Sentencia CP-551-21 — Registro 19391
Resumen
En primer instancia se absuelve al acusado por el delito de homicidio simple, por considerar el tribunal que el accionar del imputado a pesar de ser típico, está cubierto por una causa de justificación como es la legítima defensa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha revisado el argumento de la Censora misma que plantea: “Que la conclusión a la que llegó el Tribunal es desacertada pues no se derivó de lo demostrado con la prueba, si se hubiese realizado una valoración conjunta de los medios probatorios allegados al proceso habría concluido que con la declaración del Testigo Protegido XY, constratada con los demás medios probatorios evacuados en juicio; sin embargo considera errónea porque no reflejan lo demostrado, porque la afirmación del Tribunal respecto a que no es posible vincular al acusado con el aparato telefónico, al tener fotos del acusado”; además la recurrente realiza alegatos de instancia en su escrito recursivo de cómo se debió valorar el legajo probatorio, sin embargo procedemos a dar respuesta por el hecho de manifestar que se violó el principio de derivación integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. De la foliada se desprende que la sentencia recurrida dictada por el A quo, en el apartado de la valoración de la prueba realizó un estudio de los medios de prueba siguiente: “Declaración Testifical, Documental y Pericial; por lo que se tiene como evacuados los siguientes medios de prueba de cargo del cual el Impetrante establece no fue debidamente valorado conforme a las reglas de la sana critica, y que en la sentencia recurrida en el apartado de la Valoración de la Prueba en el acápite Primero, se valora la Pericia de Extracción y análisis de información de un teléfono celular, el Juzgador realiza el siguiente razonamiento: “Obsérvese que con dicho medio de prueba no fue posible vincular al imputado Yimy Adonay Castellanos Martínez con el teléfono celular recolectado como indicio en la segunda escena inspeccionada y a criterio de este tribunal no merece crédito lo afirmado por la testigo protegido XY cuando afirmó que ese teléfono pertenece al imputado, en virtud de que durante su deposición sobre los hechos nunca afirmó haberlo visto mientras presenciaba los mismos, los cuales se desarrollaron en horas de la noche y en un lugar donde no había energía eléctrica que le permitiera observar con más detalle”. En el acápite Séptimo extrajo el razonamiento del medio de prueba declaración del Testigo Protegido XY, quien rindió su declaración bajo las formalidades de prueba anticipada en la audiencia Inicial (F. Del 100 al 103 de autos), siendo introducido al debate mediante lectura autorizada (F.260) del cual el A quo realizó la siguiente inferencia en la sentencia recurrida: “Séptimo: DECLARACIÓN DE LA TESTIGO PROTEGIDO XY rendida bajo la modalidad de prueba anticipada: esta declaración si bien es cierto viene de una testigo presencial del hecho, no es menos cierto que al realizar un análisis y valoración de la misma de manera conjunta con el resto de los medios de prueba evacuados, hemos encontrado serias inconsistencias en el relato, las cuales considera este Tribunal son relevantes y no nos resultó creíble en varios aspectos de su declaración, tomando en cuenta entre otros aspectos el lugar, la hora del hecho, el lapso de tiempo en que se dio el hecho y la visibilidad que pudo haber tenido la testigo. En el mismo orden de ideas es preciso señalar que como Tribunal no tuvimos la inmediación respecto de dicha declaración, en virtud de que al no presentarse a la audiencia de debate y así poder tener de manera directa su testimonio y aclarar ciertas dudas que hubiesen servido para buscar la verdad de los hechos, aspecto este que tiene una significativa relevancia ya que fue el único medio de prueba testifical con el que el Ministerio Público pretendió probar la participación del imputado a título de autor material del delito de Asesinato en perjuicio del señor ADELMO GUZMÁN RAMÍREZ”; continua el A quo analizando dicho medio probatorio de la siguiente manera: “Las inconsistencias apreciadas por este Tribunal son las siguientes:a) Resulta extraño en su relato que expresara que observó que los señores Yimi y Jumgo (Carlos) estuvieran discutiendo con Adelmo Guzmán en el patio de la casa de la señora Honoria Menjivar y que Adelmo Guzmán le solicitara a Carlos un corte de pelo a esa hora y en la oscuridad de la noche en virtud de que los hechos ocurrían según la testigo entre diez y media a once de la noche del 15 de febrero del año 2017. Obsérvese que los agentes de investigación realizaron una inspección en el falso de acceso a la propiedad de Honoria Menjivar y no se observó restos de cabello como tampoco en la vestimenta del ofendido ni en la navaja que fue recolectada como indicio. b) Otro aspecto en su declaración no resulta convincente cuando afirma que mientras el ofendido era atacado por Carlos, Yimi lo sostenía y la reacción del ofendido era normal, en virtud de que ninguna persona que esté siendo atacada va a dejar de reaccionar, de hecho, la prueba científica indica que el ofendido si tenía heridas de defensa. c) Asimismo, se contradice cuando a preguntas del Ministerio Público (p. 23 a la p. 25) expresa que Carlos empezó a hacer cortes a Adelmo en su cabeza, pero cuando se le pregunta cuantos cortes contestó que solo vio que le estaban cortando el pelo. Nuevamente cuando se le pregunta (p. 28) ¿dónde le hicieron esos cortes con el cuchillo? Responde que primero empezaron en la cabeza, después el cuello y por último el estómago. Llama la atención de este Tribunal que durante el interrogatorio realizado por la representante del Ministerio Público a la testigo XY, la primera refiere que el arma empleada es un cuchillo y la segunda refiere que es un puñal, sin que se hicieran preguntas encaminadas a aclarar ese aspecto, lo cual era de suma importancia debido que en la escena uno el ofendido tenía consigo un cuchillo y en la escena dos se recolectó una navaja, la cual es sometida a un análisis de serología forense. Respecto a las condiciones del lugar donde ocurrieron los hechos, los agentes de investigación indicaron que al menos en la escena donde realizan levantamiento del cuerpo del ofendido, no había energía eléctrica y Se auxiliaron de focos de mano y de las luces del vehículo para iluminar la zona y que incluso así, no lograron observar la calle de tierra que conduce a la propiedad de la señora Honoria Menjívar, que es donde ocurren inicialmente los hechos según la declaración de la testigo XY lugar donde tampoco había energía eléctrica, pero llama la atención que afirmara con tanta propiedad y certeza que observó que Carlos le hacia un corte de pelo al ofendido, así como también observara con tanto detalle que el color de la motocicleta era azul y que en ella se conducían Carlos y Yimi en virtud de que nunca mencionó como llegaron a ese lugar las tres personas en mención, pero aseguró que la moto era de YIMI ADONAY CASTELLANOS MARTÍNEZ, sin embargo nunca se pudo constatar dicho extremo debido que ese vehículo no aparece en ningún registro (IP, NACMIS e Interpol) y tampoco se le practicaron pruebas de dactiloscopia para encontrar de ser posible huellas digitales de la persona que pudo haber conducido la misma para compararlas con las huellas del imputado, de hecho a la navaja tampoco se le practicó dicha pericia. e) En ese orden de ideas y cuando la señora fiscal le pregunta al testigo XY si la foto del cuchillo que se le muestra en esa audiencia (que no sabemos que fotografía se le mostró en virtud de que no se especifica en el acta respectiva) manifiesta que sí, que anteriormente se lo había visto al imputado YIMI ADONAY CASTELLANOS MARTÍNEZ y que fue el mismo con el que atacaron al ofendido, pero llama la atención que al inicio de su declaración indicó que quien se sacó un puñal fue Carlos, este Tribunal se pregunta si el arma era del imputado YIMI ADONAY CASTELLANOS MARTÍNEZ porque inicialmente lo tenía Carlos? Genera un poco de duda para este Tribunal el hecho de que el indicio recolectado en la segunda escena inspeccionada consistente en una navaja, misma que fue propuesta como medio de prueba durante el juicio, resulta que no es de gran tamaño; lo cual, sumado a la hora y oscuridad del lugar, así como a la distancia a la que se encontraba la testigo con respecto al sitio exacto donde asegura atacaban al ofendido, consideramos que no había forma de que la testigo viera claramente el arma que asegura es del imputado YIMI ADONAY CASTELLANOS MARTINEZ. Continua el Tribunal Juzgador en el apartado de la valoración de prueba realizando las inferencias y razonamientos de la siguiente manera: “Octavo: Medio de Prueba denominado EVIDENCIA FISICA CONSISTENTE EN: 1. Una bolsa plástica transparente que contiene una navaja con manchas rojas, la cual una vez analizada en el laboratorio de Serología forense, esas manchas dieron positivo a sangre de la especie humana, este indicio fue puesto a la vista de los peritos (agentes de investigación de la DPI y por la Doctora América Gomez) y testigos aportados por el Ministerio Público, quienes reconocieron el arma que se vincula a las investigaciones. 2. Un teléfono celular marca Huawei color negro, el cual fue reconocido por los agentes de investigación Belarmino Quintanilla y José Mendoza. Evidencia que aparece en la segunda escena inspeccionada por el Agente Belarmino Quintanilla en fecha 16 de febrero del año 2017, sin embargo, con tales evidencias no se logra vincular al imputado YIMY ADONAY CASTELLANO MARTÍNEZ con los hechos que se le imputan en la presente causa, por las valoraciones antes realizadas al resto de los medios de prueba. La Sala de lo Penal al examinar la sentencia de mérito verifica que con los medios de prueba evacuados, los cuales fueron debidamente incorporados al debate de juicio oral y público conforme lo establece la normativa procesal penal, en el presente caso el juzgador en el apartado de la Fundamentación Jurídica en los acápites primero y segundo realizó inferencias de la siguiente manera: “Primero: Ha quedado probado, sin lugar a dudas, que el señor ADELMO GUZMAN MARTÍNEZ, sufrió varias heridas cortantes y punzocortantes en diferentes partes de su cuerpo, producidas por arma blanca, habiéndole ocasionado la muerte específicamente las heridas punzocortantes, lo que constituye un delito contra la vida, no obstante, para ser autor, debe considerarse la participación directa del sujeto activo, de acuerdo al artículo 32 del Código Penal, ya sea ejecutando él mismo el acto, o induciendo a otros a ejecutarlo, por lo que no se puede afirmar tal participación al señor YIMY ADONAY CASTELLANOS MARTÍNEZ, tal como se ha expresado en la valoración de los medios de prueba los cuales fueron evacuados en el acto del debate, en consecuencia no fue suficiente este material probatorio para enervar el estado de inocencia del acusado. Este delito necesariamente tiene que ser doloso, esto es así, por disposición de nuestra normativa penal, debe por tanto no solo concurrir los elementos objetivos, sino que a las personas acusadas es preciso que se les acredite su participación de forma voluntaria y personal, en la actividad delictiva descrita, sin estar amparado en una causa que excluya la responsabilidad penal; en el presente caso, al no haberse acreditado respecto del señor YIMY ADONAY CASTELLANOS MARTÍNEZ, su participación en el hecho, obviamente no se puede definir a su respecto, lo concerniente al principio de culpabilidad, pues de la prueba evacuada en juicio y valorada en la presente sentencia, no deriva certeza de la participación del acusado, en el acto violento que dio como consecuencia la muerte del señor ADELMO GUZMÁN RAMÍREZ; por lo que no puede este Tribunal dictar un fallo de culpabilidad, dado que, los fallos condenatorios a partir de prueba indiciaria, impone como requisitos "sine qua non", entre otros, que se trate de una pluralidad de indicios, que los mismos sean coherentes unos con otros (derivación uno de otro), que se plasmen en la sentencia y que se haya llegado a ellos mediante las reglas de la sana crítica. Podemos observar que en el presente caso no existe esa pluralidad de indicios que lleven al Tribunal a colegir un fallo de culpabilidad contra el acusado, por lo que no puede deducirse la participación de YIMY ADONAY CASTELLANOS MARTÍNEZ en el hecho por el que se le llamó a juicio; a pesar de haberse acreditado fehacientemente la muerte del señor ADELMO GUZMAN RAMÍREZ. Segundo: Ante la evidente falta de contundencia en la prueba, que determine la responsabilidad del señor YIMY ADONAY CASTELLANOS MARTÍNEZ, lo que es equivalente a mantenerse el estado de inocencia del mismo, este Tribunal deviene en la obligación, tal como lo consigna el artículo 339 del Código Procesal Penal, de decretar la absolución del acusado. Así las cosas, para estimar un fallo de condena se debe tener la plena certeza de que la persona participó en el delito por el que es acusado, a este grado de certeza solamente se puede llegar cuando la prueba de cargo válidamente practicada en el juicio, resulte con la virtualidad necesaria, para generar el estado de culpabilidad, y no haya nada que la contradiga. La prueba de cargo practicada a instancia de la Fiscalía y que ha sido valorada como se dejó dicho en el apartado correspondiente, no tiene la virtualidad necesaria para demostrar que efectivamente el acusado participó en el delito por el que se le acusó. El órgano obligado a probar la culpabilidad del acusado, es decir el Ministerio Público en su condición de dueño de la acción penal, no fue capaz de crear el mínimo de certeza con relación a sus pretensiones, por lo que no existen pruebas suficientes para condenar al señor YIMY ADONAY CASTELLANOS MARTINEZ, como responsable penalmente del delito de ASESINATO en perjuicio de ADELMO GUZMAN RAMÍREZ”. La Sala de lo Penal verifica en el fallo en examen que el Tribunal de Sentencia procedió a realizar inferencias de los medios de prueba los que valoró de manera armónica y conjunta; y se verifica que el Sentenciador en su estudio intelectivo, no infringió las reglas de la lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, y que en dicho estudio intelectivo desarrolla la premisa mayor, la premisa menor para obtener una conclusión; por lo que consideramos que los Juzgadores en su análisis intelectivo del legajo probatorio no infringe la reglas de la sana crítica al emitir sus razonamientos; y como verificamos que el A quo en la valoración de la prueba consideró que con la prueba traída a juicio no se logró quebrantar el estado de inocencia del encausado y que fueron producto de la investigación realizada en su momento; en el apartado de la fundamentación jurídica el sentenciador claramente establece que no se ha logrado acreditar la participación del imputado, al no derivar certeza sobre la culpabilidad de este, en el hecho ocurrido, por lo que consideramos que no se ha incurrido en el vicio invocado por la Censora, y que del examen del fallo recurrido, se desprende que el Juzgador, realizó inferencias del por qué les da importancia a unos y a otros no, haciendo las misma de la siguiente manera: “para estimar un fallo de condena se debe tener plena certeza de que la persona participó en el delito por el que es acusado, a este grado de certeza solamente se puede llegar cuando la prueba de cargo válidamente practicada en el juicio, resulte con la virtualidad necesaria, para generar el estado de culpabilidad, y no haya nada que la contradiga. La prueba de cargo practicada a instancia de la Fiscalía y que ha sido valorada como se dejó dicho en el apartado correspondiente, no tiene la virtualidad necesaria para demostrar que efectivamente el acusado participó en el delito por el que se le acusó”, en consecuencia, el Tribunal es claro y preciso en su fallo al plantear los razonamientos que lo llevaron a absolver al encartado, realizando la inferencias que se desprendieron de la prueba allegada al debate de juicio oral y público, por lo que no se infringe el principio indicado por la Censora, es así que se desestima el motivo planteado en el recurso de casación interpuesto..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-555-2021, que literalmente dice:”Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-555-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolviò al señor Josè Enrique Romero Escobar, del delito de Homicidio Simple en perjuicio de German Claros Amaya. Segundo: No Procediò la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: La Abogada Elizabeth Rodríguez Valladares, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y la Abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de defensora Pûblica del señor Josè Enrique Romero Escobar, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: En fecha 5 de noviembre del año 2018 aproximadamente a las 12 del mediodía en la aldea La Flor del Valle de Choloma. Cortés, el señor JOSÉ ENRIQUE ROMERO ESCOBAR se disponía a ingresar con su carreta a un predio público de dicha aldea, cuando salió al encuentro el señor GERMAN CLAROS AMAYA, quien se opuso al ingreso del señor JOSÉ ENRIQUE ROMERO ESCOBAR , éste le explicó que se le había autorizado el ingreso al predio, momento en que el señor GERMAN CLAROS AMAYA procedió a atacarlo con arma blanca tipo machete, impactándole en la parte anterior del cuerpo, por lo que el señor JOSÉ ENRIQUE ROMERO ESCOBAR se levanta e intenta alejarse del señor GERMAN CLAROS ARAYA quien persiste en su intento de seguir atacándolo, por lo que el señor JOSÉ ENRIQUE ROMERO ESCOBAR tomó su arma blanca tipo machete y en el afán de salvaguardar su vida le infirió al señor GERMAN CLAROS AMAYA una herida contuso cortante en cuello con laceración de vena yugular que le causó la nuerte por Exanguinación por arma blanca.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Marvin Aguilera, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: De la declaración del testigo Protegido “Lobo”, rendida en audiencia inicial e introducida por lectura al proceso, de la cual se estable que él observó discutir al señor José Enrique con el señor German Claros, porque este último le dijo que no se permitía el paso por el campo, momento en que José, sacó el machete que llevaba en la parte de atrás de la carreta donde se transportaba y comenzó a lanzarle machetazos a German, quien usó un machetio que andaba pero no lo logro, recibió las primeras heridas en los brazos y luego en el cuello; probanza que se colige con el medio de prueba Pericial Dictamen de Autopsia A-SPS-1777- 18 de fecha 13 de enero del 2021, que acredita LA CAUSA DE MUERTE : Herida contuso cortante en cuello con laceración en vena yugular externa e interna derecha. LESIONES ENCONTRADAS: 1.- Cinco heridas contuso cortantes dispuestas de manera siguiente: 1) Región izquierda del cuello que mide 12 cm de longitud, que produjo laceración muscular, venas yugulares externa e interna derecha con exanguinación. 2) Codo derecho de 8 cm, que produjo laceración muscular y fractura del codo. 3) Cara anterior de antebrazo derecho de 9cm, que produjo laceración muscular. 4) Cara posterior de antebrazo izquierdo de 14cm que produjo laceración muscular y fractura de los huesos de antebrazo.5) Dorso de mano izquierda que produjo laceración muscular y fractura de huesos de la mano. II.- Una herida cortante en región derecha de tórax de 9cm de longitud. Lográndose determinar que la intensión del encartado era dar muerte al señor German, es evidente que su propósito no era evitar ser agredido, como lo asevera el imputado en su relato, cuando hace uso de su derecho a declarar, y como lo refiere el testigo de descargo Jhony Bernardo Perdomo, que el encartado se defendía de los machetazos que le lanzaba German, para impedirle que ingresara con la carreta al campo de futbol; las probanzas son contundentes pues establecen que la víctima recibe heridas profundas en sus extremidades superiores, suficientes para dejarlo imposibilitado, de ahí que al encestarle el machetazo en el cuello refleja una acción que va más allá de un acto de defensa, desvirtuándose que el encartado le diera muerte al hoy occiso para salvaguardar su vida. Asimismo el enjuiciado manifestó que él se encontraba desamarrando unos alambres para pasar por el campo de futbol, momento que fue atacado a machetazos por la víctima, razón por la que el busca el machete que llevaba en la carreta para defenderse, siendo esta la misma versión que rinde el testigo de descargo Jhony Bernardo Perdomo; sin embargo el Acta de Inspección Ocular, de fecha 6 de noviembre del 2018, ratificada por el agente Agustín Almendarez, desvirtúa esos dichos, en el sentido de que el acusado se encontraba quitando el alambrado para lograr ingresar a dicho lugar, cuando fue atacado por el German Claros, pues si bien el campo se encuentra cercado con postes y alambre de púas no es menos cierto que, este lugar tiene su propia entrada de acceso sin puerta o portón que imposibilite el libre tránsito, lo que se acredita con el álbum fotográfico, dejando claramente establecido el agente en su deposición, que ese espacio permite el paso de un vehículo, circunstancias que establece que ambos testimonios no son verosímiles, por ende se ven desacreditas. Si bien es cierto que conforme el Dictamen de Evaluación Física, se estableció que el acusado presentaba heridas en muñeca izquierda, falange medio del tercer dedo mano derecha, y lado izquierdo de tórax, producidas por arma blanca (machete), y que haya permanecido en el lugar hasta la llegada de las autoridades policiales, porque no había hecho nada malo ya que solo defendido su vida, versión que fue corroborada por el agente Marcos Garrido, quien refirió que auxilio en lugar los hechos a dos personas heridas con machete, trasladándolas a recibir asistencia médica, y así mismo determina hacer el decomiso al imputado de un arma blanca tipo machete, acreditado con la respectiva Acta de Decomiso; lo que se logra determinar es que también el hoy occiso trataba de preservar su vida, ya