Sentencia CP-616-21 — Registro 20214
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de Femicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal, por no representar beneficio para el imputado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son:1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente;2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130 -2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa de Olman Magdiel Martínez Bardales, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Olman Magdiel Martínez Bardales, la pena principal de veinticinco (25) años de reclusión, por ser autor responsable penalmente de un delito de Femicidio en perjuicio de Noelia Karina Diaz Perez; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Se declaró la responsabilidad civil y que se mantengan las medidas cautelares al señor Olman Magdiel Martinez Bardales. La conducta reprochada al acusado Olman Magdiel Martinez Bardales, está tipificado en el Código Penal 130-2017, como delito de Femicidio (artículo 208), con una tipología básica y agravada, previéndose dos penas principales, más penas accesorias, a saber: a. Tipo Penal básico con dos penas principales: i.- Prisión de 20 a 25 años; y ii.- Reglas de conducta previstas en el Art. 210 último párrafo en relación con el artículo 51 CP, de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión.- Pena que debe de rebajarse 1/3 cuando se trate de delitos en tentativa inacabada (Art. 62 NCP), siendo las nueva pena abstracta: i.- Prisión de 13 años con 04 meses a 20 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión; o b. Tipo Penal agravado cuando, entre otros, concurra alevosía o cuando entre el sujeto activo y pasivo haya existido cohabitación; con dos penas principales: i.- Prisión de 25 a 30 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión.- Pena que debe de rebajarse 1/3 cuando se trate de delitos en tentativa inacabada, siendo las nueva pena abstracta: i.- Prisión de 20 a 25 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. En el caso del Señor Olman Magdiel Martínez Bardales, conforme los hechos probados, realizó la conducta en perjuicio de la persona que fue su compañera de hogar (femicidio agravado); lo que nos da un margen abstracto de veinticinco (25) a treinta (30) años de prisión, margen abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de la libertad impuesta al acusado (25 años). Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615, 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."el motivo no es de recibo. Cuando de vulneración al estado de inocencia se trata, la función de esta Sala de lo Penal consiste en revisar la adecuada formación de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, sus aspectos intrínsecos como ser la licitud de la obtención de la prueba, el debido proceso probatorio, la debida motivación, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria de signo acusatorio. La función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa. El objeto de la impugnación, consiste en reprochar la insuficiencia probatoria de signo acusatorio, pues considera el censor que; El Juzgador no tuvo a su alcance suficiente prueba de signo acusatorio, para acreditar el delito de Femicidio en contra de su representado. En la audiencia de juicio oral y público, se evacuaron como medios de prueba, las declaraciones testificales de: 1- Magdo Bardales Martines, quien en su deposición señaló: “el día 24 de junio recibí una llamada de teléfono de Misael Ramos que decían que Noelia Karina había sido degollada, fui donde mi hermano, miramos a Olman Magdiel en una moto, paso como a las tres de la mañana, lo seguimos hasta la casa y después fuimos a la posta de la Paz en Tutule, no habían policías, llamamos al 911 llegaron los policías y después fueron a darle captura a Olman Magdiel, de la fecha que dicen que él fue, ella me dijo que era amenazada por Olman Magdiel, ella me dijo que le había dicho a Olman Magdiel, que si le volvía a pegar lo iba a denunciar, que Olman le había pedido prueba y ella le enseño unas fotos en eso él la trinco y le dijo que borrara las fotos, Olman era celoso no dejaba salir a Noelia. Pensamos que era Olman por las amenazas, ella me dijo que él le pegaba y que la agarraba a la fuerza para tener relaciones, ella se cansó de estarlo aguantando los malos tratos, le encontraron un cuchillo envainado. 