con su proceso psicoterapéutico. Por lo que si bien, damos por acreditado el trastorno bipolar que padece el acusado, no menos cierto es, que aún con la prueba pericial y dicho constancia médica, no ha llegado a nuestro convencimiento humano que el acusado actúo bajo un estado de Psicosis Transitoria, lo cual le impidiera medir las consecuencias de sus actos; ya que a pregustas del Tribunal, quedo constatado que el acusado no fue evaluado antes del hecho, ni después del mismo, de manera que se demuestre que obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos...." De la valoración de la prueba decisoria antes relacionada, el Tribunal de Sentencia condena al imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ por haber cometido DELITOS DOLOSOS y al mismo tiempo en su sentencia se contradice al establecer probatoriamente que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS.-; La inobservancia a la ley lógica de no contradicción consiste fundamentalmente en que en una sentencia no pueden expresar como válidos argumentos positivos o negativos sobre la posible estado mental del imputado fundados en la contradicción, en vista de que UNA PERSONA NO PUEDE INTENCIONAL Y VOLUNTARIAMENTE HABER COMETIDO UN DELITO DOLOSAMENTE Y AL MISMO TIEMPO ESA MISMA PERSONA CARECER DE COMPRENSIÓN DE SUS ACTOS POR PADECER DE UN TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO. Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, acontece la inobservancia de la regla de la sana critica de la lógica, cuando una sentencia definitiva condenatoria contiene una grave contradicción en sus reflexiones que hace posible romper con el todo armónico de los silogismos con los cuales está estructurada, es ese sentido, resulta imposible que DOS DEDUCCIONES O PROPOSICIONES EVIDENTEMENTE CONTRADICTORIAS, subsistían a la misma vez, porque, por un lado, se condena al imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ aduciendo que es una persona que de manera INTENCIONAL Y VOLUNTARIA HA COMETIDO DELITOS DOLOSOS y por otro lado, a esa misma persona el tribunal afirma que ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS. Ambas deducciones o proposiciones evidentemente contradictorias están debidamente comprobados y acreditados por el mismo Tribunal de Sentencia en el fallo emitido, y en cuanto a la que el imputado adolece de ese trastorno de la personalidad, este está científicamente. comprobado en base a las propias investigaciones del Ministerio Publico y así fue aceptado por el tribunal de Sentencia dándole toda la credibilidad probatoria; Ello estimula, a que nos tropecemos ante una condena penal injusta e improcedente, por ser incuestionable que se funda en una grave contradicción en el razonamiento judicial que lo así lo dicta, lo que vicia la decisión judicial al no tener base y fundamento para resolver el conflicto penal por el cual se condenó a mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ, ya que la sentencia definitiva al ser dictada dándole el mismo valor a estas dos proposiciones o deducciones contradictorias provoca que el fallo condenatorio no tenga base o derecho en que fundarse. En ese sentido, para que un funcionario judicial pueda cumplir con esa misión de emitir una sentencia judicial debidamente motivada en derecho tal cual lo ordena el artículo 141 y 336 del Código Procesal Penal, es necesario que su decisiones contengan, como ya lo exprese, el reconocimiento completo, preciso y positivo de que el la sentencia definitiva se formule por delitos que se le dirigen a una persona a título de dolo o culpa, pues solo bajo esas conductas emanadas de una acción u omisión permite nuestro ordenamiento jurídico, juzgar a nuestros ciudadanos y así determinar su responsabilidad o inocencia en el delito materia de juzgamiento. No obstante a más de las anteriores cualidades, esa Sentencia Judicial debe poseer como atributo indispensable que su motivación donde se expresa su razonamiento o pensamiento judicial NO SEA CONTRADICTORIO EN SUS TÉRMINOS, es decir, que NO ANTEPONGA PROPOSICIONES NEGATIVAS Y AFIRMATIVAS AL MISMO TIEMPO, ya que provoca que sean imposibles de conciliar en razón de no poder ser ellas verdaderas y falsas al mismo tiempo, dado que si el tribunal de Sentencia al momento de emitir su reflexión por un lado, declara como valido la deducción o proposición de que mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ejecuto una ACCIÓN DOLOSA al haber cometido los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA MEDIANTE UNA ACCIÓN INTENCIONAL Y VOLUNTARIA y por otro lado, declara como valido la deducción o proposición de que mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS En ese orden de ideas, tal violación o inobservancia al correcto entendimiento humano convierte la sentencia condenatoria en contradictoria, por consiguiente, no se cumple con los presupuestos de un Debido Proceso o un Juicio Justo, ya que los dos pensamientos de contenido diverso y contrapuesto formulados por los jueces de sentencia contra mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ hacen que estas dos proposiciones sean imposibles de descifrar, porque si se acepta que la conducta a juzgar de una persona se responsabiliza a título de haber actuado mediante DOLO, y por otro lado se niega que esa responsabilidad al imputado al aceptar en grado de credibilidad que efectivamente ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS, incita indiscutiblemente que desaparezca esa motivación racional, coherente y derivada que debe tener como naturaleza una decisión judicial, por tanto, se rompe la unidad e integridad de la motivación judicial y se tiene como consecuencia inevitable que la decisión emitida por los Jueces de Sentencia GLORIS EVELIN BANEGAS, ISSA JHENIE HERNANDEZ PAZ Y GRACIA MARIA BERTRAND en su Sentencia Definitiva de fecha 20 de marzo del año 2018, no pueda ser estimada como dictaba bajo derecho pues su decisión carece de base y fundamento en que apoyarse. Por ello no se puede dar cabida a semejante pretensión condenatoria bajo dos deducciones o proposiciones donde se reputa la decisión asumida como contradictoria y por ende inexistente, pues se envuelve a un mismo tiempo una afirmación y una negación de responsabilidad penal, AUNQUE SEA EN GRADO DE PROBABILIDAD, en ese sentido, no cabe duda que, que en el caso que nos ocupa una condena mediante esta grave contradicción que contiene proposiciones acusatorias hace imposible de poder conciliaría con el correcto entendimiento humano, pues una persona condenada no puede al mismo tiempo cometer un delito mediante una acción consciente y no consciente, dolosa y no dolosa, voluntaria y no voluntaria, intencional y no intencional, siendo ello así, una de tales proposiciones es verdadera y la otra falsa, pues ambas no pueden ser verdaderas y falsas a la vez. En un Estado de Derecho, Ningún Órgano Judicial puede, ni debe someter a condena penal a una persona cuando se ha probado científicamente (y no habiendo prueba en contrario que por lo menos ponga en duda esa circunstancia), que el suceso del cual se le acusa existe la probabilidad más allá de la duda razonable que el acusado no estaba consciente de sus actos por encontrase bajo un trastorno mental transitorio, por lo que procedía decretar la no responsabilidad penal de mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ y del mismo modo, dar curso a la aplicación de una