que si bien el acusado presenta heridas, están fueron de menor gravedad en relación a las de la víctima, quien presenta múltiples heridas y que conforme al elenco probatorio desde que recibe las primeras heridas en ambos brazos y manos lógicamente se encuentra neutralizado, ya que estas provocaron fractura de huesos, dejándole en indefensión; por ende, no persistía el peligro inminente por parte de quien se supone se defendía, y aun así el encartado continua su acción, infiriéndole la herida en la parte del cuello que le corto la vena yugular provocando exanguinación. En atención a lo ya explicado discrepamos de la determinación que llega el tribunal: “Consideramos y estamos convencidos que el accionar del ahora imputado a pesar de ser típico, esta cubierto por una causa de justificación como es la legitima defensa, esto lo afirmamos después de confrontar la prueba y llegar a establecer que se cumplen los requisitos que manda la norma penal en el articulo 25 numeral 1, como es la legitima defensa, en virtud que la defensa que realizó el señor José Enrique Romero fue la respuesta proporcionada a una agresión injusta e ilegítima por parte del ahora occiso y el medio empleado para ejercer la defensa es proporcional y sin lugar a dudas hubo falta de provocación por parte del ahora acusado”. En virtud de lo anterior, debemos señalar que la apreciación hecha por el Juzgador, en torno a la concurrencia de una causa de justificación como es la Legitima de Defensa, es resultado de infringir la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de las pruebas aportadas, la concurrencia de la causa de la justificación antes señalada. Es notorio la inexistencia de la causa de justificación de Legítima Defensa, pues la probanza fue contundente en demostrar que no existió una agresión ilegítima y actual hacia el acusado por parte del ahora occiso, pues con las heridas que presenta la víctima es evidente que las mismas indican un mecanismo de defensa, pues las primeras heridas que recibe el occiso fueron en sus brazos y manos presentando fractura de hueso y destrucción de masa muscular, es decir que no pudo haber persistido en su ataque, al ser herido de manera severa; de tal forma que el imputado al inferirle la herida en el cuello lo hace con la intención de quitarle la vida y no repeler una agresión; de tal manera que no es posible subsumir la acción en una legítima defensa. Que conforme a lo antes explicado la Sala de lo penal a través de la sentencia SP-57- 14 de fecha 25 de septiembre del 2017, estableció lo siguiente: “Estos hechos fueron catalogados por el Sentenciador como constitutivos de un delito de Homicidio Simple conforme lo regula el artículo 116 del Código Penal, Ios que una vez analizados profundamente no se observa la concurrencia de todos Ios requisitos necesarios para la conformación de una legítima defensa, como ser: a) Agresión Ilegítima la cual debe ser, *Antijurídica, no debe ser puramente formal sino material es decir, debe haber una efectiva posición en peligro de bienes jurìdicos defendibles; -Típica, es decir, que constituya el tipo de injusto de un delito; *Reall es decir, no basta que quien se defienda crea que lo hace ante una agresiòn que sólo exista en su imaginación; y *Actual, No cabe pues apreciar Legitima Defensa cuando la agresión ha cesado....por tanto este primer elemento no aparece claramente revelado en los sucesos probados, diríamos entonces que no se cumple este primer requisito. Si no se cumple con el primer requisito, sería absurdo analizar el resto de exigencias que se establecen en el artículo 24 del Código Penal, pues se requiere la concurrencia de todos para acceder a la causa de justificación de la Legítima Defensa, pero para efectos ilustrativos los otros dos elementos lo constituyen: b) Necesidad Racional del Medio Empleado para Impedir o Repeler la Agresión, aquí supone la concurrencia de dos extremos distintos, f) La Necesidad de Defensa, que sólo se da cuando es contemporánea a la agresión y que persiste mientras la agresión dura, siempre que sea, además, la única vía posible para repelerla o impedirla. ii) La Racionalidad del medio que exige la proporcionalidad, tanto en la especie como en la medida, de los medios empleados para repeler la agresión. c) Falta de Provocación suficiente por parte del Defensor, solo cuando la agresión es la reacción normal a la provocación de que fue objeto el agresor se podrá denegar la Legítima Defensa.”; Sin duda alguna en el caso que nos ocupa como se ha venido explicando, no existió un peligro inminente hacia el encausado, lo que ha quedado claramente demostrado que este dejó imposibilitado a su víctima con las heridas que le provocó en manos, brazos y codos; por ende, no concurre la figura de Legítima Defensa, por tal razón el sentenciador debió proferir un fallo condenatoria. La prueba antes descrita nos conduce a tener por acreditada sin lugar a dudas la existencia del delito de homicidio, por lo que al dictarse una sentencia absolutoria contraría frontalmente al Postulado de Derivación, integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último, de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo.Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica; Reclamación ex-ante: No se realizó reclamación alguna, por haberse producido el vicio en el acto mismo de sentenciar; Pretensión: Que se declare con lugar el recurso. Establece el recurrente que el aquo ha infringido la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente al señalar en la valoracion de la prueba lo siguiente: “Consideramos y estamos convencidos que el accionar del ahora imputado a pesar de ser típico, esta cubierto por una causa de justificación como es la legitima defensa, esto lo afirmamos después de confrontar la prueba y llegar a establecer que se cumplen los requisitos que manda la norma penal en el articulo 25 numeral 1, como es la legitima defensa, en virtud que la defensa que realizó el señor José Enrique Romero fue la respuesta proporcionada a una agresión injusta e ilegítima por parte del ahora occiso y el medio empleado para ejercer la defensa es proporcional y sin lugar a dudas hubo falta de provocación por parte del ahora acusado”. Es así que el censor considera que la apreciación hecha por el Juzgador, en torno a la concurrencia de una causa de justificación como es la Legitima de Defensa, es resultado de infringir la regla lógica de la derivación ya que es notoria la inexistencia de la causa de justificación de Legítima Defensa, pues la probanza fue contundente en demostrar que no existió una agresión ilegítima y actual hacia el acusado por parte del ahora occiso. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social.Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. A. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. B. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o c. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”.ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión deberivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Causa de Justificación Legítima Defensa Para dar respuesta al Recurrente es oportuno analizar la naturaleza de las Causas de Justificación, llamadas también Causas de Exclusión del Injusto Penal, y en especial, la Legitima Defensa, por ser ésta la que se invoca como concurrente. Las Causas de Justificación son el aspecto negativo de la Antijuricidad y constituyen la autorización que la ley da a una persona para que haga defensa directa de sus intereses subjetivos que se ven amenazados o lesionados por actos reprochados por el ordenamiento jurídico o por hechos que se desean evitar y de los que no puede dar respuesta de manera inmediata el Estado. Las causas de justificación convierten una conducta humana subsumible en un tipo penal, en un acto conforme a derecho, es decir en un acto jurídicamente lícito y por tanto descarta la existencia de un hecho delictivo por parte de quien actúo a su amparo. La cuna de las Causas de Justificación no es exclusivamente el derecho penal y por tanto el catálogo que contempla el artículo 24 del Código Penal no es cerrado, éstas pueden encontrarse en todo el ordenamiento jurídico puesto que no crean derechos, sino que reconocen el ámbito de lo permitido o lícito, por tanto desde un punto de vista unitario, la conducta humana deben de ser catalogadas como lícitas o ilícitas alternativamente y no simultáneamente, entonces una conducta permisible en una rama del derecho no puede estar proscrita en otra. Una vez comprobada la existencia de la causa de justificación, ello tendría como consecuencia jurídica (Al respecto ver Velásquez Velásquez, Fernando; Derecho Penal Parte General, Tercera Edición; Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997, pág. 468): a. No Nace el Injusto Penal; La conducta humana típica y antijurídica da paso al injusto penal, más con la existencia de la causa de justificación se afirma que el acto en lugar de ser antijurídico, es jurídicamente lícito y por lo tanto no concurriría el injusto penal.- Al no existir injusto penal no es posible hacer estudio sobre los elementos de la culpabilidad o la punibilidad, tampoco existiría responsabilidad civil derivada del hecho justificado, salvo en los casos de Estado de Necesidad, por disposición expresa del legislador en el artículo 106 del Código Penal; b. Los inductores y cómplices de la conducta justificada igualmente están exentos de responsabilidad; c. No es posible invocar la existencia de una causa de justificación frente a quien de manera legítima actúa en el ejercicio de otra causa de justificación; y d. Quien actúe bajo una causa de justificación no podrá ser sujeto a ninguna medida de seguridad, aun cuando al momento del hecho se encontrare en estado de trastorno mental, dada la inexistencia del injusto penal (Art. 2-D segundo párrafo del C.P.). Entre las causas de Justificación que regula el Código Penal se encuentra la Legítima Defensa Propia, contenida en el artículo 24.1 y no es más que el ejercicio de la violencia para tutelar o proteger un bien jurídico atacado injustamente. Es una situación en donde un individuo se ve en la necesidad de repeler la agresión ilegítima, actual o inminente, y no provocada, de la que es objeto, causando un daño a un bien jurídico protegido mediante medios proporcionales para impedirla o repelerla. La Legitima Defensa no tiene contenido recíproco, es decir, la persona que ilegítimamente agrede a otra, debe tolerar el ejercicio del derecho de defensa del agredido, no pudiendo invocar a su vez legítima defensa. Explican Sánchez Romero y Rodas Chacón (En Sánchez Romero Cecilia y Rodas Chacón José Alberto; Teoría del Delito, Aspectos Teóricos y Prácticos; Tomo I; Ministerio Público de Costa Rica, Pág. 218.) que la Legitima Defensa se basa en dos principios: la protección individual y el prevalecimiento del derecho, lo que implica, por una parte, que nadie está obligado a soportar lo injusto, cuando el Estado no puede intervenir a tiempo para proteger los bienes jurídicos del afectado, y por otra parte, la afirmación del derecho al autorizar al individuo defender lo que está protegido en la legislación. El Código Penal, en el artículo 24.1 establece como requisitos para la existencia de la Legítima Defensa: Elementos Objetivos De Permisión: A.- Conducta Típica: Para el estudio de la legítima defensa se requiere que, de previo, exista una conducta humana que se subsuma en un tipo penal por observarse los elementos objetivos y subjetivos de la tipificación; Es esta conducta que se verá justificada; B.- Agresión Ilegitima: Existencia de una agresión que lesiona o pone en peligro de lesión a un bien jurídico protegido; Agresión que tiene su origen en la conducta de una persona física, realizada directamente o por medio de un instrumento, siendo indiferente si la persona es imputable o inimputable. La agresión puede realizarse a través de una acción que requiere la actividad corporal del sujeto, o a través de una omisión la cual puede ocurrir cuando el agresor tiene una obligación jurídica de actuar, y la agresión se comete, precisamente, no actuando, con lo que causa daño al atacado, de manera que la reacción de este último sería una legítima defensa. La agresión deberá de ser actual o inminente: Es Actual la que se ha comenzado a ejecutar y no se ha concluido; Es Inminente la que no se ha comenzado a ejecutar, realizando el agresor actos inequívocos encaminados a ejecutarla. La agresión que se repele debe de ser antijurídica, indebida, ilícita e injustificada, es decir debe de ser contraria al orden jurídico y no autorizada por la ley, ni cubierta por causa de justificación. C.- Necesidad Racional del Medio Empleado para Impedirla o Repelerla: El acto de defensa debe de recaer sobre quien es el autor de la agresión ilegitima o sobre sus bienes, no abarcando la causa de justificación aquellos daños que, en aras de ejercer defensa, se produzcan en contra de terceros. El que se defiende debe de utilizar un medio que, bajo un juicio ex ante, sea racionalmente la única forma de repeler o impedir la agresión injusta. Se trata de realizar un análisis de las condiciones en que se encontraba la persona que se defiende en relación con las de su agresor y los medios que tenía el primero a su alcance, eligiendo aquel que, causando el menor daño posible, haya representado como el idóneo para hacer frente a la agresión injusta. Debe de entenderse que la ley no autoriza a quien rechaza un ataque ilícito para recurrir a cualquier medio y causar cualquier daño a quien le agrede, sino solo aquellos medios que guarden proporcionalidad entre el daño que se quiere evitar y el que se puede producir para evitarlo; Esta proporcionalidad no debe ser tomada desde una perspectiva matemática de equivalencia de condiciones de ataque, sino más bien es la consideración entre la intensidad de la agresión, la peligrosidad del agresor y la disponibilidad de medios que pueden ser utilizados como defensa; Contrario Sensu habría desproporcionalidad cuando quien se defiende elige conscientemente un medio superior al necesario para lograr su finalidad defensiva, habiendo disponibles otros medios que igualmente idóneos pudiesen producir un resultado menos dañoso. Finalmente, para que el requeisito se cumpla, debe existir unidad de acto entre la agresión ilegitima y el acto de defensa, las que no necesariamente deben de ser simultaneas, sino basta que el acto de defensa se realice ante la inminencia de la agresión, durante su ejecución y hasta el momento en que cese el peligro. Por tanto, no existiría la causa de justificación la defensa de una agresión que ya ha cesado. Cuando la defensa inicia bajo una amenaza de agresión o bajo la ejecución de la agresión, extendiéndose más allá de cuando ésta ya ha cesado, se produce la figura del Exceso de Legítima Defensa, tema que no se desarrolla porque desborda el contenido de la impugnación que nos ocupa. D.- Falta de Provocación Suficiente por parte de Quien se Defiende: Quien se defiende no debe de haber actuado de modo de provocar el ataque de su agresor. El legislador al agregar este requisito ha tratado de evitar los casos de Pretexto de Defensa, que se presentan cuando la persona, obrando conscientemente, provoca con su actuar una reacción ofensiva de otro, para luego realizar acto de defensa. El requisito exige la falta de provocación suficiente: Abra provocación cuando la persona incita a otro a que reaccione en contra de él, además ésta será suficiente cuando, conforme a la esfera del Profano, la agresión sea la reacción a esperar como consecuencia de la provocación. Como consecuencia de lo expuesto, se cumplirá este requisito y por tanto existirá legítima defensa cuando: 1. La provocación no tenga el carácter de suficiente; 2. Cuando la agresión sea realizada por una persona distinta a la que se estaba provocando suficientemente; y 3. Cuando no exista unidad de acto entre la provocación suficiente y la agresión, es decir existe legítima defensa cuando se realiza defensa de una agresión que se realiza después que se ha diluido la provocación suficiente. Elemento Subjetivo De Permisión: Quien actúa en legítima defensa debe tener la voluntad de defender el bien atacado. La persona debe de conocer que está siendo objeto de una agresión ilegitima de parte de una persona determinada y debe además querer defenderse de dicha agresión. Finalmente es de hacer mención sobre la Legítima Defensa Privilegiada, prevista en el último párrafo del artículo 24.1 del Código Penal, que contempla una presunción Iuris Et De Iure, al señalar que se entenderá que cumple con los elementos objetivos de Permisión de la causa de justificación, quien rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los lugares señalados. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala observa que el recurrente funda su motivo de casación por quebrantamiento de forma, en no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica, ya que en sus apreciaciones infringen el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente el cual, como sabemos debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, específicamente en el apartado de concordancia que impone que cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que deriva de las pruebas aportadas que en el presente caso la acción desplegada por el imputado se encuentra amparada en la causa de justificación; también manifiesta el impetrante que es notoria la inexistencia de la causa de justificación de Legítima Defensa, pues la probanza fue contundente en demostrar que no existió una agresión ilegítima y actual hacia el acusado por parte del ahora occiso. Esta Sala Penal, reitera que el sistema de libre convicción o Sana Critica racional, es el modelo que sigue nuestro ordenamiento jurídico procesal penal y en general, los ordenamientos procesales modernos y democráticos, bajo este sistema el juez es libre de apreciar la prueba, pero siguiendo como ya se dijo, las reglas del correcto entendimiento humano (reglas de lógica, experiencia y psicología), lo que se determina mediante un adecuado razonamiento, vital en este modelo, pero este alto Tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que solo se le está permitido a la Sala, establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal. El recurrente invoca el vicio de no haberse observado las reglas de la lógica en su postulado dela derivación, en el presente caso que nos ocupa esta Sala Penal, no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana critica, o que al momento de valorar la prueba el A quo irrespetó el principio de “razón suficiente,” ya que las inferencias deducidas por el mismo si son razonables, llegándose a conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencias de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; para el caso el Tribunal de instancia tiene por probado que el acusado José Enrique Romero Esecobar, le da muerte al señor German Claros Amaya, concurriendo la causal de justificación de la legítima defensa, extremo que es deducido de forma razonable de las pruebas evacuada en el debate, tal es el caso del testigo Jhony Bernardo Perdomo Franco, quien es un testigo presencial y el que fue claro en manifestar que: “observó que dos personas estaban discutiendo, que miró cuando el muerto se levantó y se le tiró encima al acusado, miró que el acusado salió corriendo para atrás de la carreta, observó cuando el imputado iba por el machete ya herido, el muerto lo seguía y se le fue encima, que observó cuando el acusado sacó de debajo de la carreta un machete”, concatenándose esta declaración con la rendida por el Testigo Protegido Clave Lobo, (lectura autorizada), quien en su declaración señaló que el acusado portaba el machete en la carreta, que discutieron por la pasada del campo que estaba cerrada; lo que también es coincidente con lo declarado por el agente policial Miguel Mendoza, quien manifestó que al llegar al lugar observa a una persona que estaba sentada y tenía una herida en el brazo izquierdo y un arma blanca tipo machete a su lado; concordando los dichos de los testigos con el dictamen de evaluación física realizado al acusado, el que describe las lesiones de muñeca izquierda y tercer dedo de la mano derecha, por lo que el a quo concluyó que las heridas propinadas por el acusado al ahora occiso fueron en defensa de su propia vida; por ende, las conclusiones a que llego el sentenciador en cuanto a que la conducta del acusado se encuadra dentro de la causal de justificación de la legítima defensa, especificando los requisitos exigidos para la referida causal de justificación que otorga un efecto permisivo para realizar una conducta típica están de acuerdo con las reglas de la lógica, coherencia y derivación. Es por estas razones que esta Sala no considera que el Tribunal Sentenciador haya omitido hacer uso de las reglas de las sana critica en su postulado de la derivación, ya que las conclusiones a las qué arribó dicho Tribunal, son razonablemente deducidas del material probatorio legalmente evacuado, no quedando evidencia que dicho fallo este fundado en elementos probatorios inexistentes y falseados en su contenido o significado; es por lo anterior que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana critica, en consecuencia se desestima el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público en su único motivo. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marvin Aguilera, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno (f.103), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de San Pedro Sula, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor del señor José Enrique Romero Escobar, por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de German Claros Amaya. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – lety emelda posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de agosto de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes de abril de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-555-2021.
LETY EMELDA POSADAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL