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Sentencia CP-628-19 — Registro 19795

Resumen

En primer instancia se absuelve al acusado por el delito electoral de gestionar cambio Domiciliario Ilegal, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."El Único Motivo no es de Recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo, a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual, nos encontramos con la aplicación del artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004), normativa derogada con la entrada en vigor del Decreto 35-2021 contentiva de la Ley de Electoral de Honduras. El artículo 60 de la Ley Electoral reconoce el derecho de los ciudadanos a la actualización del domicilio, el que se hará en los casos en que sea originario o resida en el Municipio para el cual solicita el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante la oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral. La Ley prevé expresamente que gestionar la actualización del domicilio fuera de las dos causales que reconoce la norma, o por deducción lógica haciendo uso de forma arbitraria de los presupuestos procesales constituye un delito electoral. En la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece en su artículo 212, los otros delitos electorales, los que eran penados con reclusión de cuatro (4) a seis (6) años, quienes incurran en los actos siguientes: … 20) Alterar las bases de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral. La posición del Ministerio Público se basa en que se debe aplicar como norma de reenvió el artículo 212 numeral 20, en los casos que concurra lo regulado en el artículo 60, ambos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pero al observar los verbos rectores y situaciones descritas en esos preceptos normativos, nos encontramos ante situaciones diferentes, la actualización de domicilio ilícita con la alteración de las bases de datos del Censo Nacional Electoral. Para responder lo planteado por el ente acusador, se debe observar los elementos de la norma y la teoría de los elementos del delito. El legislador se encuentra en la obligación de que los elementos del tipo penal se redacten en términos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que se señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa de la persona acusada; asimismo la ley debe detallar claramente la conducta considerada ilícita, evitando el uso de conceptos ambiguos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. La garantía de exacta aplicación de la ley penal, así como la prohibición de aplicación analogía, no se vulnera cuando la ley equipara un delito con otro y dispone que se les imponga la misma pena, siempre y cuando se descrita la conducta con todos sus elementos, así como la sanción que debe aplicarse. Si se violaría lo anterior cuando no se describe la pena sin precisar, generando incertidumbre, tal como es el caso in examine, puesto que nos encontramos ante una acción que fue antijurídica, por la falta de justificación y de cumplimiento de los presupuestos legales para el cambio de domicilio, por lo que la acción también es culpable, al haber conocimiento de la ley y realizarla ya sea culposa o dolosa, pero se puede constatar que falta el elemento de la punibilidad, ya que la acción delictiva que invoca el agente fiscal, no tiene desarrollada en la norma una pena, ni remite a la aplicación de otra pena. El derecho penal opera bajo el principio de máxima taxatividad legal, partiendo del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente al Principio de legalidad y de retroactividad, establece los criterios de que al momento de observar la limitación de un derecho, se tiene que tener una precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria, con mayor razón en tipo penales, debe respetar el principio de máxima taxatividad legal, lo que exige que las acciones y omisiones sean definidas con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas sancionadas, la tipificación de la limitación de derechos, debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. Sobre esto también es aplicable lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-6/86 sobre la expresión de Leyes, donde establecieron que solo en las leyes se puede regular la restricción de derechos, como el de libertad, y solo serán leyes aquellas que ha aprobado el legislador, lo que coincide con el artículo 11 del Código Penal del caso, que contemplaba que los jueces no pueden crear figuras delictivas, por lo que la aplicación del artículo 60 bajo la pena contemplaba en el artículo 212 numeral de la anterior Ley electoral, sin existir una remisión de la primera a la segunda o un nexo, similitud de verbos rectores o aspectos objetivos fijados por el legislador para su envió, genera una arbitrariedad, porque al juez penal le corresponde en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-628-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de agosto de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP 628-2019 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuestos contra la sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante el cual falló: Primero: Absolvió a la señora Gina María Méndez Sánchez, por Tres Delitos Electorales por Gestionar y dar Trámite a Cambios de Domicilio Ilegal, en perjuicio de El sistema Democrático y El Estado de Derecho de Honduras. Segundo: Sin Costas. Tercero: No Procedió el Comiso. Cuarto: Sin responsabilidad civil. Son partes en única instancia: La Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “PRIMERO.-Que las certificaciones de acuerdos 292-2014, 229-2015, 051-2015, 022- E-2016, y 031-2016, emitidos por el secretario General del Registro Nacional de las Personas, y la constancia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho emitida por el jefe del Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas, establecen que Gina María Méndez Sánchez, desempeña el cargo de registradora Civil Municipal del municipio de La Campa departamento de Lempira desde el 1 de diciembre del año dos mil catorce. SEGUNDO. En fecha nueve, once y veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, Gabino Pérez, Macario Vásquez Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez, se presentaron al Registro Civil de las Personas del municipio de La Campa, departamento de Lempira a solicitar traslado domiciliario.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Kenddy Mejía Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN I. INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO INVOCADO: “Falta de Aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.”. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO POR INFRACCION DE LEY: Los preceptos penales y legales citados como infringidos por Falta de Aplicación textualmente dicen: Artículo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas: “Actualización del Domicilio. El ciudadano podrá solicitar cambios de registro de domicilio electoral solamente en los casos en que resida o que sea originario del Municipio para el cual solicite el cambio, debiendo haciendo hacer la gestión personalmente ante la Oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral”. Ningún Funcionario o empleado del registro Nacional de las Personas podrá negarle a darle trámite las solicitudes de cambio de domicilio electoral, salvo que el peticionario no llenare los requisitos de ley... El Funcionario o empleado que incumpliere lo dispuesto en este articulo incurrirá en delito electoral”. Articulo 212 numeral veinte (20). “Otros delitos Electorales. Serán Penados con Reclusión de cuatro (4) a seis (6), quienes incurran en los actos siguientes: 1)... 2)... 3)...4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14)... 15)... 16)... 17)... 18)... 19)... 20) Alterar las base de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral”. Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: PRIMERO. Que las certificaciones de acuerdos 292-2014, 229-2015, 051- 2015, 022-E-2016 у 031-2016, emitidos por el Secretario General del Registro Nacional de las Personas y la Constancia de fecha veintiocho de Mayo del año dos mil dieciocho emitida por el jefe del Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas, establecen que GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ desempeña cargo de Registradora Civil Municipal del Municipio de La Campa, Departamento de Lempira desde el 01 de Diciembre del año dos mil catorce. SEGUNDO. En fecha nueve, once, y veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis, Gabino Pérez, Macario Vásquez Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez, se presentaron al Registro Civil de las personas del Municipio de La Campa Departamento de Lempira a solicitar traslado domiciliario. Dado lo anterior, el Tribunal de Sentencia declaró Absuelta a la señora GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ de tres delitos electorales CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, ya que consideramos que se presentan todos los requisitos exigidos por dicha Ley Especial para considerar la participación de la acusada a título de Autora en TRES DELITOS ELECTORALES DECAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES como se puede colegir de la simple lectura del Factum; refiriendo textualmente que: “Que las certificaciones de acuerdos 292-2014, 229-2015, 051-2015, 022-E-2016 у 031-2016, emitidos por el Secretario General del Registro Nacional de las Personas y la constancia de fecha veintiocho de Mayo del año dos mil dieciocho emitida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas, establecen que GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ desempeña cargo de Registradora Civil Municipal del Municipio de La Campa, Departamento de Lempira desde el 01 de Diciembre del año dos mil catorce. Por lo que en las fechas nueve, once, y veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis, Gabino Pérez, Macario Vásquez Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez, se presentaron al Registro Civil de las personas del Municipio de La Campa Departamento de Lempira a solicitar traslado domiciliario”. La acción descrita en el factum y que fuera ejecutada por la acusada se enmarca perfectamente en la norma que se reclama como infringida por falta de aplicación, pues como puede evidenciarse de la simple lectura del mismo, lo señores Gabino Pérez, Macario Vásquez y José Arnulfo Mateo Pérez, se presentaron al Registro Civil del Municipio de La Campa el cual la ahora acusada en su condición de Funcionaria Publica como Registradora Civil recepcionò las tres solicitudes de traslado domiciliario solicitadas por los ciudadanos y que el resultado de esta acción irregular permitida por la señora acusada produjo la Alteración a la Base del Censo Nacional Electoral, tal como lo establece el artículo 212 numeral 20 de la Ley Especial. Para que se configure el delito de CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGAL, se requiere acreditar: 1) El Objeto material del delito, se acredito en la Substancias-ion del juicio, que la acusada decepciono y tramito el traslado domiciliario al Municipio de la Campa de los tres ciudadanos que lo solicitaban, siendo estos los señores Gabino Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez son residentes de Aldea El Chimis Montaña del Municipio de San Manuel de Colohete y el señor Macario Vásquez es residente de Aldea Llanos de Otoloca Posa Verde, de ese mismo municipio, extremo este acreditado con prueba documental de cargo. 2) La conducta criminosa: La acusada como Funcionaria Publica, tenía el pleno conocimiento que su actuar era ilegal desde el momento en que decepciono y tramito los traslados domiciliarios solicitados ante la Oficina del Registro Civil de su Municipio, a sabiendas que estaba en contravención a las disposiciones de lo que establece la Ley Electoral y de Las Organizaciones Políticas. 3) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, está prevista en su actuar doloso de remitir el listado de traslados domiciliarios al Registro Nacional de las Personas y en el cual en ese listado se encontraban los ahora ciudadanos Gabino Pérez, José Arnulfo Mateo Pérez y Macario Vásquez, dando como 4) resultado la violación al bien jurídico tutelado por la norma específica del Sistema Democrático y el Estado de Derecho de Honduras. La acusada en su condición de Registradora Civil del Registro Civil de La Campa, Lempira, recepcionò la solicitud de los tres ciudadanos mencionados en el cual a sabiendas de su acción ilegal, omite llenar el recuadro de dicho formulario, estando obligada dicha funcionaria a llenar el recuadro e indicar en el mismo el domicilio actual de los peticionarios GABINO PEREZ, JOSE ARNULFO MATEO PEREZ Y MACARIO VASQUEZ el cual residen en las aldeas de Llanos de Otoloca, Posa Verde y Aldea Chimis Montaña, que son jurisdicción del Municipio de San Manuel de Colohete, Departamento de Lempira, y no así del Municipio de La Campa, por lo que en este extremo queda más que demostrado su conducta dolosa por parte de la Funcionaria GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ, ya que los ciudadanos en mención no cumplían con los requisitos de ley tal como lo establece el artículo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Sin embargo, el juzgador estimó en dicha sentencia que la ley electoral a pesar del vació que tiene el articulo 60 porque la conducta típica que recoge carece de una pena", incurriendo por tanto el Tribunal, en el vicio que fundamenta el motivo del presente Recurso por Infracción de Ley. Para los efectos del artículo 360 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la acusada GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ ejecuto acción constitutiva de tres delitos electorales de CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia a la encausada ha producido en consecuencia la violación del precepto penal contenido en los artículos 60 y 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN QUEBRANTAMIENTO DE FORMA “Haber dictado un fallo absolutorio en inobservancia a las reglas de la sana crítica y el de excluir alguna prueba de valor decisivo” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral dos y tres del Código Procesal Penal. EXPLICASION DE MOTIVOS POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA La conclusión a la cual arribo el Honorable Tribunal de Sentencia, a criterio del Ministerio público es el resultado de una valoración de la prueba de cargo que vulnera las reglas de la sana critica en tal sentido para evitar la impunidad del presente proceso es de vital importancia que la Honorable Sala de lo Pena reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia en el plexo probatorio revestidos de certeza que se hicieron llegar en el caso concreto quedando evidenciado la inobservancia por este Tribunal de Sentencia en su postulado de derivación, integrado por el Principio de razón Suficiente en sus característica de suficiencia. Conforme a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, Al revisar la valoración que ha realizado el Tribunal en relación a la prueba de cargo, vemos que la misma se encuentre aislada de las reglas de la sana critica, en su postulado lógico de derivación en sus características de veracidad, en virtud que el Tribunal ha efectuado consideraciones subjetivas y no en conjunto como exige la normativa procesal penal al referir el Tribunal de Sentencia que “la prueba de cargo no fue capaz para generar la convicción judicial necesaria para dictar un fallo de condena”. Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: PRIMERO. Que las certificaciones de acuerdos 292-2014, 229-2015, 051- 2015, 022-E-2016 у 031-2016, emitidos por el Secretario General del Registro Nacional de las Personas y la Constancia de fecha veintiocho de Mayo del año dos mil dieciocho emitida por el jefe del Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas, establecen que GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ desempeña cargo de Registradora Civil Municipal del Municipio de La Campa, Departamento de Lempira desde el 01 de Diciembre del año dos mil catorce. SEGUNDO.-En fecha nueve, once, y veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis, Gabino Pérez, Macario Vásquez Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez, se presentaron al Registro Civil de las personas del Municipio de La Campa Departamento de Lempira a solicitar traslado domiciliario. VALORACION DE LA PRUEBA PRIMERO: En cuanto esté Considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar, ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público. SEGUNDO: En cuanto esté Considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público. TERCERO: Dado lo anterior, el Tribunal de Sentencia en el análisis vertido en su considerando tercero de la valoración de la prueba resuelve “que no es obligación de la registradora en ese entonces la acusada GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ, investigar si los peticionarios que obran en las constancias residen o son originarios del Municipio más allá de eso saber si los solicitantes en cuestión pertenecen al Municipio de San Manuel o al Municipio de La Campa, ya que como lo dijo el mismo Secretario del Tribunal Supremo Electoral ALEJANDRO MARTINEZ, que los registradores son meros receptores de las solicitudes de actualización domiciliaria que el ente que autoriza un traslado domiciliario es el Tribunal Supremo Electoral no el Registrador Civil Municipal, por ende no deviene responsabilidad para la registradora si es que existe por la acción desarrollada por estas personas, en este caso del cambio de domicilio que realizaron José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez en el Registro Civil Municipal de La Campa, pues fueron ellos los que realizaron tal solicitud de actualización domiciliaria es mas no se desprende la investigación que los mismos hayan acompañado a la solicitud de cambio de domicilio constancia alguna respecto al estatus domiciliario que tenían los solicitantes que figuran en esta causa penal, al momento de realizar el trámite ante el registro Civil Municipal de la Campa, tal extremo donde se señala que los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez son vecino como contribuyentes del municipio de San Manuel de Colohete, es producto de una investigación posterior y motivada por la denuncia que dio origen a este proceso, en ese sentido a quien debió de investigar por la presunta comisión de alguien delito electoral a José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez no así a la acusada GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ por lo anterior la prueba en estudio se vuelve impertinente para los fines que persigue la acusación pública. El Tribunal de Sentencia in-fundamente argumenta que la Funcionaria en mención no está obligada ANDAR INVESTIGANDO DONDE RESIDIAN ESTOS CIUDADANOS; Aspectos que esta Fiscalía en ningún momento hizo mención en la Substancias-ion del Juicio, no obstante como funcionaria está obligada a llenar los requisitos de ley para cambios de domicilio electoral tal como lo requería como requisito necesario al llenar los formularios de la Solicitudes de traslados domiciliarios, el cual queda más que demostrado lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral, ya que la acusada tenía el pleno conocimiento que estos tres ciudadanos ya mencionados no cumplían con los requisitos que establece el artículo 60 de esta ley Electoral, y es importante mencionar que no tenía ningún sentido que si los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez, manifestaron residir en el Municipio de La Campa y solicitaran traslado domiciliario para este mismo municipio de La Campa. Ya que se demostró con las constancias extendidas por el señor Alcalde del Municipio de San Manuel de Colohete el verdadero domicilio de estos tres señores en mención, siendo la Aldea Llanos de Otoloca Posa Verde y la Aldea Chimis Montaña, estos Jurisdicción del Municipio de San Manuel de Colohete, Departamento de Lempira y no asi del Municipio de La Campa. Razón está por la que la Funcionaria Publica GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ no consigno en el recuadro del formulario de traslado domiciliario la dirección exacta de estos ciudadanos, dejando la casilla en blanco. En cuanto a lo relacionado por el Tribunal de Sentencia que a quienes se debe de investigar es a los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez, es importante mencionar que estas. personas ya fueron procesadas en el Órgano Jurisdiccional competente por el delito Electoral de CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES. CUARTO: Así mismo se incorporó al debate la prueba documental entre ella un informe elaborado por los Agentes de Investigación HORLIN CRUZ Y HECTOR GONZALES en el Informe los investigadores detallan que tomaron declaraciones a personas que viven en aldeas del municipio de San Manuel de Colohete, ya que investigaban una denuncia por cambio de domicilio para el Municipio de La Campa, Lempira, por otra parte se evacuo el acta de decomiso diligencia realizada en las oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en Colonia keneddy en fecha 21 de Junio del año 2018, el documento contiene el decomiso de cuarenta y cuatro solicitudes de las cuales veintiséis corresponden a solicitudes de actualización domiciliaria y dieciocho solicitudes de renovación realizadas en el Registro Civil de La Campa. El Tribunal de Sentencia resuelve que estos medios de prueba no alcanzaron la finalidad para la cual fueron propuestos ya que la diligencia no fue más allá como determinar si los mismos aun residían en tal municipio, medio de prueba que no fue valorado por el Juzgador ya que en sus declaraciones los investigadores si mencionaron las diligencias que realizaron y así mismo manifestaron haber solicitado las constancias de vecindad de estos tres ciudadanos, y con respecto al acta de decomiso se consignó por el Agente de Investigación que realizo tal decomiso de manera grupal se decomisaron los formatos de traslados domiciliarios en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas de esta ciudad de Tegucigalpa, y que sus originales fueron puestos a la orden del Tribunal de Sentencia. Es incongruente al resolver el Tribunal que estos medios de prueba no vinculan a la acusada en los hechos que esgrime la acusación pública, si en estos mismos formatos de traslados domiciliarios obra y se demuestra que estos ciudadanos solicitaron su traslado domiciliario para el Municipio de La Campa. QUINTO: El Ministerio publico incorporo al debate una constancia del Registro Nacional de las Personas la cual hace constar que para las elecciones generales se efectuaron 147 traslados domiciliarios adjunto a la constancia aparece el listado de tramites de cambios de domicilio para el año dos mil diecisiete dentro del mismo figuran los señores Macario Vásquez, José Arnulfo Mateo y Gabino Pérez. Al igual se incorporó el oficio 227-2018, extendidos por la Secretaria General del Tribunal Supremo Electoral el cual se refiere a un listado de actualizaciones domiciliarias recibidas y procesadas en el Municipio de La Campa, Departamento de Lempira para las elecciones generales del año dos mil diecisiete, en dicho listado aparece autorizado el traslado de Gabino Pérez, así mismo se agregó el oficio número SGTSE-360-2018, extendido por la misma institución el cual hace referencia al domicilio electoral del ciudadano Gabino Pérez, para las elecciones generales del año dos mil diecisiete, donde según el listado de en las primarias dicho ciudadano tenía como centro de votación la Escuela Ermes Anael Mejia de Chimis Montaña del Municipio de San Manuel de Colohete Lempira y en las Generales le aparece como centro de votación la Escuela Francisco Morazán del Barrio San Matías de la Campa Lempira, por su parte el oficio número SGTSE - 284-2018, proveniente del mismo organismo electoral proporciona un listado del mismo centro de votación y el lugar de donde los ciudadanos Macario Vásquez, y José Arnulfo Mateo entre otros ejercieron el sufragio para la elecciones generales del año dos mil trece y elecciones primarias y generales del año dos mil diecisiete, consignando el listado que Macario Vásquez en las generales del 2013 y primarias del año 2017, ejerció el sufragio en la Escuela Salvador Serrano ubicado en el Cedro San Manuel de Colohete, Lempira, en las elecciones generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Miguel Navarro Nueva Esperanza La Campa, Lempira, y con respecto al señor José Arnulfo Mateo Pérez ejerció el sufragio en las elecciones generales del año 2013, en la Escuela Educa Todos de Chimis Montaña de San Manuel de Colohete, Lempira y en las primarias y generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Ermes Anael Mejia del mismo lugar. El Juzgador al analizar estos medios de Prueba expone que los tres ciudadanos en mención, realizaron una actualización domiciliaria pero como bien lo dijo el secretario del Tribunal Supremo Electoral, que el autorizado de aprobar un traslado domiciliario es dicho organismo electoral no así el Registrador Civil Municipal como es el caso de la acusada GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ. En el presente proceso el Ministerio Publico ha perseguido la conducta del verbo rector establecido en el artículo 60 de la ley electoral, que describe el GESTIONAR, así también establece sus requisitos para solicitar su traslado domiciliario y que el Funcionario que incumpliere lo dispuesto en ese artículo incurrirá en delito electoral, para el Ente Acusador tiene más que claro que es el Tribunal Supremo Electoral es quien autoriza los traslados domiciliarios tal como lo establece la correspondiente ley electoral, y por ende con la prueba documental de cargo descrita en este considerando se demostró que la acusada en su condición de Registradora Civil recepcionò las solicitudes de traslado domiciliario de estos ciudadanos y que posteriormente remitió al Registro Nacional de las Personas, acreditando así también el verdadero domicilio electoral, el señor Gabino Pérez tenía como domicilio electoral la Escuela Ermes Anael Mejia en la aldea de Chimis Montaña en el Municipio de San Manuel de Colohete, y posteriormente en las generales aparece su centro de votación en la Escuela Francisco Morazán en el Barrio San Matías de la Campa, Lempira; así también los señores Macario Vásquez y José Arnulfo Mateo Pérez en las elecciones primaria del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Salvador Serrano ubicada en el Cedro de San Manuel de Colohete y en las generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Miguel Navarro Nueva Esperanza La Campa, Lempira. SEXTO: Asimismo en el debate fue evacuada una inspección a la municipalidad de San Manuel de Colohete, Lempira donde se practicó el reconocimiento de una escritura pública de fecha veintisiete de Diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, el documento establece la existencia de un fundo rustico llamado Otoloca compuesta de dos porciones La Esperanza y Silguarapis, con una dimensión de veintiocho caballerías noventa y cinco centésimas, que obtuvo la municipalidad de San Manuel por adjudicas-ion que hizo el General José león Castro, así mismo el documento entre otros aspectos establece la delimitación entre el municipio de San Manuel de Colohete y el municipio de la Campa, en el extremo Norte quedo entre los mojones Nahuisora y Otoloca, con distancia de cuatro mil quinientos veintiséis metros que fue dividido en dos partes a favor de La Campa dos mil cincuenta sesenta y tres metros a favor de Colohete dos mil trescientos sesenta y tres metros, la diferencia es compensada en una triangulación en el plan de la Tuna, dicho documento está inscrito bajo el numero 146 tomo 256 del Registro Agrario Nacional. Este medio de prueba de cargo fue propuesto únicamente para acreditar que la Aldea Llanos de Otolaca pertenece al Municipio de San Manuel de Colohete y no del Municipio de La Campa; Es inconcebible que el Tribunal de Sentencia mencione que no se ha presentado prueba que en la fecha que dichos ciudadanos realizaron la solicitud y no reunieron los requisitos es más que todo indica que reunieron los requisitos al autorizarles el Tribunal Supremo Electoral el traslado del domicilio de San Manuel al municipio de La Campa” Cuando en la Substancias-ion del Juicio se evacuo la prueba de cargo y con los formatos de traslados domiciliarios de los ciudadanos más la demás prueba de cargo y extendida por el Tribunal Supremo electoral se demostró que efectivamente la señora GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ violento lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, puesto que teníamos que conocimiento que estos ciudadanos no eran residentes ni mucho menos originarios del Municipio de La Campa, todo lo contrario ellos residen en las Aldeas Llanos de Otoloca y Aldea Chimis Montaña del Municipio de San Manuel de Colohete, en donde ya se mencionó que estos ciudadanos decían residir en el Municipio de La Campa y si solicitaron traslados domiciliarios para la Campa que sentido o que lógica común tiene dichos traslados. La acusada GESTIONO la solicitud de traslados domiciliarios de estas personas contraviniendo lo que establece el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. SEPTIMO: En cuanto esté Considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público. OCTAVO: Por su parte la defensa acerco al debate tres constancias catastrales y tres constancias de vecindad de los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez Pérez, tales documentos establecen que dichos ciudadanos son vecinos del Municipio de La Campa y que ellos residen en la Comunidad de Llanos de Otolaca, también las constancias de vecindad establecen que la Comunidad de Llanos de Otolaca pertenece al Municipio de La Campa. A este ente acusador Ilama poderosamente la atención que el Juzgador si valora la prueba documental de descargo, prueba esta que no fue nada congruente en su totalidad, el cual fue más contundente, veraz y pertinente. la prueba de descargo parа acreditar que las Aldeas ya mencionadas son jurisdicción del Municipio de San Manuel de Colohete, el Juzgador ha mencionado por dos ocasiones en la presente sentencia que a estos ciudadanos no se les presento acusación alguna, por lo que reiteramos ya que si el Ente Acusador si presento dicha acusación en contra de estos ciudadanos, el cual actualmente dicho expediente se presentó una acción de Amparo y se encuentra en la Sala de lo Constitucional. NOVENO: En este Considerando manifestamos que en la presente sentencia se excluyó la declaración del señor ROBERTO DE JESUS SANTOS ya que su declaración fue clara, útil y pertinente en el presente proceso; el testigo de cargo depuso. “se habían interpuesto las denuncias en el primer periodo del principio de la carrera política, cuando empezó las internas en el ministerio Publico, luego se interpuso otra en las generales por el traslado de domicilios que la ley no permite, pero si nos permite hacer la denuncia al ministerio público en Gracias Lempira, que lamentablemente en este tiempo no nos escucharon tuvimos que ir a Tegucigalpa por lo menos, estos es para un precedente que en nuestro pueblo dejen elegir a las personas de nuestro municipio, en este caso se hicieron traslados no adecuados personas de otros municipios vinieron a votar a nuestro municipio para elegir a un alcalde, esa fue la denuncia que pusimos ante el Ministerio Publico para que se proceda con las personas involucradas es este caso en el Registro y a las personas que vinieron a ejercer el sufragio a nuestro público”. Posteriormente el Ministerio Publico en el interrogatorio formulado al testigo se le pregunto que en la denuncia cual era el hecho denunciado, el cual el testigo respondió que en el Registro le dieron un listado de personas y que allí había personas que no eran de su municipio y que les afectaba. a ellos como pueblo; Luego se le pregunto es el nombre de esas personas que habían en ese listado, el testigo respondió, me acuerdo de Macario Vásquez, José Arnulfo Mateo y Gabino Pérez; Se le pregunto; Estas personas en donde viven, el testigo responde en las colonias de posa verde y en Otolaca y que pertenecen al Municipio de San Manuel Lempira; así también continuo manifestando el testigo que estas personas Macario Vásquez, Jose Arnulfo Mateo y Gabino Pérez vinieron al municipio hacer su traslado a la Campa para poder elegir en La Campa. Lo anterior obra en el Acta de Debate del presente proceso, y por lo anteriormente mencionado consideramos que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio de excluir en la presente sentencia esta prueba testifical de valor decisivo en el presente proceso.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. interpuesto por el ministerio público en su Único Motivo Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004); • Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de los artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; y • Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se dicte otra apegada a Derecho. Señala la recurrente que, al analizar el hecho declarado probado se aprecia una falta de aplicación de los artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. En virtud que el Tribunal de Sentencia absolvió al acusado produciendo en consecuencia la violación al precepto penal antes mencionado, siendo así que el señor José Elmer Orellana Elvir, ejecuto la acción constitutiva del delito de Cambio Domiciliario Legal. Enmarcándose perfectamente en la norma que se reclama como infringida. De la Interpretación de la Ley La labor de complementación que debe realizar el juez, la desarrolla mediante la interpretación que hace de la ley al momento de aplicarla al caso concreto que se está juzgando, pues la norma es la manifestación de un pensamiento hipotético que, como paso previo a su aplicación, debe adecuarse a la realidad. Interpretar no es más que el proceso mediante el cual se desentraña el sentido, objeto y alcance de la norma legal, es decir es el proceso que pretende comprender la norma para su mejor aplicación, pues en retrospectiva una adecuada aplicación de las normas depende no solo del conocimiento del contenido de la norma, sino que además de su comprensión, lo que incluye conocimiento/comprensión del contexto normativo y su influencia en el plexo social. El juez interprete deberá comprobar que un determinado hecho se ajusta al ámbito situacional previsto en la norma y creada precisamente para regular ese tipo de conductas. Velásquez, (Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho Penal Parte General. 3° Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1997. Pág. 132) nos señala que, en una sistematización, cuando se habla de interpretación, existen tres categorías: según el intérprete, según los medios empleados y según el resultado obtenido. A) Según El Intérprete: 1. Autentica: Es aquella que realiza el creador de la norma, siendo éste el legislador; (Art. 205.1 de la Constitución); 2. Doctrinaria: Es la interpretación hecha por estudiosos del derecho, las cuales son de carácter ilustrativa no vinculante; sin embargo, es innegable la importancia que la interpretación doctrinaria representa para el ejercicio de la jurisdicción, pues presentan puntos de vista que pueden ser o no compartidos, pero en ambos casos llegan a plantear alternativas posibles a la realidad normativa; y 3. Judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales en su labor de juzgamiento de casos concretos; las interpretaciones de las normas solo tendrán el alcance del caso concreto al que se aplica, salvo cuando éstas emanen de la Corte Suprema de Justicia y que hayan servido para resolver tres casos distintos, resueltos en igual número de sentencias, pues en este supuesto la interpretación de la norma constituye doctrina legal (Art. 360 CPP), pasando a ser de carácter obligatorio para todo el sistema judicial y que contribuye a la formación del derecho y a la seguridad jurídica mediante la unificación de criterios que posibilita la previsibilidad de las decisiones judiciales. B) Según El Método: Existen diferentes métodos de interpretación (erigidos por diferentes Escuelas Doctrinarias), que la forma en que estas deben realizarse; son algunas de estas Escuelas (Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e Integración de la Ley, Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Jurídicos Revista 38, año 2006): 1. Método Exegético: Señala que la labor del interprete es indagar sobre el pensamiento del legislador al momento de la elaboración de la norma; parte de que la fórmula legal deriva de la voluntad del legislador con independencia de antecedentes históricos, sociales, políticos, etc., lo que lleva como consecuencia que el sentido de la norma es inmutable en el tiempo, siendo imposible adoptarla a las exigencias futuras. Este método fue uno de los primeros planteados, hoy en día superados, pues la norma no puede anclarse en un punto en el tiempo, mucho menos atender a la voluntad que en su momento tuvo el legislador al crearla, pues una vez puesta en vigencia la norma ingresa a todo el sistema legal, con el que se interrelaciona (Normas Constitucionales, Normas de Convencionalidad, Principios del Derecho Sustantivo y normas de la misma institución legal), y que condicionan la interpretación que debe tener.- Lo anterior no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la intención del legislador al momento de crear la norma, pero ello no implica que sea éste el norte que debe seguir el juzgador al momento de interpretarla, pues se insisten, hay múltiples principios que influyen en dicho proceso. 2. Método Dogmático: Parte como fundamento que la fuente de la formula legislativa es el pueblo (soberano), por lo que la ley no puede ser considerada como un hecho fijo e invariable, sino como una significación lógica que evoluciona y se transforma.- Considera al ordenamiento jurídico como un todo establecido sistemáticamente, en la cual cada norma está vinculada con las demás para construir un sistema coherente y uniforme.- Este método señala que la interpretación tiene cuatro elementos, los cuales no son excluyentes, sino complementarios, a saber: a. Gramatical: Permite al interprete empoderarse de la norma a través del lenguaje usado para su construcción; b. Racional o lógico: Consiste en la disección del pensamiento del legislador para identificar las distintas partes que componen la norma y establecer sus relaciones; c. Histórico: Es el estudio retrospectivo del derecho imperante al momento de la creación de la norma y los hechos sociales que motivaron su creación; y d. Sistemático: Promulga que la norma sostiene un vínculo inquebrantable con una institución legal y ésta a su vez, con una rama del derecho específica, la que a su vez se relaciona con el resto del sistema legal. 3. Método Teleológico: Señala que la interpretación deberá partir del fin que se le dé a la norma legal; por ello lo primero es indagar cual es el interés social que pretende proteger para luego identificar la forma en que la norma pretende lograrlo, de modo que su aplicación resulte efectiva. 4. Método de la Evolución Histórica: Parte como principio de que la ley es el producto de las circunstancias sociales imperantes al momento de su elaboración, pero que están tienen la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van presentando en la evolución social, a través de la interpretación, la que ciertamente no debe realizarse conforme a la voluntad del legislador, sino atendiendo las necesidades económicas y sociales del momento en que la ley fue formulada, pues ésta tiene vida propia.- Se trata de una “interpretación evolutiva”, que parte de los textos legales en consonancia con las transformaciones de la sociedad, permitiendo que en cada época se pueda dar un sentido regido por la vida social actual. C) Según El Resultado Debe entenderse que las normas son construcciones abstractas, hipótesis de hechos que en sí mismas no constituyen verdades, sino que son instrumentos para la resolución de casos concretos; por ello es labor del intérprete fijar los límites de esa aplicación, atendiendo los elementos gramatical, racional, histórico y sociológico de la norma y de lo cual depende tres posibles resultados: 1. Interpretación declarativa: Mediante la cual el resultado obtenido concuerda de manera idéntica con la fórmula legal, de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de su tenor literal y éste se limita a resolver la eventual duda, con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. 2. Interpretación Extensiva: Que se produce cuando el intérprete evidencia que al texto de la norma puede dársele una significancia más grande y por ende puede tener un espectro de aplicación más amplia, ello debido a que las palabras usadas expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende; 3. Interpretación Restrictiva: Cuando el intérprete comprueba que las palabras empleadas en el texto expresan menos que el verdadero contenido de la norma; en estos casos el intérprete define que la norma solo es aplicable a un supuesto de hecho especifico; Interpretación de la Norma Penal En las sentencias emitidas por esta Sala de lo Penal en Exp. 079-2009, del 11de marzo de 2010, en Exp. 270-2009, de fecha 6 de abril de 2010 y el Exp. 218-2010 de 29 de septiembre de 2011, se ha apelado a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil (CC), el que manda primero tener en cuenta la intención del legislador (Método Exegético) mediante una interpretación gramatical de la formula legislativa (Art. 17 y 18 CC), pero además hace mano del Método Dogmático, mandando a realizar una interpretación sistemática (Art. 19 CC) y finalmente dispone que como alternativa última se observe el Método de Evolución Histórica (Art. 20 CC); Es así que el Código Civil adopta una postura ecléctica en lo que concierne a los métodos de interpretación de las normas que debe ser usada atendiendo además los límites que devienen de la naturaleza del Derecho Penal. De este modo, con base en los Principios Pro Persona, Pro Libertate, Legalidad, Inocencia y Favor Rei, son reglas de la interpretación de las normas penales sustantivas: 1. Conforme al Interprete: Los Órganos Jurisdiccionales deberán acatar las interpretaciones a las normas penales que haga el legislador y, en su defecto, las que constituyan Doctrina Legal emanada por la Corte Suprema de Justicia, ello sin perjuicio de plasmar en su resolución su criterio sobre lo atinado o no de éstas; 2. Conforme al Método: a.- Se debe tomar como referencia interpretativa el origen de la norma sustantiva, tanto en el derecho nacional, como en el derecho comparado; igualmente, para dicha referencia, podrán considerarse los hechos históricos imperantes al momento de la creación de la norma y la intención que en su momento tuvo el legislador (Método Exegético); b.- El estudio de la norma vigente, propiamente dicha, comienza mediante la interpretación gramatical, dándosele el significado legal a las palabras usadas por el legislador (Método Dogmático: Interpretación Gramatical), identificando su inteligencia, es decir la logicidad de la formula legislativa (Método Dogmático: Interpretación Lógica); c.- Debe reemplazarse la “voluntad del legislador”, por la “voluntad de la norma” (Método Teleológico), entendiéndose como el propósito encomendado a ésta en su actual vigencia cuyo norte es el bien jurídico que se pretende tutelar (Principio de Lesividad) y su concepción en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto; La norma debe interpretarse tomando en consideración la dinámica social imperante, ergo no existe una interpretación válida para todo los tiempos (Método de la Evolución Histórica); d.- La interpretación de la norma debe hacerse con plenitud al ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva vertical, como horizontal (Método Dogmático: Interpretación Sistemática): i.- Perspectiva Vertical (Principio de Jerarquía Normativa): Primero el sentido de la interpretación debe ser armónica con los derechos fundamentales constitucionales y con los derechos humanos contenidos en las normas del bloque constitucional, por lo que de todas las posibilidades interpretativas, deberá elegirse aquella que sea acorde con la norma superior; ii.- Perspectiva Horizontal (Principio de Unidad Sistemática): Por otro lado la norma deberá asemejarse a un engrane que forma parte del todo, por lo que la interpretación deberá realizarse a modo de que no exista discordia con el resto de las normas de la institución jurídica de la que forme parte, de las normas de la rama del derecho a la que pertenezca y finalmente de todo el sistema jurídico nacional. 3. Conforme al Resultado: a.- La interpretación analógica de las normas penales sustantivas es prohibida en derecho penal cuando ésta sea in mala partem, aun cuando ésta sea ordenada por el legislador nacional, pues impera el control de Convencionalidad y la primacía de la Constitución; b.- Las normas deberán interpretarse restrictivamente cuando sea in mala partem y extensivamente cuando sea in bonam partem; y c.- En caso de duda sobre el sentido de una norma, deberá siempre tomarse entre las posibilidades la interpretación que más favorezca al reo. Leyes Penales En Blanco El primero que planteó las leyes penales en blanco fue Karl Bindig, quien las conceptualizo en un inicio como aquellas en que la materia de prohibición queda entregada a una autoridad de rango inferior a la competente para dictar leyes; en otras palabras, la descripción de la materia prohibida no aparece en todos sus extremos en la ley penal que castiga el acto prohibido, sino en un reglamento u ordenanza, es decir, en una disposición de rango inferior. (33) Las leyes penales en blanco pueden ser de dos clases: 1). - siguiendo la terminología de Bindig, leyes penales en blanco propiamente dichas, cuando la ley penal describe la sanción a imponer sin describir el supuesto que debe observar el sujeto activo: b). - Las leyes en blanco al revés (34), cuando la ley describe únicamente la conducta prohibida y para determinar la sanción o consecuencia se remite a una disposición distinta. Para llenar el espacio en blanco de la ley, es decir para determinar el presupuesto o la sanción, en el caso de que uno de ellos no sea dado por la Ley penal o sea dado de una manera incompleta el Juzgador se ve obligado a remitirse a: 1).- Otro artículo de la misma ley penal 2).- Un artículo de una ley distinta, la cual puede ser penal, civil, administrativa, etc. 3).- Un reglamento 4).- Otra clase de disposiciones gubernativas. Según la Ley o reglamento que llene el espacio, las leyes penales en blanco, se dividen en: 1).- Leyes Penales en Blanco impropias : Cuando el espacio es llenado por un artículo de la misma ley penal (leyes en blanco impropias de reenvío interno) o cuando el espacio es llenado por un artículo de una ley distinta ( leyes penales en blanco impropias de reenvío externo). 2).- Leyes Penales en Blanco Propias: Cuando el espacio es llenado por un reglamento u otra clase de disposiciones gubernativas, de una jerarquía menor a la norma en blanco. Posturas Desfavorables: El empleo de la ley penal en blanco propias provoca problemas de naturaleza procesal porque origina en los procesos penales la posibilidad de aplicar disposiciones extra penales, pues en estos tipos es obvio que la culpabilidad o inocencia de los acusados va a depender siempre o casi siempre de cómo se resuelvan las cuestiones civiles o administrativas básicas, convirtiéndose el derecho penal más que en una norma yuxtapuesta. Como consecuencia de ello, Jeschek, señala que este tipo de normas le falta precisamente el carácter típico determinado, resultando afectado el principio de legalidad. Posturas Favorables: Muñoz Conde (40) señala que la norma extra penal que llena el espacio en blanco forma parte de la norma penal, ya que lo integra, cerrando con ello el círculo de la tipicidad y salva las posibles objeciones relacionadas al principio de legalidad. En este mismo sentido Bramont Arias (41) expone que la determinación de las conductas delictivas que quedan entregadas a la autoridad administrativa no significa entregar a ésta una carta blanca para crear delitos o imponer penas, pues las mismas tienen limitaciones bastante marcadas, por lo que no podrán excederse en el ejercicio de esa potestad. La Sala Constitucional de Costa Rica, al analizar la constitucionalidad de estas normas, a indicado que no es inconstitucional debido a que "...tenemos que en cuanto a delitos y penas se refiere, en nuestro marco constitucional existe reserva de ley, sea que en esa materia sólo está permitido el actuar de los Poderes Legislativo y Ejecutivo por medio de leyes formales, pero a su vez que la técnica legislativa ha aceptado como válida y necesaria la utilización de normas penales no completas, para fijar los tipos penales, las que logran su plena integración el relacionárseles con otras, aún de menor rango, dentro de éstas los reglamentos. Para contestar la primera pregunta que nos formulamos, ¿resulta posible sin lesionar el principio de división de poderes, que los tipos penales sean completados, en sus elementos, por un reglamento? No podemos contentarnos con señalar que el artículo 140 inciso 3 de la Constitución Política dispone como atribución del Presidente de la República y su respectivo Ministro, el reglamentar las leyes, pues lo que interesa es establecer si por las exigencias propias de la materia penal, en cuanto al principio de reserva de ley, resulta constitucionalmente posible; el primero señala: "...En la técnica legislativa, la remisión a las disposiciones del Ministerio de Salud con referencia a sustancias que causen adicción a drogas estupefacientes de empleo delicado, es correcta, pues no podría pretenderse que conforme aparecieren nuevas sustancias químicas que encuadraran bajo el marco general de narcodependencia, hubiera que modificarse la ley para incluir cada sustancia en una enumeración taxativa..." y la segunda asegura "...el complemento por vía reglamentaria al contenido de una disposición penal, es un práctica totalmente aceptada en la mejor doctrina jurídica". Es criterio de la Sala que esa técnica no se aparta del marco constitucional de la división de Poderes, siempre que el Ejecutivo se mantenga dentro del marco propio de sus atribuciones constitucionales y que la ley que remita establezca con suficiente claridad los presupuestos de la punibilidad, así como la clase y extensión de la pena. Si, por ejemplo, aceptamos que un radio de acción propio de ese Poder es proteger la salud pública, es claro que el Presidente de la República y su Ministro de Salud pueden dictar reglamentos en protección de la salud de la población, así no resulta inconstitucional el artículo 268 del Código Penal que reprime con prisión de uno a tres años o multa de cincuenta a doscientos días multa a quien violare las medidas sanitarias acordadas por la autoridad competente para evitar la introducción o propagación de un epidemia, epixootia o plaga vegetal. (...) La norma reglamentaria en comentario es constitucionalmente válida y en tal razón resulta legítima para completar una norma penal en blanco. Contestando las cuestiones que al inicio de estas consideraciones se planteó la Sala, es posible concluir que sí resulta posible completar una norma penal por medio de un reglamento, siempre que al hacerlo el Poder Ejecutivo se mantenga dentro de su esfera propia de competencia y que la ley que remite establezca con suficiente claridad los presupuestos de su punibilidad, así como la clase y extensión de la pena; el establecer si ello se cumple debe hacerse en cada caso". Bajo este criterio anterior fue resuelto un recurso de Inconstitucionalidad por mayoría de votos por parte de la Sala Constitucional de Costa Rica, sin embargo contra el mismo el Magistrado RODOLFO PIZA ESCALANTE, se manifestó en contra, por medio de voto salvado, ya que para él, completar un tipo penal con un reglamento equivale a permitir que éste último fije las conductas punibles, violentando la Constitución Política de Costa Rica en su artículo además señala que "las garantías individuales no son meramente formales, sino que son sobre todo materiales. La interpretación contraria permitiría al Legislador delegar funciones propias que le están dadas por la Constitución en forma expresa o implícita, pero inequívoca (en cuanto al régimen de los derechos fundamentales), lo que excluye de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo el núcleo de los derechos fundamentales, entre ellos, de manera muy especial, la libertad personal y el patrimonio que son bienes directamente implicados en la justicia penal". La Sala Constitucional asimismo ha señalado con respecto a las leyes penales en blanco que “es frecuente que dada la especialidad de la materia y la rapidez con que pueden variar las circunstancias – la materia económica y comercial es una de ellas – el legislador se vea obligado a recurrir a la técnica, en todo caso excepcional, de las denominadas leyes penales en blanco. La constitucionalidad de esta técnica legislativa es generalmente admitida, en tanto tenga límites que permitan impedir una completa arbitrariedad en manos de la autoridad administrativa, que es justamente lo que quiere evitar el principio de legalidad de los delitos. Para que la materia de prohibición pueda válidamente ser remitida a una disposición de rango inferior (ejemplo decretos ejecutivos) es necesario que la ley penal tenga autonomía y que la disposición de rango inferior sea dependiente o complementaria. Para ello es necesario que la materia prohibida aparezca por lo menos fijada en su núcleo esencial de manera que la disposición de rango inferior, a la que remite, se encargue de señalar condiciones, circunstancias, límites y otros aspectos claramente complementarios” De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El Único Motivo no es de Recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo, a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual, nos encontramos con la aplicación del artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004), normativa derogada con la entrada en vigor del Decreto 35-2021 contentiva de la Ley de Electoral de Honduras. El artículo 60 de la Ley Electoral reconoce el derecho de los ciudadanos a la actualización del domicilio, el que se hará en los casos en que sea originario o resida en el Municipio para el cual solicita el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante la oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral. La Ley prevé expresamente que gestionar la actualización del domicilio fuera de las dos causales que reconoce la norma, o por deducción lógica haciendo uso de forma arbitraria de los presupuestos procesales constituye un delito electoral. En la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece en su artículo 212, los otros delitos electorales, los que eran penados con reclusión de cuatro (4) a seis (6) años, quienes incurran en los actos siguientes: … 20) Alterar las bases de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral. La posición del Ministerio Público se basa en que se debe aplicar como norma de reenvió el artículo 212 numeral 20, en los casos que concurra lo regulado en el artículo 60, ambos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pero al observar los verbos rectores y situaciones descritas en esos preceptos normativos, nos encontramos ante situaciones diferentes, la actualización de domicilio ilícita con la alteración de las bases de datos del Censo Nacional Electoral. Para responder lo planteado por el ente acusador, se debe observar los elementos de la norma y la teoría de los elementos del delito. El legislador se encuentra en la obligación de que