2- Testigo Eleodora Pérez Gómez, relató en su declaración que, mi hija perdió la vida en manos de su compañero de hogar…mi hija llegó el día de la madre a visitarme, me mando al niño para que estuviera en el kínder, porque donde vivía era difícil, ella llego al kínder para ver la celebración, ella se quedó por su niño, a los 6 días llego Olman a la casa, en una moto enojado, preguntando porque no regresaba, ella le dijo que no se iba, tipo dos de la mañana salió de la casa, a los diez días regreso a la casa, me pidió permiso para ver a la niña, luego él se fue, regresó en otro tanto el lunes 24 del 2019, en la madrugada en eso escuche llorar a la niña, luego la niña no siguió llorando, en rato empieza a llorar de nuevo la niña, mi esposo creí a que andaba un tacuazín, al llegar a la casa la encontré en la cama estaba muerta, parecía que abusaron de ella, estaba degollada, la niña estaba bañada en sangre. En fecha 24 de junio del 19, ella tenía 40 días de estar conmigo. tenía demanda de violencia doméstica, tenían 3 años de vivir juntos, él la tenía sentenciada de que si o le daba un varón la iba matar, él solo llegaba en la noche, llegaba en una moto, la segunda vez que llego andaba un machete envainado, con Noelia estaban dos hermanas menores y el niño, a las 11.30 pm fue que fui a la casa para ver a mi hija, a la niña la encontré en la misma casa, yo le avise a mi hijo que vive en otra casa, a las hermanas las desperté, la hermana menor dice que sintió que él llego y toco la puerta y entro Olman, mi hija entro en confianza porque era su cuñado, llegó caminando. Yo no vi quien le quito la vida a mi hija. 3- La Testigo Keidi Cristina Diaz Pérez, expuso en su declaración: …Olman era el compañero de Noelia Karina, …yo le abrí la puerta, …él le preguntaba por la niña, …yo no lo vi, pero le conozco la voz, llego con el machete envainado, la segunda vez que llegó la amenazo, ella dijo que no le daba nada para comer y le sacaba fiado a la mama de él, por eso se fue a la casa. Prueba documental: 1. Constancia del Juzgado de Paz, municipio de Tutule, departamento de La Paz, denuncia por violencia doméstica folio 103, 2. Constancia del Juzgado de Paz, municipio de Tutule, departamento de La Paz, de la remisión del expediente de la denuncia domestica con número 10-2029 folio 119, 3. Copia certificada de la convalidación del allanamiento número 56-2-2019. 4. Acta de nacimiento de la menor, 5. Certificación del acta de defunción de Noelia Karina Diaz Pérez, 6. Acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios junto con el álbum fotográfico, 7. Acta de Inspección Ocular número 030-2019. Acta de allanamiento agregada a folio 97; Prueba Pericial: i. Dictamen del Laboratorio de Serología genética número 633, ii. Dictamen del Laboratorio de Serología genética número 05158, iii. Dictamen de Patología Forense, número 1137. La Sala considera, que durante el desarrollo de Debate Oral y Público se reprodujeron suficientes medios de prueba, que abarcan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Femicidio, así como la participación del acusado Olman Magdiel Martínez Bardales y su grado de culpabilidad. No se verifica que el Tribunal de Sentencia, haya falseado el contenido de las declaraciones para derivar tales conclusiones, al mismo tiempo, la valoración probatoria en mención, tiene coherencia interna para sostener el reproche de culpabilidad, no se contradice entre sus argumentos y mantiene la identidad unitaria de los mismos. Se concluye, en definitiva, que no existe tal infracción al Estado Material de Inocencia o al Debido Proceso pues la sentencia se ha basado en prueba válida y suficiente para acreditar el juicio de culpabilidad del acusado en el delito de Femicidio por el cual fue condenado. El testimonio de Keidy Cristina Diaz Pérez, Eleodora Pérez Gomez y Magdo Bardales Martinez, han resultado creíbles y suficientes para el Tribunal de Sentencia después de haberlo valorado en conjunto con todo el andamiaje probatorio y de conformidad a la lógica y la experiencia. Resultó consistente, verosímil y corroborado. Por lo anterior se desestima el motivo invocado.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."el motivo no es de recibo. Cuando de vulneración al estado de inocencia se trata, la función de esta Sala de lo Penal consiste en revisar la adecuada formación de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, sus aspectos intrínsecos como ser la licitud de la obtención de la prueba, el debido proceso probatorio, la debida motivación, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria de signo acusatorio. La función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa. El objeto de la impugnación, consiste en reprochar la insuficiencia probatoria de signo acusatorio, pues considera el censor que; El Juzgador no tuvo a su alcance suficiente prueba de signo acusatorio, para acreditar el delito de Femicidio en contra de su representado. En la audiencia de juicio oral y público, se evacuaron como medios de prueba, las declaraciones testificales de: 1- Magdo Bardales