Sentencia CP-611-21 — Registro 19982
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de homicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Único Motivo No Es De Recibo. Los recurrentes en la exposición de su motivo hacen uso de la mala técnica recursiva, pues desconocen la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta los recurrentes este motivo de casación penal en la inobservancia de la Sana Critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, no las desarrolla, estableciendo alegatos de instancia y mencionado otros motivos ajenos a este Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Los recurrentes no realizan un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la Sana Critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de los recurrentes, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por los recurrentes, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 3, 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-611-2021, que literalmente dice:” Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-611-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Nacaome, Departamento de Valle, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenò al señor Christian Antonio Reyes, por el delito de Homicidio en perjuicio de Oscar Armando Montoya Reyes, a la pena de quince años de reclusiòn y a las penas accesorias de Inhabilitaciòn Absoluta, por el tiempo que dure la pena principal. SEGUNDO: Declarò al condenado, civilmente responsable de la compensaciòn e indemnizaciòn de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado. TERCERO: No procediò la condena en costas procesales ni personales al condenado. CUARTO: No procediò ordenar el comiso por no haberse puesto a disposiciòn prueba de convicciòn o ejecuciòn alguna. Son partes en única instancia: Los Abogados José Tomas Zambrano Carrasco e Irma Guadalupe Silva Ramos, en su condición de defensores privados del señor Christian Antonio Reyes, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de fiscal del Ministerio Pùblico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “UNICO: El día Lunes once de Enero del año 2016, a eso de las tres a tres y media de la tarde, el señor CHRISTIAN ANTONIO REYES, llego a la casa de habitación, del señor OSCAR ARMANDO MONTOYA REYES, ubicada en la colonia Fraternidad de San Lorenzo Valle, quienes se encontraban comiendo pescado frito y consumiendo bebidas alcohólicas, en compañía de los señores Samuel Chico y Raúl. ocurriendo que como a eso de las siete de la noche se retiró el señor Samuel lbram Montoya quedando Christian Antonio Reyes, un amigo de este quienes continuaron ingiriendo bebidas alcohólicas, pero a eso de las once cuarenta de la noche salió Christian Antonio Reyes caminando apresuradamente de la casa del ahora occiso portando en su mano derecha un cuchillo ensangrentado y detrás de el iba OSCAR ARMANDO MONTOYA REYES, como siguiéndolo manifestándole a su hermano José Inés Montoya que CRISTIAN ANTONIO REYES lo había herido, cayendo inmediatamente al suelo, trasladándole de inmediato al Hospital muriendo posteriormente a causa de las heridas provocadas.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS Los recurrentes Abogados José Tomas Zambrano Carrasco e Irma Guadalupe Silva Ramos, en su condición de Defensores Privados del señor Christian Antonio Reyes, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “ÚNICO MOTIVO: “no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El sistema de valoración de la prueba en el proceso penal hondureño, permite al juzgador una cierta autonomía en la estimación de las pruebas que se ofrecen, para alcanzar determinado convencimiento; en virtud de lo cual está obligado a aplicar las reglas de la lógica, la psicología y el sentido común, asegurando el más acertado a su juicio. De esta forma al analizar los razonamientos que el Tribunal plasmo en el fallo, podemos observar que los medios probatorios no se valoraron de manera eficaz, dado que con estos mismos no se logró la valoración de forma íntegra y conjunta, en desapego al principio básico de razón suficiente, componente de la regla de la lógica, lo que lo llevo a concluir erróneamente, que existe medios suficientes para condenar al señor CHRISTIAN ANTONIO REYES, sin si quiera el juzgador tener un acta científica que determine específicamente las causas de la muerte del señor OSCAR ARMANDO MONTOYA REYES. Desde el planteamiento del debate se dejó claro y contundentemente que el ministerio público no contaba con los medios de prueba suficiente para determinar la participación directa de nuestro defendido el señor CHRISTIAN ANTONIO REYES ya que desde inicios de la persecución de Delito el Ministerio Publico hizo un trabajo deplorable, insuficiente e ineficaz ya que si bien es cierto este ente hace su rol como acusador, también no es menos cierto que su rol principal será “Prevenir y Perseguir el Delito, Defendiendo la Legalidad de los Derechos y los Intereses Públicos Tutelados por la Ley, representada por la sociedad, al menor y a la Familia en Juicio, Velar por la recta y Efectiva Administración de LA JUSTICIA”. Principios que a la vista de esta Defensa nos queda totalmente claro que El ministerio Publico no cumple ese ordenamiento jurídico en nuestro sistema judicial, ya que este mismo se dedica como meta principal conseguir juicios condenatorios, sin importar el esclarecimiento cierto de la verdad conjunta, y es visto que a razón del enjuiciador también inobservan este principio fundamental, ya que como se ha dejado claro desde el principio de una condena sin poseer una prueba científica como ser un Dictamen Médico que Determine la Causas de la Muerte. Vamos a referirnos en cuanto a los Hechos probados a juicio del Juzgador, ya que en lo plasmado ha logrado determinar por los testigos los señores SAMUEL IBRAM MONTOYA Y JOSE INES MONTOYA, son medios de prueba suficiente para condenar CHRISTIAN ANTONIO REYES, ya que si bien es cierto estuvieron temprano en una reunión donde se departían bebidas alcohólicas, también no es menos cierto que ellos no estuvieron presentes en el momento que fue herido el señor OSCAR ARMANDO MONTOYA REYES, los dos testigos en sus declaraciones fueron contundentes al manifestar que estaban fuera de la casa donde se encontraban departiendo el ahora occiso el señor OSCAR MONTOYA y el señor amigo de Christian, una mujer que era la cocinera de nombre Telma y su esposo, es decir, si hubieron más personas que presenciaron el hecho directo de lo que en verdad sucedió por qué ser testigos personas que nunca estuvieron en el lugar de los hechos a las horas indicadas, no vieron que sucedió no vieron directamente que el señor CHRISTIAN ANTONIO REYES, diera muerte al señor OSCAR, a Declaración de los Testigos del Ministerio Publico habían en el lugar no solo una persona más, habían cuatro personas que bien hubieran sido testigos para este Juicio Inquisitivo y no unos testigos de Referencia como lo son los hermanos del ahora occiso. Que a criterio de esta Defensa nos queda claro que hay un interés directo en condenar a un joven que por casualidades de la vida pudo estar en el momento y hora equivocado. El juzgador debió abundar mejor en su resolución ya que ambos manifiestan a ver visto al señor CHRISTIAN ANTONIO REYES, con el cuchillo en la mano, caminar y alejarse del lugar de los hechos, no mostro indicios de violencia alguna los dos hermanos lo vieron, un hermano lo auxilia, y el otro hermano?????, porque no darle detención inmediata a un hechor si como ellos dicen “que sabían que había herido a su hermano OSCAR”, el testigo JOSE INES MONTOYA, manifiesta que el ahora occiso le dijo de viva vos que CHRISTIAN , lo hirió, pero casualmente a lo largo del traslado al hospital de san Lorenzo no le dijo más nada, razones por que discutieron, razones por que lo hirió, no le dijo más nada que un nombre, señores en este caso en conjunto los mismos familiares del señor OSCAR ARMANDO MONTOYA REYES, ocultan algo, es claro, y el Juzgador en juicio Oral y Público condena a un hombre solo con tener los mínimos indicios probatorios, mismos que en esta fase de enjuiciamiento no son suficientes para arrojar una sentencia condenatoria en perjuicio de un individuo solo por cumplir con una cuota mensual de condena. Vamos con el segundo medio de prueba valorado como ser un Dictamen de Autopsia, donde se acredita efectivamente la muerte de un individuo, misma que ya había sido acreditada con la presentación de una certificación de acta de Defunción, pero que determinar el deceso físico de un individuo, mas no las causas de la muerte. Como pueden valorar como medio condenatorio un Dictamen de Exhumación el cual obra a folios 156 y 157 del expediente de mérito, ratificado por la Doctora Ana Floricel Molina, el cual se realizó 8 meses después del fallecimiento del señor OSCAR MONTOYA, y el cual tenía como objetivo principal determinar las causas de la muerte del ya mencionado, la cual dio como resultado que se encontró un cadáver corresponde a masculino, adulto, estado en que se encontró el cadáver, reducido a esquelético total, lesiones encontradas ninguna, debido al estado avanzado de putrefacción, donde no se PUEDEN IDENTIFICAR LESIONES TRAUMATICAS POR MECANISMO DE PRODUCCION VIOLENTOS. Concluyendo que las causas de la muerte son desconocidas, manera de muerte indeterminada. Y que a criterio del juzgador este hecho se considera como un mero Recurso que contribuye para dar certeza al proceso de la muerte real de una persona. Pero a la vez se contradice manifestando que este mismo no permite establecer de manera precisa que o como se produjo, por lo que este medio de prueba no fue capaz de disipar dudas en cuanto a las causas de la muerte (corre a página I06 del expediente de mérito). Es decir, el juzgador claramente condena un individuo cuando el mismo en 1a valoración de la prueba manifiesta no tener los elementos necesarios para una condena como tal, es decir que el señor OSCAR ARMANDO MONTOYA REYES, pudo haber muerto por una intoxicación causada por los alimentos que preparo la cocinera y no por una herida en las piernas, que es una causa más razonable. Ya que si bien es verdad fue trasladado a un centro médico, el Ministerio Publico jamás presenta un dictamen médico extendido por el hospital de san Lorenzo donde manifestaran que el señor murió en ese hospital como lo manifiestan los hermanos, y es de todos conocimientos que cuando una persona muere en un centro hospitalario, extienden un acta que manifiesta las causas de la muerte de una persona, y la pregunta sería ¿DONDE ESTÁ ESTA ACTA???? Por qué ocultarla, los mismos familiares de la víctima ocultan la verdad absoluta de los verdaderos hechos ocurridos, culpando a un joven que solo quería pasar un tiempo ameno con un amigo. Porque si ellos hubieran querido esclarecer los hechos por ellos denunciados, porque no permitieron que los Agentes de Investigación al momento de realizar el acta de levantamiento en la casa de habitación del ahora occiso se llevaran el cadáver a medicina forense en Tegucigalpa para dictaminar de manera cierta y científica las causas de la muerte. La cual corre a folio 109 del expediente de mérito, misma que estos agentes de investigación manifiestan que los familiares SE OPUSIERON A TRASLADAR EL CADAVER Y COMO ERAN POCOS AGENTES no pudieron trasladar el cuerpo, es decir si ellos estaban denunciando el hecho, porqué oponerse a un trámite indispensable para esclarecer la verdad, que ocultan los hermanos a la ves testigos del ahora occiso. Ahora observemos la postura del Jefe de Fiscales el Abogado Wilfredo Andino, en donde este mismo les permite basado era ley que no se realice las pericias donde determinarían las causas verdaderas de la muerte del señor OSCAR ARMANDO MONTOYA REYES, pero si les permite interponer una denuncia por homicidio. Vemos señores que esta Fiscalía realiza trabajos como diríamos vulgarmente a lo bruto, no realizan acciones respetando la Cadena de custodia como corresponde, trabajan solo para que los vean y actúan de manera despreocupada por esclarecer hechos, ahora por simples chisme y habladas de las personas están condenando personas inocentes, porque los entes encargados de esclarecer las circunstancias en que ocurren los hechos no QUIEREN HACER SU TRABAJO, y se les hace fácil dejar todo a la mano de Dios. Estos abogados tienen años y años de pertenecer al ordenamiento del ministerio público, como obviar este paso tan esencial en la cual se puede determinar cómo murió un individuo, con qué medios de prueba condenan a un individuo si ni siquiera se sabe de qué murió. Dicen que murió por las heridas, pero nosotros como defensores hemos visto personas que han tenido accidentes de tránsito donde perdieron ambas piernas y siguen vivas y no con unas simple heridas en las piernas como lo manifestaron los testigos y hermanos del señor OSCAR MONTOYA. Ahora hablemos del medio de prueba del reconocimiento en rueda, mismo que no nos pronunciaremos mucho ya que se vio claramente viciado ya que la defensa manifestó que el mismo agente del ministerio público hacia señal a los testigos de cuál era el número del imputado para que estos acertaran. Prueba que no demuestra la culpabilidad del mismo, más sin embargo muestra las deficiencias en que esta nuestro sistema. Prueba acta de Reconstrucción de Hechos, mismos que estaban viciados ya que la escenas fueron modificadas, misma que fueron dichas por los mismos testigos, que no estaba nada igual como cuando pasaron los hechos ocurridos, y a sabiendas que existía un proceso aun activo he investigativo, vuelven hacer lo que se les da la gana, contaminado más medio de prueba, es claro que estos Testigos y a la vez hermanos del ahora occiso no colaboraron nunca en ayudar a realizar un proceso justo, sino más bien se dedicaron a hacer un proceso inquisitivo inculpando a un individuo sin tener medios de prueba claros y contundentes para el mismo. Y nos atreveríamos a decir, que hasta adecuando los medios de prueba a su conveniencia. En cuanto a los fundamentos Jurídicos planteados por el Juzgador, en el hecho segundo y tercero, se manifiesta respecto a los elementos del Delito y la Comisión del mismo en el presente caso, configurando dos elementos uno objetivo y otro subjetivo: donde manifiesta que la intensión del sujeto activo de quitar la vida de una persona determinada, y el otro determina la intensión o el ánimo o propósito de quitar la vida a una persona, es decir perseguir y querer el resultado dado. Elementos que en ningún momento a lo largo del proceso se pudieron probar ya que los mismos testigos manifestaron nunca haber visto que el señor CHRISTIAN ANTONIO REYES, hiriera directamente al hoy occiso, manifestaron que nunca hubo ninguna discusión que no hubo molote, entonces como puede existir intensión de cometer un delito sin motivos, como pueden acreditar que existió el ánimo de cometer un delito si no vieron directamente los hechos ocurridos. En cuanto a la comisión del Delito, ridículamente manifiesta que para condenar a un individuo solo se necesita acreditar que efectivamente una persona a resultado muerta, es ridículo que en esta etapa del proceso los juristas estén manifestando que para condenar a un individuo solo se necesiten indicios, es una etapa de juicio oral donde se necesitan elementos contundentes para la acreditación de un delito y no meros, indicios o suposiciones, nunca se acredito las CAUSAS DE LA MUERTE, NUNCA SUPIMOS SI EL SEÑOR OSCAR ARMANDO MONTOYA REYES, murió por consecuencias de las heridas en sus piernas que a la vista de esta defensa es ridículo ya que nunca en la historia haberse visto que alguien muera por heridas superficiales, porque tampoco existe un dictamen médico que nos ilustre que las heridas fueron profundas o superficiales. Por todo lo expuesto solicitamos se declare procedente el motivo de la casación interpuesta, anulando el fallo recurrido y ordenado la devolución de los antecedentes respectivos al tribunal de sentencia, para que el trámite de que se trate sea sustanciado do conformidad con la ley.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1.Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2.Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3.Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4.Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5.La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7.Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por los Abogados José Tomas Zambrano Carrasco e Irma Guadalupe Silva Ramos. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: No haber observado en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica; Reclamación Ex Ante: Se declare procedente el recurso; Pretensión: que se declare con lugar el recurso, casando la sentencia impugnada. Los recurrentes fundan su reproche recursivo de quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la sana crítica, transcriben los medios de prueba evacuados en el juicio oral y público, realizan su propia valoración de la prueba sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada; realizan alegatos propios de instancia, sin lograr confrontar en su alegato que el juzgador realizara conclusiones que no sean producto derivado de un medio de prueba, ni que las conclusiones sean construidas en base a medios de pruebas inexistentes o si las conclusiones estén basadas en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma. El Único Motivo No Es De Recibo. Los recurrentes en la exposición de su motivo hacen uso de la mala técnica recursiva, pues desconocen la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta los recurrentes este motivo de casación penal en la inobservancia de la Sana Critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, no las desarrolla, estableciendo alegatos de instancia y mencionado otros motivos ajenos a este Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Los recurrentes no realizan un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la Sana Critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de los recurrentes, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por los recurrentes, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por los Abogados José Tomas Zambrano Carrasco e Irma Guadalupe Silva Ramos, en su condición de Abogados privados del señor Christian Antonio Reyes. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Delito Continuado la revisión/ponderación debe de hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, se deberá primero hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa del señor Christian Antonio Reyes, que expusieran cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Christian Antonio Reyes, penalmente responsable como autor directo de haber cometido el delito consumado de Homicidio, en perjuicio de Oscar Armando Montoya Reyes, a una pena principal de reclusión de quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, La conducta reprochada al acusado Christian Antonio Reyes, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II, tipificado como delito de Homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Christian Antonio Reyes, conforme el CP-144-83 al ser de quince (15) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por los Abogados José Tomas Zambrano Carrasco e Irma Guadalupe Silva Ramos, en su condición de Abogados privados del señor Christian Antonio Reyes. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Christian Antonio Reyes. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno (f.104), dictada por el Tribunal de Sentencia de Nacaome, departamento de Valle. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. - Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – Lety emelda posadas receptora adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-611-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
SECRETARIA SALA DE LO PENAL