los elementos del tipo penal se redacten en términos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que se señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa de la persona acusada; asimismo la ley debe detallar claramente la conducta considerada ilícita, evitando el uso de conceptos ambiguos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. La garantía de exacta aplicación de la ley penal, así como la prohibición de aplicación analogía, no se vulnera cuando la ley equipara un delito con otro y dispone que se les imponga la misma pena, siempre y cuando se descrita la conducta con todos sus elementos, así como la sanción que debe aplicarse. Si se violaría lo anterior cuando no se describe la pena sin precisar, generando incertidumbre, tal como es el caso in examine, puesto que nos encontramos ante una acción que fue antijurídica, por la falta de justificación y de cumplimiento de los presupuestos legales para el cambio de domicilio, por lo que la acción también es culpable, al haber conocimiento de la ley y realizarla ya sea culposa o dolosa, pero se puede constatar que falta el elemento de la punibilidad, ya que la acción delictiva que invoca el agente fiscal, no tiene desarrollada en la norma una pena, ni remite a la aplicación de otra pena. El derecho penal opera bajo el principio de máxima taxatividad legal, partiendo del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente al Principio de legalidad y de retroactividad, establece los criterios de que al momento de observar la limitación de un derecho, se tiene que tener una precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria, con mayor razón en tipo penales, debe respetar el principio de máxima taxatividad legal, lo que exige que las acciones y omisiones sean definidas con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas sancionadas, la tipificación de la limitación de derechos, debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. Sobre esto también es aplicable lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-6/86 sobre la expresión de Leyes, donde establecieron que solo en las leyes se puede regular la restricción de derechos, como el de libertad, y solo serán leyes aquellas que ha aprobado el legislador, lo que coincide con el artículo 11 del Código Penal del caso, que contemplaba que los jueces no pueden crear figuras delictivas, por lo que la aplicación del artículo 60 bajo la pena contemplaba en el artículo 212 numeral de la anterior Ley electoral, sin existir una remisión de la primera a la segunda o un nexo, similitud de verbos rectores o aspectos objetivos fijados por el legislador para su envió, genera una arbitrariedad, porque al juez penal le corresponde en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Motivo: Violación a la Reglas de la Sana Critica. • Norma procesal que se denuncia infringida: Articulo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Inobservancia a las reglas de la sana crítica. • Reclamación ex-ante: Sin determinar por el pretensor. • Pretensión: Sin determinar por la censora. La recurrente al momento de sustentar el recurso alega lo siguiente; • Se queja la recurrente que la sentencia recurrida dijo que la Funcionaria en mención “no está obligada andar investigando donde residían estos ciudadanos”; Aspectos que el Ministerio Publico en ningún momento hizo mención en la Sustanciación del Juicio, no obstante como funcionaria está obligada a llenar los requisitos de ley para cambios de domicilio electoral tal como lo requería como requisito necesario al llenar los formularios de la Solicitudes de traslados domiciliarios, el cual queda más que demostrado lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral, ya que la acusada tenía el pleno conocimiento que estos tres ciudadanos ya mencionados no cumplían con los requisitos que establece el artículo 60 de esta ley Electoral; Es importante mencionar que no tenía ningún sentido que si los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez, manifestaron residir en el Municipio de La Campa, solicitaran traslado domiciliario para este mismo municipio de La Campa. Ya que se demostró con las constancias extendidas por el señor alcalde del Municipio de San Manuel de Colohete el verdadero domicilio de estos tres señores en mención, siendo la Aldea Llanos de Otoloca Posa Verde y la Aldea Chimis Montaña, estos Jurisdicción del Municipio de San Manuel de Colohete, Departamento de Lempira y no así del Municipio de La Campa. Razón está por la que la Funcionaria Pública Gina María Méndez Sánchez, no consigno en el recuadro del formulario de traslado domiciliario la dirección exacta de estos ciudadanos, dejando la casilla en blanco. • En cuanto a lo relacionado por el Tribunal de Sentencia, que a quienes se debe de investigar es a los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez, es importante mencionar que estas personas ya fueron procesadas en el Órgano Jurisdiccional competente por el delito Electoral de cambios domiciliarios ilegales. • Así mismo se incorporó al debate la prueba documental entre ella un informe elaborado por los Agentes de Investigación Horlin Cruz y Héctor Gonzales, quienes en el Informe detallan que tomaron declaraciones a personas que viven en aldeas del municipio de San Manuel de Colohete, ya que investigaban una denuncia por cambio de domicilio para el Municipio de La Campa, Lempira; Por otra parte se evacuo el acta de decomiso diligencia realizada en las oficinas del Registro Nacional de las Personas, ubicadas en Colonia Kennedy en fecha 21 de Junio del año 2018, el documento contiene el decomiso de cuarenta y cuatro solicitudes de las cuales veintiséis corresponden a solicitudes de actualización domiciliaria y dieciocho solicitudes de renovación realizadas en el Registro Civil de La Campa; medio de prueba que no fue valorado por el Juzgador, ya que en sus declaraciones los investigadores si mencionaron las diligencias que realizaron y así mismo manifestaron haber solicitado las constancias de vecindad de estos tres ciudadanos, y con respecto al acta de decomiso se consignó por el Agente de Investigación que realizo tal decomiso de manera grupal se decomisaron los formatos de traslados domiciliarios en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas de esta ciudad de Tegucigalpa, y que sus originales fueron puestos a la orden del Tribunal de Sentencia. Es incongruente al resolver el Tribunal que estos medios de prueba no vinculan a la acusada en los hechos que esgrime la acusación pública, si en estos mismos formatos de traslados domiciliarios obra y se demuestra que estos ciudadanos solicitaron su traslado domiciliario para el Municipio de La Campa. • El Ministerio Público, incorporo al debate una constancia del Registro Nacional de las Personas la cual hace constar que para las elecciones generales se efectuaron 147 traslados domiciliarios adjunto a la constancia aparece el listado de tramites de cambios de domicilio para el año dos mil diecisiete dentro del mismo figuran los señores Macario Vásquez, José Arnulfo Mateo y Gabino Pérez. Al igual se incorporó el oficio 227-2018, extendidos por la Secretaria General del Tribunal Supremo Electoral, el cual se refiere a un listado de actualizaciones domiciliarias recibidas y procesadas en el Municipio de La Campa, Departamento de Lempira, para las elecciones generales del año dos mil diecisiete, en dicho listado aparece autorizado el traslado de Gabino Pérez, así mismo se agregó el oficio número SGTSE-360-2018, extendido por la misma institución el cual hace referencia al domicilio electoral del ciudadano Gabino Pérez, para las elecciones generales del año dos mil diecisiete, donde según el listado, en las primarias dicho ciudadano tenía como centro de votación la Escuela Ermes Anael Mejia, de Chimis Montaña del Municipio de San Manuel de Colohete Lempira y en las Generales le aparece como centro de votación la Escuela Francisco Morazán del Barrio San Matías de la Campa Lempira, por su parte el oficio número SGTSE - 284-2018, proveniente del mismo organismo electoral proporciona un listado del mismo centro de votación y el lugar de donde los ciudadanos Macario Vásquez, y José Arnulfo Mateo entre otros ejercieron el sufragio para la elecciones generales del año dos mil trece y elecciones primarias y generales del año dos mil diecisiete, consignando el listado que Macario Vásquez en las generales del 2013 y primarias del año 2017, ejerció el sufragio en la Escuela Salvador Serrano ubicado en el Cedro San Manuel de Colohete, Lempira, en las elecciones generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Miguel Navarro Nueva Esperanza La Campa, Lempira, y con respecto al señor José Arnulfo Mateo Pérez ejerció el sufragio en las elecciones generales del año 2013, en la Escuela Educa Todos de Chimis Montaña de San Manuel de Colohete, Lempira y en las primarias y generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Ermes Anael Mejia del mismo lugar. El Juzgador al analizar estos medios de Prueba expone que los tres ciudadanos en mención, realizaron una actualización domiciliaria pero como bien lo dijo el secretario del Tribunal Supremo Electoral, que el autorizado de aprobar un traslado domiciliario es dicho organismo electoral no así el Registrador Civil Municipal como es el caso de la acusada Gina María Méndez Sánchez. • En el presente proceso el Ministerio Publico ha perseguido la conducta del verbo rector establecido en el artículo 60 de la ley electoral, que describe el GESTIONAR, así también establece sus requisitos para solicitar su traslado domiciliario y que el Funcionario que incumpliere lo dispuesto en ese artículo incurrirá en delito electoral, para el Ente Acusador tiene más que claro que es el Tribunal Supremo Electoral es quien autoriza los traslados domiciliarios tal como lo establece la correspondiente ley electoral, y por ende con la prueba documental de cargo descrita en este considerando se demostró que la acusada en su condición de Registradora Civil, recepción las solicitudes de traslado domiciliario de estos ciudadanos y que posteriormente remitió al Registro Nacional de las Personas, acreditando así también el verdadero domicilio electoral, el señor Gabino Pérez, tenía como domicilio electoral la Escuela Ermes Anael Mejia en la aldea de Chimis Montaña en el Municipio de San Manuel de Colohete, y posteriormente en las generales aparece su centro de votación en la Escuela Francisco Morazán en el Barrio San Matías de la Campa, Lempira; así también los señores Macario Vásquez y José Arnulfo Mateo Pérez en las elecciones primaria del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Salvador Serrano ubicada en el Cedro de San Manuel de Colohete y en las generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Miguel Navarro Nueva Esperanza La Campa, Lempira. • Asimismo en el debate fue evacuada una inspección a la municipalidad de San Manuel de Colohete, Lempira donde se practicó el reconocimiento de una escritura pública de fecha veintisiete de Diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, el documento establece la existencia de un fundo rustico llamado Otoloca compuesta de dos porciones La Esperanza y Silguarapis, con una dimensión de veintiocho caballerías noventa y cinco centésimas, que obtuvo la municipalidad de San Manuel por adjudicas-ion que hizo el General José león Castro, así mismo el documento entre otros aspectos establece la delimitación entre el municipio de San Manuel de Colohete y el municipio de la Campa, en el extremo Norte quedo entre los mojones Nahuisora y Otoloca, con distancia de cuatro mil quinientos veintiséis metros que fue dividido en dos partes a favor de La Campa dos mil cincuenta sesenta y tres metros a favor de Colohete dos mil trescientos sesenta y tres metros, la diferencia es compensada en una triangulación en el plan de la Tuna, dicho documento está inscrito bajo el numero 146 tomo 256 del Registro Agrario Nacional. Este medio de prueba de cargo fue propuesto únicamente para acreditar que la Aldea Llanos de Otolaca pertenece al Municipio de San Manuel de Colohete y no del Municipio de La Campa; Es inconcebible que el Tribunal de Sentencia mencione que no se ha presentado prueba que en la fecha que dichos ciudadanos realizaron la solicitud y no reunieron los requisitos es más que todo indica que reunieron los requisitos al autorizarles el Tribunal Supremo Electoral, el traslado del domicilio de San Manuel al municipio de La Campa” Cuando en la substanciación del Juicio se evacuo la prueba de cargo y con los formatos de traslados domiciliarios de los ciudadanos más la demás prueba de cargo y extendida por el Tribunal Supremo electoral se demostró que efectivamente la señora Gina María Méndez Sánchez, violento lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, puesto que teníamos que conocimiento que estos ciudadanos no eran residentes, ni mucho menos originarios del Municipio de La Campa, todo lo contrario ellos residen en las Aldeas Llanos de Otoloca y Aldea Chimis Montaña del Municipio de San Manuel de Colohete, en donde ya se mencionó que estos ciudadanos decían residir en el Municipio de La Campa y si solicitaron traslados domiciliarios para la Campa que sentido o que lógica común tiene dichos traslados. La acusada gestiono la solicitud de traslados domiciliarios de estas personas contraviniendo lo que establece el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. • Por su parte la defensa acerco al debate tres constancias catastrales y tres constancias de vecindad de los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez Pérez, tales documentos establecen que dichos ciudadanos son vecinos del Municipio de La Campa y que ellos residen en la Comunidad de Llanos de Otolaca, también las constancias de vecindad establecen que la Comunidad de Llanos de Otolaca pertenece al Municipio de La Campa. A este ente acusador llama poderosamente la atención que el Juzgador, si valora la prueba documental de descargo, prueba esta que no fue nada congruente en su totalidad, el cual fue más contundente, veraz y pertinente la prueba de descargo para acreditar que las Aldeas ya mencionadas son jurisdicción del Municipio de San Manuel de Colohete, el Juzgador ha mencionado por dos ocasiones en la presente sentencia que a estos ciudadanos no se les presento acusación alguna, por lo que reiteramos ya que si el ente acusador si presento dicha acusación en contra de estos ciudadanos, el cual actualmente dicho expediente se presentó una acción de Amparo y se encuentra en la Sala de lo Constitucional. • En la presente sentencia se excluyó la declaración del señor Roberto de Jesús Santos, ya que su declaración fue clara, útil y pertinente en el presente proceso; el testigo de cargo depuso “se habían interpuesto las denuncias en el primer periodo del principio de la carrera política, cuando empezó las internas en el ministerio Publico, luego se interpuso otra en las generales por el traslado de domicilios que la ley no permite, pero si nos permite hacer la denuncia al ministerio público en Gracias Lempira, que lamentablemente en este tiempo no nos escucharon tuvimos que ir a Tegucigalpa por lo menos, estos es para un precedente que en nuestro pueblo dejen elegir a las personas de nuestro municipio, en este caso se hicieron traslados no adecuados personas de otros municipios vinieron a votar a nuestro municipio para elegir a un alcalde, esa fue la denuncia que pusimos ante el Ministerio Público para que se proceda con las personas involucradas es este caso en el Registro y a las personas que vinieron a ejercer el sufragio a nuestro público”. Posteriormente el Ministerio Público en el interrogatorio formulado al testigo se le pregunto que en la denuncia cual era el hecho denunciado, el cual el testigo respondió que en el Registro le dieron un listado de personas y que allí había personas que no eran de su municipio y que les afectaba. a ellos como pueblo; Luego se le pregunto es el nombre de esas personas que habían en ese listado, el testigo respondió, me acuerdo de Macario Vásquez, José Arnulfo Mateo y Gabino Pérez; Se le pregunto; Estas personas en donde viven, el testigo responde en las colonias de posa verde y en Otolaca y que pertenecen al Municipio de San Manuel Lempira; así también continuo manifestando el testigo que estas personas Macario Vásquez, José Arnulfo Mateo y Gabino Pérez vinieron al municipio hacer su traslado a la Campa para poder elegir en La Campa. Lo anterior obra en el Acta de Debate del presente proceso, y por lo anteriormente mencionado consideramos que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio de excluir en la presente sentencia esta prueba testifical de valor decisivo en el presente proceso.” De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: • Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; • Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; • Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. La recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. El Ministerio Público, aun y cuando anuncia en su recurso que el Juzgador ha quebrantado las Reglas de la Sana Critica, en su principio de derivación; sin embargo a la lectura de sus alegatos se aleja de lo anterior al exponer argumentos muy confusos, que imposibilita saber cuál exactamente es su verdadera protesta; inicialmente hace una transcripción de algunos medios de prueba evacuados durante el debate; para luego hacer alegatos de instancia, muestra disconformidad con el fallo absolutorio dictado por el Juzgador, protestando y, haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta; alega falta de valoración de los testigos, aspectos que son alegatos propios de otro Motivo de casación, que debió ser planteado por separado en otro apartado diferente. Así en el libelo, la recurrente señala extensivos argumentos sobre la prueba, aseverando que la prueba de cargo, como ser los formatos de traslados domiciliarios de los ciudadanos más el resto de la prueba de cargo extendida por el Tribunal Supremo Electoral, demostró que efectivamente la señora Gina María Méndez Sánchez, violento lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral, puesto que tenía conocimientos que estos ciudadanos no cumplían con los requisitos que establece tal articulo; realizando su propia valoración de toda la prueba testifical y documental allegada a juicio; Además expresa su sentir diciendo que el Ministerio Público, pudo haber demostrado la culpabilidad de sus representados mediante otros medios de prueba distintos a los evacuados en juicio. Resulta evidente, que el recurso del Ministerio Publico, contiene primero alegatos propios de otros recursos