Martines, quien en su deposición señaló: “el día 24 de junio recibí una llamada de teléfono de Misael Ramos que decían que Noelia Karina había sido degollada, fui donde mi hermano, miramos a Olman Magdiel en una moto, paso como a las tres de la mañana, lo seguimos hasta la casa y después fuimos a la posta de la Paz en Tutule, no habían policías, llamamos al 911 llegaron los policías y después fueron a darle captura a Olman Magdiel, de la fecha que dicen que él fue, ella me dijo que era amenazada por Olman Magdiel, ella me dijo que le había dicho a Olman Magdiel, que si le volvía a pegar lo iba a denunciar, que Olman le había pedido prueba y ella le enseño unas fotos en eso él la trinco y le dijo que borrara las fotos, Olman era celoso no dejaba salir a Noelia. Pensamos que era Olman por las amenazas, ella me dijo que él le pegaba y que la agarraba a la fuerza para tener relaciones, ella se cansó de estarlo aguantando los malos tratos, le encontraron un cuchillo envainado. 2- Testigo Eleodora Pérez Gómez, relató en su declaración que, mi hija perdió la vida en manos de su compañero de hogar…mi hija llegó el día de la madre a visitarme, me mando al niño para que estuviera en el kínder, porque donde vivía era difícil, ella llego al kínder para ver la celebración, ella se quedó por su niño, a los 6 días llego Olman a la casa, en una moto enojado, preguntando porque no regresaba, ella le dijo que no se iba, tipo dos de la mañana salió de la casa, a los diez días regreso a la casa, me pidió permiso para ver a la niña, luego él se fue, regresó en otro tanto el lunes 24 del 2019, en la madrugada en eso escuche llorar a la niña, luego la niña no siguió llorando, en rato empieza a llorar de nuevo la niña, mi esposo creí a que andaba un tacuazín, al llegar a la casa la encontré en la cama estaba muerta, parecía que abusaron de ella, estaba degollada, la niña estaba bañada en sangre. En fecha 24 de junio del 19, ella tenía 40 días de estar conmigo. tenía demanda de violencia doméstica, tenían 3 años de vivir juntos, él la tenía sentenciada de que si o le daba un varón la iba matar, él solo llegaba en la noche, llegaba en una moto, la segunda vez que llego andaba un machete envainado, con Noelia estaban dos hermanas menores y el niño, a las 11.30 pm fue que fui a la casa para ver a mi hija, a la niña la encontré en la misma casa, yo le avise a mi hijo que vive en otra casa, a las hermanas las desperté, la hermana menor dice que sintió que él llego y toco la puerta y entro Olman, mi hija entro en confianza porque era su cuñado, llegó caminando. Yo no vi quien le quito la vida a mi hija. 3- La Testigo Keidi Cristina Diaz Pérez, expuso en su declaración: …Olman era el compañero de Noelia Karina, …yo le abrí la puerta, …él le preguntaba por la niña, …yo no lo vi, pero le conozco la voz, llego con el machete envainado, la segunda vez que llegó la amenazo, ella dijo que no le daba nada para comer y le sacaba fiado a la mama de él, por eso se fue a la casa. Prueba documental: 1. Constancia del Juzgado de Paz, municipio de Tutule, departamento de La Paz, denuncia por violencia doméstica folio 103, 2. Constancia del Juzgado de Paz, municipio de Tutule, departamento de La Paz, de la remisión del expediente de la denuncia domestica con número 10-2029 folio 119, 3. Copia certificada de la convalidación del allanamiento número 56-2-2019. 4. Acta de nacimiento de la menor, 5. Certificación del acta de defunción de Noelia Karina Diaz Pérez, 6. Acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios junto con el álbum fotográfico, 7. Acta de Inspección Ocular número 030-2019. Acta de allanamiento agregada a folio 97; Prueba Pericial: i. Dictamen del Laboratorio de Serología genética número 633, ii. Dictamen del Laboratorio de Serología genética número 05158, iii. Dictamen de Patología Forense, número 1137. La Sala considera, que durante el desarrollo de Debate Oral y Público se reprodujeron suficientes medios de prueba, que abarcan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Femicidio, así como la participación del acusado Olman Magdiel Martínez Bardales y su grado de culpabilidad. No se verifica que el Tribunal de Sentencia, haya falseado el contenido de las declaraciones para derivar tales conclusiones, al mismo tiempo, la valoración probatoria en mención, tiene coherencia interna para sostener el reproche de culpabilidad, no se contradice entre sus argumentos y mantiene la identidad unitaria de los mismos. Se concluye, en definitiva, que no existe tal infracción al Estado Material de Inocencia o al Debido Proceso pues la sentencia se ha basado en prueba válida y suficiente para acreditar el juicio de culpabilidad del acusado en el delito de Femicidio por el cual fue condenado. El testimonio de Keidy Cristina Diaz Pérez, Eleodora Pérez Gomez y Magdo Bardales Martinez, han resultado creíbles y suficientes para el Tribunal de Sentencia después de haberlo valorado en conjunto con todo el andamiaje probatorio y de conformidad a la lógica y la experiencia. Resultó consistente, verosímil y corroborado. Por lo anterior se desestima el motivo invocado.