medida de seguridad y su internamiento en un centro psiquiátrico, ya que en un centro penitenciario, no es el lugar adecuado para rehabilitar a un enfermo mental. Los jueces de sentencia, no dicen que el imputado PADECIÓ, SUFRIÓ, SOBRELLEVO, SOPORTO una enfermedad de salud mental, SINO QUE AFIRMAN EN GRADO DE CREDIBILIDAD PROBATORIA que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ de conformidad a las pruebas periciales emitidas por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA y la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN, ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS, y ello, paladinamente así lo tienen por acreditado en su sentencia, y no obstante, aunque luego impongan condiciones de que el imputado no había sido evaluado antes y después del hecho acontecido, esto solo promueve otra grave contradicción en sus deducciones y proposiciones de culpabilidad del imputado, pues aceptan en sus deducciones que adolece de una enfermedad mental en tiempo presente al tiempo de dictar sentencia condenatoria, pero no aceptan que adolece de esa enfermedad mental ya que dicen que no están convencidos que el imputado estaba bajo los efectos de esa DOLENCIA DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, y a esta conclusión arriban al instante de retrotrayéndose a los momentos antes y después de cometerse los delitos (aunque esos momentos de antes y después están perdidos en el tiempo y el espacio en la nebulosa e incertidumbre de los razonamientos de los jueces,) Porque decimos que hay contradicción en esas deducciones, porque el dictamen psiquiátrico forense número 2013-05-0201-0353 de fecha 5 de julio del año 2013 y el certificado médico psiquiátrico del Hospital San Juan de Dios, son evaluaciones psiquiátricas hechas ANTES de los hechos acontecidos a la 1.30 am de la mañana del día 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 y acreditan probatoriamente que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS, y por su lado, el dictamen psiquiátrico forense número 2017- 0501-0200-478 de fecha 30 de octubre del año 2017 es una evaluación psiquiátrica hecha DESPUES de los hechos acontecidos a la 1.30 am de la mañana del día 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 y acredita probatoriamente que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS. Por lo que resulta una grave inobservancia a la regia de la sana critica de la lógica de no contradicción, cuando en la motivación de una sentencia no se respeta la operación lógica fundada en la certeza que deviene en la obligación de observar los principios lógicos o leyes supremas del pensamiento, que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos. Las leyes. del pensamiento pues, están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Se entiende pues por la coherencia de los pensamientos la concordancia o conveniencia entre sus elementos, y por derivación el que cada pensamiento provenga de otro con el cual esta relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado, sino el punto de partida para otros. Con lo anterior, se puede constatar que los juicios emitidos por el Tribunal de Sentencia son contradictorios entre si, vulnerando la ley fundamental de la coherencia, específicamente el Principio Lógico de Contradicción, al establecer que dos juicios opuestos entre si contradictoriamente, no pueden ser ambos verdaderos. - véase como la jurisprudencia nos ilustra, al respecto "...De este modo El proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos..." (Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-04-2010) "...De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando..." (Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-12- 2013) RECLAMO REALIZADO PARA SUBSANAR EL VICIO SEÑALADO. En virtud de la naturaleza del hecho en que ocurre el vicio que se reclama, no es posible realizar un reclamo que lleve consigo el propósito de subsanarlo, más que el presente recurso.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEРТО CONSTITUCIONAL. TERCER MOTIVO: El tercer motivo del recurso de casación se centra en infracción de precepto constitucional por vulneración de precepto constitucional contenido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica De Honduras, consistente en el derecho de todo ciudadano sometido a juzgamiento a un proceso público con todas las formalidades, derechos y garantías. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El artículo 20 del Código Procesal Penal prescribe que: "General De Las Garantías Y Principios Procesales. Las garantías y principios previstos en este Código serán observados en todos los procedimientos, cuando como consecuencia de ellos, se deban aplicar sanciones penales o medidas restrictivas de la libertad a una persona." Por su parte el articulo 18 del Código Procesal Penal prescribe: "Los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal se interpretarán del modo que más favorezca a la persona imputada." La explicación del motivo de casación por infracción de precepto constitucional radica a que el Tribunal de Sentencia ha faltado a la aplicación de la garantía constitucional del PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ya que mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ según las pruebas periciales debidamente valoradas por el Tribunal de Sentencia como objetivas, creíbles y emitidas sin ningún ánimo de favorecerlo, por parte del Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico conforme a los Dictámenes Psiquiátricos Forenses números 2017-0501-0200- 478 y 2013-05-0201-0353 de fechas 30 de octubre del año 2017 y 5 de julio del año 2013, y la prueba documental consistente en el certificado Médico extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, han determinado sin lugar a dudas que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS. Visto lo anterior, el Tribunal de Sentencia desecha estas evaluaciones psiquiátricas de carácter decisorio realizadas sobre la salud mental del imputado, al reflexionar que no les da convencimiento, ya que no se practicaron evaluaciones psiquiátricas en los momentos ANTES Y DESPUÉS de haber acontecido los hechos del día 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 a la 1.30 am de la mañana en la altura del semáforo de la Colonia FESITRAN, de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en el cual el imputado fue detenido por las autoridades policiales por haber cometido los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE 11-02-07 y esto les hace reflexionar que: "...Por lo que si bien, damos por acreditado el trastorno bipolar que padece el acusado, no menos cierto es, que aún con la prueba pericial y dicho constancia médica, no ha llegado a nuestro convencimiento humano que el acusado actúo bajo un estado de Psicosis Transitoria, lo cual le impidiera medir las consecuencias de sus actos; ya que a pregustas del Tribunal, quedo constatado que el acusado no fue evaluado antes del hecho, ni después del mismo, de manera que se demuestre que obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos...." Siendo, así las cosas, y aunque no comprendemos desde el correcto entendimiento humano que es lo que quisieron expresar los Jueces de Sentencia con eso de ANTES Y DESPUES, por ser términos inconcretos y abstractos imposibles de fijar en el tiempo y el espacio, porque los Jueces no dan mayores explicaciones