y no de quebrantamiento de forma; También realiza análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal, tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el Ministerio Público, acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. El Ministerio Público, además aqueja que, que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio de excluir prueba de valor decisivo en la sentencia hoy recurrida, como ser la declaración de del Testigos Roberto de Jesús Santos, ya que su declaración fue clara, útil y pertinente en el presente proceso, luego transcribe literalmente lo declarado por dicho testigo, alegato propio de otro motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma; Así mismo alego que el Tribunal de Sentencia, tampoco valoro el medio de prueba documental, consistente en un informe de investigación elaborado por los agentes Horlin Cruz y Héctor Gonzales, y que en dicho informe los investigadores, si mencionaron las diligencias que realizaron; aspectos que también debió ser alegado por el recurrente en otro motivo de casación; dejando ver que no es la construcción de la valoración intelectiva, el motivo de la protesta sino la capacidad de la prueba de cargo evacuada de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, a pesar que hace mención de la regla de la sana critica que se considera infringida, ( principio de derivación ) no ha identificado del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porque dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptado por el tribunal. Decisión Se declara No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción Ley en su Único motivo; Se declara No Ha Lugar, el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único motivo; interpuestos por la Abogada Kenddy Mejia Oseguera, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 15 y 116 del Código Penal decreto 144-83; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217. Falla: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo; no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuestos por la Abogada Kenddy Mejia Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. firma y sello Lety Emelda Posadas – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cinco días de noviembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintidós de agosto de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-628-2019.Rina Koritza Sandoval Navas. Secretaria de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-628-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de agosto de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP 628-2019 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuestos contra la sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante el cual falló: Primero: Absolvió a la señora Gina María Méndez Sánchez, por Tres Delitos Electorales por Gestionar y dar Trámite a Cambios de Domicilio Ilegal, en perjuicio de El sistema Democrático y El Estado de Derecho de Honduras. Segundo: Sin Costas. Tercero: No Procedió el Comiso. Cuarto: Sin responsabilidad civil. Son partes en única instancia: La Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “PRIMERO.-Que las certificaciones de acuerdos 292-2014, 229-2015, 051-2015, 022- E-2016, y 031-2016, emitidos por el secretario General del Registro Nacional de las Personas, y la constancia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho emitida por el jefe del Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas, establecen que Gina María Méndez Sánchez, desempeña el cargo de registradora Civil Municipal del municipio de La Campa departamento de Lempira desde el 1 de diciembre del año dos mil catorce. SEGUNDO. En fecha nueve, once y veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, Gabino Pérez, Macario Vásquez Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez, se presentaron al Registro Civil de las Personas del municipio de La Campa, departamento de Lempira a solicitar traslado domiciliario.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Kenddy Mejía Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN I. INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO INVOCADO: “Falta de Aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.”. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO POR INFRACCION DE LEY: Los preceptos penales y legales citados como infringidos por Falta de Aplicación textualmente dicen: Artículo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas: “Actualización del Domicilio. El ciudadano podrá solicitar cambios de registro de domicilio electoral solamente en los casos en que resida o que sea originario del Municipio para el cual solicite el cambio, debiendo haciendo hacer la gestión personalmente ante la Oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral”. Ningún Funcionario o empleado del registro Nacional de las Personas podrá negarle a darle trámite las solicitudes de cambio de domicilio electoral, salvo que el peticionario no llenare los requisitos de ley... El Funcionario o empleado que incumpliere lo dispuesto en este articulo incurrirá en delito electoral”. Articulo 212 numeral veinte (20). “Otros delitos Electorales. Serán Penados con Reclusión de cuatro (4) a seis (6), quienes incurran en los actos siguientes: 1)... 2)... 3)...4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14)... 15)... 16)... 17)... 18)... 19)... 20) Alterar las base de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral”. Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: PRIMERO. Que las certificaciones de acuerdos 292-2014, 229-2015, 051- 2015, 022-E-2016 у 031-2016, emitidos por el Secretario General del Registro Nacional de las Personas y la Constancia de fecha veintiocho de Mayo del año dos mil dieciocho emitida por el jefe del Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas, establecen que GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ desempeña cargo de Registradora Civil Municipal del Municipio de La Campa, Departamento de Lempira desde el 01 de Diciembre del año dos mil catorce. SEGUNDO. En fecha nueve, once, y veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis, Gabino Pérez, Macario Vásquez Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez, se presentaron al Registro Civil de las personas del Municipio de La Campa Departamento de Lempira a solicitar traslado domiciliario. Dado lo anterior, el Tribunal de Sentencia declaró Absuelta a la señora GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ de tres delitos electorales CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, ya que consideramos que se presentan todos los requisitos exigidos por dicha Ley Especial para considerar la participación de la acusada a título de Autora en TRES DELITOS ELECTORALES DECAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES como se puede colegir de la simple lectura del Factum; refiriendo textualmente que: “Que las certificaciones de acuerdos 292-2014, 229-2015, 051-2015, 022-E-2016 у 031-2016, emitidos por el Secretario General del Registro Nacional de las Personas y la constancia de fecha veintiocho de Mayo del año dos mil dieciocho emitida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas, establecen que GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ desempeña cargo de Registradora Civil Municipal del Municipio de La Campa, Departamento de Lempira desde el 01 de Diciembre del año dos mil catorce. Por lo que en las fechas nueve, once, y veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis, Gabino Pérez, Macario Vásquez Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez, se presentaron al Registro Civil de las personas del Municipio de La Campa Departamento de Lempira a solicitar traslado domiciliario”. La acción descrita en el factum y que fuera ejecutada por la acusada se enmarca perfectamente en la norma que se reclama como infringida por falta de aplicación, pues como puede evidenciarse de la simple lectura del mismo, lo señores Gabino Pérez, Macario Vásquez y José Arnulfo Mateo Pérez, se presentaron al Registro Civil del Municipio de La Campa el cual la ahora acusada en su condición de Funcionaria Publica como Registradora Civil recepcionò las tres solicitudes de traslado domiciliario solicitadas por los ciudadanos y que el resultado de esta acción irregular permitida por la señora acusada produjo la Alteración a la Base del Censo Nacional Electoral, tal como lo establece el artículo 212 numeral 20 de la Ley Especial. Para que se configure el delito de CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGAL, se requiere acreditar: 1) El Objeto material del delito, se acredito en la Substancias-ion del juicio, que la acusada decepciono y tramito el traslado domiciliario al Municipio de la Campa de los tres ciudadanos que lo solicitaban, siendo estos los señores Gabino Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez son residentes de Aldea El Chimis Montaña del Municipio de San Manuel de Colohete y el señor Macario Vásquez es residente de Aldea Llanos de Otoloca Posa Verde, de ese mismo municipio, extremo este acreditado con prueba documental de cargo. 2) La conducta criminosa: La acusada como Funcionaria Publica, tenía el pleno conocimiento que su actuar era ilegal desde el momento en que decepciono y tramito los traslados domiciliarios solicitados ante la Oficina del Registro Civil de su Municipio, a sabiendas que estaba en contravención a las disposiciones de lo que establece la Ley Electoral y de Las Organizaciones Políticas. 3) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, está prevista en su actuar doloso de remitir el listado de traslados domiciliarios al Registro Nacional de las Personas y en el cual en ese listado se encontraban los ahora ciudadanos Gabino Pérez, José Arnulfo Mateo Pérez y Macario Vásquez, dando como 4) resultado la violación al bien jurídico tutelado por la norma específica del Sistema Democrático y el Estado de Derecho de Honduras. La acusada en su condición de Registradora Civil del Registro Civil de La Campa, Lempira, recepcionò la solicitud de los tres ciudadanos mencionados en el cual a sabiendas de su acción ilegal, omite llenar el recuadro de dicho formulario, estando obligada dicha funcionaria a llenar el recuadro e indicar en el mismo el domicilio actual de los peticionarios GABINO PEREZ, JOSE ARNULFO MATEO PEREZ Y MACARIO VASQUEZ el cual residen en las aldeas de Llanos de Otoloca, Posa Verde y Aldea Chimis Montaña, que son jurisdicción del Municipio de San Manuel de Colohete, Departamento de Lempira, y no así del Municipio de La Campa, por lo que en este extremo queda más que demostrado su conducta dolosa por parte de la Funcionaria GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ, ya que los ciudadanos en mención no cumplían con los requisitos de ley tal como lo establece el artículo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Sin embargo, el juzgador estimó en dicha sentencia que la ley electoral a pesar del vació que tiene el articulo 60 porque la conducta típica que recoge carece de una pena", incurriendo por tanto el Tribunal, en el vicio que fundamenta el motivo del presente Recurso por Infracción de Ley. Para los efectos del artículo 360 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la acusada GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ ejecuto acción constitutiva de tres delitos electorales de CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia a la encausada ha producido en consecuencia la violación del precepto penal contenido en los artículos 60 y 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN QUEBRANTAMIENTO DE FORMA “Haber dictado un fallo absolutorio en inobservancia a las reglas de la sana crítica y el de excluir alguna prueba de valor decisivo” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral dos y tres del Código Procesal Penal. EXPLICASION DE MOTIVOS POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA La conclusión a la cual arribo el Honorable Tribunal de Sentencia, a criterio del Ministerio público es el resultado de una valoración de la prueba de cargo que vulnera las reglas de la sana critica en tal sentido para evitar la impunidad del presente proceso es de vital importancia que la Honorable Sala de lo Pena reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia en el plexo probatorio revestidos de certeza que se hicieron llegar en el caso concreto quedando evidenciado la inobservancia por este Tribunal de Sentencia en su postulado de derivación, integrado por el Principio de razón Suficiente en sus característica de suficiencia. Conforme a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, Al revisar la valoración que ha realizado el Tribunal en relación a la prueba de cargo, vemos que la misma se encuentre aislada de las reglas de la sana critica, en su postulado lógico de derivación en sus características de veracidad, en virtud que el Tribunal ha efectuado consideraciones subjetivas y no en conjunto como exige la normativa procesal penal al referir el Tribunal de Sentencia que “la prueba de cargo no fue capaz para generar la convicción judicial necesaria para dictar un fallo de condena”. Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: PRIMERO. Que las certificaciones de acuerdos 292-2014, 229-2015, 051- 2015, 022-E-2016 у 031-2016, emitidos por el Secretario General del Registro Nacional de las Personas y la Constancia de fecha veintiocho de Mayo del año dos mil dieciocho emitida por el jefe del Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas, establecen que GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ desempeña cargo de Registradora Civil Municipal del Municipio de La Campa, Departamento de Lempira desde el 01 de Diciembre del año dos mil catorce. SEGUNDO.-En fecha nueve, once, y veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis, Gabino Pérez, Macario Vásquez Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez, se presentaron al Registro Civil de las personas del Municipio de La Campa Departamento de Lempira a solicitar traslado domiciliario. VALORACION DE LA PRUEBA PRIMERO: En cuanto esté Considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar, ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público. SEGUNDO: En cuanto esté Considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público. TERCERO: Dado lo anterior, el Tribunal de Sentencia en el análisis vertido en su considerando tercero de la valoración de la prueba resuelve “que no es obligación de la registradora en ese entonces la acusada GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ, investigar si los peticionarios que obran en las constancias residen o son originarios del Municipio más allá de eso saber si los solicitantes en cuestión pertenecen al Municipio de San Manuel o al Municipio de La Campa, ya que como lo dijo el mismo Secretario del Tribunal Supremo Electoral ALEJANDRO MARTINEZ, que los registradores son meros receptores de las solicitudes de actualización domiciliaria que el ente que autoriza un traslado domiciliario es el Tribunal Supremo Electoral no el Registrador Civil Municipal, por ende no deviene responsabilidad para la registradora si es que existe por la acción desarrollada por estas personas, en este caso del cambio de domicilio que realizaron José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez en el Registro Civil Municipal de La Campa, pues fueron ellos los que realizaron tal solicitud de actualización domiciliaria es mas no se desprende la investigación que los mismos hayan acompañado a la solicitud de cambio de domicilio constancia alguna respecto al estatus domiciliario que tenían los solicitantes que figuran en esta causa penal, al momento de realizar el trámite ante el registro Civil Municipal de la Campa, tal extremo donde se señala que los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez son vecino como contribuyentes del municipio de San Manuel de Colohete, es producto de una investigación posterior y motivada por la denuncia que dio origen a este proceso, en ese sentido a quien debió de investigar por la presunta comisión de alguien delito electoral a José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez no así a la acusada GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ por lo anterior la prueba en estudio se vuelve impertinente para los fines que persigue la acusación pública. El Tribunal de Sentencia in-fundamente argumenta que la Funcionaria en mención no está obligada ANDAR INVESTIGANDO DONDE RESIDIAN ESTOS CIUDADANOS; Aspectos que esta Fiscalía en ningún momento hizo mención en la Substancias-ion del Juicio, no obstante como funcionaria está obligada a llenar los requisitos de ley para cambios de domicilio electoral tal como lo requería como requisito necesario al llenar los formularios de la Solicitudes de traslados domiciliarios, el cual queda más que demostrado lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral, ya que la acusada tenía el pleno conocimiento que estos tres ciudadanos ya mencionados no cumplían con los requisitos que establece el artículo 60 de esta ley Electoral, y es importante mencionar que no tenía ningún sentido que si los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez, manifestaron residir en el Municipio de La Campa y solicitaran traslado domiciliario para este mismo municipio de La Campa. Ya que se demostró con las constancias extendidas por el señor Alcalde del Municipio de San Manuel de Colohete el verdadero domicilio de estos tres señores en mención, siendo la Aldea Llanos de Otoloca Posa Verde y la Aldea Chimis Montaña, estos Jurisdicción del Municipio de San Manuel de Colohete, Departamento de Lempira y no asi del Municipio de La Campa. Razón está por la que la Funcionaria Publica GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ no consigno en el recuadro del formulario de traslado domiciliario la dirección exacta de estos ciudadanos, dejando la casilla en blanco. En cuanto a lo relacionado por el Tribunal de Sentencia que a quienes se debe de investigar es a los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez, es importante mencionar que estas. personas ya fueron procesadas en el Órgano Jurisdiccional competente por el delito Electoral de CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES. CUARTO: Así mismo se incorporó al debate la prueba documental entre ella un informe elaborado por los Agentes de Investigación HORLIN CRUZ Y HECTOR GONZALES en el Informe los investigadores detallan que tomaron declaraciones a personas que viven en aldeas del municipio de San Manuel de Colohete, ya que investigaban una denuncia por cambio de domicilio para el Municipio de La Campa, Lempira, por otra parte se evacuo el acta de decomiso diligencia realizada en las oficinas del Registro Nacional de las Personas ubicadas en Colonia keneddy en fecha 21 de Junio del año 2018, el documento contiene el decomiso de cuarenta y cuatro solicitudes de las cuales veintiséis corresponden a solicitudes de actualización domiciliaria y dieciocho solicitudes de renovación realizadas en el Registro Civil de La Campa. El Tribunal de Sentencia resuelve que estos medios de prueba no alcanzaron la finalidad para la cual fueron propuestos ya que la diligencia no fue más allá como determinar si los mismos aun residían en tal municipio, medio de prueba que no fue valorado por el Juzgador ya que en sus declaraciones los investigadores si mencionaron las diligencias que realizaron y así mismo manifestaron haber solicitado las constancias de vecindad de estos tres ciudadanos, y con respecto al acta de decomiso se consignó por el Agente de Investigación que realizo tal decomiso de manera grupal se decomisaron los formatos de traslados domiciliarios en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas de esta ciudad de Tegucigalpa, y que sus originales fueron puestos a la orden del Tribunal de Sentencia. Es incongruente al resolver el Tribunal que estos medios de prueba no vinculan a la acusada en los hechos que esgrime la acusación pública, si en estos mismos formatos de traslados domiciliarios obra y se demuestra que estos ciudadanos solicitaron su traslado domiciliario para el Municipio de La Campa. QUINTO: El Ministerio publico incorporo al debate una constancia del Registro Nacional de las Personas la cual hace constar que para las elecciones generales se efectuaron 147 traslados domiciliarios adjunto a la constancia aparece el listado de tramites de cambios de domicilio para el año dos mil diecisiete dentro del mismo figuran los señores Macario Vásquez, José Arnulfo Mateo y Gabino Pérez. Al igual se incorporó el oficio 227-2018, extendidos por la Secretaria General del Tribunal Supremo Electoral el cual se refiere a un listado de actualizaciones domiciliarias recibidas y procesadas en el Municipio de La Campa, Departamento de Lempira para las elecciones generales del año dos mil diecisiete, en dicho listado aparece autorizado el traslado de Gabino Pérez, así mismo se agregó el oficio número SGTSE-360-2018, extendido por la misma institución el cual hace referencia al domicilio electoral del ciudadano Gabino Pérez, para las elecciones generales del año dos mil diecisiete, donde según el listado de en las primarias dicho ciudadano tenía como centro de votación la Escuela Ermes Anael Mejia de Chimis Montaña del Municipio de San Manuel de Colohete Lempira y en las Generales le aparece como centro de votación la Escuela Francisco Morazán del Barrio San Matías de la Campa Lempira, por su parte el oficio número SGTSE - 284-2018, proveniente del mismo organismo electoral proporciona un listado del mismo centro de votación y el lugar de donde los ciudadanos Macario Vásquez, y José Arnulfo Mateo entre otros ejercieron el sufragio para la elecciones generales del año dos mil trece y elecciones primarias y generales del año dos mil diecisiete, consignando el listado que Macario Vásquez en las generales del 2013 y primarias del año 2017, ejerció el sufragio en la Escuela Salvador Serrano ubicado en el Cedro San Manuel de Colohete, Lempira, en las elecciones generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Miguel Navarro Nueva Esperanza La Campa, Lempira, y con respecto al señor José Arnulfo Mateo Pérez ejerció el sufragio en las elecciones generales del año 2013, en la Escuela Educa Todos de Chimis Montaña de San Manuel de Colohete, Lempira y en las primarias y generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Ermes Anael Mejia del mismo lugar. El Juzgador al analizar estos medios de Prueba expone que los tres ciudadanos en mención, realizaron una actualización domiciliaria pero como bien lo dijo el secretario del Tribunal Supremo Electoral, que el autorizado de aprobar un traslado domiciliario es dicho organismo electoral no así el Registrador Civil Municipal como es el caso de la acusada GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ. En el presente proceso el Ministerio Publico ha perseguido la conducta del verbo rector establecido en el artículo 60 de la ley electoral, que describe el GESTIONAR, así también establece sus requisitos para solicitar su traslado domiciliario y que el Funcionario que incumpliere lo dispuesto en ese artículo incurrirá en delito electoral, para el Ente Acusador tiene más que claro que es el Tribunal Supremo Electoral es quien autoriza los traslados domiciliarios tal como lo establece la correspondiente ley electoral, y por ende con la prueba documental de cargo descrita en este considerando se demostró que la acusada en su condición de Registradora Civil recepcionò las solicitudes de traslado domiciliario de estos ciudadanos y que posteriormente remitió al Registro Nacional de las Personas, acreditando así también el verdadero domicilio electoral, el señor Gabino Pérez tenía como domicilio electoral la Escuela Ermes Anael Mejia en la aldea de Chimis Montaña en el Municipio de San Manuel de Colohete, y posteriormente en las generales aparece su centro de votación en la Escuela Francisco Morazán en el Barrio San Matías de la Campa, Lempira; así también los señores Macario Vásquez y José Arnulfo Mateo Pérez en las elecciones primaria del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Salvador Serrano ubicada en el Cedro de San Manuel de Colohete y en las generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Miguel Navarro Nueva Esperanza La Campa, Lempira. SEXTO: Asimismo en el debate fue evacuada una inspección a la municipalidad de San Manuel de Colohete, Lempira donde se practicó el reconocimiento de una escritura pública de fecha veintisiete de Diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, el documento establece la existencia de un fundo rustico llamado Otoloca compuesta de dos porciones La Esperanza y Silguarapis, con una dimensión de veintiocho caballerías noventa y cinco centésimas, que obtuvo la municipalidad de San Manuel por adjudicas-ion que hizo el General José león Castro, así mismo el documento entre otros aspectos establece la delimitación entre el municipio de San Manuel de Colohete y el municipio de la Campa, en el extremo Norte quedo entre los mojones Nahuisora y Otoloca, con distancia de cuatro mil quinientos veintiséis metros que fue dividido en dos partes a favor de La Campa dos mil cincuenta sesenta y tres metros a favor de Colohete dos mil trescientos sesenta y tres metros, la diferencia es compensada en una triangulación en el plan de la Tuna, dicho documento está inscrito bajo el numero 146 tomo 256 del Registro Agrario Nacional. Este medio de prueba de cargo fue propuesto únicamente para acreditar que la Aldea Llanos de Otolaca pertenece al Municipio de San Manuel de Colohete y no del Municipio de La Campa; Es inconcebible que el Tribunal de Sentencia mencione que no se ha presentado prueba que en la fecha que dichos ciudadanos realizaron la solicitud y no reunieron los requisitos es más que todo indica que reunieron los requisitos al autorizarles el Tribunal Supremo Electoral el traslado del domicilio de San Manuel al municipio de La Campa” Cuando en la Substancias-ion del Juicio se evacuo la prueba de cargo y con los formatos de traslados domiciliarios de los ciudadanos más la demás prueba de cargo y extendida por el Tribunal Supremo electoral se demostró que efectivamente la señora GINA MARIA MENDEZ SANCHEZ violento lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, puesto que teníamos que conocimiento que estos ciudadanos no eran residentes ni mucho menos originarios del Municipio de La Campa, todo lo contrario ellos residen en las Aldeas Llanos de Otoloca y Aldea Chimis Montaña del Municipio de San Manuel de Colohete, en donde ya se mencionó que estos ciudadanos decían residir en el Municipio de La Campa y si solicitaron traslados domiciliarios para la Campa que sentido o que lógica común tiene dichos traslados. La acusada GESTIONO la solicitud de traslados domiciliarios de estas personas contraviniendo lo que establece el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. SEPTIMO: En cuanto esté Considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público. OCTAVO: Por su parte la defensa acerco al debate tres constancias catastrales y tres constancias de vecindad de los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez Pérez, tales documentos establecen que dichos ciudadanos son vecinos del Municipio de La Campa y que ellos residen en la Comunidad de Llanos de Otolaca, también las constancias de vecindad establecen que la Comunidad de Llanos de Otolaca pertenece al Municipio de La Campa. A este ente acusador Ilama poderosamente la atención que el Juzgador si valora la prueba documental de descargo, prueba esta que no fue nada congruente en su totalidad, el cual fue más contundente, veraz y pertinente. la prueba de descargo parа acreditar que las Aldeas ya mencionadas son jurisdicción del Municipio de San Manuel de Colohete, el Juzgador ha mencionado por dos ocasiones en la presente sentencia que a estos ciudadanos no se les presento acusación alguna, por lo que reiteramos ya que si el Ente Acusador si presento dicha acusación en contra de estos ciudadanos, el cual actualmente dicho expediente se presentó una acción de Amparo y se encuentra en la Sala de lo Constitucional. NOVENO: En este Considerando manifestamos que en la presente sentencia se excluyó la declaración del señor ROBERTO DE JESUS SANTOS ya que su declaración fue clara, útil y pertinente en el presente proceso; el testigo de cargo depuso. “se habían interpuesto las denuncias en el primer periodo del principio de la carrera política, cuando empezó las internas en el ministerio Publico, luego se interpuso otra en las generales por el traslado de domicilios que la ley no permite, pero si nos permite hacer la denuncia al ministerio público en Gracias Lempira, que lamentablemente en este tiempo no nos escucharon tuvimos que ir a Tegucigalpa por lo menos, estos es para un precedente que en nuestro pueblo dejen elegir a las personas de nuestro municipio, en este caso se hicieron traslados no adecuados personas de otros municipios vinieron a votar a nuestro municipio para elegir a un alcalde, esa fue la denuncia que pusimos ante el Ministerio Publico para que se proceda con las personas involucradas es este caso en el Registro y a las personas que vinieron a ejercer el sufragio a nuestro público”. Posteriormente el Ministerio Publico en el interrogatorio formulado al testigo se le pregunto que en la denuncia cual era el hecho denunciado, el cual el testigo respondió que en el Registro le dieron un listado de personas y que allí había personas que no eran de su municipio y que les afectaba. a ellos como pueblo; Luego se le pregunto es el nombre de esas personas que habían en ese listado, el testigo respondió, me acuerdo de Macario Vásquez, José Arnulfo Mateo y Gabino Pérez; Se le pregunto; Estas personas en donde viven, el testigo responde en las colonias de posa verde y en Otolaca y que pertenecen al Municipio de San Manuel Lempira; así también continuo manifestando el testigo que estas personas Macario Vásquez, Jose Arnulfo Mateo y Gabino Pérez vinieron al municipio hacer su traslado a la Campa para poder elegir en La Campa. Lo anterior obra en el Acta de Debate del presente proceso, y por lo anteriormente mencionado consideramos que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio de excluir en la presente sentencia esta prueba testifical de valor decisivo en el presente proceso.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. interpuesto por el ministerio público en su Único Motivo Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004); • Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de los artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; y • Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se dicte otra apegada a Derecho. Señala la recurrente que, al analizar el hecho declarado probado se aprecia una falta de aplicación de los artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. En virtud que el Tribunal de Sentencia absolvió al acusado produciendo en consecuencia la violación al precepto penal antes mencionado, siendo así que el señor José Elmer Orellana Elvir, ejecuto la acción constitutiva del delito de Cambio Domiciliario Legal. Enmarcándose perfectamente en la norma que se reclama como infringida. De la Interpretación de la Ley La labor de complementación que debe realizar el juez, la desarrolla mediante la interpretación que hace de la ley al momento de aplicarla al caso concreto que se está juzgando, pues la norma es la manifestación de un pensamiento hipotético que, como paso previo a su aplicación, debe adecuarse a la realidad. Interpretar no es más que el proceso mediante el cual se desentraña el sentido, objeto y alcance de la norma legal, es decir es el proceso que pretende comprender la norma para su mejor aplicación, pues en retrospectiva una adecuada aplicación de las normas depende no solo del conocimiento del contenido de la norma, sino que además de su comprensión, lo que incluye conocimiento/comprensión del contexto normativo y su influencia en el plexo social. El juez interprete deberá comprobar que un determinado hecho se ajusta al ámbito situacional previsto en la norma y creada precisamente para regular ese tipo de conductas. Velásquez, (Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho Penal Parte General. 3° Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1997. Pág. 132) nos señala que, en una sistematización, cuando se habla de interpretación, existen tres categorías: según el intérprete, según los medios empleados y según el resultado obtenido. A) Según El Intérprete: 1. Autentica: Es aquella que realiza el creador de la norma, siendo éste el legislador; (Art. 205.1 de la Constitución); 2. Doctrinaria: Es la interpretación hecha por estudiosos del derecho, las cuales son de carácter ilustrativa no vinculante; sin embargo, es innegable la importancia que la interpretación doctrinaria representa para el ejercicio de la jurisdicción, pues presentan puntos de vista que pueden ser o no compartidos, pero en ambos casos llegan a plantear alternativas posibles a la realidad normativa; y 3. Judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales en su labor de juzgamiento de casos concretos; las interpretaciones de las normas solo tendrán el alcance del caso concreto al que se aplica, salvo cuando éstas emanen de la Corte Suprema de Justicia y que hayan servido para resolver tres casos distintos, resueltos en igual número de sentencias, pues en este supuesto la interpretación de la norma constituye doctrina legal (Art. 360 CPP), pasando a ser de carácter obligatorio para todo el sistema judicial y que contribuye a la formación del derecho y a la seguridad jurídica mediante la unificación de criterios que posibilita la previsibilidad de las decisiones judiciales. B) Según El Método: Existen diferentes métodos de interpretación (erigidos por diferentes Escuelas Doctrinarias), que la forma en que estas deben realizarse; son algunas de estas Escuelas (Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e Integración de la Ley, Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Jurídicos Revista 38, año 2006): 1. Método Exegético: Señala que la labor del interprete es indagar sobre el pensamiento del legislador al momento de la elaboración de la norma; parte de que la fórmula legal deriva de la voluntad del legislador con independencia de antecedentes históricos, sociales, políticos, etc., lo que lleva como consecuencia que el sentido de la norma es inmutable en el tiempo, siendo imposible adoptarla a las exigencias futuras. Este método fue uno de los primeros planteados, hoy en día superados, pues la norma no puede anclarse en un punto en el tiempo, mucho menos atender a la voluntad que en su momento tuvo el legislador al crearla, pues una vez puesta en vigencia la norma ingresa a todo el sistema legal, con el que se interrelaciona (Normas Constitucionales, Normas de Convencionalidad, Principios del Derecho Sustantivo y normas de la misma institución legal), y que condicionan la interpretación que debe tener.- Lo anterior no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la intención del legislador al momento de crear la norma, pero ello no implica que sea éste el norte que debe seguir el juzgador al momento de interpretarla, pues se insisten, hay múltiples principios que influyen en dicho proceso. 2. Método Dogmático: Parte como fundamento que la fuente de la formula legislativa es el pueblo (soberano), por lo que la ley no puede ser considerada como un hecho fijo e invariable, sino como una significación lógica que evoluciona y se transforma.- Considera al ordenamiento jurídico como un todo establecido sistemáticamente, en la cual cada norma está vinculada con las demás para construir un sistema coherente y uniforme.- Este método señala que la interpretación tiene cuatro elementos, los cuales no son excluyentes, sino complementarios, a saber: a. Gramatical: Permite al interprete empoderarse de la norma a través del lenguaje usado para su construcción; b. Racional o lógico: Consiste en la disección del pensamiento del legislador para identificar las distintas partes que componen la norma y establecer sus relaciones; c. Histórico: Es el estudio retrospectivo del derecho imperante al momento de la creación de la norma y los hechos sociales que motivaron su creación; y d. Sistemático: Promulga que la norma sostiene un vínculo inquebrantable con una institución legal y ésta a su vez, con una rama del derecho específica, la que a su vez se relaciona con el resto del sistema legal. 3. Método Teleológico: Señala que la interpretación deberá partir del fin que se le dé a la norma legal; por ello lo primero es indagar cual es el interés social que pretende proteger para luego identificar la forma en que la norma pretende lograrlo, de modo que su aplicación resulte efectiva. 4. Método de la Evolución Histórica: Parte como principio de que la ley es el producto de las circunstancias sociales imperantes al momento de su elaboración, pero que están tienen la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van presentando en la evolución social, a través de la interpretación, la que ciertamente no debe realizarse conforme a la voluntad del legislador, sino atendiendo las necesidades económicas y sociales del momento en que la ley fue formulada, pues ésta tiene vida propia.