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-616-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP-616-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Declaró a Olman Magdiel Martínez Bardales, responsable como autor del delito de Femicidio, en perjuicio de Noelia Karina Diaz Pérez, a la pena de veinticinco años de prisión, además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, así como a trabajos en obras públicas o en labores dentro del centro penal durante el tiempo que duren las penas principales. SEGUNDO: Se declaró a Olman Magdiel Martínez Bardales, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido. TERCERO: Ordenó se mantuviera la medida cautelar impuesta a Olman Magdiel Martínez Bardales. CUARTO: No procede la condena en costas a Olman Magdiel Martínez Bardales. Son partes en única instancia: La Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensora pública, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: Que a eso de las once con treinta minutos de la noche (11:30 PM) del día lunes veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), la señora Eleodora Gómez Pérez, se encontraba descansando en su casa de habitación ubicada en la Aldea de Lajas, jurisdicción del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, quien al escuchar el llanto de una menor de ocho meses de edad de nombre MENOR, se levantó y se dirigió a la casa cercana que habitaban sus hijas Elda Yamileth Diaz Pérez, Keydi Cristina Diaz Pérez y Noelia Karina Diaz Pérez; hallando la puerta principal abierta, por lo que entro a dicha vivienda encontrando en la sala a su nieta llorando, se dirige a buscar a su hija Noelia Karina Diaz Pérez, quien dormía en unos de los cuartos, observándole una herida en la región del cuello, misma que sin motivo probado alguno momentos antes la asesto su excompañero de hogar Olman Magdiel Martínez Bardales, quien fue identificado plenamente por su voz por Elda Yamileth Diaz Pérez (hermana de Noelia Karina). Segundo: Que el mencionado Olman Magdiel Martínez Bardales, luego de retirarse de la casa en la que pernoctaba su excompañera de hogar Noelia Karina Diaz Pérez, horas después fue detenido en su casa que tiene en el Departamento de La Paz, encontrándole ropa de vestir que presentó manchas de sangre humana.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Julio Cesar Mendoza Orellana, en su condición de Defensor Público de Olman Magdiel Martinez Bardales, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “MOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura al condenar el Tribunal de Sentencia al imputado por el delito de Femicidio quebrantando el estado de inocencia, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la participación del señor OLMAN MAGDIEL MARTINEZ BARDALES, en los hechos. Explicamos el vicio de la siguiente forma: Primero: En el párrafo de la valoración de la prueba numeral primero párrafo último de la sentencia recurrida, el sentenciador establece: "Para estos jueces lo dicho por los testigos es cierto, si bien debemos mencionar que ninguno observa o presencia el momento en que es agredida Noelia Karina, no es menos cierto que aportan indicios que concatenados producen la certeza de sus dichos, lo referido por Magdo Bardales en el sentido de haber llamado a la policía y llega a la casa de Olman Magdiel fue congruente con lo dicho por la testigo de descargo María Elubinai es decir que si vio pasar a Olman en una moto, y que estos dichos son coherentes de ahí y como decimos producen certeza en los mismos." Segundo: De este modo se otorga certeza por parte de la mayoría de los juzgadores de que el señor OLMAN MAGDIEL MARTINEZ BARDALES, es la personas que realizo la acción del tipo penal de Femicidio, sin embargo dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, el cual como defensa no compartimos, y la opinión certera del voto disidente por el Juez NERY FELIPE GUEVARA, el cual avalamos y que manifiesta lo siguiente :" No estando de acuerdo con la mayoría de los jueces en el presente caso, porque en primer lugar el análisis médico forense donde se establece que el tipo de muerte es homicida causada por arma blanca, por lo que sin lugar a dudas estamos ante un delito contra la vida. En segundo lugar analizaremos la imputación objetiva es así que con las declaraciones rendidas, no existen ningún