de lo que pretendieron razonar según el alcance de su lógica, lo ciento es que desde esa perspectiva de razonamiento que exponen los Jueces de Sentencia en la sentencia definitiva recurrida, se desprende sin lugar a dudas que en sus reflexiones tienen una grave duda sobre si el imputado al momento de los hechos estaba o no padeciendo de ese trastorno mental transitorio que le imposibilitaba tener conciencia de los hechos criminales que cometía, siendo así las cosas, los Jueces al tener esta grave duda de culpabilidad o inocencia dependiente esta decisión del estado de salud mental del imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ al momento de cometer los hechos, no se apegan a la observancia del principio del in dubio pro reo, infringiendo la normativa constitucional al no observar esta garantía constitucional, que exige que en caso de duda, la ley penal se aplica y beneficia al imputado. o que es lo mismo, la infracción a la no aplicación de este principio in dubio pro reo acontece cuando el Tribunal de Sentencia se limita a pretender constatar la existencia o no del estado de salud del imputado, tomando como argumentos condiciones que son contradictorias en relación con hechos que han sido objeto de prueba. Debe estimarse señores Magistrados, que la aplicación de este principio in dubio pro reo puede ser directamente verificada por el control de la motivación de la sentencia que debe estar intrínsecamente relacionada al principio o garantía constitucional de presunción de inocencia, pues la necesidad de certeza sobre las conclusiones fácticas a que llegue el Tribunal de Sentencia proporciona también un contenido particular al principio lógico llamado "de razón suficiente" y de "no contradicción", que en base al principio casacional de no oposición he ya desarrollado y es que, de la observancia de éste principio in dubio pro reo, en una sentencia judicial se comprende que el control casacional debe observar que este fallo este sometido a diversos requisitos, según sea el grado de convencimiento requerido por el ordenamiento respectivo para arribar a las conclusiones de hecho en que el fallo se asienta. Así, el examen de la cuestión planteada sobre la infracción constitucional el aludido principio de in dubio pro reo vinculado íntimamente a la garantía constitucional de presunción de inocencia establecido en el artículo 89 de la Constitución de la Republica, requiere traer a colación, que la Sala de lo Penal bajo control casacional está facultada para determinar que el derecho a la presunción de inocencia está emparentada con los requisitos constitucionalmente exigibles a la prueba para desvirtuar dicha presunción, en las cuales el derecho a la presunción de inocencia se configura en tanto como regla de juicio, pero desde la perspectiva constitucional, se constituye como el derecho del imputado a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente que los hechos y la participación del acusado en ellos no exista duda alguna, que el caso que nos ocupa, hemos demostrado que efectivamente para los jueces de sentencia existía esa duda razonable si al momento de cometer los hechos el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ como lo dice el Tribunal de Sentencia: "...obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos..." De modo que, para constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia no basta y sobra que haya pruebas de cargo válidas, es decir, que hayan sido valorada esa actividad probatoria, sino que también, en esa valoración no exista DUDA RAZONABLE sobre la responsabilidad o no del imputado, y que no obstante la existencia de esa duda razonable, el Tribunal de Sentencia incline el fallo condenatorio en infracción constitucional a la no aplicación del aludido principio de in dubio pro reo que está vinculado íntimamente a la garantía constitucional de presunción de inocencia. Aconteciendo ello así, la decisión de condenar es lesiva a estos derechos y garantías fundamentales que deben operar en favor del imputado y no en su contra, pues al motivar ese resultado con semejante valoración derivada de razonamiento ilógicos o insuficientes, que al no ser razonables al iter discursivo de condena, conduce a que la prueba pericial y documental contentiva de evaluaciones psiquiátricas de carácter decisorio se les reste credibilidad al hecho verdaderamente probado, y esta grave infracción a los derechos y garantías constitucionales constituye la causa legitima para exigir su control casacional por la vía de la infracción de precepto constitucional. La doctrina y el derecho comparado en general establecen que solo corresponde controlar la razonabilidad del discurso de la sentencia judicial que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta, de modo que, solo puede estimarse como insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los jueces de sentencia desde las exigencias del derecho y garantías relativas a la duda razonable, in dubio pro reo o cuando no están fielmente vinculadas al respeto del debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica y a la garantía constitucional de la a la presunción de inocencia instituida en el artículo 89 de la Constitución de la Republica. Siendo ello evidente en este caso, porque salta a la vista, sin mayor esfuerzo intelectivo que la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba pericial y documental sobre las evaluaciones psiquiátricas, de un modo indubitado y desde una perspectiva objetiva y externa se aprecia que en la decisión de condenar al imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ existía duda razonable sobre si "...obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos..."; Por lo que de la valoración de las pruebas era más improbable que probable, que el imputado estuviera consiente de los actos que cometía, y ello se desprende de la misma narrativa de los hechos probados de la sentencia, porque en tal caso, aun partiendo de las limitaciones que se tienen para volver a recrear hechos pasados en la vida de los seres humanos, se puede verificar que la conducta por el realizad responde a una persona que bajo los efectos de la euforia, ira, violencia y arrebato cometió los delitos y que esas características conductuales son propias de la dolencia de trastorno mental que padece el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ y es obvio que representa un peligro para él y otras personas, pero ese grado de peligrosidad, no deriva de una intensión o voluntad dolosa, sino de sus limitadas capacidades de salud mental que ya fueron debidamente señaladas y certificadas como creíbles al canon probatorio científico evacuado y valorado en el enjuiciamiento de que fue objeto. Por su parte los Jueces de Sentencia GLORIS EVELIN BANEGAS, ISSA JHENIE HERNANDEZ PAZ Y GRACIA MARIA BERTRAND quienes de esa posición privilegiada de gozan como órgano judicial para juzgar a sus semejantes, erraron en su decisión al condenar al imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ, luego que no cabe estimar como razonable, SU falta de "CONVENCIMIENTO" ya que existiendo DUDA RAZONABLE, en su convicción en la valoración de las pruebas para declarar la culpabilidad, infringieron los Derechos y Garantías constitucionales que emanan de la NO APLICACIÓN DEL IN DUBIO PRO REO, que constituye una garantía o derecho que está implícito al respeto del DEBIDO PROCESO Y POR VINCULACIÓN INTIMA AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA en este ámbito, además el fallo condenatorio sufre en su motivación para justificar su existencia de inferencias ilógicas e inconsecuentes, que emanan no del correcto entendimiento humano sino de la falta de un razonamiento intelectivo, descriptivo por parte de los jueces, que no les permite alcanza por más que lo hayan intentado ser concluyentes, siendo incapaces también de convencer objetivamente de la razonabilidad del porque desecharon la plena convicción judicial sobre la existencia de las evaluaciones psiquiátricas que demostraban el estado de salud mental del imputado. Honorables Magistrados, como he explicado en los alegatos sobre la infracción de precepto constitucional, no se le pide a la Sala de lo Penal proceda a realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Tribunal de Sentencia, porque esa función valorativa solo corresponde a ese Tribunal de Sentencia, sino, que lo que se pide, es que la Sala de lo Penal verifique que, efectivamente, el Tribunal de Sentencia contando con suficiente prueba de signo científico sobre el estado de salud mental del imputado, que ponía en duda razonable sobre su participación a título de DOLO en la comisión del hecho y la participación intencional y voluntaria de culpabilidad en él como acusado, el Tribunal de Sentencia al serle constatable esa duda razonable de participación del imputado al afirmar que no estaban seguros si "...obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos..."; infringieron el principio del in dubio pro reo, y por ende las garantías constitucionales del Debido Proceso y Presunción de inocencia al dictarle un fallo condenatorio en su contra, y ello a pesar de que a sabiendas se habían cerciorado mediante el principio de inmediación que esa prueba científica fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, pero al errar en la preceptiva de la motivación de la sentencia, los jueces han expresado en el proceso de su raciocinio, la infracción a los aspectos fundamentales del respeto a los derechos y garantías constitucionales ya mencionadas, que le han llevado además a decidir el fallo condenatorio transgrediendo en ellos los criterios de la lógica de la derivación de la ley de razón suficiente y de no contradicción. Solo resta establecer que de conformidad al instituto jurídico de LA DUDA RAZONABLE, este siempre debe operar en favor del imputado, en consecuencia, si existen indicios de una posible inimputabilidad de la persona acusada o imputada, el atribuir la no existencia de supuestas evaluaciones psiquiátricas en hipotéticos momentos ANTES O DESPUÉS de acontecidos los hechos criminales, según lo expresan en las deliberaciones radicados en la nebulosa racional de lo que quisieron explicar los Jueces en su fallo condenatorio, esto solo genera una grave violación del Debido Proceso, pues atribuirle a la persona del imputado o su defensa técnica, que la condena proviene por la ausencia de unas hipotéticas evaluaciones psiquiátricas que debían practicarse ANTES Y DESPUES de acontecidos los hechos, resulta ser un osadía especulativa que no se entiende que es lo trataban o quisieron decir los Jueces de Sentencia, ya que si lo que exigen es que a las primeras horas de ANTES de cometerse los delitos, el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ debía ser examinado por un psiquiatra y momentitos DESPUÉS de cometido los delitos, el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ debía ser nuevamente evaluado por un psiquiatra, para así ellos tener el CONVENCIMIENTO de saber con ambas evaluaciones que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ estaba o no consiente de sus actos al momento de cometer los delitos; Esto es caer en el grado de la especulación de lo ABSURDO, que deriva del latín absurdus, que hace referencia a aquello que carece de sentido o que es opuesto o inverso a la razón, también se refiere a lo extraño, raro, descabellado o insensato y ya en relación a la regla de la sana critica de la lógica, el absurdo aparece como una contradicción cuando una serie de proposiciones o deducciones derivan, de manera inevitable, en la negación o refutación de cada una de ellas. Solo resta establecer que lo contemplado en el artículo 13 del Código Penal se refiere que solo existe delito cuando: El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo. Igualmente, que el artículo 23 del Código Penal establece: No es imputable:1...2. Quien en el momento de la acción u omisión padezca de psicosis de retardo mental severo o de psicosis transitoria y carezca, por ello, de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa compresión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido provocado por el agente dolosa o culposamente. En tal sentido puedo concluir, que efectivamente mi representado VICTOR HUGO RIVAS PAZ al momento de cometer los hechos se encontraba bajo un Trastorno Depresivo Recurrente, Actual Grave y Trastorno Psicótico Agudo o Transitorio lo cual antes, durante, después y actualmente sigue presentando ese cuadro psicótico y por consecuencia en el momento o durante la comisión de los hechos EXISTE LA DUDA RAZONABLE que presentaba ese cuadro psicótico y carecía de la capacidad de comprensión de lo que hacía, esto es que no existió voluntariedad, ni intención, ni conciencia al efectuar los hechos acaecidos, por todo lo cual se debió concluir en esta sentencia definitiva en un fallo absolutorio, pero imponiendo una medida de seguridad de internamiento en un centro hospitalario especializado para tratar esas dolencias de salud mental, pues una persona enferma bajo estas condiciones no puede ser sometida a ningún trato degradante e inhumano de una condena penal, que lo más seguro ni la entiende ni comprende. Por ello se pide a la Sala de lo Penal someta a control casacional el presente fallo condenatorio tal como lo ha establecido su jurisprudencia. así LO QUE SE PIDE: Asi pues, se pide a la Sala de lo Penal que debe comprobar que el Tribunal de Sentencia a pesar de haber dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, conforme a las pruebas periciales emitidas por el Doctor ALFREDO LEONARDO SOSA, perito oficial del Ministerio Publico conforme a los Dictámenes Psiquiátricos Forenses números 2017-0501-0200-478 y 2013- 05-0201-0353 de fechas 30 de octubre del año 2017 y 5 de julio del año 2013, y la prueba documental consistente en el certificado Médico extendido por la Doctora ELSEE CAROLINA DURÓN del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, que establecían terminante y decisoriamente que el imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS; lo que suponía debían haberles bastado para arribar al convencimiento que efectivamente existía DUDA RAZONABLE de que el imputado cometió esos hechos bajo los efectos de esa dolencia o trastorno de salud mental, porque esas pruebas periciales y documentales se realizaron con la observancia de la legalidad en su obtención y se practicaron en el juicio oral y público bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Convencimiento de duda razonable que jamás allego al razonamiento de los jueces porque al momento de valorar esas pruebas periciales de avaluaciones psiquiátricas, el razonamiento de la convicción que exponen no obedece a los criterios lógicos y razonables que permitan considerarios que valoraron la prueba mencionada de carácter decisorio en favor del imputado, como así la normativa constitucional les obligaba hacerlo en base a la aplicación de la in dubio pro reo cuando exista duda razonable. Por lo anteriormente explicado se solicita que no acabe aqui la función de control casacional, sino que también se profundice, que en las referidos razonamientos de la convicción que exponen los jueces de sentencia se vulnero los derechos fundamentales al Debido Proceso y La Presunción De Inocencia, pues al revisar ese razonamiento que exteriorizan al valorar la actividad probatoria, existe inferencias realizada de insuficiencia de la actividad probatoria donde se nulifica con su examen la denominada disciplina de garantía de la prueba y su proceso de formación, dejando de lado los actos propios de su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. En ese orden de ideas, con esta sentencia condenatoria se ha violado todo el proceso racional, expresado en su fallo, pues a través del esa misma prueba practicada resultaba la acreditación de que el hecho y la participación del imputado VICTOR HUGO RIVAS PAZ fue producto de ADOLECE DE UN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, CON PERIODOS DEPRESIVOS, DEPENDENCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL, ASOCIADA AL TRASTORNO BIPOLAR QUE LE PROVOCAN CONDUCTAS IMPULSIVAS, DESTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS DEMÁS; por ende no es una persona a la que se le puede imputar la comisión de un hecho delictivo a título de DOLO por no haber actuado con intensión y voluntad o que es lo mismo, por haber científicamente comprobado que "...obro bajo el ímpetu de la ira, impasibilidad u otra condición mental que le afectara su plena conciencia a los hechos cometidos...". Se acompaña un fallo jurisprudencial donde se desarrolla la conceptualización de los preceptos constitucionales: "...Esta sala de lo penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: 1) Esta Sala de lo Penal, viene reiteradamente sosteniendo que si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser, derecho de defensa, debido proceso etc....o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal ...una manifestación del denominado derecho al debido proceso, que "supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado" Así tenemos que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, por otra parte, si bien es cierto que los derechos de defensa y de debido proceso..." (Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 320-2009)” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Observa esta Sala de lo Penal que los motivos de casación por quebrantamiento de forma primero y segundo interpuestos por el recurrente, denuncia en ambos violación a las reglas de la sana crítica, por lo que, para guardar la logicidad de la Sentencia Penal, ambos motivos serán resueltos en un mismo apartado. Primer Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: en virtud de la naturaleza del hecho en que ocurre el vicio, no es posible realizar un reclamo para subsanarlo, más que el presente recurso. • Pretensión: sin determinar por el censor. El recurrente cuestiona la valoración probatoria que ha realizado el sentenciador a dos dictámenes psiquiátricos practicados al imputado, pues el A-quo afirmó que dichos dictámenes no sirven de utilidad para poder tener por acreditado fehacientemente que el señor Rivas Paz al momento de cometer el hecho, estaba pasando por una fase de crisis transitoria que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ya que no se realizaron exámenes clínicos antes ni después del hecho que comprobaran de manera irrefutable que el mismo no estaba en plena conciencia; razonamiento que para el censor violenta la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente. Segundo Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: en virtud de la naturaleza del hecho en que ocurre el vicio, no es posible realizar un reclamo para subsanarlo, más que el presente recurso. • Pretensión: sin determinar por el censor. El recurrente considera que el Sentenciador ha infringido el principio de no contradicción en el momento en que valoró los dictámenes periciales psiquiátricos practicados al imputado; pues el A-quo lo condenó por un delito doloso y al mismo tiempo en su sentencia se contradice al establecer probatoriamente, que el imputado padece de un trastorno afectivo bipolar con periodos depresivos con dependencia al consumo de alcohol. De la valoración de la prueba pericial psiquiátrica Considera este Tribunal de Casación que es oportuno referirse a la naturaleza de la prueba pericial psiquiátrica, su relación con la norma penal que determina la inimputabilidad, y referirse posteriormente al método de valoración que debe aplicarse a la misma, de tal modo que pueda concluir si el proceso de valoración hecho por el Tribunal de instancia adolece o no de los vicios denunciados por el recurrente. 1) Pericia Psiquiátrica: La peritación psiquiátrica de la persona acusada en sus aplicaciones al campo del Derecho Penal, tiene como objetivo fundamental establecer relaciones de causalidad psíquica entre el acusado y la conducta penalmente relevante, es decir servir de elemento valorativo para el establecimiento de la imputabilidad o inimputabilidad por parte del Juzgador. Gisbert Calabuig señala que como regla general, el peritaje psiquiátrico debe incluir una cuantificación de la inteligencia del sujeto explorado y una valoración de su personalidad. La pericia debe permitirle al Juzgador determinar si el autor de un delito pudo o no comprender la ilicitud de su acto y/o determinarse de acuerdo con dicha comprensión, lo cual supone de parte del perito un profundo estudio de su personalidad que permita explorar las diversas manifestaciones de la conciencia en los planos de la inteligencia, voluntad y afectividad. La pericia entonces, debe estudiar en el examinado en primer lugar el proceso de atención, que es la condición básica para cualquier manifestación de conciencia, luego el plano intelectual donde se estudia las sensaciones, las percepciones, la memoria, la representación, la imaginación, el pensamiento y el lenguaje; en el plano volitivo deben examinarse los actos voluntarios compuestos, simples o automáticos, los hábitos, las costumbres, los actos involuntarios o instintivos y finalmente, en el plano afectivo, han de explorarse las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, los afectos y las pasiones. En caso de determinarse la existencia de una enfermedad mental, el perito psiquiatra deberá de calificarla conforme a los siguientes criterios: a) Criterio Cualitativo. Naturaleza de la perturbación: es imprescindible identificar las funciones mentales afectadas y la repercusión que ello implica en la conducta del sujeto, especialmente con el hecho identificado como penalmente relevante, es decir, debe existir un nexo causal entre la perturbación y el hecho. b) Criterio Cuantitativo: referente a la intensidad o grado de perturbación, determinando si la persona al momento del hecho se encontraba en una situación de completa y absoluta perturbación de aquellas facultades que no le permitan gobernar el acto constitutivo de delito; y c) Criterio Cronológico: que se refiere a la permanencia. Determinar si se trata de un trastorno permanente, de lo contrario debe de calificarse como un trastorno mental transitorio. La calificación concluyente respecto a sí el sujeto evaluado es imputable o inimputable, es un concepto jurídico que corresponde declararlo al Juez, una vez que se observen la concurrencia de los presupuestos para ello, mismos que están contemplados en el artículo 23 del Código Penal. 