- Se trata de una “interpretación evolutiva”, que parte de los textos legales en consonancia con las transformaciones de la sociedad, permitiendo que en cada época se pueda dar un sentido regido por la vida social actual. C) Según El Resultado Debe entenderse que las normas son construcciones abstractas, hipótesis de hechos que en sí mismas no constituyen verdades, sino que son instrumentos para la resolución de casos concretos; por ello es labor del intérprete fijar los límites de esa aplicación, atendiendo los elementos gramatical, racional, histórico y sociológico de la norma y de lo cual depende tres posibles resultados: 1. Interpretación declarativa: Mediante la cual el resultado obtenido concuerda de manera idéntica con la fórmula legal, de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de su tenor literal y éste se limita a resolver la eventual duda, con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. 2. Interpretación Extensiva: Que se produce cuando el intérprete evidencia que al texto de la norma puede dársele una significancia más grande y por ende puede tener un espectro de aplicación más amplia, ello debido a que las palabras usadas expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende; 3. Interpretación Restrictiva: Cuando el intérprete comprueba que las palabras empleadas en el texto expresan menos que el verdadero contenido de la norma; en estos casos el intérprete define que la norma solo es aplicable a un supuesto de hecho especifico; Interpretación de la Norma Penal En las sentencias emitidas por esta Sala de lo Penal en Exp. 079-2009, del 11de marzo de 2010, en Exp. 270-2009, de fecha 6 de abril de 2010 y el Exp. 218-2010 de 29 de septiembre de 2011, se ha apelado a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil (CC), el que manda primero tener en cuenta la intención del legislador (Método Exegético) mediante una interpretación gramatical de la formula legislativa (Art. 17 y 18 CC), pero además hace mano del Método Dogmático, mandando a realizar una interpretación sistemática (Art. 19 CC) y finalmente dispone que como alternativa última se observe el Método de Evolución Histórica (Art. 20 CC); Es así que el Código Civil adopta una postura ecléctica en lo que concierne a los métodos de interpretación de las normas que debe ser usada atendiendo además los límites que devienen de la naturaleza del Derecho Penal. De este modo, con base en los Principios Pro Persona, Pro Libertate, Legalidad, Inocencia y Favor Rei, son reglas de la interpretación de las normas penales sustantivas: 1. Conforme al Interprete: Los Órganos Jurisdiccionales deberán acatar las interpretaciones a las normas penales que haga el legislador y, en su defecto, las que constituyan Doctrina Legal emanada por la Corte Suprema de Justicia, ello sin perjuicio de plasmar en su resolución su criterio sobre lo atinado o no de éstas; 2. Conforme al Método: a.- Se debe tomar como referencia interpretativa el origen de la norma sustantiva, tanto en el derecho nacional, como en el derecho comparado; igualmente, para dicha referencia, podrán considerarse los hechos históricos imperantes al momento de la creación de la norma y la intención que en su momento tuvo el legislador (Método Exegético); b.- El estudio de la norma vigente, propiamente dicha, comienza mediante la interpretación gramatical, dándosele el significado legal a las palabras usadas por el legislador (Método Dogmático: Interpretación Gramatical), identificando su inteligencia, es decir la logicidad de la formula legislativa (Método Dogmático: Interpretación Lógica); c.- Debe reemplazarse la “voluntad del legislador”, por la “voluntad de la norma” (Método Teleológico), entendiéndose como el propósito encomendado a ésta en su actual vigencia cuyo norte es el bien jurídico que se pretende tutelar (Principio de Lesividad) y su concepción en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto; La norma debe interpretarse tomando en consideración la dinámica social imperante, ergo no existe una interpretación válida para todo los tiempos (Método de la Evolución Histórica); d.- La interpretación de la norma debe hacerse con plenitud al ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva vertical, como horizontal (Método Dogmático: Interpretación Sistemática): i.- Perspectiva Vertical (Principio de Jerarquía Normativa): Primero el sentido de la interpretación debe ser armónica con los derechos fundamentales constitucionales y con los derechos humanos contenidos en las normas del bloque constitucional, por lo que de todas las posibilidades interpretativas, deberá elegirse aquella que sea acorde con la norma superior; ii.- Perspectiva Horizontal (Principio de Unidad Sistemática): Por otro lado la norma deberá asemejarse a un engrane que forma parte del todo, por lo que la interpretación deberá realizarse a modo de que no exista discordia con el resto de las normas de la institución jurídica de la que forme parte, de las normas de la rama del derecho a la que pertenezca y finalmente de todo el sistema jurídico nacional. 3. Conforme al Resultado: a.- La interpretación analógica de las normas penales sustantivas es prohibida en derecho penal cuando ésta sea in mala partem, aun cuando ésta sea ordenada por el legislador nacional, pues impera el control de Convencionalidad y la primacía de la Constitución; b.- Las normas deberán interpretarse restrictivamente cuando sea in mala partem y extensivamente cuando sea in bonam partem; y c.- En caso de duda sobre el sentido de una norma, deberá siempre tomarse entre las posibilidades la interpretación que más favorezca al reo. Leyes Penales En Blanco El primero que planteó las leyes penales en blanco fue Karl Bindig, quien las conceptualizo en un inicio como aquellas en que la materia de prohibición queda entregada a una autoridad de rango inferior a la competente para dictar leyes; en otras palabras, la descripción de la materia prohibida no aparece en todos sus extremos en la ley penal que castiga el acto prohibido, sino en un reglamento u ordenanza, es decir, en una disposición de rango inferior. (33) Las leyes penales en blanco pueden ser de dos clases: 1). - siguiendo la terminología de Bindig, leyes penales en blanco propiamente dichas, cuando la ley penal describe la sanción a imponer sin describir el supuesto que debe observar el sujeto activo: b). - Las leyes en blanco al revés (34), cuando la ley describe únicamente la conducta prohibida y para determinar la sanción o consecuencia se remite a una disposición distinta. Para llenar el espacio en blanco de la ley, es decir para determinar el presupuesto o la sanción, en el caso de que uno de ellos no sea dado por la Ley penal o sea dado de una manera incompleta el Juzgador se ve obligado a remitirse a: 1).- Otro artículo de la misma ley penal 2).- Un artículo de una ley distinta, la cual puede ser penal, civil, administrativa, etc. 3).- Un reglamento 4).- Otra clase de disposiciones gubernativas. Según la Ley o reglamento que llene el espacio, las leyes penales en blanco, se dividen en: 1).- Leyes Penales en Blanco impropias : Cuando el espacio es llenado por un artículo de la misma ley penal (leyes en blanco impropias de reenvío interno) o cuando el espacio es llenado por un artículo de una ley distinta ( leyes penales en blanco impropias de reenvío externo). 2).- Leyes Penales en Blanco Propias: Cuando el espacio es llenado por un reglamento u otra clase de disposiciones gubernativas, de una jerarquía menor a la norma en blanco. Posturas Desfavorables: El empleo de la ley penal en blanco propias provoca problemas de naturaleza procesal porque origina en los procesos penales la posibilidad de aplicar disposiciones extra penales, pues en estos tipos es obvio que la culpabilidad o inocencia de los acusados va a depender siempre o casi siempre de cómo se resuelvan las cuestiones civiles o administrativas básicas, convirtiéndose el derecho penal más que en una norma yuxtapuesta. Como consecuencia de ello, Jeschek, señala que este tipo de normas le falta precisamente el carácter típico determinado, resultando afectado el principio de legalidad. Posturas Favorables: Muñoz Conde (40) señala que la norma extra penal que llena el espacio en blanco forma parte de la norma penal, ya que lo integra, cerrando con ello el círculo de la tipicidad y salva las posibles objeciones relacionadas al principio de legalidad. En este mismo sentido Bramont Arias (41) expone que la determinación de las conductas delictivas que quedan entregadas a la autoridad administrativa no significa entregar a ésta una carta blanca para crear delitos o imponer penas, pues las mismas tienen limitaciones bastante marcadas, por lo que no podrán excederse en el ejercicio de esa potestad. La Sala Constitucional de Costa Rica, al analizar la constitucionalidad de estas normas, a indicado que no es inconstitucional debido a que "...tenemos que en cuanto a delitos y penas se refiere, en nuestro marco constitucional existe reserva de ley, sea que en esa materia sólo está permitido el actuar de los Poderes Legislativo y Ejecutivo por medio de leyes formales, pero a su vez que la técnica legislativa ha aceptado como válida y necesaria la utilización de normas penales no completas, para fijar los tipos penales, las que logran su plena integración el relacionárseles con otras, aún de menor rango, dentro de éstas los reglamentos. Para contestar la primera pregunta que nos formulamos, ¿resulta posible sin lesionar el principio de división de poderes, que los tipos penales sean completados, en sus elementos, por un reglamento? No podemos contentarnos con señalar que el artículo 140 inciso 3 de la Constitución Política dispone como atribución del Presidente de la República y su respectivo Ministro, el reglamentar las leyes, pues lo que interesa es establecer si por las exigencias propias de la materia penal, en cuanto al principio de reserva de ley, resulta constitucionalmente posible; el primero señala: "...En la técnica legislativa, la remisión a las disposiciones del Ministerio de Salud con referencia a sustancias que causen adicción a drogas estupefacientes de empleo delicado, es correcta, pues no podría pretenderse que conforme aparecieren nuevas sustancias químicas que encuadraran bajo el marco general de narcodependencia, hubiera que modificarse la ley para incluir cada sustancia en una enumeración taxativa..." y la segunda asegura "...el complemento por vía reglamentaria al contenido de una disposición penal, es un práctica totalmente aceptada en la mejor doctrina jurídica". Es criterio de la Sala que esa técnica no se aparta del marco constitucional de la división de Poderes, siempre que el Ejecutivo se mantenga dentro del marco propio de sus atribuciones constitucionales y que la ley que remita establezca con suficiente claridad los presupuestos de la punibilidad, así como la clase y extensión de la pena. Si, por ejemplo, aceptamos que un radio de acción propio de ese Poder es proteger la salud pública, es claro que el Presidente de la República y su Ministro de Salud pueden dictar reglamentos en protección de la salud de la población, así no resulta inconstitucional el artículo 268 del Código Penal que reprime con prisión de uno a tres años o multa de cincuenta a doscientos días multa a quien violare las medidas sanitarias acordadas por la autoridad competente para evitar la introducción o propagación de un epidemia, epixootia o plaga vegetal. (...) La norma reglamentaria en comentario es constitucionalmente válida y en tal razón resulta legítima para completar una norma penal en blanco. Contestando las cuestiones que al inicio de estas consideraciones se planteó la Sala, es posible concluir que sí resulta posible completar una norma penal por medio de un reglamento, siempre que al hacerlo el Poder Ejecutivo se mantenga dentro de su esfera propia de competencia y que la ley que remite establezca con suficiente claridad los presupuestos de su punibilidad, así como la clase y extensión de la pena; el establecer si ello se cumple debe hacerse en cada caso". Bajo este criterio anterior fue resuelto un recurso de Inconstitucionalidad por mayoría de votos por parte de la Sala Constitucional de Costa Rica, sin embargo contra el mismo el Magistrado RODOLFO PIZA ESCALANTE, se manifestó en contra, por medio de voto salvado, ya que para él, completar un tipo penal con un reglamento equivale a permitir que éste último fije las conductas punibles, violentando la Constitución Política de Costa Rica en su artículo además señala que "las garantías individuales no son meramente formales, sino que son sobre todo materiales. La interpretación contraria permitiría al Legislador delegar funciones propias que le están dadas por la Constitución en forma expresa o implícita, pero inequívoca (en cuanto al régimen de los derechos fundamentales), lo que excluye de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo el núcleo de los derechos fundamentales, entre ellos, de manera muy especial, la libertad personal y el patrimonio que son bienes directamente implicados en la justicia penal". La Sala Constitucional asimismo ha señalado con respecto a las leyes penales en blanco que “es frecuente que dada la especialidad de la materia y la rapidez con que pueden variar las circunstancias – la materia económica y comercial es una de ellas – el legislador se vea obligado a recurrir a la técnica, en todo caso excepcional, de las denominadas leyes penales en blanco. La constitucionalidad de esta técnica legislativa es generalmente admitida, en tanto tenga límites que permitan impedir una completa arbitrariedad en manos de la autoridad administrativa, que es justamente lo que quiere evitar el principio de legalidad de los delitos. Para que la materia de prohibición pueda válidamente ser remitida a una disposición de rango inferior (ejemplo decretos ejecutivos) es necesario que la ley penal tenga autonomía y que la disposición de rango inferior sea dependiente o complementaria. Para ello es necesario que la materia prohibida aparezca por lo menos fijada en su núcleo esencial de manera que la disposición de rango inferior, a la que remite, se encargue de señalar condiciones, circunstancias, límites y otros aspectos claramente complementarios” De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El Único Motivo no es de Recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo, a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual, nos encontramos con la aplicación del artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004), normativa derogada con la entrada en vigor del Decreto 35-2021 contentiva de la Ley de Electoral de Honduras. El artículo 60 de la Ley Electoral reconoce el derecho de los ciudadanos a la actualización del domicilio, el que se hará en los casos en que sea originario o resida en el Municipio para el cual solicita el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante la oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral. La Ley prevé expresamente que gestionar la actualización del domicilio fuera de las dos causales que reconoce la norma, o por deducción lógica haciendo uso de forma arbitraria de los presupuestos procesales constituye un delito electoral. En la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece en su artículo 212, los otros delitos electorales, los que eran penados con reclusión de cuatro (4) a seis (6) años, quienes incurran en los actos siguientes: … 20) Alterar las bases de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral. La posición del Ministerio Público se basa en que se debe aplicar como norma de reenvió el artículo 212 numeral 20, en los casos que concurra lo regulado en el artículo 60, ambos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pero al observar los verbos rectores y situaciones descritas en esos preceptos normativos, nos encontramos ante situaciones diferentes, la actualización de domicilio ilícita con la alteración de las bases de datos del Censo Nacional Electoral. Para responder lo planteado por el ente acusador, se debe observar los elementos de la norma y la teoría de los elementos del delito. El legislador se encuentra en la obligación de que los elementos del tipo penal se redacten en términos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que se señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa de la persona acusada; asimismo la ley debe detallar claramente la conducta considerada ilícita, evitando el uso de conceptos ambiguos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. La garantía de exacta aplicación de la ley penal, así como la prohibición de aplicación analogía, no se vulnera cuando la ley equipara un delito con otro y dispone que se les imponga la misma pena, siempre y cuando se descrita la conducta con todos sus elementos, así como la sanción que debe aplicarse. Si se violaría lo anterior cuando no se describe la pena sin precisar, generando incertidumbre, tal como es el caso in examine, puesto que nos encontramos ante una acción que fue antijurídica, por la falta de justificación y de cumplimiento de los presupuestos legales para el cambio de domicilio, por lo que la acción también es culpable, al haber conocimiento de la ley y realizarla ya sea culposa o dolosa, pero se puede constatar que falta el elemento de la punibilidad, ya que la acción delictiva que invoca el agente fiscal, no tiene desarrollada en la norma una pena, ni remite a la aplicación de otra pena. El derecho penal opera bajo el principio de máxima taxatividad legal, partiendo del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente al Principio de legalidad y de retroactividad, establece los criterios de que al momento de observar la limitación de un derecho, se tiene que tener una precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria, con mayor razón en tipo penales, debe respetar el principio de máxima taxatividad legal, lo que exige que las acciones y omisiones sean definidas con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas sancionadas, la tipificación de la limitación de derechos, debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. Sobre esto también es aplicable lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-6/86 sobre la expresión de Leyes, donde establecieron que solo en las leyes se puede regular la restricción de derechos, como el de libertad, y solo serán leyes aquellas que ha aprobado el legislador, lo que coincide con el artículo 11 del Código Penal del caso, que contemplaba que los jueces no pueden crear figuras delictivas, por lo que la aplicación del artículo 60 bajo la pena contemplaba en el artículo 212 numeral de la anterior Ley electoral, sin existir una remisión de la primera a la segunda o un nexo, similitud de verbos rectores o aspectos objetivos fijados por el legislador para su envió, genera una arbitrariedad, porque al juez penal le corresponde en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Motivo: Violación a la Reglas de la Sana Critica. • Norma procesal que se denuncia infringida: Articulo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Inobservancia a las reglas de la sana crítica. • Reclamación ex-ante: Sin determinar por el pretensor. • Pretensión: Sin determinar por la censora. La recurrente al momento de sustentar el recurso alega lo siguiente; • Se queja la recurrente que la sentencia recurrida dijo que la Funcionaria en mención “no está obligada andar investigando donde residían estos ciudadanos”; Aspectos que el Ministerio Publico en ningún momento hizo mención en la Sustanciación del Juicio, no obstante como funcionaria está obligada a llenar los requisitos de ley para cambios de domicilio electoral tal como lo requería como requisito necesario al llenar los formularios de la Solicitudes de traslados domiciliarios, el cual queda más que demostrado lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral, ya que la acusada tenía el pleno conocimiento que estos tres ciudadanos ya mencionados no cumplían con los requisitos que establece el artículo 60 de esta ley Electoral; Es importante mencionar que no tenía ningún sentido que si los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez, manifestaron residir en el Municipio de La Campa, solicitaran traslado domiciliario para este mismo municipio de La Campa. Ya que se demostró con las constancias extendidas por el señor alcalde del Municipio de San Manuel de Colohete el verdadero domicilio de estos tres señores en mención, siendo la Aldea Llanos de Otoloca Posa Verde y la Aldea Chimis Montaña, estos Jurisdicción del Municipio de San Manuel de Colohete, Departamento de Lempira y no así del Municipio de La Campa. Razón está por la que la Funcionaria Pública Gina María Méndez Sánchez, no consigno en el recuadro del formulario de traslado domiciliario la dirección exacta de estos ciudadanos, dejando la casilla en blanco. • En cuanto a lo relacionado por el Tribunal de Sentencia, que a quienes se debe de investigar es a los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez, es importante mencionar que estas personas ya fueron procesadas en el Órgano Jurisdiccional competente por el delito Electoral de cambios domiciliarios ilegales. • Así mismo se incorporó al debate la prueba documental entre ella un informe elaborado por los Agentes de Investigación Horlin Cruz y Héctor Gonzales, quienes en el Informe detallan que tomaron declaraciones a personas que viven en aldeas del municipio de San Manuel de Colohete, ya que investigaban una denuncia por cambio de domicilio para el Municipio de La Campa, Lempira; Por otra parte se evacuo el acta de decomiso diligencia realizada en las oficinas del Registro Nacional de las Personas, ubicadas en Colonia Kennedy en fecha 21 de Junio del año 2018, el documento contiene el decomiso de cuarenta y cuatro solicitudes de las cuales veintiséis corresponden a solicitudes de actualización domiciliaria y dieciocho solicitudes de renovación realizadas en el Registro Civil de La Campa; medio de prueba que no fue valorado por el Juzgador, ya que en sus declaraciones los investigadores si mencionaron las diligencias que realizaron y así mismo manifestaron haber solicitado las constancias de vecindad de estos tres ciudadanos, y con respecto al acta de decomiso se consignó por el Agente de Investigación que realizo tal decomiso de manera grupal se decomisaron los formatos de traslados domiciliarios en las Oficinas del Registro Nacional de las Personas de esta ciudad de Tegucigalpa, y que sus originales fueron puestos a la orden del Tribunal de Sentencia. Es incongruente al resolver el Tribunal que estos medios de prueba no vinculan a la acusada en los hechos que esgrime la acusación pública, si en estos mismos formatos de traslados domiciliarios obra y se demuestra que estos ciudadanos solicitaron su traslado domiciliario para el Municipio de La Campa. • El Ministerio Público, incorporo al debate una constancia del Registro Nacional de las Personas la cual hace constar que para las elecciones generales se efectuaron 147 traslados domiciliarios adjunto a la constancia aparece el listado de tramites de cambios de domicilio para el año dos mil diecisiete dentro del mismo figuran los señores Macario Vásquez, José Arnulfo Mateo y Gabino Pérez. Al igual se incorporó el oficio 227-2018, extendidos por la Secretaria General del Tribunal Supremo Electoral, el cual se refiere a un listado de actualizaciones domiciliarias recibidas y procesadas en el Municipio de La Campa, Departamento de Lempira, para las elecciones generales del año dos mil diecisiete, en dicho listado aparece autorizado el traslado de Gabino Pérez, así mismo se agregó el oficio número SGTSE-360-2018, extendido por la misma institución el cual hace referencia al domicilio electoral del ciudadano Gabino Pérez, para las elecciones generales del año dos mil diecisiete, donde según el listado, en las primarias dicho ciudadano tenía como centro de votación la Escuela Ermes Anael Mejia, de Chimis Montaña del Municipio de San Manuel de Colohete Lempira y en las Generales le aparece como centro de votación la Escuela Francisco Morazán del Barrio San Matías de la Campa Lempira, por su parte el oficio número SGTSE - 284-2018, proveniente del mismo organismo electoral proporciona un listado del mismo centro de votación y el lugar de donde los ciudadanos Macario Vásquez, y José Arnulfo Mateo entre otros ejercieron el sufragio para la elecciones generales del año dos mil trece y elecciones primarias y generales del año dos mil diecisiete, consignando el listado que Macario Vásquez en las generales del 2013 y primarias del año 2017, ejerció el sufragio en la Escuela Salvador Serrano ubicado en el Cedro San Manuel de Colohete, Lempira, en las elecciones generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Miguel Navarro Nueva Esperanza La Campa, Lempira, y con respecto al señor José Arnulfo Mateo Pérez ejerció el sufragio en las elecciones generales del año 2013, en la Escuela Educa Todos de Chimis Montaña de San Manuel de Colohete, Lempira y en las primarias y generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Ermes Anael Mejia del mismo lugar. El Juzgador al analizar estos medios de Prueba expone que los tres ciudadanos en mención, realizaron una actualización domiciliaria pero como bien lo dijo el secretario del Tribunal Supremo Electoral, que el autorizado de aprobar un traslado domiciliario es dicho organismo electoral no así el Registrador Civil Municipal como es el caso de la acusada Gina María Méndez Sánchez. • En el presente proceso el Ministerio Publico ha perseguido la conducta del verbo rector establecido en el artículo 60 de la ley electoral, que describe el GESTIONAR, así también establece sus requisitos para solicitar su traslado domiciliario y que el Funcionario que incumpliere lo dispuesto en ese artículo incurrirá en delito electoral, para el Ente Acusador tiene más que claro que es el Tribunal Supremo Electoral es quien autoriza los traslados domiciliarios tal como lo establece la correspondiente ley electoral, y por ende con la prueba documental de cargo descrita en este considerando se demostró que la acusada en su condición de Registradora Civil, recepción las solicitudes de traslado domiciliario de estos ciudadanos y que posteriormente remitió al Registro Nacional de las Personas, acreditando así también el verdadero domicilio electoral, el señor Gabino Pérez, tenía como domicilio electoral la Escuela Ermes Anael Mejia en la aldea de Chimis Montaña en el Municipio de San Manuel de Colohete, y posteriormente en las generales aparece su centro de votación en la Escuela Francisco Morazán en el Barrio San Matías de la Campa, Lempira; así también los señores Macario Vásquez y José Arnulfo Mateo Pérez en las elecciones primaria del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Salvador Serrano ubicada en el Cedro de San Manuel de Colohete y en las generales del año 2017 ejerció el sufragio en la Escuela Miguel Navarro Nueva Esperanza La Campa, Lempira. • Asimismo en el debate fue evacuada una inspección a la municipalidad de San Manuel de Colohete, Lempira donde se practicó el reconocimiento de una escritura pública de fecha veintisiete de Diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, el documento establece la existencia de un fundo rustico llamado Otoloca compuesta de dos porciones La Esperanza y Silguarapis, con una dimensión de veintiocho caballerías noventa y cinco centésimas, que obtuvo la municipalidad de San Manuel por adjudicas-ion que hizo el General José león Castro, así mismo el documento entre otros aspectos establece la delimitación entre el municipio de San Manuel de Colohete y el municipio de la Campa, en el extremo Norte quedo entre los mojones Nahuisora y Otoloca, con distancia de cuatro mil quinientos veintiséis metros que fue dividido en dos partes a favor de La Campa dos mil cincuenta sesenta y tres metros a favor de Colohete dos mil trescientos sesenta y tres metros, la diferencia es compensada en una triangulación en el plan de la Tuna, dicho documento está inscrito bajo el numero 146 tomo 256 del Registro Agrario Nacional. Este medio de prueba de cargo fue propuesto únicamente para acreditar que la Aldea Llanos de Otolaca pertenece al Municipio de San Manuel de Colohete y no del Municipio de La Campa; Es inconcebible que el Tribunal de Sentencia mencione que no se ha presentado prueba que en la fecha que dichos ciudadanos realizaron la solicitud y no reunieron los requisitos es más que todo indica que reunieron los requisitos al autorizarles el Tribunal Supremo Electoral, el traslado del domicilio de San Manuel al municipio de La Campa” Cuando en la substanciación del Juicio se evacuo la prueba de cargo y con los formatos de traslados domiciliarios de los ciudadanos más la demás prueba de cargo y extendida por el Tribunal Supremo electoral se demostró que efectivamente la señora Gina María Méndez Sánchez, violento lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, puesto que teníamos que conocimiento que estos ciudadanos no eran residentes, ni mucho menos originarios del Municipio de La Campa, todo lo contrario ellos residen en las Aldeas Llanos de Otoloca y Aldea Chimis Montaña del Municipio de San Manuel de Colohete, en donde ya se mencionó que estos ciudadanos decían residir en el Municipio de La Campa y si solicitaron traslados domiciliarios para la Campa que sentido o que lógica común tiene dichos traslados. La acusada gestiono la solicitud de traslados domiciliarios de estas personas contraviniendo lo que establece el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. • Por su parte la defensa acerco al debate tres constancias catastrales y tres constancias de vecindad de los señores José Arnulfo Mateo Pérez, Gabino Pérez y Macario Vásquez Pérez, tales documentos establecen que dichos ciudadanos son vecinos del Municipio de La Campa y que ellos residen en la Comunidad de Llanos de Otolaca, también las constancias de vecindad establecen que la Comunidad de Llanos de Otolaca pertenece al Municipio de La Campa. A este ente acusador llama poderosamente la atención que el Juzgador, si valora la prueba documental de descargo, prueba esta que no fue nada congruente en su totalidad, el cual fue más contundente, veraz y pertinente la prueba de descargo para acreditar que las Aldeas ya mencionadas son jurisdicción del Municipio de San Manuel de Colohete, el Juzgador ha mencionado por dos ocasiones en la presente sentencia que a estos ciudadanos no se les presento acusación alguna, por lo que reiteramos ya que si el ente acusador si presento dicha acusación en contra de estos ciudadanos, el cual actualmente dicho expediente se presentó una acción de Amparo y se encuentra en la Sala de lo Constitucional. • En la presente sentencia se excluyó la declaración del señor Roberto de Jesús Santos, ya que su declaración fue clara, útil y pertinente en el presente proceso; el testigo de cargo depuso “se habían interpuesto las denuncias en el primer periodo del principio de la carrera política, cuando empezó las internas en el ministerio Publico, luego se interpuso otra en las generales por el traslado de domicilios que la ley no permite, pero si nos permite hacer la denuncia al ministerio público en Gracias Lempira, que lamentablemente en este tiempo no nos escucharon tuvimos que ir a Tegucigalpa por lo menos, estos es para un precedente que en nuestro pueblo dejen elegir a las personas de nuestro municipio, en este caso se hicieron traslados no adecuados personas de otros municipios vinieron a votar a nuestro municipio para elegir a un alcalde, esa fue la denuncia que pusimos ante el Ministerio Público para que se proceda con las personas involucradas es este caso en el Registro y a las personas que vinieron a ejercer el sufragio a nuestro público”. Posteriormente el Ministerio Público en el interrogatorio formulado al testigo se le pregunto que en la denuncia cual era el hecho denunciado, el cual el testigo respondió que en el Registro le dieron un listado de personas y que allí había personas que no eran de su municipio y que les afectaba. a ellos como pueblo; Luego se le pregunto es el nombre de esas personas que habían en ese listado, el testigo respondió, me acuerdo de Macario Vásquez, José Arnulfo Mateo y Gabino Pérez; Se le pregunto; Estas personas en donde viven, el testigo responde en las colonias de posa verde y en Otolaca y que pertenecen al Municipio de San Manuel Lempira; así también continuo manifestando el testigo que estas personas Macario Vásquez, José Arnulfo Mateo y Gabino Pérez vinieron al municipio hacer su traslado a la Campa para poder elegir en La Campa. Lo anterior obra en el Acta de Debate del presente proceso, y por lo anteriormente mencionado consideramos que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio de excluir en la presente sentencia esta prueba testifical de valor decisivo en el presente proceso.” De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: • Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; • Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; • Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. La recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. El Ministerio Público, aun y cuando anuncia en su recurso que el Juzgador ha quebrantado las Reglas de la Sana Critica, en su principio de derivación; sin embargo a la lectura de sus alegatos se aleja de lo anterior al exponer argumentos muy confusos, que imposibilita saber cuál exactamente es su verdadera protesta; inicialmente hace una transcripción de algunos medios de prueba evacuados durante el debate; para luego hacer alegatos de instancia, muestra disconformidad con el fallo absolutorio dictado por el Juzgador, protestando y, haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta; alega falta de valoración de los testigos, aspectos que son alegatos propios de otro Motivo de casación, que debió ser planteado por separado en otro apartado diferente. Así en el libelo, la recurrente señala extensivos argumentos sobre la prueba, aseverando que la prueba de cargo, como ser los formatos de traslados domiciliarios de los ciudadanos más el resto de la prueba de cargo extendida por el Tribunal Supremo Electoral, demostró que efectivamente la señora Gina María Méndez Sánchez, violento lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral, puesto que tenía conocimientos que estos ciudadanos no cumplían con los requisitos que establece tal articulo; realizando su propia valoración de toda la prueba testifical y documental allegada a juicio; Además expresa su sentir diciendo que el Ministerio Público, pudo haber demostrado la culpabilidad de sus representados mediante otros medios de prueba distintos a los evacuados en juicio. Resulta evidente, que el recurso del Ministerio Publico, contiene primero alegatos propios de otros recursos y no de quebrantamiento de forma; También realiza análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal, tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el Ministerio Público, acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. El Ministerio Público, además aqueja que, que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio de excluir prueba de valor decisivo en la sentencia hoy recurrida, como ser la declaración de del Testigos Roberto de Jesús Santos, ya que su declaración fue clara, útil y pertinente en el presente proceso, luego transcribe literalmente lo declarado por dicho testigo, alegato propio de otro motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma; Así mismo alego que el Tribunal de Sentencia, tampoco valoro el medio de prueba documental, consistente en un informe de investigación elaborado por los agentes Horlin Cruz y Héctor Gonzales, y que en dicho informe los investigadores, si mencionaron las diligencias que realizaron; aspectos que también debió ser alegado por el recurrente en otro motivo de casación; dejando ver que no es la construcción de la valoración intelectiva, el motivo de la protesta sino la capacidad de la prueba de cargo evacuada de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, a pesar que hace mención de la regla de la sana critica que se considera infringida, ( principio de derivación ) no ha identificado del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porque dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptado por el tribunal. Decisión Se declara No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción Ley en su Único motivo; Se declara No Ha Lugar, el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único motivo; interpuestos por la Abogada Kenddy Mejia Oseguera, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 15 y 116 del Código Penal decreto 144-83; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217. Falla: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo; no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuestos por la Abogada Kenddy Mejia Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. firma y sello Lety Emelda Posadas – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cinco días de noviembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintidós de agosto de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-628-2019.

Rina Koritza Sandoval Navas

Secretaria de la Sala de lo Penal”