testigo directo que establezca como sucedieron los hechos de igual forma al señor MAGDIEL se le decomiso un arma blanca tipo machete, asimismo su ropa presentaba manchas de sangre que según los dictámenes son humanas, pero que al analizar el ADN, no se pudo concluir a quien pertenecía , al inferir esta situación y no contar con prueba directa o indiciaria que indique que el señor Olman Magdiel Martínez Bardales es el que cometió dicho hecho, es procedente dictar la resolución que en derecho corresponda. Por lo que no se ha probado para este juzgador solo la muerte real de la señora NOHELIA KARINA DIAZ PEREZ, no ha así la personas o personas que le pudieron haber quitado la vida, por insuficiencia de prueba directa y científica. Que el artículo 339 del Código Procesal Penal, que en lo puntual dice: "Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, así mismo si no existe duda razonable, en el presente caso existe prueba insuficiente.” Tercero: Con la sola declaración del testigo, resulta imposible quebrantar la presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violento en la sentencia recurrida dicho principio constitucional, así como el debido proceso, por no seguir el juicio de nuestro representado conforme a las reglas y procesos que le ley establece para formar la plena convicción, más allá de toda duda razonable. En consecuencia, no existe ninguna otra prueba que lo ligue con el delito que se le acusa. Cuarto: En tal sentido, la reconocida jurista española María Félix Tena Aragón en su obra manual de derechos constitucional, pagina 34, inciso 7 establece: "Este derecho en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas". Tal como ocurre en el presente caso, que no existen pruebas directa o indirectas que acrediten de manera certera la culpabilidad en el delito condenado. En el caso subjudice el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se condene a mi representado en una clara violación a la Presunción de Inocencia y al debido proceso por una insuficiente actividad probatoria. Quinto: Sigue diciéndonos la Jurista Tena Aragón: "a falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los requisitos siguientes: que permitan distinguirla de las simples sospechas parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano explicitado en la sentencia condenatoria". por lo que se puede concluir que lo indicios resultaron débiles en sí mismos, siendo insuficientes para determinar que el encartado fuera culpable del delito que se le imputa, por lo tanto, el Tribunal debió dictar sentencia absolutoria. En consecuencia la declaración del testigo por parte del Ministerio Público no es corroborada por otras pruebas, por lo tanto el sentenciador dicho razonamiento lo hace en una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano, por lo que se llega a la conclusión que a mi representado se le violento su derecho constitucional de presunción de inocencia y por ende del debido proceso, al condenársele con una escaza actividad probatoria, por lo anterior resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo absolviendo de toda responsabilidad al señor OLMAN MAGDIEL MARTINEZ BARDALES.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Interpuesto por la Defensa Pública. Único motivo. • Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; • Normas constitucionales que se denuncian infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la Republica con relación a los artículos 1, 2 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: Violación al Estado de Inocencia y al Debido Proceso; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se dicte sentencia absolutoria. Establece el recurrente que, el juzgador ha violentado el derecho constitucional de presunción de inocencia y por ende del debido proceso, al condenársele a su representado con una escaza actividad probatoria. Del Estado de Inocencia El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). Del Debido Proceso Lega La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”.El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. A una justicia gratuita; ii. Respeto al principio de presunción de inocencia; iii. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi. A la imparcialidad del juez; vii. A la independencia del juez; viii. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix. A la igualdad de armas procesales; x. A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Delito de Femicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art. 3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio dolo y culposo, homicidio cualificado, asesinato, parricidio y femicidio. El delito de femicidio, protege la vida independiente de la mujer, sancionando al hombre que realice la conducta; el legislador, con la creación de un tipo penal con sujeto activo y pasivo cualificado, hace un reconocimiento de que la vida de la mujer requiere especial protección y un reproche bastante profundo, cuando sea objeto de agresión por parte de un hombre.