2) La Inimputabilidad en el Código Penal: el perito forense en psiquiatría al momento de elaborar su dictamen ha de tener en cuenta que el Juzgador buscará en su opinión la existencia de elementos que encajen en los supuestos contemplados en el artículo 23 del Código Penal, norma que contempla las causas de inimputabilidad, no para efectos de que el perito sea quien lo declare así en forma concluyente y no controvertida, sino para dirigir su estudio a ese propósito que es en definitiva lo que se persigue cuando se solicita un criterio forense respecto a la capacidad mental del acusado. Del artículo 23 del Código Penal se desprende que son causas de inimputabilidad: a) Inmadurez Psicológica. b) Las psicosis (permanentes o transitorias), que son perturbaciones mentales en general graves, como consecuencia de enfermedades cerebrales en sentido amplio, incluyen: Psicosis Exógenas: que tienen su origen en causas orgánicas, como ser tumores cerebrales, meningitis, encefalitis, meningoencefalitis, insuficiencia pulmonar con repercusión de mal función cerebral, etc.; y Psicosis Endógenas: con origen en disfunciones la propia personalidad, como ser esquizofrenia, psicosis maniaco-depresiva, paranoia, psicosis atípicas y marginales; y c) El Retardo mental Severo (Oligofrenias). No son consideradas por el legislador hondureño como causas de inimputabilidad las Neurosis y las psicopatías, a las que se agrupa, por derivación, como anormalidades mentales que no producen inimputabilidad absoluta (Vid. Art. 85 del Código Penal); Tampoco la legislación hondureña incluye como posible causa de inimputabilidad alteraciones a la percepción (Personas Ciegas, Sordo-Mudas, etc.), cuando exista nexo causal entre el hecho y el sentido del que se carece; Por lo anterior, una revisión legislativa al respecto es aconsejable, para que el Código Penal pueda responder a las múltiples situaciones que plantea la psiquiatría de hoy en día 3) El trastorno mental transitorio: Comprende estados de perturbación pasajera de las facultades mentales. Debe de diferenciarse si el trastorno es de carácter espontáneo o provocado. Del trastorno mental transitorio provocado como antesala para ejecutar la conducta penal relevante, la doctrina penal la califica como un trastorno mental preordenado (actio libera in causa) y por lo tanto se califica al sujeto activo como imputable, descartando además dicha condición como circunstancia atenuante debe observarse lo siguiente: a) Que sea desencadenado por causa inmediata y fácilmente identificable. Es decir, una causa necesaria y fácilmente evidenciable, directa, inmediata. Un choque síquico de un agente exterior de cualquier naturaleza, concurrencia de estímulos poderosos, elementos endógenos o inherentes a la personalidad del agente o exógenos al mismo. b) Aparición repentina, sin antecedentes; c) Duración breve y coincidente con el tiempo en que se realizó el hecho constitutivo de delito; aquí se alude al elemento de la transitoriedad, es decir por su aparición brusca, súbita o fulgurante. d) Curación rápida. Este elemento hace referencia a la desaparición de toda secuela, a la posibilidad de regresar tras la perturbación, al estado de normalidad síquica. e) Intensidad del trastorno que anule completamente el libre albedrío del sujeto en relación a la acción u omisión constitutiva de delito. Es decir, una anulación completa de la conciencia y abolición de todo freno inhibitorio; privación de la capacidad de raciocinio y de la libertad de la voluntad o claudicación de las facultades volitivas. De la Procedencia del Recurso. Los motivos primero y segundo no son de Recibo. De acuerdo con lo señalado por el recurrente, en el cual su cuestionamiento radica en la valoración probatoria realizada por el A-quo a dos dictámenes periciales psiquiátricos practicados al imputado Víctor Hugo Rivas Paz, por lo resulta necesario determinar cuáles fueron esos juicios de valor y si están conformados en discrepancia o no, a las reglas del correcto pensamiento humano. En la sentencia recurrida, en el acápite “Valoración de la Prueba” numeral tercero el Juzgador realiza la fundamentación descriptiva y fáctica de los dictámenes periciales psiquiátricos practicados al imputado y afirmó: “Tercero: Como prueba pericial se evacuó el dictamen Psiquiátrico Forense número 2017-0501-0200-478 realizado y ratificado en juicio por el doctor Alfredo Leonardo Sosa perito oficial del Ministerio Publico al señor VICTOR HUGO RIVAS PAZ en fecha treinta de octubre del año dos mil diecisiete, donde como diagnostico estableció: que presenta 1. Un trastorno bipolar 1, episodio actual depresivo de intensidad moderada. 2. Trastorno Mental y del comportamiento inducido por el consumo de alcohol, síndrome de dependencia. Además en sus conclusiones finales estableció: 1) Un trastorno afectivo (bipolaridad) que se caracteriza por periodos de manías con euforia, exceso de energía, grandiosidad, hipersexualidad, irritabilidad, impulsivilidad, verborrea, poca necesidad de sueño etc. Con periodos depresivos, caracterizados por ánimo triste, fatiga, no disfruta de las cosas, ideas de minusvalía, sentimiento de culpa, con o sin causa aparente. Al momento de la evaluación presenta un trastorno bipolar en fase depresiva de intensidad moderada. 2) Dependencia al consumo de alcohol. 3) La enfermedad más frecuente asociada al trastorno bipolar es el consumo de múltiples sustancias provocando esto conductas impulsivas, destructivas que ponen en riesgo la seguridad del individuo y de la de los demás. 4) Al evaluado según de constancia médico Psiquiatra privado y notas medicas del psiquiatra del Hospital San Juan de Dios lo definen durante el tratamiento como estable funcional con buen apego farmacológico sin recaídas. Sin embargo al no tomar la medicación presenta recaídas y conductas disruptivas. 5) Al momento de los hechos pudo haber presentado, un trastorno psicótico transitorio (estado confusional agudo) que se caracteriza por una conducta desorganizada provocada esta por el consumo excesivo de alcohol más la depresión bipolar de intensidad grave que lo vuelven vulnerable; careciendo de la capacidad de comprensión es decir dificultad para diferenciar lo apropiado de lo inapropiado. Lo anterior tomando en consideración que no se establecen conductas antisociales o delictivas cuando esta con buen apego farmacológico, o cuando su enfermedad no se asocia al consumo de drogas tales como el alcohol. Dictamen Psiquiátrico Forense número 2013-0501-0201-0353 realizado y ratificado en juicio por el doctor Alfredo Leonardo sosa perito oficial del Ministerio Publico al señor VICTOR HUGO RIVAS PAZ en fecha cinco de julio del dos mil trece, en sus conclusiones finales estableció: 1) Un trastorno del afecto (bipolaridad) que se caracteriza por fluctuaciones del estado de ánimo en ocasiones mucha energía, hiperactividad e irritabilidad, y luego periodos depresivos. 2) Al momento de la evaluación el acusado presentaba una fase depresiva. 3) El trastorno depresivo de base más eventos estresantes condicionan al consumo de sustancias psicoactivas así como a la disociación. 4) Al momento de los hechos impresiona un trastorno de disociación y que durante este periodo tiene alterada la capacidad de hacer juicios de realidad.” De estos dictámenes los Sentenciadores afirmaron en su valoración probatoria: “Con los dictámenes antes referidos, tenemos por acreditado que el acusado Víctor Hugo Rivas Paz adolece de un trastorno afectivo Bipolar, con periodos depresivos, dependencia al consumo de alcohol, asociada al trastorno bipolar que le provocan conductas impulsivas, destructivas que ponen en riesgo la seguridad del individuo y de los demás; sin embargo, dichos dictámenes no sirven de utilidad para poder tener por acreditado fehacientemente que el señor Rivas Paz al momento de cometer el hecho, estaba pasando por una fase de crisis transitoria, que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos, ya que no se le realizaron exámenes clínicos antes ni después del hecho que comprobaran de manera irrefutable que el mismo no estaba en plena conciencia de sus actos y por ende eximirlo de responsabilidad penal. Así las cosas, al concatenar la prueba que ha sido desplegada en la vista pública, no queda más, que tener por acreditado que el acusado Víctor Rivas Paz es responsable de un hecho que merece ser sancionado y penado.” Para esta Sala de lo Penal el Sentenciador ha razonado de manera correcta y lógica los dictámenes psiquiátricos practicados al imputado, pues en ambos dictámenes no se establece de manera certera que el acusado no sabia la ilicitud de sus conductas, pues los dictámenes refieren que: “pudo haber presentado un trastorno psicótico transitorio” y en el segundo se establece “Al momento de los hechos impresiona un trastorno de disociación”, es decir en ambas opiniones psiquiátricas el togado establece una posibilidad, no pueden asegurarse fehacientemente pues precisamente para asegurarlo se necesitaría los exámenes previos, durante y posteriores para confirmarlo, lo cual es materialmente imposible. Ahora bien recuerda esta Sala de Casación que los dictámenes en general no vinculan al Juez para tomar una u otra decisión, el Sentenciador debe observar toda la prueba en su conjunto, pues de esa unida valoración debe llegar a una conclusión que debe cumplir con los estándares de la sana crítica racional, por tanto el recurrente al afirmar que hay violación al principio lógico de razón suficiente erra en su argumento, pues está viendo la valoración que hace el Tribunal únicamente de los dictámenes psiquiátricos, pero olvida que existe prueba testifical y documental que aportaron elementos que le llevaron a tener la convicción de culpabilidad del acusado; por ejemplo al declarar el ofendido testigo protegido 11-2-17, éste afirmó que el imputado no estaba solo, es decir se hacia acompañar de otra persona, es decir que los hechos se desarrollan por un plan preconcebido entre el acusado y su acompañante, lo que resulta cuestionable pues si el acusado estaba con un trastorno psicótico transitorio, como podría ponerse de acuerdo con el otro participante en los hechos; así mismo el ofendido en ningún momento manifestó que la actitud del imputado haya sido de una persona que desconocía la ilicitud de los actos que hacía, solo afirmó que estaba nervioso, lo cual es totalmente natural en personas que saben el riesgo que corren al cometer un acto reñido contra la ley; todas estas razones tomó en consideración el Sentenciador para concluir que si bien el acusado padece de un trastorno bipolar, no existían los elementos necesarios para determinar que al momento de los hechos se encontraba padeciendo de un trastorno psicótico transitorio, utilizando para el análisis y valoración de las pruebas las reglas de la sana crítica. En cuanto al segundo motivo de casación, en el que el recurrente afirmó que se violenta el principio de no contradicción, pues a su criterio el Juzgador se equivoca al valor los dictámenes psiquiátricos ya que condenó al imputado por un delito doloso y al mismo tiempo asevera el censor, que se contradice al establecer probatoriamente que el imputado padece de un trastorno afectivo bipolar con periodos depresivos con dependencia al consumo de alcohol; para esta Sala de Casación el recurrente ha equivocado su argumento casacional, pues el hecho de que el Juzgador afirme que padece de un trastorno bipolar eso no significa que no pueda cometer un delito doloso, es decir teniendo toda la intención para hacerlo, pues tal como se suscitaron los hechos y conforme lo relató el ofendido, el imputado junto con otra persona irrumpieron en su vehículo pidiéndoles que se trasladara por cierta carretera, a lo cual se negó el ofendido, lo que provocó que lo tiraran del automotor; al analizar las acciones del acusado junto con su acompañante, no parecen para nada acciones de personas que no sabían lo que estaban realizando, sino que constituyen operaciones de individuos que tenían conciencia de sus actos y constituye un plan entre ellos; por tanto el afirmar que el acusado actuó de forma dolosa y que a la vez asevere que padece de un trastorno bipolar, para nada constituye violación al principio de no contradicción. Por todas las razones antes expuestas podemos afirmar que el Sentenciador aplicó de forma correcta y adecuada las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el primer y segundo motivo de casación por quebrantamiento interpuesto por la defensa privada del acusado. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos en que se fundan (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 18 y 20 del Código Procesal Penal • Concepto de la infracción: violación al principio in dubio pro reo. • Pretensión: que se declare ha lugar y se case la sentencia recurrida. Explicó el recurrente que el Sentenciador a pesar de los dictámenes periciales psiquiátricos, en los que se establece que el imputado adolece de un trastorno afectivo bipolar con periodos depresivos con dependencia al consumo de alcohol, desecha estas evaluaciones de carácter decisivo y no les da convencimiento; de lo que se desprende sin lugar a dudas que el Juzgador en sus reflexiones tiene una grave duda sobre si el imputado al momento de los hechos estaba o no padeciendo de un trastorno mental transitorio que le imposibilitaba tener conciencia de los hechos; infringiendo con ello el principio in dubio pro reo. De la Procedencia del Recurso. El motivo no es de Recibo. Analiza esta Sala de lo Penal, que el recurrente ha presentado un recurso de casación por infracción de precepto constitucional, sin embargo no ha señalado una norma constitucional infringida, sino que señaló el artículo 18 del Código Procesal Penal que refiere a la interpretación de los pasajes oscuros de la ley y al artículo 20 del mismo cuerpo legal, referente a la generalidad de las garantías y principios procesales; normas que no son constitucionales y tampoco el censor ha hecho referencia en cómo esos artículos tienen relación con alguna norma constitucional establecida en nuestra Carta Magna y que el A-quo haya infringido. Lo que el recurrente hace en su recurso de casación por infracción de precepto constitucional son meros argumentos de instancia, estableciendo situaciones que en ningún momento advirtió el Juzgador, por ejemplo afirmar que tiene duda acerca de si el acusado actuó o no bajo un trastorno mental transitorio, aseveración que no es correcta, pues lo que establece el A-quo es que las pruebas psiquiátricas no son suficientes para determinar si el encartado sabía o no que su actuación reñía con la ley; pero contrario a lo que afirma el censor, para esta Sala de Casación ha quedado claro que el Tribunal Sentenciador adquirió certeza de que el acusado Víctor Hugo Rivas Paz actuó de forma consciente e intencional para cometer el hecho por el cual está siendo acusado. Para esta Sala de Casación es difícil poder dar respuesta a todos los planteamiento del recurrente plasmados en este motivo, pues no ha sido capaz de enlazar sus argumentos con una norma constitucional que considere infringida, pues lo que realiza el censor son apreciaciones subjetivas de cómo el A-quo debió valorar la prueba; precisamente el antecedente que hace referencia el impetrante, en cuanto a la sentencia de esta Sala de lo Penal en el recurso de casación 320-2009 dictada en fecha nueve de junio de dos mil once que afirma: “Esta Sala de lo Penal, viene reiteradamente sosteniendo que si bien la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc.…o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal” De lo antes relacionado podemos concluir que el recurrente no fue capaz de establecer a que normas constitucionales se refería al enunciar un recurso de casación que se utiliza para denunciar violaciones o quebrantos a normas constitucionales o de derechos humanos; por lo que el fundamento que presenta en su recurso al referirse a un antecedente de esta Sala de Casación, es el mismo fundamento que sirve para denegar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual se declara no ha lugar. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos e infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuestos por la defensa privada del imputado. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en sus artículos 217 y 218 relacionado con el 15, declaró responsable al acusado Víctor Hugo Rivas Paz, como autor responsable del delito de: a) Robo de Vehículo en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido 11-02-07, a la pena principal de seis (6) años, ocho (8) meses de reclusión, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción; b) Robo en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del Testigo Protegido 11- 02-07, a la pena principal de tres (3) años, cuatro (4) meses de reclusión; más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, haciendo un total de 10 años de prisión; declarando al acusado civilmente responsable; las penas antes descritas, el acusado deberá cumplirlas sucesivamente, iniciando por las de mayor gravedad, en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. Por su parte el decreto legislativo 130-2017, en su artículo 364 regula el delito de Hurto y Robo de uso de vehículo automotor, que en su último párrafo refiere que, si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas de robo con violencia e intimidación, que esta regulado en el artículo 361y que tiene señalada una pena de 4 a 8 años de prisión; pero al constituirse en una tentativa acabada conforme lo establece el artículo 21 en relación al 62, se debe rebajar ¼ quedando la nueva pena en 3 a 4 años de prisión, pero constituyen dos delitos de robo, uno respeto al vehículo automotor y otro en relación a las pertenencias personales del ofendido; por lo que, al tratarse de una idéntica ocasión, en la que el acusado realizó dos acciones que ofendieron al mismo sujeto y que infringen el mismo precepto penal, debe ser castigado como autor de un delito continuado, con la pena señalada para la infracción mas grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior a 1/3. Es decir en el caso del imputado Víctor Hugo Rivas Paz su accionar debe considerar como un delito continuado conforme lo establece el artículo 68 del nuevo código penal; quedando la nueva pena en 4 a 5 años, 4 meses de prisión, cuya mitad superior corresponde a 4 años 8 meses pudiendo llegar hasta 5 años, 4 meses de prisión. Conforme la audiencia de individualización de la pena el Sentenciador estableció que no se acreditaron agravantes, pero si la atenuante de no tener antecedentes penales y la eximente incompleta establecida en el artículo 26 numeral 1 del derogado Código Penal; en el caso del nuevo código penal 130-2017, también se establece en su numeral 1 la eximente incompleta y en su último numeral refiere que se puede considerar cualquier otra análoga, que en el presente caso correspondería a no contar con antecedentes penales. Conforme el artículo 70 inciso d, cuando concurran varias circunstancias atenuantes y ninguna agravante, se aplica la pena en su límite mínimo; que en el presente caso corresponde a 4 años 8 meses de prisión. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado mediante el decreto 144-83 es mucho mayor que la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues le beneficia. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361 y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 21, 62, 68, 70, 364, 361 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No ha Lugar los recursos de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos e infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuestos por el abogado Javier Reyes Arzú, en su condición de defensor privado del señor Víctor Hugo Rivas Paz. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, por la conducta reprochada al acusado Víctor Hugo Rivas Paz; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la presente sentencia en los siguientes términos: Primero: A) Que debemos condenar y condenamos al señor Víctor Hugo Rivas Paz, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito tentado continuado de Robo con violencia, en perjuicio de Testigo Protegido 11-02-07, imponiéndole la pena principal de cuatro (4) años, ocho (8) meses de prisión. El cumplimiento de la pena de prisión impuesta al acusado deberá ajustarse a las siguientes reglas: i) Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el señor Víctor Hugo Rivas Paz, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; ii) Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; iii) El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. Segundo: que debemos condenar y condenamos al señor Víctor Hugo Rivas Paz, a cumplir la pena accesoria por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Art. 41.2 de la Constitución de la República). Tercero: se impone al reo Víctor Hugo Rivas Paz, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de prisión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la sección VII, del capítulo IV, del título II de la ley del sistema penitenciario nacional, la ley del trabajo para personas privadas de libertad y de permanencia para reos de alta peligrosidad y agresividad y sus respectivos reglamentos. Cuarto: como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Víctor Hugo Rivas Paz, civilmente responsable por las consecuencias resultantes del delito tentado continuado de Robo con violencia; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. Quinto: no procede condenar al señor Víctor Hugo Rivas Paz costas procesales, personales, ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, que la secretaría del despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de este fallo, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintisiete de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-633-2019.

Lety Emelda Posadas

receptora adscrita a sala de lo penal.”