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Sentencia CP-606-21 — Registro 20256

Resumen

El Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado de los delitos de tentativa de asesinato y asesinato. resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar el recurso de casación y declaró la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Henry Geovany Rodríguez Rivera una pena principal de reclusión de veinte (25) años de reclusión, por cada delito de Asesinato en perjuicio de los señores Henry Alexis Cubas Cubas, Virginia Cruz Cubas, Milton Guillermo Martínez y Douglas Cubas Cruz además se le condeno por el delito de Asesinato en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de Darlin Omar Cruz Ulloa; a la pena principal de dieciseis (16) años y ocho meses de reclusiòn más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de Asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Y al revisar las diligencias no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Y les asiste atenuante de no tener antecedentes penales. Y consideradas como personas con un grado mínimo de peligrosidad A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado HENRY GEOVANY RODRÍGUEZ RIVERA, conforme el CP-144-83 al ser de veinte (20) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme a las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

".... La Sala de lo Penal, establece que los razonamientos del Sentenciador son correctos. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los convenios internacionales, mismas que fue sometidas al contradictorio por las partes y capaz de enervar el estado de inocencia que posee el señor Henry Geovany Rodríguez Rivera; en ese sentido no se comparte la posición de la recurrente quien considero que se han violentado dichas garantías constitucionales, la prueba que cuestiona si bien existió oposición de la defensa del acusado, el Tribunal acertadamente lo admite por haber sido obtenido respetando sus derechos y las garantías de ley, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-606-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio, y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-606-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Henry Geovany Rodríguez Rivera, por el delito de Asesinato en perjuicio de Henry Alexis Cubas Cubas, Virginia Cruz Cubas, Milton Guillermo Martínez y Douglas Cubas Cruz; a la pena principal de veinticinco años de reclusión por cada una de las víctimas, asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicciòn Civil por el tiempo que dure la pena principal. SEGUNDO: Condenó al señor Henry Geovany Rodríguez Rivera, por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecuciòn de Tentativa en perjuicio de Darlin Omar Cruz Ulloa; a la pena principal de dieciseis años, ocho meses de reclusiòn por cada una de las víctimas, asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal TERCERO: Declaró al condenado Henry Geovany Rodríguez Rivera, civilmente responsable del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido. CUARTO: No procedió la condena en costas. Son partes en única instancia: Los Abogados Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de Defensora Pública del señor Henry Geovany Rodríguez Rivera, como parte recurrente. Y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero: El día cuatro (4) cuatro de diciembre del año dos mil siete (2007), aproximadamente las siete de la mañana (7:00 A.M.), en el lugar denominado como Aldea El Naranjal, municipio de Esquías, departamento de Comayagua, los señores Henry Alexis Cubas Cubas, Virginia Cubas Cruz, Milton Guillermo Martinez, Dublas Cubas Cruz y Darlin Omar Cruz Ulloa se conducían por la calle con dirección a su trabajo en una finca de café, cuando de repente salen de una finca de café Henry Geovany Rodríguez Rivera en compañía de otros sujetos con armas de fuego y disparan contra los señores antes mencionados. Segundo: Quedando gravemente herido el joven Darlin Omar Cruz Ulloa. quien se hizo pasar por muerto al ver que Henry Geovany Rodriguez Rivera en compañía de los otros sujetos observan que Henry Alexis Cubas Cubas. hermano de este aún se encontraba respirando, por lo que deciden dispararles nuevamente a todos para asegurar sus muertes, y huyen del lugar. Tercero; Posteriormente Darlin Omar Cruz Ulloa. que aún se encuentra con vida se arrastra hasta donde se encuentra el cuerpo de su madre la señora Virginia Cubas Cruz, instante en el cual llegan vecinos del sector y lo auxilian, siendo trasladado al Hospital General Santa Teresa de la ciudad de Comayagua. Cuarto: Siempre el mismo día cuatro (4) de diciembre del año dos mil siete (2007), a las diez con cuarenta y tres minutos de la mañana (10:43 AM.), en la aldea El Naranjal, municipio de Esquías, departamento de Comayagua, el Doctor Federico Arturo Rivera Flores, Perito Forense asignado al Ministerio Público de la ciudad de Comayagua, realiza levantamiento de los cadáveres de los señores Dublas A. Cubas Cruz, Virginia Cruz Cubas, Milton Guillermo Velasquez Martinez y Henry Cubas Suazo, posteriormente son trasladados a la morgue judicial del Ministerio Público en la ciudad de Tegucigalpa, donde en horas de la noche siempre ese mismo día, la Dra. Santa Marilyn Moncada Marzan, practica autopsia médico legal de Douglas A. Cubas Cruz, conocido como Dublas Cubas Cruz, quien presentaba once heridas en varias partes del cuerpo por arma de fuego, siendo la causa de muerte laceración cardíaca; Milton Guillermo Velásquez Martínez conocido como Milton Guillermo Martínez quien presentaba diez heridas por proyectil de arma de fuego en varias partes del cuerpo, y como causa de muerte laceración cerebral; Virginia Cruz Cubas quien presenta dos heridas por proyectil de arma de fuego en región de cabeza y muñeca derecha que le produjeron la muerte por una laceración cerebral; Henry Cubas Suazo conocido también como Henry Alexis Cubas Cubas, quien presentaba tres heridas por proyectil de arma de fuego en región de oreja izquierda, cabeza y espalda que le ocasionaron la muerte a raíz de laceración cerebral. Quinto: En la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil diez (2010), la Doctora Kenia Maria Saravia Maradiaga, revisó expediente clínico número 120193 del Hospital Santa Teresa de la misma ciudad, perteneciente a Darlin Omar Cruz Cubas, paciente que estuvo interno en dicho centro hospitatorio seis días, quien ingresó desde el cuatro de diciembre del año dos mil siete y fue dado de alta en fecha 10 de diciembre del año dos mil siete, quien fue tratado por herida en abdomen y en los intestinos producida por arma de fuego, que le produjeron una incapacidad de cuarenta y cinco días.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Fany Yolanda Rodríguez Maldonado, en su condición de Defensora Pública del señor Henry Geovany Rodríguez Rivera, procedió a formalizar su Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “Explicación del Motivo: Las normas Constitucionales que se invocan como infringida es el articulo 89 que reza: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Articulo 90: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derecho y garantías que la ley establece. En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente y esta debe reunir los requisitos en su idoneidad, que no le deje duda sobre la vulneración del Estado de inocencia que asiste a un imputado, prueba que debe ser licita y obtenida en respeto de garantías constitucionales y procesales. Tal como lo señala Cuellar Cruz, el derecho a la presunción de inocencia implica que, al partir de la inocencia de la persona sometida al proceso penal, es a la acusación en su condición de afirmante de culpabilidad a quien corresponderá, mediante la incorporación de pruebas al proceso, demostrar la culpa del presumido inocente... En ese sentido la sentencia que fije la relación de culpabilidad el imputado con el hecho base de aquella, debe ser debidamente fundamentada, es decir, los jueces deben externar en iter lógico que emplearon para analizar la prueba en que se basa el fallo, la interpretación de la legislación y la doctrina aplicar, así como las razones que los llevaron a concluir conforme lo hicieron. Primero: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. En el caso de marras se ha condenado a mi poderdante haciendo una relación de prueba que a juicio de esta defensa no reúne requisitos de idoneidad, en vista que los testimonios de los testigos Darlin Omar Curz Ulloa e Iris Ondina Cubas Cruz, constituían prueba en otro proceso penal, y el testimonio de estos en el juicio que nos ocupa contra Henry Geovany Rodriguez Rivera fue introducido por petición Fiscal mediante lectura autorizada de una copia fotostática sin autentica de otro expediente, careciendo de los requisitos de autenticidad que el código civil en su artículo 272 Código Procesal Civil, establece el cual que reza: Los documentos públicos tendrán fuerza probatoria establecida en el artículo siguiente de este código si se aportaren al proceso en original o por testimonio, copia fotostática autenticada, certificación fehaciente o si, habiendo o si habiendo sido aportada por copia