- El delito de femicidio estaba tipificado en el otrora vigente Código Penal 144-83 en el artículo 118-A el que indicaba: “Incurre en el delito de Femicidio, el o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer y se castigará con una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes: 1) Cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido con la victima una relación de pareja, ya sea matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra relación afín en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental; 2) Cuando el delito esté precedido de actos de violencia doméstica intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia; 3) Cuando el delito este precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza; y, 4) Cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido lesionados infamante, degradante o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida.”. La construcción típica permite identificar como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto Activo cualificado: El responsable del delito debe de ser una o varias personas del género masculino; b. Sujeto Pasivo cualificado: debe de ser una mujer, diferente a: i.- Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii.-Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y iii.- Diferente a la Presidenta de un Poder del Estado de Honduras o un jefa de Estado o Jefa de Gobierno de un Estado Extranjero, porque daría paso al delito de Magnicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la mujer como bien jurídico protegido, por cuanto debe de ser una persona ya nacida y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre viva al momento de sufrir el delito; d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida. La conducta criminosa debe de preceder de circunstancias específicas, entre ellas que entre el sujeto activo (hombre) y el sujeto pasivo (mujer), exista o haya existido una relación sentimental de pareja, reconocida por la ley (matrimonio, unión de hecho) o no reconocida (relación de hecho, noviazgo o relación sentimental clandestina). e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, incluyendo mediante alevosía, premeditación, grandes estragos, ensañamiento o mediante riña tumultuaria, pues aun cuando tales modalidades pertenezcan a otras figuras delictivas, la especialidad que determina los sujetos activos, pasivos y el elemento subjetivo hace que el femicidio sea preferente; f. Punibilidad: está fijada por el legislador con una sanción de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. Cuando la conducta sea la proposición o la conspiración para dar muerte a alguna de las personas mencionadas, el aumento de la pena del delito de homicidio simple será de un tercio (1/3). Como elemento subjetivo el tipo penal de femicidio requiere el dolo específico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Además, también como elemento subjetivo, se requiere que el sujeto activo actúe por “razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer”; que implica que el sujeto activo busque comprometer o limitar el libre desenvolvimiento de la personalidad de la mujer desde una posición de género: i.- queriendo valerse de una ventaja física que la biología masculina le proporciona; y/o ii.- queriendo valerse de la posición social que desarrolla una dinámica errónea de que tiene el derecho de dirigir, mandar y disponer sobre aspectos de la vida de la mujer por encima de sus propios deseos; situaciones que implican desprecio a la dignidad de la persona a razón del género de la víctima. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Homicidio, las siguientes: a. Según Su Estructura: i.- Tipo Penal especial: por describir un modelo de comportamiento humano a partir de un delito básico (homicidio); ii.- Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; b. Según su Contenido: i.- Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii.- Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo Penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; c. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal cualificado, al exigir que el responsable deba de ser necesariamente una persona del género masculino; d. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal pluri-ofensivo, al proteger no solo la vida independiente, sino que además la dignidad de la mujer; ii.- Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. El delito de femicidio es el tipo penal evolucionado del de homicidio.- Los tipos penales referidos tienen como puntos equidistantes: objeto del delito y conducta criminosa, siendo sus puntos desiguales, la cualificación de los sujetos activos y pasivos y el elemento subjetivo por un dolo reforzado, lo que marca una conducta aún más reprochable, justificándose una punibilidad también es distinta: una pena de reclusión de veinte (20) a treinta (30) años (penal igual que para el delito de asesinato). De la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Cuando de vulneración al estado de inocencia se trata, la función de esta Sala de lo Penal consiste en revisar la adecuada formación de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, sus aspectos intrínsecos como ser la licitud de la obtención de la prueba, el debido proceso probatorio, la debida motivación, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria de signo acusatorio. La función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa. El objeto de la impugnación, consiste en reprochar la insuficiencia probatoria de signo acusatorio, pues considera el censor que; El Juzgador no tuvo a su alcance suficiente prueba de signo acusatorio, para acreditar el delito de Femicidio en contra de su representado. En la audiencia de juicio oral y público, se evacuaron como medios de prueba, las declaraciones testificales de: 1- Magdo Bardales Martines, quien en su deposición señaló: “el día 24 de junio recibí una llamada de teléfono de Misael Ramos que decían que Noelia Karina había sido degollada, fui donde mi hermano, miramos a Olman Magdiel en una moto, paso como a las tres de la mañana, lo seguimos hasta la casa y después fuimos a la posta de la Paz en Tutule, no habían policías, llamamos al 911 llegaron los policías y después fueron a darle captura a Olman Magdiel, de la fecha que dicen que él fue, ella me dijo que era amenazada por Olman Magdiel, ella me dijo que le había dicho a Olman Magdiel, que si le volvía a pegar lo iba a denunciar, que Olman le había pedido prueba y ella le enseño unas fotos en eso él la trinco y le dijo que borrara las fotos, Olman era celoso no dejaba salir a Noelia. Pensamos que era Olman por las amenazas, ella me dijo que él le pegaba y que la agarraba a la fuerza para tener relaciones, ella se cansó de estarlo aguantando los malos tratos, le encontraron un cuchillo envainado. 2- Testigo Eleodora Pérez Gómez, relató en su declaración que, mi hija perdió la vida en manos de su compañero de hogar…mi hija llegó el día de la madre a visitarme, me mando al niño para que estuviera en el kínder, porque donde vivía era difícil, ella llego al kínder para ver la celebración, ella se quedó por su niño, a los 6 días llego Olman a la casa, en una moto enojado, preguntando porque no regresaba, ella le dijo que no se iba, tipo dos de la mañana salió de la casa, a los diez días regreso a la casa, me pidió permiso para ver a la niña, luego él se fue, regresó en otro tanto el lunes 24 del 2019, en la madrugada en eso escuche llorar a la niña, luego la niña no siguió llorando, en rato empieza a llorar de nuevo la niña, mi esposo creí a que andaba un tacuazín, al llegar a la casa la encontré en la cama estaba muerta, parecía que abusaron de ella, estaba degollada, la niña estaba bañada en sangre. En fecha 24 de junio del 19, ella tenía 40 días de estar conmigo. tenía demanda de violencia doméstica, tenían 3 años de vivir juntos, él la tenía sentenciada de que si o le daba un varón la iba matar, él solo llegaba en la noche, llegaba en una moto, la segunda vez que llego andaba un machete envainado, con Noelia estaban dos hermanas menores y el niño, a las 11.30 pm fue que fui a la casa para ver a mi hija, a la niña la encontré en la misma casa, yo le avise a mi hijo que vive en otra casa, a las hermanas las desperté, la hermana menor dice que sintió que él llego y toco la puerta y entro Olman, mi hija entro en confianza porque era su cuñado, llegó caminando. Yo no vi quien le quito la vida a mi hija. 3- La Testigo Keidi Cristina Diaz Pérez, expuso en su declaración: …Olman era el compañero de Noelia Karina, …yo le abrí la puerta, …él le preguntaba por la niña, …yo no lo vi, pero le conozco la voz, llego con el machete envainado, la segunda vez que llegó la amenazo, ella dijo que no le daba nada para comer y le sacaba fiado a la mama de él, por eso se fue a la casa. Prueba documental: 1. Constancia del Juzgado de Paz, municipio de Tutule, departamento de La Paz, denuncia por violencia doméstica folio 103, 2. Constancia del Juzgado de Paz, municipio de Tutule, departamento de La Paz, de la remisión del expediente de la denuncia domestica con número 10-2029 folio 119, 3. Copia certificada de la convalidación del allanamiento número 56-2-2019. 4. Acta de nacimiento de la menor, 5. Certificación del acta de defunción de Noelia Karina Diaz Pérez, 6. Acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios junto con el álbum fotográfico, 7. Acta de Inspección Ocular número 030-2019. Acta de allanamiento agregada a folio 97; Prueba Pericial: i. Dictamen del Laboratorio de Serología genética número 633, ii. Dictamen del Laboratorio de Serología genética número 05158, iii. Dictamen de Patología Forense, número 1137. La Sala considera, que durante el desarrollo de Debate Oral y Público se reprodujeron suficientes medios de prueba, que abarcan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Femicidio, así como la participación del acusado Olman Magdiel Martínez Bardales y su grado de culpabilidad. No se verifica que el Tribunal de Sentencia, haya falseado el contenido de las declaraciones para derivar tales conclusiones, al mismo tiempo, la valoración probatoria en mención, tiene coherencia interna para sostener el reproche de culpabilidad, no se contradice entre sus argumentos y mantiene la identidad unitaria de los mismos. Se concluye, en definitiva, que no existe tal infracción al Estado Material de Inocencia o al Debido Proceso pues la sentencia se ha basado en prueba válida y suficiente para acreditar el juicio de culpabilidad del acusado en el delito de Femicidio por el cual fue condenado. El testimonio de Keidy Cristina Diaz Pérez, Eleodora Pérez Gomez y Magdo Bardales Martinez, han resultado creíbles y suficientes para el Tribunal de Sentencia después de haberlo valorado en conjunto con todo el andamiaje probatorio y de conformidad a la lógica y la experiencia. Resultó consistente, verosímil y corroborado. Por lo anterior se desestima el motivo invocado. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son:1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente;2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130 -2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa de Olman Magdiel Martínez Bardales, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Olman Magdiel Martínez Bardales, la pena principal de veinticinco (25) años de reclusión, por ser autor responsable penalmente de un delito de Femicidio en perjuicio de Noelia Karina Diaz Perez; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Se declaró la responsabilidad civil y que se mantengan las medidas cautelares al señor Olman Magdiel Martinez Bardales. La conducta reprochada al acusado Olman Magdiel Martinez Bardales, está tipificado en el Código Penal 130-2017, como delito de Femicidio (artículo 208), con una tipología básica y agravada, previéndose dos penas principales, más penas accesorias, a saber: a. Tipo Penal básico con dos penas principales: i.- Prisión de 20 a 25 años; y ii.- Reglas de conducta previstas en el Art. 210 último párrafo en relación con el artículo 51 CP, de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión.- Pena que debe de rebajarse 1/3 cuando se trate de delitos en tentativa inacabada (Art. 62 NCP), siendo las nueva pena abstracta: i.- Prisión de 13 años con 04 meses a 20 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión; o b. Tipo Penal agravado cuando, entre otros, concurra alevosía o cuando entre el sujeto activo y pasivo haya existido cohabitación; con dos penas principales: i.- Prisión de 25 a 30 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión.- Pena que debe de rebajarse 1/3 cuando se trate de delitos en tentativa inacabada, siendo las nueva pena abstracta: i.- Prisión de 20 a 25 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. En el caso del Señor Olman Magdiel Martínez Bardales, conforme los hechos probados, realizó la conducta en perjuicio de la persona que fue su compañera de hogar (femicidio agravado); lo que nos da un margen abstracto de veinticinco (25) a treinta (30) años de prisión, margen abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de la libertad impuesta al acusado (25 años). Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Julio Cesar Mendoza Orellana, en su condición de defensor Público, en la causa instruida contra el señor Olman Magdiel Martínez Bardales, a quien se le condenó por el delito de Femicidio, en perjuicio de Noelia Karina Diaz Perez; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a las conductas reprochadas al ahora condenado Olman Magdiel Martínez Bardales; Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno (f. 253), dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. - Notifíquese. NOTIFÍQUESE.” Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Lety Emelda Posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-616-2021.
PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL