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Sentencia CP-588-21 — Registro 19981

Resumen

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de Uso de Documentos Privados Falsos, en perjuicio de la Fe Pública; resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar al recurso de casación y declaró la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso a la señora Elvia Miriam Ramos Molina, una pena principal de reclusión de dos (02) años de reclusión, por el delito de Uso de Documentos Privados Falsos, en perjuicio de La Fe Pública; más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de Falsificación de Documentos Privados Falsos (art. 461 NCP), que señala que: “Quien, para perjudicar a otro, comete en documento privado alguna de las falsedades previstas en el Artículo 456 del presente Código, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años.” (art. 462 NCP) Uso De Documentos Privados Falsos. “Quien, sin haber intervenido en su falsificación, presenta en juicio o causa perjuicio a tercero haciendo uso de los documentos falsos a que se refiere el artículo anterior, debe ser castigado con la pena señalada para la falsificación, reducida en un tercio (1/3).” En consecuencia, la pena abstracta para el delito de Uso de Documentos Privados Falsos, de acuerdo a la nueva legislación, será de Correspondiendo una pena de ocho (08) meses hasta un (1) año de prisión. Así las cosas, al comparar el quantum de las penas impuestas en instancia de la señora Elvia Miriam Ramos Molina, con el margen abstracto que corresponde con el Código Penal 130-2017; conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que aquella que contempla el CP 130-2017 para los mismos hechos delictivos. Por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto; debiendo los beneficios penitenciarios ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017; debiendo individualizarse la pena conforme lo dispone el artículo 70 numeral 1 literal a) del NCP, que manda tener en consideración la existencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (Agravantes y Atenuantes) y, en su defecto de sus ausencias, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito en atención a las circunstancias personales de las personas condenadas.- Así las cosas, conforme los hechos declarados probados, concurre la circunstancia agravante contemplada 32 del cuerpo legal señalado, por ejecutar el hecho con abuso de confianza; por lo cual, corresponde la imposición de una pena de un (1) año de prisión. ..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 456, 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Recurso. el único motivo no es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que, la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el recurrente en su desarrollo se aparta totalmente de la base fáctica de la sentencia y omite totalmente hacer su análisis de juricidad y confrontarla con el fallo recurrido, incluye a sí mismo una solicitud de retroactividad en el mismo escrito de Casación. Todo ello es impropio de la debida técnica recursiva que debe regir la interposición y formalización de un Recurso de Casación por Infracción de Ley. Por lo anteriormente expuesto, procede su desestimatoria porque ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-588-2021, que literalmente dice:” Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-588-2021 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Elvia Miriam Ramos Molina, a una pena de dos años de reclusión, por el delito de Uso de Documentos Privados Falsos, en perjuicio de la Fe Publica; Mas las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. SEGUNDO: Procedió la responsabilidad civil. TERCERO: No condenó en Costas. Son partes en única instancia La abogada Giovinezza Dubois Zavala en su condición de defensora pública de Elvia Miriam Ramos Molina, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, como fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: En fecha 30 de septiembre del año de 1979, la señora CELEA MOLINA MENJIVAR, compró un terreno ubicado en la comunidad de Zacatales, Santa Cruz de Yojoa, al señor JUAN PASCUAL BARDALES, para lo cual realizo un documento privado de compraventa. Posteriormente, la señora CELEA MOLINA MENJIVAR, construyo una vivienda en dicho lugar donde ubico su domicilio. SEGUNDO: En una fecha no establecida la señora CELEA MOLINA MENJIVAR, salió del país, dejando encargada de su vivienda a la acusada ELVIA MIRIAM RAMOS MOLINA por ser su sobrina, quien quedó viviendo en el anexo de dicha propiedad. TERCERO: En fecha 15 de noviembre del 1990, la acusada ELVIA MIRIAN RAMOS redactó un documento privado de compra venta por el terreno y la vivienda antes referida, estableciendo que la señora CELEA MOLINA MOLINA MENJIVAR, le adjudicaba la propiedad del inmueble, sin contar con su autorización, ya que esta se encontraba fuera del país, desconociendo la intención de la acusada. CUARTO: En una fecha no específica del año 2010, la señora CELEA MOLINA MENJIVAR, regresó a la vivienda antes referida, saliendo a su encuentro la acusada, manifestándole que esa propiedad ya no le pertenecía y que lo mejor era que se marchara de su propiedad. Seguidamente, la señora Celea Molina procedió a interponer la denuncia correspondiente.”RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Christian Josué Fajardo Hernández, en su condición de defensor público de Elvia Miriam Ramos Molina, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “UNICO MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 289 relacionado con los artículos 284 literales 1, 2 y 285 del Código Penal derogado. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: La norma sustantiva infringida es el artículo 289 del Código Penal que establece: "Quien, a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte será sancionado como si fuera autor de su falsedad", artículo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencia al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal antes mencionado. Dicho la anterior mencionamos lo que el Tribunal en referencia declaro como probado: "PRIMERO: En fecha 30 de septiembre del año 1979, la señora CELEA MOLINA MENJIVAR, compró un terreno ubicado en la comunidad de Zacatales, Santa Cruz de Yojoa, al señor JUAN PASCUAL BARDALES, para lo cual realizó un documento privado de compraventa. Posteriormente, la señora CELEA MOLINA MENJIVAR, construyó una vivienda en dicho lugar donde ubicó su domicilio. SEGUNDO: En una fecha no establecida la señora CELEA MOLINA MENJIVAR, salió del país, dejando encargada de su vivienda a la acusada ELVIA MIRIAM RAMOS MOLINA por ser su sobrina, quien quedó viviendo en el anexo de dicha propiedad. TERCERO: en fecha 15 de noviembre del 1990, la acusada ELVIA MIRIAN RAMOS redactó un documento privado de compra venta por el terreno y la vivienda antes referida, estableciendo que la señora CELEA MOLINA MENJIVA, le adjudicaba la propiedad del inmueble, sin contar con su autorización, ya que esta se encontraba fuera del país, desconociendo la intención de la acusada. CUARTO: En una fecha no específica del año 2010, la señora CELEA MOLINA MENJIVAR, regresó a la vivienda antes referida, saliendo a su encuentro la acusada, manifestándole que esa propiedad ya no le pertenecía y que lo mejor era que se marchara de su propiedad. Seguidamente, la señora Celea Molina procedió a interponer la denuncia correspondiente" SEGUNDO: Al analizar el contenido del hecho se observa que se refiere a un acto practicado que no posee las características objetivamente idóneas para producir el resultado de un delito de USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, tomando en consideración lo que establece el artículo 289 que sirvió de fundamento para determinar la condena: "Quien, a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte será sancionado como si fuera autor de su falsedad;, extremo que se expresa debido a que el A quo no enuncia en los hechos como se da por acreditado el uso que le dio al documento, ya que en el numeral tercero de los hechos en su parte final expresa: "...desconociendo la intención de la acusada", siendo que en este numeral describe el supuesto accionar de que mi representada realizó la redacción de un documento de compraventa de un terreno que supuestamente pertenecía a la señora Celia Molina Menjívar, pero si era necesario que se estableciera cual fue la intención de la imputada con respeto al documento, ya que la condena por el uso de documento privado falso. TERCERO: Es necesario recordar que el Factum del fallo está orientado a subsumir la acción imputada en el tipo penal contenido en el artículo 289 del Código Penal derogado como acción consumada, de tal manera que la calificación de los hechos deben estar en armonía con la parte resolutiva del fallo; tomando en cuenta que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, pero en la sentencia de marras, el fallo no ajusta como verdad el hecho de que la imputada hayan usado un documento privado falso, por lo que se produce una incongruencia entre los hechos probados con el delito que se le acusa es decir el USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO. Aunado a esto, tenemos la fundamentación jurídica que realizó el Tribunal Sentenciador, que expresa en el numeral UNO: El delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, descrito y sancionado en el artículo 284 del Código Penal mismo que refiere: Sera sancionado con reclusión de tres (3) a nueve (9) años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1)...; 2) Suponiendo en un acto la intervención de personas que no lo han tenido; 3)...: 4)...; De tal suerte, que al ser sancionado con el artículo 285 de ese mismo cuerpo legal, refiere "Quien en perjuicio de Tercero o con ánimo de causárselo cometiere en un documento privado alguna de las falsedades designadas en el artículo precedente, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años. Asimismo, el artículo 289 del Código Penal establece "Quien, a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte será sancionado como si fuese autor de su Falsedad. De los hechos declarados probados, advertimos la concurrencia de los elementos típicos del delito de USO DE DOCUMENTOS PRIVADOS FALSOS, que se ha imputado, en vista de que la prueba traída respecto de tal imputación ha sido suficiente para establecer, que la señora ELVIA MIRIAM RAMOS MOLINA elaboró un documento en el cual se finge la comparecencia de la señora CELEA MOLINA MENJIVAR y se estampa una firma que al ser analizada por un experto en la materia no se asocia con la de la señora CELEA MOLINA... DOS: El uso de Documento Privado Falso debe entenderse que es actuar en perjuicio de un tercero y el con el ánimo de causarlo comete en un documento privado, alguna falsedad como ser desnaturalizar la letra, firma o rúbrica o presumiendo en un acto la comparecencia de personas que no la han tenido. Y en la presente causa la acusada elaboro un documento en el cual se finge la comparecencia de la señora CELEA MOLINA MENJIVAR, y se estampa una firma que al ser analizada por un experto en la materia no se asocia con la de la señora CELIA MOLINA..." Visto lo anterior debemos considerar lo que significa el Uso, ya que de esto partiremos para considerar si en el Factum se estableció de manera clara y precisa si la imputada realizó dicha acción en relación al documento privado falso: USO: Del latín usus, el termino uso hace referencia a la acción y efecto de usar hacer servir una cosa para algo, ejecutar o practicar algo habitualmente". Así mismo el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales nos conceptualiza Uso: Acción y efecto de servirse de una cosa, de emplearla o utilizarla." CUARTO: Después de analizar el concepto antes enunciado, se desprende que la conducta narrada en los hechos probados determinados por el Tribunal de Sentencia, no son constitutivos de un delito de uso de documento privado falso, como erróneamente lo ha calificado el Sentenciador, debido a ello este acto es deliberado y se ha aplicado indebidamente el artículo 289 del Código Penal anterior, al no reunirse los elementos objetivos del mismo, considerando que las pruebas aportadas en el juicio no están en armonía con lo que revelan los hechos probados por tal razón se expresa los agravios ocasionados, para que el tribunal de alzada pueda subsanar la presente sentencia de marras. INTERPRETACION PRETENDIDA Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta al control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare con lugar el motivo de casación anteriormente expuesto, declarando la aplicación indebida del artículo 289 del Código Penal. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencia ha aplicado indebidamente el precepto penal contentivo del delito de USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, al no establecer en los hechos probados los elementos esenciales del delito resolución con la cual no está de acuerdo la defensa de la indiciada, únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso. SE INVOCA LA APLICACIÓN DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. En representación de la señora ELVIA MIRIAM RAMOS MOLINA, quien ha sido condenada por el delito de USO DE DOCUMENTOS PRIVADOS FALSOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA; a la Honorable Sala de lo Penal con el debido respeto por medio del presente escrito solicito que, si el Recurso por infracción de Ley que se ha formalizado es desestimado, se apliquen los artículos Articulo 96 de la Constitución de la Republica: "La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado". Así como el Artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Principio de legalidad y Retroactividad: "...si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, le delincuente se beneficiará de ello." PRIMERO: Los precitados artículos considero que deben ser aplicados, si se mantiene la sentencia impugnada, debido a que nuestra normativa penal bajo la cual fue condenado mi representado fue derogada por el decreto No. 130-2017, vigente a partir del 25 de junio del año 2020, el cual establece penas benevolentes a favor de la encartada, en relación al delito por el cual fue condenada. Relacionando al cuadro factico que se declaró probado por el Tribunal de Sentencia, en la presente causa declaró culpable a mi representada por el delito de Uso de documentos privados falsos, condenándolo a la pena de tres (3) años. SEGUNDO: El parámetro de la pena abstracta por el delito de Uso de documentos privados falsos por el cual se condenó con fundamento en el artículo 289 en relación a los artículos 284 numerales 1 y 2, 285 es de seis (6) meses a tres (3) años La nueva pena en relación a dicho delito es benevolente, con fundamento en los artículos 456, 461 y 462 del decreto 130-2017, ya que la misma la pena abstracta a imponer es de 8 meses a 2 años de prisión. TERCERO: El Artículo 615 del Código Penal vigente reza: Retroactividad de la Ley más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto en cuyo caso se aplicaran estas..." Así mismo, El artículo 624 del Código Penal vigente nos establece: "Sentencias pendientes de recursos. En las sentencias dictadas de acuerdo con la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, se aplicaran las reglas siguientes: 1) Tanto si se trata de un recurso de apelación como de casación las partes pueden invocar al formalizarlo los preceptos del presente código, cuando resulten más favorable al reo..." Por lo anteriormente expuesto, una vez dictado el fallo, de no ser resuelto a favor el recurso por infracción de Ley expuesto; invoco que se debe aplicar la normativa antes mencionada a favor del señor ELVIA MIRIAM RAMOS MOLINA.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 289 relacionado con los artículos 284 literales 1,2 y 285 del Código Penal, articulo 96 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Aplicación indebida del artículo 289 del Código Penal y articulo 96 de la Constitución de la República; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor; Pretensión: Se case la sentencia. El recurrente señala que, el juzgador ha aplicado indebidamente el aartículo 289 relacionado con los artículos 284 literales 1,2 y 285 del Código Penal, realiza alegatos propios de instancia, solicita en el mismo recurso sea aplicada la retroactividad de la ley más favorable. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal.Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos:a.Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 1. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp. 228-2011, entre otras.) De la procedencia del Recurso. el único motivo no es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que, la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el recurrente en su desarrollo se aparta totalmente de la base fáctica de la sentencia y omite totalmente hacer su análisis de juricidad y confrontarla con el fallo recurrido, incluye a sí mismo una solicitud de retroactividad en el mismo escrito de Casación. Todo ello es impropio de la debida técnica recursiva que debe regir la interposición y formalización de un Recurso de Casación por Infracción de Ley. Por lo anteriormente expuesto, procede su desestimatoria porque ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Delito Continuado la revisión/ponderación debe de hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, se deberá primero hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito complementario por parte de la defensa de la señora Elvia Miriam Ramos Molina, que expusieran cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017, conociendo su criterio exclusivamente en el recurso de casación por infracción de ley, que incluye en su motivo la solicitud de la retroactividad de la ley más favorable; El Ministerio Público no hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso a la señora Elvia Miriam Ramos Molina, una pena principal de reclusión de dos (02) años de reclusión, por el delito de Uso de Documentos Privados Falsos, en perjuicio de La Fe Pública; más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de Falsificación de Documentos Privados Falsos (art. 461 NCP), que señala que: “Quien, para perjudicar a otro, comete en documento privado alguna de las falsedades previstas en el Artículo 456 del presente Código, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años.” (art. 462 NCP) Uso De Documentos Privados Falsos. “Quien, sin haber intervenido en su falsificación, presenta en juicio o causa perjuicio a tercero haciendo uso de los documentos falsos a que se refiere el artículo anterior, debe ser castigado con la pena señalada para la falsificación, reducida en un tercio (1/3).” En consecuencia, la pena abstracta para el delito de Uso de Documentos Privados Falsos, de acuerdo a la nueva legislación, será de Correspondiendo una pena de ocho (08) meses hasta un (1) año de prisión. Así las cosas, al comparar el quantum de las penas impuestas en instancia de la señora Elvia Miriam Ramos Molina, con el margen abstracto que corresponde con el Código Penal 130-2017; conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que aquella que contempla el CP 130-2017 para los mismos hechos delictivos. Por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto; debiendo los beneficios penitenciarios ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017; debiendo individualizarse la pena conforme lo dispone el artículo 70 numeral 1 literal a) del NCP, que manda tener en consideración la existencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (Agravantes y Atenuantes) y, en su defecto de sus ausencias, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito en atención a las circunstancias personales de las personas condenadas.- Así las cosas, conforme los hechos declarados probados, concurre la circunstancia agravante contemplada 32 del cuerpo legal señalado, por ejecutar el hecho con abuso de confianza; por lo cual, corresponde la imposición de una pena de un (1) año de prisión. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Christian Josué Fajardo Hernández, en su condición de defensor público de la encartada Elvia Miriam Ramos Molina. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a la acusada Elvia Miriam Ramos Molina; como consecuencia Reforma el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada en los siguientes términos: I: Que debemos condenar y condenamos a la señora Elvia Miriam Ramos Molina, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autora penalmente responsable de un delito de Uso de Documentos Privados Falsos, en perjuicio de La Fe Pública, a cumplir la pena principal de prisión por un (01) año; II: El cumplimiento de la penas principal deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del Cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá de deducir del tiempo en que el reo, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. III) Que debemos condenar y condenamos a la señora Elvia Miriam Ramos Molina, por disposición constitucional (Art. 41.2), a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Así como también a trabajar por el tiempo de la condena de prisión en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, en donde se encuentren internados, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. IV) Se mantienen incólumes los pronunciamientos segundo, tercero y cuarto de la sentencia impugnada no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas Secretaria Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero de dos mil veintiséis, Certificación de la Sentencia dictada a los veinte días del mes de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-588-2021.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

SECRETARIA SALA DE LO PENAL