simple, no se hubiere impugnado su autenticidad. No debió el juzgador admitir y mucho valorar en contrario dichos testimonios, vista la postura de oposición clara de la Defensa Publica, ante la petición de lectura autorizada del Ministerio Público, debió exigir al Acusatorio traer a juicio tal auténtica o copia certificada de los testimonios en mención, y no ponerse a favor de ente Fiscal y hacerle su trabajo dando solamente un llamado de atención para que ese impase no volviera a ocurrir, en el caso que nos ocupa si el acusatorio había señalado donde estaban los originales en vista de la oposición de la Defensa obligación del Tribunal era avocarse a estos, es evidente que este viene en flagrante violación a principios constituciones y de debido proceso, que a todas luces vienen a perjudicar la situación jurídica de Henry Geovany Rodriguez Rivera. Segundo: Bastante ilustrativa es la definición de Ortells Ramos, cuando señala que “el testigo es la fuente de la prueba testifical, siendo la persona que declara en el proceso ante el juez sobre su percepción y conocimiento de hechos y circunstancias pasadas. Este autor señala que la prueba testifical tiene algunas características: a. Se trata de un medio probatorio que exige la presencia y la declaración oral del testigo ante el juez. Las declaraciones prestadas por el testigo fuera del proceso y en presencia de una persona que no sea juez, no son prueba testifical. Por ello no puede confundirse la prueba testifical con el testimonio documental. b. El testigo ha de ser un tercero respecto a los sujetos del proceso; es decir, no se puede ser ni juez ni parte en el proceso que declara. c. La declaración de testigos debe referirse a los hechos pasados de los que haya tenido conocimiento directo (por haberlos presenciado) o indirecto (porque se lo han contado)” En cuanto a la no comparecencia el Tribunal Justifica: No hubieron por el mayores explicaciones o acreditaciones del porque no la comparecencia más que no habían sido ubicados, Honorables Togados si bien existió inmediatez en esa etapa preparatoria del proceso cuando dichas declaraciones fueron rendidas, lo cierto es que la misma era idónea para que el juez de letras tuviera ese mínimo de indicio para dictar una resolución de audiencia inicial. No puede el Tribunal de Sentencia como garante de derechos reclinarse en el mínimo control judicial tal como ellos mismos lo expresan en su sentencia, cuando dicho sea de paso ese mínimo control judicial ha sido en una otra instancia en el que un mínimo de actividad es suficiente, el Juez de Derechos deviene en la obligación de ir mas allá en su búsqueda de la verdad. En cuanto a la excepcionalidad de la no comparecencia de los testigos la doctrina es clara , y para el Jurista José María Palacios Mejía podrá incluirse material procedente de la etapa preparatoria, para funcionar como medio de prueba por dos razones esenciales 1. Cuando se imposible o muy difícil su reproducción en juicio, piénsese fallecimiento de un testigo o en el caso que el testigo reside en país extranjero, no se sepa su paradero. 2. Para contraste de prueba (que no es el caso). Los testigos a los cuales hacemos referencia no se acreditó por el Ministerio Fiscal su fallecimiento ni porque no fueron citados o en definitiva qué pasó con ellos. Tercero: El sentenciador debió resolver en juicio con la prueba existente en la audiencia de juicio oral, no debió acomodarse y admitir como lectura autorizada las declaraciones a que hemos hecho referencia, la falta de objetividad del Ministerio Público sumado a la anuencia del Tribunal sentencia componiendo las fallas del Fisal, hace que los medios de medios de prueba tengan a toda costa valor probatorio en contra de Hector Geovany Rodriguez Rivera, buscar un tipo de responsabilidad o culpabilidad, sin brindar las garantías constitucionales y procesales al ciudadano que enfrenta un juicio penal. La técnica de la prohibición de valoración de la prueba que vulnere los derechos fundamentales es manifestación de la idea de que el fin del proceso penal es la obtención formalizada de la verdad o en otras palabras, de que la búsqueda de la verdad en el proceso no puede haberse a cualquier precio, segùn expresiòn del Tribunal Supremo Federal Alemán, muy utilizada en la doctrina, ya que una concepciòn tan extrema del valor de la verdad conduciría a excesos en la administración de la justicia, como ha sucedido en el inmediato pasado, contrarios a los valores superiores de la Constitución de la República, que reconoce a la persona humanal como el origen y el fin de la actividad del estado, que esta organizado para la consecución de la justicia de la seguridad jurídica y del buen comùn. El irrespeto de los derechos o garantías fundamentales de la persona dará lugar a la ineficacia jurídica del acto o resolución infractora por causa de nulidad absoluta, debiendo ser el juez o tribunal sentenciador beligerante en la defensa de los derechos fundamentales. Cuarto: Durante el juicio oral y público, no hubo prueba directa en contra de Henri Geovany Rodriguez Rivera, por tanto el estado de inocencia que es propio de mi poderdante no fue vulnerado, y si bien el Acusatorio a pretendido responsabilizar a mi poderdante por acciones tan graves han debido traer a juicio todos los dichos y medios de prueba útiles, pertinentes y proporcionales para tal fin, cosa que no ha sucedido en el caso de marras. Establecer un cuadro factico fidedigno que no deje lugar a dudas sobre la vulneración del estado de inocencia de mi patrocinado Henri Geovany Rodriguez Rivera, llegar al fondo de los hechos, en este caso no será posible debido a la insuficiencia probatoria que ha dejado entrever la incompetencia en la investigación por parte de los que están obligados traer a juicio oral y publico todo lo permitente para que los Juzgadores puedan impartir justicia. La conocida jurista española Maria Félix Tena Aragón, en su obra Manual de Derecho Constitucional pagina 34 inciso 7 establece: “Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, mas allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida”.- Tal como ocurre en el caso de mi representado no existe prueba que acredite la declaración de ese testigo, no puede ser corroborado o dado por valido por ningún otro medio de prueba; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivo el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”.- En el caso que nos ocupa resulta insuficiente la prueba aportada a juicio. Para concluir con lo dicho por la Jurista Aragon” A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”. En el caso de nos ocupa el Tribunal Juzgador no cuenta con prueba directa y en el caso que hubiesen indicios, estos no se han relacionado por lo cual no vinculan a mi representado, en este caso concreto son una clara violación al correcto entendimiento humano, es por ello que el dicho constitucional de presunción de inocencia se ve violentado al condenar a mi representado con una escasa actividad probatoria, el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para tener la certeza de culpabilidad. Lo que se pide para subsanar el yerro En ese sentido y siendo que dicho yerro lo constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, y debido proceso le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria a favor de Henry Geovany Rodriguez Rivera como en Derecho corresponde.” FUNDAMENTACION JURIDICA Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos, que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, siendo suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115) La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículos 361 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 89 de la Constitución de la República, • Concepto de la infracción: Violación al derecho de defensa. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. • Pretensión: Que se dicte una sentencia absolutoria. La recurrente en su reclamo establece la existencia de un vicio el cual identifica como la violacion al derecho de defensa puntualizando que la sentencia que fije la relación de culpabilidad de un imputado debe ser debidamente fundamentada, significa que, los jueces deben externar en iter lógico que emplearon para analizar la prueba en el que se basa el fallo, sigue manifestando. En el caso de marras se ha condenado al acusado haciendo una relación de prueba que a juicio de la defensa no reúne requisitos de idoneidad, en vista que los testimonios de los testigos Darlin Omar Curz Ulloa y Iris Ondina Cubas Cruz, constituían prueba en otro proceso penal y en la presente causa fue introducido por petición Fiscal mediante lectura autorizada de una copia fotostática sin autentica de otro expediente, careciendo de los requisitos de autenticidad que el art 272 Código Procesal Civil, no debió el juzgador admitir y valorar en contrario dichos testimonios, vista la postura de oposición clara de la Defensa Publica ante la petición de lectura autorizada del ministerio público.por lo que solicita subsanar el vicio. Del principio del estado material de inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal derecho ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3)De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El derecho de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El derecho de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042 - 2009 de la Sala de lo Penal): a. Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b. Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c. Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d. Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e. Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. en su Único Motivo. presentado por la Defensa Pública. El recurso no es de recibo. A través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia, la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el A Quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación del acusado en él. De conformidad con los hechos probados La Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que el estado de inocencia puede ser quebrantado en una o varias de sus diferentes vertientes, bien por licitud de la prueba, bien por el debido proceso probatorio, bien por la debida motivación, bien por el debido razonamiento probatorio, o bien, por la suficiencia de carga probatoria. Cualquiera de las vertientes mencionadas debe ser precisada por la recurrente al momento de interponer su recurso y desarrollada argumentalmente para el sostenimiento de su requerimiento el Ministerio Publico presento y evacuo los medios de prueba siguiente:1) testifical a) Darlin Omar Cruz cubas, b) Iris Ondina Cubas Cruz 2) Prueba Pericial a) Dictamen de Autopsia número A-1743007 b) Acta de levantamiento de Cadaver de Douglas Antonio Cubas Cruz c) Acta de Levantamiento de Cadáver de Virginia Cruz Cubas d) Dictamen de revisión de expediente Clínico de Darlin Pomar Cruz Cubas, ratificado por la Dra Kenia María Saravia Maradiaga. Prueba de la Defensa testificales a) Juan Mejia Martínez b) Sofia Cruz Cubas, Darlin Omar Cruz Cubas, quien declaró: “el día 4 de diciembre del año 2007, íbamos caminando por la calle cuando de pronto unos disparos que salieron de una finca y le dispararon a mi mamá, mis hermanos y a mi persona y a otro muchacho dispararon y mataron a todos salieron a ver si estábamos muertos y miraron a mi hermana que se estaba muriendo, como pude me fui para arriba donde estaba mi mamá, me hice el muerto y no me miraron a mí, de ahí ellos miraron todos los cuerpos, ahí ellos montaron las armas y se fueron, como pude me fui para una casa de un vecino que estaba cerca, vinieron todos los vecinos a ver y logré ver a ellos quienes eran los miré y conocí a algunos de ellos ya que uno se llama Henry, Evaristo, Isaías, Raúl y Moisés a ellos los miré ellos se fueron para abajo, uno de mis hermanos quedó vivo ellos se volvieron y le volvieron a disparar después juntaron las armas y se fueron. Pregunta ¿Por dónde iban ustedes? Contesta íbamos por una bajadita, pregunta ¿en esa bajada hay algún camino? Contesta sí hay un callejón, pregunta ¿para dónde iban? Contesta íbamos a cortar café, pregunta ¿qué eran de ustedes las personas que murieron? Contesta dos hermanos y mi mamá y el otro señor Milton era tío de mis dos hermanos y el otro señor era trabajador, pregunta ¿dónde se encontraban las personas que les dispararon? Contesta se encontraban a la orilla de una finca, pregunta ¿en qué momento fue que miró usted a las personas que mataron a su familia? contesta en el momento en que yo me hice el muerto y miré quiénes eran”. 2. Iris Ondina Cubas Cruz, (folio 288 primera pieza) declara: “aquí estoy sobre los hechos de los familiares míos, ya que unos están presos y otras andan libres, pero uno de los que están presos no es el muchacho ya que tal vez por los nombres se puede parecer pero en físico no, ya que ellos le dieron muerte a mi madre mis hermanos y un hijo mío también el muchacho que anda libre este Henry Rodríguez yo lo vi en Siguatepeque o sea él anda libre y quisiera que pagara la muerte de mis familiares todos esos problemas vinieron por envidia es Henry es el marido de una prima mía, todo esto es por una envidia, problemas de drogas y alcohol había uno que es Evaristo Cruz, ya murió como que él sólo se mató otro que se llama Moisés Mejía anda libre y Henry también anda libre y por eso nosotros ya no estamos en el lugar de nosotros porque corremos peligro y más bien ellos creen que nosotros podemos accionar contra ellos y sólo le pido a las autoridades que hagan justicia por lo que debe y con este muchacho Henry yo lo he visto a él y lo he tenido enfrente y cuando él me mira A mí el mejor se corrió hay otros que no estoy segura de que anduvieron pero si Evaristo Cruz, Henry Rodríguez y Moisés cruz y otros y cuando al momento del tiroteo ellos se quitaron los gorros que andaban y les pegaron patadas en la cara a mis hermanos ya que nosotros no salíamos juntos sino que uno primero y otros después ya que por los mismos problemas no salíamos juntos y a la vez que vine a testiguar conoce al muchacho que están acusando pero no es él ya que el que hizo el daño anda libre y si él fuera no anduviera aquí defendiéndolo sino que más bien lo diera pero si el que hizo todo el daño a mi familia anda libre. a preguntas del Ministerio Público: responde: la fiscal pregunta usted estuvo ahí el día de los hechos y recuerda la fecha, contesta: el 4 de diciembre del 2007, qué hora era, contesta: fue un día martes a las 7 de la mañana qué conocimiento tiene usted de las personas que están presas, contesta: Yo sólo vi a Isaías Ulloa, Henry Rodríguez Rivera y Evaristo Cruz, que se quitaron los gorros y le quitaron todas las pertenencias a mis hermanos, pregunta sabía usted el nombre completo de Henry contestas se llama Henry Rodríguez Rivera preguntas de la defensa responde: ¿puede decir la descripción física de Henry Rodríguez Rivera? contesta Chaparro, cara redonda, pelo indio, ¿Cómo se llama la esposa de Henry Rodríguez? que su prima contesta Yolanda Ulloa Cubas”. Prueba pericial del Ministerio Público: Dra. Santa Marilin Moncada Marzan, quien ratificara los dictámenes de autopsia siguientes: 1.- Dictamen número a-1743-07, del occiso Douglas Cubas Cruz, folio 56 de la segunda pieza judicial. dictamen médico legal: causa de muerte: laceración cardiaca, lesiones encontradas: once (11) heridas por arma de fuego de proyectiles múltiples (escopeta) en un área de 21x19 cms, en el lado derecho de la espalda y brazo derecho... Se evacua por exhibición. Las partes no tienen interrogantes. 2.-Dictamen número A-1745-07 del occiso Milton Guillermo Martínez, folio 57 de la segunda pieza de autos. causa de muerte: laceración cerebral, lesiones encontradas: diez (10) heridas por proyectil de arma de fuego localizadas así: lado izquierdo de la cara, lado derecho región media de la espalda que produjo laceración de músculos de espalda y entre las costillas, laceración de músculos de espalda y entre las costillas, pulmón derecho, y músculos del tórax, región baja de la espalda, glúteo derecho, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, muslo izquierdo, rodilla derecha, pie derecho, pie izquierdo... Las partes no tienen interrogantes. 3.- Dictamen número A-1742-07 Virginia Cruz Cubas, folio 59 al 60, enmienda fecha y hora de autopsia, línea 19 dice 5 de diciembre, lo correcto es 4 de diciembre. causa de muerte: laceración cerebral, lesiones encontradas: dos (2) heridas por proyectil de arma de fuego localizadas así: región posterior de la cabeza, cara anterior muñeca derecha... (herida de rebote) las partes no tienen interrogantes. 4.- Dictamen número a-1744-07 Henry Alexis Cubas Suazo folio 61 al 62 segunda pieza de autos. causa de muerte: laceración cerebral, lesiones encontradas: tres (3) heridas por proyectil de arma de fuego localizadas así: región superior oreja izquierda, cabeza, espalda... a preguntas hechas por el Ministerio Público responde ¿A qué se refiere con larga distancia? larga distancia es más de 30 centímetros. La defensa no tiene preguntas. Tercero: Mediante exhibición se evacuo la prueba documental siguiente: 1) Acta de levantamiento de cadáver de Dublas Antonio Cubas Cruz (folio 64 de la segunda pieza de autos), ratificada por el Dr. Federico Rivera, realizado el día 4 de diciembre a las 10:43 am. En la aldea El naranjal, municipio de Esquías, departamento de Comayagua. -... evidencia de trauma externo: doce heridas por arma de fuego, herida en cuello, en región supra escapular derecha por arma de fuego. Aparente manera de muerte: homicida, aparente causa de muerte: herida penetrante de tórax por arma de fuego. Tanato cronodiagnóstico: 4-5 horas, traslado del cadáver a la morgue judicial. 2) Acta de levantamiento de cadáver de Virginia Cruz Cubas (folio 65 de la segunda pieza de autos), ratificada por el Dr. Federico Rivera. - realizado el día 4 de diciembre a las 10: 43 am. En la aldea El naranjal, municipio de Esquías, departamento de Comayagua. -... evidencia de trauma externo: Herida por arma de fuego en región occipital con salida de masa encefálica y trayectoria desconocida... herida en cara dorsal de muñeca derecha por arma de fuego en región palmar. Aparente manera de muerte: homicida, aparente causa de muerte: laceración encefálica por arma de fuego. Tanato cronodiagnóstico: 4-5 horas, traslado del cadáver a la morgue judicial. 3) Acta de levantamiento de cadáver de Milton Guillermo Velásquez Martínez (folio 66 de la segunda pieza de autos), ratificada por el Dr. Federico Rivera. - realizado el día 4 de diciembre a las 10: 43 am. En la aldea El naranjal, municipio de Esquías, departamento de Comayagua.-... evidencia de trauma externo:... herida talón izquierdo, muslo izquierdo, hombro izquierdo, cara lateral hombro izquierdo en el tercio medio del antebrazo izquierdo, hombro izquierdo en región medial del antebrazo izquierdo, herida del hombro izquierdo en región de hipocondrio izquierdo, cara medial de la rodilla derecha, talón derecho, hombro derecho región infraescapular, ceja izquierda... Aparente manera de muerte: homicida, aparente causa de muerte: laceración encefálica por proyectil, herida penetrante de tórax y abdomen por arma de fuego. Tanato cronodiagnóstico: 4-5 horas, traslado del cadáver a la morgue judicial. 4) Acta de levantamiento de cadáver de Henry Alexis Cubas Suazo (folio 67 de la segunda pieza de autos), ratificada por el Dr. Federico Rivera. - realizado el día 4 de diciembre a las 10:43 am. prueba testifical de la Defensa Pública presento: 1.- Juan Mejía Martínez, 0313-1948 - 00123, vive en el olvido la libertad. quien declara: Ese hecho sucedió el 4 de diciembre del 2007, en el caserío el Naranjal, Esquías, a mí no me consta haber visto en la comunidad se dijo que había sucedido el hecho. La defensa no tiene interrogantes. a preguntas del Ministerio Público responde: ¿Hace cuánto vive en el olvido la libertad? Hace nueve años yo tenía una propiedad en el naranjal y se la vendí a una hermana. 2.- Sofía Cruz Cubas, 0304-1984-00513, quien declara: La hija mía con él en esa fecha estaba acá con un hijo Orlin Ulloa, andaban juntos trabajando por la Villa de San Antonio. Esa vez a nosotros nos mandaron a traer fue mi hijo el que hizo eso. A preguntas de la defensa responde: ¿Cómo se llama su hija? Yolanda Ulloa ¿Quiénes habían trabajado en la Villa San Antonio? Orlin Ulloa, ¿Cuánto tiempo tenia de trabajar don Henry? Tenía más de dos años de estar trabajando acá, yo vivía en el Naranjal, Esquías, ¿En qué año don Henry fue a trabajar a la Villa San Antonio? no sabe, pero sí anduvo trabajando con la familia que él tiene, ¿Qué hijo hizo eso? Isaías Ulloa, fue quien dio muerte a esa gente, el murió en el presidio ¿Cuáles son los nombres de las personas que don Isaías dio muerte? uno se llama Henry, yo no le puedo dar ese detalle he quedado enferma de la mente. A preguntas del Ministerio Público responde: ¿Qué fecha ocurrió este hecho? no me acuerdo, creo que las otras personas si saben la fecha. ¿Dónde se encontraba su hija? por la Villa San Antonio, se encontraba con el compañero Henry Rivera y los niños. ¿Cuánto tiempo tenían de vivir Henry rivera con su hija? como cuatro años ¿Donde vivían ellos? se vinieron del Naranjal, Esquías, vivían en el olvido, La Libertad. ¿Cuánto tiempo vivieron en el naranjal? como tres años. ¿El día de los hechos donde se encontraba Henry? acá vivía en la finca. 3. Yolanda Ulloa Cruz, 0304- 1973-00283, quien declara: Este muchacho es inocente, vivíamos en la Villa de San Antonio él no salió de ahí cuando sucedió lo que sucedió”. Valoración de la prueba en su conjunto del testimonio de Darlin Omar Cruz Cubas, si el testigo no solo fue presencial sino víctima, este testigo de 15 años de edad, es hijo de la señora Virginia Cruz Cubas una de las cuatro víctimas en la presente causa, quien declaro: que el 4 de diciembre del 2007, iba caminando por la calle cuando de pronto unos disparos que salieron de una finca y le dispararon a la mamá, sus hermanos y a él y a otro muchacho, dispararon y mataron a todos, salieron a ver si estaban muertos y mataron al hermano como pudo se fue para arriba donde estaba la madre y se hizo el muerto y no lo miraron a él, de allí miraron todos los cuerpos allí, ellos montaron las armas y se fueron, como pudo se fue a una casa de un vecino que estaba cerca.. Manifiesta que los conoció que uno se llama Henry, Evaristo, Isaías, Raúl y Moisés a ellos los miro que agarraron para abajo manifestó que uno de sus hermanos quedo vivo y ellos le volvieron a disparar después juntaron las armas y se fueron. este testigo no solo fue presencial si no víctima de los hechos, e identifica a varios de sus atacantes siendo uno de ellos de nombre HENRY, manifestó que el hecho sucedió el 4 de diciembre del 2007, a las siete de la mañana; coincide la fecha con las actas de levantamiento de cadáver mismas que se practicaron el 4 de diciembre del 2007, también coincide el horario puesto que los levantamientos fueron practicados entre las 9:30 a 11:00 a.m., considerando que son cuatro cadáveres y que las actas de levantamiento consignan un intervalo tanatocronológico de 4 a 5 horas. El testigo víctima refiere que les dispara con arma de fuego, y así lo indican cada uno de los dictámenes de levantamiento cadavérico y autopsia. El testigo relata que iba con su madre y hermanos y Milton quien era su tío, y el otro dijo un trabajador, a cortar café que iban por un camino, así se observa en las fotografías anexas al expediente que obra en folios del 34 al 55 de la segunda pieza. Si bien la defensa cuestionó que el testimonio de Iris Ondina Cubas rendido ante Juez de instrucción es copia, no es menos cierto que el mismo ingresa como testimonio y con las actas de levantamiento de Douglas Antonio Cubas Cruz, Virginia Cruz Cubas, Milton Guillermo Velásquez Martínez, Henry Alexis Cubas Suazo y dictámenes de autopsia Douglas Cubas Cruz, Milton Guillermo Martínez, Virginia Cruz Cubas y Henry Alexis Cubas Suazo, realizados el día 4 de diciembre del 2007, se acredita la muerte real de los ofendidos los cuales si bien es cierto difieren en algunos apellidos consignados, no podemos desmeritar el hecho que se trata de las mismas personas, dado que en el acta de levantamiento se establece la remisión a la morgue judicial del Ministerio Público el mismo día de los hechos que además resulta ser el día que se practican las autopsias médico legal, coincidiendo además con las actas de defunción aportadas como prueba documental que acredita la muerte legal de los ofendidos el 4 de diciembre del año 2007. La Sala de lo Penal, establece que los razonamientos del Sentenciador son correctos. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los convenios internacionales, mismas que fue sometidas al contradictorio por las partes y capaz de enervar el estado de inocencia que posee el señor Henry Geovany Rodríguez Rivera; en ese sentido no se comparte la posición de la recurrente quien considero que se han violentado dichas garantías constitucionales, la prueba que cuestiona si bien existió oposición de la defensa del acusado, el Tribunal acertadamente lo admite por haber sido obtenido respetando sus derechos y las garantías de ley, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Delito Continuado la revisión/ponderación debe de hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, se deberá primero hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública en representación del señor Henry Geovany Rodríguez Rivera, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Henry Geovany Rodríguez Rivera una pena principal de reclusión de veinte (25) años de reclusión, por cada delito de Asesinato en perjuicio de los señores Henry Alexis Cubas Cubas, Virginia Cruz Cubas, Milton Guillermo Martínez y Douglas Cubas Cruz además se le condeno por el delito de Asesinato en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de Darlin Omar Cruz Ulloa; a la pena principal de dieciseis (16) años y ocho meses de reclusiòn más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de Asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Y al revisar las diligencias no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Y les asiste atenuante de no tener antecedentes penales. Y consideradas como personas con un grado mínimo de peligrosidad A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado HENRY GEOVANY RODRÍGUEZ RIVERA, conforme el CP-144-83 al ser de veinte (20) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme a las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo; interpuesto por la Abogada Fany Yolanda Rodríguez Maldonado, en su condición de defensora pública del señor Henry Geovany Rodríguez Rivera por el delito de Asesinato en perjuicio de Henry Alexis Cubas Cubas, Virginia Cruz Cubas, Milton Guillermo Martínez y Douglas Cubas Cruz y asesinato en su grado de ejecucion de tentativa en perjuicio de Darlin Omar Cruz Ulloa. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130 -2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Henry Geovany Rodríguez Rivera. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil veintiunos, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua departamento de Comayagua. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Walter Raúl Miranda Sabio. Notifíquese.”. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Lety Esmelda Posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP -606-2021.

LETY ESMELDA POSADAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL